Sentencia CP-192-13 — Registro 16046
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de Proxenetismo y Trata de Personas, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO.- Para resolver el caso, la Sala de lo Penal debe primero hacer pronunciamiento sobre la licitud o ilicitud de la aprehensión hecha por la Policía Preventiva a los acusados Gladis Rosaura Méndez Rápalo e Igor Manrique Perla Montes, pues de ello dependerá lo referente a la existencia o no de pruebalícita derivada de dicho acto. Para ello se hacen las siguientes reflexiones: 1) VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA La Censora ha puesto a consideración de esta Sala de lo Penal pronunciarse sobre los alcances de la aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República, que erige el debido proceso judicial como derecho fundamental, sin embargo tal análisis pasa primero por determinar si se ha existido violación del artículo 69 que contiene el derecho fundamental a la libertad, y del artículo 84 que regla la reserva de ley sobre aquel derecho fundamental, desarrollado el artículo 175 del Código Procesal Penal, como norma procesal secundaria. Ha señalado la censora que los acusados se encontraban en condición de flagrancia y que a ello obedeció que fuesen aprehendidos por la Policía Nacional Preventiva, fundamentándose en que tal potestad fue dada por el numeral 1 del Artículo 175 del Código Procesal Penal (Fundamento de su Recurso).- El artículo citado dispone que cualquier persona podrá ser aprehendida cuando: “Sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo”, para ello se requiere: 1. Inmediatez Causal: Comisión actual o inminente de un delito. 2. Inmediatez Personal: Que el sujeto activo sea observado por un tercero al momento de la ejecución o al momento de ir a cometer el delito. El tercero deberá haber percibido por sus sentidos la comisión actual del delito o tenga conocimiento cierto de la inminencia de éste como consecuencia de actos preparatorios percibidos. 3. Inmediatez Temporal: Que el tercero reaccione ante la situación que observa, privando de la libertad a la persona o personas que en apariencia racional estén cometiendo el delito o vayan a realizarlo.- Requiere la no disolución de tiempo entre la percepción sensorial del delito que se está comiendo o del conocimiento de la inminencia del delito y la acción de aprehensión de las personas; y 4. Elemento Subjetivo: El tercero que realiza la aprehensión debe tener conocimiento y voluntad en su actuar, pues sin ello la aprehensión sería ilegal.- La persona debe: i) Conocer sobre la inminencia de la comisión de un delito, teniendo la voluntad de evitarlo mediante la aprehensión del posible perpetrador y además de poner a la orden a la persona de la autoridad competente o; ii) Conocer sobre la comisión actual de un delito, teniendo la voluntad de aprehender al que en apariencia es su responsable, a efecto de que pueda ser puesto a la orden de autoridad competente. En el caso que nos ocupa, en la audiencia de debate no fue presentada orden de captura emitida por Tribunal competente, tampoco orden de detención preventiva emitida por el Ministerio Público y convalidada por órgano jurisdiccional; la prueba respecto a la aprehensión de los acusados consistió en la declaración testifical del Agente de Investigación Reynaldo Humberto García García (f. 593), el que declaró que el día primero de marzo de 2012, detuvo a los acusados y a cuatro jóvenes más, quienes se conducían a bordo de un vehículo, de servicio de taxi con número 0425, en las proximidades del Restaurante La Muralla China, en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, dándose cuenta posteriormente que las cuatro jóvenes eran ofendidas del delito; explicó que el acusado Igor Manrique Perla Montes conducía el taxi, que en el interior fue encontrada la acusada Gladis Rosaura Méndez Rápalo y cuatro jóvenes más, a quienes se les detuvo por una denuncia previa y por orden del Ministerio Público.- Con esta declaración se descarta lo alegado por el Ministerio Público, recurrente en esta única instancia, de que los acusados fueron capturados en flagrancia, pues el agente de policía que realizó dicha aprehensión declaró que ello fue como consecuencia de existir una denuncia y obedeciendo indicaciones de un Agente Fiscal y además que la aprehensión fue realizada al momento en que los acusados estaban a bordo de un vehículo en el que se desplazaban, es así que no fue como consecuencia de haber presenciado la comisión de un delito como se ha señalado en el recurso. En conclusión, se descarta la existencia de causa probable que legitimara la aprehensión de los acusados al no existir flagrancia y al no haberse acreditado que existía orden escrita emitida por autoridad competente sustentada con las formalidades que exige ineludiblemente la ley, violentándose el derecho fundamental a la libertad ambulatoria, contenido en el artículo 69 de la Constitución de la República, pues no concurrieron ninguna de las circunstancias de reserva de ley que prevé el artículo 84 del mismo cuerpo legal, desarrollado en ley secundaria en el Código Procesal penal en el artículo 175. 2) INDEBIDA EXCLUSIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, llama a los Estados partes a sancionar a todas aquellas personas que concertaren la prostitución de otra, aun con su consentimiento (Art. 1.1); Por otra parte, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como Trata de Personas “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la […]concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, […]”, advirtiendo que el consentimiento dado por la víctima de la trata de persona no se tomará en cuenta (Art. 3); agrega el Protocolo in comento que los Estados Partes deberán establecer políticas, programas y medidas para proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños contra un nuevo riesgo de victimización (Art. 9.b). El caso que nos ocupa trata de una acción penal en donde se señala a dos personas como presuntos responsables de un delito de Trata de Personas por Explotación Sexual; proceso en donde los Jueces de Sentencia declararon ilícita la aprehensión de los acusados Gladis Rosaura Méndez Rápalo e Igor Manrique Perla Montes, y como consecuencia de ello, declarando igualmente ilícito los medios de prueba que derivaron de dicho acto compartían el mismo vicio de ilicitud, siendo estos: 1. Acta de Registro al acusado Igor Perla. 2. Acta de Decomiso (Incautación) al acusado Igor Perla. 3. Acta de Decomiso (Incautación) a la acusada Gladis Méndez. 4. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven C. M., 5. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven D. D.. 6. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven M. M..7. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven M. R.; y 8. La totalidad del dictamen de Intervención Telefónica, presentado por el señor Wilmer Adán Barahona León. Sin embargo tal decisión adoptada por los juzgadores no es del todo acertada, pues parte del supuesto de que las seis personas aprehendidas se encuentran en igual condición frente al proceso penal, lo cual no es así ya que si bien todas ellas fueron privadas de su libertad indebidamente por agentes de la policía, solo dos de ellas tienen la calidad de acusados, teniendo las demás personas la calidad de supuestas víctimas del delito de Trata de Personas, con lo que la decisión del A-Quo lo que hace es revictimizarlas, pues no solo se trata de definir si sufrieron actos de trata de personas, sino que además por un acto ilícito realizado por el Estado, se está excluyendo prueba cuyo origen son ellas mismas y que fueron propuesta en pro de la defensa de sus derechos.- Explicado de otra manera: El Tribunal de Sentencia ha señalado que la aprehensión de las jóvenes C. M., D. D., M. M. y M. R., fue ilícita, de lo cual está de acuerdo este Tribunal de Casación, pues constituye transgresión al artículo 69 de la Constitución de la República. Como consecuencia de ello, el A-quo, declaró el acto de detención ilegal, pero además declaró que toda la prueba derivada de tales aprehensiones igualmente era ilícita, lo cual constituye un error pues implicaría revictimización dado que no solo fueron objeto de una detención ilegal, sino que además el acto reivindicatorio (la declaratoria de ilicitud de la aprehensión y de los actos derivados), excluye prueba que había sido propuesta para determinar si han sido víctimas o no del delito de trata de personas con lo cual se verían doblemente afectadas. Insiste este Tribunal de Casación que se debe discriminar la condición de cada una de las personas que fueron aprehendidas indebidamente por los Agentes de Investigación, así entonces: 1. Se declara ilícita la aprehensión de los acusados Gladis Rosaura Méndez Rápalo e Igor Manrique Perla Montes, como consecuencia igualmente se declara ilícito cualquier medio de prueba que provenga de tal actuación, por el efecto de la teoría del fruto del árbol envenenado, siendo éstos: a. Acta de Registro al acusado Igor Perla, b. Acta de Decomiso (Incautación) al acusado Igor Perla (f. 566); c. Acta de Decomiso (Incautación) a la acusada Gladis Méndez (f. 572) d. Parcialmente el dictamen de vaciado telefónico, presentado por el Señor Wilmer Adán Barahona León (f. 554), respecto a los teléfonos celulares incautados a los acusados e identificados en dicho dictamen como evidencia 1-1 y 1-6, así como toda imagen, video, y demás datos de texto y multimedia que se hayan extraído, gravado y registrado en otros soportes (impresión de imágenes, Memorias extraíbles o USB y Discos Compactos o CD). 2. Se declara ilícita la aprehensión de las jóvenes C. M., D. D.., M. M. y M. R., sin embargo la prueba derivada de tal acto es de carácter lícita por ser una de las excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado, (tal como se ha explicado en el apartado anterior); Como consecuencia son válidas y objeto de valoración los medios de prueba: a. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven C. M. b. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven D. D. c. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven M. M. d. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven M. R.; e. Parcialmente el dictamen de vaciado telefónico, presentado por el señor Wilmer Adán Barahona León, respecto a los teléfonos celulares incautados a las mencionadas jóvenes e identificados en el dictamen como evidencia: 1-2, 1-3, 1-4 y 1-5. Es importante advertir que respecto al dictamen de Intervención Telefónica, presentado por el señor Wilmer Adán Barahona León (f. 546), no tiene como fuente la aprehensión de los acusados y las víctimas, sino una independiente: la información que al respecto remitiesen las Empresas de Telefonía Móvil Tigo y Claro, por lo que de igual forma es incorrecta la apreciación del Tribunal de Sentencia de que este medio de prueba era fruto del árbol envenenado y por tanto igualmente ilícito, por lo que debió ser objeto de valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Como consecuencia de un erróneo criterio, el Tribunal de Sentencia ha dejado de valorar (positiva o negativamente) seis medios de prueba propuestos por el Ministerio Público para acreditar que cuatro personas fueron víctimas del delito de Trata, admitidos por el Tribunal de Sentencia y evacuados en la audiencia de debate, lo que constituye una violación al derecho fundamental a un debido proceso judicial, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, por lo que el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional debe de ser declarado con lugar. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-192-2013 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de abril del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual absolvió a los señores Gladis Rosaura Méndez Rápalo e Igor Manrique Perla Montes, como autores responsables del supuesto delito de Proxenetismo y Trata de Personas, en perjuicio de las jóvenes (Orden Alfabético): C. R. M. P., D. P. D. L., M. B. M. S., M. J. R. G. y M. J. R. R..- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Cesia Estrada Bruner, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado Tomas Erdulfo Ferrera Rivera, apoderado defensor del Señor Igor Manrique Perla Montes, en su condición de Recurrido. I. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: Que en fecha dos de marzo del año dos mil doce mediante dispositivo policial dirigido por el Ministerio Público y ejecutado por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Tela, flagrancia ni orden judicial se produjo la detención de Gladis Rosaura e Igor Manrique Perla Montes junto a 4 personas más del sexo femenino, las que fueron trasladadas a la jefatura de la Policía Nacional de Tela. Segundo: El día 06.01.2013 el psicólogo Oscar Rolando Aguilar Argeñal, Psicólogo del departamento de Medicina Forense del Ministerio Público practicó evaluación a M. J. R. R. y al día siguiente a M. B. M. resultando en las conclusiones siguientes: Con respecto a M. J. R. R.: sin alteración en su capacidades cognoscitivas, lúcida, coherente y orientada, sin mostrar daño orgánico, inteligencia dentro de parámetros normales, con depresión clínicamente significativa, con tendencia a bloquear acontecimientos que le causen dolor como mecanismo de defensa, angustia por no poder desarrollar sus emociones lo que provoca disminución en el razonamiento ya que tiene ideación suicida, autoestima empobrecida al desvalorizarse en su propia opinión como tendencia al rechazo y menosprecio propio. Con respecto a M. B. M.: ausencia de alteraciones mentales en sus capacidades cognitivas, inteligencia en grado normal-bajo, con rasgos de ansiedad por situaciones frustrantes ocasionadas por el ambiente, indiferente consigo misma, ausencia de autoestima, y utiliza el aislamiento como forma de evitación. Con respecto a M. J. R. G. de 18 años, lúcida, orientada, coherente, con inteligencia dentro de los parámetros normales, tendencia a reaccionar de manera racional a los estímulos del ambiente, hace uso constante de mecanismos de defensa para protegerse como la introversión y el aislamiento provocando una conducta represiva lo que tiende a desencadenar embotellamiento emocional por no lograr exteriorizar.”. II. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOSY ARGUMENTOS “Recurso De Casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Exposición De Los Motivos De Casación.- Por Infracción De Precepto Constitucional: Motivo Primero: “Por falta de aplicación de los artículos 84 y 90 de la Constitución de la República en relación al artículo 175 numeral 1 del Código Procesal Penal”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste, que se encuentra vulnerado cuando en sentencia dictada en la presente causa se declara que la detención de los encausados es ilegal y de igual manera la de las presuntas víctimas. Por su parte el artículo 175 numeral 1 del Código Procesal Penal establece: “La policía Nacional podrá aprehender a cualquier persona aún sin orden judicial en los casos siguientes: 1) en caso de flagrante delito, entendiéndose que se produce tal situación cuando: a) sea sorprendido cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo”. A pesar de ello el Tribunal de Sentencia declaró el acto de la detención de los encausados y de las presuntas víctimas como ilegal, por considerar que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 84 Constitucional, que señala. “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito por autoridad competente expedido con las formalidades legales y por motivos previamente establecidos en la ley”. No, obstante el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad. El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además la autoridad debe permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección. Considerando lo expuesto en la norma constitucional y procesal precitadas, de la misma se desprende que facultan al ente acusador a fin de que en casos urgentes y que taxativamente señala el Código Procesal Penal, se proceda a la captura del delincuente in fraganti; y en el caso que nos ocupa el Juzgador es del criterio que no se siguieron las formalidades procesales establecidas para proceder a dicha captura, señalando que si bien es cierto se ordenó por parte del ente acusador auto motivado de aprehensión, el mismo no fue convalidado; diligencia que a nuestro criterio no era necesaria, en virtud que al momento de la detención de los encausados éstos se encontraban realizando negociaciones sobre los servicios sexuales que las menores estarían dispuestas a dar: por un pago remunerativo, tal y como se desprende de los testimonios de las ofendidas C. R. M., M. J. R. y M. B. M. S., quienes aseguran que al momento de los hechos ellas estaban esperando a la imputada Gladis Rosaura Mendez Rápalo quien se encontraba realizando negociación con un cliente en un restaurante, señalando asimismo que la persona que las trasladaba a los lugares donde iban a encontrarse con los clientes era el encausado Igor Manrique Perla Montes, quien también fue detenido en el lugar de los hechos y a quien identifican con el apodo del “Chino”, señalando que él era el transporte, era el taxista que las traía de progreso, dependiendo de qué zona vivían”. Asimismo para efectos del análisis a desarrollar es necesario definir el término flagrancia el cual debe entenderse tal como lo define el “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Cabanellas” como: “Lo que se está ejecutando o haciendo en el momento actual. Se aplica sobre todo a los hechos punibles en el que el actor es sorprendido antes de huir, ocultarse o desaparecer, para lo cual requiere la concurrencia de dos circunstancias, una de ellas de índole penal y la otra de carácter procesal, interesándonos en este caso la segunda que se relaciona con la observación de la actividad delictiva por uno o más testigos y con la detención del responsable antes de haber concluido la manifestación delictiva y haberse puesto a salvo lejos del lugar de los hechos”. Sobre tales aspectos y a manera de ilustración hacemos acopio al derecho comparado específicamente de la sentencia H38-2003 dictada en recurso de Habeas Corpus por la Sala Constitucional de la república de El Salvador a través de la cual falló lo siguiente: “El delincuente in fraganti es aquel sujeto que cumple con tres elementos a saber, ser sorprendido cuando está realizando actos de ejecución propios del delito, o cuando acaba de consumarlo, e incluso el sorprendido inmediatamente después de la comisión con efectos o instrumentos del delito cometido”. En el presente caso si bien es cierto existía un auto motivado de aprehensión, lo cierto es, que al momento de llegar los agentes al lugar de los hechos los encausados se encontraban en flagrancia, al ser sorprendidos no sólo en compañía de las víctimas sino que realizando negociaciones, es decir, ofreciendo los servicios de éstas a terceros, tal y como lo manifestaron dichas víctimas en sus declaraciones; razón por la cual una vez leído sus derechos fueron puestos a la orden de la autoridad competente por el delito de Proxenistismo y Trata De Personas en perjuicio de las menores C. R. M. P., M. J. R. G., D. P. D. L., M. B. M. S. Y M. J. R. R.. El Ministerio Público no es acusador a ultranza, sino que se rige por el principio de objetividad y ostenta la condición de garante de legalidad, por lo que evidentemente se considera que la detención de los encausados se realizó al momento que estos se encontraban realizando actos propios de ofrecer los servicios sexuales de las menores a clientes, encontrándose por ende en plena flagrancia de la comisión de un hecho constitutivo de los delitos supra referidos, por ende dicha detención fue realizada en el marco de la legalidad del artículo 84 y 90 de la Constitución de la República, y 175 numeral 1 del Código Procesal Penal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de tener por realizada en el marco de legalidad la diligencia de detención de los encausados por ser la misma legitima, al encontrarse estos cometiendo los delitos por los cuales fueron procesados”. “Recurso de Casación Por Quebrantamiento De Forma: Motivo Segundo: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a inobservado las reglas de la Sana Crítica. Preceptos Autorizantes: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Invocamos que la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria a favor de Gladis Rosaura Mendez Rápalo E Igor Manrique Perla Montes lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; vulnerando la regla lógica de derivación, en su postulado de razón suficiente, en su característica de suficiencia en la manera que a continuación desarrollamos: Se evacuó en debate la prueba testifical consistente en: Declaración de C. R. M. P., quien en su condición de ofendida manifestó lo siguiente: “Que ella nos llevaba a las fiestas nos decía que si nos gustaba alguien en la fiesta podíamos tener relaciones sexuales con esa persona y podíamos cobrarle cierta cantidad de dinero pero nunca nos entregaba el dinero a nosotras siempre era ella, ella cobraba por nosotras, para hacer la transacción nos tomaba fotos y las enviaba porque era uno de los requisitos que debíamos tener si el cliente lo pedía, íbamos y hacíamos el trabajo sexual, ella cobraba y luego nos daba a nosotras una parte del dinero, ella prácticamente agarraba la mitad y nosotras la otra mitad, ella nos iba a traer al progreso en taxi expreso, nos veníamos aquí hacíamos lo que teníamos que hacer y nos quedamos unos días según el trabajo que había que hacer y nos iba a traer con el chino y a veces con otras personas en carro particular u otros taxis, las fotos nos tomaba a veces desnudas prácticamente, Ante el interrogatorio de las partes la testigo señaló que el día de los hechos se encontraban la policía y el cliente con el que iban a trabajar, que estaban es el restaurante chino, que no sabe cómo se llamaba el cliente porque no tienen comunicación con ellos, es ella (refiriéndose a la imputada) quien hace todo, que a la imputada solo la conocía como la tía, hasta el día de la detención supo que se llama Rosaura Gladis,”. La testigo Mallely Julieth Ramirez Guevara, también en su condición de ofendida declaró: “... A Gladis la conocí por una amiga nos invitaba a salir a fiestas, después nos hizo propuestas de otros tratos como ya sabemos, nos presentaba con hombres, con insinuación de otro tipo de trato no simplemente salir, sino que trato sexual, yo estuve haciendo tratos con ella, pasaron como más de dos veces, el trato básicamente lo hacía con el cliente yo no sabía nada, y hablando de dinero eso no es algo que nos perteneciera a nosotros, simplemente que nos llamaba nos preguntaba si queríamos yo decía que sí y nos iba a traer en taxi o carro del cliente particular, no conocía que tipo de persona si era taxista yo no lo conocía a él no sabía no se metía en eso. Ante el interrogatorio de las partes la testigo refirió que a Gladis la conocía como “la tía”, que el día de los hechos ella venía en el taxi, venía llegando de Cortés, quien la trasladaba era “el Chino” que aquí se dio cuenta que se llama Igor, pero que solo lo conocía por el apodo, cuando llegó a Tela, estaba esperando que terminara con su trato “la Tía” (refiriéndose a la imputada) quien iba a decirle que iba a pasar después”. La testigo M. B. M. S., manifestó en el juicio lo siguiente: “yo a ella la conocí hace un año por medio de una amiga de ella, y cuando la conocí nos propuso que podíamos obtener dinero fácil a tener relaciones con algunos hombres o salir a fiestas y que ella iba a ser el intermediario con ellos y nos iban a pagar, íbamos a tener relaciones con ellos por medio de ella, se transportaban en taxi y nos tomaba fotografías con su celular, nos tomaba fotos en el bb y nos tomaba fotos en su casa, a veces ella llegaba a Progreso a traernos en transporte, nos decía que de esa manera podíamos tener dinero fácil, ella hacía el contacto con ellos, nosotros salíamos, después ella llegaba nos quitaba parte del dinero y nos daba lo que nos correspondía. Ante el interrogatorio de las partes la testigo señaló que la persona que le entregaba el dinero era “la tía”, de nombre Gladis Rosaura, que Igor era el transporte, él era el taxista que nos traía de Progreso dependiendo de qué zona vivían, que el día de los hechos fueron detenidas cuando ella (refiriéndose a la imputada) estaba haciendo trato con clientes en un restaurante, que el cliente no fue detenido. Por su parte la testigo M. J. R. R., refirió: “... Ella llegó a mi casa preguntando por una mujer y se quedó haciendo plática después me tomó fotos distraídas y me ofreció dinero 20 mil lempiras y un celular también y me dijo que fuera a San Pedro Sula a verme con un hombre yo le dije que no y me empezó a insistir, de ahí se desapareció como dos meses y me la volví a encontrar fuera de mi casa y me amenazó y me dijo que por la buenas me fuera con ella porque si no me iba a matar y a mi familia y tuve que acceder, me dijo que fuera al puente nuevo que ahí me esperaría y que dejara una carta en mi casa y que pusiera en la carta que iba con una amiga, hice todo lo que me dijo y que hiciera, que fuera para el colegio y que ahí mismo en el colegio agarrara un taxi y ahí me esperaría en el puente nuevo y lo tuve que hacer porque me amenazó de muerte, y lo decía muy segura yo fui a ese lugar ahí estaba ella con esas mujeres y me ataron de las manos por las palmeras en el puente en medio ahí estaban ellas y en un momento que se pusieron a platicar a cierta distancia yo salí corriendo rápido, me persiguieron yo corrí estaba oscuro y no siguieron persiguiéndome y mi mamá me andaba buscando y movió bastante gente para que me buscaran porque estaba muy preocupada y no sabía nada, yo a las cinco horas decidí salir de ese lugar y gracias a Dios encontré una amiga de mi mamá y ella me llevó donde estaba mi mamá en la DNIC poniendo la denuncia de que yo estaba desaparecida y la amiga de mi mamá gracias a Dios me llevó ahí donde ella estaba y después de eso he recibido amenazas, miraba carros extraños en la esquina de mi casa sin placas y me ha amenazado que no venga a testificar lo que me pasó”. De las declaraciones que anteceden se desprende sin lugar a dudas, que estas conocieron a Gladis a quien conocían como la “Tía”, que dicha actividad de servicios sexuales se suscitaban en diversos lugares como ser San pedro Sula, Tela y Progreso, en fiestas o mediante invitaciones a restaurantes a cambio de una remuneración económica de la cual solamente obtenían las ofendidas la mitad del dinero que se cobraba a los clientes por este servicio, pues con la otra parte se quedaba la imputada Gladis quien era la que realizaba el trato con los clientes. De igual manera dejaron claramente establecido que Igor Manrique Perla, era la persona que conducía el taxi en el cual se trasladaban a los diferentes sitios para los servicios sexuales a ellas requerido. En delitos en perjuicio de la libertad sexual, la declaración de la víctima revierte importancia por la naturaleza de la forma en que se cometen estos ilícitos; sin embargo la prueba que gira alrededor de dicho testimonio fundamenta la convicción del Juzgador; al respecto Caferatta Nores en la obra “La Prueba en el Proceso Penal”, señala:”...3) Será necesario, además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria[1].” Cabe señalar que también rindió su declaración en juicio el agente de investigación Reynaldo García, quien manifestó que ellos les dieron detención a los imputados a la altura del Restaurante la Muralla China, junto a cuatro jóvenes más, que lo hicieron en base a que había una mujer perjudicada quien era amenazada para que se prostituyera (tal como lo aseveró la testigo M. J. R.); que la imputada se conducía en un taxi junto al señor Igor, que las jóvenes se llevaron a la oficina más que todo para investigación, empezaron las investigaciones y notaron que ellas eran más que todo ofendidas, por lo que se les tomó declaración, manifestando ellas que la relación era con la imputada, quien las llamaba, que la conocían como la tía y ella les ofrecía cierta cantidad de dinero, que ellas hacían únicamente trato con la señora Gladis. Ante la premisa del Juzgador, no podemos obviar que se aleja de las normas del recto entendimiento humano en la valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “el desconocimiento de los medios probatorios”; sin embargo; al Juzgador nuestra Norma Penal Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede, pues además de la prueba testimonial evacuada en juicio, se presentaron los Dictámenes Forenses de evaluación Psicológica realizada a las víctimas por el licenciado Oscar Rolando Aguilar Argeñal dando como resultado lo siguiente: De la evaluación practicada a la ofendida M. J. R. R. se desprende que presenta un nivel de estima ausente, que la persona no puede relacionarse ni consigo misma, mucho menos se puede relacionar con el ambiente y personas por eso se ve debilitada y se va sintiendo amenazada y hace uso de los mecanismos de defensa. La evaluada presenta una inteligencia normal que va a permitir que actúe automáticamente, que en la misma medida que se va sintiendo amenazada a diario o constantemente va hacer uso de ello y se va ir alterando sus factores emocionales y automáticamente sus características de personalidad se van deformando. Y eso conlleva a tener pensamientos de muerte porque la misma es una salida a dejar de sentir carga emocional y se hace vulnerable al ambiente en que se encuentra. De la evaluación practicada a la menor M. J. R. G., dio como resultado lo siguiente: “Que la madurez que ella representa, de la edad cronológica de desarrollo provoca que las personas puedan tomar decisiones por ella y que esas situaciones hagan que ella no mida las situaciones de su conducta, porque es fácilmente manipulable, lo que el ambiente desee de ella. Lo que hace que sea más vulnerable para una sociedad y que las personas puedan hacer lo que quieran con ella, porque no mide consecuencias ni límites ante las circunstancias”. Asimismo se evaluó a la menor M. B. M. S., dando como resultado que hay inmadurez, desarrolla una condición de abandono de sí misma y tiene inteligencia baja de lo normal, implica que la persona se deja llevar por lo que siente, es decir, es emocional, se deja llevar por sus propios impulsos, ella no analiza sino que se deja llevar por lo que siente, esto la hace también ser vulnerable ante un ambiente. Presenta ausencia de autoestima, hay una despersonalización consigo misma por eso la baja autoestima, su impulsabilidad, sus niveles de inmadurez, más el poco querer que ella tiene consigo misma hace que a esta edad un individuo sea vulnerable. Respecto a la valoración realizada por el Juzgador en cuanto a la pericia practicada a las menores, es importante mencionar lo referido por el jurista José Cafferata Nores en la obra “La Prueba en el Proceso Penal” refiere: “El Juez no podrá descalificar el dictamen desde el punto de vista científico, técnico o artístico, ni modificar el alcance de sus conclusiones[2]. En el caso que nos ocupa, de las tres evaluaciones antes referidas, se desprende que las ofendidas presentaron características de vulnerabilidad, es decir, que tienen baja autoestima, siendo fácilmente manipulables al ambiente, expuestas ante una situación que no estaba acorde ni a su edad, ni a su experiencia, ni a su estilo de vida. (Ver acta de debate pág. 21) Como se puede observar, de las declaraciones de los testigos de cargo no hay duda de la actividad ilícita a la que estaban siendo sometidas, sin embargo a criterio del Juzgador tienen un valor meramente indiciario aún y cuando el mismo Juzgador acepta que tales testimonios acreditan “el modo en que supuestamente eran reclutadas por la imputada Gladis, para realizar actos de prostitución a favor de terceros, de los cuales ella se lucraba directamente al ser la intermediaria entre los clientes y las mencionadas mujeres”, a pesar de ello, señala el Juzgador que para tener certeza positiva de tales hechos era necesario la corroboración periférica de tales manifestaciones, cuando resulta más que evidente, que en los delitos contra la libertad sexual el único testigo de los hechos es la propia víctima, por la naturaleza de las condiciones en que se comete la acción ilícita, y que se ve reflejado con las evaluaciones psicológicas realizadas a las menores, donde el factor común es la vulnerabilidad, que hacía que fueran manipulables para los fines inescrupulosos de los encausados. Aunado a lo anterior a través de la declaración de Reynaldo García quedó plenamente acreditado, que los imputados efectivamente fueron encontrados en compañía de las ofendidas cuando se encontraban a la altura del restaurante La Muralla China, y por las declaraciones brindadas por éstas, es que se corrobora que su presencia en dicho lugar se debía a que la imputada Gladys Rosaura Méndez estaba haciendo trato con un cliente, ofreciéndole servicios sexuales, ofendidas que habían sido trasladadas a dicho lugar por el imputado Igor Manrique Perla, quien era el que regularmente las conducía hacía los lugares donde eran requeridas y a quien las víctimas identifican con el apodo de “El Chino”. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de Derivación en su apartado de Razón Suficiente, en su característica de Suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que la acusada Gladis Rosaura Méndez era la que se encargaba de tratar con los clientes que solicitaban servicios sexuales, así como de los cobros que se realizaban por dichos servicios los cuales oscilaban entre mil y mil quinientos lempiras, quedándose ella con la mitad y la otra mitad era entregada a la menores; y que el imputado Igor Manrique Méndez Rápalo, era la persona que las conducía en taxi a los lugares donde debían prestar los servicios sexuales, siendo evidente que del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que G. R. M. R. I- M- P. M., han tenido participación en los delitos de Proxenetismo y trata de personas de acuerdo a lo establecido en los artículos 148 numeral 1 y 149 numeral 1 del Código Penal. En consecuencia el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.”. III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público.- Motivo Único. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 84 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 175.1 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación de las normas constitucionales 84 y 90. Pretensión: Que se declare con lugar el recurso. Arguye el Ministerio Público que los acusados se encontraban en flagrancia al momento de ser aprehendidos por la autoridad policial, pues se encontraban realizando negociaciones para la explotación sexual de las víctimas, por lo que no era necesaria orden de captura librada por autoridad judicial; protesta que el Tribunal de Sentencia haya declarado ilegal la aprehensión de los acusados. Restricción del Derecho a la Libertad por Aprehensión En sentencia del 21 de septiembre de 2006, en el caso Servellón García y otros vs. Honduras, la Corte IDH, señaló que: “89.- La restricción del derecho a la libertad personal, como es la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellos (aspecto material), y además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). “.- Agrega la sentencia que: “90.- Asimismo la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.”. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe No. 35/08, caso 12,019 Antonio Ferreira Brega Brasil, del 18 de julio de 2008, señaló que: “68.- La Comisión entiende, que una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la Ley. Este órgano ha señalado también que la detención para fines impropios es, en sí misma, un castigo o pena que constituye una forma de pena sin proceso o pena extralegal que vulnera la garantía del juicio previo, lo cual propicia que el término “arbitrario” sea considerado sinónimo de “irregular, abusivo, contrario a derecho.” Conforme a la legislación hondureña, solo es procedente la detención de una persona por orden escrita emitida por autoridad competente o en los casos de flagrancia. 1. Orden escrita emitida por autoridad competente: La orden deberá ser emitida por un órgano jurisdiccional con competencia objetiva para conocer el caso concreto (Orden de Aprehensión) o, en los casos expresamente señalados por la ley, por el Ministerio Público (Orden de Detención Preventiva). (Art. 1, 61, 69 y 84 de la Constitución de la República; 173.1 y 176 del Código Procesal Penal). Además la orden deberá ser escrita (no verbal), en la cual deberá consignarse el nombre y apellidos completos de la persona o persona que se solicita sea objeto de aprehensión, agregando las generales de identidad que sean conocidas hasta el momento, el delito por el cual está siendo procesado o por el cual se le ha condenado, e identificación de la persona natural o jurídica que sea víctima y/o perjudicada.- Será indispensable que cuando se trate de la primera aprehensión de una persona procesada, que la orden contenga además una relación sucinta de los hechos objeto de imputación, a efecto de darlos a conocer a la persona al momento de la aprehensión (tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución de la República). El motivo de la orden de aprehensión o de detención preventiva, deberá estar tipificado como delito que merezca pena privativa de libertad, fijado así con anterioridad al hecho que se le impute a la persona requerida. Por otra parte la orden deberá ser dirigida para que sea ejecutada por la Policía de Investigación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública o a la Agencia Técnica de Investigación o a la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, dependientes del Ministerio Público cuando el hecho sea de aquellos que indica la ley deben de ser investigados por estas agencias y, en defecto de todos estos, a la Policía Preventiva. 2.- Personas en delito flagrante La Flagrancia, conforme la doctrina científica procesal, es una condición mediante la cual un tercero observa las acciones delictivas realizadas por una persona mientras acontecen, se trata de un evento casual donde converge la acción delictiva y la contemplación de dichas acciones por el tercero que las percibe directamente. Por ello la condición de flagrancia es condicionada, puesto que depende precisamente de la concurrencia del tercero que observa y/o sorprende al sujeto activo del delito, instante en que se le etiqueta como “In fraganti”; que requiere de tres elementos: a. Inmediatez Causal: Que el delito se esté cometiendo en ese momento o que apenas instantes antes se haya cometido. b. Inmediatez Personal: Que el sujeto activo sea observado al momento de la ejecución del delito o inmediatamente después de ello por un tercero. c. Inmediatez Temporal: Que el tercero reaccione ante la situación que observa, ya sea directamente, aprehendiendo a la persona o dándole persecución, ya sea dando aviso inmediato de la situación a otros, quienes a su vez aprehenden o persiguen a la persona. d. Como tercero se debe entender incluida la víctima, quien en realidad no es un observador del delito, sino quien lo sufre, y por tanto quien presencia la flagrante acción del sujeto activo, pudiendo detenerle en ese momento o perseguirle para el mismo efecto. Sin embargo el legislador hondureño ha dado aún mayor contenido al concepto de flagrancia, señalando en el artículo 175 CPP los casos en que nos encontraremos ante una Flagrancia Material y una Flagrancia Presunta: Flagrancia Material: a. Flagrancia Propia: La persona que sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo; y b. Flagrancia por Evasión: La persona que se haya evadido de una aprehensión, detención o prisión ordenada por autoridad competente de manera legítima. Flagrancia Presunta (Ficción Legal): a. Flagrancia por Inmediatez Personal: La persona que sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito; (Supuesto de Cuasi-Flagrancia) b. Flagrancia por Inmediatez Causal: Cuando la persona de la que se presuma ha cometido un delito, sea perseguida inmediatamente por la fuerza pública, por el ofendido o por otras personas; (Supuesto de Cuasi-Flagrancia) c. Flagrancia por Inmediatez Material: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada. d. Aprehensión Precautoria: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que ésta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. Requiere de una investigación previa, la cual permita establecer el peligro de ocultación o fuga de la persona sospechosa. No es admisible en estos casos simple suposición del peligro de ocultación o fuga, sino que requiere de elementos materiales que constituyan evidencia de ello; y e. Retención para Aseguramiento: Cuando al iniciarse las investigaciones, en la imposibilidad de distinguirse entra las personas presentes en el lugar, a los partícipes en el hecho y a los testigos, exista necesidad urgente de impedir que alguna de ellas se ausente, o se comuniquen entre sí, así como evitar que puedan modificar en cualquier forma, el estado de las cosas o el lugar del delito. Se trata de casos en donde en un lugar determinado ha ocurrido un delito, encontrándose en él varias personas, sin que exista hasta el momento elementos probatorios para discernir quienes son los testigos de los posibles responsables; Requiere entonces primero, que en un lugar determinado ocurra un hecho de interés al derecho penal y además que en el mismo se encuentre un conjunto de personas cuya participación esté pendiente por definir, ya sea como responsables del delito o como simples testigos de éste. El artículo 84 de la Constitución de la República autoriza para que cualquier persona pueda detener al delincuente en flagrancia, a efecto de ponerlo de manera inmediata a la orden de la autoridad competente; entendiéndose que tal facultad legal es cuando nos encontramos ante los supuestos contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 175, tal y como lo dispone el artículo en mención, al hacer una diferencia en el proceder respecto a los dos primeros numerales en relación con los tres restantes (numerales 3, 4 y 5), en cuyos casos las detenciones solo podrán realizarlas agentes de policía y/o de investigación. En resumen la posibilidad de que cualquier persona capture a otra, sin orden escrita, está limitada para los casos de Flagrancia Material y los casos de Cuasi-Flagrancia (Flagrancia por Inmediatez Personal y Flagrancia por Inmediatez Causal), entretanto en los casos de Flagrancia por Inmediatez Material, Aprehensión Precautoria y Retención para Aseguramiento, las aprehensiones podrán realizarse aun sin orden escrita de autoridad competente, pero solo por agentes de policía o de investigación del Estado. De la Prueba Ilícita Señala el artículo 1 de la Constitución de la República; que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los poderes del Estado, instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas y con ello todo funcionario y empleado público debe desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces.- El Estado de Honduras no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta. Particularmente en el Proceso Penal, el respecto al Derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida.– Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal.- La Prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno Hondureño y que compongan el bloque Constitucional.- De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba. b. Que dicha obtención haya sido contrario a la ley, es decir no amparada por la ley; Incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerará ilícita si se contradice con normas fundamentales o de Derechos Humanos. c. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente. d. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que éstas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste. e. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. El Legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (Árbol Envenenado); Pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegítima de garantías fundamentales o derechos humanos (Frutos del Árbol Envenenado[4]). Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista. A partir de esta idea última, la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente en ningún caso ni en ningún tiempo, más si es posible apreciar la prueba que se le derive (El Fruto de ese Árbol Envenenado), siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a. Hallazgo Inevitable o Descubrimiento Inevitable: Cuando la prueba derivada, con o sin la prueba ilícita, estaba destinada a ser encontrada; deberá aquí hacer una relación suficientemente razonada del por qué la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita; y, b. Fuente Independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba lícito e independiente al de carácter ilícito. Entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe haber dependencia existencial, relación o subordinación. El estudio a desarrollar por los juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto esta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita. El Control Procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo: inadmitir el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (artículo 317 del CPP) o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (artículo 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (artículo 220 CPP).- Con todo, existe una sola excepción, en donde por respeto al Derecho de Defensa, se autoriza a los tribunales valorar una prueba derivada de un acto ilícito cuando así sea solicitado expresamente por el titular o todos los titulares del derecho fundamental o del derecho humano que haya sido inobservado o disminuido ilegalmente, siempre que participe en el proceso penal. Como hemos dicho, la prueba ilícita tiene el carácter de tal como consecuencia de haber violentado o disminuido ilegítimamente un derecho fundamental o un derecho humano, sin embargo esa prueba ilícita puede significar un medio de defensa para el titular de ese derecho violentado, por lo que al solicitarlo éste, el Tribunal deberá valorar el medio de prueba considerado ilícito (pudiendo ser esta valoración positiva o negativa), por cuanto su desconocimiento conllevaría a un doble perjuicio: el primero al habérsele inobservado o restringido ilegítimamente un derecho fundamental o un derecho humano y segundo, el desproveerlo de un medio de prueba en su defensa precisamente por haber sido víctima de la violación a un derecho fundamental o a un derecho humano: Ejemplo: Allanamiento a una casa de habitación, en horas de la noche, sin autorización de sus moradores y sin que concurran las circunstancias excepcionales que establece la Constitución de la República, constatándose en ese allanamiento la ausencia de armas o explosivos que era el objeto de la diligencia; Ciertamente el acto del allanamiento es ilícito y, como regla general, no puede ser reproducido como medio de prueba en juicio, así como todo elemento que se deriva de éste, sin embargo y a petición del Imputado, el Tribunal deberá valorarlo, caso contrario se le provocará doble perjuicio al imputado: por un lado ser objeto de una violación a sus garantías constitucionales y por otro, ser desprovisto de un medio de prueba a su favor a causa precisamente por haber sido objeto de un allanamiento ilícito. De la Procedencia del Recurso El Recurso es de Recibo.- Para resolver el caso, la Sala de lo Penal debe primero hacer pronunciamiento sobre la licitud o ilicitud de la aprehensión hecha por la Policía Preventiva a los acusados Gladis Rosaura Méndez Rápalo e Igor Manrique Perla Montes, pues de ello dependerá lo referente a la existencia o no de prueba ilícita derivada de dicho acto. Para ello se hacen las siguientes reflexiones: 1) Violación del Artículo 69 de la Constitución de la República La Censora ha puesto a consideración de esta Sala de lo Penal pronunciarse sobre los alcances de la aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República, que erige el debido proceso judicial como derecho fundamental, sin embargo tal análisis pasa primero por determinar si se ha existido violación del artículo 69 que contiene el derecho fundamental a la libertad, y del artículo 84 que regla la reserva de ley sobre aquel derecho fundamental, desarrollado el artículo 175 del Código Procesal Penal, como norma procesal secundaria. Ha señalado la censora que los acusados se encontraban en condición de flagrancia y que a ello obedeció que fuesen aprehendidos por la Policía Nacional Preventiva, fundamentándose en que tal potestad fue dada por el numeral 1 del Artículo 175 del Código Procesal Penal (Fundamento de su Recurso).- El artículo citado dispone que cualquier persona podrá ser aprehendida cuando: “Sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo”, para ello se requiere: 1. Inmediatez Causal: Comisión actual o inminente de un delito. 2. Inmediatez Personal: Que el sujeto activo sea observado por un tercero al momento de la ejecución o al momento de ir a cometer el delito. El tercero deberá haber percibido por sus sentidos la comisión actual del delito o tenga conocimiento cierto de la inminencia de éste como consecuencia de actos preparatorios percibidos. 3. Inmediatez Temporal: Que el tercero reaccione ante la situación que observa, privando de la libertad a la persona o personas que en apariencia racional estén cometiendo el delito o vayan a realizarlo.- Requiere la no disolución de tiempo entre la percepción sensorial del delito que se está comiendo o del conocimiento de la inminencia del delito y la acción de aprehensión de las personas; y 4. Elemento Subjetivo: El tercero que realiza la aprehensión debe tener conocimiento y voluntad en su actuar, pues sin ello la aprehensión sería ilegal.- La persona debe: i) Conocer sobre la inminencia de la comisión de un delito, teniendo la voluntad de evitarlo mediante la aprehensión del posible perpetrador y además de poner a la orden a la persona de la autoridad competente o; ii) Conocer sobre la comisión actual de un delito, teniendo la voluntad de aprehender al que en apariencia es su responsable, a efecto de que pueda ser puesto a la orden de autoridad competente. En el caso que nos ocupa, en la audiencia de debate no fue presentada orden de captura emitida por Tribunal competente, tampoco orden de detención preventiva emitida por el Ministerio Público y convalidada por órgano jurisdiccional; la prueba respecto a la aprehensión de los acusados consistió en la declaración testifical del Agente de Investigación Reynaldo Humberto García García (f. 593), el que declaró que el día primero de marzo de 2012, detuvo a los acusados y a cuatro jóvenes más, quienes se conducían a bordo de un vehículo, de servicio de taxi con número 0425, en las proximidades del Restaurante La Muralla China, en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, dándose cuenta posteriormente que las cuatro jóvenes eran ofendidas del delito; explicó que el acusado Igor Manrique Perla Montes conducía el taxi, que en el interior fue encontrada la acusada Gladis Rosaura Méndez Rápalo y cuatro jóvenes más, a quienes se les detuvo por una denuncia previa y por orden del Ministerio Público.- Con esta declaración se descarta lo alegado por el Ministerio Público, recurrente en esta única instancia, de que los acusados fueron capturados en flagrancia, pues el agente de policía que realizó dicha aprehensión declaró que ello fue como consecuencia de existir una denuncia y obedeciendo indicaciones de un Agente Fiscal y además que la aprehensión fue realizada al momento en que los acusados estaban a bordo de un vehículo en el que se desplazaban, es así que no fue como consecuencia de haber presenciado la comisión de un delito como se ha señalado en el recurso. En conclusión, se descarta la existencia de causa probable que legitimara la aprehensión de los acusados al no existir flagrancia y al no haberse acreditado que existía orden escrita emitida por autoridad competente sustentada con las formalidades que exige ineludiblemente la ley, violentándose el derecho fundamental a la libertad ambulatoria, contenido en el artículo 69 de la Constitución de la República, pues no concurrieron ninguna de las circunstancias de reserva de ley que prevé el artículo 84 del mismo cuerpo legal, desarrollado en ley secundaria en el Código Procesal penal en el artículo 175. 2) Indebida Exclusión de Medios Probatorios El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, llama a los Estados partes a sancionar a todas aquellas personas que concertaren la prostitución de otra, aun con su consentimiento (Art. 1.1); Por otra parte, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como Trata de Personas “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la […]concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, […]”, advirtiendo que el consentimiento dado por la víctima de la trata de persona no se tomará en cuenta (Art. 3); agrega el Protocolo in comento que los Estados Partes deberán establecer políticas, programas y medidas para proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños contra un nuevo riesgo de victimización (Art. 9.b). El caso que nos ocupa trata de una acción penal en donde se señala a dos personas como presuntos responsables de un delito de Trata de Personas por Explotación Sexual; proceso en donde los Jueces de Sentencia declararon ilícita la aprehensión de los acusados Gladis Rosaura Méndez Rápalo e Igor Manrique Perla Montes, y como consecuencia de ello, declarando igualmente ilícito los medios de prueba que derivaron de dicho acto compartían el mismo vicio de ilicitud, siendo estos: 1. Acta de Registro al acusado Igor Perla. 2. Acta de Decomiso (Incautación) al acusado Igor Perla. 3. Acta de Decomiso (Incautación) a la acusada Gladis Méndez. 4. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven C. M., 5. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven D. D.. 6. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven M. M..7. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven M. R.; y 8. La totalidad del dictamen de Intervención Telefónica, presentado por el señor Wilmer Adán Barahona León. Sin embargo tal decisión adoptada por los juzgadores no es del todo acertada, pues parte del supuesto de que las seis personas aprehendidas se encuentran en igual condición frente al proceso penal, lo cual no es así ya que si bien todas ellas fueron privadas de su libertad indebidamente por agentes de la policía, solo dos de ellas tienen la calidad de acusados, teniendo las demás personas la calidad de supuestas víctimas del delito de Trata de Personas, con lo que la decisión del A-Quo lo que hace es revictimizarlas, pues no solo se trata de definir si sufrieron actos de trata de personas, sino que además por un acto ilícito realizado por el Estado, se está excluyendo prueba cuyo origen son ellas mismas y que fueron propuesta en pro de la defensa de sus derechos.- Explicado de otra manera: El Tribunal de Sentencia ha señalado que la aprehensión de las jóvenes C. M., D. D., M. M. y M. R., fue ilícita, de lo cual está de acuerdo este Tribunal de Casación, pues constituye transgresión al artículo 69 de la Constitución de la República. Como consecuencia de ello, el A-quo, declaró el acto de detención ilegal, pero además declaró que toda la prueba derivada de tales aprehensiones igualmente era ilícita, lo cual constituye un error pues implicaría revictimización dado que no solo fueron objeto de una detención ilegal, sino que además el acto reivindicatorio (la declaratoria de ilicitud de la aprehensión y de los actos derivados), excluye prueba que había sido propuesta para determinar si han sido víctimas o no del delito de trata de personas con lo cual se verían doblemente afectadas. Insiste este Tribunal de Casación que se debe discriminar la condición de cada una de las personas que fueron aprehendidas indebidamente por los Agentes de Investigación, así entonces: 1. Se declara ilícita la aprehensión de los acusados Gladis Rosaura Méndez Rápalo e Igor Manrique Perla Montes, como consecuencia igualmente se declara ilícito cualquier medio de prueba que provenga de tal actuación, por el efecto de la teoría del fruto del árbol envenenado, siendo éstos: a. Acta de Registro al acusado Igor Perla, b. Acta de Decomiso (Incautación) al acusado Igor Perla (f. 566); c. Acta de Decomiso (Incautación) a la acusada Gladis Méndez (f. 572) d. Parcialmente el dictamen de vaciado telefónico, presentado por el Señor Wilmer Adán Barahona León (f. 554), respecto a los teléfonos celulares incautados a los acusados e identificados en dicho dictamen como evidencia 1-1 y 1-6, así como toda imagen, video, y demás datos de texto y multimedia que se hayan extraído, gravado y registrado en otros soportes (impresión de imágenes, Memorias extraíbles o USB y Discos Compactos o CD). 2. Se declara ilícita la aprehensión de las jóvenes C. M., D. D.., M. M. y M. R., sin embargo la prueba derivada de tal acto es de carácter lícita por ser una de las excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado, (tal como se ha explicado en el apartado anterior); Como consecuencia son válidas y objeto de valoración los medios de prueba: a. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven C. M. b. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven D. D. c. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven M. M. d. Acta de Decomiso (Incautación) a la joven M. R.; e. Parcialmente el dictamen de vaciado telefónico, presentado por el señor Wilmer Adán Barahona León, respecto a los teléfonos celulares incautados a las mencionadas jóvenes e identificados en el dictamen como evidencia: 1-2, 1-3, 1-4 y 1-5. Es importante advertir que respecto al dictamen de Intervención Telefónica, presentado por el señor Wilmer Adán Barahona León (f. 546), no tiene como fuente la aprehensión de los acusados y las víctimas, sino una independiente: la información que al respecto remitiesen las Empresas de Telefonía Móvil Tigo y Claro, por lo que de igual forma es incorrecta la apreciación del Tribunal de Sentencia de que este medio de prueba era fruto del árbol envenenado y por tanto igualmente ilícito, por lo que debió ser objeto de valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Como consecuencia de un erróneo criterio, el Tribunal de Sentencia ha dejado de valorar (positiva o negativamente) seis medios de prueba propuestos por el Ministerio Público para acreditar que cuatro personas fueron víctimas del delito de Trata, admitidos por el Tribunal de Sentencia y evacuados en la audiencia de debate, lo que constituye una violación al derecho fundamental a un debido proceso judicial, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, por lo que el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional debe de ser declarado con lugar. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal Alegato: Inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica en la Valoración Probatoria Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal Acciones de Saneamiento: Imposibilidad por presentarse el vicio en el acto de la sentencia definitiva Pretensión: Sin determinar por la Censora. Denuncia la Censora la violación al artículo 202 del Código Procesal Penal que regla el sistema de valoración probatoria en el proceso penal; explica que la captura de los acusados fue en flagrancia, pues éstos se encontraban en el interior de un restaurante, negociando con una persona los servicios sexuales que les brindarían las jóvenes víctimas; agrega que de las declaraciones de las jóvenes ofendidas el A-quo debió derivar la culpabilidad de los acusados, pues éstas señalan como fueron objeto de explotación sexual por parte de éstos, más erróneamente el Tribunal de Sentencia señaló que dichas declaraciones brindaban un indicio, más no la certeza necesaria para dictar una sentencia condenatoria. De la Procedencia del Recurso Habiéndose declarado con lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y a efecto de mantener la coherencia en el pronunciamiento judicial de esta única instancia, resulta no oportuno hacer un análisis en cuanto a la denuncia hecha por la censora en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en consideración además de que su pretensión anulatoria de la sentencia recurrida ha sido concedida, que es la misma que se persigue con el segundo recurso. IV. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal.- Decide: Primero: Declarar Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Casar la sentencia de fecha dos de abril de dos mil trece (f. 600) dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida; en consecuencia se declara su nulidad, así como la del debate que le origina, de fecha nueve de enero de dos mil trece (f. 586).- Y MANDA: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los señores Gladis Rosaura Méndez Rápalo e Igor Manrique Perla Montes, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha dos de abril de dos mil trece.- Segundo.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado Coordinador.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-192-2013.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1]LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.- José I. CAfferata Nores. Ediciones Desalma Buenos Aires, 1998.
[2]LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.- José Cafferata Nores. Ediciones Desalma Buenos Aires, 1998
[3]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[4] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United State (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).