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Sentencia CP-217-13 — Registro 7945

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Adquisición de Vehículo Robado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Consideramos necesario señalar, que la censora no ha cumplido con los requisitos que plantea el artículo 363 del Código Procesal Penal, es decir con el Principio de Debida Técnica Recursiva, pues no fue específica en establecer cuál es el precepto que le autoriza la interposición de la presente impugnación, pues ha señalado el artículo 362 de manera general, pero el mismo esta contenido por 6 incisos, de los cuales no ha especificado la recurrente en cuál de ellos se fundamenta. Según entiende esta Sala, por el enunciado que la recurrente expresa en su escrito de interposición, su impugnación refiere a lo regulado en el precitado artículo 362 numeral 5 del CPP, es decir la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del Juicio Oral y Público, supuesto que esta Sala ya ha establecido, de manera jurisprudencial, sus alcances y posibles situaciones: En este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante de juicio; el debate, por lo cual esas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa del juicio: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto en particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia, que su violación afecte el proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el debate están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. Tendrá validez la invocación de vicio, cuando se trate de una infracción a una de estas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir, las que desarrollan los principios apuntados. En consecuencia, deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía[1]. 3) Ante las explicaciones señaladas, se hace evidente para este Tribunal de Casación, que la recurrente ha equivocado la vía recursiva con la cual pretende su impugnación, pues según lo explicado, el hecho de que el fiscal de Ministerio Público, solicitara en la formalización de acusación la modificación del tipo penal por el cual era perseguido el imputado, de posesión a adquisición de vehículo robado, dicha actuación no implica violación a los principio regentes del juicio oral, pues dicha situación fue oportunamente protestada por la recurrente mediante el Principio de Contradicción, la misma fue expresada de manera oral, respetándose así el Principio de Oralidad y también el resto de Principios de Concentración, Inmediación y Publicidad. Los alegatos de la censora son propios de otros motivos de casación, que al no ser oportunamente formalizados no puede esta Sala de manera oficiosa revisar dichas actuaciones. Por todas las razones antes expuestas es procedente desestimar el presente motivo de casación."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Concluye este Tribunal de Casación que la fundamentación fáctica de la sentencia es coherente, lógica, ubicando al lector en tiempo y espacio, siendo claro en las acciones cometidas por el imputado, razones suficientes para declarar no ha lugar el presente motivo de casación."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Al analizar los raciocinios del sentenciador es fácil detectar que sus razonamientos son coherentes, lógicos y derivados del legajo probatorio, extrayendo conclusiones a partir del resultado probatorio y aplicando en sus juicios de valor las reglas del recto entendimiento humano, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio R. Vásquez, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 217-2013 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de marzo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando al imputado D. D. H. D., a la pena de nueve años de reclusión, por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de J. O. P. G.. 2) Condenando al imputado D. D. H. D., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. 3) Declaró la responsabilidad civil del condenado D. D. H. D. 4) No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, la abogada N. E. F. Q., en su condición de Defensora Privada del señor D. D. H. D.. Son Partes: La abogada N. E. F. Q. en su condición antes indicada, como recurrente y la abogada D. R. en su calidad de representante del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día veinticuatro (24) de julio del año dos mil once (2011), en el desvío de Cruz de Valencia del Municipio de La Lima, departamento de Cortés, a eso de las dos (02) de la tarde, el señor J. O. P. G. fue despojado de un vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, color negra, año 2010, serie PC6KE115790001114, sin placas, de su legitima propiedad, por cuatro individuos desconocidos que lo intimidaron, ya que se encontraban armados. SEGUNDO: En fecha nueve (09) de Agosto del año dos mil once (2011), a eso de las 3:00 de la madrugada, Agentes de la Dirección Nacional de Tránsito, realizando un patrullaje de rutina en el sector del Balín jurisdicción del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, requirieron al señor D. D. H. D., quien se conducía a bordo de una motocicleta que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera que conduce hacia la ciudad de Tegucigalpa, misma que quince días antes había sido sustraída al señor J. O. P. G., vehículo automotor respecto al cual, no portaba ningún documento válido de circulación o propiedad. Asimismo, los agentes policiales, requirieron a otra persona que acompañaba al señor D. D. H. D. en calidad de pasajero.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada N. E. F. Q., actuando en su condición de Defensora Privada del señor D. D. H. D., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO. INDEBIDA APLICACION DEL ART. 218-D, cuando debió aplicarse el art. 388. 3. PRECEPTO AUTORIZANTE.- ART 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Retomo el contexto fáctico que declaró el sentenciador, manifestado en segundo hecho probado, en lo pertinente se reduce a que se halló cierto que mi representado se conducía en una motocicleta de origen ilícito. En la fundamentación jurídica, el sentenciador describe tal conducta como “tener a su disposición” (ver segunda cita del primer motivo de casación). Ante tal situación fáctica la doctrina legal de ésta Sala ha establecido la pauta siguiente: Sí concurre el elemento de concierto previo entre el conductor y las personas que despojaron el vehículo de su legítimo conductor, es decir los actores del robo de vehículo, se calificará ello como el delito de adquisición de vehículo robado del art. 218 D del Código Penal. Sin embargo, si no se ha declarado como parte del hecho probado la existencia de tal previo acuerdo con los hechos del robo del vehículo encuadra en el delito de encubrimiento propio del artículo 388 del Código Penal. Tal pauta la asienta la doctrina legal fijada por la Sala Penal en su versión actual (integrada por los magistrados titulares actualmente en función), según los fallos que aquí cito: A.- “Se desprende concierto previo entre el acusado M. J. C. B., y las personas que despojaron mediante intimidación el vehículo a su propietaria la señora A. G. G., o sea con los autores materiales de dicho delito, lo que descarta el poder subsumir dicha conducta en el delito de Encubrimiento, QUE EXIGE COMO REQUISITO EN LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO, QUE EL ENCUBRIDOR ACTUE SIN CONCIERTO PREVIO CON LOS AUTORES O COMPLICES DE UN DELITO circunstancia que no ocurrió en el presente caso.“Igualmente, la autonomía del encubrimiento depende de que el encubridor no haya participado como autor o cómplice en el delito encubierto o de que su intervención posterior al delito no haya sido pactada como una forma de realización o de perfeccionamiento de la consumación del mismo recibiendo la mercancía robada transportando a los autores materiales del delito a otro lugar etc.” ( Véase; Sánchez Ortiz” citado por MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, décimo tercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia 2001, p 915)” B.- “En el presente caso la situación fáctica está perfectamente determinada, poder al momento de aplicar la norma, el Tribunal ignora el precepto legal sustancial que concretamente regula la situación planteada, es decir, omite aplicarlo, en ese sentido el tribunal de sentencia omite aplicar el art. 388 del Código Penal, pues es claro y preciso que en el hecho investigado el imputado no escondió el vehículo ni se concertó previamente con el autor o cómplice del delito de robo, en la compraventa que constituye el efecto o instrumento del delito, consecuentemente la conducta asumida por el imputado se subsume en la norma penal del delito de encubrimiento.” .Así la confrontación entre la sentencia y línea jurisprudencial reluce que la correcta subsunción normativa de éste es dentro del tipo penal del encubrimiento y no el de adquisición de vehículo robado. Ello en virtud que en ningún tracto de la sentencia, ni dentro de los hechos probados, ni el fundamento jurídico, se declara o manifiesta la existencia sobre algún contacto o comunicación previa al robo de la motocicleta, entre el imputado y los agentes de tal robo. Anticipo que mi contraparte, al captar que los hechos expresados en la sentencia llevan de manera diáfana a una tipificación de encubrimiento, tendrá la siguiente reacción: Alegará que de los hechos probados desprenden un acuerdo previo entre el imputado y los hechores del robo del vehículo. Sin embargo, ello es inadmisible. Primero dado que el hecho probado debe ser redactado en términos claros y terminantes, no amagados o tácitos. Ello porque en vía casación, por infracción legal, el tribunal de casación no puede inferir significados o extensiones que no resultan clara y terminantemente de lo redactado en el hecho probado. Este hecho probado resulta intangible en casación, según la doctrina de la sala penal. Así, de haber el sentenciador apreciar un acuerdo previo, debió manifestar con rotundez una conducta que pueda constituir “acuerdo previo”, por ejemplo: “El investigado había comunicado a los hechores del despojo que iba a comprarles el vehículo que ellos lograran despojar.” Una manifestación en tal sentido, depararía, con la rotundez exigida, la existencia del acuerdo previo. A falta de ella, no puede el sentenciador ejercer un análisis interpretativo para intentar extraer tal concepto o cualquier otro. Lo anterior lo ato con la doctrina de ésta Sala Penal de la CSJ. Legítima defensa.: A.- “Esto significa que para la demostración de una infracción de un precepto penal sustantivo debe partirse de la base fáctica estimada por Tribunal de Instancia, por lo que no es permitido fundamentar el Recurso EN OTROS HECHOS QUE NO SEAN LOS DECLARADOS PROBADOS EN LA SENTENCIA.” B.- “A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Todo lo que se refiere a la determinación del hecho queda fuera de su ámbito competencial. Por eso se dice con razón que el Tribunal de Casación al conocer de las alegaciones de infracción de ley no es un Tribunal de segundo grado con potestad para examinar ex novo la causa y corregir todos los errores de hecho, que pueda cometer el sentenciador, sino que es un supremo guardián del derecho sustantivo, para evitar la inobservancia o errónea Q 5 aplicación de la ley sustantiva” .C-”Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos probados en la sentencia.” “Sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la Norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica.” D.- “Esto lleva implícito que los hechos probados declarados en la sentencia deben ser aceptados como verdades indiscutibles y a partir de ahí verificar la comparación de los mismos con la norma penal que se supone infringida con el afán de demostrar que tales hechos no son compatibles con la norma aplicada por el juzgador,” E.- “Si se acepta como verdad incuestionable los hechos declarados probados, resulta improcedente que el censor altere en su libelo el contenido de los hechos probados a efecto de demostrar la impertinencia de la norma penal aplicada por el Juzgador de instancia” Segundo, el alegar la existencia de un acuerdo previo, que el sentenciador no mencionó en ningún tramo de la sentencia, es improcedente vía contestación de recurso extraordinario. Ello dado el principio de personalidad del recurso, que limita a la alzada a verificar la existencia del vicio alegado por el impugnante, es decir el objeto de impugnación, según el art. 350 del código procesal penal. Si hay inconformidad con que la sentencia no decretó un concierto previo entre imputado y los hechores del robo, entonces la parte inconforme con tal exclusión debe presentar su propia impugnación, motivando con argumentos por los cuales el sentenciador se equivocó al no mencionar “acuerdo previo” en ningún tramo de la sentencia. De darse así, conllevaría que la otra parte podría ejercer contradictorio sobre ello, y así, con pleno contradictorio sobre el tema jurídico, el casacionista estaría en potestad de resolver sobre la procedencia del argumento. Sin embargo, esta cuestión, la sabiduría o no por la cual el sentenciador no dictó la existencia de acuerdo previo, no ha sido motivo de impugnación. Mi impugnación se limita a señalar la inexistencia del acuerdo previo en la sentencia y que por ello aplica el art. 388 numeral 3 del código penal. No he censurado ni aplaudido sobre el hecho que no se dictó “concierto previo”, solo lo señaló. Reitero, si hubiese censuras por tal exclusión, que el reprochante objete. Interpretación pretendida: Según los hechos probados, la correcta interpretación de los hechos depara en un delito de encubrimiento, según el art. 388 numeral 3 del código penal, a tenor de lo manifestado.” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO. INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE LA REALIZACION DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO, EN PARTICULAR ART. 321 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE.- ART. 362 .El contexto emana del acta de juicio oral y público, la cual constata en su primera hoja, reglón trece, que la calificación legal que ostentó la acusación hasta antes de la audiencia de debate era una posesión de vehículo robado. Sin embargo, en la formalización de cargos, el agente fiscal alteró la calificación de la conducta, de posesión a “adquisición” de vehículo robado. (Primera hoja de la sentencia vuelta, reglón 38). Ello provocó mi inmediata reacción a manera de denuncia que el Fiscal alteró un elemento de hecho de la conducta investigada. La justificación del fiscal fue que la posesión y adquisición son la misma cosa, que su diferencia es meramente semántica, y sin trascendencia legal. El sentenciador acogió esta tesitura y por ello dictó que la alteración del término de la acusación constituyó una mera rectificación material, que no constituye ampliación de la acusación. Esta posición es equivocada, por ser ayuna de respaldo legal. Esa confusión reluce en la sentencia, en su sección de fundamentación jurídica, acápite primero, párrafo segundo, redacta: “El tipo o elemento objetivo del delito de adquisición de vehículo robado, consiste en la acción de tener a su disposición o adquirir mediante venta, donación u cualquier otra traslaticia de dominio un vehículo auto motor ajeno, que ha sido hurtado, robado...” (Lo resaltado es propio). El extracto “tener a su disposición o adquirir” muestra que el A-Quo aplica ambos conceptos en equivalencia, es decir la disposición material de un objeto equivale a haberlo adquirido. El error consiste en que la mera disposición no es un título traslaticio de domino, es decir no transfiere la propiedad, por tanto no genera adquisición del bien. El mismo tribunal, posteriormente en la sentencia (últimos cinco reglones del mismo acápite) vuelve a repasar el concepto de adquisición: “Entendiendo éste tribunal, que la mera adquisición puede producirse por cualquier medio, como ser venta, donación o cualquier otra traslaticia de dominio, demostrando la prueba...” (Lo resaltado es propio). Nótese que ya no incluyó la tenencia (tener a su disposición) como acto capaz de producir adquisición, como sí hizo en la cita previa. El sentenciador, sin percatar, corrigió su error. Lo claro es que la igualación de la tenencia material de un bien a la adquisición de éste constituye yerro. Previo a dirimir ello, primero sentar que las cuestiones como la posesión, adquisición, título traslativo de dominio, el dominio en sí, son conceptos legales. Dado que el art. 218 D contempla como verbo rector la adquisición, sin definir peculiarmente cuales actos materiales constituyen está, resulta necesario remitirse a normas fuera de la penal para hallar dicho significado. Por tanto el 218-D reviste como una figura penal en blanco, como Mir Puig las define, ya que delega a otra norma, fuera de la penal, el completar el significado de los elementos contenidos en el supuesto de hecho del tipo penal. Así, débase remitirse a la norma civil, dado que la adquisición, posesión, tenencia, son todos derechos reales definidos en ésta. El código civil, en sus arts. 717 y 731, aclara la calificación legal atribuible a la conducta de disposición inmediata del bien. Así se califica posesión cuando la disposición se ejerce con ánimo de dueño, y tenencia cuando es a título de goce sobre un bien ajeno, por ejemplo quien ostenta un bien alquilado o prestado. Lo vital al caso sub judice es que ninguna de las dos formas constituye traslación de dominio, de manera que no opera adquisición. En bienes muebles, como es la motocicleta objeto del presente caso, únicamente la tenencia ininterrumpida, pacífica y a título de dueño por más de tres años genera constitución del dominio, es decir genera adquisición. La tenencia que no cumple dichas condiciones no genera traslación de dominio, lo cual conlleva que tampoco ocurre la “adquisición”. El mismo sentenciador determinó necesario para la adquisición la traslación de dominio (ver segundo extracto citado), sin embargo, jurídicamente dicho traslación no se genera a causa de la conducta investigada, es decir la mera tenencia no es título traslativo de dominio. La calificación legal susceptible a la conducta acreditada, la mera tenencia de una motocicleta, constituye posesión. Y el verbo rector posesión, que como se aclaró no equivale a adquisición, no está tipificado en el art. 218-D. Sin embargo, sí figura dentro del art. 348 incisos del código penal, en el encubrimiento, en el cual claramente tipifica la conducta de “poseer’ objetos de origen ilícito. Cerciora lo anterior el hecho que la acusación de la fiscalía, hasta la apertura del debate, calificó la conducta investigada como “posesión de vehículo robado”. Por tanto la inercia probatoria, que se mantuvo igual desde la etapa inicial hasta el juicio, siempre condujo a demostrar la tenencia material inmediata de la motocicleta, lo cual jurídicamente tiene cabida dentro de la posesión. Bajo ningún concepto o forma se ha acreditado, aunque fuese indiciariamente, actos traslaticios de dominio que generan adquisición, como ser una venta, permuta, donación de la motocicleta. Y esta es consecuencia natural de lo antedicho, que la prueba que la acusación presente siempre fue unívoca en pretender demostrar una posesión. En suma, el desvarió fue considerar el tener la disposición de un bien como adquisición. Es decir la posesión igual a la adquisición. Esta tesis es ayuna de todo respaldo jurídico. Así la alteración de términos de la acusación era una modificación conceptual y además, con efecto de modificar la calificación del tipo penal. Por ello la consideración de mera rectificación de error material, sostenida por el tribunal sentenciador, no es sostenible. Por tanto, para proceder a tal modificación debía ampliarse la acusación, y a su vez ello sólo es asequible sí el acusador acredita el ocurrencia nuevos elementos de hechos o de nueva noticia, al tenor del art. 321 del código procesal penal. En el caso, no se cumplimentó tal condición, y no obstante el sentenciador permitió la alteración. Por tanto, éste operó una ampliación improcedente. C) Continúa manifestando la recurrente abogada N. E. F. Q., en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: SEGUNDO MOTIVO. REDACCION DEL HECHO PROBADO EN TERMINOS CONTRADICTORIOS. PRECEPTO AUTORIZANTE.- ART. 362.1 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El hecho probado resultó según fue citado en los antecedentes procesales. Por tanto, hay una confrontación de los términos inconciliable. Ello en cuanto a que la conducta reprochada consiste en “se conducía a bordo de una motocicleta que estaba estacionada” La contradicción es pueril: No puede una motocicleta en tránsito y estacionada a la vez. La motocicleta estaba, según lo redactado, en tránsito, dado que nadie conduce una motocicleta estacionada. Véase que no hay diferenciación en el tiempo de los verbos que lleve al entendimiento que ambos verbos ocurrieron en diferentes instantes. Es decir, no hay una redacción “había conducido una motocicleta que al momento que llegó la policía estaba estacionada” o “había estado conduciendo una……“ En las formas redactadas anteriores hay separación en tiempo del momento de la conducción, como un acto pasado consumado, y el posterior momento en que estaba la motocicleta permanecía estacionado. Sin embargo, tal no fue la redacción de la sentencia. Según los verbos intestados en ésta, concurren sin prelación cronológica. Por tanto, hay una contradicción. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: TERCER MOTIVO. INFRACCION A LA SANA CRÍTICA, LEY DE DERIVACION SUFICIENTE, PRECEPTO AUTORIZANTE. ART. 362.3 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Iter lógico de la sentencia plantea una conclusión arbitraria, al no estar afincado j en premisas que lleven a ella de manera unívoca, a modo de generar certeza del hecho inferido. La sentencia manifiesta: “Sin que la declaración de éstos testigos se pueda inferir contradicciones en cuanto a que persona tenía la posesión material del vehículo, ya que fue éste, la persona que primeramente, al ser requerido por la autoridad, mostró únicamente licencia de conducir, en tanto el otro acompañante del acusado se fue decomisado un arma de fuego de posesión irregular”. La atingencia es el Iter lógico entre portar una licencia y ser el poseedor de un vehículo. Previo a valorar la lógica de dicha conexión, cabe reiterar que la posesión es la tenencia con ánimo de dueño. No se confunde con la mera tenencia, la cual carece de tal ánimo (por ejemplo un inquilino de inmueble ajeno, que goza la tenencia pero no cree ser dueño del local). Así, un conductor puede estar manejando el vehículo, pero la posesión es del pasajero. En tal caso, éste último es quien dispone del bien con ánimo del dueño, y el conductor goza de una momentánea tenencia. Retomando, el portar una licencia no determina quién de las dos personas halladas cerca de la motocicleta era su poseedor, es decir quien tenía un ánimo de dominio sobre ella. De aquélla premisa, podría generar sospecha, a grado de mera probabilidad, que el ostentador de la licencia había conducido el vehículo. Aún en ello no hay certeza plena. Sin embargo, ser presuntamente conductor constituye la tenencia, más no la posesión, la disposición con ánimo de dueño. Tal razonamiento sería viable si no existiese ninguna otra alternativa racional, es decir si resultase absurdo que una persona poseedora de un vehículo permita que un amigo o compañero lo conduzca, por cualquier motivo (Injerencia de bebidas, cansancio, complaciendo la petición del amigo). Sin embargo, tal posibilidad mencionada no es inverosímil, y de hecho ocurre frecuentemente. No hay una máxima de experiencia que verse que todo conductor de vehículo es quien lo posee con ánimo de dueño, dado que existen otras explicaciones, especialmente cuando a bordo hay otras personas. Por tanto, carece de conexión unívoca que el resultar conductor conlleva que sea su poseedor. Y el sentenciador no ofreció explicación, ni respaldo probatorio o máxima de experiencia, que sirva para justificar la aplicación de ésta conexión, cuestión que resulta necesaria porque una cosa no lleva a la otra sin variación. Así, conectó una premisa a una conclusión sin motivación. Así, no razón suficiente expuesto por el sentenciador que justifique la última conclusión que mi representado era el poseedor del bien. Por tanto, se quebró la regla de la razón suficiente. MEDIOS DE PRUEBA.- 1.-Acta de la audiencia del Debate. Fin Probatorio. Acreditar la indebida ampliación de la acusación, impetrada en el primer motivo del Recurso por Quebrantamiento de Forma” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. 1) Denunció la recurrente la indebida aplicación del artículo 218-D del Código Penal, consignando como norma autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó que conforme al contexto fáctico que estableció el juzgador en lo pertinente, se establece que el imputado se conducía en una motocicleta de origen ilícito y en la fundamentación jurídica describe la conducta como “tener a su disposición”, pero la doctrina legal de la Sala Penal, según la censora, ha establecido que si concurre el elemento de concierto previo entre el conductor y las personas que despojaron el vehículo de su legítimo conductor, es decir los actores del robo de vehículo, se calificará como el delito de adquisición de vehículo robado del artículo 218 D del Código Penal; sin embargo expresó la recurrente, que si no se ha declarado como parte del hecho probado la existencia de tal acuerdo previo, los hechos deben encuadrarse en el delito de encubrimiento conforme el artículo 388 del Código Penal. La recurrente además trajo a colación, la doctrina legal que según ella ha fijado esta Sala de lo Penal, entre ellas lo regulado en los fallos 374-2007 y SP 180-2006 respecto a que, debe concurrir un concierto previo para que se determine el delito de Robo de vehículo conforme a la modalidad del articulo 218 D del Código Penal. 2) Esta Sala de lo Penal no considera necesario recordar los lineamientos y requerimientos generales del Recurso de Casación por Infracción de Ley, pues la recurrente los ha transcrito muy bien, sobre todo lo referente a la intangilidad de los hechos probados, los cuales son inalterables en esta etapa, también respecto a que, en esta especie de casación se parte como eje central de los Hechos Probados de la Sentencia, así mismo sobre la misión que tiene la Sala como contralor de la aplicación de la ley, por lo que la fundamentación fáctica de la sentencia debe ser aceptada como verdad indiscutible ya que todos éstos parámetros deben ser observados por aquellos profesionales de derecho que intenten la interposición de un recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal. También hizo referencia la censora, respecto a una doctrina legal que según su parecer ha establecido la Sala de lo Penal, en el sentido de que se requiere de un concierto previo entre el acusado y los directamente responsables del robo de vehículo, para subsumir sus acciones conforme al artículo 218 D del Código Penal, citando la recurrente los fallos SP 374-2007 dictado el 10 de junio del 2010 y la sentencia SP 180-2006 de fecha 07 de febrero del 2007. Al respecto debemos señalar lo regulado en el artículo 360 segundo párrafo del Código Procesal Penal: “…Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto.” Así las cosas y conforme lo regulado en el precitado artículo para que la Corte establezca doctrina legal sobre un asunto deben cumplirse 3 requisitos: a) En primer lugar debe ser reconocida como tal, es decir como doctrina legal, por parte de la Corte Suprema de Justicia: b) Deben existir al menos 3 sentencias dictadas por esta Suprema Corte y; c) Deben tratarse o discutirse en esas sentencias, sobre un mismo asunto jurídico. En el caso subjudice no solo la recurrente ha realizado una interpretación errónea de los fallos que ha señalado como parte de la doctrina legal, sino que además ha establecido únicamente dos fallos, los cuales no alcanzan para conformar la doctrina legal. Sin embargo esta Sala de lo Penal, es del criterio que las sentencias SP 374-2007 y SP 180-2006, han sido erróneamente interpretadas por la censora o maliciosamente ha incluido en su exposición, solo una parte del fallo, sin incluir la verdadera posición de esta Sala, pues lo transcrito en su recurso respecto a la sentencia SP 374-2007 fue parcialmente transcrito, con el ánimo de sorprender a este Tribunal de Casación, pretendiendo darle al fallo un sentido legal que no es el expresado por la Sala, es por esa razón que transcribimos la totalidad de la respuesta que se otorgó en aquel entonces: “Esta Sala de lo Penal, considera que es erróneo el planteamiento que hace la defensa al pretender que los hechos probados se subsuman en el tipo penal del Encubrimiento, ya que aduce que el imputado procuró la desaparición del objeto material del delito (vehículo) al intentar evadir a los policías que lo perseguían , ya que es claro que de los mismos hechos probados, inalterables en casación, se desprende concierto previo entre el acusado M. J. C. B., y las personas que despojaron mediante intimidación el vehículo a su propietaria la señora A. G. G., o sea con los autores materiales de dicho delito, lo que descarta el poder subsumir dicha conducta en el delito de Encubrimiento, que exige como requisito en los elementos objetivos del tipo, que el encubridor actúe sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, circunstancia que no ocurrió en el presente caso.- Igualmente, la autonomía del encubrimiento depende de que el encubridor no haya participado como autor o cómplice en el delito encubierto o de que su intervención posterior al delito no haya sido pactada como una forma de realización o de perfeccionamiento de la consumación del mismo recibiendo la mercancía robada transportando a los autores materiales del delito a otro lugar etc.”; (Véase: Sánchez Ostiz” citado por MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, décimo tercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia 2001, p 915).- Como se puede apreciar, de acuerdo con los hechos probados, la conducta del acusado sirvió para el perfeccionamiento de la consumación del robo del vehículo, al conducir el mismo y ser encontrado hora y media después de haberse cometido el robo huyendo en dicho vehículo.- Por otra parte, si bien es cierto la conducta que aparece descrita en el cuadro fáctico pudo ser subsumida en una calificación distinta a la de transferir un vehículo robado, esta otra calificación no sería la del delito de Encubrimiento en perjuicio de la Administración de Justicia, sino mas bien, en la posibilidad de calificar el delito de Robo de vehículo, en su grado de participación de Cooperador Necesario, pero dicha reforma no es posible hacerla mediante el presente recurso, por el principio de “no reformatio in peius” que, prohíbe reformar en perjuicio del acusado, ya que sólo es posible modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente y siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta; en el presente caso el impetrante es la defensa del imputado, y la pena establecida en el delito de Robo de vehículo del artículo 218 del Código Penal es más grave que la que establece el artículo 218-D del mismo Código, y que fue la norma sustantiva aplicada por el A quo…” En primer término el tipo penal al que se refiere el fallo SP 374-2007, es el delito de encubrimiento, establecido en el artículo 388 del Código Penal, donde claramente se establece que se requiere, dentro de los elementos objetivos, que la participación del encubridor debe ser sin concierto previo con los autores y partícipes del hecho criminal; pero en ningún momento la Sala ha establecido como criterio jurisprudencial, que para la conformación de los elementos objetivos del delito de Robo de vehículo en la modalidad referida en el artículo 218D del Código Penal, se requiera un concierto previo entre el que oculte, transfiera o adquiera un vehículo robado y los ejecutores en sí del robo de vehículo conforme los artículos 217 y 218 del Código Penal. Idéntica situación ocurre con el otro fallo señalado por la impetrante, es decir la Sentencia de Casación Penal SP 180-2006, misma que ha transcrito únicamente la posición que tenía el recurrente en ese caso específico, pero no la posición de la Sala, la cual transcribimos a continuación: “El motivo de casación en el fondo por Aplicación Indebida del precepto penal sustantivo contenido en el artículo 218 párrafo segundo del Código Penal Vigente, formalizado por el Abogado C. A. O. R., apoderado defensor del imputado N. E. B. C., debe declararse sin lugar por las razones siguientes: Argumenta El impetrante: “Que en el presente caso los hechos probados por el A Quo no resulta que el señor N. E. B. C, haya tenido participación a titulo de autor en el ilícito por el cual se le condena, si bien es cierto que en la declaración del factum de la sentencia deberá de aceptarse como verdadera e irrebatible por el principio de inmediación, por lo que no puede cuestionarse, pero también es muy cierto que el Tribunal de Sentencia no valoró de forma objetiva el testimonio del testigo A. M. A., quien al momento de sus deposiciones, aunando a ello, de la inmediación que se tuvo, pudimos observar que durante sus dichos, este testigo divorciado totalmente de la verdad e incriminando a una persona inocente, realizaba acciones tendiente a frotarse las manos, cruzar los brazos entrelazados, mirar de manera constante y reiterativa hacia los techos......... que de acuerdo con las reglas de la experiencia es del conocimiento que forma parte del lenguaje corporal, violentándose de esta manera las reglas de la sana critica”. De lo expuesto por el recurrente sin lugar a dudas que cae en el error de confundir su impugnación en la forma en que supuestamente ocurrió la violación de la sentencia, en ese sentido cuando se alega violación a las reglas de la sana critica, su planteamiento recursivo debe de ser por Quebrantamiento de forma y en el caso especifico el cual se argumenta “Aplicación Indebida del precepto Penal Sustantivo contenido en el articulo 218 párrafo segundo del Código Penal Vigente”, su impugnación es por Infracción de Ley”. En este caso el impetrante debe partir con su acción impugnativa de los hechos probados de la sentencia y examinar si en esos hechos probados se subsume el tipo penal por el cual se le condena a su representado, consecuentemente al examinar la sentencia se concluye en sus hechos probados que la conducta del imputado se subsume en el tipo penal establecido en el artículo 218 del Código Penal. Por último, no está de más recordar que cuando se alega la Infracción de aplicación Indebida de un precepto penal sustantivo, esta se origina cuando el juzgador, en el momento de aplicar la ley, aplica una proposición jurídica que no corresponde a la situación fáctica que se ha planteado, extremo que no ocurre en el presente caso. Por lo anterior el presente motivo se declara sin lugar”. Así las cosas, es fácil darse cuenta que la recurrente no tiene razón en cuanto a las supuesta doctrina legal asumida por esta Sala en los fallos señalados y lo que pretendió en buena parte de su impugnación es sorprender a este Tribunal con falacias. 3) Respecto al punto central de la impugnación de la recurrente, la cual considera que los hechos probados dictados por el A-quo, fueron erróneamente subsumidos en el tipo penal de Robo de vehículo modalidad del artículo 218D del Código Penal y que en su lugar se debió aplicar el artículo 388 del mismo cuerpo legal, que recoge el delito de Encubrimiento, esta Sala ha revisado la fundamentación fáctica de la sentencia recurrida y se desprende de ello que el imputado D. D. H. D., el día 09 de agosto del 2011, fue encontrado por agentes de la Dirección Nacional de Tránsito con una motocicleta marca Yamaha, color negra, año 2010 serie PCK6KE115790001114 que en días pasados habían despojado al señor J. O. P., vehículo respecto al cual, no portaba ningún documento válido de circulación o propiedad; para esta Sala, estos hechos probados son típicos de un delito de Robo de vehículo en su modalidad del artículo 218D del Código Penal, tal como lo ha analizado el juzgador, pues el acusado se encontró en disposición de un vehículo que era robado, no presentó ninguna documentación que acreditara que había sido comprado o adquirido de buena fe, y estaba en posesión de la motocicleta que en días anteriores le habían despojado a su verdadero dueño; considerando esta Sala de lo Penal, que los hechos se subsumen de manera perfecta en el tipo penal que utilizó el sentenciador, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, primer motivo 1) La censora denunció la inobservancia de las normas de la realización del Juicio Oral y Público, exponiendo como precepto autorizante el artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicó la recurrente que la calificación legal que ostentó la acusación hasta antes de la audiencia de debate fue posesión de vehículo robado, pero que en la formalización de cargo del juicio oral, el agente fiscal alteró la calificación de la conducta, de posesión a adquisición de vehículo robado; de lo cual la defensa del imputado reclamó, siendo la justificación del fiscal que los conceptos de posesión y adquisición son la misma cosa y el sentenciador tomó como suyas dichas explicaciones. En bienes muebles, como lo es la motocicleta, únicamente la tenencia ininterrumpida, pacífica y a título de dueño por más de tres años genera constitución del dominio, es decir adquisición. La tenencia que no cumple dichas condiciones no genera traslación de dominio, lo cual conlleva que tampoco ocurre la adquisición. 2) Consideramos necesario señalar, que la censora no ha cumplido con los requisitos que plantea el artículo 363 del Código Procesal Penal, es decir con el Principio de Debida Técnica Recursiva, pues no fue específica en establecer cuál es el precepto que le autoriza la interposición de la presente impugnación, pues ha señalado el artículo 362 de manera general, pero el mismo esta contenido por 6 incisos, de los cuales no ha especificado la recurrente en cuál de ellos se fundamenta. Según entiende esta Sala, por el enunciado que la recurrente expresa en su escrito de interposición, su impugnación refiere a lo regulado en el precitado artículo 362 numeral 5 del CPP, es decir la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del Juicio Oral y Público, supuesto que esta Sala ya ha establecido, de manera jurisprudencial, sus alcances y posibles situaciones: En este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante de juicio; el debate, por lo cual esas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa del juicio: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto en particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia, que su violación afecte el proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el debate están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. Tendrá validez la invocación de vicio, cuando se trate de una infracción a una de estas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir, las que desarrollan los principios apuntados. En consecuencia, deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía[1]. 3) Ante las explicaciones señaladas, se hace evidente para este Tribunal de Casación, que la recurrente ha equivocado la vía recursiva con la cual pretende su impugnación, pues según lo explicado, el hecho de que el fiscal de Ministerio Público, solicitara en la formalización de acusación la modificación del tipo penal por el cual era perseguido el imputado, de posesión a adquisición de vehículo robado, dicha actuación no implica violación a los principio regentes del juicio oral, pues dicha situación fue oportunamente protestada por la recurrente mediante el Principio de Contradicción, la misma fue expresada de manera oral, respetándose así el Principio de Oralidad y también el resto de Principios de Concentración, Inmediación y Publicidad. Los alegatos de la censora son propios de otros motivos de casación, que al no ser oportunamente formalizados no puede esta Sala de manera oficiosa revisar dichas actuaciones. Por todas las razones antes expuestas es procedente desestimar el presente motivo de casación. Segundo Motivo de casación por Quebrantamiento de Forma 1) Expresó la recurrente que la redacción de hechos probados es contradictoria, señalando como norma autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explicó que hay una confrontación de los términos inconciliable, pues la conducta reprochada consiste en “se conducía a bordo de una motocicleta que estaba estacionada”, la contradicción es pueril, pues no puede una motocicleta al mismo tiempo estar en tránsito y estacionada a la vez. 2) En cuanto a la contradicción de los hechos probados, los alcances de este motivo han sido establecidos mediante jurisprudencia de esta Sala en estos términos: Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación del otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir “in terminis” y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. Hay que recordar que el artículo 338, sección cuarta, numeral 1 del CPP, exige que los hechos probados se redacten en forma coherente y esa demanda no podría satisfacerse si dentro del relato factico existiese la yuxtaposición de acontecimientos. La trascendencia del vicio es tal, que de encontrarse acontecimientos que se nieguen unos a otros, por un lado habría dudas de la valoración de pruebas efectuada por el juzgador y, por otro, generaría la dificultad de asignar correctamente la norma que resuelva el conflicto penal en vista que no podría ajustarse a dos circunstancias contradictorias reconocidas como verdades por el Juzgador[2]. 3) Según el motivo invocado por la recurrente se requiere la revisión del cuadro fáctico declarado probado por el sentenciador, quien de manera literal estableció: “PRIMERO: El día veinticuatro (24) de julio del año dos mil once (2011), en el desvío de Cruz de Valencia del Municipio de La Lima, departamento de Cortés, a eso de las dos (02) de la tarde, el señor J. O. P. G. fue despojado de un vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, color negra, año 2010, serie PC6KE115790001114, sin placas, de su legitima propiedad, por cuatro individuos desconocidos que lo intimidaron, ya que se encontraban armados. SEGUNDO: En fecha nueve (09) de Agosto del año dos mil once (2011), a eso de las 3:00 de la madrugada, Agentes de la Dirección Nacional de Tránsito, realizando un patrullaje de rutina en el sector del Balín jurisdicción del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, requirieron al señor D. D. H. D., quien se conducía a bordo de una motocicleta que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera que conduce hacia la ciudad de Tegucigalpa, misma que quince días antes había sido sustraída al señor J. O. P. G., vehículo automotor respecto al cual, no portaba ningún documento válido de circulación o propiedad. Asimismo, los agentes policiales, requirieron a otra persona que acompañaba al señor D. D. H. D. en calidad de pasajero.” El señalamiento de la censora y por lo cual considera contradictorios los hechos probados, es porque el sentenciador estableció que: “…requirieron al señor D. D. H. D., quien se conducía a bordo de una motocicleta que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera…” pues es del criterio que no es posible que el imputado se condujera a bordo de una motocicleta y al mismo tiempo que ésta estuviese estacionada. Para esta Sala de lo Penal, la redacción de la fundamentación fáctica no se torna contradictoria, pues todo depende del sentido que pretenda dársele al termino de “conducía”; para la Sala se entiende que el señor D. D. H. D. se condujo a bordo de la motocicleta hasta el municipio de Santa Cruz de Yojoa, estacionando su motocicleta a la orilla de la carretera, momento en el que fue requerido, es decir los hechos refieren que él y otra persona se conducían en ella, no en el momento de requerirlos pues se dice que la misma estaba estacionada, pero es evidente que ellos se conducían o trasladaban en esa motocicleta. Concluye este Tribunal de Casación que la fundamentación fáctica de la sentencia es coherente, lógica, ubicando al lector en tiempo y espacio, siendo claro en las acciones cometidas por el imputado, razones suficientes para declarar no ha lugar el presente motivo de casación. Tercer Motivo de de Casación por Quebrantamiento de Forma 1) Estableció la censora la infracción a las reglas de la sana crítica, consignando el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal como norma autorizante. Explicó la recurrente que infringió la ley de la derivación suficiente, pues la sentencia manifiesta que, de la declaración de estos testigos no puede inferirse qué persona tenía en posesión material el vehículo, ya que fue éste la persona que primeramente, al ser requerido por la autoridad, mostró únicamente licencia de conducir, en tanto que el otro acompañante del acusado se le fue decomisado un arma de fuego de posesión irregular. Considera la impetrante, que el portar una licencia no determina quién de las dos personas halladas cerca de la motocicletas era su poseedor, es decir quién tenía el ánimo de dominio sobre ella, por lo que de aquella premisa, podría generar sospecha, a grado de mera probabilidad, sin adquirir certeza plena. 2) Como criterio jurisprudencial ha establecido este Tribunal de Casación, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento, al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: a) Coherencia, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: i) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; ii) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; iii) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. b) Derivación: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Esta Sala de lo Penal considera que la recurrente no ha utilizado la debida técnica recursiva para desarrollar el presente motivo de casación, pues señala la ley de derivación suficiente como regla violentada, pero dicha ley no existe como tal, sino que es la regla de la lógica en sus principios o postulados de derivación o razón suficiente; al desarrollar su impugnación trae a colación unos razonamientos que utilizó el juzgador para valorar unas declaraciones testificales, pero dichos argumentos se vuelven inconclusos al no ser especifica en mencionar a que testigos se refiere; por último la censora realiza una revaloración probatoria, externando de manera subjetiva su criterio de cómo se debió valorar esos testigos, proceso mental que no es permitido en esta etapa de casación. Sin embargo, en aras del control de convencionalidad que debe observar todo Tribunal de la República, en virtud de los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y específicamente lo regulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo al Derecho de las personas imputadas a recurrir un fallo, esta Sala de lo Penal, a pesar de las inconsistencias de la recurrente, analizará sus juicios de valor para determinar si existe un adecuado uso de las reglas de la sana crítica. En el apartado “Valoración de la Prueba” de la Sentencia recurrida, el Tribunal Sentenciador razonó las declaraciones de los testigos: a) J. O. P. G. quien es el ofendido y a quien le conceden total credibilidad, su testimonio es verosímil sin ánimo de perjudicar al imputado, teniendo una singular potencia acreditativa al vivenciar el evento que describió, pues como ofendido es quien mejor puede explicar la dinámica de los hechos; b) F. H. S., y c) J. A. G. L. quienes son policías de Tránsito; a quienes el juzgador les otorga credibilidad, pues no tienen interés en la presente causa y tuvieron conocimiento en razón de sus cargos, siendo congruentes sus testimonios y coincidente con la prueba documental; acreditándose con ella que al señor D. D. H. D., se le encontró en disposición de una motocicleta con reporte de robo y sin documentación de propiedad que avalara dicha adquisición. En el resto de numerales el juzgador realizó amplias motivaciones acerca de la prueba documental y pericial, así como la prueba de la defensa, medios probatorios que fueron ampliamente razonados por el A-quo, cuyos razonamientos se encuentran plasmados en la sentencia y son la base que fundamenta su decisión de culpabilidad del acusado. Al analizar los raciocinios del sentenciador es fácil detectar que sus razonamientos son coherentes, lógicos y derivados del legajo probatorio, extrayendo conclusiones a partir del resultado probatorio y aplicando en sus juicios de valor las reglas del recto entendimiento humano, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Por las razones ampliamente vertidas, se declaran no ha lugar los Recursos de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuestos por la defensa del acusado. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362.1.3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la abogada N. E. F. Q., en su condición de Defensora Privada, del señor D. D. H. D., a quien se le condenó por el delito de Adquisición de vehículo robado (Artículo 218D Código Penal), en perjuicio de J. O. P. G.. Segundo: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su tres motivos interpuesto por la abogada N. E. F. Q., en su condición de Defensora Privada del señor D. D. H. D., a quien se le condenó por el delito de Adquisición de vehículo robado (Artículo 218D Código Penal), en perjuicio de J. O. P. G.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO R. VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-217-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gómez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, 2004. Páginas 601 y 602

[2] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, 2004. Página 595.