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Sentencia CP-126-14 — Registro 15974

Resumen

En primera instancia se condenó a la imputada como cómplice del delito de Encubrimiento, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las Garantías Judiciales exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho”. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 4) En ese sentido, este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal y tomando como punto de partida los dos cuestionamientos del recurrente. En relación a que el Sentenciador no observó las reglas de la sana crítica en el momento de valorar la prueba, esta Sala de lo Penal no comparte la posición del recurrente, pues encontramos en la sentencia cuestionada, amplias motivaciones de la prueba evacuada, tanto de manera individual como en su conjunto, de tal forma que no consideró la existencia de un delito de Robo Agravado como lo solicitaba el ente acusador, pues no existía prueba que acreditara tales hechos, sin embargo no se puede desconocer que el arma de fuego que tiene reporte de robo y que fue sustraída al testigo X1, fue encontrada en la casa de habitación de la ahora acusada; que aunque el censor alega que en su vivienda vivían otras personas, no se presentó prueba que acreditara tales extremos, por tanto con la declaración del testigo protegido, mas el acta de inspección y allanamiento realizado a la vivienda de la señora María Celenia Bonilla Guerra, se acredita su participación en el delito de encubrimiento, tal como lo razonó el sentenciador, cuyos raciocinios son coherentes y conformados con base en las reglas del recto entendimiento humano. En cuanto al segundo cuestionamiento del reclamante, quien considera existe motivación insuficiente, el censor no fue capaz de establecer en que sentido se da esa falta de motivación, pues lo que hizo en sus argumentos fue transcribir literalmente lo que juristas del derecho han establecido acerca de la motivación, pero ya en el caso concreto de la sentencia que hoy se recurre, no fue capaz de establecer en que sentido el A-quo incurrió en esa insuficiente motivación. Para esta Sala de lo Penal las motivaciones del censor son adecuadas y suficientes, si bien no existe abundantes medios probatorios, éstos aunque pocos, fueron suficientemente razonados y adecuados para quebrantar el Estado de Inocencia de la acusada. Por las razones ampliamente explicadas se desestima el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada de la acusada.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 126-2014 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de enero del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: UNO: Absolvió a la señora María Celenia Bonilla Guerra, por el delito de Robo Agravado en perjuicio de la propiedad de la Empresa Valores Humanos S.A. DOS: Condenó a la señora María Celenia Bonilla Guerra, como cómplice del delito de Encubrimiento, en perjuicio de la propiedad de la Empresa Valores Humanos S.A., a la pena de cuatro años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Asimismo se le declaró la responsabilidad civil de la condenada María Celenia Bonilla Guerra, de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación y de los perjuicios causados por el delito que es condenada. No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el abogado Miguel Antonio Bulnes Portillo, actuando en su condición de Defensor Privado de la señora María Celenia Bonilla Guerra. Son Partes: El abogado Juan Carlos Berganza Godoy a quien la imputada le otorgó poder en esta instancia, quien actúa como Defensor Privado y parte recurrente; la abogada Yessenia Maria Márquez en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: Que en fecha dieciséis de enero del año dos mil doce, en un registro realizado por la Policía Nacional Preventiva por otra causa, a una vivienda que habitaba la señora María Celenia Bonilla Guerra, ubicada en el Barrio Las Flores de la aldea de San Isidro, Jurisdicción del Municipio del Rosario, Departamento de Comayagua, se encontró una arma de fuego tipo fusil, marca amscor, modelo 20P, con serie número A 1101145, calibre 22 mm, al guardia de seguridad señor NELYEE RAMOS FUNEZ, de la Empresa conocida como VALOR HUMANO, S.A.” II. RECURSO DE CASACIÓN El recurrente, abogado Miguel Antonio Bulnes Portillo, formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, MOTIVACION INSUFICIENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTICULO 362, NUMERAL 3 DEL CODIGO PROCESAL PENAL EXPLICACION DEL MOTIVO El Recurrente alega que en la sentencia recurrida: 1-No se observaron las reglas de la sana crítica 2- La motivación de la misma es insuficiente. Para efecto de simplificar la explicación del presente motivo hacernos la exposición de cada uno de los extremos por separado. 1- INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA La sentencia recurrida no se hizo observando las reglas de la sana crítica, como se advierte de la siguiente situación: Para condenar a la imputada el tribunal baso su convicción en que el arma supuestamente robada cuyas características se encuentran en el expediente de merito, encontrada en la casa de la imputada, se fundamento básicamente en el acta de inspección de dicha casa, así mismo en el acta de allanamiento diligencia efectuada también en dicha vivienda, documentos que obran a folio 14, 15 y 16 de la primera pieza de autos, concatenándolo con la declaración del testigo protegido XI traída al debate, persona que no aporto ningún elemento sobre la participación en el caso que nos ocupa, sin analizar otro elemento de prueba que haga deducir que la ahora encausada tenía conocimiento pleno de que dicho objeto se encontraba en la indicada casa, y tal corno lo establece el artículo 388 del Código penal Vigente el cual en forma expresa indica: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para la comisión de este: 1). . . . 2). . . 3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda permita los efectos del Delito;. . . . Es decir que para una persona pueda ser inculpada por un delito como es el caso del encubrimiento debe llenar los requisitos de que la supuesta acción realizada por dicha persona debe ser típica, antijurídica y culpable, y en cuanto a este último elemento, en el caso que hoy nos ocupa no existe el elemento denominado Dolo, que es corno es de conocimiento de este Honorable Tribunal la forma más grave de culpabilidad, y el cual se describe “como el conocimiento de las circunstancias del hecho y la significación de su acción, y el cual se admite su voluntad en el resultado” Situación que no ha quedado acredita en el presente fallo, ya que no existe ningún elemento que nos indique que la ahora encausada tenia la información de que dicha arma se encontraba en dicha vivienda, en la cual convivía por cierto con otras personas. Como es del conocimiento de este honorable tribunal uno de los requisitos fundamentales para la elaboración de la respectiva sentencia es la motivación de la misma la cual va íntimamente ligada con juicio de valoración razonable, es decir que el mismo debe sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, es decir los que den base para determinar cuáles juicios valorativos son verdaderos y cuales son falsos. Entre los cuales se encuentra la característica fundamental de la lógica como es el de la psicología y la experiencia común, en tal sentido la única prueba que el órgano sentenciador impregna de validez para su convicción es el hecho que la imputada vivía o moraba en la ya descrita vivienda, para darle un carácter lógico y compatible con el fallo pronunciado, y de acuerdo a lo que establece el artículo 202 del código Procesal penal que en forma textual indica” Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Asimismo ese carácter de confiabilidad utilizado en el hecho probado jamás es justificado con un comprensible razonamiento lógico de que se cometió el Delito de Encubrimiento por parte de mi representada la señora MARIA CELENIA BONILLA. 2- LA MOTIVACION DE LA MISMA ES INSUFICIENTE. En el presente caso la motivación fáctica es insuficiente por 1 siguiente razón: Tal como lo establece DE LA RUA la motivación en las resoluciones judiciales, especialmente las que ponen fin al proceso, deben satisfacer las siguientes características: debe en primer término ser expresa, es decir el juzgador debe consignar las razones que determinan una condena, debe ser también clara o sea que el pensar jurídico de la sentencia debe estar definido, y además debe ser completa es decir que la motivación deberá enfocar en cuanto al hecho la valoración de las pruebas que dan por acreditados cada uno de los hechos probados, suministrando las conclusiones sobre su examen y exponiendo a su vez las razones por las cuales aparta de su convicción las que no le generan confianza, en el caso específico al no haber una declaración de la imputada u otra declaración adicional no se tomó en cuenta si la misma tenía conocimiento de la ubicación del objeto del delito (arma de fuego encontrada) Por todo lo anteriormente expresado este recurrente en nombre de mi representada y con el objeto de que dichos vicios sean observados para que la suprema Corte de Justicia revalore en forma jurídica el material fáctico de esta sentencia, obteniendo de esta forma un simple propósito: que se haga justicia a favor de mi poderdante absolviéndola de toda responsabilidad en el presente caso.” III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Expuso el recurrente que se inobservaron las reglas de la sana crítica y además existe motivación insuficiente. Explicó el censor en su primer apartado, que para condenar a la imputada el juzgador basó su convicción en el arma supuestamente robada y que fue encontrada en la casa de la imputada según el acta de inspección ocular y allanamiento, documentos que obran en el expediente, concatenándola con la declaración del testigo X1, persona que no aportó ningún elemento sobre la participación de la imputada. Consideró el reclamante que la encausada no tenía conocimiento que en la casa donde vive junto con otras personas, se encontraba dicha arma; por tanto el dolo en la presente causa no existe. En el segundo apartado referente a la motivación insuficiente el reclamante expresó, que no se tomó en cuenta si la acusada tenía conocimiento de la ubicación del arma de fuego. 2) Es evidente para esta Sala de lo Penal la inadecuada técnica recursiva del recurrente y su desconocimiento total a la conformación y argumentación de un recurso de casación, puesto que ha presentado un recurso de casación por quebrantamiento de forma, pero no ha señalado cual regla de la sana crítica -Lógica, psicología, experiencia común- violentó el juzgador y cuales fueron esos razonamientos equívocos del A-quo, contrarios a dichas normas; lo que erróneamente efectuó el censor son cuestionamientos propios de instancia que no son permitidos en esta etapa casacional, además de que señaló en un solo apartado dos motivos de casación que según el artículo 363 del Código Procesal Penal deben presentarse de manera separada, precisamente para evitar confusiones. Ante la inadecuada técnica recursiva que plantea el censor en su impugnación, consideramos importante recordar nuestro criterio jurisprudencial sobre la debida técnica que debe observar el recurrente en las casaciones penales: el principio de Debida Técnica, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” ( Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar, mediante este instrumento, la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso; por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal; b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida; c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión[1]. 3) A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las Garantías Judiciales exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho”. Por ello, la corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). 4) En ese sentido, este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal y tomando como punto de partida los dos cuestionamientos del recurrente. En relación a que el Sentenciador no observó las reglas de la sana crítica en el momento de valorar la prueba, esta Sala de lo Penal no comparte la posición del recurrente, pues encontramos en la sentencia cuestionada, amplias motivaciones de la prueba evacuada, tanto de manera individual como en su conjunto, de tal forma que no consideró la existencia de un delito de Robo Agravado como lo solicitaba el ente acusador, pues no existía prueba que acreditara tales hechos, sin embargo no se puede desconocer que el arma de fuego que tiene reporte de robo y que fue sustraída al testigo X1, fue encontrada en la casa de habitación de la ahora acusada; que aunque el censor alega que en su vivienda vivían otras personas, no se presentó prueba que acreditara tales extremos, por tanto con la declaración del testigo protegido, mas el acta de inspección y allanamiento realizado a la vivienda de la señora María Celenia Bonilla Guerra, se acredita su participación en el delito de encubrimiento, tal como lo razonó el sentenciador, cuyos raciocinios son coherentes y conformados con base en las reglas del recto entendimiento humano. En cuanto al segundo cuestionamiento del reclamante, quien considera existe motivación insuficiente, el censor no fue capaz de establecer en que sentido se da esa falta de motivación, pues lo que hizo en sus argumentos fue transcribir literalmente lo que juristas del derecho han establecido acerca de la motivación, pero ya en el caso concreto de la sentencia que hoy se recurre, no fue capaz de establecer en que sentido el A-quo incurrió en esa insuficiente motivación. Para esta Sala de lo Penal las motivaciones del censor son adecuadas y suficientes, si bien no existe abundantes medios probatorios, éstos aunque pocos, fueron suficientemente razonados y adecuados para quebrantar el Estado de Inocencia de la acusada. Por las razones ampliamente explicadas se desestima el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada de la acusada. IV. DECISIÓN Se declara sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el abogado Miguel Antonio Bulnes Portillo, en su condición de defensor privado de la imputada María Celenia Bonilla Guerra, a quien se le condenó por el delito de Encubrimiento en perjuicio de La Empresa Valores Humanos S.A. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-126-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012