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Sentencia CP-230-14 — Registro 7952

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de abuso de autoridad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala, advierte que los imputados al tomar la decisión de comprar una moto niveladora, evadieron el trámite de licitación exigido por la Ley de Contratación del Estado, sin embargo no queda claro la intención y voluntad de ejecutar la conducta constitutiva del tipo penal de Abuso de Autoridad, dirigiéndose en cambio esa intencionalidad a permitir que la Alcaldía Municipal de El Negrito, departamento de Yoro, se equipara de una moto niveladora con el objeto de realizar una obra de beneficio público, no estableciéndose el daño causado con esta autorización de compra ó que dicha autorización fuere dirigida a favorecer o lucrar a persona natural o jurídica alguna. Ya que dicha maquinaria sería utilizada para reparar las calles dañadas del municipio y que en la actualidad se encuentra en buen estado y normal funcionamiento, por lo que se determina la falta de voluntad subjetiva de querer y haber emitido dicha resolución con un claro afán de generar consecuencias materiales en perjuicio de la correcta administración pública, no apreciándose la “voluntad” realizadora del tipo objetivo y con ello la configuración del dolo como actitud subjetiva de decidirse y seleccionar medios para la ejecución de una acción lesiva a un bien jurídico, más bien dicha conducta se manifiesta con claridad de manera negligente omitiéndose el respectivo deber de cuidado impuesto a los funcionarios públicos, en consecuencia al no poderse imputar culposamente el tipo penal de Abuso de Autoridad y a falta de dolo, no puede completarse el tipo de injusto penal aplicado en el presente caso, no siendo consecuente otorgar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia y la resolución que literalmente dicen: “I. SENTENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).- El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados R. BUSTILLO ROMERO VÁSQUEZ, en su calidad de Coordinador, ALMA CONSUELO GUZMÁN G. y, J. OLIVIO R. VÁSQUEZ, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA SENTENCIA, en el Recurso de Casación SP 230-2014 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de mayo de de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, mediante la cual falló: 1) Absolviendo a los Señores J. A. N. F., R. M., R. S. A., V. N. F. A., S. I. Q. R., C. R. O. R., V. M. C. N. Y R. R. G., por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública. 2) No condenando en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio 3) No declarando la responsabilidad civil de dichos imputados.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada T. G. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son partes: la Abogada T. G. S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado M. M. E., actuando en su condición de apoderado defensor de los señores J. A. N. F., R. M., R. S. A., V. N. F. A., S. I. Q. R., C. R. O. R., V. M. C. N. y R. R. G., como parte recurrida. II. HECHO PROBADO “PRIMERO: De fecha 24 de enero del año 2002, al 24 de enero del año 2006, los señores J. A. N. F., R. M., R. S. A., V. N. F. A., S. I. Q. R., C. R. O. R. y V. M. C. N., se desempañaron como regidores de la Corporación Municipal de El Negrito, en el departamento de Yoro; asimismo en fecha 30 de septiembre del año 2004 el señor R. R. G. tomó posesión como miembro de dicha corporación municipal, en sustitución del ciudadano J. J. M. M., quien renunció al cargo. SEGUNDO: En fecha trece de agosto, del año dos mil cuatro, mediante punto de acta número 51 de sesión ordinaria, la corporación municipal de El Negrito, departamento de Yoro, acordó nombrar una comisión integrada por el alcalde J. A. N. F. y el comité de transparencia para viajar a San Salvador, El Salvador, para cotizar un tractor marca Komatsu que sería comprado al decretarse una apremiante urgencia. TERCERO: Que mediante punto de acta número 52 de fecha 27 de agosto del año 2004, la corporación municipal de El Negrito, departamento de Yoro, acordó adquirir un préstamo de seis millones de Lempiras (Lps 6,000,000.00) en el Banco del País, para la compra de una moto niveladora y la construcción del edificio municipal; asimismo acordó comprar una moto niveladora marca KOMATSU a la compañía DICOVAN S de R L, que sería utilizada para reparar las calles dañadas del municipio, la cual fue comprada por la cantidad de dos millones doscientos cuatro mil quinientos noventa y cuatro Lempiras (Lps 2,204,594.00) misma que en la actualidad se encuentra en buen estado y normal funcionamiento”. III. RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. ÚNICO MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 349 numeral 2, en relación al artículo 9 y 23 de la Ley de Contratación del Estado y 25 numeral 15 de la Ley de Municipalidades” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: Artículo 349 del Código Penal: “Será castigado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)... 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República, o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado: “Situaciones de Emergencia. La declaración del estado de emergencia se hará mediante Decreto del Presidente de la República en Consejo de Ministros o por el voto de las dos terceras partes de la respectiva Corporación Municipal. Los contratos que se suscriben en situaciones de emergencia, requerirán de aprobación posterior, por acuerdo del Presidente de la República, emitido por medio de la Secretaría de Estado que corresponda, o de la Junta o Consejo Directivo de la respectiva Institución Descentralizada o de la Corporación Municipal, si es el caso. En cualquiera de los casos deberá comunicarse lo resuelto a los órganos contralores, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, siempre que se prevea la celebración de contratos. Cuando ocurran situaciones de emergencia ocasionados por desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades de la defensa o relacionadas con estados de excepción, u otras circunstancias excepcionales que afectaren sustancialmente la continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos, podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes o de servicios o la prestación de servicios de consultoría que fueren estrictamente necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de las funciones de fiscalización”. Artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado: “Requisitos previos. Con carácter previo al inicio de un procedimiento de contratación, la Administración deberá contar con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y actualizados, en función de las necesidades satisfacer, así como, con la programación total y las estimaciones presupuestarias; preparará, asimismo, los Pliegos de Condiciones de la licitación o los términos de referencia del concurso y los demás documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato. Estos documentos formarán parte del expediente administrativo que se formará al efecto, con indicación precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista. Podrá darse inicio a un procedimiento de contratación antes de que conste la aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá suscribirse sin que conste el cumplimiento de éste requisito, todo lo cual será hecho de conocimiento previo de los interesados”. Artículo 25 numeral 15 de la Ley de Municipalidades: “La Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal, en consecuencia, le corresponde ejercer las facultades siguientes: 1)...., 15) Declarar el estado de emergencia o calamidad pública en su jurisdicción, cuando fuere necesario y ordenar las medidas convenientes... Para atender estas facultades, la Corporación Municipal nombrará las comisiones de trabajo que sean necesarias, las cuales serán presididas por el Regidor nombrado al efecto.” Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: “PRIMERO: De fecha 24 de Enero del año 2002, al 24 de Enero de 2006, los señores J. A. N. F., R. M., R. S. A., WLMA N. F. A., S. I. Q. R., C. R. O. R. Y WICTOR M. C. N., se desempeñaron como regidores de la corporación municipal de El Negrito, en el departamento de Yoro; asimismo en fecha 30 de Septiembre del año 2004 el señor R. R. G. tomó posesión como miembro de dicha corporación municipal, en sustitución del ciudadano J. J. M. M., quien renunció al cargo. SEGUNDO: En fecha trece de Agosto, del año de dos mil cuatro, mediante el punto de acta número 51 de sesión ordinaria, la corporación municipal de El Negrito, departamento de Yoro, acordó nombrar una comisión integrada por el alcalde J. A. N. F. y el comité de transparencia para viajar a San Salvador, El Salvador, para cotizar un tractor marca Komatsu que sería comprado al decretarse una apremiante urgencia. TERCERO: Que mediante punto de Acta número 52 de fecha 27 de Agosto del año 2004, la corporación municipal de El Negrito, departamento de Yoro, acordó adquirir un préstamo de seis millones de Lempiras (Lps. 6,000,000.00) en el Banco del País, para la compra de una moto niveladora y la construcción del edificio municipal; asimismo acordó comprar una moto niveladora marca Komatsu a la compañía DICO VAN S de RL, que sería utilizada para reparar las calles dañadas del municipio, la cual fue comprada por la cantidad de dos millones doscientos cuatro mil quinientos noventa y cuatro Lempiras (2,204,594.00) misma que en la actualidad se encuentra en buen estado y normal funcionamiento”. Según se consigna en el hecho probado tercero, los imputados tomaron parte directa en la ejecución del hecho, pues tal como se describe en el mismo, ya que mediante el punto de Acta número 52 de fecha 27 de Agosto de 2004, la Corporación Municipal de El Negrito, Yoro, de la cual ellos formaban parte como regidores, acordaron comprar una moto niveladora marca Komatsu, a la compañía Dicovan S de R.L., por la cantidad de dos millones doscientos cuatro mil quinientos noventa y cuatro Lempiras (L.2,204,594.00), que sería utilizada para reparar las calles dañadas del municipio. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 349 numeral 2 del Código Penal, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación de los acusados a título de Autores en el delito señalado, como se puede colegir de la simple lectura del Factum. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y la parte dispositiva de la sentencia, para evidenciar cómo la acción descrita en aquél evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar a los enjuiciados como autores directos del delito de Abuso de Autoridad, siendo que los elementos del tipo se configuran en las acciones perpetradas por los acusados quienes, en incumplimiento del artículo 9 y 23 de la Ley de Contratación del Estado, aunado a lo que establece el artículo 25 numeral 15 de la Ley de Municipalidades, obviaron la realización de las licitaciones y el cumplimiento de los procedimientos y requisitos que ordena la ley para éstos casos, bajo el supuesto de la existencia de un estado de emergencia que no se encontraba enmarcado dentro de las situaciones que expresamente señalan los preceptos legales invocados, como ser desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades de la defensa o relacionadas con estados de excepción, etc., que no fue decretado y tampoco acreditados en juicio; la Corporación Municipal tampoco procedió a comunicar lo resuelto a los Órganos Contralores del Estado dentro del término de diez días que establece la Ley. Asimismo, del factum se desprende que no se puso en conocimiento a la Secretaría de Estado correspondiente para su respectiva aprobación, exigencias jurídicas contempladas todas ellas en el artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, como también inclusive en lo que dispone el artículo 59 de la misma Ley, en relación a la Licitación Privada. Las acciones perpetradas por los acusados constituyen el delito de Abuso de Autoridad, el cual es un delito de mera actividad y por lo tanto se consuma con la mera realización de la conducta supuestamente peligrosa[1]. “Todo delito tiene un resultado... a veces, el resultado coincide en el tiempo con la acción. Pero esta circunstancia sólo puede apreciarse en relación con los tipos penales; es en ellos donde se señala si el resultado es, para el caso, la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico. No ha de pensarse que el resultado peligro deba estar indicado expresamente en la figura, aunque la previsión de tal resultado deba sumir de la figura misma”[2]. Los delitos de peligro abstracto son entendidos como una “posibilidad de peligro”, en éstos casos se presume el peligro hasta tanto no se pruebe lo contrario, circunstancia que corresponderá probar al acusado[3], siendo así en el delito de Abuso de Autoridad. Las acciones de inobservancia de lo expresamente estipulado en la Ley, específicamente en relación al procedimiento establecido para las contrataciones y a lo procedente en las situaciones de emergencia dieron lugar por sí mismas, a la configuración del tipo de Abuso de Autoridad. Con toda la argumentación desarrollada se establece claramente la configuración de la lesividad y por ende la antijuricidad presente en el autor de los enjuiciados; inclusive, es relevante señalar que la posición jurisprudencial invocada por el A-quo en relación a la finalidad del tipo de Abuso de Autoridad para proteger el bien jurídico de Administración Pública como lo es el tutelar un correcto y adecuado funcionamiento del Estado, evidentemente abona a la censuradle vicio in indicando de este caso, pues no puede haber rectitud, adecuación, intachabilidad, en un actuar divorciado del Principio de Legalidad recogido en el artículo 321 de la Constitución de la República, al obviar todo el andamiaje legal de Honduras, a efecto de garantizar que los órganos de la Administración Pública no actúa a su libre albedrío. En cuanto al elemento cognictivo del Dolo, es trascendente indicar que la doctrina ha sido amplia al indicar que este se desprende del análisis de concurrencia de los elementos objetivos del tipo, de tal manera que al existir los primeros se dan los segundos, y si se da el volitivo se da el cognictivo, pues “solo el que sabe lo que ocurre, puede querer que ocurra”, conocimiento éste que únicamente no existe en el Error de Tipo”[4] Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que los procesados, J. A. N. F., R. M., R. S. A., V. N. F. A., S. ISAÚL Q. R., C. R. O. R. Y V. M. C. N., ejecutaron acciones constitutivas del delito de Abuso de Autoridad incumpliendo lo establecido en las normas precitadas, así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia a los imputados ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal, relacionado con el 9 y 23 de la Ley de Contratación del Estado, así como del artículo 25 numeral 15) de la Ley de Municipalidades”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales mas abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer una exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración publica, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración publica, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración publica, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de ultima ratio cuando se dan aquellas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración publica. 2) A criterio de este Tribunal de Casación, el A- Quo lleva razón cuando considera que la conducta de los imputados J. A. N. F., R. M., R. S. A., V. N. F. A., S. I. Q. R., C. R. O. R., V. M. C. N. y R. R. G., no se adecua a la descripción objetiva del articulo 349 numeral 2 del Código Penal, “Dictar o ejecutar ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Esta Sala, advierte que los imputados al tomar la decisión de comprar una moto niveladora, evadieron el trámite de licitación exigido por la Ley de Contratación del Estado, sin embargo no queda claro la intención y voluntad de ejecutar la conducta constitutiva del tipo penal de Abuso de Autoridad, dirigiéndose en cambio esa intencionalidad a permitir que la Alcaldía Municipal de El Negrito, departamento de Yoro, se equipara de una moto niveladora con el objeto de realizar una obra de beneficio público, no estableciéndose el daño causado con esta autorización de compra ó que dicha autorización fuere dirigida a favorecer o lucrar a persona natural o jurídica alguna. Ya que dicha maquinaria sería utilizada para reparar las calles dañadas del municipio y que en la actualidad se encuentra en buen estado y normal funcionamiento, por lo que se determina la falta de voluntad subjetiva de querer y haber emitido dicha resolución con un claro afán de generar consecuencias materiales en perjuicio de la correcta administración pública, no apreciándose la “voluntad” realizadora del tipo objetivo y con ello la configuración del dolo como actitud subjetiva de decidirse y seleccionar medios para la ejecución de una acción lesiva a un bien jurídico, más bien dicha conducta se manifiesta con claridad de manera negligente omitiéndose el respectivo deber de cuidado impuesto a los funcionarios públicos, en consecuencia al no poderse imputar culposamente el tipo penal de Abuso de Autoridad y a falta de dolo, no puede completarse el tipo de injusto penal aplicado en el presente caso, no siendo consecuente otorgar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. V. DECISIÓN El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el defensor de los procesados J. A. N. F., R. M., R. S. A., V. N. F. A., S. I. Q. R., C. R. O. R., V. M. C. N. y R. R. G. debe ser desestimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el defensor de los procesados J. A. N. F., R. M., R. S. A., V. N. F. A., S. I. Q. R., C. R. O. R., V. M. C. N. y R. R. G.. -Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.-NOTIFÍQUESE. – FIRMAS Y SELLO.- R. BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN G..- Magistrada.- J. OLIVIO R. VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- J. R. CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.- “CASACIÓN PENAL SP 230-2014. LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, integrada por los Magistrados R. Bustillo Romero, Coordinador, Alma Consuelo Guzmán G. y J. Olivio R. Vásquez dicta el siguiente: AUTO En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de junio del año dos mil diecisiete. ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: En fecha veintinueve de marzo del año en curso, este Supremo Tribunal de Justicia dictó sentencia mediante la cual decidió: “Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el defensor de los procesados J. A. N. F., R. M., R. S. A., V. N. F. A., S. I. Q. R., C. R. O. R., V. M. C. N. y R. R. G.. -Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes..” SEGUNDO: De una minuciosa revisión de los antecedentes se logró determinar que por un error material se consignó en la parte resolutiva de la sentencia referida en el numeral anterior que se declara no ha lugar el recurso de casación interpuesto por el defensor de los procesados, siendo lo correcto declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la representación del Ministerio Público por lo que dicha resolución debe de oficio enmendarse. . FUNDAMENTACIÓN UNICO: El artículo 142 del Código Procesal Penal dispone: “Antes de notificación de una resolución, el órgano jurisdiccional podrá aclarar las expresiones obscuras, corregir los errores materiales o suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, siempre que el acto no implique una modificación esencial de la resolución. Las partes podrán solicitar aclaraciones y adiciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional.” III. PARTE DISPOSITIVA Esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en las normas antes citadas, RESUELVE: 1).- Enmendar de oficio la parte resolutiva de la sentencia dictada en el presente proceso en fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete la cual deberá leerse de la siguiente manera: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la abogada T. G. S. en su condición de Fiscal del Ministerio Público contra la sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil trece dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso. -Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- R. Bustillo Romero.-Magistrado.- Alma Consuelo Guzmán G.- Magistrada.- J. Olivio R. Vásquez.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- J. R. CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo y de la resolución de fecha uno de junio del año dos mil diecisiete, respectivamente, recaídas en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-230-2014.

JOSE. RAMON. CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Lecciones de Derecho Penal Parte General. Gómez de la Torre, Ignacio y otros autores. Edit. Praxis 1996 P Ed. 1996. P.132

[2] Derecho Penal Introducción y Parte General. Ledesma. Guillermo. P.220 Edit Abeledo Perrot, 15º Ed.1995

[3] Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal Parte General. P.505. Edit. Cárdenas Editor y Distribuidor 1991.

[4]Gomez de la Torre, Ignacio y otros autores. Op Cit. P.160