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Sentencia CP-132-14 — Registro 18258

Resumen

Se declara con lugar parcialmente el recurso de casación contra la sentencia de primer instancia que condena a los imputados por el delito de evasión, asociación ilícita, portación Ilegal de Arma de Guerra y tenencia de Municiones de Uso Comercial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

) En su único motivo de casación por infracción de precepto constitucional, la recurrente denunció la infracción de los artículos 1, 15, 16, 17 y 18 de la Constitución de la República en relación a los artículo 1.1, 2, 7.3 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; consignando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Estableció la censora que al dictar el juzgador un fallo condenatorio contra los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo por el delito de Asociación Ilícita, viola gravemente el Principio de Legalidad y el Debido Proceso, al atribuírseles un tipo penal que el Estado de Honduras ha aceptado que es violatorio a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El vicio denunciado se presenta porque el Estado de Honduras al contestar la demanda presentada en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Pacheco Teruel y otros vrs. Honduras, en la audiencia pública de acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos y la Corte IDH en su sentencia de fecha 27 de abril del 2012 se pronunció diciendo que el artículo 332 del Código Penal de Honduras, no precisa elementos de acción que se consideren punibles, lo que condujo a que estos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Incumpliendo dicha reforma el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención ADH. Estableció además la recurrente que en el marco del acuerdo de solución amistosa el Estado de Honduras se comprometió a revisar, modificar y derogar el artículo 332 del Código Penal, con el propósito de adecuarlos a los estándares que regula la Convención ADH, compromiso que a la fecha está pendiente de cumplimiento. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación. La esencia del recurso por infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3) Esta Sala de lo Penal, ante lo denunciado por la recurrente recuerda que Honduras está constituida por tres poderes del Estado, cada uno de los cuales posee facultades y actuaciones diferentes, pero todos encaminados a conformar un Estado democrático de Derecho. En este Poder del Estado, que constitucionalmente posee como facultad principal aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, se encuentra totalmente limitado a resolver el fondo del recurso que plantea la censora. Esta Corte Suprema de Justicia reconoce y respeta las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de igual forma conoce los alcances de la recomendación al Estado de Honduras en la sentencia de fecha 28 de febrero del 2012 dictada por la Corte IDH, sin embargo se ve limitada al no poseer las facultades de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes que si posee el Poder Legislativo, a quien le correspondería el cumplimiento de la sentencia en el caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras. Debemos recordar igualmente, que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, ha resuelto infinidad de juicios en donde fueron procesados ciudadanos por el delito de Asociación Ilícita y al detectar que el tipo penal se encontraba incompleto, ha establecido a través de su jurisprudencia, los elementos necesarios para la conformación de dicho delito, misma que ya constituye doctrina legal y es de obligatorio cumplimiento para los Juzgados y Tribunales de la República; por tanto la única manera de evitar que ese tipo penal se siga utilizando, será a través de la reforma recomendada por la Corte IDH. En consecuencia, al haberse dictado sentencias que conforman la doctrina legal de esta Sala de lo Penal, en las que se plantean cuales son los elementos objetivos necesarios para la conformación del tipo penal de asociación ilícita y mientras no se reforme el artículo 332 del Código Penal, dicha figura delictiva tendrá que ser utilizada de manera prudencial por las autoridades encargadas de la persecución penal, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

En su motivo de casación por infracción de ley, la recurrente denunció la aplicación indebida del artículo 390 del Código Penal pero en relación únicamente al imputado Loryin Sirene Baca Medina, estableciendo como norma autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que conforme fueron redactados los hechos declarados probados por el Tribunal, al joven Loryin Sirene Baca Medina no se le atribuye alguna actividad personal que por acción u omisión describa un delito de evasión, pues el referido relato no hace alusión a ninguna condición previa de privación de libertad, por lo que el juzgador aplicó indebidamente el artículo 390 del Código Penal que regula el delito de evasión. 2) La jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha establecido que, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Ante el planteamiento de la recurrente es necesario que esta Sala de lo Penal analice la fundamentación fáctica de la sentencia, luego la confronte con la ley sustantiva que utilizó el juzgador para encuadrar la responsabilidad de los acusados y determinar con ello, si en efecto el señor Loryin Sirene Baca Medina debe absolverse del delito de evasión o por el contrario el juzgador aplicó bien la norma sustantiva del artículo 390 del Código Penal. Los hechos probados refieren en resumen: “Primero: Que el 02 de noviembre del 2011, agentes de investigación, salieron hacia las colonias de la Laguna, Villa Unión, Canadá para ubicar y capturar pandilleros. Segundo: Una vez en el lugar, observaron varios individuos reunidos, quienes al percatarse de su presencia salieron corriendo, logrando darle detención al señor Loryin Sirene Baca, quien portaba un chaleco antibalas y en su hombro andaba un arma de fuego AK 47, 25 proyectiles sin percutir y otro cargador; así mismo capturaron al señor Jefrit Fernando Cruz Merlo, a quien le encontraron una chapa policial y 18 proyectiles de 12mm. Tercero: La matriz relacional confirmó que los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo pertenecían a la mara 18 como integrantes.” El sentenciador consideró que el imputado Loryin Sirene Baca Medina por las acciones adjudicadas en los hechos, debía responder como autor del delito de Asociación Ilícita, Portación Ilegal de Armas de Guerra y Evasión. El artículo 390 del Código Penal recoge la figura delictiva de Evasión. El sujeto activo del delito es aquel que está legalmente detenido o condenado. Para apreciar la existencia del delito se requiere: a) Un efectivo quebrantamiento de la orden o resolución de privación de libertad, condena o medida de seguridad; b) Un elemento subjetivo, constituido por la voluntad del sujeto de recuperar la libertad, con conocimiento de la existencia de una orden de privación de libertad; c) La existencia de esa orden o resolución. En el caso sometido a análisis, los hechos no refieren que el acusado Loryin Sirene Baca Medina al momento de ser capturado haya quebrantado alguna orden judicial que le privare de su libertad, ya sea por detención o condena, requisito necesario para la conformación del delito. La fundamentación fáctica no corresponde a la norma penal utilizada por el A-quo para justificar la condena del imputado por el delito de evasión, en ese sentido es procedente dictar un nuevo fallo, en el cual teniendo como base los hechos probados dictados por el sentenciador, se absuelva al señor Loryin Sirene Baca Medina del delito de Evasión. 4) Al invocar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, se le da la posibilidad a esta Sala de revisar la fundamentación fáctica de la sentencia, por lo que es posible detectar que el juzgador incurrió en un error en la parte resolutiva del fallo, específicamente al condenar a los imputados Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo por el delito de Asociación Ilícita y señalarles la pena de multa, ambos acusados fueron considerados simples miembros, por lo que deben responder a la pena del Artículo 390 del Código Penal pero rebajadas en 1/3, cuyas nuevos rangos de penas oscilan en 13 años 4 meses a 20 años de reclusión y una multa de 66,666.67 a 200,000.00 Lempiras; erróneamente el Sentenciador condenó al imputado Loryin Sirene Baca Medina, a la pena de multa de Cincuenta (Lps 50,000.00) Mil Lempiras, cuando el rango mínimo son 66,666.67 Lempiras; pero debido al principio de la no reforma en perjuicio que habla el artículo 350 del Código Procesal Penal, no es posible su modificación, pues quien interpuso el recurso es la defensa de los acusados y no podría perjudicarse aún más su situación. Sin embargo en el caso del señor Jefrit Fernando Cruz Merlo, el Juzgador le impuso una pena de multa de Trescientos treinta y tres mil, trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (Lps 333.333.33), una pena incluso superior a la establecida para cabecillas en el artículo 390 del Código Penal; yerro que debe ser enmendado por esta Sala de lo Penal y en virtud que el Juzgador impuso al acusado Jefrit Fernando la pena privativa de libertad menor para el delito de asociación ilícita, igualmente debe imponérsele la pena de multa menor que establece el código penal, es decir Sesenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y siete centavos (Lps 66,666.67).

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós del mes de noviembre del dos mil diecisiete. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 132-2014 por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de enero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual fallo: 1) Condenando al señor Loryin Sirene Baca Medina a la pena de quince años de reclusión mas multa de Cincuenta mil lempiras (L.50.000.00), por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; asimismo condenó a Jefrit Fernando Cruz Merlo, a la pena de trece años cuatro meses de reclusión mas multa de Trescientos treinta y tres mil, trescientos treinta y tres punto treinta y tres lempiras (L.333.333.33), por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. 2) Condenando a Loryin Sirene Baca Medina, a la pena de nueve años de reclusión mas una multa de Seis mil lempiras (L 6,000.00) por el delito de Portación Ilegal de Arma de Guerra, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. 3) Condenando a Loryin Sirene Baca Medina, a la pena de seis años de reclusión por el delito de Evasión en perjuicio de la Administración Pública. 4) Condenando a Jefrit Fernando Cruz Merlo, a la pena de cuatro años de reclusión por el delito de Tenencia de Municiones de Uso Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. 5) Condenando a los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción civil, pero en el caso de Jefrit Fernando Cruz Merlo en cuanto al delito de Tenencia de Municiones de uso Comercial se le condena además a la pena de Inhabilitación Especial, por el tiempo que dure la condena. 6) Declaró la responsabilidad civil de los imputados antes mencionados. 7) No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio a dichos imputados. 8) Procede el comiso de las evidencias consistentes en armas de fuego y varias municiones. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, la abogada Silvia Aymi Chinchilla Valle, actuando en su condición de Defensora Pública de los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo. Son Partes: El abogado Mario Reniery Amador Espinal en su condición de Defensor Público de los imputados, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día miércoles 2 de noviembre del año 2011, aproximadamente a las dos y cincuenta de la tarde, agentes asignados al departamento de maras y pandillas de la Dirección Nacional De Investigación Criminal, salieron hacia las colonias la Laguna, Villa Unión, Canadá, para ubicar y capturar pandilleros, ya que en días anteriores les habían informado que en dichos lugares se reunían miembros de la mara 18, quienes se realizaba actos ilícitos y que portaban armas de diferentes calibres. SEGUNDO: Una vez en el referido lugar, observaron a varios individuos reunidos, quienes al percatarse de la presencia policial se esparcieron y salieron corriendo en diferentes direcciones logrando finalmente darles detención al señor Loryin Sirene Baca, quien portaba un chaleco antibalas y en su hombro andaba con una arma de fuego AK-47, amarrados con cinta aislante de color negro uno de ellos conteniendo 25 proyectiles sin percutir y el otro cargador con diez proyectiles, así mismo capturaron al señor Jefrit Fernando Cruz Merlo, a quien se le encontró en su bolsa izquierda del pantalón una chapa policial y 18 proyectiles de calibre 12mm. TERCERO: La matriz Relacional confirmó que los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo, pertenecían a la mara “18” como integrantes de la misma.” II. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada Silvia Aymi Chinchilla Valle, en su condición de Defensora Pública de los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “INDICACION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 1, 15, 16, 17 y 18 en relación con los artículos 1.1, 2, 7.3 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Autoriza la interposición de este motivo de casación el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. PRIMERO: Las normas constitucionales y de orden internacional que se denuncian como infringidas señalan: Que Honduras es un Estado de Derecho que proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional, que todos los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno y que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero; que los Estados partes en la Convención Americana se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, que nadie puede ser condenado, sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de los señores Loryin Serene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, viola gravemente el principio de legalidad y del debido proceso, al atribuirles a dichos imputados una participación delictiva aplicando un tipo penal que ha sido aceptado por el Estado de Honduras como violatorio del principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO: El vicio denunciado se presenta porque el Estado de Honduras, al contestar la demanda presentada en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso PACHECO TERUEL y OTROS Vs HONDURAS, durante la audiencia pública del caso llevada a cabo el 28 de febrero de 2012, junto con los representantes de las víctimas presentaron, a la Corte interamericana de Derechos Humanos, un ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA, mediante el cual, el Estado de Honduras, reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos consagrados en los artículos4,5,7,8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CUARTO: A la luz del reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado de Honduras y de las pruebas allegadas al expediente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el numeral 61 de la sentencia del 27 de abril de 2012, se pronunció en el sentido que EL ARTICULO 332 DEL CODIGO PENAL DE HONDURAS, INCUMPLE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ARTICULO 9 DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, declarándolo expresamente de la manera siguiente: “61. En relación con los artículos 7, 9y.2 de la Convención Americana, el Estado reconoció que el Decreto Legislativo 117-2003, que reformó el artículo 332 del código Penal de Honduras, relativo a la llamada “Ley Antimaras ‘no precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Esta norma abrió un amplío margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraría de personas sobre la base de percepciones acerca de su pertenencia a una mara. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita Implicó que el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones para que el poder punitivo del Estado se administrara con respeto de los derechos fundamentales. Por tanto, dicha reforma incumplió el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención. Asimismo, las detenciones practicadas con base en la reforma legal aludida, siguiendo los patrones descritos precedentemente, fueron arbitrarías en los términos del artículo 73 de la Convención Americana, todo lo anterior en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.” QUINTO: En el marco del referido acuerdo de solución amistosa, el Estado de Honduras se comprometió en un plazo de un año a adoptar, entre otras medidas legislativas, las de revisar, modificar o derogar el artículo 332 del Código Penal y otras disposiciones legislativas o reglamentarias afines, con el propósito de adecuarlos a los estándares establecidos en los artículos 7, 9 y 24 de la Convención Americana, compromiso que es recogido en el numeral 98 literal a) de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, compromiso que a la fecha está pendiente de cumplimiento. SEXTO: Por lo antes expuesto y siendo que el Estado de Honduras expresamente ha reconocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el artículo 332 del Código Pena!, en su redacción actual, no cumple con el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tanto, el Juzgador al condenar a los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo por un delito de Asociación Ilícita con base en el artículo 332 del Código Penal, mismo que no cumple con el principio de legalidad y mientras no sea adecuado a él, su aplicación es indebida y violatoria de los artículos 1.1, 2, 7 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 15, 16, 17, 18, 83 y 90 de la Constitución de la República de Honduras. PRETENSION IMPUGNATIVA. Dado que en la condena dictada en contra de los imputados Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo por el delito de Asociación Ilícita se aplicó indebidamente lo dispuesto en el artículo 332 del Código Penal, por lo que una vez que tal circunstancia sea declarada por el Tribunal de Casación se les absuelva de la responsabilidad penal por el delito de Asociación Ilícita por el que fueron indebidamente condenados.” La abogada recurrente Silvia Aymi Chinchilla Valle, en su condición de Defensora Pública del señor Loryin Sirene Vaca Medina, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: MOTIVO ÚNICO: Aplicación indebida del Artículo 390 del Código Penal en perjuicio del imputado Loryin Sirene Baca Medina. Autoriza la interposición de este motivo de casación el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. PRIMERO: Considerando que en los casos de Recursos de Casación por Infracción de Ley, como el presente, por disposición legal del art. 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación, en ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, puede perfectamente revisar su encuadramiento a un determinado concepto jurídico. SEGUNDO: La sentencia penal, por disposición expresa del artículo 338 del Código Procesal Penal, es un cuerpo sistemático, por lo que su redacción debe respetar esos presupuestos normativos, distinguiendo, de manera clara, los aspectos fácticos de los jurídicos para permitir un apropiado control sobre ellos, por eso mismo, los elementos del tipo objetivos del delito, los grados de participación, ejecución y los relativos a las circunstancias agravantes y atenuantes, por lo que en ellos debe hacerse una descripción completa, concreta, clara y suficiente del acontecimiento histórico que el Juzgador declara probado, explicando los modos de conducta observados por los participantes en los mismos, sin que, completarlos, en perjuicio del imputado, con el contenido de la fundamentación jurídica u otro apartado de la sentencia. TERCERO: El Juzgador una vez valorada la prueba de cargo evacuada en la causa declaró terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El día miércoles 2 de noviembre del año 2011, aproximadamente a las dos y cincuenta de la tarde, agentes asignados al departamento de maras y pandillas de la Dirección Nacional De Investigación Criminal, salieron hacía las colonias la Laguna, villa Unión, Canadá, para ubicar y capturar pandilleros, ya que en días anteriores les habían Informado que en dichos lugares se reunían miembros de la mara 18, quienes se realizaba actos ilícitos y que portaban armas de diferente calibre. SEGUNDO: Una vez en el referido lugar, observaron a va ríos individuos reunidos, quienes al percatarse de la presencia policial se esparcieron y salieron corriendo en diferentes direcciones logrando finalmente darles detención al señor Loryin Sirene Baca, quien portaba un chaleco anti balas y en su hombro andaba con una arma de fuego AK-47, amarrados con cinta aislante de color negro uno de ellos conteniendo 25 proyectiles sin percutir y el otro cargador con diez proyectiles, asimismo capturaron al señor Jefrit Fernando Cruz Merlo, a quien se le encontró en su bolsa izquierda del pantalón una chapa policial y 18 proyectiles de calibre l2 mm. - TERCERO: La matriz Relacional confirmó que los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo, pertenecían a la mara “18” como integrante de la misma” CUARTO: Resulta, Honorables Magistrados, que como puede apreciarse en la declaración de hechos probados del fallo impugnado antes transcritos, no se le atribuye al señor Loryin Sirene Baca Medina alguna actividad personal que por acción u omisión objetivamente describa, sin lugar a dudas, una conducta constitutiva del delito de EVASION; pues en el referido relato fáctico no se hace alusión a ninguna condición previa de privación de la libertad del imputado; por lo que el Juzgador al condenarlo en tales circunstancias por un delito de EVASION aplica indebidamente el artículo 390 del Código Penal. APLICACION PRETENDIDA. Con la interposición del presente motivo de casación pretendemos se analicen los hechos declarados probados en el fallo recurrido y una vez se corrobore que, con relación al señor Loryin Sirene Baca Medina, en ellos no se describe ninguna conducta, que por acción u omisión pueda ser calificada como constitutiva del delito de EVASION, se declare la aplicación indebida del artículo 390 del Código Penal, en relación a la condena en contra del señor Loryin Sirene Baca Medina por el delito de evasión y consecuentemente se decrete su absolución por dicho delito.” III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Antes de conocer el fondo del Recurso de Casación presentado, esta Sala de lo Penal ha detectado que el Tribunal Sentenciador al nombrar al imputado LORING SIRENE VACA MEDINA, utiliza dos formas de escribir su primer nombre “Loring” y “Loryin”, mismo error se cometió a lo largo de todo el proceso penal; lamentablemente no se encuentra agregado al expediente judicial ningún documento oficial o legal con el que se acredite cual es el nombre correcto del imputado, de ahí la necesidad que los Juzgados y Tribunales exijan al ente acusador la presentación de algún documento oficial de identificación, ya sea fotocopia de tarjeta de identidad o partida de nacimiento para identificar plenamente a los imputados; ante tal eventualidad y con base en el artículo 370 del Código Procesal Penal, esta Sala de lo Penal estima que, en la presente sentencia cuando se refiera al imputado LORING SIRENE VACA MEDINA se entenderá que éste es también conocido con el nombre de LORYIN SIRENE VACA MEDINA, es decir que se trata de la misma persona. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional 1) En su único motivo de casación por infracción de precepto constitucional, la recurrente denunció la infracción de los artículos 1, 15, 16, 17 y 18 de la Constitución de la República en relación a los artículo 1.1, 2, 7.3 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; consignando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Estableció la censora que al dictar el juzgador un fallo condenatorio contra los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo por el delito de Asociación Ilícita, viola gravemente el Principio de Legalidad y el Debido Proceso, al atribuírseles un tipo penal que el Estado de Honduras ha aceptado que es violatorio a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El vicio denunciado se presenta porque el Estado de Honduras al contestar la demanda presentada en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Pacheco Teruel y otros vrs. Honduras, en la audiencia pública de acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos y la Corte IDH en su sentencia de fecha 27 de abril del 2012 se pronunció diciendo que el artículo 332 del Código Penal de Honduras, no precisa elementos de acción que se consideren punibles, lo que condujo a que estos fueran usados de manera arbitraria y discrecional por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Incumpliendo dicha reforma el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención ADH. Estableció además la recurrente que en el marco del acuerdo de solución amistosa el Estado de Honduras se comprometió a revisar, modificar y derogar el artículo 332 del Código Penal, con el propósito de adecuarlos a los estándares que regula la Convención ADH, compromiso que a la fecha está pendiente de cumplimiento. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible denunciar a través de cualquiera de los restantes tipos de casación. La esencia del recurso por infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 3) Esta Sala de lo Penal, ante lo denunciado por la recurrente recuerda que Honduras está constituida por tres poderes del Estado, cada uno de los cuales posee facultades y actuaciones diferentes, pero todos encaminados a conformar un Estado democrático de Derecho. En este Poder del Estado, que constitucionalmente posee como facultad principal aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, se encuentra totalmente limitado a resolver el fondo del recurso que plantea la censora. Esta Corte Suprema de Justicia reconoce y respeta las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de igual forma conoce los alcances de la recomendación al Estado de Honduras en la sentencia de fecha 28 de febrero del 2012 dictada por la Corte IDH, sin embargo se ve limitada al no poseer las facultades de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes que si posee el Poder Legislativo, a quien le correspondería el cumplimiento de la sentencia en el caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras. Debemos recordar igualmente, que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, ha resuelto infinidad de juicios en donde fueron procesados ciudadanos por el delito de Asociación Ilícita y al detectar que el tipo penal se encontraba incompleto, ha establecido a través de su jurisprudencia, los elementos necesarios para la conformación de dicho delito, misma que ya constituye doctrina legal y es de obligatorio cumplimiento para los Juzgados y Tribunales de la República; por tanto la única manera de evitar que ese tipo penal se siga utilizando, será a través de la reforma recomendada por la Corte IDH. En consecuencia, al haberse dictado sentencias que conforman la doctrina legal de esta Sala de lo Penal, en las que se plantean cuales son los elementos objetivos necesarios para la conformación del tipo penal de asociación ilícita y mientras no se reforme el artículo 332 del Código Penal, dicha figura delictiva tendrá que ser utilizada de manera prudencial por las autoridades encargadas de la persecución penal, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Recurso de Casación por Infracción de Ley 1) En su motivo de casación por infracción de ley, la recurrente denunció la aplicación indebida del artículo 390 del Código Penal pero en relación únicamente al imputado Loryin Sirene Baca Medina, estableciendo como norma autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que conforme fueron redactados los hechos declarados probados por el Tribunal, al joven Loryin Sirene Baca Medina no se le atribuye alguna actividad personal que por acción u omisión describa un delito de evasión, pues el referido relato no hace alusión a ninguna condición previa de privación de libertad, por lo que el juzgador aplicó indebidamente el artículo 390 del Código Penal que regula el delito de evasión. 2) La jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha establecido que, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Ante el planteamiento de la recurrente es necesario que esta Sala de lo Penal analice la fundamentación fáctica de la sentencia, luego la confronte con la ley sustantiva que utilizó el juzgador para encuadrar la responsabilidad de los acusados y determinar con ello, si en efecto el señor Loryin Sirene Baca Medina debe absolverse del delito de evasión o por el contrario el juzgador aplicó bien la norma sustantiva del artículo 390 del Código Penal. Los hechos probados refieren en resumen: “Primero: Que el 02 de noviembre del 2011, agentes de investigación, salieron hacia las colonias de la Laguna, Villa Unión, Canadá para ubicar y capturar pandilleros. Segundo: Una vez en el lugar, observaron varios individuos reunidos, quienes al percatarse de su presencia salieron corriendo, logrando darle detención al señor Loryin Sirene Baca, quien portaba un chaleco antibalas y en su hombro andaba un arma de fuego AK 47, 25 proyectiles sin percutir y otro cargador; así mismo capturaron al señor Jefrit Fernando Cruz Merlo, a quien le encontraron una chapa policial y 18 proyectiles de 12mm. Tercero: La matriz relacional confirmó que los señores Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo pertenecían a la mara 18 como integrantes.” El sentenciador consideró que el imputado Loryin Sirene Baca Medina por las acciones adjudicadas en los hechos, debía responder como autor del delito de Asociación Ilícita, Portación Ilegal de Armas de Guerra y Evasión. El artículo 390 del Código Penal recoge la figura delictiva de Evasión. El sujeto activo del delito es aquel que está legalmente detenido o condenado. Para apreciar la existencia del delito se requiere: a) Un efectivo quebrantamiento de la orden o resolución de privación de libertad, condena o medida de seguridad; b) Un elemento subjetivo, constituido por la voluntad del sujeto de recuperar la libertad, con conocimiento de la existencia de una orden de privación de libertad; c) La existencia de esa orden o resolución. En el caso sometido a análisis, los hechos no refieren que el acusado Loryin Sirene Baca Medina al momento de ser capturado haya quebrantado alguna orden judicial que le privare de su libertad, ya sea por detención o condena, requisito necesario para la conformación del delito. La fundamentación fáctica no corresponde a la norma penal utilizada por el A-quo para justificar la condena del imputado por el delito de evasión, en ese sentido es procedente dictar un nuevo fallo, en el cual teniendo como base los hechos probados dictados por el sentenciador, se absuelva al señor Loryin Sirene Baca Medina del delito de Evasión. 4) Al invocar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, se le da la posibilidad a esta Sala de revisar la fundamentación fáctica de la sentencia, por lo que es posible detectar que el juzgador incurrió en un error en la parte resolutiva del fallo, específicamente al condenar a los imputados Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo por el delito de Asociación Ilícita y señalarles la pena de multa, ambos acusados fueron considerados simples miembros, por lo que deben responder a la pena del Artículo 390 del Código Penal pero rebajadas en 1/3, cuyas nuevos rangos de penas oscilan en 13 años 4 meses a 20 años de reclusión y una multa de 66,666.67 a 200,000.00 Lempiras; erróneamente el Sentenciador condenó al imputado Loryin Sirene Baca Medina, a la pena de multa de Cincuenta (Lps 50,000.00) Mil Lempiras, cuando el rango mínimo son 66,666.67 Lempiras; pero debido al principio de la no reforma en perjuicio que habla el artículo 350 del Código Procesal Penal, no es posible su modificación, pues quien interpuso el recurso es la defensa de los acusados y no podría perjudicarse aún más su situación. Sin embargo en el caso del señor Jefrit Fernando Cruz Merlo, el Juzgador le impuso una pena de multa de Trescientos treinta y tres mil, trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (Lps 333.333.33), una pena incluso superior a la establecida para cabecillas en el artículo 390 del Código Penal; yerro que debe ser enmendado por esta Sala de lo Penal y en virtud que el Juzgador impuso al acusado Jefrit Fernando la pena privativa de libertad menor para el delito de asociación ilícita, igualmente debe imponérsele la pena de multa menor que establece el código penal, es decir Sesenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y siete centavos (Lps 66,666.67). IV. DECISIÓN Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, pero se declara ha lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuestos por la defensa de los imputados Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 350, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 390 del Código Penal; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humano, FALLA: Primero: Declarando no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la abogada Silvia Aymi Chinchilla Valle en su condición de Defensora Pública de los imputados Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo. Segundo: Declarando parcialmente Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la abogada Silvia Aymi Chinchilla Valle en su condición de Defensora Pública de los imputados Loryin Sirene Baca Medina y Jefrit Fernando Cruz Merlo. Tercero: Casa Parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, de fecha veinte de enero de dos mil catorce, en el sentido siguiente: I.- Absolver de toda responsabilidad penal al señor Loryin Sirene Baca Medina, del delito de Evasión, en perjuicio de la Administración Pública, en consecuencia ordena se le otorgue la carta de libertad por este delito. II.- Mantener incólume la sentencia en relación a las condenas impuestas al imputado Loryin Sirene Baca Medina por los delitos de Asociación Ilícita a la pena de quince años de reclusión mas multa de Cincuenta mil (Lps 50,000.00) lempiras y del delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra a la pena de nueve años de reclusión mas una multa de Seis mil (Lps 6,000.00) Lempiras, ambos delitos en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado. III.- Reformar la Pena de multa impuesta al imputado Jefrit Fernando Cruz Merlo e imponerle una multa de Sesenta y seis mil, seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y siete centavos (Lps 66,666.67) por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado. IV.- Mantener incólume la sentencia en relación a las condenas impuestas al imputado Jefrit Fernando Cruz Merlo por los delitos de Asociación Ilícita a la pena de Trece años Cuatro meses de reclusión mas la pena de multa antes señalada y Tenencia de Municiones de Uso Comercial a la pena de Cuatro años de reclusión. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-132-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITOSALA DE LO PENAL