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Sentencia CP-220-13 — Registro 16049

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de violación especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...") En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizó el acusado Julio Cesar Fúnez Cruz, encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenado el imputado, es decir en el artículo 140 párrafo tercero del Código Penal que regula el delito de Violación Especial. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observó la aplicación de las reglas de la sana crítica, por ejemplo con la declaración de la menor A. Z. M., la cual afirmó que a sus 12 años de edad mantuvo relaciones sexuales de manera consentida con el acusado, el Juzgador la valora de manera correcta, extrayendo de ella la culpabilidad del acusado en los hechos investigados En cuanto a los derechos y garantías que goza toda persona sometida a proceso penal, se puede verificar que en todo momento se respeto el derecho de defensa y el debido proceso del acusado, el Tribunal actuó en el marco de sus atribuciones y todo el juicio oral se desarrollo sin incidencias que pudieran dar reproche casacional por esta vía. En conclusión la sentencia dictada por el Tribunal Sentenciador cumple con los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal, razones suficientes para desestimar el presente Recurso de Casación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA En la ciudad De Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017).- El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN S.P.220-2013 POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA,interpuesto contra la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ, a la pena de Quince (15) años de reclusión, por el delito de Violación Especial, en perjuicio de A. Z. M. A.; mas las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil.2) No Condenó al encausado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el abogado Manuel de Jesús Arévalo, actuando en su condición de Defensor Privado del señor Julio Cesar Fúnez Cruz. Son Partes: El abogado Manuel de Jesús Arévalo en su condición antes indicada como recurrente y la abogada Ilse Adela Fuentes en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS “ÚNICOS: En la noche del veintiséis de enero del dos mil ocho, en una habitación ubicada en la colonia Flor del Campo de Comayagüela, el joven JULIO CESAR FUNEZ CRUZ mantuvo relaciones sexuales por vía vaginal con. Z. M. A., de trece años de edad al momento de los hechos.” II. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente abogado Manuel de Jesús Arévalo, en su condición de Defensor Privado del encausado Julio Cesar Fúnez Cruz, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Por haber acusado el Tribunal Sentenciador en su fallo, que carezca de motivación fáctica o jurídica que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3) del Código Procesal penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: el precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación dice lo siguiente: Artículo 338. Las sentencias se redactaran por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: PRIMERA:… SEGUNDA:… 1)… 2)… 3)… 4)… TERCERA:… CUARTA:… Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1)… 2) valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. EXPLICACION DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación correcta prescriben a) Artículo 202 del Código procesal penal, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas de acuerdo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El Artículo 335 del mismo cuerpo Legal en su párrafo primero señala. El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y el Artículo 338 siempre del mismo Código Procesal Penal señala como se debe de estructurar una sentencia, por lo que el Tribunal sentenciador, debe hacer la valoración de las pruebas. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio. De lo anterior conlleva a que los hechos probados en una sentencia Penal no constituyen más que la verdad a que cree haber llevado el Juzgador, y que deben de estar sustentados en el acervo probatorio que se plasmó en la fundamentación probatoria, y como es sabido la fundamentación probatoria se divide en la fase descriptiva e intelectiva. Donde en la primera fase el Juzgador describe cada una de las pruebas en que basa su decisión, y en la segunda el Juzgador debe de explicar porque un medio probatorio se da como probado, y otro no merece tal calificación y el porqué un elemento de prueba u otros le llevan a la conclusión determinada. En base a lo anterior se interpone el presente recurso de casación por considerarse la violación de los de las reglas de la sana crítica, ya que de acuerdo al motivo planteado las reglas enunciadas anteriormente son las que deben de corregir el correcto entender Humano y las que constituyen el problema de fundamentación de la sentencia, es por ello que el Legislador en el Artículo 330 de nuestro Código Procesal Penal, sabiamente establece determinar dentro de la fundamentación de todo fallo, la valoración de la prueba. Por lo tanto de lo anterior se deduce que la sana crítica no es más que el proceso mental lógico que lleva al juzgador, después de analizar en su conjunto la prueba determinar, como, cuando, donde y el porqué se da un hecho determinado, en el presente caso tanto las pruebas periciales no tienen la total concordancia con la testifical de lo que se deduce que no existe un enlace o una relación vinculante y por ello llegamos a conclusiones diferentes, pues los medios de prueba de cargo en el respectivo Juicio Oral y Público, deben convencer al Juzgador de la existencia irrefutable del hecho y que en dicho hecho se determinen todos los elementos que tipifican el delito con el grado absoluto de certeza, de no lograrse lo anterior durante la substanciación de la prueba el Juzgador únicamente deberá dictar una sentencia absolutoria, por la simple razón de Que no exista prueba de cargo alguna o porque el conjunto total de las pruebas evacuadas provocan la duda del Tribunal Juzgador. En el presente caso la prueba propuesta por el Ministerio Público como ser la declaración de la ofendida incorporada al debate, como ser el dictamen de evaluación física por parte de la Doctora NORA LICETH GUZMAN PALMA, en el cual en sus conclusiones es claro y contundente al decir QUE LA EVALUADA PRESENTA UN HIMEN SIN RUPTURAS, pero ella misma se contradice a decir que permite e! paso de un pene erecto sin romperse, esto es totalmente contradictorio ya que no se hizo un estudio de proporcionalidad del miembro del joven JULIO CESAR, para establecer si esta posibilidad se podía dar, no solo argumentar que con la experiencia que se tiene en el campo, ya que la experiencia no es una ciencia exacta y en muchas ocasiones produce fallos ya que es por la voluntad del agente humano y no es preciso. Así mismo habla de una fisura de cero punto tres por cero punto un centímetro de diámetro, pero solo argumento que podía ser la producida al contacto con un objeto rombo, pero no se establece cuanto tiempo tiene de estar ahí o si fue producida por algún mal manejo higiénico, o por su propio contacto al manipular su vagina al hacer sus necesidades como orinar, por lo que esto es únicamente un argumento más y no comprobado científicamente, y un elemento que hay que tomar en consideración es que la evaluación se realizó dos días después del supuesto hecho, por lo que la menor pudo ser manipulada por algún adulto para que diera un tipo de declaración la cual no pudo ser corroborada con otro medio probatorio. la cual no debió de hacerse por las razón expuesta al principio del presente recurso, donde si bien es cierto que el tribunal juzgador en su sentencia enuncia, aunado a esto debe considerarse que las declaraciones de los testigos propuestos por el Ministerio Público quienes fueron los señores HECTOR DONALDO MEDINA MATAMOROS y NELSON GERARDO ESCALANTE GARCIA, son totalmente concordantes con la lectura cuestionada, no es menos cierto todas las contradicciones que se dan en ese análisis del tribunal como ser: nunca los testigos HECTOR DONALDO MEDINA MATAMOROS y NELSON GERARDO ESCALANTE GARCIA, fueron presénciales del acto de violación pues se limitan no más que a describir que al momento de llegar al lugar solo vieron y describen posiciones corporales, como se sujetaba a la ofendida, pero jamás describen haber visto a mi representado manteniendo una relación sexual plenamente, al igual que al momento de la captura hayan visto a mi representado con los aruñones que describe el perito forense al momento de evaluar a uno de los de los imputados, olvidándose el tribunal que uno de los testigos sostiene que la ofendida agredió a los detenidos y que tuvieron ellos que retirarla por lo que dichos aruñones se Pudieron producir en ese Preciso momento y no necesariamente en un hecho de violación que no existió al igual que las amenazas de que dijo la ofendida de que fue objeto ya que al capturar a los imputados ninguno de ellos portaba arma alguna. Siempre en el mismo orden se presenta una evaluación psicológica realizada por la licenciada PATRICIA IVETTE ALVARADO CHAMBASIS, la cual en sus conclusiones fue determinante y establece que la evaluada presenta conflictos de tipo emocional que le están afectando, pero no se especifica cuál es la causa del origen de las afecciones emocionales que presenta, razón por la cual miramos la primera inconsistencia en no hacer una valoración armónica de los medios de prueba, Otra contradicción que existe es entre el dictamen psicológico y psiquiátrico ya que este ultimo establece que la menor tiene un trastorno mental de estrés post traumático producido por un supuesto abuso sexual pero al mismo tiempo establece que tiene maltrato físico y psicológico, por esta razón no sabemos cómo este perito llega a esa conclusión sin tomar en cuenta los demás estudios que en su conjunto dan un diagnóstico completo y de una persona y no tomar individualmente cada uno de estos estudios ya que forman un solo conjunto. Se hace un estudio socioeconómico, en donde lo primordial y sus conclusiones establece que la supuesta ofendida proviene de un hogar desintegrado, ha recibido malos tratos en el hogar materno, y más aun la madre no acepta que ella regrese con ella y la rechaza, Por lo que a criterio de esta defensa para efectos del juicio que las conclusiones de estos dictámenes son contundentes en virtud que establecen que el daño no fue producido por los supuestos hechos que narra la supuesta ofendida sino que vienen desde su infancia por haber crecido en un hogar desintegrado y con malos tratos y sintiendo rechazo por su propia madre. FRANCESCO CARRARA, al decir muy puntualmente con palabras que se describen textualmente: Así, pudo echar amplias raíces el sentimiento de respeto que se debe al ciudadano aunque esté acusado de un crimen, y junto con la caridad hacía el infeliz sobre el que pende una acusación creció el respeto a los sagrados derechos de la defensa, cuyas potestades deben de constituirse sobre la base de la igualdad con las potestades de la acusación para disminuir lo mas que sea posible el peligro de la condena de un inocente, en lo cual no solo existe daño privado, sino el grave daño social de la impunidad del culpable deben trazarse los límites de los poderes de la acusación, o sea que se induzca engaño a la justicia por exceso de celo o miras ambiciosas. Siempre en el mismo orden de las declaraciones los mismos testigos como ser la ofendida, establece que ella mantenía una relación amorosa con el imputado desde hace más de un año, por lo cual si existiera relaciones sexuales están se dan consecutivas y esto en algún momento hubiera podrecido la ruptura del himen que por mucho que permitiera el paso de un pene en algún momento tendría que romperse, pero se desprende exclusivamente de este testimonio que el imputado era el novio de la supuesta ofendida, por lo que en ningún momento este trató de seducirla y más aun violarla, ya que nunca existió engaño o abuso de confianza para llegar al cometido como ser aprovecharse sexualmente de una persona, y ella misma relata que fue violada por el suegro de su madre, extremo que debería ser investigado y castigado Por el tribunal, y no condenar a una persona inocente, y un aspecto importante de tomar en consideración es que la policía iba a recuperar una menor por riesgo social no porque la tuvieran contra su voluntad o estuviera in fraganti una persona cometiendo un delito, este extremo fue confirmado por la señora SANTOS ADITA MARTINEZ VASQUEZ tía de la ofendida y narra las constantes peleas y abusos que sufría la ofendida por parte de su madre, es por esto que estima esta defensa que en ningún momento se logró acreditar una supuesta violación ya que científicamente nos da un resultado muy distinto al que testificalmente quieren dar como probados los jueces del tribunal de sentencia como habla el tratadista FRANCESCO CARRARA en su libro clásicos del Derecho Penal que establece que la SOCIEDAD no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la ley eterna. La autoridad no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la sociedad. El derecho de Punir no es un principio, sino un instrumento, e instrumento indispensable de la autoridad. Cadena de medios indisolubles. Emanaciones todas del principio absoluto, y todas convergentes a la armonía universal. De tal manera, el derecho de punir se remonta a dos grandes principios: la Justicia absoluta, y la defensa de los derechos del hombre. La necesidad de la defensa en la causa primera del derecho de punir. La justicia determina los límites y la medida del mismo. Porque remontarnos a lo establecido por este tratadista, ya que el Ministerio Público pierde su dirección dentro del papel que tiene dentro de la sociedad que no es tan solo el de acusar, sino que también el de defender. Que debido al tiempo transcurrido los testigos propuestos por el ministerio público hay muchos elementos que se les escapan Porque entonces no considerar lo mismo, o es que acaso se establece solo a quien se le debe creer por un simple prejuicio con lo que se denota la no objetividad de realidad valorativa de las pruebas propuestas y y evacuadas en juicio. En cuanto a la valoración de los dictámenes de evaluación física, psicológica tanto a la ofendida el Tribunal manifiesta que son de total credibilidad ya que fueron realizados por profesionales con suficientes conocimientos en el ramo, por lo tanto merecen valor probatorio. De lo anterior esta defensa se pregunta, en qué manera se hace esta valoración de pruebas como lo establece nuestra legislación penal ya que si bien sería cierto todo lo anterior no se ha demostrado con ello un penetración carnal por parte del imputado en contra de la ofendida, ya que este acto es el que establece y determina claramente la comisión del delito por el que se le acusa, y que casualidad que dichas lesiones son en las partes que solo se hacen sin que exista otra evidencia, ya que si hubiese sido en el acto de la violación porqué el imputado no tiene lesiones de este tipo en otra parte de su cuerpo. A lo que esta defensa se pregunta entonces como vieron los policías lo que depusieron en sus declaraciones, así como también cómo es posible que los dictámenes si fueron realizados, por peritos capaces ninguno de ellos acredite en el presente caso contundentemente el acceso carnal, así como también que los indicios en que se basa el tribunal en su fallo sin ningún soporte científico para que los mismos sean prueba indubitada que no generé ningún tipo de duda razonable a favor de los imputados, así como que esos indicios de evidencias pertenezcan realmente a los imputados. De lo anterior lógicamente se deduce y enlaza que la valoración de las pruebas periciales no son contundentes en sus dichos ya que no prueban en nada la existencia de los elementos del delito por el que se acusa a mi representado como ser el acceso carnal, ya que no se acreditó científicamente que mi representado hayan cometido el DELITO DE VIOLACION ESPECIAL, por lo que con estos argumentos en ningún momento se puede probar con la declaración de la ofendida, ni mucho menos con testigos presénciales que ratifiquen esa declaración que señalen que mi representado haya cometido el delito que se le imputa. A manera de colofón expresó: La sana crítica racional que se implementa en nuestro sistema Procesal Penal, en cuanto a la valoración de la Prueba, debe de imperar la absoluta libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoles que sus conclusiones sean el fruto razonado de las pruebas en que basan su tallo.- En cuanto a la sana crítica racional el sentenciador determinara sus conclusiones basado en los hechos que se valoraron en la causa con la valoración de la eficacia conviccional de toda prueba con total libertad respetando al hacerlo los principios de la recta razón, o sea las normas de la Lógica, la psicología y el sentido común.- Dentro de las reglas de la Lógica, a lo que apreció se adhirió el Juzgador, diré que la motivación debe ser totalmente concordante y cada conclusión afirmada o negada en la que debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella; Sin embargo el resultado de la valoración conjunta que hace el tribunal , en cada tina de las pruebas evacuadas, no se logra localizar ese elemento de convicción sea en la prueba testifical, documental o pericial que se analizó plenamente con anterioridad, ya que los hechos probatorios siempre deben tener un sustento probatorio.- La afirmación de culpabilidad o de inocencia debe de estar siempre respaldada en elementos de prueba por imperativo Constitucional sin que se denote duda alguna razonable.- Como hacerlo en el presente caso, donde los hechos probados dan un saldo de inocencia y la valoración de la prueba todo lo contrario, ya que no existe un enlace preciso entre ambos, como por imperativo debió de haber sido, desaparece ese elemento vinculante que regula los requisitos esenciales de la sentencia.- Por producirse el vicio in procedendo no se ha podido efectuarse reclamación alguna para su subsanación.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) El recurrente denunció que el Tribunal Sentenciador incurrió en su fallo, en carecer de motivación fáctica o jurídica, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Explicó el deponente que las pruebas periciales no tienen la total concordancia con la testifical, de lo que se deduce que no existe un enlace o una relación vinculante y por ello llegamos a conclusiones diferentes, pues los medios de prueba de cargo en el respectivo Juicio Oral, deben convencer al Juzgador de la existencia de un hecho irrefutable. Cuestionó además que la declaración de la ofendida incorporada al debate y el dictamen de evaluación física de la doctora Nora Liceth Guzman Palma se contradicen, pues la perito afirmó que permite el paso de un pene erecto sin romperse, esto es totalmente contradictorio ya que no se hizo un estudio de proporcionalidad del miembro del imputado. Refutó también que la evaluación física se hizo dos días después, tiempo durante el cual la menor pudo ser manipulada por algún adulto para que rindiera ese tipo de declaración. Por último afirmó el censor que existe contradicción entre el dictamen psiquiátrico y psicológico, pues éste último concluyó que no es posible establecer la causa que le origina a la menor las afecciones emocionales que presenta, pero el psiquiatra concluyó que tiene un trastorno de estrés post traumático producido por abuso sexual. 2) Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitosobligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: A) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aún intentando la sala abordar el estudio desde laexplicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. 3) El principio de Debida Técnica recursiva anteriormente explicado, no fue observado por el recurrente al momento de plantear y desarrollar su recurso de casación, pues desde el momento en que señala el motivo, transcribe la totalidad del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal, que plantea 3 motivos totalmente distintos: a) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídica; b) Que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias; c) Si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. El recurrente no es claro en determinar cual motivo de los 3 enunciados es el que desarrolló, pues por un lado refiere a que existen contradicciones en las pruebas y por otro manifiestó que no se valoró la prueba conforme a las reglas del recto entendimiento humano, realizando una serie de argumentaciones de instancia, mismas que no son permitidas en esta etapa casacional, pues al conformarse el recurso de casación como una impugnación eminentemente técnica y además de numerus clausus, no permite este tipo de argumentaciones que son presentadas generalmente en recursos ordinarios. Todas estas inconsistencias hacen que el recurso se vuelva confuso, falto de claridad y no permite darle una respuesta a los cuestionamientos del recurrente. 4) A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 5) En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los Hechos Probados, los cuales al analizarlos observa esta Sala que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizó el acusado Julio Cesar Fúnez Cruz, encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenado el imputado, es decir en el artículo 140 párrafo tercero del Código Penal que regula el delito de Violación Especial. En relación a los juicios de valor utilizados por el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observó la aplicación de las reglas de la sana crítica, por ejemplo con la declaración de la menor A. Z. M., la cual afirmó que a sus 12 años de edad mantuvo relaciones sexuales de manera consentida con el acusado, el Juzgador la valora de manera correcta, extrayendo de ella la culpabilidad del acusado en los hechos investigados En cuanto a los derechos y garantías que goza toda persona sometida a proceso penal, se puede verificar que en todo momento se respeto el derecho de defensa y el debido proceso del acusado, el Tribunal actuó en el marco de sus atribuciones y todo el juicio oral se desarrollo sin incidencias que pudieran dar reproche casacional por esta vía. En conclusión la sentencia dictada por el Tribunal Sentenciador cumple con los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal, razones suficientes para desestimar el presente Recurso de Casación. V. DECISIÓN Por las razones ampliamente explicadas, se declara sin lugar el presente Recurso de Casación. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1)de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;338, 359, 362, 363 y 369del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo interpuesto por el abogado Manuel de Jesús Arévalo, en su condición de Defensor Privado del imputado JULIO CESAR FÚNEZ CRUZ a quien se le condenó por el delito de Violación Especial en perjuicio de A. Z. M.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-220-2013.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

[1]VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012