Sentencia CP-216-13 — Registro 7944
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de por el delito de Comercialización Ilegal de Productos Forestales (madera), en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."En relación a los juicios de valor utilizados por el sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. Respecto a los cuestionamientos sobre el perito que realizó varios dictámenes, al señalar el censor que no cuenta con los estudios universitarios para realizarlos, ya el Código Procesal Penal establece los momentos, causales y las etapas en que se pueden recusar a los peritos, si no fue presentada recusación en el momento procesal oportuno, como sucede en el caso de autos, no puede ser ahora alegado en casación. Razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Por los argumentos vertidos, es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 216-2013 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de octubre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho con sede en Juticalpa, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor O. A. Á., del delito de Encubrimiento, en perjuicio de la Administración Pública. 2) Condenando al señor O. A. Á. a la pena de seis años de reclusión mas una multa de trescientos treinta y cinco mil, seiscientos diez lempiras (L 335, 610.00), por el delito de Comercialización Ilegal de Productos Forestales (madera), en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. 3) No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. 4) Declaró la responsabilidad civil del acusado O. A. Á., asimismo le decretó a dicho imputado la Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado R. A. M. T., en su condición de Apoderado Legal del señor O. A. Á. Son Partes: El abogado R. A. M. T. en su condición antes indicada, como recurrente y el abogado S. C. A. en su calidad de representante del Ministerio Publico, como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Entre doce de la noche y dos de la madrugada del día miércoles dieciocho (18) de febrero del año dos mil nueve (2009), a la altura del Hotel La Hacienda, de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, elementos de la Policía Nacional Preventiva, detuvieron un camión del Ejercito del Estado de Honduras, en el que se transportaban los Militares L. A. P. y D. O. H., con la cantidad de ciento treinta (130) piezas de madera de caoba, sin portar ninguna documentación que amparara el aprovechamiento y el transporte de la misma. SEGUNDO: De las investigaciones realizadas se determinó que dicha madera había sido comprada por el Coronel J. S. R. A. al encausado O. A. Á., mediante factura No. 033/2009, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil nueve (2009), extendida por la empresa PLANTACIONES FORESTALES Co. S. DE R.L. DE C.V. EL CAMPO, con sede en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho, a favor de SEDENA/APOYO AL MUSEO DE HISTORIA MILITAR, cuya empresa era propiedad del imputado O. A. Á., misma que no se encontraba legalmente registrada en el Instituto de Conservación Forestal (ICF), como industria primaria, secundaria o como depósito de madera, por lo que no se le podía extender ningún tipo de factura o guía de movilización para el transporte de la misma. TERCERO: El encausado O. A. Á. pretendió amparar la legalidad de la madera con la factura número J-56926, extendida por la CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL COHDEFOR ahora INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF, a favor de la COOPERATIVA LA MONTANUELA, la cual al ser analizadas se concluyó que el producto forestal decomisado y descrito en los dictámenes técnicos UTA-FEMA JUT 08/2009 y UTA FEMA CAT 09/2009 tiene baja relación con el volumen descrito en la factura J-56926, por lo que no podría ampararse la madera decomisada con dicha factura.” III. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente abogado R. A. M. T., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, de la manera siguiente: EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. I. AL QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. AL PRIMER MOTIVO: “Inobservancia de las reglas de la Sana Crítica en el proceso de valoración de la prueba” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En este sentido recurrimos la presente resolución en virtud que en la celebración de la Audiencia de Juicio Oral y Público, y en cuanto a la valoración de la prueba se infringieron las reglas de la Sana Crítica, señalando de forma escueta las reglas de la lógica en su apartado, el porqué determinar una presunta responsabilidad en un ilícito penal, pero a su vez la declaración de inocencia de mi representado por un presunto “Encubrimiento”, desconociendo hasta el momento cual fue la razón y circunstancia por la cual se le señalo responsabilidad a mi poderdante y por lo cual el Tribunal de Sentencia lo declaró Inocente y por ende se dictó la respectiva sentencia absolutoria, no siendo la misma resolución en cuanto a otro presunto ilícito de Comercialización Ilegal de Productos Forestales, resolución que no es acorde a las pruebas ofertadas por las partes y en la cual de acuerdo a la regla de las máximas de la experiencia y que de las pruebas evacuadas en juicio no cabe duda y más bien certeza de la inocencia de mi representado. PRONUNCIAMIENTO DE ESTA DEFENSA PRIMERO: Este sistema de la valoración de la Prueba como es el de la Sana Crítica Racional es aquel que exige que la sentencia se motive expresamente y el razonamiento realizado por el juzgador para obtener su convencimiento. El juzgador deberá ajustarse en todo momento a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos, de ahí que necesariamente tenga la obligación de exteriorizar el razonamiento probatorio empleado tal como debió este tribunal en el fallo injustamente dictado en su resolución, plasmándolo en el texto de la sentencia como única forma de controlar su racionalidad y coherencia. La motivación fáctica de esta sentencia ha permitido constatar que la libertad de ponderación de la prueba ha sido utilizada de forma no correcta, ni adecuada y que ha generado en arbitrariedad. En este proceso la convicción del Tribunal al momento de tornar su decisión debió haberse realizado con hechos y circunstancias concretas y no simples conjeturas en cuanto a la ilicitud del origen de las piezas de convicción cuestionadas. SEGUNDO: Señalamos y como podrá ser observado por esta Honorable Sala, que en la valoración de prueba el Tribunal Sentenciador violenta las reglas de la Sana Crítica Racional dentro de estas la lógica, la que se define como el estudio de las reglas y métodos para distinguir el razonamiento válido del inválido. Un razonamiento viene a ser como todos sabemos el producto de una inferencia, pues puede ser entendido como un conjunto de proposiciones tal que una de ellas (la conclusión) se afirma que se deriva de las otras (las premisas), las cuales son consideradas como elementos explicativos de la primera y así nacen los silogismos, si leemos claramente las sentencia veremos que cada uno de los medios de prueba evacuados en juicio estos son la premisas que no fueron analizadas lógica y coherentemente para llegar a la conclusión, este es el fallo condenatorio. Sin embargo la Lógica tiene sus reglas: Ley de la identidad, Ley de la contradicción, Ley de tercero excluido, y Ley de la razón suficiente, por lo cual recurrimos a la ley de contradicción, por eso decimos refiriéndonos a ésta regla de la lógica que debemos realizar una valoración justa e ecuánime acerca de los medios probatorios que fueron aportados por el ente acusador como por parte de nuestra defensa que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada o probada. Por ejemplo en el juicio Oral y Público mi defendido O. . Á., fue condenado a un supuesto delito de Comercialización ilegal de productos forestales, porque su empresa de plantaciones forestales no se encontraba registrada, pero acaso este no será una sanción o una supervisión que debería realizar las instituciones que han sido creadas para estas actividades y de ser necesario mantener una constante vigilancia en cuanto al cumplimiento de los requisitos que los mismos deben de cumplir, no es así que nos enfrentaríamos a una presunta sanción administrativa, por no cumplir uno de los requisitos pero sin embargo la misma ha cumplido con los demás procedimientos legales, tales como fueron acreditados en la incorporación de los medios probatorios de la defensa, que en ningún momento fueron analizados y valorados por parte de los miembros del tribunal, excepto porque los mismos fueron enumerados corno una forma de no causar indefensión a mi representado, pero que finalmente ha infringido de manera contraria sus derechos constitucionales; es así que refiriéndose a un extracto de la motivación, nos preguntamos en qué momento se determinó claramente a través de una prueba científica, en este caso la practicada por parte del Laboratorio de Documento logia, que la factura número 56926 careciera de autenticidad, si la misma fue extendida por parte de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal COHDEFOR ahora Instituto de Conservación Forestal ICF, si el propio perito al ratificar su experticia señalo que su dictamen no era concluyente en cuanto a las firmas que fueron comparadas con mi representado, pero no así existió una investigación acerca de la originalidad de la misma, puesto que la misma si fue entregada por parte de la institución forestal, tal como fue relatado por Parte de los representantes de la Cooperativa La Montañuela, y los que claramente depusieron que les habían ofrecido colaborar para la obtención del beneficio otorgado, pero que estos habían entregado la documentación y que por el transcurso del tiempo habían olvidado la negociación, véase en ningún momento habla acerca de la perdida, extravió o algún hecho que no fuera conocidos por sus miembros. Es interesante señalar la participación de los funcionarios encargados de la investigación de los hechos, como es la caso de la señora Fiscal M. F., quien al iniciar las diligencias fue la persona quien contaba en su poder la factura que correspondía a la utilización de la madera, pero la cual astutamente la mantuvo en su poder desconociendo las razones, pero casualmente las misma copia aparece incorporada finalmente en el expediente administrativo de COHDEFOR, así mismo contamos con una serie de dictamen que fueron elaborados por un perito del ente investigador, que sea dicho de paso el mismo cuenta con una denuncia presentada en la propia institución que labora, debido a que el mismo ha utilizado a vista y paciencia de la autoridad un título académico que no le corresponde, puesto que no cuenta con estudios universitarios para acreditarse tal experticia, pero que fueron la base de análisis en la presente causa, a pesar de que el hecho es de carácter público en la comunidad, con lo cual queda evidenciada, de acuerdo a la doctrina, en este caso por parte de Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio”. (Art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal, Williams Rabanal Palacios).-Es así que este hecho fue conocido por parte del ente investigador, el cual rige sus actuaciones bajo el principio de objetivad, en cuanto debe plantearse sus peticiones tanto para acreditar la responsabilidad, como para excluir la misma, al tener conocimiento ipso facto de hecho infractor del procedimiento, circunstancia que no ha sido propuesta ni analizada, es así que nos seguimos preguntando donde se encuentra la evidencia, refiriéndonos a lo que fue decomisado al momento de realizarse la detención de los miembros militares, si esta nunca fue puesta a la orden del tribunal y por ende nunca fue valorada ni declarado su comiso, entonces bajo que plataforma judicial se le está garantizando su responsabilidad a mi representado, entre otros estos medios de prueba dieron razón suficiente para quebrantar la inocencia, con todo respeto eso no es RAZON SUFICIENTE. TERCERO: En cuanto a los hechos probados consignados en la sentencia por parte de la Juez ponente, los mismos se vuelven reiterativos y repetitivos puesto que en ningún apartado habla acerca de los sendos medios probatorios que fueron incorporados por la defensa, y los cuales contradecían uno a uno las pretensiones de la fiscalía, y que debieron ponerse frente a frente a fin de determinarse que los hechos denunciados, en ningún momento debieron acudir al ámbito penal, sino no más bien debieron haberse resuelto de manera administrativa al verificarse con conocimiento de causa, cuáles fueron los procedimientos que fueron cambiando con el transcurso del tiempo, como por ejemplo simplemente el nuevo nombre que se le fue colocado a la institución forestar, cuáles eran sus nuevas prioridades, tramites internas y cualquier circunstancia que fuera de utilidad para llegar a la verdad de los hechos, pero que sin embargo causan una infracción grave al violentar el principio de inocencia, al emitir un fallo a mi defendido, llegando a una conclusión de condena sin tener razón suficiente, ya que llegó a esa conclusión sin haber prueba de ellos, quedando claramente establecido que la madera correspondía a una compra realizada a una cooperativa, la cual se respaldada con una factura original emitida por parte de la propia Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) nos preguntamos donde se encuentra la ilicitud del acto comercialmente licito.- No hubo ningún medio de prueba que demostrara que esas firmas fueran la suya, un medio de prueba adecuado para demostrar esto hubiese sido concluido en el dictamen calígrafo para demostrar suficientemente quien era el autor, pero el Ministerio Público no logro su cometido, por el propio testimonio del experto documentologo, con lo que lógicamente se expone la violación de la reglas de la sana critica racional al hacer inferencias irracionales desde el punto de vista de la valoración de la prueba, ya que se puede ver que sus inferencias son personales lo que ella cree, no lo que las pruebas le inducen, en tal sentido esa condena establecida no está ajustada a derecho, por violar la reglas fundamentales de la Sana Crítica Racional en sus conceptos de la Lógica y sus principios de la ley de Razón Suficientes, y también violación de las máximas de la experiencia. CUARTO: Por lo antes expuesto y con la valoración adecuada y correcta sin violentar los principios de la Sana Critica Racional y valorada la prueba en su conjunto como lo manda la ley, no se podía llegar más que a una conclusión declarar absuelto de toda Responsabilidad Penal al señor O. A. Á. debiendo restituir y confirmar su estado de Inocencia. Del supuesto delito de Comercialización ilegal de productos forestales en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, ya que su actuación se origina de una licita actividad comercial, la cual se desprende de la compra y venta autorizada por la propia ley. QUINTO: El Tribunal Juzgador en el apartado de valoración probatorio estableció las razones que le llevaron a formar su convencimiento inadecuado, señalando las probanzas relacionadas y las conclusiones que extrajo de cada una de ellas, las cuales derivan en la presunta participación a título de autor del señor O. A. Á. en el delito de Comercialización Ilegal de Productos Forestales, mismos que no fueron evacuados bajo el principio del contradictorio por otros de igual o mayor valor probatorio durante el juicio, lo que evidencia que el vicio denunciado ha causado un grave perjuicio al estado de inocencia de mi poderdante, al declarar una responsabilidad penal, que no ha podido demostrar el propio Ministerio Público, en el desarrollo de la Audiencia de Debate. Como resultado de lo anteriormente expuesto, esta defensa recomienda respetuosamente se proceda a revocar la sentencia condenatoria que ha sido dictada, en flagrante violaciones ampliamente expuestas.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Estableció el recurrente, que el Tribunal Sentenciador incurrió en inobservancia a las reglas de la sana crítica, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que se infringieron las reglas de la sana crítica, específicamente de la lógica, pues se desconocen las razones por las cuales se responsabilizó al acusado del delito de comercialización ilegal de productos forestales, por el hecho de que la empresa propiedad del acusado, no se encontraba registrada, lo cual ameritaba a lo sumo una sanción administrativa. Cuestionó el impetrante, que el juzgador consideró la factura número 56926 como carente de autenticidad, sin contar con una prueba científica que lo acredite, pues ese documento fue extendido por la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal COHDEFOR ahora denominado Instituto de Conservación Forestal ICF. Advirtió también el recurrente, que se contaron con una serie de dictámenes elaborados por un perito del ente investigador, el cual cuenta con una denuncia presentada por la propia institución donde labora, debido a que el mismo ha utilizado a vista y paciencia de la autoridad un título académico que no le corresponde, puesto que no cuenta con estudios universitarios para acreditar su experticia, dichos dictámenes fueron la base del análisis de la sentencia condenatoria. Por último refiere el censor que los hechos declarados probados por el sentenciador, se vuelven reiterativos y repetitivos, puesto que en ningún apartado se habla de los sendos medios probatorios que presentó la defensa, los cuales contradecían las pruebas de la fiscalía. 2) Resulta bastante difícil para esta Sala de lo Penal, dar respuesta a una impugnación en donde se evidencia la inadecuada técnica recursiva del censor y su desconocimiento total a la conformación y argumentación de un recurso de casación, pues en primer término, en el encabezado de su escrito, enuncia la interposición de un recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, pero al momento de consignar la exposición de los motivos de casación, señala uno por quebrantamiento de forma, puntalmente la inobservancia a las reglas de la sana crítica; mas adelante, al desarrollar su impugnación, se refiere a la violación a las reglas del recto entendimiento humano (la lógica y la razón suficiente), sin consignar y/o señalar cuáles son esos razonamientos erróneos del juzgador; efectuando el censor, de manera subjetiva, una revaloración del legajo probatorio, proceso mental que no es permitido en esta etapa de casación, ya que dichos raciocinios incumben únicamente al A-quo, pues es éste quien ha tenido contacto con la prueba y su desarrollo; por último cuestiona el recurrente los hechos probados, los que considera reiterativos y repetitivos. Ante la inadecuada técnica recursiva que plantea el censor en su impugnación, consideramos importante recordar nuestro criterio jurisprudencial sobre la debida técnica que debe observar el recurrente en las casaciones penales: el principio de Debida Técnica, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” ( Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación, a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso. Por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal; b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida; y c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión[1]. 3) A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las Garantías Judiciales exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 4) En ese sentido este Tribunal de Casación, en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal y si el Juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. Iniciaremos con el cimiento de toda sentencia penal, es decir los hechos probados, los cuales al analizarlos se observa que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, de tal forma que ubican al lector en tiempo y espacio, siendo claros en las actuaciones que realizaron los diferentes actores, pero específicamente en las acciones ejecutadas por el imputado O. A. Á. y encajando de manera perfecta en la norma penal por el cual fue condenado el imputado, es decir por la comercialización ilegal de productos forestales, penado mediante decreto legislativo 156-2007 en su artículo 174 de la Ley Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre. En relación a los juicios de valor utilizados por el sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, es posible deducir que los argumentos del A-quo son racionales, coherentes y se derivan precisamente del legajo probatorio, pues realizó una valoración tanto individual como conjunta de toda la prueba, en cuyos raciocinios se observa la aplicación de las reglas de la sana crítica. Respecto a los cuestionamientos sobre el perito que realizó varios dictámenes, al señalar el censor que no cuenta con los estudios universitarios para realizarlos, ya el Código Procesal Penal establece los momentos, causales y las etapas en que se pueden recusar a los peritos, si no fue presentada recusación en el momento procesal oportuno, como sucede en el caso de autos, no puede ser ahora alegado en casación. Razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Por los argumentos vertidos, es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 174 de la Ley Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre. FALLA: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el abogado R. A. M. T., en su condición de defensor privado del imputado O. A. Á., a quien se le condenó por el delito de Comercialización Ilegal de Productos Forestales en perjuicio de la Administración Pública. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-216-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012