Sentencia CP-11-14 — Registro 14272
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP contra la sentencia que condena al menor infractor a título de Autor de la infracción penal de Violación Especial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO.-La Sala de lo Penal advierte que si bien son dos los motivos expuestos, éstos gravitan en torno a un mismo tema: la decisión del Tribunal de Justicia de la primera instancia respecto a las sanciones a cumplir por el menor Infractor.- La Defensa Pública, en la contestación del recurso señala que el Recurso de Casación debe ser desestimado pues resulta contradictorio, ya que al indicar el Pretensor que hay una motivación jurídica insuficiente implica que existe motivación pero que ésta es incompleta, lo que no sería compatible cuando se alega al mismo tiempo carencia de motivación jurídica pues ello es la ausencia total de motivación, contradiciéndose con el motivo anterior. Para esta Sala de lo Penal resulta que la contradicción es solo aparente, pues el Pretensor se refiere a aspectos distintos en la motivación jurídica de la sentencia: por una parte a la motivación jurídica insuficiente al momento de resolver una petición formulada por el Ministerio Público sobre las sanciones que debían ser impuestas al justiciable y por otro lado a la motivación judicial inexistente respecto a la decisión de oficio tomada por el Juez de Letras sobre las sanciones impuestas al menor infractor. Para dar respuesta al Pretensor, primero es preciso considerar que conforme a la legislación vigente (distinta a la que imperaba en la fecha en que se dictó la sentencia impugnada) el objeto del Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora es la rehabilitación integral y reinserción a la familia y la comunidad del menor infractor (Art. 180 del CNA); Por ello el sistema comprende el proceso para determinar la existencia de la comisión de una infracción penal, la identificación de su autor, el grado de su participación, la aplicación de medidas alternativas o de simplificación procesal, las sanciones y las reglas de aplicación de las mismas.- Debe entenderse como sanciones a aquellas que el órgano jurisdiccional impone como consecuencia de haber declarado responsable a un niño de una infracción penal (Art. 187-A CNA); Las sanciones resultan el aspecto más importante, pues es precisamente el objeto del sistema, por lo que el proceso de imposición y ejecución debe de ser riguroso. Las sanciones que actualmente contempla el Código de la Niñez y de la Adolescencia como aquellas que pueden ser impuestas a un niño responsable de una infracción penal son: a. Sanciones no privadas de libertad: 1. Amonestación 2. Libertad asistida 3. Prestación de servicios a la comunidad y, 4. Reparación del daño a la víctima. a. Sanciones de orientación y supervisión: 1. Residir en un lugar determinado o cambiarse de él 2. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas 3. Abstenerse de consumir drogas, otros estupefacientes o bebidas alcohólicas, que produzcan adicción o hábito 4. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones 5. Someterse a programas educativos con el fin de comenzar o finalizar la escolaridad básica, si no la ha cumplido, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez 6. Someterse, si es necesario, a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas y, 7. Asistir o integrarse a los correspondientes sistemas o centros educativos. a. Sanciones privativas de libertad: 1. La privación de libertad domiciliaria 2. Régimen de semi-libertad y, 3. La privación de libertad en centros certificados o especializados del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) para sancionados. Para la aplicación de las sanciones, el Juzgado Especial debe siempre tener en cuenta el Principio de la racionalidad, proporcionalidad y determinación de las sanciones que implica que deben ser racionales y proporcionales a la infracción cometida y adecuadas a las circunstancias en que se encuentre el infractor. (Art. 180-B CNA); Por ello la sentencia indefectiblemente debe contener la determinación clara, precisa y fundamentada de la sanción impuesta y su duración (Art. 238 CNA), pues la elección de éstas no constituyen una potestad arbitraria; El órgano jurisdiccional deberá elegir las sanciones que para el caso concreto sean las necesarias, idóneas y proporcionadas, para lograr el objetivo legal previsto para éstas: la incorporación del niño infractor a un proceso reeducativo, por medio de su formación integral y familiar, para lograr su inserción social y el pleno desarrollo de sus capacidades, mediante su orientación y tratamiento (Art- 195 CNA).- En la audiencia de lectura de sentencia, el juez deberá explicar, con especial atención al niño infractor, las sanciones que debe cumplir, las motivaciones de la imposición, las características generales de la ejecución y las consecuencias de su incumplimiento (Art. 238 CNA). Retornando al caso de mérito, el Ministerio Público tiene razón en las dos denuncias presentadas: INSUFICIENTE MOTIVACIÓN En las conclusiones de la audiencia, el Ministerio Público, después de desarrollar su análisis sobre la prueba, formuló petición formal a la judicatura de que se dictase en contra del niño C. D. V. R, una sentencia condenatoria y como sanción se impusiera la medida socio educativa de internamiento, por considerar que aun cuando esta es de carácter excepcional, es la que mejor se ajustaba a la necesidad del caso concreto debido a la naturaleza de la infracción realizada por el menor.- Tal petición no fue objeto de una respuesta clara por parte del juez actuante, dedicándole a penas unas líneas en el numeral sexto de la Fundamentación Jurídica de la sentencia, que ciertamente no satisfacen el concepto de Motivación Suficiente, ni siquiera la categoría de motivación racional, a saber: 1. El A-Quo, indica que la medida socio educativa solicitada (sin indicar que parte la solicitó), estaba contemplada en el artículo 188.h del Código de la Niñez y de la Adolescencia, sin hacer mención a que sanción se refiere (Internamiento), lo que constituye una omisión en la motivación pues la mera cita de la norma no le exime de ser lo más claro posible en la exposición de motivos, considerando que la sentencia tiene como destino a personas no letradas en derecho, y en especial al niño infractor. 2. El juzgador hace reclamo que el solicitante no propuso el término de cumplimiento de la medida, lo cual si bien es una omisión por la parte proponente, no constituye per se razón de descarte, dado que es precisamente el órgano jurisdiccional quien debe decidir el tiempo de la implementación de la medida socio/educativa que considera más propia para el caso concreto, conforme con la ley; En el mismo párrafo la sentencia señala que ninguna medida puede superar la duración del término establecido para cada una de ellas (sin decir que término es ese), lo que es una idea que no se articula con la línea de pensamiento que se estaba desarrollando, dejando al lector con la incertidumbre de lo que quiso decir el juzgador dada su lacónica exposición. Ciertamente el Tribunal de Justicia, ante el abanico de propuestas formuladas por las partes, deberá elegir aquella que esté más acorde al caso concreto, o inclusive, tratándose de las sanciones a imponer, podrá elegir del abanico legal una distinta a las propuestas, más en cualquiera de los casos deberá explicar motivadamente porque no es de su recibo lo que las partes le solicitan, pues con ello no solo honra la obligación de respuesta ante una petición (Art. 80 de la Constitución de la República), sino que deja de lado la arbitrariedad para abrazar la legalidad, al dar explicaciones razonadas y legales del por qué su criterio debe imperar por sobre el de la parte petente. CARENCIA DE MOTIVACIÓN El Juzgado de Letras, en la parte dispositiva de la sentencia, además de declarar con lugar la acción penal y señalar como responsable al menor C. D. V. de la infracción penal de Violación, en perjuicio de un niño de cuatro años, procede a señalar la consecuencia legal de esa declaración, enumerando las medidas socio educativas que aquel debía de cumplir, siendo éstas: 1.- Amonestación Verbal; 2.- Residencia Obligatoria en un lugar determinado; 3.- Libertad Asistida. Desafortunadamente las sanciones impuestas resultaron ser arbitrarias, pues de ellas no existe motivación alguna, es decir no existe en ninguna parte de la sentencia mínima explicación del por qué el juzgador consideró que en ese caso concreto se requería la imposición de dichas medidas socio/educativas en específico; Apenas al final del numeral séptimo de la Valoración de los Medios de Prueba se menciona que se considera para efectos de la imposición de las medidas a imponer la buena conducta del niño infractor, lo que no constituye explicación alguna. La falta de motivación general es una falta grave en el ejercicio de la jurisdicción, pues tal potestad solo se ve legitimada cuando el juzgador explica las razones de hecho y de derecho que le llevan a tomar una decisión; la falta es aún mayor cuando la omisión recae en la fundamentación de la pena o sanción, pues es precisamente ésta la que genera limitaciones a derechos que deben estar autorizados por la ley y la única forma de constatar ello es que volque en la sentencia una correcta motivación que identifique no solo la norma legal que autoriza al juez a imponer una sanción determinada en un caso concreto, sino que además que justifique su extensión y duración...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO.-La Sala de lo Penal advierte que si bien son dos los motivos expuestos, éstos gravitan en torno a un mismo tema: la decisión del Tribunal de Justicia de la primera instancia respecto a las sanciones a cumplir por el menor Infractor.- La Defensa Pública, en la contestación del recurso señala que el Recurso de Casación debe ser desestimado pues resulta contradictorio, ya que al indicar el Pretensor que hay una motivación jurídica insuficiente implica que existe motivación pero que ésta es incompleta, lo que no sería compatible cuando se alega al mismo tiempo carencia de motivación jurídica pues ello es la ausencia total de motivación, contradiciéndose con el motivo anterior. Para esta Sala de lo Penal resulta que la contradicción es solo aparente, pues el Pretensor se refiere a aspectos distintos en la motivación jurídica de la sentencia: por una parte a la motivación jurídica insuficiente al momento de resolver una petición formulada por el Ministerio Público sobre las sanciones que debían ser impuestas al justiciable y por otro lado a la motivación judicial inexistente respecto a la decisión de oficio tomada por el Juez de Letras sobre las sanciones impuestas al menor infractor. Para dar respuesta al Pretensor, primero es preciso considerar que conforme a la legislación vigente (distinta a la que imperaba en la fecha en que se dictó la sentencia impugnada) el objeto del Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora es la rehabilitación integral y reinserción a la familia y la comunidad del menor infractor (Art. 180 del CNA); Por ello el sistema comprende el proceso para determinar la existencia de la comisión de una infracción penal, la identificación de su autor, el grado de su participación, la aplicación de medidas alternativas o de simplificación procesal, las sanciones y las reglas de aplicación de las mismas.- Debe entenderse como sanciones a aquellas que el órgano jurisdiccional impone como consecuencia de haber declarado responsable a un niño de una infracción penal (Art. 187-A CNA); Las sanciones resultan el aspecto más importante, pues es precisamente el objeto del sistema, por lo que el proceso de imposición y ejecución debe de ser riguroso. Las sanciones que actualmente contempla el Código de la Niñez y de la Adolescencia como aquellas que pueden ser impuestas a un niño responsable de una infracción penal son: a. Sanciones no privadas de libertad: 1. Amonestación 2. Libertad asistida 3. Prestación de servicios a la comunidad y, 4. Reparación del daño a la víctima. a. Sanciones de orientación y supervisión: 1. Residir en un lugar determinado o cambiarse de él 2. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas 3. Abstenerse de consumir drogas, otros estupefacientes o bebidas alcohólicas, que produzcan adicción o hábito 4. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones 5. Someterse a programas educativos con el fin de comenzar o finalizar la escolaridad básica, si no la ha cumplido, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez 6. Someterse, si es necesario, a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas y, 7. Asistir o integrarse a los correspondientes sistemas o centros educativos. a. Sanciones privativas de libertad: 1. La privación de libertad domiciliaria 2. Régimen de semi-libertad y, 3. La privación de libertad en centros certificados o especializados del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) para sancionados. Para la aplicación de las sanciones, el Juzgado Especial debe siempre tener en cuenta el Principio de la racionalidad, proporcionalidad y determinación de las sanciones que implica que deben ser racionales y proporcionales a la infracción cometida y adecuadas a las circunstancias en que se encuentre el infractor. (Art. 180-B CNA); Por ello la sentencia indefectiblemente debe contener la determinación clara, precisa y fundamentada de la sanción impuesta y su duración (Art. 238 CNA), pues la elección de éstas no constituyen una potestad arbitraria; El órgano jurisdiccional deberá elegir las sanciones que para el caso concreto sean las necesarias, idóneas y proporcionadas, para lograr el objetivo legal previsto para éstas: la incorporación del niño infractor a un proceso reeducativo, por medio de su formación integral y familiar, para lograr su inserción social y el pleno desarrollo de sus capacidades, mediante su orientación y tratamiento (Art- 195 CNA).- En la audiencia de lectura de sentencia, el juez deberá explicar, con especial atención al niño infractor, las sanciones que debe cumplir, las motivaciones de la imposición, las características generales de la ejecución y las consecuencias de su incumplimiento (Art. 238 CNA). Retornando al caso de mérito, el Ministerio Público tiene razón en las dos denuncias presentadas: INSUFICIENTE MOTIVACIÓN En las conclusiones de la audiencia, el Ministerio Público, después de desarrollar su análisis sobre la prueba, formuló petición formal a la judicatura de que se dictase en contra del niño C. D. V. R, una sentencia condenatoria y como sanción se impusiera la medida socio educativa de internamiento, por considerar que aun cuando esta es de carácter excepcional, es la que mejor se ajustaba a la necesidad del caso concreto debido a la naturaleza de la infracción realizada por el menor.- Tal petición no fue objeto de una respuesta clara por parte del juez actuante, dedicándole a penas unas líneas en el numeral sexto de la Fundamentación Jurídica de la sentencia, que ciertamente no satisfacen el concepto de Motivación Suficiente, ni siquiera la categoría de motivación racional, a saber: 1. El A-Quo, indica que la medida socio educativa solicitada (sin indicar que parte la solicitó), estaba contemplada en el artículo 188.h del Código de la Niñez y de la Adolescencia, sin hacer mención a que sanción se refiere (Internamiento), lo que constituye una omisión en la motivación pues la mera cita de la norma no le exime de ser lo más claro posible en la exposición de motivos, considerando que la sentencia tiene como destino a personas no letradas en derecho, y en especial al niño infractor. 2. El juzgador hace reclamo que el solicitante no propuso el término de cumplimiento de la medida, lo cual si bien es una omisión por la parte proponente, no constituye per se razón de descarte, dado que es precisamente el órgano jurisdiccional quien debe decidir el tiempo de la implementación de la medida socio/educativa que considera más propia para el caso concreto, conforme con la ley; En el mismo párrafo la sentencia señala que ninguna medida puede superar la duración del término establecido para cada una de ellas (sin decir que término es ese), lo que es una idea que no se articula con la línea de pensamiento que se estaba desarrollando, dejando al lector con la incertidumbre de lo que quiso decir el juzgador dada su lacónica exposición. Ciertamente el Tribunal de Justicia, ante el abanico de propuestas formuladas por las partes, deberá elegir aquella que esté más acorde al caso concreto, o inclusive, tratándose de las sanciones a imponer, podrá elegir del abanico legal una distinta a las propuestas, más en cualquiera de los casos deberá explicar motivadamente porque no es de su recibo lo que las partes le solicitan, pues con ello no solo honra la obligación de respuesta ante una petición (Art. 80 de la Constitución de la República), sino que deja de lado la arbitrariedad para abrazar la legalidad, al dar explicaciones razonadas y legales del por qué su criterio debe imperar por sobre el de la parte petente. CARENCIA DE MOTIVACIÓN El Juzgado de Letras, en la parte dispositiva de la sentencia, además de declarar con lugar la acción penal y señalar como responsable al menor C. D. V. de la infracción penal de Violación, en perjuicio de un niño de cuatro años, procede a señalar la consecuencia legal de esa declaración, enumerando las medidas socio educativas que aquel debía de cumplir, siendo éstas: 1.- Amonestación Verbal; 2.- Residencia Obligatoria en un lugar determinado; 3.- Libertad Asistida. Desafortunadamente las sanciones impuestas resultaron ser arbitrarias, pues de ellas no existe motivación alguna, es decir no existe en ninguna parte de la sentencia mínima explicación del por qué el juzgador consideró que en ese caso concreto se requería la imposición de dichas medidas socio/educativas en específico; Apenas al final del numeral séptimo de la Valoración de los Medios de Prueba se menciona que se considera para efectos de la imposición de las medidas a imponer la buena conducta del niño infractor, lo que no constituye explicación alguna. La falta de motivación general es una falta grave en el ejercicio de la jurisdicción, pues tal potestad solo se ve legitimada cuando el juzgador explica las razones de hecho y de derecho que le llevan a tomar una decisión; la falta es aún mayor cuando la omisión recae en la fundamentación de la pena o sanción, pues es precisamente ésta la que genera limitaciones a derechos que deben estar autorizados por la ley y la única forma de constatar ello es que volque en la sentencia una correcta motivación que identifique no solo la norma legal que autoriza al juez a imponer una sanción determinada en un caso concreto, sino que además que justifique su extensión y duración..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual declaró al joven C. D. V. R., responsable a título de Autor de la infracción penal de Violación Especial en perjuicio de A. N. A. M., aplicándole la medihijdas socioeducativas que consistirán en: 1) Amonestación Verbal. 2) Residencia Obligatoria, y 3) Libertad Asistida, cuyas medidas pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas según las circunstancias que se presenten y que estén amparadas en ley. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado Gerlin Joel Padilla Isaula, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes en Única Instancia: La Abogada Diana Rodríguez, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado Arnaldo Alcides García, Defensor Público, en su condición de Recurrido. I. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: Que el día jueves treinta de mayo del año dos mil trece, entre las tres y cinco de la tarde, en la aldea Planes de Arena Blanca, la señora Gladis Oneyda Maldonado, se encontraba en su casa de habitación, cuidando a su hija K. M., la cual padece de Hidrocefalia, mientras su pequeño hijo A. N. A. M., se fue con su otra hermana a casa de su abuela materna, sonde se encontraba C. D. V.. Segundo: En un momento no preciso, C. D., llevó a A. N., hasta un lugar de la misma casa conocido como “la chancera”, ahí procedió a quitarle su short y bóxer, le puso saliva en su año penetrándole éste con su pene.Tercero: Aproximadamente a las seis y media de la tarde, A. N. fue a realizar sus necesidades fisiológicas y en el momento que su madre Gladis Oneyda Maldonado lo limpió observó que el excremento tenía sangre, así como también el papel higiénico con que lo limpió. Cuarto: Al día siguiente en horas de la mañana, A. N., le dijo a su madre que le dolía el “culito”, por lo que ésta le preguntó qué le había pasado, fue entonces que A. N., le contó lo sucedido, por lo que de inmediato buscó atención médica, a raíz de lo cual se dio cuenta del abuso sexual sufrido por el niño, procediendo a interponer la denuncia respectiva.”. II. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma De La Siguiente Manera:” Exposición De Los Motivos De Casación. Primer Motivo: “Adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica insuficiente”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El artículo 141 del Código Procesal Penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dicen: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos”. Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna, radica en insuficiencia de la motivación jurídica, debido a que el ente acusador solicitó se le impusiera al menor infractor la medida de internamiento de acuerdo a la infracción cometida por el menor, petición fundamentada en lo que preceptúa el artículo 188 literal h) del Código de la Niñez y la Adolescencia; si bien la aplicación de dicha medida, es de carácter excepcional, de conformidad al artículo 198 de la norma antes referida, esta consiste en privar de su libertad al niño, cuando la infracción cometida haya producido daño a la vida de una persona o haya consistido en amenazas o graves violencias contra otros seres humanos, además nos señala que esta medida se aplica por el menor tiempo posible y no podrá exceder del tiempo estrictamente necesario para la rehabilitación del niño y que la acumulación no podrá exceder de ocho años; pero en el caso subjudice, el juzgador procedió a imponer, al menor infractor otras medidas distintas a la solicitada, sin exponer de manera clara las razones que lo llevaron a tal decisión, pues solamente refiere, en el sexto numeral del apartado de Fundamentación Jurídica, que el Ministerio Público al momento de solicitar dicha medida no solicitó término para el cumplimiento de la misma, no quedando claro las razones por las cuales no le aplica la medida socio educativa solicitada, cuando tenía la obligación de explicar ampliamente de por qué no era procedente aplicar el internamiento solicitado por el acusador, y más aún cuando en el presente caso se cumplen con los presupuestos legales para la aplicación de dicha medida. Los argumentos antes señalados nos conducen a afirmar que en el caso subjudice, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el juzgador y que se ve reflejada en la fundamentación jurídica del presente fallo, al no haber expresado ampliamente los criterios legales que lo llevaron a determinar por qué no impuso al menor infractor la medida de internamiento solicitada por el ente acusador, lo que indiscutiblemente genera un vicio de forma que es manifiesto hasta el acto mismo de sentenciar, dando lugar para recurrir la sentencia por adolecer de una motivación jurídica insuficiente. En lo que respecta a la motivación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema A1a establecido que: “Que en el ámbito del Derecho Procesal la motivación puede ser definida como: “la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión.” Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de «racionalización» de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. Una motivación lógica de la sentencia debe responder entre otras características a las que demanda la coherencia, de ahí que la motivación deberá estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, y para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas, b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contradictorios que se anulen entre sí, y c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones respectivas”[1].De lo antes expresado, es evidente que el sentenciador ha incurrido en el vicio in procedendo que se alega, por lo que el presente motivo del recurso de casación debe ser declarado admisible.”. Segundo Motivo: Que la Sentencia carezca de una Motivación Jurídica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 363 numeral 3) del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El artículo 338, regla cuarta, numeral 3), del Código Procesal Penal, establece: “Las sentencias se redactaran por escrito, con sujeción a las reglas siguientes:… Cuarta:… .3. Fundamentación Jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas y otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados…..“, partiendo de esta disposición legal, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a darle respuesta a todas las cuestiones debatidas en el juicio, debiendo motivar su decisión, por ende su fallo debe ser congruente con la acusación, pues al no pronunciarse respecto a una de esas cuestiones estaríamos ante una incongruencia omisiva, que consiste en la ausencia de pronunciamiento, en el fallo de alguna de las cuestiones que constituyeron objeto de debate. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, consideramos que la sentencia proferida por el 1 juzgador contiene este vicio in iudicando, cuando en la parte de la fundamentación jurídica expone: “Tercero: Imponer al adolescente C. D. V. Ramos, las medidas socio-educativas siguientes: 1.- Amonestación Verbal: La cual consiste en un llamado de atención que la Juez hará oralmente al adolescente C. D. V. Ramos, mismo que se efectuó en esta misma audiencia, con el propósito que dicho adolescente en el futuro se abstenga de actuar en forma irregular, exhortándolo a que enmiende su conducta, extendiéndose dicho llamado de atención al abuelo del mismo para que asuma el rol que como tal debe desempeñar en la educación y formación de su nieto, a fin de que coadyuve a su enmienda, previniendo además a C. D. que si vuelve a reincidir en conductas de naturaleza delictiva será sancionado con medidas de mayor gravedad.- 2.- Residencia Obligatoria la cual deberá cumplir en la casa de su tío Ever Edgardo Ramos, quien reside en la Colonia Perpetuo Socorro, sector Satélite de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, bloque c) casa número 8, de concreto, color salmón, cerco de concreto, sin pintar y verjas de hierro color negro, portón de hierro color negro frente al centro comunal 3.- Libertad Asistida. Misma que se impone por el término de doce (12) meses para establecer un control judicial de la actividad de C. D. V. Ramos, quedando obligado a cumplir con los programas de Libertad Asistida que el Instituto Hondureño de la Niñez y La Familia prepare para el mismo .. .“, pues el sentenciador no expone las razones que lo motivaron a aplicar estas medidas socio educativas, distintas a las que solicitó el ente acusador que se le impusiera al menor, por considerar que la infracción cometida por C. D. V. Ramos ha dañado la vida del menor A. N. A. M., quien cuenta con cuatro años de edad, por lo que a nuestro criterio existe ausencia de una real y verdadera motivación, vedando así el derecho a las partes de ponderar si el órgano jurisdiccional hizo un adecuado uso de sus facultades discrecionales o si por el contrario, pronunció una decisión carente de fundamento jurídico, al imponer una medida distinta a la peticionada por el ente acusador. Así las cosas se afirma que el sentenciador, con su decisión jurídica, ha incurrido en el vicio in procedendo que se alega, por lo que este segundo motivo del recurso de casación debe ser declarado admisible.” III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal, Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Motivación Insuficiente. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor; y Pretensión: Sin Determinar por el Pretensor. El Pretensor denuncia como vicio concurrente en la sentencia que se impugna la insuficiencia en la motivación jurídica, dado que el Ministerio Público solicitó en su momento la imposición al menor justiciable de la medida de internamiento como consecuencia de la infracción penal cometida, petición que fue rechazada por el juzgador sin explicar las razones de tal decisión. Segundo Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Carencia de Motivación. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 338 del Código Procesal Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor; y Pretensión: Sin Determinar por el Pretensor. En su segundo motivo el Pretensor denuncia la inexistencia de motivación jurídica en la sentencia impugnada; explica que el vicio se produjo cuando el sentenciador no expuso las razones que lo motivaron a aplicar las medidas socio educativas distintas a la que el Ministerio Público estaba solicitando que se impusieran al menor infractor; concluye que tal silencio se considera un vicio in iudicando conocido como incongruencia omisiva. De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto. 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociada con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuándo tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la Procedencia del Recurso El Recurso es de Recibo.-La Sala de lo Penal advierte que si bien son dos los motivos expuestos, éstos gravitan en torno a un mismo tema: la decisión del Tribunal de Justicia de la primera instancia respecto a las sanciones a cumplir por el menor Infractor.- La Defensa Pública, en la contestación del recurso señala que el Recurso de Casación debe ser desestimado pues resulta contradictorio, ya que al indicar el Pretensor que hay una motivación jurídica insuficiente implica que existe motivación pero que ésta es incompleta, lo que no sería compatible cuando se alega al mismo tiempo carencia de motivación jurídica pues ello es la ausencia total de motivación, contradiciéndose con el motivo anterior. Para esta Sala de lo Penal resulta que la contradicción es solo aparente, pues el Pretensor se refiere a aspectos distintos en la motivación jurídica de la sentencia: por una parte a la motivación jurídica insuficiente al momento de resolver una petición formulada por el Ministerio Público sobre las sanciones que debían ser impuestas al justiciable y por otro lado a la motivación judicial inexistente respecto a la decisión de oficio tomada por el Juez de Letras sobre las sanciones impuestas al menor infractor. Para dar respuesta al Pretensor, primero es preciso considerar que conforme a la legislación vigente (distinta a la que imperaba en la fecha en que se dictó la sentencia impugnada) el objeto del Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora es la rehabilitación integral y reinserción a la familia y la comunidad del menor infractor (Art. 180 del CNA); Por ello el sistema comprende el proceso para determinar la existencia de la comisión de una infracción penal, la identificación de su autor, el grado de su participación, la aplicación de medidas alternativas o de simplificación procesal, las sanciones y las reglas de aplicación de las mismas.- Debe entenderse como sanciones a aquellas que el órgano jurisdiccional impone como consecuencia de haber declarado responsable a un niño de una infracción penal (Art. 187-A CNA); Las sanciones resultan el aspecto más importante, pues es precisamente el objeto del sistema, por lo que el proceso de imposición y ejecución debe de ser riguroso. Las sanciones que actualmente contempla el Código de la Niñez y de la Adolescencia como aquellas que pueden ser impuestas a un niño responsable de una infracción penal son: a. Sanciones no privadas de libertad: 1. Amonestación 2. Libertad asistida 3. Prestación de servicios a la comunidad y, 4. Reparación del daño a la víctima. a. Sanciones de orientación y supervisión: 1. Residir en un lugar determinado o cambiarse de él 2. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas 3. Abstenerse de consumir drogas, otros estupefacientes o bebidas alcohólicas, que produzcan adicción o hábito 4. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones 5. Someterse a programas educativos con el fin de comenzar o finalizar la escolaridad básica, si no la ha cumplido, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez 6. Someterse, si es necesario, a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas y, 7. Asistir o integrarse a los correspondientes sistemas o centros educativos. a. Sanciones privativas de libertad: 1. La privación de libertad domiciliaria 2. Régimen de semi-libertad y, 3. La privación de libertad en centros certificados o especializados del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) para sancionados. Para la aplicación de las sanciones, el Juzgado Especial debe siempre tener en cuenta el Principio de la racionalidad, proporcionalidad y determinación de las sanciones que implica que deben ser racionales y proporcionales a la infracción cometida y adecuadas a las circunstancias en que se encuentre el infractor. (Art. 180-B CNA); Por ello la sentencia indefectiblemente debe contener la determinación clara, precisa y fundamentada de la sanción impuesta y su duración (Art. 238 CNA), pues la elección de éstas no constituyen una potestad arbitraria; El órgano jurisdiccional deberá elegir las sanciones que para el caso concreto sean las necesarias, idóneas y proporcionadas, para lograr el objetivo legal previsto para éstas: la incorporación del niño infractor a un proceso reeducativo, por medio de su formación integral y familiar, para lograr su inserción social y el pleno desarrollo de sus capacidades, mediante su orientación y tratamiento (Art- 195 CNA).- En la audiencia de lectura de sentencia, el juez deberá explicar, con especial atención al niño infractor, las sanciones que debe cumplir, las motivaciones de la imposición, las características generales de la ejecución y las consecuencias de su incumplimiento (Art. 238 CNA). Retornando al caso de mérito, el Ministerio Público tiene razón en las dos denuncias presentadas: Insuficiente Motivación En las conclusiones de la audiencia, el Ministerio Público, después de desarrollar su análisis sobre la prueba, formuló petición formal a la judicatura de que se dictase en contra del niño C. D. V. R, una sentencia condenatoria y como sanción se impusiera la medida socio educativa de internamiento, por considerar que aun cuando esta es de carácter excepcional, es la que mejor se ajustaba a la necesidad del caso concreto debido a la naturaleza de la infracción realizada por el menor.- Tal petición no fue objeto de una respuesta clara por parte del juez actuante, dedicándole a penas unas líneas en el numeral sexto de la Fundamentación Jurídica de la sentencia, que ciertamente no satisfacen el concepto de Motivación Suficiente, ni siquiera la categoría de motivación racional, a saber: 1. El A-Quo, indica que la medida socio educativa solicitada (sin indicar que parte la solicitó), estaba contemplada en el artículo 188.h del Código de la Niñez y de la Adolescencia, sin hacer mención a que sanción se refiere (Internamiento), lo que constituye una omisión en la motivación pues la mera cita de la norma no le exime de ser lo más claro posible en la exposición de motivos, considerando que la sentencia tiene como destino a personas no letradas en derecho, y en especial al niño infractor. 2. El juzgador hace reclamo que el solicitante no propuso el término de cumplimiento de la medida, lo cual si bien es una omisión por la parte proponente, no constituye per se razón de descarte, dado que es precisamente el órgano jurisdiccional quien debe decidir el tiempo de la implementación de la medida socio/educativa que considera más propia para el caso concreto, conforme con la ley; En el mismo párrafo la sentencia señala que ninguna medida puede superar la duración del término establecido para cada una de ellas (sin decir que término es ese), lo que es una idea que no se articula con la línea de pensamiento que se estaba desarrollando, dejando al lector con la incertidumbre de lo que quiso decir el juzgador dada su lacónica exposición. Ciertamente el Tribunal de Justicia, ante el abanico de propuestas formuladas por las partes, deberá elegir aquella que esté más acorde al caso concreto, o inclusive, tratándose de las sanciones a imponer, podrá elegir del abanico legal una distinta a las propuestas, más en cualquiera de los casos deberá explicar motivadamente porque no es de su recibo lo que las partes le solicitan, pues con ello no solo honra la obligación de respuesta ante una petición (Art. 80 de la Constitución de la República), sino que deja de lado la arbitrariedad para abrazar la legalidad, al dar explicaciones razonadas y legales del por qué su criterio debe imperar por sobre el de la parte petente. Carencia De Motivación El Juzgado de Letras, en la parte dispositiva de la sentencia, además de declarar con lugar la acción penal y señalar como responsable al menor C. D. V. de la infracción penal de Violación, en perjuicio de un niño de cuatro años, procede a señalar la consecuencia legal de esa declaración, enumerando las medidas socio educativas que aquel debía de cumplir, siendo éstas: 1.- Amonestación Verbal; 2.- Residencia Obligatoria en un lugar determinado; 3.- Libertad Asistida. Desafortunadamente las sanciones impuestas resultaron ser arbitrarias, pues de ellas no existe motivación alguna, es decir no existe en ninguna parte de la sentencia mínima explicación del por qué el juzgador consideró que en ese caso concreto se requería la imposición de dichas medidas socio/educativas en específico; Apenas al final del numeral séptimo de la Valoración de los Medios de Prueba se menciona que se considera para efectos de la imposición de las medidas a imponer la buena conducta del niño infractor, lo que no constituye explicación alguna. La falta de motivación general es una falta grave en el ejercicio de la jurisdicción, pues tal potestad solo se ve legitimada cuando el juzgador explica las razones de hecho y de derecho que le llevan a tomar una decisión; la falta es aún mayor cuando la omisión recae en la fundamentación de la pena o sanción, pues es precisamente ésta la que genera limitaciones a derechos que deben estar autorizados por la ley y la única forma de constatar ello es que volque en la sentencia una correcta motivación que identifique no solo la norma legal que autoriza al juez a imponer una sanción determinada en un caso concreto, sino que además que justifique su extensión y duración. IV. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la el Ministerio Público, en sus dos motivos. La Sentencia venida en impugnación contiene en su parte dispositiva cuatro pronunciamientos diferentes: 1. Los dos primeros numerales resuelve la acción penal interpuesta en contra del niño C. D. V., declarando el A-Quo con lugar la misma, y declarando a éste como menor infractor, autor responsable de una violación sexual en perjuicio de un niño de cinco años de edad.- Estos pronunciamientos no fueron objeto de impugnación por ninguna de las partes, por lo que son firmes a la fecha, siendo entonces valida la motivación de la sentencia que se le relaciona y la audiencia de juicio del cual devienen; 2. El Tercer numeral de la parte dispositiva es la resolución impugnada por el Ministerio Público, misma que es la que señala las medidas socio/educativas que debía cumplir el menor declarado responsable de la infracción y las cuales se encuentran viciadas como consecuencia de no existir motivación de sustento, por lo que corresponderá que el A-Quo emita resolución, esta vez debidamente motivada, señalando que sanciones deberá cumplir C. D. V. como consecuencia de la conducta de la que se le ha declarado culpable, en atención a lo que corresponde a la normativa vigente, teniendo en consideración el Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable y en consideración con la situación personal actual del sancionado, a fin de que se pueda conseguir el objetivo que señala el artículo 195 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Declara firme los numerales primero y segundo de la parte Dispositiva de la Sentencia de fecha 14 de octubre de dos mil trece (f. 84) dictada por Juzgado de Letras de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida; Tercero: Decreta la nulidad del numeral Sexto de la Fundamentación Jurídica y numeral Tercero de la Parte Dispositiva.- Y MANDA: Primero.-Teniendo en consideración el Principio de Retroactividad de la ley penal más favorable, el Juzgado de Letras de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida deberá de dictar resolución motivada en donde impongan las sanciones que por ley correspondan a la infracción penal incurrida por el infractor C. D. V. Ramos, para lo que se deberá tener en cuenta su situación personal actual, debiendo como consecuencia celebrar la audiencia contemplada en el vigente artículo 238 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en donde se informará al infractor, además de lo ya resuelto en la sentencia de fecha 14 de octubre de 2013, lo relativo a la imposición y ejecución de las sanciones.- Segundo.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Juzgado de Letras de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado Coordinador.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada.- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-11-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTO ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de diez de junio de 2010, recaída en el Recurso de Casación Penal No.259-08