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Sentencia CP-173-15 — Registro 7928

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado, del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"..I).-notificada al acusado o a su defensor” (F. 855 v.) afirmación que es falsa por no ser esa la objeción presentada por la defensa en la audiencia de debate. También en su sentencia el Tribunal indico que la perito encargada de la pericia “no fue nombrada por el órgano jurisdiccional competente, por lo que la defensa no tuvo conocimiento de la realización de dicha pericia y condiciones de realización de la misma” (f. 856 v), afirmación que igualmente es falsa, pues en el acumulado judicial consta el escrito presentado por el Ministerio Público 11 de Mayo de 2009, solicitando la toma de muestras para realizar el estudio de escaneo de iones (f. 138), la providencia que admite tal solicitud (f. 141) y la notificación a la defensa de tal solicitud (f. 171). A la postre dicho medio de prueba fue declarado ilícito por falta de garantía de autenticidad en el manejo de las muestras que fueron objeto de análisis (falta de cadena de custodia); Con lo cual se evidencia que el Tribunal de Sentencia confunde los conceptos de Prueba Ilícita por violación a derechos fundamentales con el proceso de valoración de prueba a la que se le pueda formular cuestionamientos de autenticidad. J).- Declara el Tribunal de Sentencia que absuelve al acusado J. M. H. C., por duda razonable. La duda es un estado mental intermedio en donde el Juzgador al mismo tiempo, tiene prueba valedera que señala la culpabilidad de una persona como su inocencia y al no prevalecer una sobre la otra, debe de declarar la absolución en sentencia definitiva; En estos casos es obligación del tribunal hacer la ponderación de las pruebas antagónicas, razonando por qué ninguna de ellas excluye a la otra, de modo que el conjunto de prueba muestra la existencia de varias posibilidades que expliquen con igual plausividad el hecho objeto de juzgamiento. En el caso de la sentencia venida en casación, no se aprecia que los Juzgadores hayan compartido los motivos que le generaron duda, violentado así el Principio de Razón Suficiente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA en elRecurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual Absolvió al señor J. M. H. C., del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras.- No procedió la condenar en costas al Ministerio Público.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada M. F., actuando en su condición Fiscal del Ministerio Público. Son Partes: La Abogada I. A. F. N., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente, y el Abogado J. A. C. A., Defensor Privado del señor J. M. H. C., en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día nueve de mayo de dos mil nueve, en torno a las cuatro y media de la tarde, en un dispositivo policial preventivo de rutina en la Cuesta la Bendición, jurisdicción de Esparta los policías C. A., R. C. y M. G. le hicieron señal de parada a un vehículo Marca Toyota, Prado, color Gris, y placa PBZ3941, que transitaba con dirección a Tela, dicho vehículo era conducido por J. H. y a quien le acompañaban dos personas más, procediendo a realizar un registro del vehículo encontrando en el baúl una caja de cartón color azul con la leyenda Ross conteniendo en su interior catorce mil dólares. SEGUNDO: Seguidamente los agentes procedieron a detener a J. M. H. C. y acompañantes trasladándolos a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Tela ese mismo día y remitiéndole al Ministerio Público quien presentó requerimiento Fiscal por el Lavado de Activos. TERCERO: Que el señor J. H. conjuntamente con el señor J. S. (este último no es objeto de juicio), y que le acompañaba el día de los hechos, se dedican a realizar actos de comercio relacionado con la compra venta, permuta y trabajan juntos como comisionistas en la venta de vehículos usados con empresas dedicadas a ese rubro.”. III. RECURSO DE CASACIÓN. LA RECURRENTE Abogada I. A. F. N. en condición de Agente del Ministerio Público, interpuso Recurso de Casación “POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues inobservó las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de la prueba allegada legalmente al proceso. Para el Tribunal sentenciador, la acusación pública no logró demostrar durante el juicio el origen ilegal del dinero encontrado en poder del señor J. M. H. C. al momento de su detención, por lo que decide proferir un fallo absolutorio injusto a favor del mismo. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del ente acusador, no es más que el resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de Tela al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad; así como la Experiencia Común, tal como se expondrá a continuación. El Tribunal en la sentencia de mérito, específicamente en la sección de valoración probatoria, expone respecto a cada uno de los medios de prueba evacuados sus apreciaciones, por lo que haremos una breve descripción de lo manifestado por los testigos de cargo, los peritos y el contenido de la prueba documental; contrastándolo con ¡o expresado por el Juzgador en la sentencia de mérito: DECLARACION DEL ACUSADO: El enjuiciado J. M. H. C., haciendo uso de su derecho a declarar, como parte de su defensa material, manifestó lo siguiente: “...veníamos de hacer un negocio de un vehículo que allí está mencionado, se lo vendimos a un amigo que nos llamó, D. J. M., el cual nos pagó de contado el vehículo con dólares y dada la hora era muy tarde, no pudimos depositario en el banco y decidimos traerlo en efectivo Agregó que al momento de su detención dijeron a los policías que traían consigo los traspasos de las armas que habían recibido como parte del pago y también que portaban el traspaso del vehículo de cuya venta surgió el dinero que llevaban; manifestó que lo acompañaban J. A. S. y J. O. C. y que él se dedica a la venta de vehículos usados, pero que no tiene un auto lote o lugar donde desarrolle su actividad de comercio. PRUEBA TESTIFICAL DE CARGO: 1. DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS C. W. A. S., M. R. G. Y R. C. (ésta última introducida mediante lectura); todos Policías, declararon acerca del operativo que realizaban en fecha 09 de Mayo de 2009 en “La Cuesta de la Bendición”, del municipio de Esparta, Atlántida, en la Carretera que conduce a de Ceiba a Tela; mediante el cual hicieron señal de parada al vehículo Prado, color gris en el que se transportaba el acusado en compañía de dos personas más, quienes al ser preguntados si portaban armas, manifestaron que sí y las mostraron; luego hicieron un registro al automotor encontrando un arma larga 2.23 y en la parte de atrás del baúl del vehículo una caja color azul conteniendo dólares en billetes de a veinte, manifestando el imputado y sus acompañantes que el dinero era de la venta de un vehículo que hicieron en Ceiba. 2. DECLARACIÓN DEL TESTIGO J. J. M. P. quien manifestó en juicio que la firma del Traspaso del Vehículo Mazda BT-50, azul plateado donde aparece su nombre como el vendedor de dicho vehículo, no es su firma. (Este es el vehículo que el acusado asegura haber vendido y que producto de su venta obtuvo catorce mil dólares, más dos armas de fuego). 3. ACTA DE REGISTRO Y ACTAS DE DECOMISO. Documentos que acreditaron el hallazgo de las siguientes evidencias: a) Dos celulares: El primero, marca Nokia, color gris y el segundo, marca ZTE, serie 322682434737; b) Una caja de cartón color azul con la leyenda “ROSS” la cual contenía siete paquetes de billetes en denominación de veinte dólares. Esta documentación también acredita el decomiso del vehículo en el cual se conducía el acusado y sus acompañantes, marca Toyota Prado, tipo camioneta, color gris oscuro, motor 1K2-1435082, placa PBZ 4941. La cantidad de dinero descrita, que asciende a Catorce Mil Dólares exactos, fue depositada a la cuenta de Banco de Occidente a nombre de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tal y como se acredita con el recibo y constancia de dicho Banco. 4. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO; ratificado en juicio oral por el Detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico E. F. M. N.; que en su contenido incluye la documentación consistente en a) Informe de la Secretaría de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa mediante el cual se informa que el acusado J. M. H. C. no se encuentra registrado como comerciante individual, ni es socio de ninguna empresa, b) Dos Informes de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que establecen que el acusado no tiene registro de vehículos en el Sistema de Información Tributaria y que no se encuentra inscrito en el sistema de información de dicha entidad, c) Informe de la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguros que acredita que el acusado tiene cuenta bancaria en la institución CITI con cuenta de ahorro en un saldo de ciento cincuenta Lempiras (L.150°°), d) Informe de la Dirección General de Migración y Extranjería, que hace constar que no se encontró registros migratorios a J. M. H. C., e) Oficio de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Ratificado. 5. ANÁLISIS PATRIMONIAL Y FINANCIERO; ratificado por la Perito oficial M. A. V.. y que determinó que ni el acusado ni sus acompañantes reunían la capacidad para tener las cantidades de dinero que portaban y patrimonialmente no tienen la capacidad de portar el vehículo en el cual se conducían, ni las armas, por lo que se llegó a la conclusión que el caso era constitutivo del delito de Lavado de Activos; asimismo la Perito confirmó que el acusado no justificó la tenencia legal de los Catorce Mil Dólares. Toda la probanza anteriormente relacionada, fue valorada por el Tribunal de la siguiente manera: 1. En cuanto a las declaraciones testificales de los policías C. W. A. S., M. R. G. Y R. C., así como en relación a las ACTAS DE REGISTRO Y DECOMISO, el Tribunal no ha efectuado cuestionamientos en torno a las mismas, otorgándoles acertadamente credibilidad, por cuanto ha sido coherente entre sí; de manera, que nos hemos referido a ellas al momento de describir la prueba, con la finalidad de resaltar su concordancia con el resto de prueba de cargo incorporada al juicio. (Apartado de la Valoración Probatoria, numeral Primero, páginas 3 y 4 de la Sentencia). 2. Respecto a la deposición del señor J. J. M.; el Tribunal manifiesta que su afirmación en cuanto a que la firma que aparece en el documento de traspaso que se le puso a la vista no es de su puño y letra no tiene valor probatorio, pues sus dichos “no fueron probados con una pericia caligráfica”. (Apartado de la Valoración Probatoria, numeral Séptimo, página 18 de la Sentencia). 3. En relación al Informe de las diligencias de investigación realizadas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, el Tribunal considera que el hecho de que el acusado no se encuentre inscrito en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, no significa que no desarrolle una actividad económica informal y que es un hecho notorio que hay actividades de comercio que se desarrollan dentro de la economía informal como ser el comercio de vehículos usados; igual justificación arguye el sentenciador respecto al hecho de que el acusado no tenga vehículos registrados a su nombre, pues considera que ha quedado probado que el mismo, ha recibido comisión por ventas en la empresa Importaciones Sierra S. de R. L.; al referirse al Informe de Banca y Seguros manifiesta, que aunque el saldo en la cuenta que maneja en banco CITI es de ciento cincuenta Lempiras, no es menos cierto, que el mismo tiene tarjetas de crédito a su nombre, manteniendo una línea de crédito hasta por cien mil Lempiras en accesorios para vehículos y en cuanto a que no se hayan encontrado declaraciones en la DEI en concepto de ningún tipo de impuestos que haya hecho el acusado, ni registro de negocios a su nombre; el sentenciador refiere que el enjuiciado no registraba ingresos significativos de dinero y siendo que las personas naturales con ingresos menores a ciento diez mil Lempiras normalmente no presentan declaración de impuestos, ya que están exentos de pago, según lo establece la Ley de Impuestos Sobre la Renta en su artículo 22, por lo que este PODRÍA SER EL CASO DE J. considerando finalmente el sentenciador, que éste informe no abona a favor de la hipótesis del ente acusador. (Apartado de la Valoración Probatoria numeral Tercero, páginas 8 y 9 de la Sentencia). 4. Al referirse a la valoración del Análisis Patrimonial y Financiero el juzgador acusa el mismo de falta de objetividad, por considerar que “la conclusión de la Perito es incompleta y no está sustentado (el dictamen) en información fidedigna sino que en juicios de valor con alto contenido de subjetividad”. (Valoración Probatoria, numeral tercero inciso 4, página 10 de la Sentencia). El Ministerio Público en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo.- A continuación procedemos a evidenciar la manera en que el juzgador ha inobservado las reglas de la Sana Crítica, al valorar la prueba en relación y que indudablemente no puede dar otro resultado, que tener por acreditada la existencia del delito por el cual se acusó y del cual el procesado es el autor material. La declaración del imputado J. M. H. C. fue totalmente desvirtuada por la prueba de cargo, quedando establecido, que la misma no refleja veracidad en sus dichos, ya que manifestó que él y sus acompañantes venían de hacer una venta de un vehículo y que del producto de esa venta portaban los catorce mil dólares que fueron encontrados por la Policía, asimismo que éste dinero no pudieron depositario en el Banco en razón de lo tarde de la hora; sin embargo, éstos dichos se contradicen con las acciones del acusado y sus acompañantes al momento de su detención, pues si no había ninguna razón para ocultar el dinero (porque era producto de un negocio lícito) no resulta razonable que de primera instancia, el acusado haya evitado manifestar dicha situación a los Policías, sino que fue hasta el momento en que éstos practicaron el registro al vehículo y encontraron el dinero, que los ocupantes, incluyendo al acusado, trataron de dar explicaciones, pues entonces había quedado en evidencia el hallazgo del dinero y del arma que no mencionaron, en virtud que el acusado solamente refirió a la Policía portar un arma y no se refirió al fusil, armas que, no está de más señalar, portaban de forma ilegal. La autenticidad del supuesto traspaso del vehículo también fue desvirtuada al presentarse la persona que supuestamente lo había firmado (J. J. M. P.), declarando que él no había estampado su firma en dicho documento, lo que permitió concluir que se trata de una coartada de la defensa. No obstante las citadas circunstancias, a criterio del sentenciador la declaración del acusado resultó congruente y creíble; razonamiento que vulnera las Máximas de la Experiencia puesto que, una persona que anda en negocios lícitos de comercio no oculta de la Policía esos hechos, ni toma como pago armas de ilícita portación o esconde de la Policía el producto (dinero) de su negocio. Consecuentemente, resulta evidente que se demostró en la Audiencia del debate, a través de la probanza pericial y documental, que la declaración del imputado no corresponde a la verdad de los hechos ocurridos. En relación a la valoración probatoria de la prueba de cargo por parte del sentenciador, consideramos necesario efectuar las siguientes consideraciones: a) En cuanto a la declaración del testigo J. J. M. P., su dicho dentro del juicio cumplió con la finalidad pretendida, al asegurar el testigo que vendió un vehículo a R. B., Mazda BT-50, azul plateado, en el año 2008 y que no fue él quien estampó la firma en el traspaso que se le pone a la vista a favor de M. F. P., no concurriendo ninguna circunstancia que conlleve a dudar de su dicho, por ende si bien lo ideal es la práctica de una pericia caligráfica, tal omisión no demerita el testimonio de dicho deponente. b) En relación al Informe de las diligencias de investigación realizadas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico se hace necesario referir, que el Tribunal ha resultado desacertado en su valoración, en virtud que la no inscripción en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y el no tener vehículos registrados a su nombre el acusado, no necesariamente implica que el mismo se dedica a una actividad económica informal, estimó probado que el acusado recibe comisión por ventas en la empresa Importaciones Sierra S. de R. L., éste razonamiento lo consideramos carente de fundamento y hasta ingenuo por parte del sentenciador, pues el hecho de que una actividad económica sea informal no significa que la misma se desarrolle utilizando para ello actuaciones ilícitas (evasión de impuestos, traspaso falso, firma que no corresponde al nombre de quien supuestamente la estampó, portando armas de forma ilegal, portando dinero sin haberlo declarado a la autoridad correspondiente, viajando en vehículo que no está registrado a nombre de quien lo usa), pero el Juzgador optó por confiar más en lo referido por el enjuiciado, a pesar de carecer de sustento probatorio, pues incluso ni siquiera fue capaz de acreditar la existencia del autolote EbenEzer. c) El Dictamen Patrimonial y Financiero que se realizó y ratificó por una Perito experta en la materia quien concluyó; que el acusado no tiene la capacidad económica para la compra del vehículo en el que se conducía el día de los hechos, ni para portar la cantidad de Catorce Mil Dólares e incluso para adquirir las armas que portaba de manera ilegal; el sentenciador desvirtuando éste dictamen, arguye que el acusado tiene tarjetas de crédito que le permiten tener la disponibilidad económica cuestionada por el Dictamen Patrimonial, pero en ésta afirmación, además de emitir un criterio que únicamente corresponde a un experto en la materia (es decir asume un postura de Perito), está tratando de ignorar lo afirmado por la experta que realizó dicha investigación y quien afirmó que los ingresos mensuales del acusado, en base al valor declarado, aparecen en dos cuentas bancarias con saldos de 150.00 y de 335.00 Lempiras, así como los saldos en las tarjetas de crédito, de los cuales determinó que son mayores sus deudas que sus ingresos; fue más convincente para el Tribunal la constancia de que el acusado recibe comisión por ventas, que la investigación pericial minuciosa realizada tomando como base la información de todo el sistema bancario, transferencias y movimientos de dinero en el interior del país y fuera del país, así como del patrimonio individual del acusado, de sus ingresos y egresos. Finalmente cabe señalar, que respecto a la inversión de la carga probatoria a la que hace referencia el Tribunal Sentenciador al manifestar que “...la acusación pública no logró demostrar durante el juicio que los $ 14,000.00, provengan de actividades relacionadas con actividades ilegales y tampoco ha demostrado que dichos fondos no tengan causa o justificación legal”. (Ver numeral Primero del apartado de la Fundamentación Jurídica del Fallo, página 20 de la Sentencia). Este ente acusador, en relación a la inversión de la carga de la prueba, considera relevante hacer referencia a la obra “Comentarios a La Ley Contra el Delito de Lavado de Activos” del Abogado O. C., al señalar que: “En lo que concierne a que el ciudadano relacionado a un proceso de lavado de activos al acreditar el origen de los bienes, no se está invirtiendo la carga de la prueba... El legislador señaló en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos que se incurría en dicho delito si se llegase a adquirir, poseer, administrar, custodiar, utilizar, convertir, transferir, trasladar, ocultar o impedir la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia, pero no plasmó a quién le correspondía probar tales extremos, debido a que se deduce que el ente que ejercita la acción penal debe aportar elementos para romper el estado de inocencia al individuo, lo que significa que corresponde al órgano persecutor del delito (Ministerio Público) probar la comisión del hecho criminal de lavado de activos, o sea debe probar la imputación sin esperar que sea el imputado que lo haga, es decir, debe acreditar que los bienes que posee no tienen causa o justificación económica o legal de su procedencia (origen genérico)... Claro está que eso no impide que el sospechoso realice diligencias tendientes a establecer la forma mediante la cual obtuvo los bienes, es más se deviene obligado a ello, cuando el Ministerio Público, ya tiene los indicios necesarios acerca de que sus bienes son de origen ilícito o que están relacionados a una actividad delictiva en lo que a su procedencia se refiere, el sujeto está ante una inminente carga de la prueba, por lo que citarlo para que justifique el origen no sería una inversión de carga de la prueba, sino el ejercitamiento a su derecho de poder tener acceso a defenderse y desvirtuar la carga probatoria que tiene el Ministerio Público”[1], y en el presente caso, se ha acreditado más allá de la duda razonable, que el ahora procesado ha incurrido en el delito de LAVADO DE ACTIVOS, infracción que ha sido demostrada no sólo con la prueba de cargo, sino que también con la descargo, al evidenciar que el señor J. M. H. C. en sus cuentas de ahorro, nunca ha contado con cantidades iguales o superiores a la decomisada, de ahí que no resulta coherente la afirmación realizada por el sentenciador, en el sentido que éste ha justificado la tenencia de CATORCE MIL DOLARES ($14,000.00). Asimismo, no resulta válida la aseveración del ente jurisdiccional, en torno a que el acusado no tiene dinero depositado en la cuenta bancaria, porque necesita mantener el dinero invertido por el rubro al que se dedica, sin embargo tampoco se demostró que el mismo estuviera invertido en vehículos, entonces, resulta apegado a la lógica que del negocio al que se dedican no obtengan ganancias. El Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la prueba allegada al juicio, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, los que constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos; además de que esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado si perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que: el enjuiciado J. M. H. C.. al no dar una justificación de la procedencia lícita del dinero que portaba al momento de su detención, es decir de la cantidad de CATORCE MIL DOLARES ($14.000.00), así como el hecho de no demostrar la propiedad del vehículo en que se transportaba, pues el mismo no está registrado a su nombre, bienes de los cuales no pudo justificar su legítima procedencia, cumpliendo estos hechos, con los elementos del delito tipificado en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos.Además, el Sentenciador no es claro y preciso en sus aseveraciones ya que incluye en la misma, apreciaciones subjetivas como “PODRÍA SER”, (Ver Apartado de la Valoración Probatoria numeral Tercero, páginas 8 y 9 de la Sentencia), refiriéndose a los motivos por los que el imputado no presenta declaración de impuestos en la DEI, lo que refleja la falta de certeza en su razonamiento y lo acreditado con el material probatorio, incumpliendo con ello la regla de la derivación. En consecuencia, la Fiscalía como recurrente, es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez, debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.II.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Alegato: Inobservancia de las Reglas de la sana Critica en la Valoración Probatoria; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Acciones de Subsanación o saneamiento: Imposibilidad de presentar acción de subsanación o de saneamiento, en virtud de que el defecto está contenido en la sentencia definitiva. Pretensión: Sin Determinar por el Censor. El Ministerio Público fustiga la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia,por considerar que la misma contraría las reglas de la Sana critica; Analiza que el acusado simula que es vendedor de automóviles, pero no tiene autolotes o un lugar donde desarrolle dicha actividad, tampoco se encuentra registrado como comerciante individual, ni socio de empresa, no tiene vehículos propios, contando con cuentas bancarias con saldos bajos y tarjetas de crédito con saldo negativo, por lo que no tenía la capacidad económica para poseer la cantidad de dinero en dólares que le fuese incautada; Agrega que se demostró la falsedad del traspaso del vehículo que según el acusado es la fuente del dinero incautado; Pese a lo anterior la declaración del acusado fue valorada positivamente por los Juzgadores, lo que vulnera las máximas de la experiencia; Critica la afirmación de los Juzgadores respecto a que el acusado tiene tarjetas de crédito que le permiten tener disponibilidad económica, ignorando lo que refleja el dictamen financiero que determina que el acusado tiene más deudas que ingresos; Cuestiona al Tribunal al darle más credibilidad a una constancia que señala que el acusado recibe comisiones por la venta de vehículos que a un dictamen económico; Finaliza la Censora cuestionando el razonamiento del Tribunal de la Instancia al señalar que el acusado no tiene dinero depositado en instituciones del sistema financiero dado que lo tiene invertido en el rubro de vehículos, más no se demostró que efectivamente tuviese inversiones en vehículos. IV.III.- De las Reglas de la Sana Crítica Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1).- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2).- Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3).- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV.V.- De la Procedencia del Recurso El Recurso es de Recibo.-Esta Sala de lo Penal, previo a dar respuesta a la Censora, considera importante recordar que el Recurso de Casación es una Instancia donde se ejerce control de legalidad, y específicamente tratándose del recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica, el deber de ésteAd-Quemes auditar que el proceso de razonamiento no riña con las reglas de la sana critica, con independencia de la justicia del contenido de la valoración, lo cual es exclusivo de los Tribunales de Primera Instancia (y en los procesos de Flagrancia y procesos abreviados, de los Tribunales de Segunda Instancia).- Teniendo ello presente, este Tribunal de Casación advierte que el Tribunal de Sentencia ha hecho una errada valoración de los medios de prueba, pues sus razonamientos colisionancon las reglas de la sana critica, de manera tan esencial que invalidan lo resuelto en la parte dispositiva de la sentencia que ahora se conoce en casación. Entre las partes no existió controversia respecto a que el día sábado 09 de mayo de 2009, siendo las 04:30 p.m., el acusado J. M. H. C., conducía un vehículo, trasladándose con dos personas más, siendo detenido por elementos de la Policía Nacional Preventiva en el Municipio de Esparta, resultando después de un registro al vehículo el hallazgo de dos armas de fuego y de siete paquetes conteniendo billetes de $20 dólares los Estados Unidos de América, haciendo un total de $14,000.00.- Ahora bien la controversia gravito respecto al origen del dinero: Mientras el Ministerio Público señala en su tesis acusatoria de que no existe justificación económica y legal para la posesión del dinero y las armas de fuego por parte del acusado y sus acompañantes, éste indica que es producto de la venta de un vehículo, pues se dedica a la venta de automotores desde hace mucho tiempo y que el dinero y las armas fueron dados como pagos. A).- El Tribunal de Sentencia escuchó la declaración del acusado J. M. H. C., quien explicó que vendió un vehículo en La Ceiba, el cual no estaba a nombre suyo, sino de una Señora de Tegucigalpa (persona que nunca fue identificada por el acusado); Que al comprador se le dio “el traspaso” (Documento Privado de tradición de dominio de un vehículo), pero que no se hizo en el lugar porque ya estaba hecho (f. 832); Relacionado con este aspecto se evacuó el medio de prueba documental consistente en el documento de “traspaso” en el que se señala que en fecha 09 de mayo de 2009 (fecha en que fue detenido el acusado), el Señor J. J. M. P., traspasó la propiedad de un vehículo automotor al Señor M. A. F. P., documento que fue “autenticado” por el notario A. R. B., dando fue que la firma que calza en el documento de “traspaso”, es del “puño y letra” del Señor J. J. M. P., quien se identificó con su tarjeta de identidad, es decir que dicha firma fue puesta en su presencia.- Ahora bien estos medios de prueba fueron valorados incorrectamente por el Tribunal de Sentencia, a saber: 1. El Documento Privado de Traspaso de dominio de un vehículo, fue valorado por el Juzgador conforme las normas del Código Procesal Civil (f. 858 v), citando los artículos 271 y 272 de ese cuerpo normativo, lo cual contraviene el artículo 200 del Código Procesal Penal. Las reglas de valoración de los medios de prueba documental en el proceso civil son distintas a las del proceso penal; En el proceso civil la prueba documental hace plena prueba de su contenido (prueba tasada), sin perjuicio de las impugnaciones sobre su veracidad, los cuales requieren un procedimiento determinado (Art. 274 y 280 cpc); Entretanto en el proceso penal todos los medios de prueba, incluyendo la prueba documental, con independencia de su naturaleza pública o privada, su valoración se regirá conforme a las reglas de la sana crítica. 2. Existe violación al principio lógico de tercero excluido, pues los medios de prueba consistente en la declaración del acusado y el medio de prueba documental “traspaso” se niegan entre sí, por lo que ambos no pueden ser verdaderos, tal y como los calificó el Tribunal de Sentencia (Ver folios 852 y 859). El documento privado de traspaso, el cual fue valorado positivamente por el Tribunal de Sentencia, en particular por haber sido autenticada la firma por Notario Público; El Documento privado el cual consta a folio 59, informa que el Señor J. J. M. P., dio el traspaso de dominio de un vehículo al Señor M. A. F., el día 09 de Mayo de 2003; Entretanto el Certificado de Autentica, apreciable a folio 60 y hecho en fecha 09 de mayo de 2009, señala que la firma del “traspaso” pertenece al Señor J. J. M. P. quien se identificó con su tarjeta de identidad, por haber sido puesta de su “puño y letra”.- En conclusión dicho documento da fe que el Señor J. J. M. P. se encontraba en la ciudad de La Ceiba el 09 de mayo de 2009, y que se persono antela notaria del Señor A. R. B., firmando el “traspaso” frente a éste. Entretanto, el acusado J. M. H. C., haciendo uso de su derecho al ejercicio de la defensa material, declaró (f, 831 v) que el día sábado, en compañía de dos personas más (ninguna de ellas el Señor J. J. M. P.), se trasladaron a la ciudad de La Ceiba a hacer un negocio con un vehículo, el cual era propiedad de una señora, la que le dio los documentos del vehículo, desconociendo si la firma del traspaso que llevaban era del dueño, pues ellos no hacen los traspasos; Que le vendió el vehículo a D. J. M. y se le dio el traspaso que al declarante le habían dado.- En conclusión la declaración del acusado advierte que el traspaso del vehículo ya estaba hecho, que le fue entregado por la dueña del vehículo que fue objeto de venta y que éste le fue dado al comprador. Se aprecia entonces que los medios de prueba son antagónicos y por tantos violenta los principios lógicos que ambos hayan sido valorados positivamente por el Tribunal de Sentencia, pues necesariamente uno de ellos es falso, siendo las alternativas: i).- El traspaso del vehículo fue hecho con anterioridad, tal como lo señala el acusado y por lo tanto el documento presentado y su auténtica son falsos; ii).- El documento de traspaso fue hecho por el Señor J. J. M. P., ante notario público, el día 09 de mayo de 2009, en la ciudad de La Ceiba, siendo entonces la declaración del acusado J. M. H., falsa, en el sentido de que el traspaso le fue dado con anterioridad por la dueña del vehículo. B).- El Testigo J. J. M. P., en la audiencia de debate (f. 832 v), declaró entre otras cosas, que vendió un vehículo pick-up, Mazda, plateado en noviembre de 2008 por L. 205,000.00 a una persona que identificó como R., el cual vive en San Juan Pueblo; De igual forma el Testigo refirió que la firma que consta en el documento apreciable a folio 59, consistente en el traspaso del vehículo en mención de fecha 09 de mayo de 2009, no le pertenece. El Tribunal de Sentencia no le otorgó ningún valor probatorio, pues consideró que ante la ausencia de un dictamen caligráfico, no es posible determinar si la firma que consta en el documento del traspaso es falsa o verdadera; Tal valoración es violatoria al principio lógico de razón suficiente, como consecuencia de: 1. Se condiciona la valoración de un medio de prueba a la existencia de otro medio de prueba, debiendo hacerse dicha valoración de manera directa, conforme al mérito de la declaración testifical; 2. Los Señores Jueces no hicieron ningún pronunciamiento (positivo o negativo) respecto a la demás información brindada por el testigo en cuanto a las características del vehículo, precio en que supuestamente lo vendió, persona y lugar y fecha de venta, sino que solamente se centraron en lo referente a su negación de que la firma del traspaso fuese suya. C).- Los Juzgadores señalaron que “empíricamente” la cantidad de $14,000.00 dólares de los Estados Unidos de América es un valor que va en correspondencia como precio del vehículo vendido; Dicha conclusión violenta el Principio de Razón suficiente, pues no existen medios de prueba que sirvan de base para tal afirmación, a saber: 1. El Tribunal de Sentencia no pudo derivar el conocimiento sobre el valor del vehículo del documento de “traspaso”, pues en este no se consigna cantidad alguna; 2. No existe ningún medio de prueba que informedel estado del vehículo y así poder establecer, como indica el tribunal, su valor aproximado; 3. El Señor J. J. M. P., en su declaración testifical (832 v), dio referencia del precio del vehículo, más dicha declaración fue descartada por los Juzgadores, por lo que tampoco pudo haber sido la fuente de su conocimiento; 4. El Tribunal de Sentencia, no hace relación alguna al valor de las dos armas de fuego que fueron incautadas al acusado, las cuales según informó el acusado fueron dadas también como pago por el vehículo; En conclusión, no existen elementos de prueba de los cuales se pueda derivar, ni siquiera empíricamente, la existencia de proporcionalidad o correspondencia entre el valor comercial del vehículo Mazda dado en venta y el supuesto precio pagado por él,consistente en $14,000.00 dólares estadounidenses, una pistola marca Pietro Bereta, calibre 40mm., y un Fusil marca Sturm, calibre 2.23 mm. D).- Otorga plena credibilidad el Tribunal de Sentencia a las declaraciones testificales de los Agentes de Policía C. W. A. S. y R. C. (f. 851 v), lo que riñe con el principio lógico de tercero excluido por contraponerse con la declaración del testigo R. S. C., al que también le da valor probatorio (F. 852), tales declaraciones son antagónicas, no pudiendo ser todas verdaderas y por tanto no pudiéndoseles otorgar a todas pleno valor probatorio, como lo hicieron los juzgadores. Los Juzgadores señalan que los testigos C. W. A. S.(F. 832) y R. C.(f. 46) merecen pleno valor probatorio, ello incluye su afirmación de que, como agentes de policía, cuando requirieron al acusado J.M. H. C. y dos personas más, éstos les indicaron que las dos armas de fuego que portaban pertenecían a un oficial de policía, entretanto el acusado J. M. H. C., en su declaración afirma que explicó a los agentes de Policía, que las armas las había recibido como pago por la venta del vehículo. De lo anterior se evidencia un error de valoración, pues no puede ser cierta y por tanto, no es posible otorgar pleno valor probatorio a las declaraciones, cuando éstas informan cosas diferentes, pues mientras los agentes de policía señalan que el acusado y sus acompañantes explicaron que las armas de fuego eran propiedad de un oficial, el propio acusado afirma haber informado que las armas las habían recibido como pago por la venta del vehículo, no pudiendo ser ciertas ambas versiones al mismo tiempo. E).- En la valoración de los medios de prueba Acta de Registro de Vehículo y Acta de Decomiso o Secuestro, ambas de fecha 09 de mayo de 2009, el Tribunal de Sentencia no derivo ninguna valoración respecto a la disposición del dinero, pues informan estos medios de prueba que el dinero estaba dividido en siete paquetes, en billetes todos de $20.00 dólares estadounidenses, que estaban contenidos en una caja de cartón, transportada en el baúl del vehículo; El Tribunal de Sentencia no hizo pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en cuanto al lugar del vehículo, donde era llevado el dinero, la caja de cartón donde estaban contenidos, la disposición de ser siete paquetes y el hecho de que la totalidad del papel moneda se trataba de billetes de la misma denominación, limitándose a indicar que “no podemos desconocer que ante la incertidumbre de la devaluación acelerada de la moneda hondureña, ha hecho que muchas empresas opten por valorizar sus productos y servicios en dólares” (f. 859), razonamiento que no se relaciona con el caso concreto, pues la supuesta transacción de compra venta de un vehículo en la ciudad de La Ceiba, no existió intervención de sociedades o personas jurídicas, sino de dos personas naturales, supuestamente dedicadas al comercio informal. F).- Existe una indebida valoración de la constancia extendida por Importaciones Sierra S. de R.L. de fecha 12 de Mayo de 2009, por parte del Tribunal de Sentencia, pues para ello apelaron a lo dispuesto en el artículo 280 del Código Procesal Civil, el cual es inaplicable en el presente caso, pues el sistema de juzgamiento penal manda que para la valoración probatoria debe de hacerse aplicación del artículo 200 del Código Procesal Penal. Para esta Corte Suprema de Justicia, es importante recordar que el artículo 22 del Código Procesal Civil dispone que las normas contenidas en ese cuerpo normativo serán aplicadas supletoriamente cuando, y únicamente cuando, en los procesos judiciales penales, laborales o administrativos, no existan normas que regulen el mismo acto, hecho o institución jurídica; Tratándose del sistema de valoración probatoria el Código Procesal Penal contiene normas taxativas y especiales, por lo que es improcedente acudir al Código Procesal Civil para aplicar supletoriamente sus normas. Indica el Tribunal de Sentencia que la valoración hecha del documento extendido por Importaciones Sierra S. de R.L. permite concluir que el acusado J. M. H. C. se dedicaba a la compra y venta de vehículos usados (F. 353), por lo que al haber indebidamente aplicado normas del ámbito civil en la valoración del documento, genera como consecuencia que la conclusión que le deriva sea inválida. G).-Existe violación al Principio Lógico de Identidad en la valoración del Informe Financiero, ratificado en juicio por el Señor E. F. M. N., pues el Tribunal de Sentencia, deriva de éste conclusiones antagónicas, no pudiendo ser verdadero y falso el mismo medio de prueba. El Informe, de fecha 18 de agosto de 2009 (f. 491), indica que el agente Edward Moreno Navas, localizó el negocio denominado Car Wash Salinas, ubicado en residencial Altos de Toncontin, Comayagüela, el que aparentemente era propiedad del Seños J. A. S. C., hasta que éste aparentemente lo vendió en diciembre del 2008. El Señor J. A. S. C., es una de las personas con las cuales el acusado J. M. H. C., fue aprehendido, por conducirse en el mismo vehículo. Del Informe el Tribunal de Sentencia arribó a dos conclusiones diferentes: i).-Que se probó que el Señor J. A. S. C., es dueño del Car Wash Salinas (f. 853 v); ii).- Que no se puede establecer que el Señor J. A. S. C. haya vendido el Car Wash Salinas, puesto que dicha información la adquirió el agente E. F. M. N., sin corroborarlo con prueba documental (f. 852 v.) y por tanto da por supuesto que a la fecha del juzgamiento aun le pertenecía.- Tales conclusiones son contradictorias pues ninguna de las informaciones contenidas en el informe de fecha 18 agosto de 2009, están respaldadas con documentación alguna, eso incluye que el Car Wash Salinas sea efectivamente del Señor J. A. S. C., tal y como el propio A-Quo relaciona cuando indica que ello es solo en apariencia, lo que orilla a una de las dos conclusiones: 1. No es posible determinar que, el Señor J. A. S. C. sea el dueño de Car Wash Salinas ni que éste lo vendió; o 2. El Car Wash Salinas es propiedad del Señor J. A. S. C., y éste lo vendió el noviembre de 2008. El error de valoración del Tribunal de Sentencia es dar por cierto uno de los hechos y no aceptar el otro, cuando ambos derivan de un mismo medio de prueba, y sin que ambos estén respaldados por otro medio de prueba distinto. H).- El Tribunal de Sentencia contó con el Dictamen Patrimonial hecho al Señor J. M. H. C., el cual señala que éste no tiene inscrito a su favor vehículos automotores, bienes inmuebles en el Municipio del Distrito Central o armas en el Registro Nacional de Armas, tampoco se encuentra registrado como comerciante individual social en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.- Respecto a la información financiera, el dictamen señala que el acusado posee dos cuentas de ahorro, ambas aperturadas en el año 2008, con un saldo conjunto de L. 485.00; En cuanto a tarjetas de crédito el dictamen reporta que el acusado maneja ocho tarjetas, todas otorgadas en el año 2008, una de ellas cancelada, dos más sin saldo y las cinco restante con saldo, las cuales suman un deber de L. 50,479.11 y $375.21. El Tribunal de Sentencia valoró dicho dictamen de manera negativa, pues consideró: 1. “Que el hecho que no tenga vehículos registrados a su nombre no implica que no pudiera eventualmente o de manera permanente desempeñar labores de venta de vehículos usados como comisionista”; El acusado declaró que se dedica a la compra de vehículos desde el año 1995, lo que debió ser considerado por el Tribunal de Sentencia como parte de su valoración, pues se trata de una persona con 14 años de dedicarse al rubro, en especial porque el mismo tribunal hace la afirmación que el acusado se dedicaba a la venta de vehículos tanto por comisión como de manera directa (f. 855), ello último implica que el acusado sería el dueño de alguno de los vehículos que ha dado en venta y por ende la conclusión transcrita resultaría contradictoria. 2. “El acusado tiene tarjetas de crédito a su nombre, manejando una línea de crédito en la compra de accesorios de vehículos hasta por cien mil lempiras”. No existe ningún medio de prueba del cual se pueda derivar que el acusado tenía una línea de crédito de cien mil lempiras; Tal conclusión violenta el principio de derivación, pues el Informe de Estudio Patrimonial señala que el acusado en el año 2008 tuvo débitos de hasta L. 40,740.20 y créditos de L. 36,595.55, entretanto en el año 2009 débitos de L. 6,119.42 y créditos de L. 5,285.63 (f. 522), con ocho tarjetas de crédito, cinco de ellas presentando saldo negativo, dos de ellas canceladas y una de ellas sin saldo. 3. “Las personas que se dedican a actos de comercio donde no hay ingresos periódicos, si el dinero se reinvierte implica que no se deposita en cuentas bancarías”; Tal afirmación es dubitativa, considerando que el acusado refiere que se dedica al rubro desde el año 1995, riñendo con las máximas de la experiencia común que el acusado dedicándose a la venta de vehículos desde hace 14 años (a la fecha de su aprehensión) no haya hecho uso del sistema financiero en ninguna ocasión durante dicho tiempo. I).-En la audiencia de debate la Defensa Privada presentó incidente de nulidad para que se declarase ilícita el medio de prueba consistente del Resultado del Estudio hecho en el Espectrómetro de Movilidad de Iones (conocido como Dictamen de Escáner de Iones), pues alego que si bien la Defensa se enteró la solicitud que hiciese el Ministerio Público al Juzgado de Letras para su práctica, al momento de realizarse la misma no existió participación del acusado o de su representante legal (f. 830 v); Dicho Incidente fue resuelto en sentencia, indicando los Juzgadores que “dicho medio de prueba fue objetado por la defensa por considerar que el mismo constituía prueba ilícita en vista de que dicha perica no fue ordenada por Juez Competente ni notificada al acusado o a su defensor” (F. 855 v.) afirmación que es falsa por no ser esa la objeciónpresentada por la defensa en la audiencia de debate. También en su sentencia el Tribunal indico que la perito encargada de la pericia “no fue nombrada por el órgano jurisdiccional competente, por lo que la defensa no tuvo conocimiento de la realización de dicha pericia y condiciones de realización de la misma” (f. 856 v), afirmación que igualmente es falsa, pues en el acumulado judicial consta el escrito presentado por el Ministerio Público 11 de Mayo de 2009, solicitando la toma de muestras para realizar el estudio de escaneo de iones (f. 138), la providencia que admite tal solicitud (f. 141) y la notificación a la defensa de tal solicitud (f. 171). A la postre dicho medio de prueba fue declarado ilícito por falta de garantía de autenticidad en el manejo de las muestras que fueron objeto de análisis (falta de cadena de custodia); Con lo cual se evidencia que el Tribunal de Sentencia confunde los conceptos de Prueba Ilícita por violación a derechos fundamentales con el proceso de valoración de prueba a la que se le pueda formular cuestionamientos de autenticidad. J).- Declara el Tribunal de Sentencia que absuelve al acusado J. M. H. C., por duda razonable. La duda es un estado mental intermedio en donde el Juzgador al mismo tiempo, tiene prueba valedera que señala la culpabilidad de una persona como su inocencia y al no prevalecer una sobre la otra, debe de declarar la absolución en sentencia definitiva; En estos casos es obligación del tribunal hacer la ponderación de las pruebas antagónicas, razonando por qué ninguna de ellas excluye a la otra, de modo que el conjunto de prueba muestra la existencia de varias posibilidades que expliquen con igual plausividad el hecho objeto de juzgamiento. En el caso de la sentencia venida en casación, no se aprecia que los Juzgadores hayan compartido los motivos que le generaron duda, violentado así el Principio de Razón Suficiente. V. DECISIÓN Ha Lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único Motivo; VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- DECIDE: Primero:Declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público, casando la sentencia; Segundo: Declarar la nulidad de la sentencia de fecha veintitrés (23) de Enero del año dos mil quince(f. 850) y de la audiencia de debate que le origina de fecha veinticuatro (24) de Noviembrede dos mil catorce (F. 829). Y MANDA: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, proceda a celebrar un nuevo debate para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor J. M. H. C., en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha veintitrés (23) de Enero del año dos mil quince (2015); Segundo.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado Coordinador.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-173-2015.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Chávez, Orlan Arturo. Comentarios a la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, Segunda Edición revisada, P