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Sentencia CP-114-13 — Registro 7907

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de robo de vehículo, en perjuicio de una Persona De Identidad Reservada, alegando el recurrente que el medio de prueba anticipada introducida al debate, es una prueba ilícita.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Esta Sala de lo Penal ha revisado la denuncia hecha por los censores contra el medio de prueba consistente en la declaración del Testigo Protegido RRLL-10, concluyendo que en la producción del medio de prueba, no ha existido violación a derechos fundamentales o derechos humanos, en particular al derecho de defensa alegado, por lo que éste es de carácter lícito y además ha revisado el proceso de presentación y evacuación en la audiencia de debate como prueba anticipada advirtiendo la estricta observancia de las normas procesales vigentes, por lo que igualmente es de carácter legal. Los Censores formulan protesta contra el medio de prueba referido presentando argumentos no procedentes, a saber: 1. Indican que el acusado J. W. R. Q., no estuvo presente al momento de que el Testigo rindió su declaración testifical. Tal argumento no fue respaldado por ningún medio de prueba, por lo que esta Sala de lo Penal, para apreciar su existencia, debe de ampararse a lo que consta en el acta que contiene la declaración testifical referida, misma que esta agregada en el acumulado judicial a folio 132 de la primera pieza; En dicha acta se lee que el Testigo, al ser preguntado cómo era la persona que le amenazo con un arma de fuego, respondió “está aquí”; Además consta al final del acta la firma del acusado, la que a simple vista comparte las mismas características a la firma que obra al final del Acta de Lectura de derechos (F. 33), y la audiencia de declaración de imputado (f. 38 v), lo que hace concluir que el acusado si se encontraba presente al momento de que se produjo la declaración del testigo protegido. 2. Señalan los Censores que la declaración del testigo fue recibida, aún a pesar de que éste por portaba ningún documento de identificación. Es importante señalar que toda persona que participe como testigo en un proceso judicial debe de ser debidamente identificada, lo cual consiste en poder determinar sus nombres y apellidos completos, así como demás datos generales como edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, domicilio actual y demás datos que sean necesarios según el caso concreto.- La identificación del testigo es precisa pues repercute en varios aspectos procesales importantes:i).- Identidad de la Persona: Se coteja que la persona que compárese es quien dice ser, descartando los casos de usurpación de identidad; ii).- Imparcialidad Judicial: Se verifica que el testigo no tenga ningún tipo de vinculación con los órganos jurisdiccionales llamados a conocer el caso concreto, descartando cualquier conflicto de intereses y por ende cualquier causal de excusa o recusación por y en contra de los/as funcionarios/as judiciales;iii).- Derecho de Defensa: Las partes litigantes pueden ejercer plenamente el derecho de defensa, pues identificando a la persona del testigo pueden controvertir su credibilidad al tener la oportunidad de conocer casos de interés directo sobre el hecho, relaciones con alguna de las partes o con algún operador de justicia, posibilidad real de haber presenciado los hechos, etc.iv).- Valoración del Testimonio: Mediante la identificación del testigo el Órgano Jurisdiccional puede saber quién es el declarante, sus credenciales, sus antecedentes, permitiendo hacer una valoración más acertada conforme a las reglas de la sana crítica de lo que éste/a refiere saber.v).- Publicidad: La identificación del testigo forma parte del principio general de publicidad que rige todo proceso penal, el cual determina que todos los actos procesales como regla general y salvo las excepciones previstas en la ley, serán de carácter público. El proceso de identificación de una persona que es llamada a participar en un proceso penal como testigo deberá realizarlo el órgano jurisdiccional a su satisfacción (Art. 330 cpp) por cualquier medio que sea objetivamente confiable, ya sea por conducto de algún documento público o privado, a través de reconocimiento de personas en rueda (Art. 253 cpp) u otro medio análogo, luego de lo cual procederá a formularle advertencia por el delito de falso testimonio y a tomarle la promesa de ley (Art. 129 cpp) invitándole seguidamente a que relate lo que sabe sobre los hechos por los cuales fue llamada a comparecer. Es importante advertir que en los casos en donde se haya decretado la reserva de la identidad del testigo como medida de protección, la identificación se realizara solamente ante el Órgano Jurisdiccional, manteniendo tales datos en reserva, limitándose a informar a las partes y al público que el testigo protegido fue identificado, y anotando cualquier observación que éstas hagan. En el presente caso la persona que protesta la Defensa Privada como no identificada se trata de un testigo protegido (RRLL-10), quien compareció a la audiencia de declaración sin su cedula de identidad; Sin embargo si bien el documento de Identidad es la forma ideal de identificar a una persona, no es la única forma, pues como se ha indicado líneas atrás, tal identificación puede realizarse de manera diversas, inclusive mediante la entrevista con el propio compareciente, ello sin perjuicio de la valoración que haga de ello el Tribunal de manera posterior; Es de tener presente que el testigo explicó en su declaración que fue objeto de robo de sus documentos identificación, siendo ello la razón que le impidió presentar el mismo en la audiencia y por ello relevado de la obligación de presentar el mismo.- Por otro lado la persona compareciente es la víctima del delito, siendo uno de sus derechos comparecer al proceso y ser escuchada en el mismo, conforme lo dispone el artículo 16 del Código Procesal Penal; Negarle tal derecho implicaría transgresión a su propio derecho de defensa de sus intereses subjetivos. 3. Los Censores plantearon que la prueba anticipada no se cumplieron los presupuestos del artículo 253 al 258 del Código Procesal Penal, pues el testimonio va relacionado con un reconocimiento fotográfico. Tal argumento es improcedente, pues el medio de prueba en cuestión es Testifical, así lo solicitó el Ministerio Público en su escrito (f. 199), así concedido por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula (f. 123) y así posteriormente evacuado (f. 132); El hecho que el Testigo protegido haya hecho mención que le fue presentada unas fotografías por la policía al momento de formalizar su denuncia, no transmuta la diligencia en otro medio de prueba distinto (reconocimiento de personas), pues tal hecho es una referencia del Testigo respecto a lo sucedido después de haber sido víctima del delito de robo, lo que junto a lo demás referido por éste, es lo que valoro el Tribunal de Sentencia; Llámese la atención que dentro de los medios de prueba propuestos por las partes no se enlista ningún medio de prueba de reconocimiento de personas. 4. Arguyen los Censores que no se realizaron las gestiones pertinentes para tratar de localizar al testigo para su comparecencia a la audiencia de debate, por lo que no debió introducirse por lectura su declaración. Como se ha indicado Ut Supra, conforme a la legislación vigente, la declaración del testigo protegido solo será introducida al debate cuando éste no pueda comparecer personalmente (Art. 311.1 cpp), imposibilidad que fue acreditada en el caso de examen y por lo cual la introducción por lectura del testimonio dado como prueba anticipada es conforme a derecho.- Considérese que el Ministerio Público ofertó en la audiencia de proposición de medios de prueba la declaración del Testigo Protegido RRLL.10, pero además propuso la declaración rendida por dicho testigo de manera anticipada, en el caso de que éste no pudiese comparecer a la audiencia(f. 167); Medios de prueba que fueron admitidos.- Posteriormente en la audiencia de debate el Tribunal de Sentencia constató la imposibilidad de hacer llegar el testigo a la audiencia, ordenando la introducción por lectura del testimonio rendido como prueba anticipada; Imposibilidad que se evidenció mediante: i).- Acta de fecha 17 de abril de 2012 (f. 189), donde el Analista de Investigación Criminal del Ministerio Público informando que no fue posible encontrar al testigo en su domicilio, teniendo referencia de una persona que se había mudado hacía algún tiempo; ii).- Constancia de la Receptora del Tribunal de Sentencia de fecha 09 de Mayo de 2012, en el que informa la imposibilidad de citar al Testigo Protegido en virtud de haber cambiado de domicilio (F. 204); iii).- Suspensión del debate por 12 días hábiles para efectos de localizar al testigo protegido, luego de lo cual la Receptora del Tribunal informó la imposibilidad de citarlo en virtud de haber cambiado de domicilio, sin que se sepa el actual (f. 211). 5. Finalmente los Censores argumentan que es falso lo dicho por el testigo protegido al señalar que le fue mostrada una fotografía del acusado al momento de poner la denuncia, pues señalan que dicha fotografía fue tomada tres meses después del hecho, cuando el acusado se encontraba en un centro penal por un hecho distinto. Este argumento final no se relaciona con el proceso de proposición o producción de la prueba anticipada, ni con su presentación y evacuación en la audiencia de debate, sino que es un argumento propio de instancia que cuestiona credibilidad, como consecuencia no debe de ser atendido al no estar relacionado con el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Se establece que el medio de prueba declaración testifical tomada bajo el protocolo de prueba anticipada, fue propuesta y producida conforme a las normas procesales vigentes, con la intervención de la defensa del acusado, por lo que se descarta la existencia de transgresión al debido proceso o al derecho de defensa; Igualmente se constató que el medio de prueba fue evacuado por lectura al darse uno de los presupuestos excepcionales previstos en el Código de Rito.- En conclusión el medio de prueba es de carácter lícito y respetuoso de la legalidad procesal."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por los Abogados N. E. F. Q. y F. O. M., apoderados defensores privados del acusado J. W. R. Q.. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la Valoración Probatoria; Acciones de Saneamiento o Subsanación: Imposibilidad de saneamiento o subsanación, dado que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Anular la sentencia Recurrida. Los Censores exponen no existe soporte valido para haber dado por acreditado que el Señor J. W. R. es la persona responsable del delito; Analizan que una persona víctima de un delito, por el estado emocional nunca pone atención al rostro de su agresor, a sus características físicas o a su vestuario, mucho menos para indicar la marca de la camisa y/o el pantalón como lo hiciere el testigo protegido; Señala que la declaración del testigo protegido no es coherente, pues primero indica que le fue robado su teléfono celular, pero después indica que de inmediato hizo una llamada a la policía, debiendo ser interrogado el cómo pudo hacer dicha llamada; Acusan que los Juzgadores no valoraron la prueba de manera conjunta y armoniosa la declaración del testigo protegido y el acta de reconocimiento fotográfico entre las cuales hay evidentes contradicciones, apreciándose incluso que la firma del testigo protegido es distinta; Indican que se falta a la verdad en el acta de reconocimiento fotográfico (f. 64), pues no se tuvo una fotografía del acusado sino hasta meses después de la fecha en que se efectuó dicha diligencia. IV.III.II.- De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- En principio, al analizar el motivo planteado a la Sala de lo Penal discierne que la mayoría de los argumentos son propios de la primera instancia y ajenos a la naturaleza de la Única Instancia en donde nos encontramos, pues con ellos se pretende una reevaluación del medio probatorio: Prueba Testifical RRLL-10, en un sentido favorable a la tesis de la defensa; Así pues el cuestionamiento de si el Testigo Protegido pudo o no observar las características de las personas que le amenazaron con un arma de fuego por su condición anímica del momento, son aspectos que debieron dilucidarse en debate; Véase que la protesta no va dirigida a la valoración que de ello hizo el Tribunal de Sentencia como forma de controlar el razonamiento judicial (objeto de la casación), sino en el sentido de que la valoración es distinta a la que los Censores consideran es la correcta y que exponen en su recurso (revalorización de medios de prueba inadmisible en casación).- Agrega esta Sala de lo Penal, como aclaración, el hecho de que el testigo protegido en ningún momento menciona la marca de la vestimenta de su agresor, sino lo que hace es señalar el estilo de la camisa, cuando refiere que era “tipo polo”. (F. 132 v.). Mencionan además los Censores que el testigo protegido no fue interrogado el cómo pudo llamar a la policía después de haber perdido su teléfono celular en el asalto; Tal omisión no constituye argumento válido que vaya dirigido contra una incorrecta valoración probatoria, sino que es un vacío de información que no invalida lo dicho por el testigo ni lo valorado por el Tribunal y que, en su caso, es causa imputable a la propia defensa del acusado, quien estando presente en la diligencia probatoria no formulo ninguna pregunta al testigo (f. 132). En lo que concierte al control de razonamiento cuyo propósito es el recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación de sana critica, los Censores hacen dos denuncias puntuales: i).- Una posible falsedad en relación a la existencia de la fotografía del acusado al momento en que se efectuó un reconocimiento fotográfico por parte del Testigo Protegido; ii).- Supuestas contradicciones entre el acta de reconocimiento fotográfico y el medio de prueba declaración del testigo protegido recibido bajo el protocolo de prueba anticipada. Para dar respuesta a los Censores es preciso revisar la etapa de preparación del debate, específicamente la audiencia de proposición de medios de prueba de fecha 20 de Junio de 2011 (f. 167); En esta audiencia se puede apreciar cuales fueron los medios que fueron ofertados por las partes y admitidos por el Tribunal de Sentencia, advirtiendo que entre el acervo no fue propuesto ningún acta de reconocimiento fotográfico, oficios, notas o álbumes fotográficos o fotografías, y en particular ninguna de las defensas propuso medios de prueba; Por otra parte, en la apertura de la audiencia de debate (f. 209), en la fase de incidente tampoco fue propuesto ninguno de estos medios de prueba por las partes. Como consecuencia de lo anterior, es improcedente el alegato de los Censores, pues con éste se formula reproche al Tribunal de Sentencia de no haber valorado un documento (acta de reconocimiento fotográfico), que no forma parte de la carga probatoria; Es importante recordar que el Artículo 333 del Código Procesal Penal es terminante al indicar que durante el debate solo se podrán evacuar los medios de prueba que hayan sido oportunamente propuestos y, por su parte el artículo 338 del mismo cuerpo legal dispone que solo se valoraran los medios de prueba que hayan sido evacuados en el debate, de modo que le es prohibido a los Tribunales de Sentencia tomar en consideración prueba que no haya sido oportunamente propuesta y debidamente evacuada en la etapa de juicio; De hecho, en el caso de que lo hicieren, ello constituiría en un vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del cuerpo legal citado que invalida la sentencia."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de Enero del año dos mil diecisiete (2017), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio R. Vásquez, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA conociendo del Recurso de por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de junio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló:1) Condenando al imputado J. W. R. Q., a la pena de diez (10) años de reclusión por el delito de robo de vehículo, en perjuicio de Una Persona De Identidad Reservada. 2) Condenando al imputado J. W. R. Q., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. 3) Declaro la responsabilidad civil del condenado.4) No Condeno en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional los Abogados N. E. F. Q. y F. O. M., en su carácter de Apoderados Defensores del Señor J. W. R. Q.. Son Partes En Única Instancia: La Abogada N. E. F. Q., Defensora Privada del acusado J. W. R. Q., en su condición de Recurrente y el Abogado S. C. A., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA PRIMERO: “El día jueves trece (13) de mayo del dos mil diez (2010), en torno de las siete y media de la mañana, la testigo protegido con clave RRLL-10 se encontraba ordenando unos libros en la parte trasera de su vehículo marca Ford, modelo Focus, tipo turismo, color rojo, año 2000 estacionado en el Barrio Cabañas de esta ciudad de San Pedro Sula, cuando se le acercaron dos individuos, uno de ellos el señor J. W. R. Q., ambos portando armas de fuego, enseguida le apuntaron con las armas y le quitaron las llaves del vehículo, abordaron el mismo y arrancaron iniciando la marcha, no obstante inmediatamente regresaron al lugar donde aún permanecía la testigo protegido con clave RRLL-10, le arrebataron la cartera en cuyo interior guardaba la boleta de revisión y nuevamente se marcharon del lugar, en tanto la testigo RRLL-10 se aprestó a interponer ante la Policía Nacional vía llamada telefónica la denuncia del hecho, concurriendo posteriormente a ratificar la denuncia a la Primera Estación de la Policía Nacional. SEGUNDO: El día miércoles diecinueve (19) de mayo del dos mil diez (2010), a eso de las diez de la mañana, miembros de la Policía Nacional atendiendo información recibida en relación al hecho anterior, se apersonó a una casa donde también operaba un taller de mecánica automotriz ubicada en la doce calle, trece y catorce avenida del barrio Cabañas de esta ciudad de San Pedro Sula, donde encontraron el carro propiedad de la testigo RRLL-10, dando detención al señor A. C. R. propietario del lugar.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS III.I.- Exposición Del Motivo De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional. MOTIVO UNICO: Haber producido por parte del juzgador la infracción de Precepto Constitucional. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presento motivo de casación se encuentra en el artículo 361 del CPP. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al momento de dictar Sentencia Definitiva en fecha 15 de Junio del año 2012, lo hizo violentando el texto Constitucional, que se infiere al Debido Proceso que es aplicable a todas las actuaciones judiciales, en donde en su desarrollo la persona imputada tiene derecho a acceder a la administración de justicia demarcando dentro de los parámetros básicos como lo son los principios inherentes al mismo (principio de Igualdad de armas procesales, contradicción, defensa material, defensa y asistencia técnica, presunción de inocencia.) todos ellos violentados, al no cumplir con su deber el Estado que a través de sus administradores de justicia debió observar que el imputado contara con actuaciones se enmarcaran dentro de los parámetros de eficiencia, lealtad y responsabilidad. El precepto constitucional que se invoca como infringido, prescribe: Artículo 90. De la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”; en relación con Artículo 82. “El derecho de defensa es inviolable. “.- El derecho al debido proceso forma parte de la gama de derechos individuales que regula la parte dogmática de la constitución de la República, se constituye como un instrumento protector para garantizar que el poder estatal no conculque la forma y modo de realizar los actos Procesales rectores del ius puniendo ante los ciudadanos, estableciendo los pasos, condiciones y formalidades que deben respetarse en caso de que sea necesario el arresto o detención, proceso y sentencia de un ciudadano. Así honorable Tribunal Supremo, en el presente caso que ha representado el enjuiciamiento y condena del señor J. W. R. Q., se ha producido una evidente violación a sus derechos Constitucionales al Debido Proceso y otros, al concurrir las siguientes anomalías: EXPLICACION DEL MOTIVO. ANTECEDENTES DEL CASO: Se interpuso en su debido momento procesal el incidente de nulidad absoluta del medio de prueba presentada por el ministerio público, señalando en ese momento el ACTA DE DECARACION DE TESTIGO COMO PRUEBA ANTICIPADA, de la Testigo protegida RRLL-1O, la cual se indicó debidamente ser violatorio de los derechos que le asistía a nuestro representado. Mismo que el sentenciador desestimo sin más que. INDICACION DE LA VIOLACION: La defensa desde un principio ha venido presentando la nulidad de la declaración de la testigo protegida y más como medio probatorio presentado por la fiscalía ya que de la misma acta se puede colegir que: 1). El ACTA DE PRUEBA ANTICIPADA no lleno los requisitos de legalidad procesal al no estar presentes en dicha audiencia nuestro representado, de ahí que la defensa privada se abstuviera de interrogar, aun y cuando si lo hicieron firmar, para aparentar su presencia, de la sola leída de la comparecencia se aprecia que no estuvo presente en la audiencia. 2). Que dicho acto procesal se le tomó testimonio anticipado a un testigo sin portar documentación alguna, como consta en el acta, el protesto de la defensa, extremo que hasta la fecha es no existe el sobre con los datos de la dicente. 3). Que para la toma de dicha prueba anticipada no se apreciaron los presupuestos legitimadores para realizar la misma del ARTICULO 277 CPP EN RELACION por los relatos de la declaración donde manifiesta que después de poner la denuncia la mandaron a otro lugar y “que le dieron un libro de fotografías” (adelante se explicara, fue una foto tomada 3 meses después de los hechos), por tanto su testimonio va relacionado a las reglas del reconocimiento en rueda del sospechoso que aun con fotografías debe de tomarse en cuenta por su reglamentación en los ART. 253 AL 258 CPP. Todos estos extremos debieron ser suficientes para que el A quo declarase LA NULIDAD de dicho medio de prueba y no valorar el mismo. Dejando de realizarse el debido proceso del artículo 90 de la Constitución y conculcándose además con ello el derecho a la defensa que establece el artículo 101 del código procesal penal, en relación al artículo 82 de la Constitución de la República. Sobre este asunto y a la reclamación ya referida realizada por esta defensa, el Tribunal sentenciador en ese acápite de valoración de las pruebas en numeral OCTAVO, procede a consignar lo siguiente. (Se copia literalmente) “En cuanto a los alegatos incidentales de la defensa, referente a la expectativa de los abogados de que se declare la nulidad y por ende se excluya la declaración de la testigo protegida con clave RRLL-10 por considerar la infracción a la garantía básico del Derecho de defensa, contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República, violando con ello las reglas del debido proceso, derivando entonces en una prueba prohibida. A este respecto el Tribunal advierte que efectivamente la prueba se tomó bajo la premisa que la testigo en aquel momento viajaría al extranjero, con la formalidad de proteger su vida, presupuesto que se ajustaba a las exigencias del artículo 277 del Código Procesal Penal, pues PRIMA FACIE vista la justificación dada, existía en su momento riesgo grave de pérdida del medio de prueba por ausencia de la testigo que hacia extraordinariamente difícil de comparecer a juicio, si es bien es cierto se ha dicho que la testigo se encontraba en el territorio nacional, se agotaron los medios necesarios para su ubicación que resultó imposible, siendo evacuada mediante lectura del acta correspondiente por virtud del artículo 311 numeral 1, que manda que se puede incorporar al juicio por lectura los testimonios que se hayan recibido antes del debate conforme a las reglas de prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio, por manera que la prueba anticipada no es un acto nulo, por haberse seguido las reglas procesales de práctica, cuando la misma se practicó en su momento con la presencia de abogados defensores; el hecho que la testigo haga referencia a fotos mostradas en la sede policial antes de la audiencia no la vuelve nula, pues son actos investigativos propios de la constatación inmediata del delito para la cual la policía tiene facultad, la forma en que la Policía o Fiscalía obtuvo las fotos cuestiones discutidas en juicio a las cuales el Tribunal no hará referencia, (la puesta en cursiva y negrilla anterior es nuestro), por ende la prueba en definitiva tiene la connotación de ser objetivamente confiable.” Como vosotros podréis apreciar Honorables Magistrados casacionistas al leer la transcripción, de lo consignado en ella por dicho Tribunal sentenciador, que le da a la tutela judicial que se pide, ninguna importancia; por lo que en la sentencia que se solicita revisar, se han vulnerado el derecho constitucional que aducimos como accionante, al no darle cumplimiento fiel a lo establecido en el artículo 311 numeral 1 del Código Procesal Penal, que reza,, que un Tribunal de Sentencia pondrá excepcionalmente incorporar al juicio por lectura que hará el Secretario:1. Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conformar a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio “poniéndose de manifiesto en dicha regla que excepcionalmente se hará dicha introducción por lectura si a juicio del tribunal fuese imposible reproducir en el acto” y si en tal caso, dicha vulneración puede ser objeto de tutela, un punto de resquebrajamiento al debido proceso por incumplimiento de los términos procesales o de diligencias injustificadas que obligan al funcionario competente al tenor de los previsto en el artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, a intentar por todos los medios ubicar dicho testigo hasta por edictos, extremo que nunca se realizó, limitándose dicho sentenciador a incorporar por lectura una declaración viciada de una supuesta testigo protegido que dicho sea de paso nunca existió documentación oficial que la acredite como verdadera; dándole el a quo, a dicha declaración certeza positiva de cargo, con tan solo una declaración evacuada como prueba anticipada, aun violando los principios rectores arriba indicados y reclamados, además del principio de MEDIACION sin perjuicio del cúmulo de contradicciones en relación a otras actuaciones objeto de prueba que conforme al principio de la carga de la prueba le correspondía evacuar al Ministerio Fiscal, y acepta haber soslayado apreciar pruebas aportadas en juicio, véase nuevamente lo puntualmente de la citada transcripción, de dicho numeral OCTAVO cuando consigna el Tribunal sentenciador: (copio) “...el hecho que la testigo haga referencia a fotos mostradas en la sede policial antes de la audiencia no la vuelve nula, pues son actos investigativos propios de la constatación inmediata del delito para la cual la policía tiene facultad, la forma en que la Policía o Fiscalía obtuvo las fotos fueron cuestiones discutidas en juicio a las cuales el Tribunal no hará referencia..” en otras palabras para el Tribunal los actos investigativos propios de la constatación inmediata del delito, para lo cual la policía tiene facultad, así como la forma en que policía o Fiscalía obtuvo las fotos, no debe ser objeto de valoración, por lo cual según su decir “no hará referencia” ¡Habrase visto! semejante violación a precepto constitucional; pues, con ello queda de manifiesto que no importa para el sentenciador vulnerar el derechos que corresponden a nuestro representado conculcando el debido proceso al tomar en cuenta prueba anticipada viciada por un reconocimiento de una fotografía ( que refiere el testimonio de la testigo- protegida) tomada o fotografiado mi representado en dos de agosto del año dos mil diez, (f. 208) y que según oficio del Director del Centro Penal (f. 206), dicha fotografía y datos del procesado fueron solicitados por el Ministerio Publico, en fecha trece de agosto del año dos mil diez, según oficio FR-CDC- SPS- 1148- 2010 y que fue contestado por el Centro penal, enviando la fotografía en cuestión en fecha 17 de agosto del dos mil diez, justo días antes de la audiencia de declaración de testigo-protegido como prueba anticipada, donde la testigo faltando a la verdad manifiesta que fue el día trece de mayo del 2010 que había reconocido en sede policial.- Es visto entonces que al Tribunal no le ha interesado las protección de los derechos constitucionales de nuestro mandante en el presente caso.- FORMA DE RESOLVER LA VIOLACION. Así las cosas las normas procesales invocadas como infringida y entendiendo que vivimos en un país democrático y de derecho los jueces no pueden apartarse de las reglas de procedimiento y no pueden tener por anticipada una prueba para considerar la participación del que se considere su autor, por estar limitados por el principio de legalidad procesal; es evidente que en el proceso de mérito, no se le cumplió tal garantía a nuestro representado, violación que vosotros si apreciareis solo de simple cotejo de la documentación que da fe del momento en que se realizaron cada uno de los actos de prueba de cargo con la declaración del testigo supra citado, se desprende que nunca debió de introducirse como prueba válida la realizada como anticipada sin las garantías del debido proceso, y debió traerse a la supuesta víctima a estrados para que con el correcto contradictorio, principios de Igualdad de armas procesales, defensa material, defensa y asistencia técnica, jamás la única prueba de cargo que se valoró como tal, pudo enervar el principio de inocencia de nuestro mandante. Por tanto todos los actos de prueba de cargo mencionado, devienen nulos, ya que se ejercieron en total violación de las garantías y derechos procesales del imputado como objeto de una investigación criminal por ser violatorio de las disposiciones constitucionales, internacionales y de ley nacional aquí mencionada, con lo que hay violación al artículo 90 de la constitución de la República, por haber una falta flagrante al debido proceso que causó indefensión total a mi representado en los momentos claves del proceso, y a la garantía básico del Derecho de defensa, contenido en el artículo 82 cuando se realizaron los actos probatorios del cual se desprende toda la prueba de cargo, en relación al artículo 277 y 311 numeral 1 del código procesal penal. Por lo que se debe casar dicha sentencia por infracción de precepto Constitucional y ordenar la inmediata libertad de nuestro representado.” III.II.-Los Abogados Recurrentes Manifiestan En Su Motivo De Casación Por Quebrantamiento De Forma.- Motivo Primero. “Haber incurrido el Tribunal sentenciador en inobservancia de las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra en el artículo 361 del CPP. EXPLICACION DEL MOTIVO: La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”.- Por su parte el artículo 336 de mismo cuerpo legal señala: “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.- De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador sobre la forma de valoración de la prueba diciendo : “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. Así las cosas y en estricto apego a las normas que rigen nuestro sistema penal de enjuiciamiento, se sustenta y recae el reclamo que se hace por este medio impugnaticio, al arribar erróneamente a unos hechos probados, de la prueba evacuada y es precisamente en lo que establece el Tribunal Sentenciador en el acápite denominado: “VALORACION DEL TRIBUNAL”.- Veamos a continuación la valoración incorrecta, subjetiva e inexacta y apartándose de las reglas que se le imponen a todo juzgador en la materia, las reglas de la sana crítica, puesto que no se trata de copiar y luego decir como se observa y acontece en la sentencia que se impugna, en donde sin enlace, ni explicaciones validas, el Tribunal luego de copiar lo que fue la prueba evacuada enjuicio, concluye en usar de frases tales sin justificación tales como decir que: “les da total credibilidad”, “que les resultan verosímiles” “merecen total credibilidad”, y en uno de los apartados de tal valoración cuando consigna: a que tal prueba “no hará referencia”, en otras palabras consigna dicho Tribunal, que otorga valor probatorio a prueba testimonial prueba según su entendimiento, es para estimar de que los hechos declarados probados como tales, son una verdad; cuando antes bien que se ha dejado de valorar la prueba de forma conjunta y armoniosa, siendo manifestó la falta claridad y justificación en la valoración de tales pruebas, y por supuesto tal como lo pasamos a desarrollar y fundamentar, jamás pudo haberse establecido ni declarar como hechos probados, la realización de una conducta ilícita por mi representado, y que la prueba relacionada, no tiene el sustento para considerarla de cargo, siendo flagrante el quebrantamiento de forma, y la violación indebida, en dicho acápite de valoración de prueba, todo lo anterior lo explicamos así: PRIMERO: EL NUMERAL UNO de tal acápite: Se refiere el sentenciador a la valoración que hace del testimonio de dos personas: Jose Andrés Abel1no Auceda y DionisioEduardo Santos Ramos, que por supuesto se contrae únicamente a describir lo que declararon tales testigos con relación a que el día diecinueve de mayo del año dos mil diez, en el Barrio Cabañas, y en una casa de habitación que funcionaba un taller de mecánica, fue encontrado un vehículo Marca: Ford, Focus, tipo turismo, que había sido reportado como robado el día trece de mayo del mismo año, según se expresa de propiedad de la testigo protegido RRLL-1O, y sobre que en dicho lugar le dieron detención al señor A. E. C., pero jamás en relación al hecho del desapoderamiento señalado de ocurrido en el primer hecho declarado probado, el día trece de mayo del año dos mil diez, y mucho menos dichos testigos se refieren a nuestro defendido en tales hechos, y si bien el Tribunal da por acreditado, en este numeral uno, de darle “total credibilidad” y que le resulte verosímil lo declarado, será a la existencia real del automotor y la probabilidad del desapoderamiento de la victima de tal bien, pero, es muy fácil de deducir, que a nuestro representado jamás se le relaciona con tal hecho hallazgo de tal vehículo, pues, consta fuera detenido ni en estado de flagrancia, ni estaba siendo perseguido por la fuerza pública u otras personas, ni teniendo en poder efectos o algún elemento que lo vinculara al hecho del desapoderamiento del citado bien automotor.- Antes bien consta de autos, y el Tribunal no hace ninguna apreciación al respecto de que la Fiscalía presenta requerimiento Fiscal contra nuestro representado J. W. R., varios meses después de lo narrado por los testigos antes referidos, y que tal requerimiento fuera presentado, contra nuestro mandante cuando éste, estaba ya recluido en el Centro Penal, por otro causa, razón que no tenía el Tribunal sentenciador, con ningún soporte valido, para haber dado por acreditado en el primer hecho declarado probado de la cuestionada sentencia, al señalar participación de nuestro representado, pues fue a persona extraña, a quien se le encontró en poder y la tenencia del vehículo automotor relacionado, y no a nuestro defendido J. W. R.. SEGUNDO: El Tribunal sentenciador en el SEGUNDO numeral del acápite de valoración de la prueba, motivando y según su decir justificando el valor probatorio de cargo de una declaración de testigo-protegida, que nunca fue sometida a un verdadero contradictorio, es decir practicada en juicio oral y público dice: (se copia) “Se introdujo por lectura autorizada, de conformidad al artículo 311 numeral dos del Código Procesal Penal, la declaración como prueba anticipada de la testigo protegida con clave RRLL-1O en virtud de no poder dar con su domicilio, misma que fue rendida ante Juez competente, el diez de septiembre de dos mil diez, en la cual manifestó: (ver.f.132) que el 13 de mayo de este año a las siete de la mañana, un día jueves, fui asaltada por dos jóvenes llevándome mi vehículo y mis documentos personales incluyendo tarjetas de crédito y banco, agenda, libros, el efectivo que portaba, primero me encañonaron en un muro, quitándome las llaves del vehículo, luego se subieron al vehículo, arrancaron y se regresaron porque creo que vieron que no llevaban la revisión, se regresaron y me llevaron un bolso donde llevaba la revisión del vehículo, mi celular, eso fue como en diez minutos, de inmediato hice una llamada a la policía, reportando a los bancos las tarjetas de crédito, y bloqueando mi celular, luego fui a poner la denuncia a la primera estación, después me mandaron a reconocer los muchachos, me dieron un libro de fotografías, de los cuales solo reconocí uno de ellos, después de eso me quede esperando que encontraran a mi vehículo, lo encontraron un día antes de cumplir una semana, en barrio cabañas, donde supuestamente es un taller sin rotulo”.- FISCAL INTERROGA: ¿manifiesta un álbum dónde? Sí, yo no había visto nunca pero cuando a uno le hacen daño no se le olvida, ¿Cómo es esa persona? Esta aquí, es un poco gordito de 26 o 24 años, ese día andaba bastante gelatina bastante parado, usaba su camiseta tipo polo con un Jean. ¿Qué acción ejecutó él? Eran dos, uno me puso la pistola y me dijo que le entregara la llave, atrás de mi había un muro, el me arrinconó pidiéndome la llave, me dijo que si no se la entregaba me iba a matar.- Cuando los identificó por el álbum fotográfico logro ver el nombre de esa persona? Si es Jennifer. ¿Cuándo dicen dos personas quien portaba el arma? Los dos andaban armados, pero él fue quien me quitó la llave del carro. ¿Lo había visto anteriormente? No….“.- Así mismo continúa el A quo manifestando en ese mismo capítulo que: “Estos Juzgadores, valoran positivamente el medio de prueba testifical que antecede; la declaración de la testigo protegida con clave RRLL-10, nos merece total credibilidad, en virtud de que tal declaración fue rendida ante Juez competente con todas las formalidades legales cumpliendo con la exigencia Constitucional, teniendo por acreditado que la declarante, percibió con sus sentidos lo acontecido, pues fue la persona materialmente despojada del vehículo marca Ford, modelo Focus, tipo turismo, color rojo, año 2000, el día trece de mayo del dos mil diez, a las siete de la mañana, en el Barrio Cabañas de San Pedro Sula, Cortes, por dos personas, una de las cuales es el señor J. W. R. Q. por nombre y físicamente, quien fue la persona que la obligo a entregar las llaves del vehículo descrito, en el momento del despojo, además, una vez que la ofendida interpusiera la denuncia en la primera Estación de policía, identifico a J. W. R. Q. en el libro de fotografías que se llevan en dicho lugar y másaún lo vuelve a identificar en el momento mismo de la audiencia donde presta su declaración como prueba anticipada, señalándolo e incriminándolo como uno de los jóvenes que la despojaron de su vehículo utilizando medios violentos a quien le vio el rostro, percatándose de sus características físicas, del modo que andaba vestido y además de ello individualizó las acciones que el acusado R. ejecutó al momento del despojo del vehículo; por tanto el presente testimonio se convierte en prueba de cargo, para estos juzgadores, es indudable que el acusado, es uno de los dos jóvenes que despojo del vehículo antes descrito a la testigo protegido RRLL-10 el día trece de mayo de dos mil diez en el Barrio Cabañas de esta ciudad”.Resulta inusitado que el Tribunal contra toda lógica, usando de reglas de la experiencia y la psicología, en donde bien se pudo haberse apreciado una confusión y en la incertidumbre o duda usarse de la expresión de que “hay siete caras conocidas en el mundo”, y mucho más, que en casos como el presente, por el estado emocional de la víctima, nunca se pone atención en el rostro de la víctima y sus características físicas, ni se le ponga atención al vestuario, mucho menos hasta indicar la marca de camisa y pantalón; en este caso contrariando tales reglas, el Tribunal diga y afirme que: .. .“el presente testimonio se convierte en prueba de cargo, para estos juzgadores, es indudable que el acusado, es uno de los dos jóvenes que despojo del vehículo antes descrito a la testigo protegido RRLL-10 el día trece de mayo de dos mil diez en el Barrio Cabañas de esta ciudad”, (habida cuenta que con esa ropa, si andaba nuestro representado, pero, el día 01 de agosto que fue la primera vez que lo reseñaron, e su vida y por otra causa, y que fue la foto que meses después vio la ofendida, y no jueves 13 de mayo como lo afirma el tribunal, aspecto que nos referiremos más adelante) y no solo ello es temerario, sino que el Tribunal haya dejado de apreciar y observar en la valoración, un testimonio que carece de legitimidad para haber sido tomado como prueba de cargo, pues usando de una metodología que falta al entendimiento humano y que debe ser utilizado al momento de hacer valoración de prueba de forma congruente.- al contrario el tribunal de sentencia contrariando el principio de lógica y razón suficiente, para haberle restarle verdad a dichos de tal declaración testifical de la testigo protegida RRLL-10, por lo dicho, antes bien la utiliza inapropiadamente e injustificadamente, para darle sustento a hechos estimados probados e imputarle participación injusta a mi representado, y aun constando diversas contradicciones que pasamos a desarrollar, con los que aún mas queda de manifiesta la violación de la regla de la Lógica en su postulado de coherencia y por ende en su principio de Razón Suficiente: a) la testigo protegida dice en una parte de su testimonio: “. . .arrancaron y se regresaron porque creo que vieron que no llevaban la revisión, se regresaron y me llevaron un bolso donde llevaba la revisión del vehículo, mi celular, eso fue como en diez minutos, de inmediato hice una llamada a la policía”. En otra dice: …“después me mandaron a reconocer los muchachos, me dieron un libro de fotografías, de los cuales solo reconocí uno de ellos, después de eso me quede esperando que encontraran a mi vehículo, lo encontraron un día antes de cumplir una semana, en barrio cabañas, donde supuestamente es un taller sin rotulo”.-Véase que el Tribunal deja de apreciar que la testigo protegido dice: que le llevaron el bolso donde la revisión y el celular; y más adelante dice que de inmediato hizo una llamada a la Policía; entonces era necesario interrogarle ¿Cómo hizo dicha llamada, se le habían llevado su celular y todas sus pertenencias, y ello solo podría hacerse en un verdadero contradictorio, como lo es el juicio oral y público.- b) La citada testigo-protegida menciona, un elemento de prueba que jamás puede dejar separarse de probanza alguna, y cuya carga probatoria correspondía de forma insoslayable al órgano acusador, y que debía ser objeto de contradicción y debate, porque entra a formar parte de la búsqueda de la verdad y de acreditación de hechos, al mencionarlo tal testigo, de que en la Policía le dieron un libro de fotografías, de los cuales manifiesta solo reconocer uno de ellos, y que el Tribunal sentencia dar por alusión a este dicho y por extensión debió de apreciar y valorar, y se trata del Acta de Reconocimiento fotográfico que se dice fue realizada el día trece de mayo del año dos mil diez, a las once y treinta de la mañana, no explica el Tribunal porque separa y omite el referirse a esta acta, y es evidente pues, que le resta importancia a su contenido y firma, (esta diligencia que obra a folio 64 del expediente formado al efecto); todo ello con miras a enlazarla con relación a la declaración de la testigo-ofendida (f.132) que como prueba anticipada, fuera evacuada el diez de septiembre del dos mil diez, a casi cuatro meses después del señalamiento de ocurrencia de los hechos; entre esta y tal acta de reconocimiento fotográficos, son evidentes las contradicciones e incoherencia que el Tribunal ha dejado de apreciar y que deja clara las inconsistencias en su valoración probatoria, las que se resaltan a continuación: 1) El acta de reconocimiento fotográfico dizque firmado por la testigo ofendida en relación al desapoderamiento, y el reconocimiento por fotografía de nuestro representado, en dicha acta como diligencia administrativa, contiene el siguiente el dicho de la testigo protegida siguiente: “. . .encañonaba a su cuñado le quitó la llave del vehículo, tomó el volante del vehículo y se lo llevó..”, en la declaración en sede judicial como prueba anticipada , (f. 132) da otro testimonio cuando expresa: “Eran dos, uno me puso la pistola y me dijo que le entregara la llave, atrás de mi había un muro, el me arrinconó pidiéndome la llave, me dijo que si no se la entregaba me iba a matar.-” De tales comparaciones, resulta claro cuando falsea sus dichos; al decir en un primer momento (consignado por escrito en tal acta de reconocimiento de fotografías) expresa: que fue encañonado su cuñado, para cuando le llevaron el carro, entonces cabe preguntarse ¿ acaso no era necesario saber de quién trataba tal persona del cuñado y llevarlo a declarar, para arribar con certeza a dictar una sentencia justa?, véase que en el segundo testimonio de tal testigo protegida dice: “uno me puso la pistola y me dijo que le entregara la llave”, O SEA QUE JAMAS MENCIONA QUE SU CUÑADO FUE EL ENCAÑONADO.- c) asimismo resulta de comparar tal Acta de Reconocimiento fotográfico que se dice fue realizada el día trece de mayo del año dos mil diez, a las once y treinta de la maña, la firma puesta en la misma por la Testigo protegida RRLL-10, y al comprobarla con la firma de la puesta en la declaración que fuera rendida en audiencia de prueba anticipada por la supuesta testigo- protegida, a simple vista y aunque no resultan legibles, se observa y aprecia sin ninguna duda, que no es la misma firma puesta en ambas actuaciones, es decir la que obra a folio sesenta y cuatro, y la que obra a folio ciento treinta y dos, relacionada por el Tribunal, respectivamente, motivo más que suficiente y lógica para restarle valor de cargo a la citada declaración testifical, sin embargo el Tribunal dejo de apreciarlo.- d) La fotografía que supuestamente reconoce la testigo protegida en sede policial, el día trece de mayo del año 2010, y la que señala como la persona participe a nuestro representado, en el citado juzgado, lo que aconteció en la audiencia de prueba anticipada de fecha diez de septiembre, resulta que es la que le fue tomada, al reseñarlo en sede policial, a su vez a su ingreso al Centro penal, el dos de agosto del 2010, lo que está acreditado y consta de autos, de manera que se falta a verdad en dicha acta de reconocimiento fotográfico, al no haber tenido a disposición fotografía alguna de mi representado, por parte de la policía, a la fecha trece de mayo del año dos mil diez, por lo que los dichos de la testigo protegida en sede judicial son falsos, como falso fue que hubiese fotografía de este en álbum fotográfico alguno, por no tener antecedentes como lo expresa la misma policía en constancia de antecedentes, sino fue hasta en fecha 17 de agosto que el Director del Presidio remitió dicha foto y la información al Ministerio Público (f. 206) ; la pregunta de todo lo acotado es ¿ entonces en qué momento se pronuncia con verdad la testigo, como para haberle dado credibilidad a su declaración?, simplemente en ningún momento; y la única oportunidad, de haber acreditado sobre la veracidad o no de su testimonio, es la de haberla llevado a declarar al debate, para que tanto la Fiscalía y defensa, pudieran haber extraído en el interrogatorio y contra interrogatorio, la verdad de lo acontecido, o de lo contrario haber desestimado el Tribunal incorporar dicha prueba por lectura, como lo peticionará la defensa, siendo evidente la violación al debido proceso, así las cosas solo en un verdadero contradictorio y en juicio oral y público, es donde la testigo- protegida pudo haber aclarado tantas inconsistencias e incongruencias para saber si estaba pronunciando con verdad o no en sus dichos.- de tal forma que la declaración de la testigo- ofendida que ha tenido como válida y de cargo, según el decir del Tribunal que tiene “por acreditado que la declarante percibió con sus sentidos lo acontecido”, y da valor como prueba de cargo, es una violación a dichas reglas de valoración, como al debido proceso y en consecuencia cuando el Tribunal, dio cabida a incorporar a juicio por lectura dicha declaración, porque se dice fue tomada conforme a las reglas de la prueba anticipada, aun con la oposición de esta defensa, y con tan solo dicha declaración en ha sido sustentada la participación de nuestro representado, como es declarado por el Tribunal sentenciador, por todo lo explicado y razonado, podemos darnos cuenta que los actos y hechos declarados por dicha testigo protegida, resultan faltos de verdad e inciertos como para darles crédito al tenor de las reglas de la sana crítica, y que el tribunal ha dejado de valorar de forma conjunta y armoniosa, y por lo tanto no le asiste al sentenciador la razón suficiente para inferir estos raciocinios, realizados equivocadamente.- TERCERO.- El Tribunal sentenciador en este acápite de valoración de las pruebas en numeral OCTAVO, procede a consignar lo siguiente. (Se copia literalmente) “En cuanto a los alegatos incidentales de la defensa, referente a la expectativa de los abogados de que se declare la nulidad y por ende se excluya la declaración de la testigo protegida con clave RRLL-1O por considerar la infracción a la garantía básico del Derecho de defensa, contenido en el artículo 82 de la Constitución de la república, violando con ello las reglas del debido proceso, derivando entonces en una prueba prohibida. A este respecto el Tribunal advierte que efectivamente la prueba se tomó bajo la premisa que la testigo en aquel momento viajaría al extranjero, con la finalidad de proteger su vida, presupuesto que se ajustaba a las exigencias del artículo 277 del Código Procesal Penal, pues PRIMA FACIE vista la justificación dada, existía en su momento riesgo grave de pérdida del medio de prueba por ausencia de la testigo que hacia extraordinariamente difícil de comparecer a juicio, si es bien es cierto se ha dicho que la testigo se encontraba en el territorio nacional, se agotaron los medios necesarios para su ubicación que resulto imposible, siendo evacuada mediante lectura del acta correspondiente por virtud del artículo 311 numeral 1, que manda que se puede incorporar al juicio por lectura los testimonios que se hayan recibido antes del debate conforme a las reglas de prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio, por manera que la prueba anticipada no es un acto nulo, por haberse seguido las reglas procesales de práctica, cuando la misma se practicó en su momento con la presencia de abogados defensores; el hecho que la testigo haga referencia a fotos mostradas en la sede policial antes de la audiencia no la vuelve nula, pues son actos investigativos propios de la constatación inmediata del delito para la cual la policía tiene facultad, la forma en que la Policía o Fiscalía obtuvo las fotos cuestiones discutidas enjuicio a las cuales el Tribunal no hará referencia, (la puesta en cursiva y negrilla anterior es nuestro), por ende la prueba en definitiva tiene la connotación de ser objetivamente confiable.” Resulta de esta transcripción y de lo consignado por dicho Tribunal sentenciador que le da certeza positiva de cargo, con tan solo una declaración evacuada como prueba anticipada, aun con el cúmulo de contradicciones en relación a otras actuaciones objeto de prueba que conforme al principio de la carga de la prueba le correspondía evacuar al Ministerio Fiscal, y acepta haber soslayado apreciar pruebas aportadas en juicio, véase lo puntualmente de la citada transcripción, de dicho numeral OCTAVO cuando consigna el Tribunal sentenciador: (copio) “..el hecho que la testigo haga referencia a fotos mostradas en la sede policial antes de la audiencia no la vuelve nula, pus son actos investigativos propios de la constatación inmediata del delito para la cual la policía tiene facultad, la forma en que la Policía o Fiscalía obtuvo las fotos fueron cuestiones discutidas en juicio a las cuales el Tribunal no hará referencia..”; en otras palabras para el Tribunal los actos investigativos propios de la constatación inmediata del delito, para lo cual la policía tiene facultad, así como la forma en que policía o Fiscalía obtuvo las fotos, no debe ser objeto de valoración, por lo cual según su decir “no hará referencia”- Con ello queda de manifiesto que no importa valorar la prueba en conjunto y de forma armoniosa, ni tomar en cuenta prueba viciada de reconocimiento de una fotografía ( que refiere el testimonio de la testigo-protegida) tomada o fotografiado (f.208) mi representado en dos de agosto del año dos mil diez, y que según oficio del Director del Centro Penal, (f.206) dicha fotografía y datos del procesado fueron solicitados por el Ministerio Público, en fecha trece de agosto del año dos mil diez, según oficio FR-CDC- SPS- 1148- 2010 y que fue contestado por el Centro penal, enviando la fotografía en cuestión en fecha 17 de agosto del dos mil diez, justo días antes de la audiencia de declaración de testigo- protegido como prueba anticipada, donde la testigo faltando a la verdad manifiesta que fue el día trece de mayo del 2010 que había reconocido en sede policial, por medio de tal fotografía, extremo que se exhibió documentalmente en Acta De Reconocimiento Fotográficode fecha trece de mayo de ese año, (f.64) ¿Cómo es posible que exista un documento en donde se reconoció en una foto de fecha trece de mayo del 2010, en sede policial, si la foto consta fue tomada el dos de agosto en el Centro penal y fue recibida la citada fotografía el 17 de agosto de dicho año por el Ministerio Público, o sea tres meses después y convenientemente la utilizan en la declaración de prueba anticipada de la testigo-protegida, veintidós días después.-Es visto entonces que al Tribunal no le ha interesado la búsqueda de la verdad real, ni la aplicación irrestricta del artículo 202 del Código Procesal Penal; en el presente caso.- Así las cosas las normas procesales invocadas como infringida y entendiendo que vivimos en un país democrático y de derecho los jueces no pueden apartarse de las reglas de procedimiento y no pueden tener por pre constituida una prueba para considerar la participación del que se considere su autor, por estar limitados por el principio de legalidad procesal, y no debe como en el presente caso declararse una verdad que no se ha probado, cometiéndose una injusticia, y aun si fuera el caso bien pudo estimarse por el tribunal sentenciador y en cambio fue tirando por la borda el principio universalmente reconocido que reza: “que es preferible absolver a un culpable, que condenar a un inocente”.- y si bien debemos reconocer que bajo nuestro sistema nuestros jueces, tienen libertad en la forma de apreciar la prueba, pero no pueden apartarse o seguir las reglas de la lógica, experiencia y psicología, que conlleven a apreciar las pruebas con un correcto entendimiento; decir hacer un razonamiento que sea convincente, claro, coherente y con precisión; pero esto ha sido soslayado en el presente caso, aun cuando se haya pretendido realizar por el sentenciador, toda una valoración, pero se reitera resulta incongruente; pues en esencia las pruebas recibidas se les valora, en un contenido inexacto y se les da un valor probatorio del que razonablemente carecen, todo esto enmarcado dentro del “Principio de valoración razonable de la prueba”. CUARTO: por todo lo dicho resulta más que evidente la flagrante violación en la forma de valoración de la prueba conforme a los principios que la informan y que hacen que el tribunal de sentencia en el presente caso, haya vulnerado el principio de la sana critica, pues la valoración en conjunto con otras pruebas que según el tribunal hace, se aparta de dichas reglas de valoración y principios y más aún cuando jamás fue sometida al contradictorio pruebas vitales cuya carga probatoria correspondía al ente acusador, ni mucho menos a la inmediación como para que el tribunal ha declarado “no hacer referencia”.-en conclusión El Tribunal sentenciador ha violentado las reglas de la sana critica específicamente como reitero la LOGICA en su postulado de la coherencia en su principio de razón suficiente, ya que con las pruebas presentadas en el juicio oral y público, el Tribunal no tiene razón suficiente para inferir la culpabilidad de nuestro representado en los hechos a él acusados, razón por lo cual es procedente anular el presente juicio y llevar a cabo un nuevo debate donde el nuevo sentenciador si observe correctamente las reglas de la sana crítica, por lo que solicitamos sea declarado con lugar el presente recurso.- Debe indicarse que no pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en que consiste el motivo, porque éste se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estamos impugnando.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que(Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por los Abogados N. E. F. y F. O. M., Defensores Privados del Señor J. W. R. Q..- Único Motivo. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 90en relación al artículo 82de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al Debido proceso al fundamentar el Tribunal de Sentencia el fallo en un medio de Prueba que es de carácter ilícito; Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Se interpuso en el debido momento procesal Incidente de Nulidad; Pretensión: Casar la Sentencia Condenatoria y ordenar la Libertad del acusado. Los Censores afirman que el medio de prueba consistente en la declaración del Testigo Clave RRLL-10, tomada bajo el protocolo de prueba anticipada, es de carácter ilícita, por lo cual no debió haber sido valorada positivamente por el Tribunal de Sentencia; Alegan que tal consideración violenta el Derecho Fundamental a un Debido Procesal; Señalan que tal ilicitud es como consecuencia de: 1. No se cumplieron los requisitos de legalidad, al no estar presente el acusado J. W. R. Q., al momento en que el Testigo rindió su declaración; 2. La declaración del testigo fue recibida aún a pesar de que éste no portaba ningún documento de identificación; 3. Para la toma de la prueba anticipada no se cumplieron los presupuestos del artículo 253 al 258 del Código Procesal Penal, pues el testimonio va relacionado con un reconocimiento fotográfico; 4. No se realizaron las gestiones pertinentes para tratar de localizar al testigo para su comparecencia a la audiencia de debate, por lo que no debió introducirse por lectura su declaración; y 5. Es falso que al testigo se le haya mostrado una fotografía del acusado al momento de poner la denuncia, pues, dicha fotografía fue tomada tres meses después del hecho, cuando el acusado se encontraba en un centro penal por un hecho distinto. IV.II.I- Del Debido Proceso Penal La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.- La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Noviembre del 2011 en Exp 318-2010). Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, en relación al Derecho de defensa la Sala de lo Penal ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de Noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09);Además esta Sala de lo Penal ha establecido que “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa de derechos subjetivos es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando el deber de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. Los Censores señalan que la violación al derecho de defensa se materializó al haber el Tribunal de Sentencia introducido por lectura la declaración anticipada del Testigo Protegido, impidiendo la debida contradicción por la imposibilidad de la defensa privada de interrogar directamente al testigo. IV.II.II. De la Prueba Anticipada Como regla general para que el Tribunal de Sentencia pueda valorar un medio de prueba, éste debió haber sido presentado y reproducido en la audiencia de debate (Art. 342 del CPP), ello con el afán de que en ese acto se observen los principios informadores del proceso como ser la publicidad, inmediación, concentración, contradicción, defensa y oralidad; Sin embargo existen casos que para su preservación o aseguramiento es necesario que el medio de prueba sea recibido de manera previa a la audiencia de debate, para ser presentado en éste mediante un formato de registro ya sea video, audio o acta escrita.

Establece el artículo 277 del Código Procesal Penal lo relativo a la prueba anticipada: 1).- Casos en que procede: Además de los requisitos de utilidad, pertinencia y proporcionalidad relacionados con el thema probandi (Art. 199 del CPP), la prueba anticipada deberá de ser ordenada en los casos donde exista peligro que la prueba este expuesta a deterioro, a posibles contaminantes, en los casos de pruebas irrepetibles o incompatibles con la concentración del debate: A) Son Ejemplo de causas por el Objeto de Prueba: i) cuando la Prueba por su naturaleza perecedera pueda destruirse o dañarse en el tiempo en que tome la celebración de la audiencia de debate; ii) Cuando exista riesgo que el objeto de prueba pueda ser destruido u ocultado; iii) Cuando se trate de medios de prueba cuya realización no pueda ser llevada a cabo en las instalaciones físicas del Tribunal, como ser exhumaciones de cadáver, autopsias, evaluaciones y exámenes clínicos, exámenes de laboratorio incluyendo los toxicológicos, pericias balísticas, etc.; iv) Cuando se trate de Objetos de prueba que deban de ser analizados en un lugar diferente al asiento del Órgano Jurisdiccional, incluyendo aquellos que deban de ser analizados fuera del territorio nacional; entre otros ejemplos. B).- Son Ejemplo de causas por la Fuente de Prueba: i) Cuando un testigo o perito se encuentre padeciendo de enfermedad que le pueda incapacitar para participar en el debate o le pueda privar de la vida; ii) Cuando penda sobre un testigo o perito amenaza grave en contra de su vida o la de un familiar y éste deba de ser sometido a un régimen de protección que le impida presentarse a la audiencia de debate; iii) Cuando exista indicio racional que el perito o testigo pueda ser influido en su ánimo de decir verdad mediante presiones, amenazas, pago o promesa remuneratoria; iv) Cuando el perito o testigo deba de abandonar el país sin fecha conocida de retorno o cuando ésta supere el tiempo en que deba celebrarse la audiencia de debate.- C).- Es Ejemplo de causa por el carácter irrepetible de la prueba: Cuando sea necesario el reconocimiento en rueda de una persona (Art. 256 del CPP). Es de tener en cuenta que los casos que contempla el artículo 277 del Código Procesal Penal son ejemplificativos y no taxativos, por lo que cualquier otro motivo que la casuística presente podrá ser considerado siempre que éste represente peligro de pérdida del medio de prueba.- 2).- Parte Solicitante: Cualquiera de las partes podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente el recibimiento de un medio de prueba de manera anticipada; Es importante resaltar que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, en su caso, solicitaran el recibimiento de la prueba anticipada antes de la presentación del requerimiento fiscal cuando se trate de diligencias de investigación distintas a las que les autoriza practicar el Código Procesal Penal en la etapa de la Investigación Preliminar (Art. 264.2 y 273 del CPP), en especial aquellas donde la ley ordena el ineludible control judicial (Intervención Telefónica, Intervenciones Corporales en Zonas Intimas, Allanamientos de Moradas, Etc.,). 3).- Órgano Jurisdiccional Competente: Será componente para resolver y recibir la prueba anticipada el Tribunal de Primera Instancia conforme a la etapa del proceso que se esté cursando, por tanto corresponderá al Juzgado de Letras o el Tribunal de Sentencia que éste conociendo de la causa Criminal; Cuando la solicitud de prueba anticipada sea presentada previo a la presentación del requerimiento fiscal será competente de conocer ésta el Órgano Jurisdiccional que eventualmente le competa conocer del Requerimiento Fiscal sobre la causa conforme a las reglas que establecen los artículos 19 del Código Penal y, 61, 62, 63, 64, 66, 67 y 69 del Código Procesal Penal. 4).- Momento Procesal de la Solicitud: El Recibimiento de prueba anticipada podrá realizarse en cualquier etapa del proceso siempre que sea antes de la audiencia de debate, incluso, como ya se ha mencionado, previo al inicio del proceso penal como acto de investigación que amerite control judicial. 5).- Procedimiento: Comprobado que sea que la petición se base en una causa legítima de recepción de prueba anticipada, el Juzgado de Letras Competente, admitida que sea la solicitud, ordenara la práctica de la diligencia de prueba de la forma prevista para la audiencia de debate y si éste no se encuentra expresamente reglado, se ordenara su práctica siguiendo las formas del medio de prueba que más se le asemeje con estricto cumplimiento de los principios informadores del proceso, líneas atrás enumerados y conforme al Principio de Libertad Probatoria. 6).- Personas que Intervendrán en la Prueba Anticipada: A).- Solicitud de Prueba Anticipada previo al Requerimiento Fiscal: Como regla general a la diligencia deberán de comparecer el Juez(a) acompañado de su respectivo ministro de fe, el fiscal del Ministerio público y un defensor público que controle el acto, además las partes podrán ir acompañadas de su respectivo consultor técnico previa autorización del Tribunal; Es importante señalar que para este momento procesal no existe aún una persona imputada dado que aún no se ha presentado requerimiento fiscal (Art. 101 primer párrafo del CPP), y que muchas veces las pruebas anticipadas en esta etapa además de perseguir asegurar el medio de prueba para el debate sirven para efectos de investigación y poder determinar qué persona es la posible responsable del delito, por lo que el Tribunal solo tendrá la obligación de citar para su intervención a las personas que hasta el momento se hayan identificado como sospechosas de una línea de investigación firme, en caso de haberlas, en todo caso los intereses de la persona que eventualmente figure como imputada si se presentase requerimiento fiscal, estarán representados y defendidos anticipadamente por un Defensor Público, o eventualmente, por un Defensor de Oficio (Art. 112, 115 y 119 del CPP). B).- Solicitud de Prueba Anticipada después de la Presentación del Requerimiento Fiscal: Igualmente como regla general deberá de intervenir el Órgano jurisdiccional, llámese Juez de Letras o Tribunal de Sentencia, el Fiscal del Ministerio Público, el imputado con su defensor público o privado, y los consultores técnicos que tengan a bien las partes.- En cuanto al imputado que se encuentre en libertad, éste deberá de ser citado debidamente por el órgano jurisdiccional para que se presente en la diligencia, más su ausencia no será causa para reprogramar la práctica de la prueba; En caso de que la persona imputada se encuentre privada de su libertad por resolución judicial, el órgano jurisdiccional se asegurara de su participación, salvo que el propio imputado solicite no intervenir o porque exista riesgo fundado de que pueda aprovechar la diligencia para tratar de fugarse.- En cuanto al Agente Fiscal y al defensor Público o Privado su presencia es de carácter obligatoria, por lo que su ausencia causara la suspensión de la diligencia por el tiempo estrictamente necesario, pudiendo el órgano jurisdiccional ordenar la intervención de otro agente Fiscal o de un Defensor Público cuando la urgencia del caso lo amerite, sin perjuicio de las sanciones procesales para los profesionales del derecho que sin justa causa no hayan atendido el llamamiento judicial.- Como excepción el Tribunal podrá ordenar que a la diligencia de prueba anticipada solicitada previo a la presentación del requerimiento fiscal o después de su presentación, no intervengan las partes cuando exista riesgo de que su participación, presencia o conocimiento pueda influir negativamente en el resultado, como por ejemplo los actos de investigación de intervención telefónica o allanamiento de morada, cuando la presencia de las partes carezca de utilidad procesal o cuando pueda perjudicar el éxito de la diligencia (Art. 242 último párrafo del CPP).- 7).- Presentación de la Prueba Anticipada al Debate: La prueba anticipada será presentada para su examen conforme el formato en que se haya registrado (video, audio o acta), en caso que conste por escrito, deberá de dársele lectura integra por el Secretario/a del Tribunal (Art. 311 del CPP); No se deberán de recibir en la audiencia de debate la prueba anticipada cuando ésta pueda ser presentada directamente, así pues el testigo o perito del que se temía por su vida o que se había previsto saldría de viaje, deberán de ser llamados y escuchados directamente en la audiencia de debate en caso de que sea posible y solo cuando no sea así es que se procederá a la reproducción de la prueba anticipada. 8).- Valoración de la Prueba Anticipada: El tribunal de Sentencia deberá de valorar la prueba anticipada conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 del CPP), tomando siempre en consideración que éste tipo de medios de prueba son la excepción al Principio de Inmediación, por lo que dentro del razonamiento el Tribunal deberá de ocupar espacio para contemplar las limitantes del medio de prueba provocada por la falta de inmediación. IV.II.III.-De la Prueba Ilícita Otro de los alegatos de los Censores es que el medio de prueba anticipada introducida al debate, es una prueba ilícita, con lo cual se hace necesario definir tal concepto. Señala el artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas y con ello: todo funcionario y empleado público debe de desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces. El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta.- Particularmente en el Proceso Penal, el respecto al Derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida.– Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal. La Prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha contrariado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno Hondureño y que compongan el bloque Constitucional.- De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: A. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; B. Que dicha obtención haya sido contrario a la ley, es decir no amparada por la ley; Incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales o de Derechos Humanos; C. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; D. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que éstas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; E. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, F. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. El Legislador Hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (Árbol Envenenado); Pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (Frutos del Árbol Envenenado[2]). Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista; A partir de ésta idea ultima la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente en ningún caso ni en ningún tiempo, más si es posible apreciar la prueba que se le derive (El Fruto de ese Árbol Envenenado), siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: A. Hallazgo Inevitable o Descubrimiento Inevitable: Cuando la prueba derivada, con o sin la prueba ilícita, estaba destinada a ser encontrada; Dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porque la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita; y, B. Fuente Independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba lícito e independiente al de carácter ilícito; Entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe de haber dependencia existencial, relación o subordinación. El estudio a desarrollar por los Juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto ésta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita.- El Control Procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (artículo 317 del CPP) o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (artículo 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (artículo 220 CPP). Ahora bien, la prueba ilícita no debe de ser confundida con la Prueba Ilegal, puesto que si bien la existencia de ambas es una ofensa al Derecho a un Debido Proceso, la primera implica la transgresión directa a un derecho fundamental o un derecho humano de carácter insubsanable, en cambio la segunda implica una transgresión a una norma procesal, que puede ser subsanada o saneada a depender de la naturaleza de la infracción. La Prueba Ilegal es aquella que es calificada así, no como consecuencia de su origen o proceso de obtención, sino como consecuencia de la inobservancia de la ley procesal al momento de su reproducción en el proceso penal y que puede ser o no subsanable o saneada. Una actividad probatoria irregular se produce cuando el medio de prueba (medio por el cual se introduce la prueba al proceso), se aparta de la forma prescrita en la ley procesal (tratándose de un medio probatorio típico) o en su caso cuando no adopta la forma que los principios generales del proceso mandan para la actividad probatoria (tratándose de un medio de prueba atípico); Tal desviación puede producir varias consecuencias: A. Un Acto Válido y Eficaz; Aquellos que adoleciendo de un vicio como consecuencia de su práctica de manera distinta a la prevista en la ley procesal, sean objeto de saneamiento posteriormente a su producción, volviéndose válidos y eficaces.- Tal saneamiento puede ser por petición de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional mediante, (Art. 171 del CPP): a. Renovación del acto con o sin efectos retroactivos; b. Rectificando el error en que se haya incurrido; o c. Cumpliendo con el acto omitido. Condiciona la norma procesal que el saneamiento será procedente siempre que no implique retrotraer el proceso a etapas o fases ya precluidas. B. Un Acto Invalido pero Eficaz: El medio probatorio tendrá eficacia, aun cuando mantenga su invalidez (por contrariar la ley procesal), cuando sea subsanación por: a. Preclusión para Denunciar el Vicio: Cuando ninguna de las partes, conociendo el vicio, no haya reclamado oportunamente la nulidad (Art. 170.1 del CPP); b. Consentimiento: Cuando las partes hayan aceptado los efectos del acto viciado, ya sea expresamente mediante una manifestación en ese sentido, o tácitamente cuando se aprovechen del acto probatorio (Art. 170.2 del CPP); c. Finalidad Cumplida: Cuando el acto probatorio, a pesar de su vicio, haya alcanzado la finalidad perseguida con el mismo (Art. 170.3 del CPP). C. Un Acto Invalido e Ineficaz: Nos referimos a los medios de prueba que no son susceptibles de subsanación, al ser sancionados por la ley procesal con la nulidad, siendo éstos los que se subsuman en los presupuestos del artículo 166 del Código Procesal Penal; Asimismo serán inválidos e ineficaces aquellos que adoleciendo de vicios distintos a los contemplados en el artículo 166 del Código Procesal Penal, sean anulables por no haber sido objeto de oportuno saneamiento. En Conclusión constituye Prueba Ilegal los Actos Probatorios que sean Inválidos e Ineficaces, careciendo por tanto de valor probatorio. En el proceso penal, el control de la prueba ilegal se realiza en la audiencia de proposición de medios de prueba y en la audiencia de debate, cuando la parte interesada abra el espacio de incidentes; También el Tribunal de Sentencia podrá, conforme a la prueba reproducida, declarar un medio de prueba determinado como ilegal en la sentencia, después de haber concluido así luego de la valoración de éste. IV.II.IV- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.-Esta Sala de lo Penal ha revisado la denuncia hecha por los censores contra el medio de prueba consistente en la declaración del Testigo Protegido RRLL-10, concluyendo que en la producción del medio de prueba, no ha existido violación a derechos fundamentales o derechos humanos, en particular al derecho de defensa alegado, por lo que éste es de carácter lícito y además ha revisado el proceso de presentación y evacuación en la audiencia de debate como prueba anticipada advirtiendo la estricta observancia de las normas procesales vigentes, por lo que igualmente es de carácter legal. Los Censores formulan protesta contra el medio de prueba referido presentando argumentos no procedentes, a saber: 1. Indican que el acusado J. W. R. Q., no estuvo presente al momento de que el Testigo rindió su declaración testifical. Tal argumento no fue respaldado por ningún medio de prueba, por lo que esta Sala de lo Penal, para apreciar su existencia, debe de ampararse a lo que consta en el acta que contiene la declaración testifical referida, misma que esta agregada en el acumulado judicial a folio 132 de la primera pieza; En dicha acta se lee que el Testigo, al ser preguntado cómo era la persona que le amenazo con un arma de fuego, respondió “está aquí”; Además consta al final del acta la firma del acusado, la que a simple vista comparte las mismas características a la firma que obra al final del Acta de Lectura de derechos (F. 33), y la audiencia de declaración de imputado (f. 38 v), lo que hace concluir que el acusado si se encontraba presente al momento de que se produjo la declaración del testigo protegido. 2. Señalan los Censores que la declaración del testigo fue recibida, aún a pesar de que éste por portaba ningún documento de identificación. Es importante señalar que toda persona que participe como testigo en un proceso judicial debe de ser debidamente identificada, lo cual consiste en poder determinar sus nombres y apellidos completos, así como demás datos generales como edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, domicilio actual y demás datos que sean necesarios según el caso concreto.- La identificación del testigo es precisa pues repercute en varios aspectos procesales importantes:i).- Identidad de la Persona: Se coteja que la persona que compárese es quien dice ser, descartando los casos de usurpación de identidad; ii).- Imparcialidad Judicial: Se verifica que el testigo no tenga ningún tipo de vinculación con los órganos jurisdiccionales llamados a conocer el caso concreto, descartando cualquier conflicto de intereses y por ende cualquier causal de excusa o recusación por y en contra de los/as funcionarios/as judiciales;iii).- Derecho de Defensa: Las partes litigantes pueden ejercer plenamente el derecho de defensa, pues identificando a la persona del testigo pueden controvertir su credibilidad al tener la oportunidad de conocer casos de interés directo sobre el hecho, relaciones con alguna de las partes o con algún operador de justicia, posibilidad real de haber presenciado los hechos, etc.iv).- Valoración del Testimonio: Mediante la identificación del testigo el Órgano Jurisdiccional puede saber quién es el declarante, sus credenciales, sus antecedentes, permitiendo hacer una valoración más acertada conforme a las reglas de la sana crítica de lo que éste/a refiere saber.v).- Publicidad: La identificación del testigo forma parte del principio general de publicidad que rige todo proceso penal, el cual determina que todos los actos procesales como regla general y salvo las excepciones previstas en la ley, serán de carácter público. El proceso de identificación de una persona que es llamada a participar en un proceso penal como testigo deberá realizarlo el órgano jurisdiccional a su satisfacción (Art. 330 cpp) por cualquier medio que sea objetivamente confiable, ya sea por conducto de algún documento público o privado, a través de reconocimiento de personas en rueda (Art. 253 cpp) u otro medio análogo, luego de lo cual procederá a formularle advertencia por el delito de falso testimonio y a tomarle la promesa de ley (Art. 129 cpp) invitándole seguidamente a que relate lo que sabe sobre los hechos por los cuales fue llamada a comparecer. Es importante advertir que en los casos en donde se haya decretado la reserva de la identidad del testigo como medida de protección, la identificación se realizara solamente ante el Órgano Jurisdiccional, manteniendo tales datos en reserva, limitándose a informar a las partes y al público que el testigo protegido fue identificado, y anotando cualquier observación que éstas hagan. En el presente caso la persona que protesta la Defensa Privada como no identificada se trata de un testigo protegido (RRLL-10), quien compareció a la audiencia de declaración sin su cedula de identidad; Sin embargo si bien el documento de Identidad es la forma ideal de identificar a una persona, no es la única forma, pues como se ha indicado líneas atrás, tal identificación puede realizarse de manera diversas, inclusive mediante la entrevista con el propio compareciente, ello sin perjuicio de la valoración que haga de ello el Tribunal de manera posterior; Es de tener presente que el testigo explicó en su declaración que fue objeto de robo de sus documentos identificación, siendo ello la razón que le impidió presentar el mismo en la audiencia y por ello relevado de la obligación de presentar el mismo.- Por otro lado la persona compareciente es la víctima del delito, siendo uno de sus derechos comparecer al proceso y ser escuchada en el mismo, conforme lo dispone el artículo 16 del Código Procesal Penal; Negarle tal derecho implicaría transgresión a su propio derecho de defensa de sus intereses subjetivos. 3. Los Censores plantearon que la prueba anticipada no se cumplieron los presupuestos del artículo 253 al 258 del Código Procesal Penal, pues el testimonio va relacionado con un reconocimiento fotográfico. Tal argumento es improcedente, pues el medio de prueba en cuestión es Testifical, así lo solicitó el Ministerio Público en su escrito (f. 199), así concedido por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula (f. 123) y así posteriormente evacuado (f. 132); El hecho que el Testigo protegido haya hecho mención que le fue presentada unas fotografías por la policía al momento de formalizar su denuncia, no transmuta la diligencia en otro medio de prueba distinto (reconocimiento de personas), pues tal hecho es una referencia del Testigo respecto a lo sucedido después de haber sido víctima del delito de robo, lo que junto a lo demás referido por éste, es lo que valoro el Tribunal de Sentencia; Llámese la atención que dentro de los medios de prueba propuestos por las partes no se enlista ningún medio de prueba de reconocimiento de personas. 4. Arguyen los Censores que no se realizaron las gestiones pertinentes para tratar de localizar al testigo para su comparecencia a la audiencia de debate, por lo que no debió introducirse por lectura su declaración. Como se ha indicado Ut Supra, conforme a la legislación vigente, la declaración del testigo protegido solo será introducida al debate cuando éste no pueda comparecer personalmente (Art. 311.1 cpp), imposibilidad que fue acreditada en el caso de examen y por lo cual la introducción por lectura del testimonio dado como prueba anticipada es conforme a derecho.- Considérese que el Ministerio Público ofertó en la audiencia de proposición de medios de prueba la declaración del Testigo Protegido RRLL.10, pero además propuso la declaración rendida por dicho testigo de manera anticipada, en el caso de que éste no pudiese comparecer a la audiencia(f. 167); Medios de prueba que fueron admitidos.- Posteriormente en la audiencia de debate el Tribunal de Sentencia constató la imposibilidad de hacer llegar el testigo a la audiencia, ordenando la introducción por lectura del testimonio rendido como prueba anticipada; Imposibilidad que se evidenció mediante: i).- Acta de fecha 17 de abril de 2012 (f. 189), donde el Analista de Investigación Criminal del Ministerio Público informando que no fue posible encontrar al testigo en su domicilio, teniendo referencia de una persona que se había mudado hacía algún tiempo; ii).- Constancia de la Receptora del Tribunal de Sentencia de fecha 09 de Mayo de 2012, en el que informa la imposibilidad de citar al Testigo Protegido en virtud de haber cambiado de domicilio (F. 204); iii).- Suspensión del debate por 12 días hábiles para efectos de localizar al testigo protegido, luego de lo cual la Receptora del Tribunal informó la imposibilidad de citarlo en virtud de haber cambiado de domicilio, sin que se sepa el actual (f. 211). 5. Finalmente los Censores argumentan que es falso lo dicho por el testigo protegido al señalar que le fue mostrada una fotografía del acusado al momento de poner la denuncia, pues señalan que dicha fotografía fue tomada tres meses después del hecho, cuando el acusado se encontraba en un centro penal por un hecho distinto. Este argumento final no se relaciona con el proceso de proposición o producción de la prueba anticipada, ni con su presentación y evacuación en la audiencia de debate, sino que es un argumento propio de instancia que cuestiona credibilidad, como consecuencia no debe de ser atendido al no estar relacionado con el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Se establece que el medio de prueba declaración testifical tomada bajo el protocolo de prueba anticipada, fue propuesta y producida conforme a las normas procesales vigentes, con la intervención de la defensa del acusado, por lo que se descarta la existencia de transgresión al debido proceso o al derecho de defensa; Igualmente se constató que el medio de prueba fue evacuado por lectura al darse uno de los presupuestos excepcionales previstos en el Código de Rito.- En conclusión el medio de prueba es de carácter lícito y respetuoso de la legalidad procesal. IV.III.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.III.I.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por los Abogados N. E. F. Q. y F. O. M., apoderados defensores privados del acusado J. W. R. Q.. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la Valoración Probatoria; Acciones de Saneamiento o Subsanación: Imposibilidad de saneamiento o subsanación, dado que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Anular la sentencia Recurrida. Los Censores exponen no existe soporte valido para haber dado por acreditado que el Señor J. W. R. es la persona responsable del delito; Analizan que una persona víctima de un delito, por el estado emocional nunca pone atención al rostro de su agresor, a sus características físicas o a su vestuario, mucho menos para indicar la marca de la camisa y/o el pantalón como lo hiciere el testigo protegido; Señala que la declaración del testigo protegido no es coherente, pues primero indica que le fue robado su teléfono celular, pero después indica que de inmediato hizo una llamada a la policía, debiendo ser interrogado el cómo pudo hacer dicha llamada; Acusan que los Juzgadores no valoraron la prueba de manera conjunta y armoniosa la declaración del testigo protegido y el acta de reconocimiento fotográfico entre las cuales hay evidentes contradicciones, apreciándose incluso que la firma del testigo protegido es distinta; Indican que se falta a la verdad en el acta de reconocimiento fotográfico (f. 64), pues no se tuvo una fotografía del acusado sino hasta meses después de la fecha en que se efectuó dicha diligencia. IV.III.II.- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- En principio, al analizar el motivo planteado a la Sala de lo Penal discierne que la mayoría de los argumentos son propios de la primera instancia y ajenos a la naturaleza de la Única Instancia en donde nos encontramos, pues con ellos se pretende una reevaluación del medio probatorio: Prueba Testifical RRLL-10, en un sentido favorable a la tesis de la defensa; Así pues el cuestionamiento de si el Testigo Protegido pudo o no observar las características de las personas que le amenazaron con un arma de fuego por su condición anímica del momento, son aspectos que debieron dilucidarse en debate; Véase que la protesta no va dirigida a la valoración que de ello hizo el Tribunal de Sentencia como forma de controlar el razonamiento judicial (objeto de la casación), sino en el sentido de que la valoración es distinta a la que los Censores consideran es la correcta y que exponen en su recurso (revalorización de medios de prueba inadmisible en casación).- Agrega esta Sala de lo Penal, como aclaración, el hecho de que el testigo protegido en ningún momento menciona la marca de la vestimenta de su agresor, sino lo que hace es señalar el estilo de la camisa, cuando refiere que era “tipo polo”. (F. 132 v.). Mencionan además los Censores que el testigo protegido no fue interrogado el cómo pudo llamar a la policía después de haber perdido su teléfono celular en el asalto; Tal omisión no constituye argumento válido que vaya dirigido contra una incorrecta valoración probatoria, sino que es un vacío de información que no invalida lo dicho por el testigo ni lo valorado por el Tribunal y que, en su caso, es causa imputable a la propia defensa del acusado, quien estando presente en la diligencia probatoria no formulo ninguna pregunta al testigo (f. 132). En lo que concierte al control de razonamiento cuyo propósito es el recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación de sana critica, los Censores hacen dos denuncias puntuales: i).- Una posible falsedad en relación a la existencia de la fotografía del acusado al momento en que se efectuó un reconocimiento fotográfico por parte del Testigo Protegido; ii).- Supuestas contradicciones entre el acta de reconocimiento fotográfico y el medio de prueba declaración del testigo protegido recibido bajo el protocolo de prueba anticipada. Para dar respuesta a los Censores es preciso revisar la etapa de preparación del debate, específicamente la audiencia de proposición de medios de prueba de fecha 20 de Junio de 2011 (f. 167); En esta audiencia se puede apreciar cuales fueron los medios que fueron ofertados por las partes y admitidos por el Tribunal de Sentencia, advirtiendo que entre el acervo no fue propuesto ningún acta de reconocimiento fotográfico, oficios, notas o álbumes fotográficos o fotografías, y en particular ninguna de las defensas propuso medios de prueba; Por otra parte, en la apertura de la audiencia de debate (f. 209), en la fase de incidente tampoco fue propuesto ninguno de estos medios de prueba por las partes. Como consecuencia de lo anterior, es improcedente el alegato de los Censores, pues con éste se formula reproche al Tribunal de Sentencia de no haber valorado un documento (acta de reconocimiento fotográfico), que no forma parte de la carga probatoria; Es importante recordar que el Artículo 333 del Código Procesal Penal es terminante al indicar que durante el debate solo se podrán evacuar los medios de prueba que hayan sido oportunamente propuestos y, por su parte el artículo 338 del mismo cuerpo legal dispone que solo se valoraran los medios de prueba que hayan sido evacuados en el debate, de modo que le es prohibido a los Tribunales de Sentencia tomar en consideración prueba que no haya sido oportunamente propuesta y debidamente evacuada en la etapa de juicio; De hecho, en el caso de que lo hicieren, ello constituiría en un vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del cuerpo legal citado que invalida la sentencia. V. DECISIÓN No ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, Decide: 1. Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por los Abogados N. E. F. Q. y F. O. M.; 2. Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por los Abogados N. E. F. Q. y F. O. M.; 3. Declara Firme y Ejecutable la Sentencia de fecha quince (15) de Junio de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que contiene la sentencia condenatoria dictada en contra del Señor J. W. R. Q., por ser autor de un delito consumado de Robo de Vehículo en perjuicio de Persona de Identidad Reservada. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme.- Notifíquese.- FIRMAS Y SELLO.- José Olivio R. Vásquez.- Magistrado Coordinador.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-114-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United State (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).