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Sentencia CP-143-14 — Registro 15983

Resumen

En primer instancia se absuelve a los acusados por el delito de Robo de Vehículo, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Analiza esta Sala de lo Penal, que si bien la recurrente ha establecido como regla violentada la lógica en su principio de derivación, no ha utilizado la técnica recursiva correcta para señalar cuáles fueron esos juicios de valor del Sentenciador y dónde aparecen así en el fallo cuestionado. Sin embargo este Tribunal de Casación ha procedido a analizar los razonamientos del Tribunal Sentenciador y que ha expresado en su sentencia. En el acápite “Valoración de la Prueba” razonó la declaración de los agentes de investigación Juan Ramon Banegas Euceda e Isidro Vallecillo Rodriguez, el primero afirmó que el ofendido manifestó que le habían robado y lo atacaron 3 sujetos, el Jefe Municipal recibió una llamada anónima sobre el paradero de los sospechosos; se les da captura y se les encuentra algunas pertenencias del ofendido; el segundo deponente estableció que el Jefe Municipal recibió una denuncia y así realizaron las capturas, ambos acusados fueron capturados en Oropoli. De estas declaraciones el Sentenciador afirmó, que estos agentes dieron captura a los acusados, la cual se originó a consecuencia de una llamada anónima, a los detenidos se les decomisaron objetos que había sido robados al ofendido; razona además el Juzgador que ambos imputados fueron capturados en lugares distintos y no se acreditó entre ellos alguna relación de parentesco o amistad; además que el ofendido no se presentó a la etapa de instrucción o en el debate a rendir su declaración y a reconocer los objetos, por tanto no es posible determinar mediante indicios o prueba directa, la participación de los acusados en los hechos investigados. Los argumentos del A-quo son correctos, lógicos y se desprenden del legajo probatorio, observándose la aplicación de las reglas de la sana crítica, pues si bien se les encontraron ciertos objetos a los imputados que supuestamente pertenecían al ofendido, esto no fue posible acreditarlo pues el ofendido Marco Antonio Valeriano, no se presentó a rendir su declaración ante Juez competente ni a reconocer los objetos decomisados, al tratarse de un delito contra la propiedad, se requiere que el perjudicado reconozca los objetos como suyos y además rinda su declaración. Al no existir declaración de ofendido, no es posible vincular a los acusados en los delitos acusados, ni tampoco encuadrar los hechos en otro tipo penal, puesto que en ambos casos existe una persona perjudicada que debe rendir declaración ante las autoridades judiciales, por lo que, al absolver al acusado el Tribunal aplicó correctamente las reglas del recto entendimiento humano, puesto que a falta de prueba suficiente, lo correcto es la absolución de los imputados. En el resto de su Sentencia el Juzgador razonó la prueba documental y la prueba de descargo, mismas que valoró de manera adecuada y teniendo como base las reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

en los hechos investigados. Los argumentos del A-quo son correctos, lógicos y se desprenden del legajo probatorio, observándose la aplicación de las reglas de la sana crítica, pues si bien se les encontraron ciertos objetos a los imputados que supuestamente pertenecían al ofendido, esto no fue posible acreditarlo pues el ofendido Marco Antonio Valeriano, no se presentó a rendir su declaración ante Juez competente ni a reconocer los objetos decomisados, al tratarse de un delito contra la propiedad, se requiere que el perjudicado reconozca los objetos como suyos y además rinda su declaración. Al no existir declaración de ofendido, no es posible vincular a los acusados en los delitos acusados, ni tampoco encuadrar los hechos en otro tipo penal, puesto que en ambos casos existe una persona perjudicada que debe rendir declaración ante las autoridades judiciales, por lo que, al absolver al acusado el Tribunal aplicó correctamente las reglas del recto entendimiento humano, puesto que a falta de prueba suficiente, lo correcto es la absolución de los imputados. En el resto de su Sentencia el Juzgador razonó la prueba documental y la prueba de descargo, mismas que valoró de manera adecuada y teniendo como base las reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).- El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SENTENCIA EN EL RECURSO DE CASACIÓN SP 143-2014 POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de julio del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual absolvió a los señores FELIX ANTONIO RODRIGUEZ ALVARADO y JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA, del delito de Robo de Vehículo, en perjuicio del señor Marco Antonio Valeriano. Asimismo no procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la abogada Raquel Emilia Lemus Ardón, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes: La abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrente y la abogada Nidia Isabel Fernández en su calidad de Defensora Privada de los imputados, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Que en fecha 15 de abril del año dos mil doce, el señor Marco Antonio Valeriano, interpuso denuncia la cual expresaba que en horas de la mañana de ese día él se trasladaba en un vehículo marca Yamaha, color negra, modelo fz16, cc153, a su casa de habitación sita en la aldea los Terrones de la jurisdicción del municipio de El Paraíso, cuando tres individuos desconocidos lo interceptaron y lo apuntaron con un arma de fuego, despojándolo de su automóvil y documentos personales como ser: una factura de compra venta de una motocicleta extendida por el comercial Ultramotor y unas tarjetas de débito expedidas a su nombre.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente, abogada Raquel Emilia Lemus Ardon, formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene vicios graves que atentan contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierten en consecuencia, en la violación de los Artículos 202 y el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal, tal como a continuación se señalan: Para el A-quo, de la probanza incorporada al proceso únicamente se logró acreditar: “Que en fecha 15 de abril del año dos mil doce, el señor Marco Antonio Valeriano, interpuso denuncia la cual expresaba que en horas de la mañana de ese día, él se trasladaba en un vehículo marca Yamaha, color negra, modelo fzl6, cc153, a su casa de habitación sita en la aldea los Terrones de la jurisdicción del municipio del Paraíso, cuando tres individuos desconocidos lo interceptaron y lo apuntaron con un arma de fuego, despojándolo de su automóvil y documentos personales como ser: una factura de compra venta de una motocicleta extendida por el comercial Ultramotor y unas tarjetas de débito expedidas a su nombre”. El Juzgador para allegar a este hecho que estimó como probado razonó lo siguiente: Prueba de Cargo De la prueba testifical (Juan Ramón Banegas Euceda e Isidro Vallecillo Rodríguez): “Estos testigos fueron los agentes de la policía que dieron captura a los imputados. . ., a quienes se les decomisaron los objetos que según la Denuncia interpuesta anta la Dirección General de Investigación Criminal habían sido robadas al señor Marco Antonio Valeriano, con estas declaraciones se acredita que los cuerpos del robo fueron decomisados a los señores Félix Antonio Rodríguez Alvarado y Juan Carlos Rodríguez Mendoza, en virtud de lo anterior este Tribunal de Sentencias le da valor probatorio a estas deposiciones. Por otra parte los objetos del delito de robo fueron decomisados a dos individuos que no estaban juntos al momento de la captura, entre los cuales no se acreditó vínculo de parentesco o amistad, y el ofendido no se presentó durante la etapa de instrucción y la etapa de debate a identificar a alguno de los acusados, tampoco a reconocer los objetos decomisados en tal sentido no se puede ni por indicios con prueba directa acreditar la participación de los señores Félix Antonio Rodríguez Alvarado y Juan Carlos Rodríguez Mendoza, en el delito por el que se les acusa en virtud de no haber una víctima u ofendido durante esta causa penal. De la prueba documental consistente en: Acta de Registro personal practicado a Juan Carlos Rodríguez; acta de registro personal, realizado a Félix Antonio Rodríguez Alvarado; acta de decomiso a Juan Carlos Rodríguez de una tarjeta de debido de Banco Fícohsa y una tarjeta de la Tienda Electra ambos documentos a nombre de Marco Antonio Valeriano; acta de decomiso a Félix Antonio Rodríguez de una factura original de comercial Ultramotor de una motocicleta marca Yamaha; acta de decomiso a Félix Antonio Rodríguez de un vehículo tipo motocicleta, modelo fzl6, año 2012: El decomiso de estos documentos son propios de diligencias investigativas y con la factura original, se acredita que la motocicleta decomisada es propiedad del ofendido. De la evidencia física, consistente en: Tarjeta de débito de Banco Ficohsa; Una factura de comercial Ultramotor ambos documentos a nombre de Marco Antonio Valeriano; y una motocicleta modelo fzl6, año 2012: Estos objetos son los mismos que según denuncia ante la Dirección de Investigación Criminal, le fueron sustraídos mediante intimidación al señor Marco Antonio Valeriano. Prueba de Descargo: Prueba testifical (Eugenio Mendoza): El deponente afirma haber sido testigos de la compra de la motocicleta a un desconocido por parte del señor Félix Antonio Rodríguez, a dicha declaración no le concede valor por cuanto no hay otros medios de prueba que lo confirmen, y de acuerdo a las máximas de la experiencia, ésta compra venta no es congruente con la realidad, porque cuando una persona realiza la compra de un bien mueble debe asegurarse que los mismos no tienen problemas legales. De la prueba documental consistente en: Documento Autenticado de una motocicleta marca Yamaha: Con dicho documento la defensa pretendió acreditar que la compra de la motocicleta por parte del señor Félix Antonio Rodríguez se realizó en un ambiente de legalidad. Pero el certificado de auténtica plasma que lo que el Notario certifica es la copia del documento en el que se realiza la transacción y no así las firmas que se plasman en el documento autenticado; por lo que se deduce la falta de veracidad, ya que el documento en mención afirma que Kevin Noé Mendoza (supuesto vendedor) adquirió dicho bien mediante compra que le hiciera a Comercial Ultramotor, pero cotejado esto con la factura original que se le decomisó a Félix Antonio Rodríguez junto con la motocicleta, establece que dicho bien le pertenece al señor Marco Antonio Valeriano, por lo que dicho documento no es conforme a la realidad y por ello no se le otorga valor probatorio. De dicha probanza y de la valoración efectuada sobre la misma, compartimos la decisión del A quo, respecto que si bien los hechos se enmarcan en los delitos tipificados en los artículos 217 y 218 del Código Penal, pero no así la participación de los acusados en dichos hechos, ante la falta de prueba que acredite tal circunstancia. No obstante a lo anterior tampoco es menos cierto, que el Juzgador tiene la obligación de dar la calificación jurídica final de los hechos que considere acreditados, siempre y cuando ésta resulte de la prueba evacuada en el juicio oral y público y no vaya en perjuicio de los imputados (art.337 del Código Procesal Penal). Partiendo del precepto procesal supra-relacionado y de las resultas de la prueba evacuada en el proceso quedó acreditado más allá de toda duda razonable, que es sabido que la declaración de los hechos estimados probados de la sentencia son inatacables, sin embargo en el caso de autos se desprende de la prueba misma y del iter lógico de valoración de la prueba que siguió el Sentenciador (que en definitiva es sobre lo que recae nuestro reproche recursivo) que los hechos asumidos como ciertos por el A quo se quedaron incompletos, incurriendo en infracción a la regla lógica de derivación en su apartado de razón suficiente, concretamente la característica de suficiencia, ello es así, por cuanto además de lo ya declarado probado, también resultó acreditado con la misma prueba que al señor Félix Antonio Rodríguez al momento de su detención por parte de agentes policiales, se le decomisó un vehículo marca Yamaha, color negra, modelo tzl6, cc153 y Una factura original emitida por Comercial Ultramotor a nombre de Marco Antonio Valeriano (ofendido), por la compra de una motocicleta cuyas características físicas le son compatibles a la motocicleta decomisada y que el documento que aportó para acreditar la supuesta buena fe de la adquisición de la motocicleta no resulta veraz, por las razones arriba señaladas; y al señor Juan Carlos Rodríguez al momento de su detención se le decomisó una tarjeta de débito de Banco Ficohsa y una tarjeta de la Tienda Electra ambos documentos a nombre de Marco Antonio Valeriano; objetos éstos que previamente habían sido reportadas como robados ante la Dirección Nacional de Investigación Crimina1, por el señor Marco Antonio Valeriano. Que los hechos antes mencionados se adecuan perfectamente en los delitos de Adquisición de vehículo Robado tipificado en el artículo 218-D del Código Penal en lo que corresponde al procesado Félix Antonio Rodríguez; y Encubrimiento descrito en el artículo 388 numeral 3) de la misma Norma Penal en comento, en lo que atañe al señor Juan Carlos Rodríguez, delitos por los cuales debió condenar el Juzgador, pues dicha decisión no afectaba en lo absoluto lo dispuesto en el artículo 337 del Código Procesal Penal, por cuanto se trataba de los mismos hechos y la misma prueba, pero que al disponer por absolver, vulneró las reglas de la sana crítica en la regla, postulado y característica supramencionada. En consecuencia y siendo que la prueba de cargo era suficiente y concreta para dictar un fallo condenatorio, el cual el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente e convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicios éstos que procedemos a anunciarlos hasta en este momento, ya que los mismos se producen en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvío y evacuación de un nuevo juicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Increpó la recurrente, que el Sentenciador incurrió en inobservancia a las reglas de la Sana Crítica al momento de valorar las pruebas, estableciendo como norma que le permite la interposición del recurso, en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el Juzgador de la prueba de cargo y descargo presentada, estableció que si bien los hechos se enmarcan en los delitos tipificados en los artículos 217 y 218 del Código Penal, pero no así la participación de los acusados en dichos hechos, ante la falta de prueba que acredite tal circunstancia resolvió absolverlos; no obstante, no es menos cierto que el Juzgador tiene la obligación de dar la calificación jurídica final de los hechos que considere acreditados, siempre y cuando ésta resulte de la prueba evacuada en el juicio. Estableció además que los hechos asumidos como ciertos se quedaron incompletos, incurriendo en infracción a la regla lógica de derivación, pues quedó acreditado además que los imputados Félix Antonio Rodríguez y Juan Carlos Rodríguez les fueron encontrados objetos pertenecientes al ofendido y que previamente habían sido reportados como robados, adecuándose los hechos en los delitos de Adquisición de Vehículo Robado y encubrimiento. 2) Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. 3) Analiza esta Sala de lo Penal, que si bien la recurrente ha establecido como regla violentada la lógica en su principio de derivación, no ha utilizado la técnica recursiva correcta para señalar cuáles fueron esos juicios de valor del Sentenciador y dónde aparecen así en el fallo cuestionado. Sin embargo este Tribunal de Casación ha procedido a analizar los razonamientos del Tribunal Sentenciador y que ha expresado en su sentencia. En el acápite “Valoración de la Prueba” razonó la declaración de los agentes de investigación Juan Ramon Banegas Euceda e Isidro Vallecillo Rodriguez, el primero afirmó que el ofendido manifestó que le habían robado y lo atacaron 3 sujetos, el Jefe Municipal recibió una llamada anónima sobre el paradero de los sospechosos; se les da captura y se les encuentra algunas pertenencias del ofendido; el segundo deponente estableció que el Jefe Municipal recibió una denuncia y así realizaron las capturas, ambos acusados fueron capturados en Oropoli. De estas declaraciones el Sentenciador afirmó, que estos agentes dieron captura a los acusados, la cual se originó a consecuencia de una llamada anónima, a los detenidos se les decomisaron objetos que había sido robados al ofendido; razona además el Juzgador que ambos imputados fueron capturados en lugares distintos y no se acreditó entre ellos alguna relación de parentesco o amistad; además que el ofendido no se presentó a la etapa de instrucción o en el debate a rendir su declaración y a reconocer los objetos, por tanto no es posible determinar mediante indicios o prueba directa, la participación de los acusados en los hechos investigados. Los argumentos del A-quo son correctos, lógicos y se desprenden del legajo probatorio, observándose la aplicación de las reglas de la sana crítica, pues si bien se les encontraron ciertos objetos a los imputados que supuestamente pertenecían al ofendido, esto no fue posible acreditarlo pues el ofendido Marco Antonio Valeriano, no se presentó a rendir su declaración ante Juez competente ni a reconocer los objetos decomisados, al tratarse de un delito contra la propiedad, se requiere que el perjudicado reconozca los objetos como suyos y además rinda su declaración. Al no existir declaración de ofendido, no es posible vincular a los acusados en los delitos acusados, ni tampoco encuadrar los hechos en otro tipo penal, puesto que en ambos casos existe una persona perjudicada que debe rendir declaración ante las autoridades judiciales, por lo que, al absolver al acusado el Tribunal aplicó correctamente las reglas del recto entendimiento humano, puesto que a falta de prueba suficiente, lo correcto es la absolución de los imputados. En el resto de su Sentencia el Juzgador razonó la prueba documental y la prueba de descargo, mismas que valoró de manera adecuada y teniendo como base las reglas de la Sana Crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Se desestima el presente Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo interpuesto por la abogada Raquel Emilia Lemus Ardón, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra los señores FELIX ANTONIO RODRIGUEZ ALVARADO y JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA a quienes se les absolvió del delito de Robo de Vehículo en perjuicio de Marco Antonio Valeriano. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-143-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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