Sentencia CP-184-16 — Registro 13247
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Otros Fraudes por Apropiación Indebida, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES PARCIALMENTE DE RECIBO.- Esta Sala de lo Penal ha hecho revista de los hechos declarados probados, mismos que después de confrontarlos con el ámbito situacional que prevé el supuesto del artículo 242.8 del Código Penal, permite arribar a un juicio negativo de tipicidad, es decir que los hechos son atípicos en relación al delito de Apropiación Indebida, pero por razones diferentes a las expresadas por el Tribunal de Sentencia en su Fundamentación Jurídica.- Advierte este Supremo que los juzgadores han hecho una errónea interpretación del tipo penal referido, así como de la sentencia emitida por esta sala el día 15 de abril de 2013, en Exp. 207-2011, pues el elemento objetivo del tipo penal, es un elemento normativo que no puede conceptualizarse bajo el prisma del artículo 601 del Código Civil cuando el objeto del delito es una empresa mercantil, siendo lo procedente buscar su contenido en lo que establecen los artículos 4 y 646 del Código de Comercio, de este modo, cosa mueble no son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sino que el conjunto de elementos que forman el todo de la empresa mercantil, lo que incluiría bienes inmuebles que formasen parte de aquella como elementos. En el caso de marras, los hechos declarados probados describen que el acusado Edgardo Felipe Castillo Zuniga, fraudulentamente distrajo bienes inmuebles que pertenecían a la sociedad mercantil Financiera Castillo S. de R.L. (FICO), sin embargo no se declara en el factum que los bienes eran elementos de una o más empresas de la sociedad mercantil referida, para que puedan ser refutados cosas muebles, dado que aun cuando sean propiedad de la sociedad mercantil FICO no debe entenderse que necesariamente éstos estaban destinados a una empresa (Art. 644 cc), debiendo haber sido un aspecto a acreditar por la acusación criminal. Por otro lado, los hechos probados no establecen el quantum del perjuicio económico causado con la distracción de los bienes inmuebles, lo que tratándose del delito de apropiación indebida resulta indispensable para efectos de fijación de los límites abstractos de la pena de reclusión y para la imposición del monto de la pena de multa (Art. 241 del Código Penal), penas de carácter principal para los responsables de esta clase de delito. Sin embargo, y habiéndose requerido por parte del censor el estudio de las normas sustantivas aplicables a los hechos históricos declarados probados, esta Sala de lo Penal declara que éstos se encuadran en el tipo penal de Fraude.- Como se ha explicado Ut Supra, el Tribunal de Sentencia no realizó un análisis completo de las normas sustantivas ante el concurso de leyes aplicables al hecho declarado probado, ello por un mal entendimiento de la figura penal, pues descartándose la existencia de una estafa y de un fraude especifico (apropiación indebida), devenía en la obligación de analizar si el hecho se encuadraba en el tipo penal de fraude general, tipificado en el artículo 240-A del Código Penal, el cual señala que: “Comete el delito de fraude quien con […] calidad simulada cometa acciones donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar o menoscabar los derechos o patrimonio del Estado o de terceros, de cuyas acciones se sirve el que delinque para burlar la ley o los derechos que de ella se derivan o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error.”.- En el caso que nos ocupa el Tribunal de Sentencia ha fijado en su declaración histórica que el acusado Edgardo Felipe Castillo Zuniga, actuando en su condición de administrador general de la Sociedad Financiera Castillo S. de R.L., compareció en fecha 21 de marzo de 2012, ante los oficios del Notario José Ramos Aguilar, a realizar la donación de seis bienes inmuebles que pertenecían a la sociedad que administraba, sin estar autorizado para ello; donación que realizó a favor de la sociedad mercantil Gold Mind S.A. de C.V., provocando así la disminución de los activos de la primera y el correlativo aumento de los activos de la segunda; la conducta realizada por el acusado constituye un acto abusivo de la confianza depositada en él al momento de haberle conferido el poder de administración de la Sociedad FICO, pues se vale de éste para simular potestades que no le habían sido conferidas, (la donación de activos de la sociedad administrada, lo que implicó la disminución de la sociedad mercantil FICO), pues aun cuando no se señala el valor individual o en conjunto de los bienes inmuebles distraídos, sin duda alguna existe un perjuicio de carácter económico que supera los diez lempiras (L. 10.00), cumpliéndose así el requerimiento de lesividad de la conducta (Art. 2-D CP) y confirmándose que se trata de un delito y no de una falta (Art. 400.2 CP). Con base en lo anterior, es posible declarar que los hechos declarados probados se subsumen en el tipo penal de fraude, contemplado en el artículo 240-A del Código Penal, vigente al día en que el acusado cometió la conducta distractora de los bienes, mediante la simulación de facultades que no tenía, causando un perjuicio económico, todo ello mediante el abuso de la confianza depositada en él; conducta realizada con pleno conocimiento y voluntad (dolo directo).- Debe agregar esta Sala de lo Penal que en apariencia, en la simulación hecha existe participación del fedatario público, pues autoriza dicho instrumento dando fe de que el acusado estaba revestido de facultades que no tenía y por su parte la persona natural que actuó en nombre de la Sociedad Mercantil receptora (donataria), pues ésta no tenía facultades de actuar en nombre de ésta al ser otra persona natural quien tenía su representación legal. La pena a imponer en el tipo penal de fraude general no depende del quantum de la afectación patrimonial producida (como sí ocurre en los casos de fraudes específicos y estafa), sino que basta con que éste exista, tal y como se ha comprobado en el caso que se juzga. El artículo 243 del Código Penal dispone que la imposición de una pena principal de multa, con un margen abstracto de cinco mil (L. 5,000) a diez mil lempiras (L. 10,000.00), debiendo imponerse al acusado la pena máxima, pues su conducta tiene extensas repercusiones en el patrimonio de la sociedad mercantil FICO y eventualmente en el desarrollo de su empresa; además, en consideración con el grado de culpabilidad del acusado, quien con su conducta fraudulenta terminó favoreciendo indebidamente a otra sociedad mercantil en la que figura como socio junto con su esposa e hijos (Sociedad Gold Mind S.A. de C.V.)..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y Edwin Francisco Ortez Cruz por excusa justificada del Magistrado José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-184-2016 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto contra la Sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Absolvió al Señor Edgardo Felipe Castillo Zúniga, del delito de Otros Fraudes por Apropiación Indebida, en perjuicio del señor Felipe Edgardo Castillo Cárcamo y las señoras Gloria Marina Castillo Zúniga, Maria Teresa Castillo Zúniga y Blanca Margarita Castillo Zúniga.- No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público.- No procedió declarar la Responsabilidad Civil del señor Edgardo Felipe Castillo Zúniga, por no haber delito alguno. Son Partes: El Abogado Nelson Gerardo Rubí Zúniga, acusador privado y recurrente, actuando como apoderado legal de las señoras Gloria Marina Castillo Zúniga, Blanca Margarita Castillo Zúniga y María Teresa Castillo Zúniga, quienes acuden al proceso como personas naturales y el Abogado Marlon Duarte Amador, defensor privado y recurrido, actuando en su condición de apoderado legal del señor Edgardo Felipe Castillo Zúniga. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha diecisiete de enero del año mil novecientos noventa, ante los oficios del Notario Dagoberto Mejía, comparecieron los señores (as): Felipe Edgardo Castillo Cárcamo, Bessie Zúniga de Castillo, Belinda Castillo Zúniga, Gloria Marina Castillo Zúniga, Ana Petronila Castillo Zúniga, Blanca Margarita Castillo Zúniga, Edgardo Felipe Castillo Zúniga y María Teresa Castillo Zúniga, quienes constituyeron la Sociedad Mercantil S. de R. L. Financiera Castillo, conocida por sus siglas FICA, mediante el Instrumento Público número siete (7) del protocolo corriente del Notario y el cual quedó registrado bajo el asiento número 1874, folio 412, tomo 30, del Registro de la Propiedad. Segundo: En fecha siete de marzo del año mil novecientos noventa y cuatro, ante los oficios del Notario Dagoberto Mejía, comparecieron los señores Felipe Edgardo Castillo Cárcamo, en su condición de Gerente General de la Empresa Mercantil Financiera Castillo (FICA) S. de R.L, quien otorgó a su hijo Edgardo Felipe Castillo Zúniga, quien a su vez era socio de la referida Empresa, Poder General de Administración de esa Sociedad Mercantil, el cual quedó registrado bajo el Instrumento Número ocho (8) del protocolo corriente del notario y el cual quedó registrado bajo el número 52 del Tomo 460, del Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad. Tercero: En fecha trece de febrero del año dos mil doce, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ante los oficios del Notario José Ramón Aguilar, comparecieron los señores Edgardo Felipe Castillo Zúniga y otras personas, a constituir la Empresa Mercantil Sociedad Anónima de Capital Variable, denominada Gold Mind, la cual corre bajo el Instrumento número setenta y cinco (75) del protocolo corriente del notario, inscrito bajo el asiento No.85 del tomo No. 705 del Centro Asociado del Registro Mercantil de las sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Cuarto: En fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil doce, en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, ante los oficios del Notario José Ramos Aguilar, compareció el señor Edgardo Felipe Castillo Zúniga, en Representación de la Empresa Mercantil Financiera Castillo (FICA) S. de R. L., a realizar transacciones mercantiles consistentes en Donaciones de seis Inmuebles, facultad que no tenía en el Poder de Administración, en nombre de la referida Sociedad, los cuales se describen de la siguiente forma: a) Instrumento número ciento setenta y nueve (179), en el cual el señor Castillo Zúniga, transfiere un bien inmueble consistente en una casa de habitación, ubicada en la Colonia Palmira de esta ciudad capital a la Sociedad Mercantil Gold Mind, la cual era representada por la señora Florencia Zelaya Beherens. b) Instrumento número ciento ochenta y uno (181) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere un bien inmueble consistente en un terreno, ubicado en el Barrio Perpetuo Zocorro, de la ciudad de Comayagüela Departamento de Francisco Morazán, a la Sociedad Mercantil Gold Mind, la cual era representada por la señora Florencia Zelaya Beherens. c) Instrumento número ciento ochenta y dos (182) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere un bien inmueble consistente en dos lotes de Terreno, ubicados en el Valle la Plazuela, llamado Sabanagrande, de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a la Sociedad Mercantil Gold Mind, la cual era Representada por la señora Florencia Zelaya Beherens, sobre los cuales pesaba una hipoteca a favor de Banco de Occidente. d) Instrumento número ciento ochenta y tres (183) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere un bien inmueble consistente en tres mil (3,000) varas de terreno en el cual está construida una vivienda, ubicada en la primera avenida de Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, a la Sociedad Mercantil Gold Mind, la cual era Representada por la señora Florencia Zelaya Beherens, sobre los cuales pesaba una hipoteca a favor de Banco de Occidente. e) Instrumento número ciento ochenta y cuatro (184) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere un bien inmueble consistente en un terreno ubicado en el Barrio la Cruz, de la Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, a la Sociedad Mercantil Gold Mind, la cual era Representada por la señora Florencia Zelaya Beherens. f) Instrumento número ciento ochenta y seis (186) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere un bien inmueble consistente en un terreno ubicado en la Colonia Palmira, de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a la señora Ana Petronila Castillo Zúniga.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma. Motivo De Casación Único: Por violación a las reglas de la Sana Crítica racional, al momento de valorar las pruebas; precisamente por inobservancia del principio de razón suficiente en específico, por tratarse de una motivación No Verdadera Y No Suficiente. Precepto Autorizante: Me autoriza para interponer este recurso el artículo 362 del Código Procesal Penal, que en su parte conducente expresa: “Artículo 362. Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma. El recurso de Casación por Quebrantamiento d Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1.-...; 2.-...; 3... .o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Desarrollo Del Motivo Invocado: La Sentencia ahora recurrida en Casación, absuelve al Querellado luego de hacer un análisis de varias medios probatorios documentales allegados al juicio, aún y cuando apreciaron que efectivamente existió un abuso por parte del señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, al Auto Donarse varios bienes inmuebles propiedad de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L, sin contar con las facultades especiales para este tipo de actos de Riguroso Dominio. En este camino intelectivo y formal, de construcción de la sentencia, el Tribunal de1 Sentencia de Tegucigalpa, en el hecho probado cuarto, consideró que “En fecha veintiuno (21) de Marzo del año dos mil doce, en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, ante los oficios del Notario José Ramos Aguilar, compareció el señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, en representación de la Empresa Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L., a realizar transacciones mercantiles consistentes en Donaciones de seis Inmuebles, facultad que no tenía en el poder de administración, en nombre de la referida sociedad ...” aspecto este que considera reprochable, pero atípico, porque según los juzgadores el Abuso de Confianza manifestado en la Donación de los bienes inmuebles relacionados en el mismo hecho probado cuarto, es una conducta no regulada como delito en el Código Penal (ver fundamentación jurídica, numeral Tercero, de la Sentencia recurrida). La Sentencia es, en esencia, una construcción intelectiva, legal y lógica de los juzgadores; es decir, representa la libre convicción de los jueces sobre los hechos y el derecho, formada de la inmediación que de la prueba han tenido a través del debate; sin embargo, esta construcción está regida por las leyes del entendimiento humano, por las reglas lógicas de la Sana Crítica Racional, pues el pensamiento humano se rige por algunas reglas y principios formales que lo uniforman y le dan sentido más o menos universal, a las construcciones intelectivas del hombre, con independencia de la zona geográfica o de la idea que se construye: en otras palabras, la sentencia, como construcción lógica del pensamiento, no escapa a las reglas del normal entendimiento humano. En el presente caso, los juzgadores han concluido que la conducta es reprochable, pero atípica, que como más adelante expondré es un contrasentido, pues el reproche es un elemento normativo y sicológico a apreciar dentro del ámbito de la culpabilidad y no de la tipicidad. El principio de razón suficiente obliga a los juzgadores, que al momento de redactar la sentencia, “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando...” (ver página 159 de la Casación Penal, del Maestro Argentino Fernando de la Rúa), para lo cual se requiere una motivación concordante (cada conclusión se deduce de un medio de prueba), verdadera (la motivación debe sustentarse en elementos probatorios existentes, sin falsear su contenido) y suficiente (debe sustentarse en elementos aptos para producir un convencimiento cierto sobre el hecho); es decir, la conclusión (entiéndase en este caso, la sentencia absolutoria) debe deducirse del sentido material de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que se van obteniendo de estas. El principio de razón suficiente, específicamente cuando se ordena que la motivación debe ser verdadera (que se deduce del sentido material de los medios probatorios), aparece violado en la sentencia impugnada, pues en el caso que nos ocupa, los medios de prueba valorados en la sentencia, específicamente las Escrituras de Donación de diferentes bienes inmuebles, relacionados en el hecho probado cuarto y el Poder General de Administración que se le otorgó al señor Castillo Zuniga, describen una conducta ilícita, inclusive reprochable para el Tribunal de Sentencia; pues sin tener facultades para Traspasar los bienes inmuebles mediante Donación, se disminuyen los activos patrimoniales de los Querellantes, aportados a la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L; es decir, cuando los juzgadores expresan en la sentencia impugnada que de los documentos relaciones se deduce que la conducta es reprochable, pero no típica, fundamentándose básicamente en que los hechos no se subsumen en el tipo penal de Apropiación Indebida, por tratarse del traspaso de inmuebles y no de bienes muebles, cometen un claro vicio de logicidad; pues esa deducción no puede desprenderse de los Contratos de Donación, por el contrario, de estos contratos lo que se deduce es, más bien, que el señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, aprovechándose de la confianza en el depositada en el Poder General de Administración, se Apropió de los activos patrimoniales a él confiados; es decir, de los referidos documentos más bien se desprende que el Querellado se Apropió, usando el poder a él conferido, del patrimonio de Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L y éste, el patrimonio societario, es un elemento de la Empresa que se aprecia en el valor de las partes sociales; y, en consecuencia, la deducción lógica debió ser que con las Auto Donaciones se disminuyó el bien jurídico tutelado en el delito Otros Fraudes cometido mediante la modalidad de Apropiación Indebida, me refiero a la propiedad privada, como aparece consignado en el título VII del Libro Segundo del Código Penal; disminución patrimonial que se materializó con el traspaso de los activos patrimoniales a la Sociedad Mercantil Gold Mind, propiedad del Querellado y su familia, dejando sin patrimonio económico a la Sociedad de la que mis representados son los socios mayoritarios. Esta sentencia igualmente violenta la regla lógica del principio de derivación, que ordena que la motivación debe ser suficiente es decir, que no basta que se motive la sentencia, es necesario que el convencimiento al que ha llegado el Tribunal de Sentencia esté constituido por elementos aptos (entiéndase intrínseca y legalmente aceptables) para producirlo; implica lo indicado, que el fallo, en este caso absolutorio, debe sustentarse en medios de prueba cuya verdad material no deje lugar a dudas a la conclusión a la que han llegado los juzgadores. En el presente caso, como ya se ha indicado, de los medios de prueba intrínsecamente no se deduce que la conducta que se juzga sea atípica, basta con apreciar que el Poder de Administración no le confería facultades Traslaticias de Dominio, mediante la modalidad del Contrato de Donación, para deducir que el Querellado se Apropió directamente del patrimonio de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L, aún y cuando era un socio minoritario de la misma; patrimonio societario que en todo caso era un activo de la Empresa, apreciable como tal en el balance general. Tampoco es cierto, ni se deduce del Poder General de Administración, ni de las Escrituras de Donación, que los bienes trasferidos representen, per se, la transferencia de bienes inmuebles solamente; por el contrario, los Contratos de Donación lo que representan es un medio para disminuir, insisto, los activos patrimoniales de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R L y los activos patrimoniales, son en esencia un elemento económico de la Empresa que normalmente se aprecia en el valor de mercado de las acciones o partes sociales, en el caso de las personas jurídicas, y estos elementos societarios jamás podrán considerarse como bienes inmuebles, por el contrario, son cosas mercantiles según el artículo 4 del Código de Comercio, en consecuencia, deben considerarse como cosas o efectos mercantiles, perfectamente apreciables en el concepto genérico de bien mueble, según lo tiene aceptado la doctrina y jurisprudencia española, cuando establece que “en materia de delitos de apoderamiento patrimonial ha de entenderse por cosa mueble todo objeto del mundo exterior susceptible de apoderamiento material y de desplazamiento: concepto funcional a efectos penales no necesariamente coincidente con el de cosa mueble en el orden civil” (ver página 482 del Código Penal, Primera Edición 1996, Ley Orgánica 10/1995, del 23 de Noviembre, del Código Penal. Comentarios, Jurisprudencia, Legislación Complementaria, por José Moyna Ménguez. y otros). Por lo expuesto, la sentencia recurrida manifiesta lo que en doctrina se conoce como motivación insuficiente, pues los medios de prueba allegados al juicio, concluyen más, bien y en sentido contrario a lo fallado, que el señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, aprovechándose del Poder de Administración se transfirió los activos patrimoniales de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria (FICA) S. de R. L y que pertenecía a los Querellantes, en claro abuso de confianza al extralimitarse en las facultades que le fueron conferidas; en tal sentido debe casarse la Sentencia, anulando la misma y ordenando se repita nuevamente el Juicio Oral y Público. Se hace expresa mención que por tratarse de un vicio observado en la Sentencia Definitiva, no se realizó reclamo alguno para subsanarlo.” Recurso de Casación Por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma De La Manera Siguiente: I.- Recurso De Casación Por Infracción De Ley Primer Motivo De Casación: Por violación o falta de aplicación del artículo 242 numeral 8 del Código Penal, en relación con los artículos 4,21,24 y 73 del Código de Comercio. Precepto Autorizante: Me autoriza para interponer este recurso el artículo 360 del Código Procesal Penal, en cuanto expresa: “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley “...cuando dados los hechos que se declaren probados en la Sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la Ley Penal...”. Desarrollo Del Motivo De Casación Invocado: Resulta fundamental establecer que para invocar la infracción directa de normas sustantivas, es necesario partir de los hechos declarados probados, que no son más que la certeza que sobre los hechos fácticos ha deducido de las pruebas el Tribunal de Sentencia; es decir, es la verdad probable reproducida en el juicio que aprecian los juzgadores a la luz de los hechos y de las pruebas; es la repetición histórica de los hechos deducida por los juzgadores y reproducida en el debate mediante el aporte de las pruebas presentadas por las partes. En el caso que nos distrae, la sentencia absolutoria declara como el hecho probado fundamental, el número cuarto, que literalmente establece: “En fecha veintiuno (21) de Marzo del año dos mil doce, en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, ante los oficios del Notario José Ramos Aguilar, compareció el señor Edgardo Felipe Castillo Zúniga, en Representación de la Empresa Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R.L., a realizar transacciones mercantiles consistentes en Donaciones de seis Inmuebles, facultad que no tenía en el poder de administración, en nombre de la referida sociedad, los cuales se describen de la siguiente forma: a) Instrumento número ciento setenta y nueve (179), en el cual el señor Castillo Zúniga, Transfiere un bien inmueble consistente en una casa de habitación, ubicada en la Colonia Palmira de estaciudad capital a la Sociedad Mercantil Gold Mind, la cual era Representada por la señora Florencia Zelaya Beherens, b) Instrumento número ciento ochenta y uno (181) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere en un bien inmueble consistente en un terreno, ubicado en el Barrio Perpetuo Socorro, de la Ciudad de Comayagüela Departamento De Francisco Morazán, a la Sociedad Mercantil Gold Mind, la cual era representada por la señora Florencia Zelaya Beherens c) Instrumento número ciento ochenta y dos (182) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere un bien inmueble consistente en dos lotes de terreno, ubicado en el Valle La Plazuela, llamado sabana grande, de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a la Sociedad Mercantil Gold Mind la cual era Representada por la señora Florencia Zelaya Beherens, sobre los cuales pesaba una hipoteca a favor de Banco de Occidente d) Instrumento número ciento ochenta y tres (183) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere un bien inmueble consistente en tres mil (3,000) varas de terreno en el cual está construida una vivienda, ubicada en la primera avenida de Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, a la Sociedad Mercantil Gold Mind, la cual era Representada por la señora Florencia Zelaya Beherens, sobre los cuales pesaba una hipoteca a favor de Banco de Occidente. e) Instrumento número ciento ochenta y cuatro (184) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere un bien inmueble consistente en un terreno ubicado en el Barrio La Cruz, de la Ciudad de Choluteca, a la Sociedad Mercantil Gold Mind, la cual era representada por la señora Florencia Zelaya Beherens. f) Instrumento número ciento ochenta y seis (186) en el cual el señor Castillo Zelaya, transfiere un bien inmueble consistente en un terreno ubicado en la Colonia Palmira, de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a la señora Ana Petronila Castillo Zúniga.” (Subrayado y resaltado son míos). Como puede observarse en este hecho probado, el Tribunal de Sentencia expresamente manifiesta que el Querellado no tenía facultades, en el Poder de Administración que se le otorgó, para donar los bienes inmuebles relacionados es decir, que el señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, en un claro abuso de confianza excede el límite de su mandato, tal y como a lo largo de la valoración de la prueba y de la fundamentación jurídica lo admiten los Juzgadores (a manera de ejemplo, paginas 17, 19, 21 de la sentencia recurrida); sin embargo, el Tribunal de Sentencia considera que esta conducta (la de Donar los Bienes Inmuebles a una Sociedad Mercantil de su propiedad) es atípica, pues no se subsume en el tipo penal consignado en el artículo 242 numeral 8 del Código Penal, luego de hacer un análisis de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, resaltando que jurídicamente el tipo penal de Apropiación Indebida protege como bien jurídico tutelado la propiedad privada de bienes muebles y estos no son otros que los señalados en el artículo 601 del Código Civil. En este sentido es pertinente señalar que efectivamente el tipo penal de Apropiación Indebida tiene como objeto material del delito los bienes muebles, el dinero y efectos que le hayan sido confiados al sujeto activo y los que está obligado a devolver; en el caso que nos ocupa, al Querellado le fue confiada la Administración en General de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L y no solo la administración de los bienes inmuebles descritos en el hecho probado cuarto (los que en todo caso forman parte del patrimonio de la Empresa), según se desprende del propio Poder de Administración y de las facultades que le fueron prescritas, como se valoró en la Sentencia Recurrida en Casación (ver página 10 de la sentencia: valoración del poder otorgado, que corre a folios 35 al 39 del expediente), específicamente cuando se consigna que se le otorga mandato para que: “a) Administre los bienes, derechos y acciones, ya sean propiedad, uso, usufructo o por cualquier otro título o concepto; b) Pueda aceptar Donaciones de cualquier naturaleza; c) Reciba o acepte bienes de toda clase en hipotecas, prenda, usufructo o por cualquier otro concepto; d) Pueda comprar y aceptar traspasos de bienes inmuebles y muebles y derechos reales de toda clase, para que pueda vender, permutar, hipotecar, prendar los bienes inmuebles y muebles, en la obtención de créditos con personas particulares e instituciones bancarias nacionales o extranjeras…………”. En este orden de ideas, vale la pena señalar que el patrimonio de una Sociedad Mercantil está formado por una diversidad de bienes, entre los que cuentan, obviamente, los bienes inmuebles (ver artículos 4,21 y 24 del Código de Comercio); es decir que estos una vez que integran el patrimonio económico de la Sociedad, son elementos de la Empresa y deben ser administrados dentro de los límites que, en el presente caso, se le concedieron al mandatario (al Querellado). Como puede constatarse el señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, disminuyó el patrimonio de la sociedad con la auto Donación que se hizo (pues la sociedad beneficiaria es de su propiedad); es decir, con el uso abusivo del poder que le fue conferido, disminuyó el patrimonio de Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L, aún y cuando nunca tuvo la facultad de Donar los bienes muebles e inmuebles de la misma; en otras palabras la Donación de los relacionados bienes inmuebles fue un simple mecanismo utilizado para disminuir el patrimonio societario, sin contar con la autorización de los socios e, insisto, sin tener facultades para disminuir o traspasar el patrimonio de la Sociedad, perjudicando directamente a los otros socios, que coinciden con los Querellantes en la presente causa y a los que según el artículo 20 del Código de Comercio debe responder por su accionar Doloso. Lo expuesto nos conduce a establecer, como conclusión, que cuando el Querellado Dona los bienes inmuebles, lo que está Donando es el activo patrimonial de la Sociedad y este, obviamente, aparece representado válidamente en las aportaciones de los socios, como lo establece el artículo 24 y 73 del Código de Comercio, en el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Partiendo del hecho cuarto declarado probado, que admite que el Querellado no tenía facultad alguna para donar y en el entendido que el poder que se le confirió lo que pretende es dotarle de facultades especiales y generales de administración (pues incluso cuando se le permite vender, es únicamente para efectos de créditos para la Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L. como se observa en el inciso b. página 11 de la sentencia), necesarias para lograr los fines del mandante y de sus socios, su conducta tiene como resultado final la disminución patrimonial de la Sociedad y del valor de las aportaciones o partes sociales de los socios; por lo que, evidentemente, cuando se traspasan mediante Donación los Bienes Inmuebles de Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L, lo que realmente se traspasa es su patrimonio, representado en las aportaciones de cada uno de los socios, ahora Querellante; en otras palabras, el Querellante traspasa el valor del patrimonio societario de FICA s. de R. L. a la Sociedad de la que es socio mayoritario y Gerente General, me refiero a la Sociedad Mercantil Gold Mind y de la que su esposa Florencia Zelaya Beheren, es también socia así como sus tres (3) hijos. Apreciándose así, indubitablemente, que el Querellado se Apropió del capital de la Sociedad que por mandato representaba. Por todo lo expuesto, es evidente que el Tribunal de Sentencia, tenía que subsumir los hechos en el artículo 242 numeral 8 del Código Penal, pues todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo se configuran, tal y como paso a exponer: 1.- Sujeto Activo: En este caso el señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga. Cualquier persona puede tener esta condición. 2.- Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona natural o jurídica. 3.- Objeto Material del Delito: según nuestro Código Penal este se representa mediante cualquier cosa mueble o efecto. El concepto de cosa mueble, según el Código Penal Español (artículo 252), se extiende a valores y a activos patrimoniales. En el presente caso, la conducta del querellado se dirigió a traspasar, para su beneficio, los activos patrimoniales representados en los bienes inmuebles descritos en el hecho probado cuarto; es decir, mediante las escrituras públicas de traspaso, se disminuyó el patrimonio de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L. y esta disminución se hizo en provecho del Querellado, pues como se dejó establecido en la Sentencia Recurrida, el señor Edgardo Felipe Catillo Zuniga es el socio mayoritario y Gerente General de a la Sociedad Mercantil Gold Mind (ver último párrafo de la página 18 de la sentencia, en el acápite de la valoración de los Instrumentos Públicos de Donación). En este punto, es importante reiterar que el patrimonio de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L., está representado por sus activos y los bienes inmuebles forman parte de los activos de una sociedad Mercantil, por lo que al Venderlos o Donarlos, se produce una disminución del valor económico de las partes sociales (en el caso de las S. de R. L.); es decir, que el Contrato de Donación es, en esencia, una transferencia de los activos patrimoniales de la sociedad a beneficio del Querellado y este, el patrimonio societario, está representado en el Balance General por el Circulante, Bienes Muebles, Inmuebles y otros, que se aprecian en un monto o cantidad de dinero, que obviamente se disminuyó con las Donaciones, teniendo como lógica consecuencia la desvalorización de las partes sociales, en perjuicio de los Querellantes; es decir, lo que es en esencia se traspasa es el activo patrimonial de una sociedad a otra, lo que, desde el punto de vista económico, representa la desvalorización de una sociedad para traspasar su valor a otra en perjuicio, obviamente, de sus socios o aportantes. Esta Apropiación de los activos patrimoniales se equipara, en la Jurisprudencia Española, a la Apropiación de Bienes Muebles, cuando se expresa que “en materia de delitos de apoderamiento patrimonial ha de entenderse por cosa mueble todo objeto del mundo exterior susceptible de apoderamiento material y de desplazamiento: concepto funcional a efectos penales no necesariamente coincidente con el de cosa mueble en el orden civil” (ver página 482 del Código Penal, Primera Edición 1996, Ley Orgánica 10/1995, del 23 de Noviembre, del Código Penal, Comentarios, Jurisprudencia, Legislación Complementaria, por José Moyna Ménguez y otros) 4.- Conducta Criminosa: Es evidente que en el presente caso, el sujeto activo se apropió de los activos patrimoniales de la sociedad, al traspasarlos a una Sociedad Mercantil de su propiedad, utilizando el ardid del contrato de Donación de bienes inmuebles. 5.- Modalidad Criminosa En el presente caso, mediante el burdo artificio de la Donación, se pretendió engañar a los otros socios de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L, disminuyendo de esta manera los activos patrimoniales de la Empresa. En cuanto al Dolo, resulta claro que el Querellado ha tenido plena voluntad de apoderarse del patrimonio de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L., al trasladarlo a una Sociedad Mercantil de la que es socio mayoritario y Gerente General, utilizando el Ardid de la Donación, sin tener facultades para ese tipo de Contratos. Por todo lo expuesto resulta claro que los hechos SI se subsumen en el tipo penal consignado en el artículo 242 numeral 8 del Código Penal, por lo que debe Casarse la Sentencia Impugnada, dictándose Sentencia Condenatoria en contra del Querellado Edgardo Felipe Castillo Zuniga, como autor del delito de Apropiación Indebida en perjuicio de los señores Felipe Edgardo Castillo Cárcamo, Gloria Marina Castillo Zuniga, Maria Teresa Castillo Zuniga Y Blanca Margarita Castillo Zuniga, por haberse acreditado plenamente, además, la participación a título de autor del señor Castillo Zuniga, siendo ésta precisamente la interpretación que se pretende.- Segundo Motivo De Casación. Por Interpretación Errónea del artículo 242 numeral 8 del Código Penal, en relación a los artículos 601 del Código Civil y 4 numeral 2, 21,24 y 73 del Código de Comercio. Precepto Autorizante: Me autoriza para interponer este recurso el artículo 360 del Código procesal Penal, en cuanto expresa: “habrá lugar al recurso de casación por infracción ley “...cuando dados los hechos que se declaren probados en la Sentencia, se haya infringido un Precepto Penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal...”. Desarrollo Del Motivo De Casación: Como ya expresé en el desarrollo del motivo anterior el Casacionista, en el recurso de Casación por Infracción de Ley, debe partir inexorablemente de los hechos declarados probados para desarrollar la infracción de la norma sustantiva invocada. En el caso sub judice, como ya se indicó, el Tribunal recurrido considera en el hecho probado cuarto que efectivamente el Querellado se excedió en las facultades que le confirió el Poder General de Administración, específicamente cuando dona varios bienes inmuebles sin que se le hubiere otorgado facultad especial de transferir mediante Donación, lo que califica como un claro abuso de confianza; sin embargo aprecia que los hechos no se subsumen en el tipo penal del artículo 242 numeral 8 del código penal, básicamente porque el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la propiedad de bienes muebles; es decir, el objeto material del delito está referido exclusivamente a bienes muebles y no a bienes inmuebles (numeral tercero de la fundamentación jurídica), por lo que en aplicación del principio de legalidad debía absolverse al Querellado. El razonamiento anterior está desarrollado, en la sentencia recurrida, en franca infracción de la citada norma Derecho Penal Sustantivo, pues si bien el artículo 601 del Código Civil desarrolla el concepto de bienes muebles, este está referido al concepto de bienes muebles desde el ámbito del derecho civil exclusivamente; más, el caso que nos distrae, tiene su origen en la dilapidación de bienes patrimoniales de una Sociedad Mercantil debidamente constituida y traspasados a otra Sociedad Mercantil; en tal sentido, el concepto de bienes muebles civil no es aplicable de pleno, en cuanto lo que se traspasó con las Donaciones de los inmuebles descritos en el hecho probado cuarto es, en esencia, el patrimonio de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L. el que se disminuyó en libros y en el valor de las aportaciones (al grado que estas son meros documentos sin valor apreciable económicamente); obviamente, al traspasarse los únicos activos valorables económicamente de la Empresa, a favor del Querellado y de su Sociedad Mercantil Gold Mind lo que se traspasó, insisto, fue el patrimonio de los socios de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L y los que luego se constituyeron en Querellantes en la presente causa y, este patrimonio, reitero, solo se aprecia en el valor de las partes sociales suscritas, las que ahora no tienen valor económico alguno. Por lo expuesto y sin necesidad de ser reiterativo en cuanto al proceso de subsunción de los hechos (que ya se desarrolló en el motivo anterior), es evidente que los hechos declarados probados, se encuadran en cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal citado artículo 242 numeral 8 del Código Penal, específicamente aparece claro que lo que se traspasó no son bienes inmuebles per se, se trata más, bien del patrimonio de una Sociedad Mercantil que había sido confiado en Administración a un Mandatario que incumplió con su Mandato y se benefició del mismo, al grado de traspasarse el patrimonio societario a su favor. En este punto vale la pena hacer una remisión de lege ferenda al artículo 252 del Código Penal Español que extiende el concepto de Bien Mueble al de activo patrimonial, el que desde el punto de vista contable se aprecia en el circulante, bienes muebles e inmuebles, entre otros, del activo del balance general, por lo que resulta equivocado, como lo hace la Sentencia Recurrida, considerar que lo que se traspasaron fueron bienes inmuebles, cuando de lo que efectivamente se apropió el Querellado fue del patrimonio de la Empresa Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L; activos patrimoniales que en todo caso, caben dentro del concepto genérico de efectos (pues este abarca activos o muebles en general), también considerado en el citado numeral 8 del artículo 242 del Código penal; por lo que, los hechos fácticos sí se subsumen en el tipo penal citado, habiendo interpretado erróneamente, el Tribunal de Sentencia, como se ha establecido, el concepto de bien mueble al pretender hacer una interpretación exclusivamente civil, sin tener en consideración los artículos 4 numeral 2,21,24 y 73 del Código de Comercio, que igualmente desarrollan una extensión del concepto de cosa mercantil, en relación a la Empresa en su totalidad y en todos sus elementos (que se equipara al concepto de efecto) y el de bien mercantil, desde el punto de vista contable (al referirse a los bienes o activos de la sociedad); los que, por su naturaleza, nunca podrían considerarse como bienes inmuebles pues, insisto, son elementos de la Empresa y de la Sociedad Mercantil, considerados individualmente o en su conjunto. En resumen debe Casarse la Sentencia, dictando una Condenatoria, pues las “Donaciones” de los bienes inmuebles relacionados en la sentencia recurrida, no deben considerarse desde su naturaleza civil; por el contrario deben valorarse como activos de la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo (FICA) S. de R. L. los que Fraudulentamente se Auto Traspasó el Querellado a favor de sí mismo, pues es el accionista mayoritario de Gold Mind y su Gerente General; en otras palabras se transfirió a sí mismo el patrimonio de la sociedad que le fue confiada en administración, dejando si valor económico alguno las partes sociales que los querellantes tenían en FICA S. de R. L., apropiándose de, esta manera, materialmente, de sus activos patrimoniales, en un perjuicio económico fácilmente apreciable en el valor disminuido de las partes sociales de los Querellantes o en el valor global de todos los inmuebles traspasados (que se cuantifica originalmente en los traspasos que el señor Felipe Edgardo Castillo Cárcamohizo a la sociedad mercantil FICA S de R. L., al quedar estos con títulos que no tienen, en la práctica, valor económico alguno, por lo que el delito de Apropiación Indebida aparece claramente acreditado en contra del Querellado”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Legitimidad para la Interposición de la Acción Penal Privada 1.- Capacidad para ser parte en los procesos de Acción Privada Se definen como partes en un proceso penal de acción privada, a las personas naturales o jurídicas que por sí mismas les vinculan las relaciones jurídicas nacidas del hecho penalmente relevante, sea porque son titulares del bien jurídicamente tutelado que resultó lesionado o amenazado, sea por tener que responder a las cargas, obligaciones y responsabilidades inherentes de una acción u omisión que generó la lesión o la amenaza al bien jurídicamente tutelado cuya titularidad es de otro. De la anterior definición se determina que en un proceso penal de acción privada serán partes: a. La persona querellada, que es la persona natural que realizó la conducta comisiva u omisiva generadora de la lesión o amenaza al bien jurídicamente protegido por el Derecho Penal; se incluyen las personas naturales que actúen en su condición de representantes legales de la persona jurídica a cuyo nombre y por cuenta se haya cometido el delito, siempre que aquellas hayan hecho posible la acción u omisión ilícita (Art. 34-A cp.); y b. El o los actores, denominados querellantes, los cuales actúan en calidad de víctimas, siendo éstos: i. El directamente ofendido por el delito al ser titular del bien jurídicamente protegido que se vio lesionado o amenazado, pudiendo ser una persona natural o jurídica, incluyendo el Estado. ii. El cónyuge o compañero de vida, los hijos, los padres adoptivos, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos en los delitos cuyo resultado haya sido la muerte de la persona natural descrita en el numeral anterior y, iii. Los socios respecto de los delitos cuyo titular del bien jurídicamente protegido que fue lesionado o amenazado sea: una sociedad mercantil, una sociedad civil, los comuneros con respecto al patrimonio proindiviso, los socios o comuneros tendrán la capacidad procesal de actuación cuando lo hagan en defensa de los intereses societarios o comunes. Las personas jurídicas que tengan la calidad de víctimas, actuarán procesalmente por conducto de los llamados a representarles legalmente, según las leyes que les rijan. 2.- Capacidad de los querellantes para ser parte en el proceso penal que nos ocupa Consta en el acumulado judicial que en fecha doce (12) de febrero de dos mil trece, siendo las 10:37 a.m., fue presentado ante el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, acción penal privada por el abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, actuando en su condición de apoderado legal de los señores Felipe Edgardo Castillo Cárcamo, Gloria Marina Castillo Zuniga, Blanca Margarita Castillo Zuniga y María Teresa Castillo Zuniga, en contra del Señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, por suponerlo responsable a título de autor de los delitos consumados de Estafa (Art. 240 cp.), fraude mediante simulación de contratos (Art. 242.4 cp.) y apropiación indebida (Art. 242.8 cp.), en perjuicio sus representados (señores Felipe Edgardo Castillo Cárcamo, Gloria Marina Castillo Zuniga, Blanca Margarita Castillo Zuniga y María Teresa Castillo Zuniga); El apoderado legal de los querellantes en el escrito hace la previsión que la acusación puede ser ampliada en virtud de que no cuenta con autorización de la sociedad (refiriéndose a la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Fijo: FICO).- En resumen y partiendo de lo señalado en la querella, se presentaron como partes: a. Querellantes: Las personas naturales Felipe Edgardo Castillo Cárcamo, Gloria Marina Castillo Zúniga, Blanca Margarita Castillo Zúniga y María Teresa Castillo Zúniga; y b. Querellado: La persona natural Edgardo Felipe Castillo Zúniga. El escrito de acusación no deja margen de duda que los querellantes comparecen al estrado judicial en su condición de personas naturales, alegando ser las víctimas de los delitos por los cuales acusan, así definido en el preámbulo del escrito, en la fijación de las respectivas direcciones procesales de cada uno de ellos, siendo éstas las de sus respectivos domicilios y en el poder general para pleitos que se acompañó a la acusación, mismo que consta en el Testimonio del Instrumento Público Número 50, otorgado ante los oficios del Notario Arturo Morales Fúnez, que da fe que los querellantes comparecieron en su condición de personas naturales dándole poder especial para pleitos. Los hechos planteados en la Querella manifiestan que el querellado Felipe Edgardo Castillo Zuniga, haciendo uso abusivo de un Poder General de Administración otorgado por la Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo S. de R.L. (FICO), procedió a realizar donaciones no autorizadas de bienes inmuebles propiedad de aquella, a favor de la sociedad mercantil Gold Mind Sociedad Anónima de Capital Variable, explicando los querellantes que se trata de “auto donaciones” pues el Querellado figura como socio de la sociedad FICO y como accionista mayoritario de la sociedad Gold Mind. Con la relación hecha ha advertido esta Sala de lo Penal que se formuló imputación a una persona natural: señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, por conducta mediante la cual dispuso de bienes inmuebles ajenos que se señala causaron perjuicio al patrimonio de una persona jurídica: Sociedad Mercantil Financiera e Inmobiliaria Castillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Fijo, por lo que correspondía presentar la acción penal a la propia sociedad por conducto de su representante legal, quien a su vez debía actuar por medio de un apoderado legal (Art. 17.1 CPP), o en su defecto por cualquiera de los socios a nombre de la persona jurídica sociedad mercantil(Art. 17.3 CPP).- En lugar de lo anterior, los Señores Felipe Edgardo Castillo Cárcamo, Gloria Marina Castillo Zuniga, Blanca Margarita Castillo Zuniga y María Teresa Castillo Zuniga, presentaron la acción penal sindicándose como víctimas directas de los hechos imputados, lo que constituye causa de deslegitimación para entablar la acción penal privada, pues conforme a los hechos de la acusación los bienes inmuebles que se señalan como objeto de la defraudación no son parte del patrimonio de los querellantes sino del de un tercero que es una sociedad mercantil y si bien los querellantes son socios de dicha entidad societaria ello no les hace calificar como víctimas del delito, al no tener un perjuicio patrimonial directo sino eventual en relación a la posible disminución de las utilidades a percibir de la sociedad mercantil cuando se tratase de socios capitalistas (Art. 28 del Código de Comercio) o en la posible disminución del valor de las acciones sociales, lo cual no necesariamente podría ocurrir; dicho de otro modo aun cuando exista un daño patrimonial para la sociedad, ello no se traduce necesariamente en un daño patrimonial para los socios, de allí entonces la necesidad de hacer la diferenciación entre uno y otros. Ahora bien y en perjuicio de lo anterior, esta Sala de lo Penal conoce del presente caso con ocasión de dos recursos de casación en los que en suma se plantean tres motivos, los cuales fijan la competencia de este Alto Tribunal sobre los aspectos de derecho de los cuales debe emitir una resolución (Art. 350 CPP), no siendo ninguno de ellos lo relativo a la legitimación de los actores querellantes, por lo que tal defecto procesal no es posible revertir por este Supremo a falta de competencia, considerando además que tal aspecto fue debatido en la primera instancia sin que el Querellado haya impugnado la decisión del Tribunal de Sentencia sobre ello; Sin embargo si resulta importante que se señale la existencia del vicio y, más aún, se identifique con certeza la víctima de los hechos denunciados pues con ocasión de los recursos interpuestos le corresponde a esta Sala de lo Penal hacer un pronunciamiento de fondo del conflicto planteado. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto el Abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, apoderado legal de los querellantes Gloria Marina Castillo Zúniga, Blanca Margarita Castillo Zúniga y María Teresa Castillo Zúniga.- Motivo Primero y Segundo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 242.8del Código Penal, en relación con los artículos 4, 21, 24 y 73 del Código de Comercio; Concepto de la Infracción del Primer Motivo: Falta de aplicación de una norma Sustantiva; Concepto de la Infracción del Primer Motivo: Errónea interpretación de una norma Sustantiva; y Pretensión: Revocar el pronunciamiento Absolutorio, dictando en su lugar uno Condenatorio. Es pertinente hacer un solo pronunciamiento de los dos motivos planteados por el censor en su recurso de casación por Infracción de Ley, pues ambos gravitan esencialmente en la denuncia de la falta de aplicación de la norma sustantiva contenida en el artículo 242.8 del Código Penal, aun cuando en uno de ellos se alegue errónea interpretación, pues ésta generó precisamente su no aplicación al caso concreto. Hace eco el censor de lo señalado por el Tribunal de Sentencia quien declaró que el querellado no tenía facultades en el Poder de Administración que le otorgó la Sociedad FICO, para donar bienes inmuebles, siendo entonces una conducta abusiva de la confianza depositada, mas ésta es atípica, al no subsumirse en lo consignado en el artículo 242.8 del Código Penal, pues considera que éste protege la propiedad de bienes muebles, entendidos como tales los señalados en el artículo 601 del Código Civil y no bienes inmuebles que fueron los indebidamente donados; Explica el censor que tal criterio es erróneo pues al querellado le fue confiada la administración general de la sociedad mercantil, y no solo la administración de bienes inmuebles, es decir del patrimonio entero, que está conformado por una diversidad de bienes, entre los que cuentan bienes inmuebles, los que son elementos de la empresa y deben ser administrados dentro de los límites que se concedieron al querellado, mas éste, excediéndose, disminuyó el patrimonio de la sociedad mediante donaciones no autorizadas; resalta el censor que al donar los bienes inmuebles el querellado está donando el activo patrimonial de la sociedad que son las aportaciones de los socios como lo establece el artículo 24 y 73 del Código de Comercio; explica que existe la apropiación pues ha sido la empresa mercantil Gold Mind la beneficiaria de las donaciones, cuyo socio mayoritario es el querellado y en donde también tienen participación Florencia Zelaya esposa del querellado, así como sus tres hijos. En el segundo motivo, el censor señala que el concepto de bienes muebles que es usado por los juzgadores en la interpretación del tipo penal de Apropiación Indebida, es erróneo, pues el A-Quo se basa en lo señalado en el artículo 601 del Código Civil, sin tener en consideración los artículos 4, numerales 2, 21, 24 y 73 del Código de Comercio; asegura que el concepto civilista de bienes muebles es inaplicable al caso concreto pues debe entenderse que los bienes de los cuales se apropió el acusado son el patrimonio de la sociedad mercantil FICO, el cual solo se aprecia en el valor de las partes sociales suscritas, las que ahora no tienen valor económico alguno como consecuencias de las donaciones. Resume el censor que los hechos declarados probados se encuadran en cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal del artículo 242.8 del Código Penal, pues lo que se traspasó no fueron bienes inmuebles per se, sino el patrimonio de una sociedad mercantil que se los había confiado en administración al querellado, mismos que “caben” dentro del concepto genérico de “efectos” al que hace referencia el delito. Naturaleza del delito de Fraude Aprecia esta Sala de lo Penal, que en la fundamentación jurídica de la sentencia los juzgadores señalan que el tipo penal de Estafa es la figura delictiva genérica, entretanto el delito de fraude la figura delictiva específica (f. 442), siendo esto un error, el cual debemos corregir al ser de carácter relevante en cuanto al pronunciamiento de fondo que debe emitir este Supremo. Entre los delitos en contra de la propiedad figura el fraude, mismo que se define por un “modus operandi” y no por una conducta comisiva u omisiva específica; es el empleo de medios intelectuales para poner en escena artificios en abuso de la confianza depositada, con el fin de perjudicar el patrimonio ajeno en provecho propio o de un tercero (Animus Decipiendi), entendiéndose como patrimonio el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona y que son estimables económicamente, pudiendo ser bienes muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, etc. El Código Penal de Honduras tipifica el fraude en el artículo 241-A, estableciendo que: “Comete el delito de fraude quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada cometa acciones donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar o menoscabar los derechos o patrimonio del Estado o de terceros, de cuyas acciones se sirve el que delinque para burlar la ley o los derechos que de ella se derivan o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error.”.- Ahora bien el Código Penal en el artículo 241 tipifica expresamente 18 supuestos de fraude, como fraudes específicos entre los cuales se encuentra la Apropiación Indebida, contemplada en el numeral 8, que prevé que será sancionado “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarla o devolverla, o negare haberla recibido.”; Finalmente nos encontramos con el delito de Estafa, que es una clase particular de fraude, tipificado en el artículo 240 del Código Penal, el que señala que: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.”. Entiéndase entonces que el fraude es el género y la estafa es la especie que pertenece a aquel género, precisamente por ello es que los supuestos del artículo 241 del Código Penal tradicionalmente se les ha conocido como “Otros Fraudes”, como una frase que da a entender claramente que dentro de ese género se encuentra el delito de Estafa tipificado en un artículo anterior. La diferencia entre fraude y estafa radica en que en el primero el sujeto pasivo hace una disposición patrimonial con un consentimiento válido, sobreviniendo el dolo del sujeto activo quien con abuso de confianza se vale de un ardid para apropiarse o facilitar la apropiación a un tercero de aquella disposición patrimonial; entretanto en el segundo (estafa) el dolo es anterior a la disposición patrimonial, misma que se consigue provocando error en el sujeto pasivo a partir de un engaño, es así que la disposición patrimonial se realiza con un consentimiento viciado.- Es necesario advertir que si bien el artículo 241 CP se le conoce como Otros Fraudes, algunos de sus supuestos obedecen más a la naturaleza de la estafa que a la de fraude (ejemplo los numerales 4, 7, 9, 10 y15). En los procesos penales donde se aprecie un Concurso de Leyes entre la figura de fraude general, algunas de las clases de fraude específicos y la de estafa, requiere de un estudio inverso, ello por observancia al Principio de Subsidiariedad (Art. 2-A.2 cp.), y por mandato del artículo 243 del Código Penal al indicar que se calificará como fraude general cuando el hecho “no se halle comprendido en los artículos anteriores de este capítulo”; Por ello el análisis debe partir de la especie, pasando por los supuestos específicos y finalizando con el supuesto genérico; de modo que el Tribunal de Justicia estudiará el caso bajo el prisma de los elementos del tipo de estafa (Art. 240 CP), y en caso de juicio negativo de tipicidad, migrará su estudio a los casos de fraude específicos (Art. 242 CP) y, en defecto de encuadramiento y como última instancia evaluará si se cumplen con los elementos del tipo de fraude general (Art. 240 CP). Respecto a la Punibilidad, el Capítulo VI del Título VII del Libro Segundo del Código Penal establece que el delito de fraude contemplado en el artículo 241-A, será penado conforme lo señala el artículo 243, entretanto los fraudes específicos tipificados en el artículo 241 y la estafa, como la especie de fraude, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 241, todos del Código Penal.- Como consecuencia la pena de estafa y de fraudes específicos (otros fraudes), dependerá del quantum del daño patrimonial causado por el delito, entretanto que la pena del delito de fraude general depende de la existencia del delito sin que influya la extensión del daño patrimonial causado. Del Tipo Penal de Apropiación Indebida En relación a la denuncia por Infracción de Ley, sustentada en dos motivos distintos, considera esta Sala de lo Penal que es importante resaltar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: Ius Utendi (posesión), Ius Fruendi (usufructo) y Ius Abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Apropiación Indebida, definido en el artículo 242.8 del Código Penal, formulando reproche a “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido”. La apropiación Indebida es una figura penal que se encuentra en zona fronteriza con la Estafa, Hurto y la Malversación de Caudales Públicos, pero con elementos muy particulares y bien diferenciados: En el delito de apropiación indebida, la posesión de la cosa mueble es lícita, germinada de una relación previa entre el sujeto activo y pasivo, surgiendo después, en el primero, el ánimo de distraerla subrepticiamente a un fin distinto al que originalmente se había dispuesto, por ello, difiere del delito de hurto en no mediar sustracción; de la estafa por la ausencia de engaño previo a la posesión y; de la malversación de caudales por la naturaleza privada del bien mueble y el hecho de que el sujeto activo no es un servidor público; en la apropiación indebida lo que existe es la distracción ilegítima de un bien mueble privado que ya se posee legítimamente, pudiendo darse la apropiación del sujeto activo o de un tercero, “…la lesión al patrimonio se fundamenta en el posterior abuso de confianza derivado de la ruptura del título por virtud del cual se poseía la cosa…” (De Diego Diez, Alfredo, Manual de Derecho Penal, Corte Suprema de Justicia de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, 2006, Pág. 189). El sujeto activo de la apropiación indebida debe estar, por tanto, en posesión de la cosa apropiada, dándose en este tipo de delito una mutación de posesión lícita en una ilícita. Constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo, puede ser cualquier persona, a excepción del titular del bien mueble. 2. Sujeto Pasivo, podrá ser cualquier persona que esté en el uso, goce o dominio del objeto del delito. 3. Objeto material del delito, es el “bien mueble”. El bien mueble debe estar en posesión del sujeto activo por causa lícita, como ser: Aparcería (Art. 1750 del Código Civil), Arrendamiento de bienes muebles (Art. 1681 y 1683 del Código Civil), Comodato (Art. 1920 del Código Civil), Compra-venta con reserva de dominio (Art, 781 del Código de Comercio), Depósito (Art. 1939 del Código Civil), Mandato (Art. 1888 del Código Civil), Prenda con Desplazamiento, Préstamo de Uso (Art. 1919 del Código Civil), Transporte (Art. 1780 del Código Civil), Contrato Estimatorio (Art. 826 del Código de Comercio), Administración, etc., además el título de posesión debe acarrear la obligación de devolver el bien mueble o el de destinarlo a un propósito específico; 4. Conducta criminosa, definida por dos verbos rectores: a. Distraer: Destinar el bien mueble a un fin distinto al que originalmente estaba proyectado y para lo cual le fue dado al sujeto activo, siempre que el nuevo destino imposibilite la devolución de la cosa; b. Apropiarse: Pasar por propio el bien mueble, disponiendo de él tal como lo haría el verdadero dueño o facilitar para que un tercero lo haga; en realidad la apropiación es una forma de distraer el bien mueble, nada más que en este caso concurre el Animus Lucrandi; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser realizada de cualquier forma, pero siempre con abuso de la confianza depositada por el sujeto pasivo en el sujeto activo. Por otra parte, constituyen elementos subjetivos del tipo: el dolo y el Animus Rem Sibi Habendi: 1. El dolo, conformado por el conocimiento de estar en posesión de un bien mueble ajeno, de estarlo distrayendo a un fin distinto al concebido por la persona natural o jurídica que le cedió dicha posesión y la voluntad de querer hacerlo; y 2. El Animus Rem Sibi Habendi, que significa el ánimo de disponer el bien como si fuese dueño de éste. Las características del tipo penal de Apropiación Indebida, son: 1. Según su Estructura: a. Tipo Penal Básico al describir un modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales. b. Tipo Penal Compuesto al describir dos modelos de comportamiento, cada uno de ellos capaz de conformar una conducta típica distinta (distraer o apropiarse). 2. Según su Contenido; a. Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante la distracción o el apoderamiento del bien mueble ajeno por parte del sujeto activo. b. Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento. c. Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo. d. Tipo Penal Cerrado ya que los supuestos de hecho están determinados con precisión, de tal forma que de las conductas prohibidas se desprende con precisión del tipo penal. 3. Según el Sujeto Activo: a. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo. b. Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal. 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a. Tipo Penal Mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Propiedad Privada de los bienes muebles. b. Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. Concepto de Bien Mueble en el Derecho Mercantil para efectos del Artículo 241.8 del Código Penal El Tribunal de Sentencia ha declarado que el Querellado Edgardo Felipe Castillo Zúniga, ha obrado con abuso de confianza al realizar la donación de seis bienes inmuebles propiedad de la Sociedad Mercantil Financiera Castillo, S. de R.L., de la cual es socio minoritario, a la sociedad mercantil Gold Mind S. A., de la que es accionista mayoritario, sin embargo declara que dicha conducta es atípica pues los bienes protegidos por el tipo penal de apropiación indebida, tipificado en el artículo 242.8 del Código Penal son bienes muebles, conceptualizados en el artículo 601 del Código Civil, mientras que el objeto de la conducta del querellado son bienes inmuebles, conceptualizados por el artículo 602 del Código Civil.- Este razonamiento es rechazado por el censor, denunciando la falta de aplicación del tipo penal de Apropiación Indebida como consecuencia de una errónea interpretación de lo que debe entenderse “bien mueble”, cuando el hecho involucra patrimonio de una sociedad mercantil. Es importante tener presente que el artículo 13 del Código de Comercio (CC), señala que tendrán el carácter de mercantiles, con independencia a su finalidad, a las sociedades constituidas conforme el Código de Comercio.- Las sociedades mercantiles son ficciones legales mediante las cuales se da autonomía jurídica a una agrupación de activos (bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles), los cuales son destinados a la realización de actos de comercio, sujetos al derecho mercantil, y con un fin económico; por ende no se puede concebir a la sociedad mercantil operativa sin bienes.- Por lo anterior, el Código de Comercio reconoce a las sociedades mercantiles una personería jurídica distinta a las personas naturales; éstas han contratado comprometiéndose entre sí a realizar aportes para construir el capital de la sociedad mercantil que será sujeto de explotación; la sociedad mercantil entonces se convierte en un sujeto de derechos y obligaciones, con su propio nombre (denominación o razón social) que la distingue de los demás, con un domicilio, capacidad y patrimonio propio, entretanto los socios asumirán las ganancias o la pérdida que genere la explotación del capital social que han aportado.- El capital social estará representado por la suma del valor nominal de las aportaciones hecha por los socios, es decir que el patrimonio deberá consistir en una suma de activos por lo menos igual a la cifra del capital o dividendos que puedan ser capitalizados (Art. 21 CC); Todo aumento o disminución del capital social deberá publicarse e inscribirse en el Registro Público de Comercio, pudiendo los acreedores de la sociedad, de manera conjunta o separada, oponerse a dicha reducción sino hasta tanto se le hayan honrado los créditos o garantizado debidamente (Art. 22 CC). Toda sociedad mercantil contará por lo menos con una empresa mercantil, entendiéndose como tal el conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos para que, de manera sistemática, pueda ofrecer al público bienes o servicios, con propósito de lucro (Art. 644 cc); la empresa mercantil, desde la perspectiva del todo, se refutará cosa mueble (Art. 4 y 646 CC), pues: 1) La empresa es un objeto único, de los que sus elementos deben ser considerados como pertenencias; 2) La empresa mercantil (a diferencia de la sociedad mercantil) se transmite como un solo objeto; 3) La protección de la empresa se realiza como un todo, propiedad de la sociedad mercantil; 4) La conservación de la empresa se realiza como una unidad, a la cual se opone defensa ante la amenaza de disgregación.- De este modo la empresa mercantil, como un todo, puede ser objeto de enajenación (Art. 792, en relación al artículo 648 CC), hipoteca (Art. 1314 CC), arrendamiento, usufructo (Art. 654 CC), así como de embargo (Art. 647 CC). Ahora bien, en retorno al derecho penal, cuando el objeto del delito involucre la administración de una sociedad mercantil, el concepto de cosa mueble al que se refiere el artículo 242.8 del Código Penal, no puede tener implicaciones de carácter civil, pues como ya hemos hecho mención, la empresa se reputa cosa mueble, siendo uno de sus elementos la clientela y fama mercantil, las que no encuentran identidad a lo que conceptualiza el artículo 601 del Código Civil. Por otra parte, tampoco podemos entender desde el ámbito mercantil que cosa mueble constituyen cada uno de los elementos de la empresa mercantil apreciados individualmente, pues si tomamos aisladamente el elemento la clientela y fama mercantil, éstos no pueden ser dados en depósito, comisión o administración, ni tampoco ser devueltos; precisamente por esa imposibilidad de considerar los elementos aisladamente es que el artículo 647 del Código de Comercio impone la prohibición de disgregar los elementos de la empresa como consecuencia de acciones judiciales en su contra. Así entonces, la equiparación de cosa mueble al derecho mercantil debe ser atendido por el derecho penal como el conjunto de elementos puestos al funcionamiento de la empresa mercantil, cuya apropiación o distracción, con ocasión de abuso de confianza y actos desleales, produzcan un perjuicio para su éxito, causando demérito económico a la sociedad mercantil. (Ver en ese sentido la Sentencia de fecha 15 de abril de 2013, en Exp. 207-2011).- La acusación criminal amparada en el artículo 242.8 del Código Penal deberá acreditar que los bienes distraídos o apropiados (sean estos muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, fungibles o no fungibles), formaban parte del capital social de la sociedad mercantil, puesta al servicio de la empresa con fines de explotación económica, pues cualquier otro bien, aun cuando formen parte del patrimonio de la sociedad, si no está al servicio de la empresa, no forma parte de ésta y por tanto no puede refutarse como cosa mueble para los efectos del artículo 242.8 del Código Penal.- Pero además, la acusación deberá acreditar el perjuicio económicamente apreciable que se ha generado como consecuencia de la apropiación o distracción de la cosa mueble, realizado maliciosamente con abuso de confianza, pues sin ello no podría formularse reproche por un delito en perjuicio de la propiedad de la sociedad mercantil. En resumen, el artículo 242.8 del Código Penal, cuando nos habla de dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble, en principio refiere en su totalidad a cosas muebles como los bienes dados en depósito, comisión o administración y que han sido objeto de distracción o apropiación; Por cosa mueble debe considerarse en el marco del derecho civil, lo que define el artículo 601 del Código Civil, pero en el derecho mercantil a la empresa mercantil y sus elementos (Art. 4cc), como un todo articulado y coordinado, por lo que la afectación de cualquiera de éstos (bienes muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles), implica afectación de la cosa mueble llamada empresa mercantil, siempre que aquellos puedan ser apreciables económicamente. De la Procedencia del Recurso El Recurso es Parcialmente de Recibo.- Esta Sala de lo Penal ha hecho revista de los hechos declarados probados, mismos que después de confrontarlos con el ámbito situacional que prevé el supuesto del artículo 242.8 del Código Penal, permite arribar a un juicio negativo de tipicidad, es decir que los hechos son atípicos en relación al delito de Apropiación Indebida, pero por razones diferentes a las expresadas por el Tribunal de Sentencia en su Fundamentación Jurídica.- Advierte este Supremo que los juzgadores han hecho una errónea interpretación del tipo penal referido, así como de la sentencia emitida por esta sala el día 15 de abril de 2013, en Exp. 207-2011, pues el elemento objetivo del tipo penal, es un elemento normativo que no puede conceptualizarse bajo el prisma del artículo 601 del Código Civil cuando el objeto del delito es una empresa mercantil, siendo lo procedente buscar su contenido en lo que establecen los artículos 4 y 646 del Código de Comercio, de este modo, cosa mueble no son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sino que el conjunto de elementos que forman el todo de la empresa mercantil, lo que incluiría bienes inmuebles que formasen parte de aquella como elementos. En el caso de marras, los hechos declarados probados describen que el acusado Edgardo Felipe Castillo Zuniga, fraudulentamente distrajo bienes inmuebles que pertenecían a la sociedad mercantil Financiera Castillo S. de R.L. (FICO), sin embargo no se declara en el factum que los bienes eran elementos de una o más empresas de la sociedad mercantil referida, para que puedan ser refutados cosas muebles, dado que aun cuando sean propiedad de la sociedad mercantil FICO no debe entenderse que necesariamente éstos estaban destinados a una empresa (Art. 644 cc), debiendo haber sido un aspecto a acreditar por la acusación criminal. Por otro lado, los hechos probados no establecen el quantum del perjuicio económico causado con la distracción de los bienes inmuebles, lo que tratándose del delito de apropiación indebida resulta indispensable para efectos de fijación de los límites abstractos de la pena de reclusión y para la imposición del monto de la pena de multa (Art. 241 del Código Penal), penas de carácter principal para los responsables de esta clase de delito. Sin embargo, y habiéndose requerido por parte del censor el estudio de las normas sustantivas aplicables a los hechos históricos declarados probados, esta Sala de lo Penal declara que éstos se encuadran en el tipo penal de Fraude.- Como se ha explicado Ut Supra, el Tribunal de Sentencia no realizó un análisis completo de las normas sustantivas ante el concurso de leyes aplicables al hecho declarado probado, ello por un mal entendimiento de la figura penal, pues descartándose la existencia de una estafa y de un fraude especifico (apropiación indebida), devenía en la obligación de analizar si el hecho se encuadraba en el tipo penal de fraude general, tipificado en el artículo 240-A del Código Penal, el cual señala que: “Comete el delito de fraude quien con […] calidad simulada cometa acciones donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar o menoscabar los derechos o patrimonio del Estado o de terceros, de cuyas acciones se sirve el que delinque para burlar la ley o los derechos que de ella se derivan o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error.”.- En el caso que nos ocupa el Tribunal de Sentencia ha fijado en su declaración histórica que el acusado Edgardo Felipe Castillo Zuniga, actuando en su condición de administrador general de la Sociedad Financiera Castillo S. de R.L., compareció en fecha 21 de marzo de 2012, ante los oficios del Notario José Ramos Aguilar, a realizar la donación de seis bienes inmuebles que pertenecían a la sociedad que administraba, sin estar autorizado para ello; donación que realizó a favor de la sociedad mercantil Gold Mind S.A. de C.V., provocando así la disminución de los activos de la primera y el correlativo aumento de los activos de la segunda; la conducta realizada por el acusado constituye un acto abusivo de la confianza depositada en él al momento de haberle conferido el poder de administración de la Sociedad FICO, pues se vale de éste para simular potestades que no le habían sido conferidas, (la donación de activos de la sociedad administrada, lo que implicó la disminución de la sociedad mercantil FICO), pues aun cuando no se señala el valor individual o en conjunto de los bienes inmuebles distraídos, sin duda alguna existe un perjuicio de carácter económico que supera los diez lempiras (L. 10.00), cumpliéndose así el requerimiento de lesividad de la conducta (Art. 2-D CP) y confirmándose que se trata de un delito y no de una falta (Art. 400.2 CP). Con base en lo anterior, es posible declarar que los hechos declarados probados se subsumen en el tipo penal de fraude, contemplado en el artículo 240-A del Código Penal, vigente al día en que el acusado cometió la conducta distractora de los bienes, mediante la simulación de facultades que no tenía, causando un perjuicio económico, todo ello mediante el abuso de la confianza depositada en él; conducta realizada con pleno conocimiento y voluntad (dolo directo).- Debe agregar esta Sala de lo Penal que en apariencia, en la simulación hecha existe participación del fedatario público, pues autoriza dicho instrumento dando fe de que el acusado estaba revestido de facultades que no tenía y por su parte la persona natural que actuó en nombre de la Sociedad Mercantil receptora (donataria), pues ésta no tenía facultades de actuar en nombre de ésta al ser otra persona natural quien tenía su representación legal. La pena a imponer en el tipo penal de fraude general no depende del quantum de la afectación patrimonial producida (como sí ocurre en los casos de fraudes específicos y estafa), sino que basta con que éste exista, tal y como se ha comprobado en el caso que se juzga. El artículo 243 del Código Penal dispone que la imposición de una pena principal de multa, con un margen abstracto de cinco mil (L. 5,000) a diez mil lempiras (L. 10,000.00), debiendo imponerse al acusado la pena máxima, pues su conducta tiene extensas repercusiones en el patrimonio de la sociedad mercantil FICO y eventualmente en el desarrollo de su empresa; además, en consideración con el grado de culpabilidad del acusado, quien con su conducta fraudulenta terminó favoreciendo indebidamente a otra sociedad mercantil en la que figura como socio junto con su esposa e hijos (Sociedad Gold Mind S.A. de C.V.) Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, apoderado legal de los Querellantes Gloria Marina Castillo Zúniga, María Teresa Castillo Zúniga y Blanca Margarita Castillo Zúniga.- Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: No determinado por los Censores; Concepto de la Infracción: Inobservancia del Principio de Razón Suficiente en la valoración probatoria; Acciones de saneamiento presentadas: Imposibilidad como consecuencia que el vicio denunciado consta en la sentencia definitiva; Pretensión: Que se anule la sentencia recurrida, ordenando el reenvió y repetición de la audiencia de debate. El censor relaciona que los juzgadores, en la sentencia impugnada, concluyeron que la conducta del acusado es reprochable, pero atípica, lo que a su criterio es un contra sentido, pues reproche es un elemento normativo y psicológico que se aprecia dentro del ámbito de la culpabilidad y no de la tipicidad; analiza que los juzgadores incurren en vicio lógico al señalar que la conducta es reprochable pero no típica del delito de apropiación indebida pues los bienes de los que dispuso el acusado fueron inmuebles y no muebles, siendo la correcta deducción lógica que el acusado con las donaciones disminuyó el patrimonio de la sociedad Mercantil FICO. Agrega que, de igual modo se violentó la regla lógica de derivación que ordena que la motivación debe ser suficiente, dado que en el presente caso de la prueba no se puede deducir que la conducta sea atípica, pues basta con apreciar que los activos patrimoniales son en esencia, un elemento económico de la empresa que normalmente se aprecia en valor de mercado de las acciones o partes sociales y que estos elementos societarios jamás podrán considerarse como bienes inmuebles, por el contrario son cosas mercantiles según el artículo 4 del Código de Comercio, en consecuencia deben considerarse cosas o efectos mercantiles, perfectamente apreciables en el concepto genérico de bien mueble. De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo.-Del estudio del recurso se puede establecer que el mismo ha sido mal formulado, pues el censor confunde lo que es censura por violación a las reglas de la sana critica con indebida interpretación normativa, siendo la primera un vicio in procedendo, entretanto lo segundo un vicio in iudicando (y que precisamente motivó el recurso de casación por infracción de ley que ya ha sido resuelto); adicionalmente, el censor confunde los motivos del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: Violación a las Reglas de la Sana Critica, cuyo centro de estudio es el correcto racionamiento judicial sobre la prueba, con la Motivación Insuficiente, que censura la falta de motivación apta para explicar cual fue el racionamiento judicial sobre los hechos o el derecho, con independencia si dicho razonamiento es o no compartido, habiendo el censor agrupado ambos vicios, incompatibles, en un mismo reproche. Es claro, para este Supremo, que el núcleo de la censura en el recurso es sobre el criterio de atipicidad de los hechos que plasmó el A-Quo en su sentencia, con base en una interpretación normativa, misma de la cual se ha hecho un análisis puntual en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por ser éste el recurso propio para la resolución de este tipo de vicios y no el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, del cual ha hecho mano el Censor como un segundo medio de impugnar la sentencia absolutoria decretada. V. DECISIÓN 1. No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo; y 2. Ha Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal falla: Primero: Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su Único Motivo, interpuesto por el Abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, en su condición de apoderado legal de la parte querellante; Segundo: Declara Ha Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Jaime Erick Rodríguez Ordoñez, en su condición de apoderado legal de la parte querellante; en consecuencia casa la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, revocando la misma y emitiendo en su lugar las siguientes resoluciones: 1) Que debemos condenar y se condena al señor Edgardo Felipe Castillo Zúniga, como autor material directo, de un delito consumado de Fraude, en perjuicio de la Sociedad Mercantil Financiera Castillo (FICA), S. de R.L., a la pena principal de multa de DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 10,000.00), misma que deberá enterar a la Tesorería General de la República de Honduras; 2) Que debemos condenar y se condena al señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga, a responder por la responsabilidad civil derivada del delito por el cual se le ha encontrado culpable, misma que deberá ser exigida y cuantificada por la Sociedad Mercantil Financiera Castillo (FICA), S. de R.L., en la etapa de ejecución de esta Sentencia; 3) Al tratarse de un delito de acción privada por conversión de acción pública a instancia particular (Art. 41 CPP) debemos condenar y se condena al Señor Edgardo Felipe Castillo Zúniga, a responder por las costas producidas en la primera instancia así como las de la única instancia, por el proceso penal del cual ha resultado un pronunciamiento condenatorio.- Y MANDA: PRIMERO: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal, respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme y además, librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor Edgardo Felipe Castillo Zuniga. (Art. 06 CPP).- Segundo: Con Certificación de la presente resolución, líbrese atento oficio a la Contraloría del Notariado, a efecto de iniciar la instrucción investigativa para definir si existe responsabilidad del Notario José Ramos Aguilar, con Exequatur número 535, por haber autorizado Instrumentos Públicos que sirvieron de medio para la comisión del delito de Fraude en perjuicio de la Sociedad Mercantil Financiera Castillo (FICO) S. de R. L. (Art. 74 del Código del Notariado y 4.5 del Reglamento de la Contraloría del Notariado).- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado Coordinador.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- edwin francisco ortez cruz.-Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-184-2016.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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