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Sentencia CP-154-13 — Registro 7920

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Posesión Ilegal de un Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior Del Estado De Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- La Sentencia ahora recurrida es respetuosa de las reglas de la sana critica, en particular, del principio lógico de razón suficiente que alega el Censor como transgredido, pues las conclusiones arribadas encuentran como razón suficiente la información allegada al debate por conducto de los diferentes medios de prueba, los que fueron solventemente valorados intelectivamente por los Juzgadores. En particular, ninguno de los reclamos hechos en el Recurso es propio, a saber: 1. Incautación del Arma de Fuego. Consta en autos el Acta de Decomiso (Incautación), de fecha 11 de abril de 2009, que informa que en la Carretera Internacional, a la altura del lugar denominado “El Mogote”, entre Santa Rosa de Copan y la Entrada, le fue incautado al Señor M. A. C. T., con número de identidad XXXXXXXXXXXX-, un arma de fuego, tipo pistola pietro Beretta, hecha en Italia, con serie B786312, pavón color negro, con un cargador conteniendo 15 cartuchos sin percutir, y un traspaso (Documento de Compra-Venta) en la cual se determina como vendedor a una persona de nombre O. R. Z. A..-El documento está firmado por el Agente de Investigación, un testigo y el Señor M. C. Además, en la audiencia de debate fue escuchado como testigo el Señor H. O. D. D., quien es agente de la policía nacional preventiva que estuvo presente al momento de la incautación del arma de fuego, quien explico que ese día observaron a un grupo de personas del sexo masculino, entre ocho y nueve, intentando sacar de un banco (no señala si lodo o arena) a un vehículo, percatándose que uno de ellos portaba un arma de fuego con exhibición ostensible (prohibido por el artículo 27 de la Ley de Control de Armas), por lo que después de detenerse procedieron a requerirle a efecto que presentase el permiso correspondiente y al no hacerlo decidieron incautar el arma y a aprehender a su portador, quien se identificó como M. A. C. T.. Los hechos que aportan los medios de prueba no son complejos, pues aun cuando en el lugar se encontraban entre ocho a nueve personas, en el hecho objeto de juzgamiento solo participa una de ellas.- El testigo explicó que quien realiza el acto material de incautación fue su compañero policía A. P. R., quien al momento de la audiencia de debate había fallecido lo que impidió que ratificase el acta de decomiso propuesta como prueba, más ello no desmerito su fuerza probatoria, pues los datos contenidos en el acta son concordantes con lo narrado por el agente de policía.- La discrepancia apuntada por el Censor es inexistente, pues quedo claro para el Tribunal de Sentencia (f. 193 v.), al igual que para esta Sala de lo Penal, que el testigo identifica al Comisario G. A. A., como el encargado de la misión, quien decidió realizar la incautación del arma de fuego y la aprehensión del acusado, mientras que el Policía P. fue quien materialmente realizo dicha incautación en atención a lo ordenado por su superior. 2. Naturaleza del arma de fuego Incautada El arma incautada es una pistola, diseñada para disparar balas calibre 9mm (Constancia de fecha 20 de abril de 2009, folio 14), misma que reúne las características de aquellas que la ley considera permitida su comercialización (Art. 7.1 de la Ley de Control de Armas), disponiendo que para su tenencia y portación se requerirá el permiso extendido por la autoridad competente (Art. 17 y 33), los que son de carácter intransferible (Art. 34). No existe fundamento para el reclamo del Censor, pues no existe duda que el arma incautada es de carácter comercial, destinada para uso personal, y precisamente obedeciendo a tal naturaleza el acusado la portaba en su cintura con exhibición ostensible, conteniendo en el cargador quince cartuchos sin percutir, lo cual es signo de que la misma estaba en condiciones mecánicas para accionarlos, pues de no ser así, el acusado no la llevaría consigo en tales condiciones. 3. Registro del Arma Incautada Conforme se informa mediante el Oficio RBNA 173-09 de fecha 20 de abril de 2009, librado por el Jefe de Registro Balístico Nacional de Armas, el Inspector de Policía J. F. M. L., el acusado M. A. C., con número de identidad –XXXXX-XXX-XX- (mismo que coincide con el plasmado en el acta de decomiso), tiene registradas a su favor tres armas de fuego, todas ellas pistolas calibres 9mm, habiéndosele otorgados los permisos para su posesión y portación los meses de Septiembre, Noviembre y Diciembre de 2004; dicho documento además señala que el arma de fuego tipo pistola pietro Beretta, hecha en Italia, con serie B786312, pavón color negro, tiene reporte de robo, por denuncia hecha por el Señor E R. L., con identidad –XXXXX-XXXXX--XXXX.- A partir de dicho documento el Tribunal de Sentencia derivó que el acusado no contaba con el permiso correspondiente para su portación al momento en que fue aprehendido, pues no solo por el hecho de que, teniendo experiencia en cuanto cuales son los requisitos para poder poseer y portar un arma de fuego, no mostró la acreditación correspondiente (el carne), a la autoridad policial al momento de ser requerido el 11 de abril de 2009, sino porque además correctamente los juzgadores concluyeron que no era posible que el acusado pudiese registrar a su favor el arma incautada en el Registro Balístico, pues ésta tenía reporte de robo desde septiembre de 2008 aún vigente al momento de su aprehensión."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de Enero de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: 1) Condenando al Señor M. A. C. T., a la pena de tres (03) años de reclusión, por el delito de posesión ilegal de un arma de fuego comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior Del Estado De Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación especial, e interdicción civil.- 2)No Condeno al encausado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. M. T. B., actuando en su condición de Defensor Privado del señor M. A. C. T.. Son Partes En Única Instancia: El Abogado K. Y. Z., Defensor Privado del acusado M. A. C., en su condición de Recurrente y la Abogada R. C., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA PRIMERA INSTANCIA.“Primero: En once de abril del año dos mil nueve, a eso de la una con cuarenta minutos de la tarde, Agentes de la Policía Nacional Preventiva de esta Ciudad, transitaban en un vehículo policial, de la entrada, Nueva Arcadia, Copán, hacia esta Ciudad, por la carretera Internacional, cuando pasaron por la aldea El Mogote, jurisdicción de Santa Rosa de Copán, en la orilla de la carretera, observaron que había un grupo de personas queriendo sacar un vehículo que estaba atascado, entre esas personas se encontraba el señor M. A. C. T., quien portaba de manera visible un arma de fuego, tipo pistola, marca “Prieto Beretta”, calibre 9 mm, serie B78631Z, con su cargador con quince cartuchos, misma que le fue decomisada por los Agentes de Policía. Segundo: El señor M. A. C. T., no estaba autorizado, por ninguna autoridad para llevar consigo o tener en su poder, el arma de fuego, antes mencionada.” III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS. III.I.- “Primer Motivo: Por Infracción De Ley, infracción por inobservancia del artículo 2 C del Código Penal.- Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo. Primero: El precepto penal que se invoca como infringido prescribe lo siguiente: “Artículo 2 C: No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal.- El derecho penal es un derecho protector de bienes jurídicos y que conforme el precepto penal que se invoca infringido, solo en el caso de que se lesione o ponga en peligro el correspondiente bien jurídico se podrá reconocer la existencia de un delito y aplicar en consecuencia una pena o medida de seguridad postdelictual. Esto significa que tal y como sucede en el caso de autos, la acción que pueda subsumirse en un tipo penal determinado pero que no lesione ni ponga en peligro el bien jurídico protegido por dicho tipo penal será típica pero no antijurídica.- Segundo: Que dado los hechos declarados probados y atendiendo la fundamentación jurídica del fallo recurrido, el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan ha tenido por establecido que los hechos imputados a mi defendido constituyen un delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial tipificado y penado por el artículo 332 del Código B del Código Penal, delito que a su parecer consiste en poner en peligro la seguridad interior del nuestro país con acciones como poseer armas de fuego comerciales sin el permiso de la autoridad competente; refiriendo asimismo dicho Tribunal que mi representado ha tenido participación directa y personal en dicho injusto y que el mismo mediante su accionar de adquirir, poseer y portar consigo una arma de fuego comercial tipo pistola, sin el permiso para ello, puso en peligro ese bien jurídicamente protegido. Tercero: Resulta que en caso que nos ocupa, contrario a la afirmación del Tribunal Sentenciador, no se lesionó ni puso en peligro bien jurídico protegido alguno, y no hay elemento probatorio del cual pueda inferirse tal extremo, y es que para poder determinar tal situación en lo que respecta a armas de fuego, no basta probar su tenencia o posesión, sino que es necesario que se acredite la idoneidad de la misma para disparar, lo que no ocurrió así, ya que del bagaje probatorio incorporado al proceso se denota la ausencia de medio de prueba, dictamen o pronunciamiento pericial que establezca no solo que el objeto que se supone se decomisó a mi representado sea un arma de fuego, sino que además demuestre la idoneidad en el funcionamiento de la misma, y al respecto el Juzgador no puede referir estos hechos ya que su apreciación requiere conocimientos especiales, no jurídicos, de naturaleza técnica y científica, y es por ello que en ese sentido nuestra ley adjetiva establece cual es el medio de prueba pertinente, es decir el pericial.- Ante la situación descrita no puede consecuentemente afirmarse que La Seguridad Interior del Estado de Honduras fue puesta en peligro, por lo que, aun cuando se suponga que existe una conducta que se confronta o contravenga una disposición legal, no puede considerarse antijurídica si no lesiona ni pone en peligro bienes jurídicamente protegidos.- Las acciones u omisiones cubiertas por una causa de justificación, no deben considerarse ilícitas y es por ello que el artículo 2 C del Código Penal establece de manera clara que en tal sentido no podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna. Cuarto: Es por todo lo antes expuesto que se interpone el presente recurso de casación por infracción de Ley en contra de la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan, para que una vez agotados los tramites respectivos, se establezca la ausencia de un elemento de constitución del delito y se dicte un fallo absolutorio a favor de mi representado. Agravio: El agravio que se le causa a mi mandante, es haberlo condenado y por ende violentado su estado de inocencia de manera ilegal. Aplicación Pretendida Que se dicte sentencia casando el fallo recurrido y conforme a la ley aplicable se pronuncie la inocencia del señor M. A. C. T.”.”. III.II.- Segundo Motivo: Por Quebrantamiento De Forma: “Por no haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica artículo 202 CPP. Precepto Autorizante: Artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo. “Primero: La sentencia reprochada viola el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual literalmente dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las Formalidades, Derechos Y Garantías que la Ley establece; de la misma forma viola el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual nos dice “Las pruebas serán valoradas de acuerdo a las reglas de la sana critica.- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”.- El Tribunal violenta las reglas de la Sana Crítica, específicamente las reglas de la Lógica en su principio lógico de La Razón Suficiente y es que al proferir un fallo condenatorio en base al bagaje probatorio considerado, el Iter Lógico utilizado para llegar a sus conclusiones, es erróneo y violenta el principio lógico de la Razón Suficiente, puesto que no se encuentra justificación alguna mediante la cual el Tribunal de Sentencia pueda amparar los hechos que ha dado por probados y es que en el fallo que se impugna, a efecto de condenar mi representado, sin fundamento alguno se establecieron y valoraron los siguientes extremos: a) Que el arma de fuego tipo pistola marca Prieto Beretta calibre 9 m.m. serie B78631Z fue decomisada al señor M. Á. C. T.: El Tribunal de Sentencia dio por probado este hecho tomando como base la declaración testifical del señor H. O. D. D. y el acta de decomiso, mas sin embargo estos dos medios de prueba se contradicen entre sí a los mismos no se les puede dar el valor jurídico suficiente para fundar un fallo condenatorio y es que el acta de decomiso no reúne las garantías necesarias para su valoración, por lo que para fundar tal afirmación es necesario atender a lo prescrito en el párrafo último del artículo 207 del Código Procesal Penal que establece que los resultados del registro se harán constar en acta la que será firmada por el Agente que lo haya practicado.- Al analizar el acta de decomiso del arma de fuego, en su parte inferior se encuentra una firma ilegible supuestamente del Agente encargado del registro y decomiso, y al respecto el testigo H. O. D. D., en su testimonio, específicamente en la parte que corre agregada en folio 176, declaró en primera instancia que el arma de fuego fue decomisada por el señor Sub Comisionado G. A. A. y posteriormente ante pregunta de la defensa (mismo folio) este contesta que quien hizo el registro y decomiso fue su compañero P. (refiriéndose al señor A. P. a quien el MP en etapa de incidentes sustituyo por el testigo H. D. para ratificar dicha acta), asimismo es oportuno señalar que el señor D. D. fue quien ratificó el acta de decomiso, cuando el mismo según consta en el acta de decomiso y fue así aceptado por el mismo, este actuó en tal diligencia en su condición de testigo, no de Agente encargado del registro o decomiso y es por tales situaciones que estos medios de prueba relacionados carecen de valor probatorio y se excluyen entre si.- b) Que el arma de fuego es comercial por lo que se subsume la misma en el artículo 332 B del Código Penal: La tipicidad como elemento del delito existe siempre que la acción pueda ser subsumida en uno de los tipos del Código Penal.- Así cuando hablamos de tipicidad se indica que la acción está tipificada, que es típica, esto es, que reúne las condiciones, elementos o características exigidas por determinado tipo penal en el que deba subsumirse.- Al respecto el artículo 332 B del Código Penal exige para su tipificación, se demuestre que el arma de fuego decomisada es comercial conforme lo dispone la Ley de Control de Armas de Fuego, mas sin embargo este extremo no fue demostrado por medio de prueba alguno y en cambio hay ausencia de elementos probatorios que se pronuncien al respecto, dictámenes o pronunciamientos periciales que establezcan que arma de fuego, es comercial, y al respecto el Juzgador no puede referir estos hechos ya que su apreciación requiere conocimientos especiales, no jurídicos, de naturaleza técnica y científica.- Ante la ausencia de elementos de los cuales se pueda inferir este aspecto es imposible determinar si el objeto del delito se puede subsumir en un determinado tipo penal por lo que se concluye consecuentemente que no existe en el caso de autos una acción típica.- Es oportuno mencionar que en la sentencia no se hace valoración alguna para acreditar este aspecto de lo que se colige que no se observaron las reglas de la sana crítica y ni se valoró la prueba en su conjunto. c) Que el arma de fuego no se encontraba registrada a favor del señor M. A. C. T. por lo que la poseía sin autorización de autoridad competente: El Tribunal de Sentencia fundamenta este extremo tomando como base un Oficio del Jefe de Registro Balístico Nacional de Armas ratificado por el señor J. F. M. L., mas sin embargo de la lectura de dicho documento se puede inferir que la misma más que referirse a si se encuentra el arma de fuego objeto del proceso a nombre o no de mi representado, se pronuncia respecto a un supuesto robo que no está demostrado en autos y es mas a folio 179 vuelto, consta en donde este señor establece que no se sabe incluso si el arma estaba registrada a nombre de E. R. L. supuesto propietario a quien se dice se le robó, ya que no había registro.- De igual forma del interrogatorio que hiciera la defensa al ratificante se establece claramente en folio 180 que el mismo aceptó que no se pudo verificar en el sistema que el arma de fuego estaba registrada y que incluso pueden existir armas registradas que no están en el sistema.- Con lo expuesto se deja acreditado que el aspecto considerado por el Tribunal no encuentra sustento ni razón alguna por lo que se respalda así los argumentos de la defensa.- Segundo: El Principio Lógico de la Razón Suficiente es aquel por el cual todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad, lo que no como se ha expuesto no hizo así el Tribunal al momento de la valoración, puesto que afirma hechos sin fundamento en prueba que sea suficiente para enervar el estado de inocencia y al mismo tiempo sin explicar qué lo llevó a determinadas conclusiones, tal es el caso de la afirmación de que es una arma comercial.- Recuérdese que un razonamiento es lógico cuando se llega al mismo o se arriba a una conclusión porque todo apunta hacia ello y no existe probabilidad de que los hechos hallan ocurrido de forma distinta, lo que en el caso de marras no se da.- En conclusión, al hacer ese razonamiento el Tribunal violenta, como ya se dijo el artículo 202 de nuestro Código Procesal Penal ya que no valoró en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, porque está más que comprobado que a pesar que la misma es contradictoria es tomada en cuenta para emitir un juicio violentando las reglas de la lógica. Agravio: El agravio que se le causa a mi mandante, es haberlo condenado y por ende violentado su estado de inocencia de manera ilegal. Aplicación Pretendida Que se declare la nulidad de la Sentencia y del juicio Oral y Público para que se lleve a cabo e1 mismo de nueva cuenta”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). IV.I.I.- Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado J. M. T. B., a favor del acusado M. A. C.- Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 2-C del Código Penal; Concepto de la Infracción: Falta de lesividad en la conducta reprochada; Pretensión: Sentencia Absolutoria. El Defensor privado plantea a esta Sala de lo Penal que los hechos declarados probados por el Tribunal sentenciador no satisfacen lo establecido en el artículo 2-C del Código Penal, pues no describen lesión o peligro para el bien jurídicamente tutelado, ello en virtud de que no se aportó un medio de prueba pericial que acreditase que lo incautado al acusado era un arma de fuego y que además ésta tuviese la capacidad para disparar. IV.I.II.- Del Principio de Lesividad. Es importante recordar que la naturaleza del derecho penal es sancionadora, siendo la sanción principal y constante: la privación de la libertad ambulatoria, derivando consecuencias que inevitablemente afectan de manera permanente la vida de las personas condenadas y colateralmente la vida de otros/as con las que se relaciona; por ello la intervención del derecho penal debe de ser mínima e imprescindible para amparar bienes jurídicos.- Bajo tal idea, entonces, los bienes jurídicos tienen una función limitadora para el Estado, pues la tipificación de conductas delictivas solo tiene justificante si es con el objeto de brindarles protección, negándose la posibilidad de la existencia de delitos sin bien jurídicamente tutelado o la imposición de sanciones por hechos que no hayan producido su lesión o peligro. La política-criminal define cuales son los bienes que deben de ser jurídicamente protegidos, como consecuencia de su importancia en el desarrollo social; más aún cuando ello es así, tal definición no puede ser arbitraria, pues en un Estado Democrático, tal y como se ha definido a la República de Honduras (Art. 1 de la Constitución de la República), donde se propugna la libertad, el bienestar económico y social, la cultura y la justicia para cada individuo, las normas penales deben de ser concebidas con el ánimo de restringir lo menos posible tal libertad y solo cuando sea absolutamente necesario en proporción al mal que se pretenda evitar y/o castigar; ergo no toda lesión de un interés humano exige una reacción mediante el Derecho penal, (cuando ello ocurre se presenta la indeseada inflación del derecho penal) sino tan sólo aquellas conductas que por su naturaleza dañosa traspasan el ámbito de interés personal para transmutarse a uno de carácter social.- La Teoría de Intervención Mínima señala que el Estado solo debe de acudir al derecho penal, como instrumento de su poder sancionador (Ius Puniendi) estrictamente cuando sea necesario, determinado así cuando las demás ramas del derecho no puedan contener las conductas lesivas de los obligados (carácter fragmentario del Derecho Penal), siendo entonces el Principio de Lesividad la forma de hacer dicho control; principio contenido en el Artículo 2-C del Código Penal indica que “no podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal”, y que tiene su asidero constitucional en el artículo 62 el cual señala “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”. El principio de lesividad suele ser definido con la máxima: Nulla Poena Sine Damnum (no hay delito sin daño), es decir no puede existir hecho punible sino cuando el tipo penal describe un supuesto de hecho que lesione o ponga en peligro un bien jurídicamente tutelado, marcando, como hemos referido, una limitante del Estado de legislar y sancionar conductas, pues éstas no deben de ser morales, éticas o políticas, sino transgresoras de bienes socialmente definidos como indispensables para la buena convivencia, el desarrollo, la paz y el respeto a la dignidad humana; se reitera la idea de intervención mínima del derecho penal al cual solo debe acudirse como Ultima Ratiopara la tutela de bienes considerados fundamentales. Para esta Sala de lo Penal no existe margen de duda que un sistema democrático, los delitos deben de definirse legislativamente y sancionarse judicialmente conforme a la proporcionalidad de su lesividad a los bienes jurídicos que se pretenden proteger, definidos político-criminalmente, ergo las conductas objeto de reproche penal no solo deben subsumirse al ámbito situacional de la norma que le tipifica, sino además es requerido necesariamente la producción de una lesión o la puesta en peligro de un bien a la que la sociedad considera indispensable y que no puede ser resguardado de manera distinta, en procura de mantener ese delicado equilibrio entre la intervención punitiva del Estado y el conjunto de libertades inherentes a la persona humana; lográndose tal equilibrio limitando la intervención del Estado a la regulación de comportamientos que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos fundamentales. El Principio de Lesividad cumple una tarea reguladora en la función legislativa y en la función judicial: 1. En la Esfera Legislativa: Determina el principio la imposibilidad de crearse tipos penales que no tengan como fin la salvaguarda de bienes jurídicos de alta relevancia para la dignidad humana, la libertad individual o la convivencia social y por tanto permite denunciar los tipos penales vigentes faltos de éste fundamento. 2. En la Esfera Judicial: Determina la imposibilidad del Tribunal Juzgador de imponer sanción penal si la conducta humana no ha lesionado o no ha puesto en peligro el bien jurídico protegido que precisamente intenta salvaguardar el tipo penal en cuestión. El Principio de lesividad exige una postura crítica de los órganos jurisdiccionales en el sentido de comprobar que la conducta reprochada a la persona imputada haya necesaria e ineludiblemente lesionado o puesto en peligro un bien jurídicamente tutelado; tarea que realiza al momento de definir la existencia de una antijuricidad Subjetiva o Material, en el desarrollo del análisis de la teoría del delito. La Antijuricidad entonces es el juicio negativo que se realiza a la conducta objeto de juicio, en la medida que ella lesione o ponga en peligro, sin derecho alguno, el bien jurídicamente tutelado por la norma penal; Así la Antijuricidad se componen de un elemento objetivo, que se cumple cuando la conducta es antinormativa (contraria a la ley) y por un elemento subjetivo, que se observa cuando la conducta ha lesionado o, al menos, peligro al bien jurídicamente tutelado (Principio de Lesividad), ergo la Antijuricidad será inexistente cuando no converjan los elementos objetivo y subjetivo, o cuando dicha lesión o puesta en peligro sea de carácter justificada (Causas de Justificación). Es evidente que el principio de lesividad se estatuye como un principio constitucional de acatamiento indispensable, tanto para el legislador en la creación de tipos penales como para el juez en el desciframiento del delito, respondiendo así a la obligación al respecto a la dignidad humana. IV.I.III.- De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo.-El Censor si bien hace un correcto planteamiento preliminar del recurso de casación por infracción de ley, citando como norma infringida una norma sustantiva de aplicación general y que recoge un principio pilar en el derecho penal como ser el de Lesividad, erra en el desarrollo del mismo, pues desvía su atención a la carga probatoria aun cuando ello es vedado por el artículo 360 del Código Procesal Penal, que el propio Censor cita como precepto autorizante. Aqueja el recurrente que no se acreditó que el objeto incautado sea un arma de fuego y, más aún, que estuviese en condiciones operativas para representar una legitima lesión al bien jurídicamente protegido; más tal reclamo implica auditar si la conclusión arribada por los Juzgadores tiene en la actividad probatoria como su razón suficiente, lo que desborda la naturaleza del recurso interpuesto, pues ello es tarea de otro tipo de recurso de casación. La Infracción de Precepto Legal Sustantivo, como ya se ha explicado antes, parte de la declaración de hechos probados, que en este caso determinan que el acusado portaba de manera visible un arma de fuego sin contar con la autorización correspondiente (f. 199 v.), lo cual constituye la conducta que precisamente proscribe el artículo 332-B del Código Penal y que ha servido de fundamento al Tribunal de Sentencia para sustentar el pronunciamiento condenatorio.- La conducta sin duda constituye un peligro abstracto para la Seguridad Interior del Estado, pues partiendo de los hechos probados se trata de un arma de uso personal, construida industrialmente, que tiene la potencia ofensiva de dañar los bienes, o peor aún de lesionar a las personas o incluso de privarles de la vida con solo accionar su mecanismo a partir del movimiento de los dedos de la mano, y que por ello requiere de registro para control Estatal, no solo de su existencia, sino de la persona titular de su propiedad y destinataria de su uso, a efecto de que ésta se convierta en vigilante de tal fuente de peligro y, consecuentemente, responsable de cualquier uso indebido dela misma ya sea por ésta o por un tercero; Así las cosas, el uso clandestino del arma de fuego impide que el Estado cumpla su obligación de control, poniendo en peligro la Seguridad de todos y todas dentro del territorio nacional, que es precisamente la razón de la tipificación del delito. IV.II.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado J. M. T. B., a favor del acusado M. A. C..- Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la Valoración Probatoria; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 202 del Código Procesal Penal; Acciones de Subsanación o saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo por estar contenido el vicio en la sentencia impugnada. Pretensión: Se declare la nulidad de la sentencia y del juicio, pata que sea celebrado nuevamente. Explica el Censor que el Tribunal de Sentencia hace afirmaciones sin fundamento probatorio, rayando el Principio Lógico de Razón Suficiente, que manda que todo juicio para que sea verdadero necesita una razón suficiente que justifique su contenido.- De manera muy precisa el Censor señala cuales son los yerros que a su consideración presenta la sentencia ahora conocida en el Recurso de Casación, siendo éstos: 1. Conclusión del Tribunal: El arma de fuego tipo pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, serie B78631Z, fue decomisada al Señor M. Á. C.. Motivo de Reclamo: La afirmación está apoyada en el medio de prueba acta de decomiso, la que no reúne las garantías necesarias para su valoración, pues ésta fue ratificada en juicio por una persona distinta a la que la elaboro. 2. Conclusión del Tribunal: El arma de fuego es comercial, por lo que el hecho se subsume en el artículo 332-B del Código Penal. Motivo de Reclamo: El tipo penal exige que se demuestre que el arma de fuego es comercial conforme a la Ley de Control de Armas, de lo cual no existe prueba alguna. 3. Conclusión del Tribunal: El Arma de Fuego Incautada no se encontraba registrada a favor del acusado M. A. C. Motivo de Reclamo: El oficio del Jefe de Registro Balístico Nacional de Armas, no informa si el arma está o no registrada nombre del acusado, pues se ocupa de establecer hechos diferentes. IV.II.II.- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- La Sentencia ahora recurrida es respetuosa de las reglas de la sana critica, en particular, del principio lógico de razón suficiente que alega el Censor como transgredido, pues las conclusiones arribadas encuentran como razón suficiente la información allegada al debate por conducto de los diferentes medios de prueba, los que fueron solventemente valorados intelectivamente por los Juzgadores. En particular, ninguno de los reclamos hechos en el Recurso es propio, a saber: 1. Incautación del Arma de Fuego. Consta en autos el Acta de Decomiso (Incautación), de fecha 11 de abril de 2009, que informa que en la Carretera Internacional, a la altura del lugar denominado “El Mogote”, entre Santa Rosa de Copan y la Entrada, le fue incautado al Señor M. A. C. T., con número de identidad XXXXXXXXXXXX-, un arma de fuego, tipo pistola pietro Beretta, hecha en Italia, con serie B786312, pavón color negro, con un cargador conteniendo 15 cartuchos sin percutir, y un traspaso (Documento de Compra-Venta) en la cual se determina como vendedor a una persona de nombre O. R. Z. A..-El documento está firmado por el Agente de Investigación, un testigo y el Señor M. C. Además, en la audiencia de debate fue escuchado como testigo el Señor H. O. D. D., quien es agente de la policía nacional preventiva que estuvo presente al momento de la incautación del arma de fuego, quien explico que ese día observaron a un grupo de personas del sexo masculino, entre ocho y nueve, intentando sacar de un banco (no señala si lodo o arena) a un vehículo, percatándose que uno de ellos portaba un arma de fuego con exhibición ostensible (prohibido por el artículo 27 de la Ley de Control de Armas), por lo que después de detenerse procedieron a requerirle a efecto que presentase el permiso correspondiente y al no hacerlo decidieron incautar el arma y a aprehender a su portador, quien se identificó como M. A. C. T.. Los hechos que aportan los medios de prueba no son complejos, pues aun cuando en el lugar se encontraban entre ocho a nueve personas, en el hecho objeto de juzgamiento solo participa una de ellas.- El testigo explicó que quien realiza el acto material de incautación fue su compañero policía A. P. R., quien al momento de la audiencia de debate había fallecido lo que impidió que ratificase el acta de decomiso propuesta como prueba, más ello no desmerito su fuerza probatoria, pues los datos contenidos en el acta son concordantes con lo narrado por el agente de policía.- La discrepancia apuntada por el Censor es inexistente, pues quedo claro para el Tribunal de Sentencia (f. 193 v.), al igual que para esta Sala de lo Penal, que el testigo identifica al Comisario G. A. A., como el encargado de la misión, quien decidió realizar la incautación del arma de fuego y la aprehensión del acusado, mientras que el Policía P. fue quien materialmente realizo dicha incautación en atención a lo ordenado por su superior. 2. Naturaleza del arma de fuego Incautada El arma incautada es una pistola, diseñada para disparar balas calibre 9mm (Constancia de fecha 20 de abril de 2009, folio 14), misma que reúne las características de aquellas que la ley considera permitida su comercialización (Art. 7.1 de la Ley de Control de Armas), disponiendo que para su tenencia y portación se requerirá el permiso extendido por la autoridad competente (Art. 17 y 33), los que son de carácter intransferible (Art. 34). No existe fundamento para el reclamo del Censor, pues no existe duda que el arma incautada es de carácter comercial, destinada para uso personal, y precisamente obedeciendo a tal naturaleza el acusado la portaba en su cintura con exhibición ostensible, conteniendo en el cargador quince cartuchos sin percutir, lo cual es signo de que la misma estaba en condiciones mecánicas para accionarlos, pues de no ser así, el acusado no la llevaría consigo en tales condiciones. 3. Registro del Arma Incautada Conforme se informa mediante el Oficio RBNA 173-09 de fecha 20 de abril de 2009, librado por el Jefe de Registro Balístico Nacional de Armas, el Inspector de Policía J. F. M. L., el acusado M. A. C., con número de identidad –XXXXX-XXX-XX- (mismo que coincide con el plasmado en el acta de decomiso), tiene registradas a su favor tres armas de fuego, todas ellas pistolas calibres 9mm, habiéndosele otorgados los permisos para su posesión y portación los meses de Septiembre, Noviembre y Diciembre de 2004; dicho documento además señala que el arma de fuego tipo pistola pietro Beretta, hecha en Italia, con serie B786312, pavón color negro, tiene reporte de robo, por denuncia hecha por el Señor E R. L., con identidad –XXXXX-XXXXX--XXXX.- A partir de dicho documento el Tribunal de Sentencia derivó que el acusado no contaba con el permiso correspondiente para su portación al momento en que fue aprehendido, pues no solo por el hecho de que, teniendo experiencia en cuanto cuales son los requisitos para poder poseer y portar un arma de fuego, no mostró la acreditación correspondiente (el carne), a la autoridad policial al momento de ser requerido el 11 de abril de 2009, sino porque además correctamente los juzgadores concluyeron que no era posible que el acusado pudiese registrar a su favor el arma incautada en el Registro Balístico, pues ésta tenía reporte de robo desde septiembre de 2008 aún vigente al momento de su aprehensión. V. DECISIÓN. 1. Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo; 2. Declarar Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. VI. POR TANTO. La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal Decide: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. M. T. B., apoderado defensor privado.-Segundo: Declarar No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. M. T. B., apoderado defensor privado.-Tercero: Declarar firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta (30) de Enero de dos mil trece (2013) (f. 191), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan y que contiene la sentencia condenatoria en contra del Señor M. A. C. T., quien es responsable a título de autor de un delito consumado de portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese.- FIRMAS Y SELLOS.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado Coordinador.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- José Olivio Rodríguez Vásquez.-Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-154-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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