Sentencia CP-230-13 — Registro 7951
Resumen
En primera instancia se absolvió a imputado del delito de evasión
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Así las cosas, este Tribunal de Casación ha realizado un análisis de la fundamentación tanto fáctico como jurídica efectuada por el A-quo respecto a la prueba evacuada en el juicio, por lo que se colige que en la sentencia impugnada se efectuaron explicaciones y exposiciones de hecho y de derecho, con los cuales se explica el por qué deciden dictar una sentencia absolutoria a favor de los acusados; por tanto es posible derivar los juicios de valor que llevó al sentenciador para conformar los hechos probados de la sentencia y la aplicación de las normas penales ajustada al caso, por lo que, el sentenciador consignó las razones del por qué esas pruebas le generaban credibilidad, razonándolas de manera individual y conjunta, existiendo suficiente motivación fáctica. Referente a la supuesta motivación contradictoria, esta Sala ha comprobado que la sentencia cuenta con la logicidad y coherencia que exige nuestra normativa procesal penal, guardando entre sus argumentos la debida concordancia y relación entre la valoración probatoria, los hechos probados y la fundamentación jurídica, sin que sea necesario el control casacional, pues los juicios del juzgador no son excluyentes, sino concordantes y por tanto no se duda de la decisión de absolución que se tomó. Por las razones antes expuestas se declara sin lugar el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma. "
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Para esta Sala de lo Penal los razonamientos del A-quo son correctos y acordes a las reglas de la Sana Crítica, pues conformó sus juicos de valor con base en la prueba aportada y derivó de ella las conclusiones correctas, por ejemplo, el hecho de que no se acreditó la condición de policías de los testigos mediante documento es de vital importancia debido a que el tipo penal de atentado requiere en sus elementos objetivos, que se confirme la condición de autoridad o agente, pues no basta sus dichos, sino que se debe probar mediante el nombramiento respectivo emitido por la autoridad competente; por tanto sus razonamientos en ese sentido son correctos. Referente a que si existió alguna agresión física por parte del imputado W. M. contra el señor I. G. R. al romperle su camisa, tal como lo afirma el A-quo, ésto no constituye una agresión grave que merezca reproche penal, pues resulta irrisorio que tres policías debidamente armados se sientan intimidados o dañados en su integridad física, contra un ciudadano desarmado, por tanto las conclusiones del A-quo fueron coherentes y adecuadas a las reglas de la Sana Crítica. En el resto de la sentencia, el juzgador efectúa razonamientos correctos, lógicos y concatenados que le llevan a la conclusión que en el caso de autos, lo procedente es el dictado de una sentencia absolutoria, argumentos que este supremo tribunal comparte; razón suficiente para desestimar el presente recurso de casación."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 230-2013 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de Febrero de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) Absolver al señor W. M., de los delitos de Atentado y Evasión, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y la Administración Pública; 2) Absolver a los señores R. G. A., E. N. D. C. V. y M. N. H. M., del delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública; 3) No condenó a los encausados en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada A. J. F. Z., actuando en su condición de Acusadora Privada. Son Partes: La Abogada A. J. F. Z. en su condición antes indicada, como recurrente y la Abogada H L B E en calidad de Defensora Privada de los acusados, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: A eso de las cinco de la tarde del día jueves seis (06) de agosto del año dos mil nueve, los señores I. R. G., A. C. B. y W. P. R., que se dijo, todos asignados como Policías a la Jefatura Policial del Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, sin motivo probado alguno, detuvieron y condujeron a la celda policial de aquel lugar al señor W. M., bajo el argumento de que este último no portaba casco ni licencia de conducir motocicleta, y haberle faltado al respeto por romperle la manga de la fatiga (camisa) del señor I. R. G..” III. RECURSO DE CASACIÓN A) La Recurrente abogada A. J. F. Z., en su condición de Acusadora Privada, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. He interpuesto el presente recurso actuando en mi condición de Defensora y en consecuencia parte interesada y agraviada por la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en veintiocho (28) de febrero del dos mil trece (2013), en relación a haber dictado sentencia absolutoria a favor de los imputados, lo cual haga por tener legitimación procesal en virtud de ser parte en el proceso como Acusadora Privada según se desprende del artículo 96 del Código Procesal Penal. Así mismo el objeto impugnable de la casación se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso al tenor de lo establecido en el artículo 359 y 362 del Código Procesal Penal (CPP en adelante). IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA. El presente recurso se interpone por no estar de acuerdo con la resolución recurrida. Motivos que a continuación detallo: “MOTIVO UNICO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR MOTIVACIÓN CONTRADICTORIA DE LA SENTENCIA RECURRIDA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. DESCRIPCIÓN DEL VICIO: La Motivación Fáctica contenida en la sentencia recurrida es insuficiente y en consecuencia se determina que ha habido falta de fundamentación. Explico el motivo así: 1°.- Se afirma por la parte que represento que la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia en el proceso de mérito incurre en la causal de nulidad contemplada en el N°5 del artículo 166 del Código Procesal Penal, en relación a la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo normativo, toda vez que dicha resolución contiene razonamientos contradictorios, argumentos antagónicos que no pueden subsistir por anularse recíprocamente, además que en la motivación fáctica es insuficiente. 2°.- Que la última disposición legal citada en cuanto a la declaración de hechos probados, la valoración de la prueba, y la fundamentación jurídica, señala que toda sentencia definitiva contendrá las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos aleguen en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta. Del estudio de los antecedentes de la causa se colige que la sentencia impugnada ciertamente omitió hacer consideraciones lógicas y coherentes que llevan a la conclusión de absolución que se contiene en lo dispositivo del fallo. 3°.- Que, de importancia para la decisión de este asunto y en relación a los extremos de la valoración fáctica establece: PRIMERO: CONTENIDO DE HECHOS PROBADOS Y VALORACION DE PRUEBA: se estiman la sentencia definitiva demostrados los siguientes hechos que son los básicos en los que se funda la declaración de absolución de los imputados: A) Sobre la CONDICIÓN DE POLICÍAS de INES G. R., A. C. B., Y W. P. R. según la sentencia (VER HECHOS PROBADOS) en el que El tribunal de Sentencia, establece: “A eso de los cinco de la tarde del día jueves seis de agosto de 2009 INES G. R., A. C. B., Y W. P. R., que se dijo, todos asignados como Policías a la Jefatura Policía del Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá,…” no obstante la anterior afirmación, incluida en la declaración de hechos probados, en el análisis de la prueba testifical de cargo el Tribunal de Sentencia a ese mismo respeto dice (ver página 8): a) “Ciertamente los expresados INES G. R., A. C. B., Y W. P. R., se aquel momento se hallaban en el ejercicio de sus funciones que se dijo policiales, y todos asignados al Municipio de Concepción Intibucá, pues para probar tal extremos el Ministerio Público, a la Acusación Privada en su caso, no propuso prueba documental para probar tal extremo…”, en relación a la prueba documental de la prueba de cargo (acta de informe de los hechos e informe especial) manifiesta el tribunal, (ver Folio 9) que la prueba documental se ha reafirmado por los testigos de cargo, y después sustituye la valoración de la prueba haciendo referencia a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Justicia Constitucional y la tipicidad contenida en los artículos 343 y 344 del Código Penal. Por otra parte en relación al acta de inspección (folio 9) realizada por los agentes de la Dirección de Investigación Criminal, el Tribunal hace un relato del contenido del acta, no obstante no la valora si no que sustituye dicha valoración manifestando que los hechos allí contenidos son constitutivos de Delito de Daños. En relación a la PRUEBA DE DESCARGO que fue solamente la Testifical, el Tribunal valora: (ver folio 11 de la certificación de la sentencia) “de lo que se desprende de los expresado por los testigos que anteceden no existe duda de que los señores I. G. R., A. C. B.M Y W. P. R., en fecha seis (6) de agosto del dos mil nueve indudablemente detuvieron a W. M., lo que no se demostró, fue la calidad policial con la se dijo dichas personas actuaban en aquel momento, tampoco se acreditó la justa causa de la detención del señor W. M.”. B) Sobre los MOTIVOS DE LA DETENCION, según la sentencia (VER HECHOS PROBADOS) en el que El tribunal de Sentencia, establece: “…sin motivo alguno probado, detuvieron y condujeron a la celda policial de aquel lugar al señor W. M., bajo el argumento de que este último no portaba casco, ni licencia de conducir motocicleta, y haberle faltado el respeto por romperle la manga de la fatiga (camisa) al señor I. R. G.” no obstante la anterior afirmación, incluida en la declaración de hechos probados, en el análisis de la prueba testifical de cargo el Tribunal de Sentencia a ese mismo respeto dice (ver página 8): a) “en todo caso si el señor W. M. fue realmente sorprendido conduciendo una motocicleta sin portar casco y licencia porque se obvió aplicar las sanciones que manda el artículo 98 de la Ley de Tránsito, por último si hubo agresión física por parte de W. M. en detrimento del señor G. R. y especialmente de su camisa que vestía tal circunstancia no reúne las condiciones formales para dar por acreditados algunos de los elementos del tipo penal de atentado, confirme lo regula el artículo “…, en relación a la prueba documental de la prueba de cargo (acta de informe de los hechos e informe especial), manifiesta el tribunal, (ver Folio 9) que la prueba documental se ha reafirmado por los testigos de cargo, y después sustituye la valoración de la prueba haciendo referencia a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Justicia Constitucional y la tipicidad contenida en los artículos 343 y 344 del Código Penal. En relación a la PRUEBA DE DESCARGO que fue solamente la Testifical, el Tribunal valora: (ver folio 11 de la certificación de la sentencia) “, lo que no se demostró, fue la calidad policial con la se dijo dichas personas actuaban en aquel momento, tampoco se acreditó la justa causa de la detención del señor W. M. SEGUNDO: VALORACIÓN FACTICA INSUFICIENTE: como se puede apreciar en el contenido de la valoración de la prueba la misma es insuficiente, pues el tribunal de Sentencia, se limita a efectuar un resumen de la prueba, y luego a realizar una valoración jurídica de lo que ellos han manifestado, no obstante no determina las razones por las cuales merecen o no credibilidad las declaraciones de los testigos, ello deviene de lo impuesto por la regla cuarta del mencionado artículo 338 del Código Procesal Penal, que en relación a la valoración de la prueba establece de manera clara “se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se les haya dado a las practicadas en juicio…” y desestima las afirmaciones coherentes de los testigos de cargo, coherentes con la prueba documental también en relación a su condición de POLICIAS, recurriendo a un argumento de PRUEBA TASADA, es decir que determina que solo con una constancia extendida por la Autoridad Competente, es la que podría llevar a la convicción de tal extremos, pero no motiva el porqué, de toda la prueba en su conjunto, que afirman dicho hecho, no es CREIBLE para tenerlo por acreditado o en su caso descartarlo, y peor aún, pese a que dice no tener por acreditada la condición de POLICIAS de los que efectuaron la APREHENSION, en ese sentido contradice sus mismas afirmaciones pues en el inicio de la valoración de la prueba testifical de cargo dice: Ciertamente los expresados INES G. R., A. C. B., Y W. P. R., en aquel momento se hallaban en el ejercicio de sus funciones que se dijo policiales, y todos asignados al Municipio de Concepción Intibucá y ese extremo es ratificado por todas las pruebas evacuadas en juicio, inclusive medios de prueba documentales que acreditan la comunicación de los diferentes miembros de la Organización Policial, que el Tribunal no pone en duda, y que de manera conjunta no dejan duda sobre la condición de la POLICIAS, no obstante como se ha dicho la insuficiente motivación del Tribunal deja dudas de porque si bien todas la prueba acredita dicha condición de POLICIAS es decir tanto la prueba de cargo como de descargo (ver acta de juicio oral) porque el Tribunal en la sentencia no establece el porqué dicha circunstancia no le es probada con certeza con la prueba evacuada en juicio, es decir valorar los motivos porque no es posible creerle a los testigos, y la prueba documental de que en realidad ellos eran POLICIAS, y en su lugar acude a un argumento de prueba tasada, es decir a exigencia de prueba documental que no ha sido evacuada, alejándose de las reglas de la sana crítica exigidas en el artículo ya indicado, y lo mismo ocurre con los motivos de la detención de W. M., en los que el Tribunal aduce argumentos jurídicos como valoración de prueba, no obstante no acude a establece el porqué la prueba de cargo, no le parece CREIBLE o insuficiente conforme a las reglas de la sana crítica, en relación a que en el momento de la captura el imputado se conducía en una motocicleta sin portar, licencia, casco, etc., puesto que en ese aspecto omite considerará una de las circunstancias fácticas derivada de la prueba de cargo, como lo es el hecho de que el detenido no portara los documentos de propiedad de la motocicleta (revisión) que es la circunstancia de hecho que habilita legalmente al funcionario policial a efectuar la detención del conductor y decomiso del vehículo (artículo 98 numeral 3 de la Ley de Tránsito). 4°.- Que en concepto de la acusación privada la regla del citado N°4 del artículo 338 del Código Procesal Penal no se cumple en la especie, pues la conclusión a que arriban los sentenciadores del fondo en orden a absolver al acusado por no estar probada la condición de Policía, ni los motivos de la legalidad de la detención, no está fundamentada de manera alguna desde que, como se ha visto, se incurre en valoración insuficiente, y alejada de las reglas impuestas por la ley… 5°.- Que de este modo, la sentencia impugnada efectivamente incurre en la causal de casación en la forma establecida en el N°3 del artículo 362 del Código Procesal Penal, pues no cumple con la exigencia del N°4 del artículo 338 del mismo cuerpo legal, porque contiene valoración fáctica insuficiente, quedando sin fundamento lo resuelto en lo dispositivo. La parte acusadora privada se siente agraviada por el vicio descrito, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo que vician el fallo, constituyendo la valoración insuficiente de igual manera falta de fundamentación, que conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Art. 69 de la Constitución de la República en relación al artículo 338 CPP), como requisito indispensable de la decisión judicial, Así mismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también del Derecho de Defensa y de la Tutela Judicial Efectiva (art. 82, 90 de la Constitución de la República), La motivación de una resolución judicial penal es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva a que alude el art. 82 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en relación con el art. 7.2.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular. Se Ordene, asimismo, la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia para que el trámite de que se trate sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley. B) Continua manifestando la abogada A. J. F. Z., en su condición de Acusadora Privada, en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: MOTIVO PRIMERO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA VALORACION DE LAS PRUEBAS LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3) parte final del Código Procesal Penal. DESCRIPCION DEL VICIO: En la valoración de la prueba el sentenciador no observó las reglas de la Sana Crítica infringiendo para los efectos del presente motivo el artículo 202 del Código Procesal Penal que al respecto determina “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica…”, en relación al artículo 338 regla cuarta numeral segundo del mismo código que sobre el particular determina que “…se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para probar declarados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las prácticas en juicio…”. Es oportuno tener en claro en qué consiste el sistema de valoración de las reglas de la sana crítica. Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada par el sentenciador al momento de emitir el fallo, como se ha sostenido. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El Tribunal de Sentencia al fundamentar su decisión de acuerdo al Sistema seguido por el Código Procesal Penal debe de valorar la prueba no en una tarifa que la ley le asigna, si no con base al principio de inmediación analizar la credibilidad que se otorga a cada medio de prueba, dando las razones al respecto conforme a las reglas de la sana crítica, reconociendo en efecto su discrecionalidad, pero su sometimiento a criterios objetivos, por lo tanto, pueden ser invocables para impugnar una valoración errónea. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, Las reglas del correcto entendimiento humano, siendo estas las reglas de la experiencia, de la psicología y la lógica. Las reglas de la EXPERIENCIA se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe de partirse de la condición de hombre que tiene el Juzgador, Esas conclusiones no tienen la estrictez de los principios lógicos tradicionales, sino que son contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar, estas encuentran sus límites en los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la PSICOLOGIA referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos. Las reglas de la LOGICA son leyes del pensamiento que se presentan en nuestro raciocinio como necesarias, evidentes o indiscutibles cuando analizamos nuestros pensamientos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la COHERENCIA (concordancia entre sus elementos) y DERIVACION (en que cada pensamiento provenga de otro con el cual está íntimamente relacionado, de tal manera que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente).- De la ley de la coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber” a) Identidad, b) Contradicción; c) Tercero excluido, y a su vez de la ley de derivación se extrae el principio de la Razón Suficiente (todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de sea verdad). Dicho lo anterior, la defensa, acreditará de manera convincente que el Tribunal de Sentencia en abierta confrontación con las reglas de la sana crítica, ha soslayado ese límite que las mismas establecen por cuanto extrajo conclusiones contradictorias que le informan la prueba evacuada en la vista pública, de tal manera que incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia impugnada, siendo dichos vicios fundamentales en las conclusiones arribadas por el Tribunal para decidir la condena de los imputados.- Explico detalladamente los aspectos en los que argumentamos el presente motivo: 1° La sentencia impugnada declara expresa y terminantemente probado: UNICO: A eso de los cinco de la tarde del día jueves seis de agosto de 2009 INES G. R., A. C. B., Y W. P. R., que se dijo, todos asignados como Policías a la Jefatura Policía del Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá, sin motivo alguno probado, detuvieron y condujeron a la celda policial de aquel lugar al señor W. M., bajo el argumento de que este último no portaba casco, ni licencia de conducir motocicleta, y haberle faltado el respeto por romperle la manga de la fatiga (camisa) al señor I. R. G.”. 2° Los hechos relacionados se tienen por acreditados tomando varios medios de prueba de acuerdo a una fundamentación probatoria intelectiva que se no concuerda con las reglas que la ley determina, veamos: Un aspecto fundamental de la sentencia es el fragmento de la declaración de hechos probados, que determina se determina (lo subrayado y en negrita es nuestro, y es fundamental para lo que explicamos): a) En relación a la condición de Policías. b) En relación a no probar el motivo de la detención. c) En relación a los argumentos de la detención. Veamos el sentido que fueron erróneamente aplicadas las reglas de la sana crítica tomando en consideración las pruebas que sirven de sustento a la anterior declaración de hechos probados, y que de haberse considerado de manera correcta sin lugar a duda habrían generado la certeza de la absolución de los imputados: EN RELACION A LA CONDICION DE POLICIAS: hace dos valoraciones el Tribunal, y concretamente lo hace en relación a la declaración de INES G. R., A. C. B., Y W. P. R., dice en el análisis de la prueba testifical de cargo el Tribunal de Sentencia a ese mismo respeto dice (ver página 8): a) “Ciertamente los expresados INES G. R., A. C. B., Y W. P. R., se aquel momento se hallaban en el ejercicio de sus funciones que se dijo policiales, todos asignados al Municipio de Concepción Intibucá, pues para probar tal extremos el Ministerio Público, o la Acusación Privada en su caso, no puso prueba documental para probar tal extremo…”, en relación a la prueba documental de la prueba de cargo (acta de informe de los hechos e informe especial) , manifiesta el tribunal, (ver Folio 9) que la prueba documental se ha reafirmado por los testigos de cargo, y después sustituye la valoración de la prueba haciendo referencia a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Justicia Constitucional y la tipicidad contenida en los artículos 343 y 344 del Código Penal. Por otra parte en relación al acta de inspección (folio 9) realizada por los agentes de la Dirección de Investigación Criminal, el Tribunal hace un relato del contenido del acta, no obstante no la valora si no que sustituye dicha valoración manifestando que los hechos allí contenidos son constitutivos de Delito de Daños. En relación a la PRUEBA DE DESCARGO que fue solamente la Testifical, el Tribunal valora: (ver folio 11 de la certificación de la sentencia) “de lo que se desprende de los expresado por los testigos que anteceden no existe duda de que los señores I. G. R., A. C. B. Y W. P. R., en fecha seis (6) de agosto del dos mil nueve indudablemente detuvieron a W. M., lo que no se demostró, fue la calidad policial con la se dijo dichas personas actuaban en aquel momento,” veamos que el Tribunal resta credibilidad a la prueba en su conjunto, acudiendo al argumento de la PRUEBA TASADA, es decir que no dice porque el elenco probatorio (que es todo) que afirma que los mismos son POLICIAS, no le genera certeza o no, si no que solamente afirma que no hay prueba documental que sustente ese hecho, pese a que reconoce que los informes suscritos por los testigos de cargo son coherentes, con lo declarado con los testigos de cargo, inclusive con la manifestación del resto de los testigos sobre dicha condición, y la prueba documental que también es aceptada. Para arribar a su conclusión sobre la existencia de los hechos y en concreto de la condición de AGENTES POLICIALES DE LOS TESTIGOS DE CARGO, el Tribunal expuso solamente como argumento, LA FALTA DE PRUEBA DOCUMENTAL SUSCRITA POR AUTORIDAD COMPETENTE, y pese a que desfilo elementos de prueba que afirman tal condición. Así, de la declaración de los testigos de cargo se pudo inferir (de manera coincidente con lo se narra en informes policiales, y acta de inspección, inclusive del uniforme de uno de los policías,) la manera en que acontecieron los hechos, en particular, la manera y condición en que intervino cada uno de los testigos de cargo. De lo dicho pues se evidencia que el Tribunal A-Quo, en su análisis no resta credibilidad a todos los elementos probatorios señalados, no obstante lo llevaron a fijar una conclusión errónea en los hechos declarados probados al decir que solo se dicen Policías, que finalmente se platean como conclusión no válida, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Al no restar credibilidad a dichos medios de prueba, y acudir a prueba tasada se contradicen el Tribunal y viola la ley de la razón suficiente, propias de la Sana Crítica, todo juicio para que sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de sea verdad, y si la prueba le da razón suficiente para afirmar el hecho que el tribunal considera negado, debe existir una razón, pues las pruebas todas indican que si eran Policías, no obstante el Tribunal acude a exigir una prueba tasada, sin dar razón del porque sea esta la única y exclusiva para probar tal extremo. EN RELACION A LA LOS MOTIVOS DE LA DETENCION Y LOS ARGUMENTOS DE LOS POLICIAS EN RELACION A LAS MISMAS: El Tribunal afirma tener por no probados en la declaración de hechos probados los motivos de la detención, y solamente afirma como argumentos los siguientes: “bajo el argumento de que este último no portaba casco, ni licencia de conducir motocicleta, Ahora bien implica ello revisar lo afirmado por los testigos en relación a los motivos de la detención: EL POLICIA INES G. R. afirma (ver acta de juicio oral folio 4 párrafo final): “…un ciudadano venía conduciendo una motocicleta, a exceso de velocidad y sin casco, le hice señal de parada, le pedir la licencia de conducir y la revisión de la moto, no la presento, se puso bien agresivo…” EL POLICIA A. C. B. afirma (ver acta de juicio oral folio 7): “…de inmediato el Clase le hizo señal de parada exigiéndole sus papeles, es decir la licencia y revisión, y a lo cual el señor ocupante de la moto se mostró agresivo” la Policía: W. P. R. (ver acta de juicio oral folio 9)afirma: “observamos que venía un ciudadano en el moto a alta velocidad, se le hizo señal de parada, para que disminuyera la velocidad, al momento de parase se le pidieron los documentos respectivos, de los cuales no portaba ninguno…” ahora bien, al analizar los motivos de la detención afirmados por los testigos, son coherentes con los motivos afirmados en los informes policiales, y sobre dichos hechos no hay otro medio de prueba que los contradiga, no obstante el Tribunal solo afirma como motivos considerados: no portaba casco, ni licencia de conducir motocicleta, y en nada hace referencia que el señor W. M. NO PORTABA los documentos de PROPIEDAD DE LA MOTOCICLETA, es decir la revisión. Al respecto es importante considerar la valoración del Tribunal de Sentencia sobre la prueba testifical aspecto: “en todo caso si el señor W. M. fue realmente sorprendido conduciendo una motocicleta sin portar casco y licencia porque se obvió aplicar las sanciones que manda el artículo 98 de la Ley de Tránsito, por ultimo si hubo agresión física por parte de W. M. en detrimento del señor G. R. y especialmente de su camisa que vestía tal circunstancia no reúne las condiciones formales para dar por acreditados algunos de los elementos del tipo penal de atentado, confirme lo regula el artículo “ veamos que el Tribunal no afirma si le da o no credibilidad a las declaraciones, no obstante las descarta en base a normas administrativas y penales, pero deja de considerar precisamente una de las circunstancias fácticas que dieron lugar a la detención, y es precisamente que en todas las afirmaciones de valoración de prueba el Tribunal violando la Ley de la Lógica, y en concreto el Principio de la Derivación (en que cada pensamiento provenga de otro con el cual está íntimamente relacionado, de tal manera que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente), es decir que el Tribunal determina probada justa causa de la detención, aparte de ello sostienes como afirmados solo algunos de los argumentos excluyendo como argumento derivado de la prueba EL HECHO DE QUE EL DETENIDO NO PORTADO LA REVISION, ES DECIR LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE LA MOTOCICLETA, y como el Tribunal también en violación a la reglas de la sana crítica acude a fundamentos legales y en ese sentido esboza las sanciones previstas en la Ley de Tránsito, no obstante por la circunstancia de hecho derivada de las pruebas, que es precisamente la que el tribunal no afirma y es derivada o íntimamente unida a las pruebas de no portar los documentos de propiedad de la motocicleta que es la circunstancia de hecho que precisamente justifica la detención veamos el artículo 98 numeral 3 de la Ley de Tránsito, es decir “Carecer del documento que acredite la posesión y/o la tenencia legítima del vehículo, dando lugar al decomiso del mismo y a la detención del conductor” y pese que lo anterior es valoración jurídica los hechos afirmados por el Juzgador contrariando la ley de derivación, tiene incidencia en el fallo pues es uno de los argumentos de absolución, Resulta en ese sentido hacer El juez de mérito concluye que la detención del justiciable resulta ilegal porque este lo que hizo fue infringir la Ley de tránsito, pero ¿acaso los oficiales -en el caso concreto- no se encontraban en posibilidad de realizar una detención?, ¿fue esa detención ilegítima?. Los hechos acreditados con la prueba admitida para el contradictorio indican que el motivo de la detención, de la Ley de tránsito ocurrió. Como se aprecia en autos, en nuestro ordenamiento las autoridades de policía están en capacidad de aprehender por el motivo indicado -aun sin orden judicial- la detención en caso de contravenciones, la valoración de las probanzas, nos indican que es legítima la detención administrativa en casos de contravenciones, no ahondado en el tema por tratarse en el caso en concreto. De manera tal que las afirmaciones en ese sentido del razonamiento del Tribunal resulta no derivada de la prueba y en consecuencia vulnera la sana crítica en el principio lógico de la derivación, y veamos que además sobre ese mismo extremos niega y afirma a la vez la legitimidad de la detención al establecer: “reitera este Tribunal que la detención del referido señor M. fue acorde con las exigencias que la Ley Manda” y por otro lado afirma “que la misma fue ilegal por no ajustarse a las circunstancias que regula el artículo 24 de la Ley de Justicia constitucional” es decir que afirma y niega a la vez circunstancias jurídicas en la valoración de la prueba que violan el principio de coherencia exigible en la sentencia, que si bien son de orden jurídicos son los argumentos de valoración de prueba esbozados por el Tribunal A-Quo. La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo en la forma ya descrita en los literales que anteceden, que vician el fallo, constituyendo en definitiva la violación a las reglas de la sana crítica falta de fundamentación, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; como requisito indispensable de la decisión judicial, PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observó las reglas de la sana crítica, y siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Primer Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Denunció la recurrente la motivación contradictoria de la sentencia recurrida, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora, que la motivación fáctica contenida en la sentencia recurrida es insuficiente, por tanto hay falta de motivación, esto es así por el Juzgador ha incurrido en razonamientos contradictorios, pues del estudio de la Sentencia recurrida se colige que omitió hacer consideraciones lógicas y coherentes que llevan a la conclusión de absolución. Afirmó además la impetrante, que el A-quo estableció sobre la prueba testifical, que no es posible determinar que los señores I. G. R., A. C. B. y W. P. R. en la actualidad o al momento de los hechos, se desempeñaban como agentes policías, pues no se ha acreditado con la prueba documental tal extremo, sustituyendo la valoración de dichos testigos, haciendo referencia a lo regulado en el artículo 24 de la Ley de Justicia Constitucional. En cuanto al acta de inspección, refirió la recurrente que el tribunal sentenciador igualmente no la valora sino que sustituye su razonamiento manifestando que los hechos, a lo sumo, constituyen un delito de daños. Advirtió además en relación a la prueba de descargo, que fue testifical, que no había duda que los señores I. G. R., A. C. B. y W. P. R. habían detenido al señor W. M. el 06 de agosto del 2009, no acreditándose su condición de policías ni la justa causa de su detención. Por último expresó la recurrente, que existe valoración fáctica insuficiente, pues el juzgador se limitó a efectuar un resumen de la prueba y luego a realizar un valoración jurídica de lo que ellos han manifestado, no obstante no determina las razones por las cuales merecen o no credibilidad los testigos, recurriendo el A-quo a un argumento de prueba tasada. 2) Resulta evidente para esta Sala de lo Penal, los errores de la recurrente en la técnica recursiva utilizada, pues refieren como señalamiento de su impugnación, que el Juez A-quo incurrió en motivación contradictoria, pero en su explicación hace alusión también a insuficiente motivación fáctica. En el caso subjudice, la censora se está refiriendo a dos motivos de casación, uno respecto a la insuficiente motivación fáctica y otro a la motivación contradictoria, no cumpliendo con lo regulado en el artículo 363 de la ley procesal penal que ordena que los motivos sean presentados de forma separada. Respecto a la fundamentación de este motivo, la recurrente efectúa una argumentación confusa e incoherente, pues no es clara en establecer cuales fueron esos razonamientos insuficientes o contradictorios, resultando una impugnación carente de claridad y precisión. La motivación fáctica o jurídica de una sentencia sean insuficientes. Partiendo que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe aportar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación del argumento, de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la “insuficiencia”, en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o aplicar los preceptos penales por los que resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración probatoria, cierta prueba, se omite indicar el por qué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que los testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimaría la infracción cuando se haga una referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso. La motivación de una sentencia será contradictoria. La motivación de las sentencias debe cumplir con el requisito de logicidad, de forma específica de coherencia, que deben mantener los argumentos de la resolución, puesto que deben guardar una debida relación y concordancia; resulta que la contradicción de esos argumentos resta cualidad, ya que implican la existencia de juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurriría cuando existiera una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre éstos y la fundamentación jurídica, o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica[1]. 3) A pesar de las inconsistencias del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le de. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 4) Así las cosas, este Tribunal de Casación ha realizado un análisis de la fundamentación tanto fáctico como jurídica efectuada por el A-quo respecto a la prueba evacuada en el juicio, por lo que se colige que en la sentencia impugnada se efectuaron explicaciones y exposiciones de hecho y de derecho, con los cuales se explica el por qué deciden dictar una sentencia absolutoria a favor de los acusados; por tanto es posible derivar los juicios de valor que llevó al sentenciador para conformar los hechos probados de la sentencia y la aplicación de las normas penales ajustada al caso, por lo que, el sentenciador consignó las razones del por qué esas pruebas le generaban credibilidad, razonándolas de manera individual y conjunta, existiendo suficiente motivación fáctica. Referente a la supuesta motivación contradictoria, esta Sala ha comprobado que la sentencia cuenta con la logicidad y coherencia que exige nuestra normativa procesal penal, guardando entre sus argumentos la debida concordancia y relación entre la valoración probatoria, los hechos probados y la fundamentación jurídica, sin que sea necesario el control casacional, pues los juicios del juzgador no son excluyentes, sino concordantes y por tanto no se duda de la decisión de absolución que se tomó. Por las razones antes expuestas se declara sin lugar el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma. Segundo Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Expresó la recurrente que el sentenciador no valoró la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, estableciendo como norma que le permite la presentación del recurso, en el artículo 362 numera del 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que los hechos probados se tienen por acreditados tomando varios medios de prueba de acuerdo a una fundamentación probatoria intelectiva que no concuerda con las reglas de la sana crítica; por ejemplo en relación a los testigos I. G. R., A. C. B. y W. P. R., a los cuales el tribunal les resta credibilidad por el argumento de que no hay prueba documental que acredite su condición de policías, pese a que reconoce que los informes suscritos por los testigos de cargo son coherentes; violentando con ello la ley de la razón suficiente. Afirmó también que el Juzgador establece que la detención realizada por los testigos de cargo al imputado W. M. se debió a que no portaba casco ni documentos, porque se obvió aplicar las sanciones que manda el artículo 98 de la Ley de Tránsito; según la recurrente el Tribunal Sentenciador no establece si le da credibilidad o no a los testigos de cargo, sino que los descarta con base en normas administrativas, violentado con ello la ley de la Lógica, en concreto, el Principio de Derivación, pues las afirmaciones del juzgador resultan no derivadas de las pruebas. 2) Como criterio jurisprudencial ha establecido este Tribunal de Casación, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento, al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) Derivación, es decir que el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Si bien la recurrente ha establecido como punto central de su impugnación las reglas de la sana crítica y ha señalado como supuesta regla violentada la lógica en sus postulados de derivación y razón suficiente, no ha sido muy clara en establecer por qué los razonamientos que señala, violentan las reglas del recto entendimiento humano; sin embargo trataremos de dar respuesta a sus cuestionamientos, debiendo realizar un análisis de los juicios de valor que utilizó el A-quo para razonar la prueba evacuada en el debate. En los numerales uno y dos del acápite “Valoración de la Prueba”, el A-quo razona las declaraciones testificales de los señores I. G. R., A. C. B. y W. P. R.; establece el Juzgador que los deponentes refieren ser policías asignados al Municipio de Concepción, que el día 06 de agosto detuvieron al imputado W. M. por no portar casco ni licencia; que aunque ellos afirmen ser policías de esa zona, no se acreditó mediante documento extendido por autoridad competente su condición, por otro lado afirma que si el señor W. M. fue detenido por no portar casco ni documentos, por qué no siguieron lo que manda la Ley de Tránsito en su artículo 98; por ultimo si hubo agresión por parte del detenido W. M. al romperle su camisa, tal circunstancia no reúne las condiciones formales para acreditar el delito de atentado, pues requiere un acometimiento grave. Para esta Sala de lo Penal los razonamientos del A-quo son correctos y acordes a las reglas de la Sana Crítica, pues conformó sus juicos de valor con base en la prueba aportada y derivó de ella las conclusiones correctas, por ejemplo, el hecho de que no se acreditó la condición de policías de los testigos mediante documento es de vital importancia debido a que el tipo penal de atentado requiere en sus elementos objetivos, que se confirme la condición de autoridad o agente, pues no basta sus dichos, sino que se debe probar mediante el nombramiento respectivo emitido por la autoridad competente; por tanto sus razonamientos en ese sentido son correctos. Referente a que si existió alguna agresión física por parte del imputado W. M. contra el señor I. G. R. al romperle su camisa, tal como lo afirma el A-quo, ésto no constituye una agresión grave que merezca reproche penal, pues resulta irrisorio que tres policías debidamente armados se sientan intimidados o dañados en su integridad física, contra un ciudadano desarmado, por tanto las conclusiones del A-quo fueron coherentes y adecuadas a las reglas de la Sana Crítica. En el resto de la sentencia, el juzgador efectúa razonamientos correctos, lógicos y concatenados que le llevan a la conclusión que en el caso de autos, lo procedente es el dictado de una sentencia absolutoria, argumentos que este supremo tribunal comparte; razón suficiente para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Se desestima el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuestos por la acusadora privada. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su dos motivos interpuesto por la abogada A. J. F. Z., en su condición de Acusadora Privada, en la causa instruida contra el señor W. M., a quien se le absolvió de los delitos de Atentado y Evasión, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y la Administración Pública; y contra los señores R. G. A., E. N. Del Cid V. y M. N. H. M., a quienes se les absolvió del delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-230-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico y Práctico. Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, 2004. Páginas 598 y 599