Sentencia CP-158-14 — Registro 15988
Resumen
En primera instancia se condenó a la imputada por el delito de Usurpación, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso el censor del fallo invoca un motivo de casación de infracción de precepto constitucional, y señala como violada las garantías de presunción de inocencia y debido proceso, contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Esta Sala considera que en el presente caso el juzgador no infringe el derecho de presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República, en virtud que en juicio han sido admitidos y valorados en su conjunto, medios de prueba de cargo suficientes para formar en la mente de los miembros del Tribunal la acreditación de la comisión del delito y enervar la presunción de inocencia de la acusada señora Terla Vadesa Rodríguez como autora de un delito de Usurpación en perjuicio de Joaquin Antonio Ramos López. En el presente caso, existe actividad probatoria de cargo, conforme a los principios que regulan el sistema procesal acusatorio hondureño, de los cuales el A Quo ha construido el cuadro fáctico de la sentencia, de los que se desprende que la acusada ha realizado actos que dan lugar a un delito de Usurpación. Tampoco ha infringido el derecho fundamental del Debido Proceso contra la acusada, pues para determinar su culpabilidad por el delito de Usurpación de que se le acusa, se han superado las etapas del proceso de acuerdo a reglas preestablecidas en el sistema procesal penal, hasta concluir con una sentencia, proceso llevado a cabo en estricta observancia de las garantías mínimas de respeto a la dignidad de la persona acusada, como persona humana y el derecho a ejercer su derecho de defensa, entre otras garantías constitucionales y procesales establecidas a favor de la acusada. Por todo lo expuesto esta Sala concluye que en el presente caso el fallo impugnado no se han infringido los principios de presunción de inocencia, y debido proceso a la acusada, contenidos en el artículo 89 y 90 de la Constitución de la República, por lo que declara sin lugar el motivo de casación de infracción de precepto constitucional, invocado por el recurrente.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil diecisiete. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados RAFAEL BUSTILLO ROMERO, quien actúa como Coordinador, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA Y JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS la siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-158-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, mediante la cual condenó a la señora TERLA VADESA RODRÍGUEZ, como autora del delito de USURPACIÓN, en perjuicio del señor Joaquín Antonio Ramos López, a la pena de dos años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Asimismo se declaró la responsabilidad civil a la señora Terla Vadesa Rodríguez, del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación de los perjuicios causados por el delito que es condenada.- No procedió condenar en costas procesales, personales ni por gastos ocasionados por el juicio.- No procedió el comiso.- Procedió otorgar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena a la señora Terla Vadesa Rodríguez, por reunir los requisitos exigidos por la norma penal vigente.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Anny Marielle López Rodríguez, actuando en su condición de Defensora Pública de la señora Terla Vadesa Rodríguez. SON PARTES: La Abogada ANNY MARIELLE LÓPEZ RODRÍGUEZ, Defensora Pública de la acusada señora Terla Vadesa Rodríguez, como parte recurrente; y, el Abogado PEDRO FABRICIO ARGEÑAL RODRIGUEZ, Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “Los integrantes de este Tribunal de Sentencia, como resultado de la valoración de las pruebas evacuadas durante el debate, conforme a las reglas de la sana crítica razonada y en congruencia con circunstancias descritas en la formalización de acusación, contestación de cargos y auto de apertura a juicio, dan por acreditados los siguientes hechos: PRIMERO: Que en fecha trece de agosto del año dos mil diez, el Instituto Nacional Agrario (INA) otorgó título definitivo de propiedad en dominio pleno al señor Joaquín Antonio Ramos López, de un bien inmueble con un área de cincuenta hectáreas con cincuenta centímetros equivalentes a setenta punto cero tres manzanas, ubicado en el caserío el Pital aldea Cifuentes municipio de Trojes departamento de El Paraíso. SEGUNDO: En el mes de junio del año dos mil doce, la señora Terla Vadesa Rodríguez, se posesionó de un lote de terreno de aproximadamente dos punto noventa y dos hectáreas equivalentes a cuatro punto noventa y cuatro manzanas el cual se encuentra dentro del predio propiedad de Joaquín Antonio Ramos López.” II. ADMISIBILIDAD El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente, Abogada Anny Marielle López Rodríguez, formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. . . .”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna personas podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas de este Código.....”. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de la señora TERLA VADESA RODRIGUEZ por el delito de USURPACION en perjuicio de JOAQUIN ANTONIO RAMOS LÓPEZ, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de la señora TERLA VADESA RODRÍGUEZ , produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia se extrajo de la propia declaración del ofendido señor: JOAQUIN ANTONIO RAMOS LÓPEZ, y del testigo ANASTASIO RODRÍGUEZ BELTRÁN, que lo único que declaro es que le vendió dicha propiedad al señor Joaquín Antonio Ramos López, y que no tuvo líos con nadie, por lo tanto no le consta el problema que tiene con la imputada, Prueba documental consistente en el informe del Instituto Nacional Agrario, en el que se detalla que la señora Terla Vadesa Rodríguez, es poseedora de un predio de una extensión de 0.15 varas, ubicadas en el Pital, aldea de Cifuentes Municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, Levantamiento Fotográfico, se realizo únicamente con los datos proporcionados del ofendido señor Joaquín Antonio Ramos López, pregunta la defensa, con que personas se hizo acompañar usted al momento del levantamiento?, R/en este caso con el dueño de la propiedad y un conductor de la institución, usted observó que todo ese poligonal estaba cercado o parte? R/ está cercado en su totalidad. Estas realidades deben estar sustentadas con verdaderos elementos de prueba, o sea que si el fundamento de esa verdad es prueba directa, tiene que estar acreditada de una forma fehaciente, que no deje ningún margen de duda, y si se tratare de prueba indiciaria o circunstancial, los indicios que concurren tiene que cumplir todas las condiciones o requisitos que la ley y la doctrina exigen para que se pueda tener como probados un hecho, lo que no acontece en este caso particular. La aplicación que debió hacer el a-quo en primer término es la absolución del acusado, ya que el cuadro fáctico de la sentencia, como ya lo expresamos no se desprende que mi cliente haya realizado alguna acción que diera como resultado el delito de Usurpación. Es en la valoración de dicha prueba en donde el Juzgador flagrantemente viola la presunción de inocencia y el debido proceso en perjuicio de la señora TERLA VADESA RODRÍGUEZ, pues al valorar las declaraciones de los testigos, les otorga plena credibilidad, siendo estas de carácter subjetivo, aun cuando no ha concatenado con ningún otro medio de prueba, como podría ser un nombramiento de perito o sea un criterio técnico. En cuanto a la prueba documental lo que refleja es un informe administrativo que no conlleva la responsabilidad de un perito técnico que haya venido a ratificar el mismo. En consecuencia ni se demostró la operación científica que se llevó a cabo para cumplir con el informe. CUARTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar a la imputada. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11 .1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representada, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA Esta Sala reitera que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio-derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que efectivamente, el tribunal A Quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de la acusada, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia, obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, misma que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención, de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone que como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Al respecto del derecho-garantía del debido proceso, esta Sala estima que por éste debe entenderse, que para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizársele a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida mas de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. Por su parte el derecho de defensa, es la garantía constitucional que le asiste al imputado -y a la víctima-, a fin de poder resguardar con eficacia sus derechos. En esta perspectiva amplia, los sujetos participantes del proceso penal, poseen una garantía constitucional de defensa. Sin embargo, el Ministerio Público no posee un derecho a la defensa, sino a un conjunto de facultades para que cumpla con la función persecutoria, pues el derecho de defensa adquiere significativa relevancia en el procedimiento penal, cuando está en juego la libertad del imputado. En conclusión, es el derecho que asiste al imputado, que es a quien el acusador atribuye la comisión de un hecho punible, que le garantiza la asistencia técnica de un abogado defensor, la capacidad de oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y hacer valer dentro del proceso el derecho de obtener su libertad. Algunos de los efectos que presenta el derecho de defensa, como garantía constitucional son: a) Disponer de medios para exigir el respeto y efectividad de la defensa. b) La obligación de su respeto por parte de los poderes estatales y de los demás sujetos del ordenamiento. c) El derecho de defensa hace posible que el denunciado, inculpado o acusado puedan acceder a los demás derechos y garantías procesales. V. RESUMEN CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Infracción De los Preceptos Constitucionales Contenidos en los artículos 89, 90 En relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Normas infringidas: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente…” Artículo 1 CPP. “Juicio Previo: Ninguna personas podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2 CPP. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas de este Código”. Al dictar sentencia condenatoria contra la señora Terla Vadesa Rodríguez por el delito de Usurpación en perjuicio de Joaquín Antonio Ramos López, el A Quo infringe los derechos fundamentales de Presunción de Inocencia y del Debido Proceso que le asisten al imputado, no obstante estar obligado el acusador a demostrar, fuera de toda duda, la imputación producto de un mínimo de actividad probatoria. La probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia se extrajo de la declaración del ofendido señor Joaquín Antonio Ramos López y del testigo Anastasio Rodríguez Beltrán; PRUEBA DOCUMENTAL consistente en el Informe del Instituto Nacional Agrario, en el que se detalla que la señora Terla Vadesa Rodríguez, es poseedora de un predio de una extensión de 0.15 varas, ubicadas en el Pital, aldea de Cifuentes Municipio de Trojes, departamento de El Paraíso; Levantamiento Fotográfico, se realizó únicamente con los datos proporcionados por el ofendido señor Joaquín Antonio Ramos López el cuadro fáctico de la sentencia, de los que no se desprende que la acusada haya realizado alguna acción que diera como resultado el delito de Usurpación. Es en la valoración de dicha prueba en donde el Juzgador viola la Presunción de Inocencia y el Debido Proceso en perjuicio de la señora Terla Vadesa Rodríguez, al valorar las declaraciones de los testigos, les otorga plena credibilidad, siendo estas de carácter subjetivo. En cuanto a la PRUEBA DOCUMENTAL lo que refleja es un informe administrativo que no conlleva la responsabilidad de un perito técnico que haya venido a ratificar el mismo. No se demostró la operación científica que se llevó a cabo para cumplir con el informe. Es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho. Concluye que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de la acusada. VI. DECISIÓN Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso el censor del fallo invoca un motivo de casación de infracción de precepto constitucional, y señala como violada las garantías de presunción de inocencia y debido proceso, contenidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Esta Sala considera que en el presente caso el juzgador no infringe el derecho de presunción de inocencia consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República, en virtud que en juicio han sido admitidos y valorados en su conjunto, medios de prueba de cargo suficientes para formar en la mente de los miembros del Tribunal la acreditación de la comisión del delito y enervar la presunción de inocencia de la acusada señora Terla Vadesa Rodríguez como autora de un delito de Usurpación en perjuicio de Joaquin Antonio Ramos López. En el presente caso, existe actividad probatoria de cargo, conforme a los principios que regulan el sistema procesal acusatorio hondureño, de los cuales el A Quo ha construido el cuadro fáctico de la sentencia, de los que se desprende que la acusada ha realizado actos que dan lugar a un delito de Usurpación. Tampoco ha infringido el derecho fundamental del Debido Proceso contra la acusada, pues para determinar su culpabilidad por el delito de Usurpación de que se le acusa, se han superado las etapas del proceso de acuerdo a reglas preestablecidas en el sistema procesal penal, hasta concluir con una sentencia, proceso llevado a cabo en estricta observancia de las garantías mínimas de respeto a la dignidad de la persona acusada, como persona humana y el derecho a ejercer su derecho de defensa, entre otras garantías constitucionales y procesales establecidas a favor de la acusada. Por todo lo expuesto esta Sala concluye que en el presente caso el fallo impugnado no se han infringido los principios de presunción de inocencia, y debido proceso a la acusada, contenidos en el artículo 89 y 90 de la Constitución de la República, por lo que declara sin lugar el motivo de casación de infracción de precepto constitucional, invocado por el recurrente. VII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Anny Marielle Lopez Rodríguez, Defensora Pública de la acusada señora Terla Vadesa Rodríguez.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-158-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
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