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Sentencia CP-124-14 — Registro 15973

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de violación especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Al respecto, debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no regula dicho error, tal como lo hacen otras legislaciones aceptando únicamente el Código Penal dos casos de error, como lo son: el error en la persona regulado en el artículo 20, y la legítima defensa putativa del artículo 25 del mismo cuerpo legal; en consecuencia, la referida figura, no ha sido incorporada en el orden jurídico penal vigente de nuestro país. Esta Sala de lo Penal a tenido a bien resolver algunos Recursos de Casación en donde se alegan situaciones de error de prohibición (SP 180-2010, SP 443-2011 y SP 233-2012) pero en ninguna de ellas se ha pronunciado mediante doctrina legal, en determinar la existencia de la aplicación de un error de prohibición o de tipo en determinados casos, precisamente porque se requiere de ciertos requisitos legales y además de la existencia de ciertas condiciones personales del acusado. En el caso examine observa este Tribunal de Casación que en efecto, la ofendida T. A. P. V., estableció que ella se fue con al acusado y convivió como pareja, pero éste nunca supo que edad tenía, pues ella le dijo que tenía 16 años, que físicamente ha cambiado, ahora está mas gorda y más alta. La madre de la ofendida señora R. V. P. declaró, que el acusado vivía con su hija T, A. que él se la llevó y después la dejó, busca justicia. Su hija T. era gordita, estaba en la escuela en cuarto grado, que de doce años ya se miraba muchacha, ya que tenía cuerpo grande, que a los 12 años menstruó, que ella no sabe si el señor Mario Alexis sabía la edad de T. Ante tales manifestaciones, esta Sala de lo Penal analiza que hace falta un elemento importante y necesario para dar por acreditado un error de tipo en la presente causa y lo constituye la declaración del propio imputado, quien al no rendir declaración sobre como se le hizo incurrir en error sobre la edad de la ofendida, deja inconclusa tal situación, pues si bien la menor ofendida advirtió que ella le dijo que tenía 16 años, su madre advierte con toda sinceridad, que no sabe si el acusado conocía realmente la edad de su hija. Era indispensable conocer la declaración del imputado y ser sometido al contradictorio, pues allí las partes intervinientes y el propio tribunal, podían determinar si en efecto el error en el que supuestamente incurrió el acusado era vencible o invencible, el imputado es el principal actor del error de prohibición y sin su testimonio quedan inconclusos los argumentos del recurrente. Por tanto y según cómo se desarrolló el juicio oral y público, los sentenciadores actuaron en total respecto a la garantía constitucional del debido proceso. Por las razones antes expue estas es procedente declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 124-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Condenó al señor Mario Alexis Ramos Almendares, como autor responsable del delito de Violación Especial, en perjuicio de la joven T. A. P. V., a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Asimismo declaró la responsabilidad civil del condenado Mario Alexis Ramos Almendares, por los daños morales ocasionados y la indemnización de perjuicios a la menor T. A. P. V.. No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la abogada Elba Yolanda Varela, actuando en su condición de Defensora Pública del señor Mario Alexis Ramos Almendares. Son Partes: El abogado Mario Reniery Amador Espinal en su condición de Defensor Público del imputado como recurrente y la abogada Karen Lizeth Martínez Ponce en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como recurrida. I. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En el año 2006, T. A. P. V., quien residía en la colonia 19 de septiembre de la ciudad de Tegucigalpa, conoció a Mario Alexis Ramos Almendares, porque éste llegaba a visitar a la esposa de un hermano de T.; iniciándose entre ellos una relación de noviazgo a escondidas de sus padres. SEGUNDO: El 18 de febrero del año 2007 T. A. P. V., de 13 años de edad, tres meses de edad y el señor Mario Alexis Ramos Almendares, de mutuo acuerdo decidieron tener relaciones sexuales, realizándose dicho acto vía vaginal en casa de una prima de Mario Alexis Ramos, llevándosela a partir de esa fecha a vivir con él como pareja a la Colonia Residencial Honduras; rompiendo dicha relación con la niña T. A., cuando se dio cuenta que Mario Alexis tenía compañera de hogar y dos hijos, con otra mujer.” II. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente, abogada ELBA YOLANDA VARELA en su condición de Defensora Pública del acusado, formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “I. MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción por violación del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1, 2 y 13 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: PRIMERO: En la declaración de hechos probados, el Tribunal establece: “PRIMERO: En el año 2006, T. A. P. V., quien residía en la colonia 19 de septiembre de la ciudad de Tegucigalpa, conoció a Mario Alexis Ramos Almendares, porque éste llegaba a visitar a la esposa de un hermano de T.; iniciándose entre ellos una relación de noviazgo a escondidas de sus padres.- SEGUNDO: El 18 de febrero del 2007, T. A. P. V., de 13 años de edad, tres meses de edad y el señor Mario Alexis Ramos, de mutuo acuerdo decidieron tener relaciones sexuales, realizándose dicho acto vía vaginal en casa de una prima de Mario Alexis Ramos, llevándosela a partir de esa fecha a vivir con él como pareja a la Colonia Residencial Honduras; rompiendo dicha relación con la niña T. A., cuando se dio cuenta que Mario Alexis tenía compañera de hogar y dos hijos, con otra mujer.” SEGUNDO: En la Valoración de la Prueba, el juzgador otorga total credibilidad a la ofendida, quien señala al imputado, como la persona con quien mantuvo relaciones sexuales vía vaginal, desde los trece años de edad. Asimismo, el sentenciador da credibilidad a la declaración de la madre de la víctima, señora, R. V. P., aludiendo a la circunstancia que ambas fueron contestes, incriminando al imputado. TERCERO: De conformidad con las declaraciones de la víctima y de su madre, T. A. P. V. aparentaba más edad de la que realmente tenía cuando contaba con trece años. En relación, la madre incluso señala que su hija inició a menstruar desde los doce años, elemento que otorga consistencia al argumento. Asimismo, ambas manifiestan que el acusado nunca supo la edad de la víctima. Aunado a esto, T. A. P. V. sostiene en su declaración que le manifestó al imputado que ella tenía dieciséis años, no trece. En este sentido, ningún medio probatorio desvaneció el error en el que el imputado cayó, al confiar plenamente en lo expresado por la víctima. Dicho de otra forma, la conducta del imputado se enmarca en el error de tipo, ya que éste fue engañado en cuanto a la edad de la víctima. La presunción basada en lo expresado por la víctima sobre su edad, se configura como elemento dotado de verosimilitud, al no existir motivos razonables, que permitieran al imputado sospechar sobre el engaño, más aún, si consideramos que lo expresado provenía de su pareja y acompañante, por lo que el error de tipo es evidente en el caso concreto. CUARTO: El art. 13 del Código Penal, establece que el delito debe ser doloso o culposo. El primero es cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión, existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se deriva. El segundo concurre cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de inobservancia de una ley, de un reglamento o de órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. Este segundo posee la particularidad que es punible en los casos que expresamente determina la ley. Sobre esto, el art. 140 del Código Penal no contempla la violación culposa, por tanto, la acción forzosamente debe ser dolosa, para ser penada. QUINTO: Tras el análisis de la configuración del dolo en el presente caso, podemos referirnos a los siguientes elementos, que permiten apreciar la falta de dolo en la acción del imputado: 1. Si bien éste tuvo la intención de consumar el acto sexual, el tipo calificado exige que la víctima sea menor de catorce años, por tanto, no basta que se tenga la intención de consumar dicho acto, sino que requiere el conocimiento por parte del imputado sobre el extremo que la víctima era menor de catorce años, y de este modo realizar el acceso carnal, elemento que indiscutiblemente no es el caso, ya que el imputado tenía la plena convicción que T. A. P. V. contaba con dieciséis años. 2. Otro elemento en el que el dolo puede configurarse, lo constituye el caso en que el actor sepa, o deba saber que, como consecuencia de la acción u omisión, existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito. El error de hecho recae en este punto, ya que el autor ni sabía, ni podía saber la edad de la víctima, al haber sido engañado. SEXTO: Desvirtuado el dolo en la acción del imputado, el sentenciador debió apreciar que la acción se ejecutó mediando un error de tipo, y consecuentemente, al no contemplarse expresamente la violación culposa, no se podía imponer una pena a C, de conformidad con el art. 13 del Código Penal, infringiendo el principio del debido proceso, consignado en el art. 90 de la Constitución de la República, mismo que reza: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” La infracción del precepto Constitucional, se constituye, al ignorar el juzgador las formalidades y garantías preceptuadas en el art. 13 del Código Penal, concretamente sobre el hecho que la acción tiene que ser doloso para que tenga como consecuencia la imposición de una pena, salvo que sea culposa, y que la norma expresamente establezca una pena para dicho caso, aspecto que no concurre. Como hemos señalado, al desvanecer el dolo, la garantía consignada en el art. 13 del Código Penal tuvo que ser aplicada, absolviendo al imputado, y el sentenciador al condenarlo a reclusión, violentó la observancia obligatoria de la norma en cuestión. SÉPTIMO: En cuanto al error de tipo, ORTIZ DE URBINA, lo define como “la falta de conocimiento, o conocimiento equivocado, que incide sobre el dolo.” Asimismo señala que “el error de tipo. no consiste en el desconocimiento de los elementos del tipo, excluyente del dolo y que si es vencible conllevaría la comisión imprudente si así se tipifica expresamente en el código, pues de lo contrario se traducirá en la impunidad. El error vale tanto para los elementos normativos (ajenidad de la cosa hurtada, concepto de documento a efectos de falsedad), como para los elementos descriptivos del tipo (cosa, explosivo).” En estos términos, ZAFARONI establece que “en los tipos dolosos, la incongruencia genera un supuesto de atipicidad que se denomina error de tipo. Cuando el aspecto cognoscitivo del tipo no abarca aspecto objetivo en la forma típicamente requerida la conducta no será dolosa, no habrá dolo y será atípica.” Por tanto, lo procedente es que la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y dicte una nueva sentencia, mediante la cual absuelva de toda responsabilidad MARIO ALEXIS RAMOS ALMENDARES.” III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció la recurrente la infracción del artículo 90 de la Constitucional de la República, en relación a los artículos 1, 2 y 13 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que en la valoración de la prueba el juzgador otorgó credibilidad a la ofendida, quien señaló al imputado como la persona con quien mantuvo relaciones sexuales vía vaginal a los 13 años. Así mismo le da credibilidad a la declaración de la madre de la víctima, aludiendo a que ambas fueron contestes, incriminando al acusado. De conformidad con las declaraciones testificales antes expuestas, ambas afirmaron que la ofendida, aparentaba más edad de la que realmente tenía cuando contaba con 13 años de edad; que el imputado nunca supo realmente que edad tenía, pues la ofendida le dijo tener 16 años. Conforme establece el artículo 13, para la configuración del dolo en el presente caso, se debe tomar en cuenta que si bien el acusado tenía la intención de consumar el acto sexual, el tipo calificado exige que sea menor de 14 años, pero el imputado desconocía que la ofendida tenía 13 años de edad, por tanto nos encontramos ante un error de hecho que cae sobre el dolo, es decir al autor lo indujeron al error al hacerle creer que la menor tenía 16 años de edad, por tanto su accionar es atípico. 2) La normativa procesal penal establece la Infracción de Precepto Constitucional como motivo de casación. Las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación no solo son aquellas referentes a derechos fundamentales, (pues no se hace distinción), sino que a cualquier norma constitucional que guarde relación con el derecho penal y las formas del juicio que pueda ser aplicada al caso concreto. En consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo a normas constitucionales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc., o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del Principio de Legalidad en materia penal. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación. Al ser el recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores, la esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Esta Sala de lo Penal ha establecido como criterio jurisprudencial, cuales serán los alcances de esta garantía. La garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, que dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros; en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. 3) La doctrina entiende que: “El antiguo error de hecho, hoy conocido como de tipo, no consiste sino en el desconocimiento de los elementos del tipo, excluyente del dolo y que si es vencible conllevaría la comisión imprudente si así se tipifica expresamente en el código, pues de lo contrario se traducirá en la impunidad. El error vale tanto para los elementos normativos como para los elementos descriptivos. El error de prohibición se da cuando el sujeto quiere realizar la acción y quiere el resultado, de hecho lo realiza, pero desconoce que esa conducta está castigada o recogida como tal en el Código Penal, o por el contrario entiende que actúa lícitamente por concurrir una causa de justificación exculpante, siendo paradigmática la legítima defensa putativa, que es un típico caso de error de prohibición. Obviamente en estos supuestos, habrá que distinguir para determinar si el dolo debe excluirse o no, si el error es vencible o invencible, lo cual a su vez dependerá de las circunstancias personales, culturales etc., que concurren en la persona que realiza el hecho.”[1] Al respecto, debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no regula dicho error, tal como lo hacen otras legislaciones aceptando únicamente el Código Penal dos casos de error, como lo son: el error en la persona regulado en el artículo 20, y la legítima defensa putativa del artículo 25 del mismo cuerpo legal; en consecuencia, la referida figura, no ha sido incorporada en el orden jurídico penal vigente de nuestro país. Esta Sala de lo Penal a tenido a bien resolver algunos Recursos de Casación en donde se alegan situaciones de error de prohibición (SP 180-2010, SP 443-2011 y SP 233-2012) pero en ninguna de ellas se ha pronunciado mediante doctrina legal, en determinar la existencia de la aplicación de un error de prohibición o de tipo en determinados casos, precisamente porque se requiere de ciertos requisitos legales y además de la existencia de ciertas condiciones personales del acusado. En el caso examine observa este Tribunal de Casación que en efecto, la ofendida T. A. P. V., estableció que ella se fue con al acusado y convivió como pareja, pero éste nunca supo que edad tenía, pues ella le dijo que tenía 16 años, que físicamente ha cambiado, ahora está mas gorda y más alta. La madre de la ofendida señora R. V. P. declaró, que el acusado vivía con su hija T, A. que él se la llevó y después la dejó, busca justicia. Su hija T. era gordita, estaba en la escuela en cuarto grado, que de doce años ya se miraba muchacha, ya que tenía cuerpo grande, que a los 12 años menstruó, que ella no sabe si el señor Mario Alexis sabía la edad de T. Ante tales manifestaciones, esta Sala de lo Penal analiza que hace falta un elemento importante y necesario para dar por acreditado un error de tipo en la presente causa y lo constituye la declaración del propio imputado, quien al no rendir declaración sobre como se le hizo incurrir en error sobre la edad de la ofendida, deja inconclusa tal situación, pues si bien la menor ofendida advirtió que ella le dijo que tenía 16 años, su madre advierte con toda sinceridad, que no sabe si el acusado conocía realmente la edad de su hija. Era indispensable conocer la declaración del imputado y ser sometido al contradictorio, pues allí las partes intervinientes y el propio tribunal, podían determinar si en efecto el error en el que supuestamente incurrió el acusado era vencible o invencible, el imputado es el principal actor del error de prohibición y sin su testimonio quedan inconclusos los argumentos del recurrente. Por tanto y según cómo se desarrolló el juicio oral y público, los sentenciadores actuaron en total respecto a la garantía constitucional del debido proceso. Por las razones antes expuestas es procedente declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. DECISIÓN Se desestima el Recurso de Casación interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo interpuesto por la abogada Elba Yolanda Varela en su condición de Defensora Pública del imputado Mario Alexis Ramos Almendares a quien se le condenó del delito de Violación Especial en perjuicio de T. A. P. V.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. .- FIRMA Y SELLO.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado Coordinador.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-124-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

[1] Estrella Ruiz, Manuel. Manual de Derecho Penal. Parte General. Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras, 2006. Página 66 y 67.