Sentencia CP-146-13 — Registro 7918
Resumen
En primera instancia se condenó por mayoría de votos al imputado, como autor responsable del supuesto delito de estafa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"IV.II.II.- De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO.- Esta Sala de lo Penal ha hecho un estudio del proceso penal, advirtiendo dos vicios que colisionan con el principio de legalidad penal, uno de ellos de forma y otro de fondo. A).- A).- Defecto de Forma La Mayoría del Tribunal de Sentencia, en la construcción de los hechos probados ha irrespetado la Garantía Procesal (Nulla Poena Sine Judicio), pues éstos son la conclusión de un proceso de razonamiento en divorcio a las reglas de la sana critica, al haber derivado de que el acusado R. S. G. L. no importó al territorio nacional el vehículo encargado por el ofendido G. A. B., sin existir prueba que así lo acreditara. La prueba con que conto el proceso penal consistió en una Constancia de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela, que señalan que el acusado está inscrito como comerciante individual siendo uno de sus giros comerciales la importación de vehículos automotores, además la declaración del Señor G. A. B., quien refirió haber contactado al acusado en el mes de abril de 2009,para la compra de un vehículo, quien se comprometió a su importación desde los Estados Unidos de América y entrega en buen estado, pagando para ello una cantidad de dinero, más tal compromiso no fue honrado pues de aquella fecha hasta enero de 2010 no se hizo entrega alguna, respondiendo el acusado con evasivas, por lo que interpuso la denuncia por el
delito de Estafa; Tal declaración concuerda con la que brindase el Señor W. A. V. M., quien fue testigo de la transacción entre el acusado y el ofendido y con la prueba documental consistente en un Recibo extendido por el acusado a favor del ofendido por la entrega de L. 50,000.00. De manera correcta el Juez Disidente de la mayoría indica que ninguna de la prueba enumerada puede permitir derivar, con razón suficiente, que el acusado no realizó ninguna gestión con el objeto de importar el vehículo encargado por el ofendido; Las declaraciones testificales y la prueba documental aportaron elementos distintos al afirmado por la mayoría del Tribunal de Sentencia, quienes concluyeron sobre éste hecho en base a suposiciones. B).- Defecto de Fondo También la mayoría del Tribunal de Sentencia violentaron la Garantía Criminal (Nulla Crimen, Sine Lege Praevia), pues subsumieron los hechos declarados en el tipo penal de Estafa, aun cuando entre uno y otro no existe correspondencia, tal y como bien lo denuncia la Defensa Pública. El delito de Estafa se debe de conceptualizar como aquel que sanciona a la persona que con ánimo de lucro, en provecho propio o para provecho de un tercero, pone en escena un engaño, ardid, simulación o cualquier otro artificio que presente con apariencia de verdadero algo que es falso, incorrecto o inexacto, de modo de lograr inducir en error a otro, quien motivado por la falsa creencia inducida hace un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que le acarrea un perjuicio propio o de un tercero. Se colige de lo anterior que uno de los elementos esenciales del tipo penal es el engaño o ardid como su modalidad crimonosa, el cual debe de reunir las siguientes características (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de Febrero de 2013, en el Exp 286-2010): 1. Debe de ser anterior a cualquier otro elemento, es decir debe de presentarse al inicio del Iter Criminis, ya que el embuste debe de dinamizarse por el sujeto activo antes de que se produzca la disposición patrimonial, con un dolo especifico de incumplimiento previo; 2. Debe de ser el causante del error del sujeto pasivo que provoque la decisión de éste de realizar una disposición patrimonial (objeto del delito); 3. Debe de ser Bastante, es decir debe de ser tal que logre inducir al error al sujeto pasivo, es pues que no se trata de una simple mentira, sino de una maquinación elaborada que haga reflejar verdad donde materialmente no existe; La suficiencia del embuste estará condicionada con las condiciones personales del sujeto pasivo, como más adelante se explicara. Los hechos probados (aun con su errónea construcción por indebida derivación), fijan tres aspectos relevantes: 1. Que el acusado, previo a acordar la venta del vehículo con el ofendido, estaba constituido como comerciante individual, siendo uno de sus giros la importación de vehículos; 2. Que en el año 2008 el ofendido G. A. B., buscó al acusado R. S. G., del que tenía referencia se dedicaba a la importación de vehículos, con el propósito de comprar uno por su conducto; Reunión que concluyó en el compromiso del acusado de importar un vehículo para ser entregado en buen estado al ofendido, quien para ello pago a éste la cantidad de L. 50,000.00 el 29 de abril de 2009; y 3. Que después de un tiempo el acusado no importó el vehículo ni devolvió la cantidad recibida por éste, “seguido de tácticas dilatorias” de aquél. Tales hechos probados no relatan en que consistió el engaño producido por el acusado, que generaron el error el ofendido en el que se basó para hacer una disposición patrimonial en su perjuicio.- Los hechos probados descritos en la sentencia señalan que el acusado contesto con evasivas los requerimientos del ofendido, los cuales fueron hechos una vez que se venció el plazo previsto para la entrega del vehículo, más en ningún momento se describe que el acusado realizó algún engaño o falsedad antes de ello, previo a que el ofendido tomase la decisión de acordar la importación del vehículo o de entregar la cantidad de dinero, por lo que no puede encuadrarse los hechos en el tipo penal contenido en el artículo 240 del Código Penal, que contiene el delito de Estafa. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada por el incumplimiento de contrato, que deberá de exigirse y deducirse en el ámbito mercantil. "
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de Enero del año dos mil diecisiete (2017), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente SENTENCIA conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual condenó por mayoría de votos al señor R. S. G. L., como autor responsable del supuesto delito de ESTAFA, en perjuicio del señor G. A. B. R., a la pena de cinco (05) años de reclusión, más la pena de multa del diez por ciento (10%), del valor defraudado que equivale a la cantidad de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00), los que deberán ser ingresados a la tesorería general de la república, asimismo se le condena a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil y a trabajar durante el tiempo que dure la condena en obras públicas dentro de la institución penitenciaríapor el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado M. A. M. L., actuando en su condición de Defensor Público del señor R. S. G. L.. Son Partes En Única Instancia: La Abogada D. L. D., Defensora Pública del acusado R. S. G. L., en su condición de Recurrente y el Abogado S. C. A., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. Primero: Que en el año 2008 G. A. B. R. quien laboraba para una Empresa de este Sector tenía contratado para su movilización el servicios de taxi provisto por W. V. quien enterado de la intención de G. de adquirir un vehículo propio le dijo a la esposa de éste que conocía a una persona que vendía vehículos por lo cual llevó a G. donde R. S. G. L., constituido como comerciante individual debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tela y dedicado entre otro rubros a la importación y compraventa de vehículos automotores. Segundo: R. atendió a G. y le mostró por Internet una diversidad de vehículos decidiéndose G. por comprar un turismo, Hyundai, año 2001, ligeramente chocado cuyo valor fue fijado en 50,000.00 lempiras que pagó en efectivo G. a R. el 29 de abril de 2009 en presencia de W. A. M., quedando restantes 10,000.00 lempiras que habría de abonar G. para el enderezado y pintado de dicho vehículo y cuya entrega fue pactada para un plazo de entre cuatro y seis semanas el que finalmente transcurrió sin que se importara el vehículo, ni se diera al comprador indicio de haberlo importado seguido de tácticas dilatorias de R. quien alegaba retrasos en el desaduanaje por cambios en el sistema de la Dirección Ejecutiva de Ingresos llegando al grado de no contestar las llamadas telefónicas de G. quedándose con los 50,000.00 que confiadamente aquel le había entregado.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOSY ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado M. A. M. L., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “Explicación Del Motivo De Casación Motivo Único: La sentencia emite un fallo condenatorio que violenta los principios de legalidad y, por ende, el debido proceso. Precepto Autorizante: El motivo de casación, antes señalado, se encuentra comprendido en el artículo 90 de la Constitución de la República y en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo De Casación La sentencia promulgada por el Tribunal de Sentencia carece de una valoración de los hechos conforme al principio de legalidad y por ende, del debido proceso, al tipificar las acciones de mi representado en el delito de estafa sin existir el elemento objetivo del engaño. PRIMERO: El principio de legalidad nos indica que sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley lo declare como tal expresamente. Por lo anterior, los hechos sometidos a un juicio respetuoso de las garantías y derechos constitucionales, deben ser enmarcados dentro de los elementos subjetivos y objetivos del propio delito. En el presente caso, para que el delito de estafa se perfeccione es necesario que el fraude (ardid o engaño) desplegado por el sujeto activo haya generado un error en la víctima y ésta, con base en dicho error, realice una disposición patrimonial perjudicial. En palabras de V. M. se puede decir que el engaño «es la muleta o capa de que se sirve el torero para engañar al toro»[1]. En el presente caso, no ha existido ninguna capa o muleta que haya tenido la intención de dañar al señor G. A. B. R.. Por el contrario, con la propia prueba ofrecida en juicio por parte del Ministerio Público se comprueba que mi representado efectivamente se dedica a la venta de automotores, estando debidamente registrado corno tal ante la Cámara de Comercio e Industrias de Tela. Asimismo, el señor A. B. R. nunca logra acreditar que mi representado no haya importado el vehículo, pues él mismo expone en su declaración que la entrega del vehículo se había retrasado por razones ajenas a su persona, debido a una contradicción en los números de serie del vehículo. SEGUNDO: En virtud de esta falta de prueba con respecto a lo sucedido y teniendo únicamente el testimonio del ofendido, el Tribunal violenta el debido proceso, al suponer sin haber medios probatorios, que mi representado no importó el vehículo. Esta vulneración a un derecho constitucional sucede específicamente en el hecho probado segundo de la sentencia y es mediante esta suposición arbitraria que se pretende valorar que hubo un engaño por parte del señor R. S. G. L., para poder así determinar en forma incorrecta que su accionar se tipifica en el delito de Estafa. No obstante, debido a que nunca existió engaño alguno, ni se pudo comprobar este extremo, no pudo haberse configurado el delito de estafa. Pues para que el mismo pueda determinarse debe de haber necesariamente la existencia de un engaño o ardid por parte de quien comete la acción. En el presente caso, lo que en realidad ha sucedido es un retraso en el cumplimiento de un contrato civil, que por causas ajenas a la voluntad de mi representado, no ha podido llevarse a buen término. Es con base a todo lo anteriormente expuesto que la Defensa del señor R. S. G. L. considera que el delito de Estafa no se logró comprobar ni mucho menos configurar; por lo que, lo que procede dictar en este caso, y en concordancia con el Voto Disidente del Juez Abg. D. A. D., la absolución de mi representado. Por lo que el fallo a que ha arribado el Tribunal de Sentencia debe ser enmendado por la Honorable Sala Penal en aras de lograr una correcta administración de justicia para el señor R. S. G. L..”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que(Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública a favor del acusado R. S. G. Luque.- Único Motivo. Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el Censor, Concepto de la Infracción: Violación del Principio de Legalidad en relación al principio a un Debido Proceso; Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin Determinar por el Censor; y Pretensión: Absolver al acusado. El Censor formula reclamo contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, pues es del criterio que erróneamente se ha “tipificado” (calificado) la conducta del acusado en el delito de Estafa, aun cuando no se identifica el elemento objetivo de engaño; explica que con la prueba presentada por el Ministerio Público se comprobó que el acusado se dedicaba a la venta de automotores; resalta que no existió prueba de que el acusado no haya importado el vehículo, siendo ésta una suposición arbitraría de los Juzgadores; concluye que lo que ha ocurrido es un incumplimiento de un contrato civil. IV.II.I- Del Principio de Legalidad. El Principio de Legalidad en el Derecho internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.2 el cual dice: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.", en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 9, que establece: "Nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."; en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley” y en el Código Penal en los artículos 1 y 2, nos dice: "Artículo 1.- Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito; Artículo 2.- No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". El Principio de Legalidad constituye el principal límite impuesto al Estado de Derecho y comprende una serie de garantías para los ciudadanos, llámese imputado, víctima o sociedad en general, las cuales pueden conducir a la imposibilidad de que el Estado intervenga y actúe penalmente más allá de lo que permite la ley.- Estas garantías son: garantía criminal, garantía penal, garantía procesal y garantía de ejecución.([3]) El cumplimiento de estos requisitos daría validez material a la norma penal y al proceso penal, al respetar las diversas garantías exigidas por la Constitución Política: a. Garantía Criminal (Nulla Crimen, Sine Lege Praevia)".- Mediante la cual la definición de un delito solo puede ser realizada por la Ley, de ese modo se garantiza que solo son delitos los establecidos por la Ley, por lo, contrario sensu, sin ley no hay delito.- La garantía criminal, significa entonces, que se tendrán por delitos, delitos agravados o calificados y también de circunstancias agravantes, solo los que señale la ley penal, sin que se puedan tener como tales los que señale otra fuente distinta.([4]) Esta Garantía está Regulada en el Artículo 95 de la Constitución Política al señalar que "Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos" y reproducido en el Código Penal en su artículo 1 que establece que "Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito". b. Garantía Penal (Nulla Poena Sine Lege).- Esta garantía establece la previsión de la pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la Ley en forma abstracta. ([5]) c. Garantía Procesal (Nulla Poena Sine Judicio).- Regula que la actividad procesal no exceda lo que estrictamente establece la ley y excluye toda posibilidad de arbitrariedad en el proceso. ([6]) Encontramos esta garantía procesal en el Artículo 90 de la Constitución política, el cual literalmente dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece", advirtiendo en el artículo 321 que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley”.- Los aspectos principales en los que se manifiesta el Principio Del Debido Proceso en materia penal, son: 1. Derecho General a la Justicia: Mediante el cual la administración general de justicia está encomendada a un conjunto de órganos y cuyo objetivo es la resolución de los conflictos que se susciten en la sociedad. El principio del Debido Proceso es el necesario complemento del Principio de Legalidad, del que se deriva el Principio del Monopolio de la Acusación, que busca tutelar la igualdad de la aplicación del Derecho Penal de todos los ciudadanos, por ende, los órganos de persecución del estado, están en la obligación de enervar el proceso penal cuando se encuentran ante la noticia criminis, teniendo como excepción la aplicación del criterio de oportunidad; 2. Derecho General a la Legalidad: Mediante el cual se establece que las actuaciones de las autoridades están vinculadas con el ordenamiento jurídico y por ende solo están autorizadas a actuar en la medida en se encuentren autorizadas por la ley para hacerlo; 3. Derecho al Juez Regular: Este principio se encuentra contemplado en el artículo 90 que establece que "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece" y en el artículo 304 al indicar que “En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”, consagrándose así la garantía del Juez Natural. 4. Derechos de Audiencia y Defensa: Mediante el cual se señala, por una parte: el ejercicio de la defensa de todo ciudadano ante una imputación criminal; Y por otra parte: El ejercicio de la defensa del Ministerio Público, Procuraduría General del Estado y Víctima a través del acusador privado, de velar por los intereses generales o particulares respectivamente. Este Derecho está contenido en los artículos 82 y 94 de la Constitución Política. El derecho general de defensa implica otros principios, entre éstos el derecho de la motivación o fundamentación debida de toda resolución procesal. d) Garantía de Ejecución: Implica que la pena ha de ejecutarse no arbitrariamente, sino que en los términos prescritos por la Ley. Las Leyes de Ejecución Penal han de recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas consagradas constitucionalmente. Relacionado con esta garantía, el artículo 68 de la Constitución de la República que indica que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe de ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". IV.II.II.- De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo.- Esta Sala de lo Penal ha hecho un estudio del proceso penal, advirtiendo dos vicios que colisionan con el principio de legalidad penal, uno de ellos de forma y otro de fondo. A).- A).- Defecto de Forma La Mayoría del Tribunal de Sentencia, en la construcción de los hechos probados ha irrespetado la Garantía Procesal (Nulla Poena Sine Judicio), pues éstos son la conclusión de un proceso de razonamiento en divorcio a las reglas de la sana critica, al haber derivado de que el acusado R. S. G. L. no importó al territorio nacional el vehículo encargado por el ofendido G. A. B., sin existir prueba que así lo acreditara. La prueba con que conto el proceso penal consistió en una Constancia de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela, que señalan que el acusado está inscrito como comerciante individual siendo uno de sus giros comerciales la importación de vehículos automotores, además la declaración del Señor G. A. B., quien refirió haber contactado al acusado en el mes de abril de 2009,para la compra de un vehículo, quien se comprometió a su importación desde los Estados Unidos de América y entrega en buen estado, pagando para ello una cantidad de dinero, más tal compromiso no fue honrado pues de aquella fecha hasta enero de 2010 no se hizo entrega alguna, respondiendo el acusado con evasivas, por lo que interpuso la denuncia por el delito de Estafa; Tal declaración concuerda con la que brindase el Señor W. A. V. M., quien fue testigo de la transacción entre el acusado y el ofendido y con la prueba documental consistente en un Recibo extendido por el acusado a favor del ofendido por la entrega de L. 50,000.00. De manera correcta el Juez Disidente de la mayoría indica que ninguna de la prueba enumerada puede permitir derivar, con razón suficiente, que el acusado no realizó ninguna gestión con el objeto de importar el vehículo encargado por el ofendido; Las declaraciones testificales y la prueba documental aportaron elementos distintos al afirmado por la mayoría del Tribunal de Sentencia, quienes concluyeron sobre éste hecho en base a suposiciones. B).- Defecto de Fondo También la mayoría del Tribunal de Sentencia violentaron la Garantía Criminal (Nulla Crimen, Sine Lege Praevia), pues subsumieron los hechos declarados en el tipo penal de Estafa, aun cuando entre uno y otro no existe correspondencia, tal y como bien lo denuncia la Defensa Pública. El delito de Estafa se debe de conceptualizar como aquel que sanciona a la persona que con ánimo de lucro, en provecho propio o para provecho de un tercero, pone en escena un engaño, ardid, simulación o cualquier otro artificio que presente con apariencia de verdadero algo que es falso, incorrecto o inexacto, de modo de lograr inducir en error a otro, quien motivado por la falsa creencia inducida hace un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que le acarrea un perjuicio propio o de un tercero. Se colige de lo anterior que uno de los elementos esenciales del tipo penal es el engaño o ardid como su modalidad crimonosa, el cual debe de reunir las siguientes características (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de Febrero de 2013, en el Exp 286-2010): 1. Debe de ser anterior a cualquier otro elemento, es decir debe de presentarse al inicio del Iter Criminis, ya que el embuste debe de dinamizarse por el sujeto activo antes de que se produzca la disposición patrimonial, con un dolo especifico de incumplimiento previo; 2. Debe de ser el causante del error del sujeto pasivo que provoque la decisión de éste de realizar una disposición patrimonial (objeto del delito); 3. Debe de ser Bastante, es decir debe de ser tal que logre inducir al error al sujeto pasivo, es pues que no se trata de una simple mentira, sino de una maquinación elaborada que haga reflejar verdad donde materialmente no existe; La suficiencia del embuste estará condicionada con las condiciones personales del sujeto pasivo, como más adelante se explicara. Los hechos probados (aun con su errónea construcción por indebida derivación), fijan tres aspectos relevantes: 1. Que el acusado, previo a acordar la venta del vehículo con el ofendido, estaba constituido como comerciante individual, siendo uno de sus giros la importación de vehículos; 2. Que en el año 2008 el ofendido G. A. B., buscó al acusado R. S. G., del que tenía referencia se dedicaba a la importación de vehículos, con el propósito de comprar uno por su conducto; Reunión que concluyó en el compromiso del acusado de importar un vehículo para ser entregado en buen estado al ofendido, quien para ello pago a éste la cantidad de L. 50,000.00 el 29 de abril de 2009; y 3. Que después de un tiempo el acusado no importó el vehículo ni devolvió la cantidad recibida por éste, “seguido de tácticas dilatorias” de aquél. Tales hechos probados no relatan en que consistió el engaño producido por el acusado, que generaron el error el ofendido en el que se basó para hacer una disposición patrimonial en su perjuicio.- Los hechos probados descritos en la sentencia señalan que el acusado contesto con evasivas los requerimientos del ofendido, los cuales fueron hechos una vez que se venció el plazo previsto para la entrega del vehículo, más en ningún momento se describe que el acusado realizó algún engaño o falsedad antes de ello, previo a que el ofendido tomase la decisión de acordar la importación del vehículo o de entregar la cantidad de dinero, por lo que no puede encuadrarse los hechos en el tipo penal contenido en el artículo 240 del Código Penal, que contiene el delito de Estafa. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada por el incumplimiento de contrato, que deberá de exigirse y deducirse en el ámbito mercantil. V. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Motivo Único. VI.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, Decide: 1) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública; y; 2) Casa la sentencia condenatoria la Sentencia Condenatoria de fecha catorce (14) de Diciembre de dos mil doce (2012), dictada por mayoría del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida; en consecuencia: a) Absuelve de toda responsabilidad penal al Señor R. S. G. L., por un delito consumado de Estafa, en perjuicio del Señor G. A. B. R.; b) Revoca toda medida cautelar impuesta al Señor R. S. G. L., con ocasión del presente proceso penal, ello sin perjuicio de otras medidas cautelares que estuvieren vigentes por razón de otros procesos penales pendientes; y; c) No Procede condenar en costas al Ministerio Público por la acción penal ejercida en el presente caso y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme.- Notifíquese.- FIRMAS Y SELLO.- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado Coordinador.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- firma y sello.- josé ramón crúz ferrera.- receptor adscrito.- sala de lo penal”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-146-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] VALLE MUÑIZ, El delito de estafa, nota 1, página 142.
[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[3]Rodríguez Devesa, José María. Derecho Penal Español, Parte General, Madrid España,Edición 10°, 1986. Pág. 175 y 176.
[4]Luzón Peña, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal Parte General I. Editorial Hispamer, 1997. Pg. 133.
[5] Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferré Olivé, Juan Carlos; Cerrano Piedecasa, José Ramón. Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Praxis. 1° Edición, España. 1996. Pg. 318.
[6] Bustos Ramírez, Juan; Hormazabal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. pg. 87 y 88.