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Sentencia CP-244-13 — Registro 8050

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Es tal su aplicación de las Reglas de la Sana Crítica, que en su fundamentación probatoria externó las razones de hecho y de derecho por las cuales otorgó credibilidad al testigo protegido “A”, quien observó de manera presencial la forma en que el acusado Y. J. H. T. le produjo varias heridas con machete al ofendido Y. A. H. M., mismas que le provocaron la muerte; declaración que al relacionarla con el acta de levantamiento de cadáver, coinciden el tipo de heridas encontradas en el ahora occiso y la manera de muerte, por lo que la prueba fue suficiente y certera para el sentenciador, por lo que se enervó el estado de inocencia que gozaba el acusado, es así que en los procesos mentales que utilizó el A-quo para razonar la prueba, lo hizo mediante la aplicación de las reglas de la sana crítica, motivo suficiente para desestimar la presente impugnación. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo 1) Expresó el recurrente la infracción de ley por aplicación indebida de los artículo 116 en relación al 32 del Código Penal, consignando como norma que permite la interposición del recurso, en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que conforme a los hechos probados en efecto se produjo una muerte, pero la misma no puede ser atribuida al señor Y. J. H. T. a título de autor directo, pues la prueba que existe es una declaración contradictoria de un testigo de cargo que solo puede llegar a ser indicio. Externó además que el sentenciador al hacer la valoración probatoria no le dio ningún valor probatorio a la prueba de descargo ofertada por la defensa, que consiste en la declaración del testigo C. O., quien fue enfático al establecer que el día de los hechos el acusado se encontraba en la casa de sus padres. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido como criterio jurisprudencial, que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia.  El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho y la conclusión por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Ante lo explicado en el numeral anterior, es notorio para este Tribunal de Casación la inadecuada técnica recursiva del censor, pues si bien señala como motivo por infracción de ley la aplicación indebida de normas sustantivas (Artículo 32 y 116 del Código Penal), al momento de desarrollar su impugnación refiere argumentos propios de recurso, donde se discurre la transgresión en la forma, lo que convierte al recurso falto de claridad y coherencia, resultando difícil para esta Sala dar una respuesta adecuada a su planteamiento.  A pesar de las inconsistencia del recurso, este Supremo Tribunal es del criterio que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. 4) En ese sentido esta Sala de lo Penal, procede a revisar la fundamentación fáctica de la sentencia y determinar si el A-quo conformó de manera adecuada los hechos probados, si están dotados de claridad y coherencia y además si los mismos son coincidentes con la tipificación del delito por el cual fue condenado el imputado. Los hechos probados refieren que el 04 de diciembre del 2012, en horas de la noche en la aldea Pueblo Nuevo, frente a los billares de E., el acusado Y. J. H. T., haciendo uso de un arma blanca, machete, le causó varias heridas al señor Y. A. H. M. que le provocaron la muerte. Al analizar el cuadro fáctico, pueden fácilmente identificarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio por el cual fue condenado el acusado, es decir “matar a un persona” y “la intencionalidad o el querer hacerlo”, pues se narra en ellos cómo el acusado Y. J. H. realizó varias heridas mortales en la humanidad del ofendido Y. A. H. M., en ese sentido resulta correcta la adecuación del cuadro fáctico que hiciera el Tribunal A-quo en el artículo 116 del Código Penal, existiendo correspondencia y encajando de manera perfecta. Se estableció además que los hechos probados están conformados con coherencia y claridad, ubicando al lector en tiempo y espacio, siendo claro en establecer las acciones que ejecutó el acusado y por la cual fue condenado; en ese sentido los Hechos Probados cumplen con los requisitos que la ley procesal exige, motivos suficientes para desestimar la presente impugnación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de enero del dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 244-2013 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante H. la cual falló: 1) Absolviendo al imputado Y. J. T., del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de E. O. S.. 2) Condenando al señor Y. J. H. T., a la pena de quince años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Y. A. H. M., asimismo lo condenó a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil. 3) No Condenó a dicho procesado al pago de costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en dicho juicio. 4) Declaró la responsabilidad civil del imputado Y. J. H. T. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el abogado J. V. H., en su condición de defensor privado del señor Y. J. H. T. Son Partes: El abogado J. V. H., en su condición antes indicada como recurrente y el abogado S. C. A., en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “UNICO: En fecha 4 de diciembre del año dos mil once, entre las once y once y media de la noche en la aldea Pueblo Nuevo, Jurisdicción del Municipio de Protección, departamento de Santa Bárbara, frente a los billares de E. C. M., el acusado Y. J. H. T., haciendo uso de un arma blanca machete le causó varias heridas al señor Y. A. H. M., que le provocaron la muerte cuando era trasladado a un centro médico.” III. RECURSO DE CASACIÓN A) El recurrente J. V. H., procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley, de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y APLICACION INDEBIDA DE NORMA SUSTANTIVA. MOTIVO UNICO: PRECEPTO PENAL ESPECIAL INFRINGIDO: Aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal “Quién diere muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte 20) años de reclusión….. “En relación con el artículo 32del mismo estamento jurídico. Como precepto autorizante: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, que literalmente dice “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaran probados por la sentencia se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. En cuanto a la exposición del motivo de casación. Aplicación indebida de norma sustantiva del artículo 116 del Código Penal, en relación a la autoría consagrada en el artículo 32 del mismo estamento jurídico por parte el imputado. EXPOSICION DEL MOTIVO. El Tribunal de Sentencia expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “UNICO. En fecha 4 de diciembre del año dos mil once, entre las once y once y media de la noche en la aldea Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Protección, Departamento de Santa Bárbara, frente a billares de E. C. M., el acusado Y. J. H. T., haciendo uso de un arma blanca machete le causó varias heridas al señor Y. A. H. M. que le provocaron la muerte cuando era trasladado a un centro médico.” Pues el hecho probado UNICO en efecto se produjo la muerte de una persona mediante varias heridas producidas por arma blanca de la cual tal acción no puede ser atribuida a Y. J. H. T. a título de autor directo ni indirecto de la misma y dictar sentencia condenatoria en su contra, cuando de conformidad al artículo 336 del Código Procesal Penal en juicio oral y público el ente acusador no pudo demostrar con certeza que el imputado sea el autor directo de la muerte del occiso Y. A. H. quien no participó ni ejecutó acto alguno tendiente a quitarle la vida al hoy occiso ya que según declaración del testigo de descargo mi defendido se encontraba en casa de sus padres V. H. P. Y G. T. R., montaña de Locomales, municipio de Protección, departamento de santa Bárbara, para que el Tribunal los haya tomado como base para una sentencia condenatoria tomando como indicio la declaración del testigo de cargo que es contradictoria. Que el órgano colegiado sentenciador al hacer la valoración de las pruebas establece en la segunda conclusión de que al evacuar el testimonio del testigo protegido “A “quien refiere que el día domingo cuatro de noviembre del año dos mil once, como a las once de la noche estaba en el billar de E. cuando llegaron cuatro personas entre ellas C., portaban machetes y pistolas a donde estaba E. O. H. S. y Y. A. H. M. ,se inició una discusión entre ellos y se agarraron a balazos, me fui para la esquina de la casa a esconderme, miré a Y. A. H. que salió herido ,se sentó y cuando corrí a ayudarlo apareció Y. J. H. T. (C.)me dijo que me fuera y le dio con el machete y le cortó los brazos ,le pegó otro machetazo en la espalda y en cabeza; en el contradictorio refiere que fueron cuatro los muertos, pero que solo miró la muerte de Y. A. H. M. y que Y. J. H. lo mató, es él, está vestido con una camiseta de raya con celeste, estoy cien por ciento seguro, en la aldea lo conocen como C., este tribunal concluye que con esta prueba de cargo en la declaración del testigo protegido clave “A” se ha demostrado la acción violenta para producir la muerte de violenta de Y. A. H. M. ,esta declaración resulta creíble y no percibe en ella ánimo de perjudicar al acusado, ya que el testigo declara lo que le consta por ser presencial directo del hecho y la misma se ve corroborada por medios de prueba objetivamente confiables, el ente acusador desistió del testimonio de E. H. C. M. quien no compareció al juicio con anuencia de la defensa ,el Tribunal se abstiene de hacer valoración alguna de dicho medio de prueba y al analizar la declaración del testigo protegido con la clave “A” y compararla con la prueba documental propuesta por el mismo representante del Ministerio Público, que consiste en el acta de levantamiento cadavérico de los señores E. O. H. S. Y Y. A. H. M. a fin de acreditar las lesiones encontradas en el cadáver ,tipo de muerte con que fueron producidas, lugar y fecha de reconocimiento mismas que fueron elaboradas por el juez de P. del municipio de Protección, diligencia que se encuentra agregada a folio número Ocho (8) frente, de la primera pieza, estableciendo que las lesiones encontradas en el cuerpo de Y. A. H. M. fueron localizadas en la mano derecha y la mano izquierda, dos lesiones en el hombro izquierdo y una lesión en el cráneo posterior, las que fueron producidas por arma blanca machete, perforación de bala sobre abdomen lado izquierdo con orificio de salida costado derecho en la espalda, se encontraron sendas contradicciones, pues el testigo protegido con la clave “A” dice :Mire que este C. le dio con el machete a Y., le cortó los brazos y el hombro izquierdo y uno en la cabeza, misma que se encuentra en los renglones quince y dieciséis de la tercera página que contiene la audiencia del juicio oral y público llevada a cabo el veinte de marzo del dos mil trece, empero como deja ver el documento que contiene el levantamiento cadavérico,(Ver folio número ocho de la primera pieza )no presenta lesiones en los brazos ,si no en las manos poniendo en entredicho la deposición del testigo protegido, la cual no merece ninguna credibilidad por apartarse de la verdad, y presentarse incongruencias entre ambos medios probatorios, lo mismo ocurre cuando el testigo protegido dice que vio cuando Chico cortó el hombro izquierdo y en la cabeza a Y. pues del atisbo u oteo de la misma diligencia de levantamiento de cadáver se establece que el cuerpo presentaba dos lesiones en el hombro izquierdo y una en el cráneo posterior, alejándose el testimonio del testigo protegido de la verdad real. Además de que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara no le dio ningún valor probatorio a la prueba de descargo ofertada por la defensa que consiste en la declaración del testigo C. O. quien fue contundente y enfático al manifestar que el día en que ocurrieron los hechos Y. J. H. T. se encontraba en casa de sus padres V. H. P. y G. T. en la montaña de Locomales afirmación que hace por haber estado compartiendo el mismo aposento en casa de don V., elemento probatorio importante para deducir que Y. J. H. T. no podía estar al mismo tiempo en la aldea de Pueblo Nuevo y a la vez en la montaña de Locomales, resultando de esto una duda razonable, porque no se puede dar credibilidad a la declaración del testigo de cargo dadas las claras contradicciones entre sus dichos y el acta de levantamiento de cadáver que rola a folio ocho del expediente de mérito. La Infracción de la Ley se da, al aplicar indebidamente el artículo 116 del Código Penal, ya que del hecho probado y del mismo desarrollo del juicio al valor los medios de prueba en conjunto ,el Tribunal de Sentencia comete la aberración jurídica de arribar a la conclusión de que “el cuatro de diciembre del año dos mil once entre las once y once y media de la noche en la aldea Pueblo Nuevo jurisdicción del municipio de Protección, departamento de Santa Bárbara, frente a los billares de E. C. M., el acusado Y. J. H. T. haciendo uso de una arma blanca machete le causó varias heridas al señor Y. A. H. M. que le provocaron la muerte, cuando era trasladado a un centro médico”, como puede darle el Tribunal de Sentencia credibilidad a la declaración del testigo protegido cuando al confrontarla con el acta de levantamiento cadavérico establece lugares diferentes y específicos donde se localizan las heridas producidas por el arma blanca machete, equivocándose y aplicando indebidamente el precepto jurídico referido. La sentencia de condena de 15 años de reclusión por el delito de de Homicidio Simple impuesta a Y. J. H. T. es injusta, violentándose los artículos precitados en virtud de que no ha tenido participación directa ni indirecta por no encontrarse en el lugar donde se desarrollaron los hechos, por lo que no se le puede imponer pena por un delito que no ha tenido participación ni ha cometido.” B) El recurrente J. V. H., procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su primer motivo de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO DE CASACION: “Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales tales como la individualización precisa del imputado “como precepto autorizante Artículo 362 (numeral 4) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION: La sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia omite pronunciarse sobre lo planteado por la Defensa Privada, en cuanto a que la causa se desarrolló durante toda la secuela del proceso desde la etapa preparatoria hasta el debate sin que se presentara requerimiento fiscal contra Y. J. H. T. y nunca se probó que W. H. alias C. era conocido también como Y. J. H. T. desencadenando una clara confusión entre la identidad e individualización del encausado Y. J. H. T. a quien nunca se le presentó requerimiento fiscal a pesar de haberlo alegado y probado por el Defensor Privado del incriminado. A parte, de que el presente caso fue una reyerta entre varias personas de donde siempre resulta muy escabroso determinar la atribución de actos a un individuo, tendientes a producir resultados, dando como producto un exigua sentencia que se aparta de los requerimientos exigidos en la regla quinta del artículo 338 del Código Procesal Penal. Además, el órgano colegiado judicial sentenciador bajo el epígrafe VALORACION DE LAS PRUEBAS en la segunda conclusión, no se pronuncia si le da o no valor probatorio a la prueba de descargo aportado por la defensa, concretándose únicamente a manifestar de que se abstiene de hacer valoración alguna de dicho medio probatorio ,cuando es un imperativo categórico hacerlo, ora; dándole o negándole valor, estableciendo la ruta o camino que utilizó para llegar a esa conclusión, violentando lo relacionado a lo preceptuado en el artículo 362 numeral (4) del Código Procesal, que reza el motivo de casación por quebrantamiento de forma al omitirse la resolución de todas las cuestiones debatidas en el juicio oral y público ,en relación con lo consagrado en el 338 numeral (2) de la regla cuarta del mismo cuerpo legal. C) Continúa manifestando el recurrente José V. H., en su recurso de casación por quebrantamiento de forma: SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica “COMO PRECEPTO AUTORIZANTE: el artículo 362 numeral (3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: En la valoración de la prueba el juzgador ha de indicar claramente las pruebas tomadas en consideración al establecer los hechos probados y el valor de que les haya dado a cada una de ellas, según las reglas de la sana crítica. Por lo que el sentenciador tendrá entonces primero que seleccionar la prueba legítima con que dará sustento fáctico a la sentencia y después asignar el valor que corresponda a cada una, lo mismo hará cuando llegue a conclusiones por inferencia a partir de la valoración de prueba indiciaria, por lo que es preciso y obligatorio que el Tribunal de Sentencia describiera en los considerandos cada una de las pruebas que deban sustento a la decisión en el fallo condenatorio, además el valor que se le asigna de acuerdo a la sana crítica (fundamentación intelectual). Valoración Probatoria que el Tribunal de Sentencia ha omitido y ha violentado la sana crítica al no mencionar el valor probatorio que le da, pues no hay certeza de que el encausado haya participado directa o indirectamente en la comisión del delito por el cual se le condena, pues de la prueba directa se desprende que el enjuiciado no se encontraba en el lugar donde se desarrolló la escena del crimen, ni tampoco prueba indirecta (Prueba indiciaria) para sostener razonablemente que él es el autor de la muerte de Y. A. H. M., pues la prueba testifical y documental incorporada entran en riña con los hechos esgrimidos en la formalización de la acusación, al producirse sendas contradicciones no formando suficiente indicio para dictar una sentencia de condena por homicidio simple, cuando no existe probanza de que Y. J. H. T. haya tenido participación a título de autor en la ejecución del hecho, para establecer razonablemente su participación, por lo que se estima que se observaron los elementos de la sana crítica para dictar un fallo condenatorio. De la propia prueba producida en el debate conforme lo dispone el artículo 336 del Código Procesal Penal no se pudo enervar el Estado de Inocencia de que goza el imputado, pues no se llegó a establecer que las heridas producidas las haya ocasionado Y. J. H. T. porque como dejamos ver él se encontraba en casa de sus padres biológicos en el momento en que se desarrollaron los hechos. Pues la sentencia es el juicio de valor emitido por el A-quo, debe contener relación clara ,precisa y circunstanciada de los hechos acreditados que se conocen como cuadro fáctico y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo.-Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir sus contenido, es decir el elemento probatorio luego de esa fundamentación probatoria descriptiva el tribunal en su sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba o sea la fundamentación intelectiva. En tal sentido en este apartado el juzgador debe de explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no y además porqué un elemento de prueba u otro llevan a una conclusión determinada, sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del Recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo 1) Expresó el recurrente la infracción de ley por aplicación indebida de los artículo 116 en relación al 32 del Código Penal, consignando como norma que permite la interposición del recurso, en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que conforme a los hechos probados en efecto se produjo una muerte, pero la misma no puede ser atribuida al señor Y. J. H. T. a título de autor directo, pues la prueba que existe es una declaración contradictoria de un testigo de cargo que solo puede llegar a ser indicio. Externó además que el sentenciador al hacer la valoración probatoria no le dio ningún valor probatorio a la prueba de descargo ofertada por la defensa, que consiste en la declaración del testigo C. O., quien fue enfático al establecer que el día de los hechos el acusado se encontraba en la casa de sus padres. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido como criterio jurisprudencial, que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho y la conclusión por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Ante lo explicado en el numeral anterior, es notorio para este Tribunal de Casación la inadecuada técnica recursiva del censor, pues si bien señala como motivo por infracción de ley la aplicación indebida de normas sustantivas (Artículo 32 y 116 del Código Penal), al momento de desarrollar su impugnación refiere argumentos propios de recurso, donde se discurre la transgresión en la forma, lo que convierte al recurso falto de claridad y coherencia, resultando difícil para esta Sala dar una respuesta adecuada a su planteamiento. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Supremo Tribunal es del criterio que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. 4) En ese sentido esta Sala de lo Penal, procede a revisar la fundamentación fáctica de la sentencia y determinar si el A-quo conformó de manera adecuada los hechos probados, si están dotados de claridad y coherencia y además si los mismos son coincidentes con la tipificación del delito por el cual fue condenado el imputado. Los hechos probados refieren que el 04 de diciembre del 2012, en horas de la noche en la aldea Pueblo Nuevo, frente a los billares de E., el acusado Y. J. H. T., haciendo uso de un arma blanca, machete, le causó varias heridas al señor Y. A. H. M. que le provocaron la muerte. Al analizar el cuadro fáctico, pueden fácilmente identificarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio por el cual fue condenado el acusado, es decir “matar a un persona” y “la intencionalidad o el querer hacerlo”, pues se narra en ellos cómo el acusado Y. J. H. realizó varias heridas mortales en la humanidad del ofendido Y. A. H. M., en ese sentido resulta correcta la adecuación del cuadro fáctico que hiciera el Tribunal A-quo en el artículo 116 del Código Penal, existiendo correspondencia y encajando de manera perfecta. Se estableció además que los hechos probados están conformados con coherencia y claridad, ubicando al lector en tiempo y espacio, siendo claro en establecer las acciones que ejecutó el acusado y por la cual fue condenado; en ese sentido los Hechos Probados cumplen con los requisitos que la ley procesal exige, motivos suficientes para desestimar la presente impugnación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo. 1) Denunció el impetrante que el sentenciador incurrió en omitir en la parte resolutiva de la sentencia, elementos esenciales tales como la individualización precisa del imputado, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal. Estableció el censor que desde la etapa preparatoria hasta el debate, no se presentó requerimiento fiscal contra su patrocinado, pues nunca se probó que W. H. alias C. era conocido como Y. J. H. T., desencadenando una clara confusión entre la identidad e individualización del acusado. Consideró además el recurrente que el juzgador en la valoración de la prueba, no le dio valor probatorio a la prueba de la defensa, concretándose a decir que se abstiene de hacer valoración alguna, cuando es imperativo hacerlo, violentando el artículo 362 numeral 4 pues se omitió la resolución de todas las cuestiones debatidas en el juicio. 2) Se hace evidente para esta Sala de lo Penal, la inadecuada técnica recursiva del recurrente, por lo consideramos importante recordar que, el artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal, contiene diversas hipótesis que conviene sistematizarlas así: a) Que en la parte resolutiva de la sentencia se omita la individualización precisa del imputado: La sección quinta del artículo 339 del Código Procesal Penal, señala que en la parte resolutiva de la sentencia se absolverá o se condenará a las personas imputadas, con pronunciamientos separados respecto a cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, debiéndose de determinar, caso de ser condenatoria la sentencia, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción. Esa disposición refleja la exigencia de absoluta precisión que debe existir en la parte dispositiva de la resolución, puesto que al absolver o condenar, se debe indicar claramente sobre quien se está resolviendo. Evidentemente, esta exigencia cobra mayor intensidad cuando estamos ante varios procesados y sobre varias infracciones penales imputadas, ya que la precisión en la individualización de cada uno de ellos y las decisiones que se tomen, reflejará seguridad en los resuelto, lo que, a su vez, tornará inequívoco el contenido del fallo; b) El artículo 337 del CPP, consigna el principio de congruencia de la sentencia con la acusación, según el cual la sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos que los descritos en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos, en el auto de apertura a juicio y eventualmente en la ampliación de acusación y su respectiva contestación; ni calificar, en perjuicio del procesado, los hechos de forma distinta a lo establecido en esos momentos procesales. La falta de adecuación entre la parte dispositiva y las pretensiones de las partes planteadas en el juicio, puede referirse a: i) Que la sentencia otorgue más de lo pedido por el acusador; y ii) Que se resuelva cosa distinta a lo pedido por las partes, omitiendo de forma el pronunciamiento respecto de las pretensiones deducidas en juicio. El vicio en análisis se refiere a esto último, es decir cuando no se resuelve en la sentencia sobre todos los puntos que hayan sido objeto de acusación o defensa[1]. 3) A pesar de la inadecuada técnica recursiva del censor, este Supremo Tribunal deviene en la obligación de observar lo que establece la Corte Interamericana de Derecho Humanos en virtud del control de convencionalidad, mismo que ha sido explicado ampliamente en el motivo anterior. Por tales circunstancias, esta Sala de lo Penal procederá a realizar un análisis de la sentencia que se ha impugnado, para determinar si los juzgadores en efecto no han procedido a la individualización precisa del imputado y por otro lado el hecho que no dieran respuesta a todas las cuestiones debatidas por las partes, que fueron los dos cuestionamientos realizados por el recurrente, impugnaciones que conforme lo establece el artículo 363 del Código Procesal Penal, debieron presentarse de forma separada, pues aunque estén reguladas en el mismo numeral, el argumento de cada una de ellas es diferente y para evitar una confusión, la ley procesal regula que deben ser interpuestos en motivos diferentes. 4) En cuanto al primer cuestionamiento, el recurrente ha confundido totalmente el sentido por el cual el legislador ha establecido como motivo de casación la primera parte del numeral 4 del artículo 362 del CPP, pues no se refiere a la identificación de si es o no el acusado responsable de los hechos investigados, sino que, tal como lo explicamos en el apartado anterior, refiere a que en la Sentencia, el A-quo haya incluido el nombre completo del imputado, sus generales de ley, el nombre de sus padres, de donde es originario etc., es decir identificarlo como persona natural, detalle que en la sentencia vemos que el juzgador cumplió a cabalidad, pues en el preámbulo de la sentencia recurrida y tal como lo ordena el artículo 338 numeral 4 del CPP, estableció el nombre completo del acusado, sus apellidos, nacionalidad, edad, su lugar de nacimiento, filiación, el nombre de sus padres y su lugar de origen, entre otros, por tanto el sentenciador ha cumplido a cabalidad con identificar plenamente al señor Y. J. H. T. tal como lo ordena nuestra ley procesal. Respecto al segundo argumento del recurrente, en el sentido de que el juzgador no había dado respuesta a todas las cuestiones debatidas en el juicio, es decir al no proceder a valorar la declaración de los testigos de la defensa, esta sala considera importante recordar que uno de los principios que debe observar toda parte procesal, es que su accionar debe enmarcarse bajo la ética y la moral, pues en el caso subjudice, en efecto el Tribunal A-quo en el acápite “Valoración de las Pruebas” de la Sentencia recurrida, en los numerales segundo y tercero, al referirse a los testigos E. H. C. M. (propuesto por la fiscalía), y al señor E. O. S. (propuesto por la defensa), estableció que no procedía a su valoración pues las partes que inicialmente las propusieron, habían desistido de sus testimonios, por tanto no era posible realizar un juicio de valor sobre ellas, pues no se habían escuchado sus declaraciones. Considera esta sala que presentar un argumento para casación sobre la base de una prueba que la misma parte ha renunciado a su presentación, es ir contra los principios antes señalados, pues el sentenciador actuó de manera correcta al no externar ninguna valoración sobre un medio de prueba que no fue evacuado en el juicio. Ante tales circunstancias y por los argumentos expresados, este máximo Tribunal de la República considera procedente desestimar el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. 1) Denunció el recurrente que en la valoración de la prueba el juzgador no observó las reglas de la sana crítica, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor, que en la valoración probatoria, el sentenciador ha omitido y violentado la sana crítica al no mencionar el valor probatorio que le da, pues no hay certeza de que el acusado haya participado directa o indirectamente en la comisión del ilícito por el cual se le condena, ya que de la prueba evacuada se desprende que el acusado no se encontraba en el lugar donde se desarrollaron los hechos, por tanto la prueba testifical y documental incorporada, entra en contradicción con los hechos esgrimidos en la formalización de la acusación, no llegando siquiera a un indicio de que el acusado sea el responsable de sendos hechos. 2) Observa esta Sala de lo Penal la inadecuada técnica recursiva del censor al momento de señalar y desarrollar el presente motivo de casación, por lo que considera necesario señalar y explicar al recurrente, en qué consisten las reglas del recto entendimiento humano, cómo deben ser cuestionadas y la técnica necesaria para lograr que este Tribunal de Casación proceda a revisar los juicios de valor que los sentenciadores realizaron sobre la prueba evacuada. Al señalar que se han violentando las Reglas de la Sana Crítica, es propio establecer que el Artículo 362 numeral 3 del CPP, prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto, se ha señalado que: “…La Sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como Fundamentación Fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo; este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…[2]”. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Intima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados); Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del CPP. En cuanto a la Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba, esta sala ha señalado que “…en la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 125-2010); de este modo “… las reglas de la sana crítica, aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la doctrina legal[3] sentada por esta Sala de lo Penal, componen la sana crítica: 1.- Reglas de la experiencia común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto, no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2.- Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3.- Las Reglas de la Lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el principio de razón suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga[4]. 3) Al analizar la presente impugnación, este Tribunal de Casación observa que el recurrente ha inobservado el Artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal que establece: “…y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos…” Además el recurso es falto de claridad y precisión, pues el impetrante no establece de forma puntual qué regla de la sana crítica considera violentada (Lógica, Psicología y Experiencia Común), ni tampoco señala cuáles fueron los razonamientos erróneos que externó el sentenciador y cómo afectó esas valoraciones en la defensa de su patrocinado. Lo que realiza el censor es su propia valoración subjetiva de como el sentenciador debió razonar la prueba, ejercicio mental que no es permitido en esta etapa casacional, debido al principio de inmediación con el que cuentan los juzgadores y que se carece en este Supremo Tribunal, por tanto está vedado que se realice una revaloración de la prueba, objetivo que persigue el reclamante al externar sus propios juicios de valor sobre la prueba. Ahora bien en aras del control del convencionalidad que debe observar todo tribunal de la república y que fue explicado detalladamente en los apartados anteriores, a pesar de la inadecuada técnica recursiva del impetrante, esta Sala de lo Penal ha procedido a analizar los juicios de valor esgrimidos por el sentenciador sobre las pruebas evacuadas en el debate, y observa que sus razonamientos y conjeturas son el producto de la aplicación correcta de las reglas del recto entendimiento humano, derivando sus conclusiones del resultado obtenido del legajo probatorio y realizando una valoración conjunta y armónica de toda la prueba. Es tal su aplicación de las Reglas de la Sana Crítica, que en su fundamentación probatoria externó las razones de hecho y de derecho por las cuales otorgó credibilidad al testigo protegido “A”, quien observó de manera presencial la forma en que el acusado Y. J. H. T. le produjo varias heridas con machete al ofendido Y. A. H. M., mismas que le provocaron la muerte; declaración que al relacionarla con el acta de levantamiento de cadáver, coinciden el tipo de heridas encontradas en el ahora occiso y la manera de muerte, por lo que la prueba fue suficiente y certera para el sentenciador, por lo que se enervó el estado de inocencia que gozaba el acusado, es así que en los procesos mentales que utilizó el A-quo para razonar la prueba, lo hizo mediante la aplicación de las reglas de la sana crítica, motivo suficiente para desestimar la presente impugnación. V. DECISIÓN Ante los argumentos ampliamente vertidos, esta Sala desestima la presente impugnación. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 116 del Código Penal.- FALLA: Primero: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el abogado J. V. H., en su condición de defensor privado del imputado Y. J. H. T.. SEGUNDO: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por el abogado J. V. H., en su condición de defensor privado del imputado Y. J. H. T. a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Y. A. H. M.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.-Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-244-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004, página 594 y 595.

[2] Vid Sentencias de Casación Penal N°: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 360-2009 de fecha 20 de octubre del 2011 y SP 385-2009 fallo de fecha 05 de Abril del 2011

[3] Vid Sentencias de Casación Penal N°: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 242-2009 de fecha 02 de noviembre del 2011 y SP 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011.

[4] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 189-2010 de fecha 19 de septiembre del 2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.