Sentencia CP-03-14 — Registro 14266
Resumen
En primera instancia se absuelve al acusado por el delito de Robo Y Robo De Vehículo, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Concuerda esta Sala de lo Penal que el balance de la carga probatoria es negativa en relación a la afirmación acusatoria, pues resulto insuficiente para acreditar los hechos acusados, por lo que correctamente el A-Quo a derivado la falta de responsabilidad del señor Ledin Armando Pérez Cruz. El Ministerio Público presentó como medios de prueba en el proceso penal: 1. Declaración testifical del Policía Preventivo Jaime Javier Perdomo, el que declaró entre otras cosas: Que recibieron una denuncia el 01 de marzo, alrededor de las 05:30 a.m., que en la Colonia Suyapa, sector de El Pichete, había un vehículo que supuestamente estaban desmantelando, por lo que se desplazaron a la zona, llegando en cinco minutos, encontrando en el sector un vehículo en marcha con las mismas características, por lo que impidieron su avance colocando la patrulla en su camino, requiriendo al conductor para que presentara la licencia de conducir y la boleta de revisión del vehículo; El vehículo encontrado era color dorado; Señala que el conductor se mostró nervioso, el que no andaba licencia, mostrándoles una boleta de revisión vencida, decidiendo el declarante y sus compañeros policías conducir al conductor a la Estación de Policía para investigación; Que consultaron con la sección de robo de vehículos y se les informo que el automotor conducido por el acusado tenía reporte de robo; Que el conductor del vehículo era Lenin Méndez; 2. Declaración del Policía Franly Varela Videa Zelaya, el que señaló: Que es policía de investigación y que el 18 de Febrero de 2012 se encontraba de turno cuando llego un señor reportando el robo de un vehículo; El 01 de Marzo se recibió una llamada informando que se había requerido a un ciudadano en un vehículo del cual no portaba documentación, desplazándose el declarante hasta la Estación de la Colonia Kennedy, en donde al observar el automotor recordó el número de placa del reporte de robo; El vehículo era marca Toyota, tipo turismo, color dorado, año 2003; Que el declarante llamo al ofendido y al presentarse en la oficina de la policía se le puso a la vista una fotografía del acusado, el cual reconoció en un 100%, levantando el acta; 3. Acta de Decomiso (Incautación), de fecha 01 de marzo de 2012, la cual documenta que en esa fecha, siendo las 10:40 horas, en la Colonia Nueva Suyapa de la Ciudad de Tegucigalpa, se incautó al Señor Lenin Armando Méndez Cruz (1514-1982-00230), el vehículo marca Toyota, tipo turismo, color dorado, año 2003, con placa PCI3435, motor 1EZ-5139822 y VIN 1NXBR32EA3Z158732, el cual tenía reporte de robo No. 1146-12; 4. Acta de Inspección ocular, de fecha 01 de Marzo de 2012, realizada por la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal que da cuenta que en esa fecha siendo las 12:50 p.m., se realizó inspección al vehículo marca Toyota, Modelo Corolla, tipo turismo, con placa PCI3435, color gris, serie 1NXBR32E432158732, observando daño en la puerta trasera; 5. Declaración testifical de la Señora Lesly Waldina Tejeda Flores, quien en la audiencia de debate expuso: Que es vecina del acusado Ledin mendaz; Que el día que lo agarraron él estaba cuidado adobes para que no se los robaran; Que conoce al acusado hace tres años; Que la declarante no observo ningún vehículo; Que el acusado es ayudante de albañil y no sabe manejar vehículos; Que se dio cuenta de la detención a las tres de la tarde. La prueba relacionada no permiten derivar la responsabilidad penal del acusado en el delito por el cual se le acusa.- En principio el Policía Jaime Javier Perdomo, señala que fueron avisados de que se estaba desmantelando un vehículo en la Colonia Suyapa, por lo que en el lapso de cinco minutos se personaron al lugar pero extrañamente no observaron dicha acción sino que a un vehículo circulando supuestamente manejado por el acusado, sin que el Acta de Inspección Ocular señalase que al vehículo le faltase alguna de sus partes; Por otra parte éste testigo señala que al ser requerido el acusado presento una boleta de revisión vencida y que fue esto más la actitud nerviosa de aquel lo que le motivo para resolver conducir a la Estación de Policía, más tal documento no fue presentado prueba en el juicio, por lo que se dejó de conocer si el documento pertenecía al vehículo incautado y de ser así a nombre de quien estaba registrado el automotor.- Por otra parte el policía Franly Varela Videa Zelaya, indica que el ofendido interpuso una denuncia por el delito de robo, misma que no fue presentada como medio de prueba documental en el debate, por lo que se desconoce cuándo fue puesta dicha denuncia y si tenía relación con el vehículo que fue incautado al acusado; Además el testigo informa que el ofendido reconoció al 100% al acusado como la persona que le despojo de su vehículo, lo cual se hizo constar en un acta, pero extrañamente esa acta de reconocimiento fotográfico tampoco fue presentada como prueba documental en la audiencia de debate, por lo que no puede constatarse si efectivamente ese reconocimiento fotográfico se efectuó, la forma de hacerlo y si efectivamente el ofendido realizo señaló al acusado.- Finalmente advierte esta Sala de lo Penal que la Pretensora erra en sus alegatos pues afirmó que fueron presentados como medio de prueba documental el “Tracto Sucesivo” (impresiones de registro de vehículo, donde se señala sus características y la persona dueña de éste), lo cual no fue así, dado que tales documentos no fueron propuestos en la audiencia de proposición de medios de prueba, mucho menos evacuados en la audiencia de debate, no estableciéndose entonces la propiedad del vehículo, en particular de que el acusado no era su propietario y con ello la imposibilidad de poder afirmar la existencia de un delito de robo, como bien lo derivó el Tribunal de Sentencia..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA conociendo del Recurso 003-2014 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Absolvió al Señor Ledin Armando Pérez Cruz, por el delito de Robo Y Robo De Vehículo, en perjuicio de Testigo Protegido. 2) No Condeno al Ministerio Público en costas procesales ni gastos ocasionados en dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Yessenia Maria Márquez Lobo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Yessenia Márquez, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado Arnaldo Alcides García, Defensor Público del acusado Ledin Armando Pérez Cruz, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: El día primero de marzo del año dos mil doce, agentes de la policía recibieron el aviso de que en el sector El Pichete se encontraba un vehículo marca Toyota color dorado siendo desmantelado, y al hacerse presente al lugar indicado encontraron el referido vehículo y del que se dijo había sido objeto de sustracción forzosa al Testigo Protegido en fecha dieciocho de Febrero del mismo año por parte de varios individuos, siendo en ese acto de ubicación y decomiso, detenido el señor Ledin Armando Pérez Cruz quien se encontraba ese primero de marzo de dos mil doce, a inmediaciones del vehículo mencionado, cuya placa era PC13435 y a nombre de persona diferente al señor Ledin Armando Pérez Cruz.”. III. RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOS III.I.- “Recurso De Casación Por Infracción De Precepto.- Motivo Único: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente , la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate fue inadmitida al representante de la sociedad la incorporación por lectura autorizada de conformidad a lo establecido en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, la declaración rendida en audiencia inicial por el ofendido, con la que se intentaba acreditar no sólo la comisión de los ilícitos sino la participación que en ellos tuvo el imputado, al haber sido plenamente identificado por la víctima. De igual forma la inadmisión del medio de prueba supra relacionado causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República que establece que “El Derecho de Defensa es inviolable”, el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir, tiene por objeto evitar la situación de hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso sub judice el Ministerio Público desde el inicio de la causa calificó los hechos como constitutivos de Robo y Robo de Vehículo, para lo cual recabó la prueba pertinente para acreditar los mismos, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, como es el caso de la declaración del Testigo Protegido, quien en la etapa preparatoria del proceso depuso libre de coacción alguna y a interrogatorio del Ministerio Público y de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia respondió lo siguiente: “Que conoce al señor Ledin Armando Pérez Cruz, quien llegó como a las ocho y veinte de la noche a su negocio; él salió de un servicio de sus negocios, le tocó la puerta y le sacó una pistola automática; se la puso en la cabeza, después le dijo que se tirara al suelo, él se agachó, después le dijo que se levantara para que le diera la llave del carro y la tarjeta de circulación y los papeles que tenía en la bolsa; después le volvió a decir que se acostara boca abajo, lo amarró con un cordón de zapatos y le llevó la cantidad de mil doscientos cincuenta lempiras Lps. 1250.00); después le dijo que abriera una gaveta que estaba con candado y él procedió a abrirla y se llevó de ahí un control y otros documentos, después salió y le dijo que no lo siguiera; él se fue en su carro, antes de encenderlo le dijo que lo atacaría a él y a su familia, después se fue y él se soltó y fue a cerrar la puerta; él puso la denuncia el lunes, el hecho fue un viernes; le avisaron que su vehículo aparecido en un operativo en Suyapa; él vino a reconocer el vehículo a la Dirección Nacional de Investigación Criminal y confirmó que era su carro; el agente que atrapé al acusado lo puso a identificarlo y él(testigo) lo reconoció en un cien por ciento (100%) a preguntas del Ministerio Público respondió lo siguiente: La persona que lo despojó de su carro es semi-alto, un poco delgado, de una edad aproximada de veintinueve a treinta años, con bigote medio ralito; en el lugar había luz; no miró cuantos individuos eran porque él estaba nervioso; cree que como doce días después fue encontrado su vehículo; él identificó al acusado y es la misma persona; andaba una muchacha con él y él le gritó que agarrara los papeles; después de recuperar el vehículo miró a esa persona cuando la identificó; a la muchacha no la ha vuelto a ver; enfrente de su negocio dejaron una carta donde lo amenazaban; le dijeron “viejo no vayas a declarar en contra mío porque te meterás a problemas”; a preguntas de la Defensa respondió: Que la persona que detuvo al acusado lo puso a identificarlo; es un muchacho semi-alto, pelo fino, es más delgado que él y piel trigueña; a interrogante de uno de los miembros del Tribunal respondió: con la carta él quiere dejar constancia que se la dejaron en el negocio, cualquier cosa que le pase está relacionada con éste hecho, porque él no tiene enemigos. (Lo subrayado es nuestro). Si bien es cierto, el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia de juicio manifestó que el Ministerio Público llevó constancias médicas del testigo protegido, tendientes a acreditar que se encontraba en malas condiciones de salud, que le impidieron llegar al debate; sin embargo señala el Tribunal que de la revisión que se hizo de los documentos, se encuentra un ultrasonido de fecha cinco de septiembre del año dos mil doce, el cual refiere en sus conclusiones que se descartan cambios secundarios a insuficiencia cardiaca, y se descarta insuficiencia hepática indicando el Tribunal únicamente en relación al otro documento que “es más toral”, y que es de fecha doce de septiembre del año dos mil doce; razón por la cual arguye que no encuentra la circunstancia que haga valorar si existe imposibilidad para que el testigo protegido rindiera declaración en el juicio; ya que a su criterio no se cuenta con un documento que avale que éste se encuentra en cama, que le permita al Tribunal trasladarse al domicilio del mismo o incorpore por lectura su declaración; considerando asimismo que he) testigo se hizo presente y en la posterior audiencia no se hizo presente y se le pidió a la Fiscalía que incorporase una constancia médica que indicara las condiciones que padece dicho testigo; en tal sentido declaró sin lugar la incorporación por lectura autorizada de la declaración vertida en audiencia inicial por el Testigo Protegido. Este defensor de los intereses generales de la sociedad estima de vital importancia referirnos a que el Ministerio Público agotó el trámite respectivo de acuerdo a la normativa procesal, en virtud de que si bien es cierto fue ofrecida la declaración de la víctima en debate, a través de audiencia de proposición de pruebas; no menos cierto es, que el Testigo Protegido presentó problemas de salud, tal como se acreditó con la constancia llevada al juicio por el Ente Acusador, por lo que consideró prudente que el Tribunal y las partes se trasladaran a su domicilio y escuchar a dicho testigo de viva voz, sin embargo dicha constancia no fue tomada en consideración para acceder a la petición fiscal; no obstante la denegatoria anterior, el ente fiscal solicitó la incorporación por lectura autorizada de la declaración que el ofendido rindiera en su condición de Testigo Protegido en audiencia inicial, petitoria sobre la cual el Tribunal consideró no tener una base sólida que acreditara que el testigo tuviese problemas de salud que le impidiesen comparecer a rendir su declaración al debate. Establecido lo anterior, debemos señalar que el elenco probatorio permite concluir que el Testigo Protegido, si fue objeto de la acción ilícita de Robo y Robo de Vehículo; sin embargo al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso, por no considerar que habían motivos para que el testigo no compareciera al acto del debate, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas.”. III.II.- Recurso Por Quebrantamiento De Forma: Motivo Único: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de Ledin Armando Pérez Cruz, lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la sana crítica.-Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha treinta (30) de Abril del dos mil trece (2013), lo hizo vulnerando la Regla Lógica en el postulado de Derivación, integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador la prueba de cargo resultó insuficiente para lograr la certeza de que el acusado Ledin Armando Pérez Cruz, haya participado en los hechos calificados como Robo y Robo de Vehículo, al establecer en el apartado de Fundamentación Jurídica lo siguiente: “En el presente caso no se aportó la declaración del Testigo Protegido, ni una denuncia que corroborara el hecho alegado en el Robo de vehículo, pues aun cuando el testigo Franly Videa hizo alusión a tal acontecimiento, su declaración por sí sola no logra acreditar tales extremos, ni siquiera los aspectos de hora, tiempo y lugar donde se llevaron a cabo; asimismo señaló que no se logró acreditar la existencia de las pertenencia personales del Testigo Protegido, pues como se dijo anteriormente no se aportó la declaración de éste ni de otro medio de prueba que acreditara la existencia del dinero o documentos del vehículo Toyota Corolla como ser la boleta de revisión, que según la tesis acusadora el acusado portaba el dieciocho de febrero del año dos mil doce; que en ese sentido tampoco se puede establecer si en efecto el vehículo fue despojado por la fuerza, pues aunque se demostró la existencia del vehículo, no existe en la prueba aportada datos objetivos respecto a cómo supuestamente fue despojado dicho vehículo de su propietario, pues como se ha dicho no existe la versión del ofendido, otro testigo presencial y ni siquiera el documentó de la denuncia de ese hecho; que al carecer la figura penal de algunos de sus elementos esenciales, como es el objeto sobre el cual recae la acción y la forma como dicha acción se dio, no es posible tener por acreditada la existencia de los delitos por los cuales fue acusado el imputado”. De lo anterior cabe citar entonces, que la única razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado Ledin Armando Pérez Cruz, es porque no se acreditó en cuanto al delito de Robo, la existencia material del objeto sobre el cual recae dicha acción y en relación al delito de Robo de Vehículo no existen en el proceso la declaración del ofendido ni otros elementos probatorios que establezcan que el vehículo le fue despojado a éste por la fuerza. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en que no se logró acreditar la existencia material de las pertenencias personales de la víctima y el despojo a éste de su vehículo por parte del acusado; sin embargo, al Juzgador nuestra norma adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba testifical de cargo, la declaración de los agentes policiales Javier Perdomo y Franklin de Varela Videa Zelaya; quienes depusieron sobre lo siguiente: 1) Javier Perdomo; agente policial, declaró: Que a raíz de una denuncia en la Central de Comunicaciones, el día primero de marzo del año dos mil doce, como a las cinco treinta de la mañana, a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recibieron una llamada en la que se les informaba que en la colonia Suyapa, en el sector de El Pichete había un vehículo que supuestamente lo estaban desmantelando; por lo que el en compañía de los policías Mario Hernández, José Luís Ramírez y José Zambrano se desplazaron a ese lugar y cuando entraron observaron que había un vehículo con las mismas características que les dieron en la Central, le cruzaron la patrulla para que se parara y le hicieron un registro; observaron que el conductor que era el acusado estaba nervioso y portaba la licencia y una revisión vencida; le dijeron que lo iban a llevar a la posta para investigación; que en la Central les dijeron que el vehículo no tenía reporte de Robo, pero en la Unidad de Robo de Vehículos si les manifestaron que dicho vehículo si tenía reporte de Robo; a preguntas del Ministerio Público respondió lo siguiente: El vehículo lo decomisaron el uno de marzo del año dos mil doce: el vehículo lo conducía Ledín Méndez y fue detenido ellos se encontraban en el boulevard Suyapa cuando recibieron la llamada y tardaron como cinco minutos; a preguntas de la Defensa el testigo respondió: A él le avisó la Central de Comunicaciones; el procedimiento que siguieron fue requerirlo para investigación, porque lo vieron nervioso; al lugar llegaron a las cinco treinta y cinco de la mañana, observaron el vehículo en marcha; El Pichete queda en la calle principal, no hay mucha iluminación, pero se podía ver bien con las luces de la patrulla; el registro lo hizo el clase Mario Hernández; en la patrulla andaba un clase 1 y tres policías; a pregunta de uno de los Jueces respondió: En el vehículo solo venía el señor Ledín.(Lo subrayado es nuestro). 2.- Franly De Varela Videa Zelaya; declaró lo siguiente: Que el dieciocho de febrero del año dos mil doce, se encontraba en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal cuando llegó el ofendido, manifestando que le habían robado su vehículo y en fecha primero de marzo de ese mismo año recibieron una llamada de que habían requerido a un ciudadano en un vehículo y que no portaba la documentación, por lo que se desplazaron a la Colonia Kennedy y se acordó que la placa del vehículo de la denuncia era la misma; llamaron a la oficina y verificaron el libro, ya que no había sistema y tenía reporte de robo, por lo que se le dio detención al señor Ledín; a preguntas del Ministerio Público respondió lo siguiente: El vehículo era Toyota, Turismo, color dorado, año 2003; el nombre de la persona detenida era Ledín Cruz Méndez en su declaración el ofendido lo describió como una persona trigueña, de estatura normal que él tenía la denuncia y tenía comunicación con el ofendido; no recurrida cuanto tiempo después se presentó el ofendido a la oficina después de ser llamado; el ofendido reconoció al acusado en una fotografía en un cien por ciento participación que el acusado tuvo fue que entró con otra persona donde estaba el ofendido y le pidió que le entregara todo y le quitó todo y lo amenazó que no pusiera denuncia y le llevó el vehículo y que en dos meses iba aparecer dicho vehículo a preguntas de la Defensa respondió lo siguiente: La denuncia fue interpuesta el dieciocho de febrero como a las diez; a él le entregaron el vehículo y el detenido; el procedimiento que utilizaron es la lectura de derechos, el acta de decomiso, acta de reconocimiento fotográfico; el ofendido reconoció al imputado en el acta de reconocimiento fotográfico; le dieron detención en El Pichete; específicamente no conoce ese lugar; la fotografía donde es reconocido el acusado por el ofendido es tomada con cámara; el ofendido le mostró la documentación original del vehículo; no recuerda si obtuvo boleta de revisión; el Testigo ratificó el acta de decomiso del vehículo, (Lo subrayado es nuestro). Como prueba documental se presentó la que se describe a continuación: 1-) Acta De Decomiso; realizada por el agente de investigación Franly de Varela Videa Zelaya; en la que se señala que el día uno de marzo del año dos mil doce, en el Distrito Central, en la colonia Suyapa; siendo las 10:45 horas se decomisó el vehículo marca Toyota, tipo turismo, color dorado, año 2003, placa PCI 3435, motor IZZ5139822, Vm o Chasis 1NXBR32E43Z158732; por razón de tener reporte de Robo según denuncia 1146-2012; el cual le fue decomisado a Ledin Armando Pérez Cruz, con número de identidad 1514-1982-00230; en el acta se hace la observación de que el acusado no puede leer ni escribir y aparece una huella digital y una firma ilegible junto a un sello de la Secretaría de Seguridad que el testigo Franly de Varela Videa reconoció ser la suya y ratificó la misma. 2.-) Acta De Inspección; que fue ratificada por la Perito de la Escena del Crimen; Carmen Xiomara lzcano, en fecha uno de marzo del año dos mil doce, en la que se describe un vehículo estacionado, marca Toyota, Corolla; tipo turismo, placa PCI 3435, con serie 1NXBR32E432158732, Mismo Que Fue Traído De La Colonia Suyapa el día jueves uno de marzo del año dos mil doce, a las 6:00 A.M. y fue supuestamente robado el día dieciocho de febrero en la carretera al sur; en la aldea de Germania; primeramente se procede a inspeccionarlo en su parte exterior ya que se encuentra cerrado; sus puertas y vidrios polarizados se encuentras contaminados por polvo común; también presenta daños en la compuerta trasera; luego se aplicó polvo reactivo a los retrovisores externos, pero debido al polvo común no reveló ningún fragmento de posibles huellas latentes; en la parte interior se inspecciona en donde hubo muestra de violencia; en dicha acta aparece la firma de la Perito, quien reconoció su firma en el acto del debate. 3- ) Documentos de Tracto Sucesivo del vehículo; impresiones de la Dirección ejecutiva de Ingresos que describen el mismo con las siguientes características: Toyota, Corolla; tipo turismo, color dorado; placa PC13445; motor 1ZZ5139822, Chasis y Vin 1NXBR32E43Z158732, omitiéndose a quien pertenece a fin de seguir garantizando la protección del ofendido. Por su parte la Defensa del acusado presentó la declaración de la testigo Lesly Waldina Tejeda Flores, misma que el Tribunal Sentenciador señaló que contrarrestó la declaración del testigo de cargo Jaime Perdomo, ya que éste dijo que el acusado venía conduciendo el vehículo decomisado y la testigo en cuestión dijo que éste no sabía conducir, tal como lo manifestó en su comparecencia en debate, quien declaró lo siguiente: Que conoce al acusado; que es vecina de él y que él día de los hechos él se encontraba cuidando unos adobes que le donaron; a preguntas de la Defensa la testigo respondió: Conoce al acusado hace tres años; que ella no vio ningún vehículo y que el imputado no sabe manejar; que él estaba cuidando los adobes, porque se los estaban robando; ella no observó un vehículo; el acusado labora de ayudante de albañil; no sabe dónde le dan detención al imputado; el lugar donde cuidaba los adobes es la colonia Higo; del Higo al Pichete hay dos cuadras; se dan cuenta que le dan detención a las tres de la tarde por una llamada que le hizo una amiga; el lugar es medio poblado y no es iluminado; a preguntas del Ministerio Público respondió lo siguiente: Solo conoce a Ledin como ayudante de albañil. Como se logra evidenciar, con la versión brindada por el agente de investigación Franly de Varela Videa Zelaya, se acredita que el día dieciocho de febrero del año dos mil doce, encontrándose de turno en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, compareció el ofendido a interponer la denuncia, señalando que le habían robado su vehículo y que según la denuncia el imputado había entrado con otra persona que le entregara todo y le quito todo y lo amenazó que no pusiera la denuncia y le llevó el vehículo diciéndole que aparecería en el término de dos meses; sin embargo, indicó el agente de investigación que el día primero de marzo recibió información de que había sido requerido un ciudadano al cual se le encontró un vehículo sin la documentación respectiva, por lo que él se trasladó a la Colonia Kennedy, donde se encontraba el vehículo y el detenido y al llegar recordó por el número de placa del vehículo, que era la misma de la que había recibido denuncia de Robo el día dieciocho de febrero del año dos mil doce; indicó el agente que se procedió a realizar el trámite correspondiente y le fue decomisado el vehículo a Ledin Pérez, cuyos datos aparecen descritos en el acta respectiva y se hace la observación de que el motivo por el cual se le decomisa el vehículo marca Toyota, Corolla, color dorado, placa PC13435, con número de motor 1ZZ-5139822, es porque el mismo tenía reporte de Robo, de acuerdo a la denuncia que el mismo agente recibió y que consignó en el acta de decomiso con el número 114612012; datos que también aparecen consignados en el Acta de Inspección realizada por la Técnico de Inspecciones Oculares Carmen Xiomara Ponce Izcano; siendo claro el testigo Videa Zelaya en manifestar que el imputado fue reconocido por el ofendido mediante foto del celular al cien por ciento. Dicho testimonio tiene su apoyo en el dicho del policía Jaime Javier Perdomo, quien se encontraba asignado al Distrito 1-4 de la Colonia Kennedy, y señaló que el día primero del marzo del año dos mil doce, se encontraba patrullando con sus compañeros; los clases Hernández, Ramírez y Zambrano y cuando iban por el Boulevard Suyapa, recibieron una llamada de la Central de Comunicaciones, en la que les indicaban que se había recibido denuncia relacionada a que en el sector del Pichete, en la Colonia Suyapa de esta ciudad, estaban desmantelando un vehículo, del cual recibieron las características, por lo que se trasladaron al lugar y encontraron un vehículo con las mismas características que les dieron, al cual le hicieron señal de parada y le dijeron al conductor que les permitiera un registro; el testigo indicó que el conductor que fue identificado como Ledin Armando Pérez Cruz se mostró nervioso y no andaba documentación del vehículo, solo una licencia vencida; que en la Unidad de Robo de Vehículos se les indicó que el vehículo en cuestión presentaba reporte de robo, por lo que se procedió a realizar el trámite respectivo con la Dirección Nacional de Investigación Criminal. La versión de éste testigo es creíble y no se observa que la misma tienda a perjudicar al acusado, ya que fue rendida de forma espontánea y en ningún momento éste testigo junto a sus compañeros andaban haciendo diligencias específicas de la denuncia 1146/12, que había recibido el agente Franly de Varela Videa, sino que se hacen presentes en el lugar indicado, al ser informados por la Central de Comunicaciones que un vehículo estaba siendo desmantelado, sin embargo al llegar al lugar encuentran un vehículo que coincidía con las característicos que les fueron brindadas el cual requieren; es preciso apreciar que éste testigo en una primera oportunidad no tiene información de que el vehículo presentaba reporte de Robo, ya que en la Posta Policial les indicaron que no tenía, pero cuando ya consultan a la Unidad de Robo de Vehículos si se enteran de que este tenía denuncia de Robo; por otro lado y en relación a la tesis del tribunal sentenciador de que la declaración de éste testigo es contrarrestada con la versión de la declaración de la testigo de la Defensa Lesly Waldina Tejeda Flores, quien dijo que tenía tres años de conocer al acusado y que éste no sabía conducir, resulta inverosímil, habida cuenta que la autoridad al hacerse presente en el lugar que les fue indicado, encontraron el vehículo en movimiento, e incluso le cruzaron la patrulla para detenerlo, bajaron el conductor quien fue identificado como Ledin Armando Pérez, aspecto que quedó debidamente documentado a través del acta de decomiso en el cual se consignó que el vehículo con reporte de Robo se le decomisó al imputado. Asimismo la propiedad del vehículo quedó debidamente acreditada con los Documentos de Tracto Sucesivo del vehículo Toyota Corolla, tipo turismo, color dorado, placa PC13435, motor 1ZZ5139822, Chasis y vin 1NXBR32E43Z158732, sobre el cual no se hace referencia al propietario del vehículo para garantizar la protección de la que ha gozado el ofendido. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el acusado Ledin Armando Pérez Cruz, fue encontrado conduciendo el vehículo marca Toyota, Corolla, color dorado, placa PC13435, Motor IZZ-5139822; el cual fue despojado en fechas anteriores al Testigo Protegido, quien reconoció ante el Agente de Investigación Franly de Varela, al imputado al cien por ciento como una de las personas que además de llevarse su vehículo en compañía de otra persona y mediante amenaza, le arrebató sus objetos personales (documentos y cierta cantidad de dinero) por lo cual se establece su responsabilidad en los delitos de Robo Simple y Robo de Vehículo, de conformidad a lo establecido en los artículos 217 y 218 del Código Penal. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones testifícales unidas a la demás prueba de cargo establece la responsabilidad del acusado en los hechos sometidos a juzgamiento; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV.I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. IV.II- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público.- Único Motivo. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 90 en relación al artículo 82 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al Debido proceso y al derecho de defensa al haberse denegado la introducción por lectura de un medio de prueba; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: No Determinado por la Pretensora; Pretensión: Se declare con lugar recurso de casación. Afirma la Pretensora que el derecho a un debido proceso fue negado por el Tribunal de Sentencia cuando rechazo la solicitud de introducción por lectura al debate de la declaración del Testigo Protegido brindada en la audiencia inicial, quien además es la víctima del delito y con ello también se violentó el derecho de defensa.- Relata que durante el debate se acreditó que el testigo protegido adolecía de enfermedad, por lo que se solicitó al A-Quo el traslado de las partes a su domicilio a fin de que se le tomase la declaración testifical, lo que fue declarado sin lugar por el Tribunal, por lo que como alternativa se presentó nueva solicitud, ésta vez para que la declaración rendida por el testigo en la audiencia inicial fuese introducida por lectura a la audiencia de debate, lo que también fue denegado por el A-Quo. IV.II.I- Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por la Pretensora como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. IV.II.II- Del Derecho a la Defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional.- La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: La parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado/a en defensa de los intereses individuales; Como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el Órgano Jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. IV.II.III.- De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia. Entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, que autoriza la introducción al debate por lectura de: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, o cuando no sea posible tomar su declaración en el domicilio o lugar en donde se encuentre recluido, internado o retenido; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viendo obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial, por uno documental. IV.II.IV- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- Esta Sala de lo Penal ha revisado el acumulado judicial, apreciando que en fecha 09 de agosto de 2012 se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 68), en la cual el Ministerio Público ofertó la declaración del Testigo Protegido “A”, el cual fue admitido por el Tribunal de Sentencia; posteriormente, en fecha 10 de Octubre del mismo año, la Receptoría del Tribunal entregó la cedula de citación del Testigo Protegido “A”, al Ministerio Público (f. 80), para que por medio de su conducto fuese entregado a aquel, citación que contenía la orden de presentarse a prestar declaración testifical el día 12 de Noviembre de 2012; Arribado el día de la audiencia de debate (12 de Noviembre de 2012), el Ministerio Público planteo en incidente al Tribunal de Sentencia que el testigo protegido no podía presentarse a declarar por adolecer de enfermedad, defiriendo la decisión hasta haber agotado la evacuación de medios de prueba que si se encontrasen listos en ese momento (f. 103 v.); En el segundo día de debate (13 de Noviembre de 2012) y no habiendo más prueba que evacuar, el Ministerio Público nuevamente informó al A-Quo que el testigo no podría hacerse presente debido a adolecer de enfermedad, solicitando que su declaración fuese tomada en el lugar de su residencia donde guardaba reposo en ese momento, más a continuación el propio Ministerio Público y sin que existiese resolución judicial, desiste de su petición y formula una nueva, solicitando la introducción por lectura de la declaración que diere el testigo protegido en la audiencia inicial, citando como precepto autorizante el artículo 311.2 del cpp; El Tribunal de Sentencia procedió a resolver la segunda solicitud, pues de la primera existió un desistimiento, decretando sin lugar la introducción por lectura fundamentándose en que el Ministerio Público no acreditó la imposibilidad o la extrema dificultad que como condición señala la norma procesal in comento. La reseña anterior permite a la Sala de lo Penal advertir que el Recurrente falsea parte de los hechos, pues como argumento indica que fue el Tribunal de Sentencia quien denegó el recibimiento de la declaración del Testigo Protegido en su domicilio, cuando en realidad fue el propio Ministerio Público el que desistió de esa petición y por ello al respecto no existió pronunciamiento del Tribunal de Justicia.- Por otra parte le asiste razón al Tribunal de Justicia de haber denegado la petición de introducción de la declaración del testigo por lectura, pues efectivamente no se acreditó que testigo tuviese dolencia de salud que hiciera imposible o extremadamente difícil prestar declaración testifical, pues el documento presentado para acreditar tal hecho se trata de un examen de ultrasonido (f. 93 al 101), el que dista de ser un documento médico certificado que contenga diagnóstico de enfermedad incapacitante (aguda o crónica), que justifique la necesidad de apelar a la excepción al principio de oralidad e inmediación del proceso penal, introduciendo por lectura una declaración rendida en la etapa preparatoria del proceso. Es de considerarse adicionalmente el tiempo en que tuvo el Ministerio Público para sortear cualquier dificultad para la recepción del testimonio del testigo, pues desde el 09 de agosto de 2012, éste había sido propuesto para ser recibido (tres meses antes del debate), habiendo recibido la citación respectiva al día siguiente (10 de Octubre), llegando así la audiencia de debate el 12 de noviembre sin que el agente fiscal contase con prueba de soporte que justificara su petición, aun a pesar de que el Tribunal de Justicia defirió el asunto para el día siguiente 13 de noviembre, donde se volvieron a escuchar los alegatos de las partes. Esta Sala de lo Penal finalmente desea formular advertencia de no retomar los vicios que llevaron al colapso al proceso penal regido por el Código de Procedimientos Penales, en donde la prueba de la Etapa Sumarial resultaba ser la única aportada al proceso aun cuando era la Etapa de Plenario donde en teoría debía producirse el verdadero contradictorio; El nuevo proceso penal vigente, regido por el Código Procesal Penal, no puede permitirse que la prueba que sea llevada a debate sea lectura de la recibida en la Etapa Preparatoria, salvo cuando efectivamente se den las excepciones que contempla el artículo 311 del Código de Rito, no siendo el presente caso. IV.III.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. IV.III.I.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la Valoración Probatoria; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de saneamiento o subsanación, dado que el vicio está contenido en la Sentencia definitiva; Pretensión: Sin determinar por la Pretensora. El Ministerio Público cuestiona de la sentencia la valoración intelectiva de los medios de prueba realizada por los Juzgadores, pues señala que ésta se opone al principio lógico de derivación por razón suficiente, que componen las reglas de la sana critica.- Alega que el A-Quo señalo no haberse acreditado la existencia de un delito de robo como consecuencia de la ausencia de declaración de persona ofendida y de otros elementos probatorios que pudiesen informar que el vehículo fue despojado del poder del ofendido mediante fuerza, afirmando que tal conclusión es un error originado de la falta de valoración conjunta de la probanza conforme a las reglas de la sana critica, pues la propiedad del vehículo objeto del delito fue acreditada con los documentos del tracto sucesivo, mismo que fue despojado al ofendido y encontrado días después en poder del acusado cuando lo iba conduciendo, habiendo el ofendido reconocido al acusado como la persona que le despojó del bien mueble. IV.III.II.- De las Reglas de la Sana Crítica Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1).- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2).- Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3).- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV.III.III.- De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- Concuerda esta Sala de lo Penal que el balance de la carga probatoria es negativa en relación a la afirmación acusatoria, pues resulto insuficiente para acreditar los hechos acusados, por lo que correctamente el A-Quo a derivado la falta de responsabilidad del señor Ledin Armando Pérez Cruz. El Ministerio Público presentó como medios de prueba en el proceso penal: 1. Declaración testifical del Policía Preventivo Jaime Javier Perdomo, el que declaró entre otras cosas: Que recibieron una denuncia el 01 de marzo, alrededor de las 05:30 a.m., que en la Colonia Suyapa, sector de El Pichete, había un vehículo que supuestamente estaban desmantelando, por lo que se desplazaron a la zona, llegando en cinco minutos, encontrando en el sector un vehículo en marcha con las mismas características, por lo que impidieron su avance colocando la patrulla en su camino, requiriendo al conductor para que presentara la licencia de conducir y la boleta de revisión del vehículo; El vehículo encontrado era color dorado; Señala que el conductor se mostró nervioso, el que no andaba licencia, mostrándoles una boleta de revisión vencida, decidiendo el declarante y sus compañeros policías conducir al conductor a la Estación de Policía para investigación; Que consultaron con la sección de robo de vehículos y se les informo que el automotor conducido por el acusado tenía reporte de robo; Que el conductor del vehículo era Lenin Méndez; 2. Declaración del Policía Franly Varela Videa Zelaya, el que señaló: Que es policía de investigación y que el 18 de Febrero de 2012 se encontraba de turno cuando llego un señor reportando el robo de un vehículo; El 01 de Marzo se recibió una llamada informando que se había requerido a un ciudadano en un vehículo del cual no portaba documentación, desplazándose el declarante hasta la Estación de la Colonia Kennedy, en donde al observar el automotor recordó el número de placa del reporte de robo; El vehículo era marca Toyota, tipo turismo, color dorado, año 2003; Que el declarante llamo al ofendido y al presentarse en la oficina de la policía se le puso a la vista una fotografía del acusado, el cual reconoció en un 100%, levantando el acta; 3. Acta de Decomiso (Incautación), de fecha 01 de marzo de 2012, la cual documenta que en esa fecha, siendo las 10:40 horas, en la Colonia Nueva Suyapa de la Ciudad de Tegucigalpa, se incautó al Señor Lenin Armando Méndez Cruz (1514-1982-00230), el vehículo marca Toyota, tipo turismo, color dorado, año 2003, con placa PCI3435, motor 1EZ-5139822 y VIN 1NXBR32EA3Z158732, el cual tenía reporte de robo No. 1146-12; 4. Acta de Inspección ocular, de fecha 01 de Marzo de 2012, realizada por la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal que da cuenta que en esa fecha siendo las 12:50 p.m., se realizó inspección al vehículo marca Toyota, Modelo Corolla, tipo turismo, con placa PCI3435, color gris, serie 1NXBR32E432158732, observando daño en la puerta trasera; 5. Declaración testifical de la Señora Lesly Waldina Tejeda Flores, quien en la audiencia de debate expuso: Que es vecina del acusado Ledin mendaz; Que el día que lo agarraron él estaba cuidado adobes para que no se los robaran; Que conoce al acusado hace tres años; Que la declarante no observo ningún vehículo; Que el acusado es ayudante de albañil y no sabe manejar vehículos; Que se dio cuenta de la detención a las tres de la tarde. La prueba relacionada no permiten derivar la responsabilidad penal del acusado en el delito por el cual se le acusa.- En principio el Policía Jaime Javier Perdomo, señala que fueron avisados de que se estaba desmantelando un vehículo en la Colonia Suyapa, por lo que en el lapso de cinco minutos se personaron al lugar pero extrañamente no observaron dicha acción sino que a un vehículo circulando supuestamente manejado por el acusado, sin que el Acta de Inspección Ocular señalase que al vehículo le faltase alguna de sus partes; Por otra parte éste testigo señala que al ser requerido el acusado presento una boleta de revisión vencida y que fue esto más la actitud nerviosa de aquel lo que le motivo para resolver conducir a la Estación de Policía, más tal documento no fue presentado prueba en el juicio, por lo que se dejó de conocer si el documento pertenecía al vehículo incautado y de ser así a nombre de quien estaba registrado el automotor.- Por otra parte el policía Franly Varela Videa Zelaya, indica que el ofendido interpuso una denuncia por el delito de robo, misma que no fue presentada como medio de prueba documental en el debate, por lo que se desconoce cuándo fue puesta dicha denuncia y si tenía relación con el vehículo que fue incautado al acusado; Además el testigo informa que el ofendido reconoció al 100% al acusado como la persona que le despojo de su vehículo, lo cual se hizo constar en un acta, pero extrañamente esa acta de reconocimiento fotográfico tampoco fue presentada como prueba documental en la audiencia de debate, por lo que no puede constatarse si efectivamente ese reconocimiento fotográfico se efectuó, la forma de hacerlo y si efectivamente el ofendido realizo señaló al acusado.- Finalmente advierte esta Sala de lo Penal que la Pretensora erra en sus alegatos pues afirmó que fueron presentados como medio de prueba documental el “Tracto Sucesivo” (impresiones de registro de vehículo, donde se señala sus características y la persona dueña de éste), lo cual no fue así, dado que tales documentos no fueron propuestos en la audiencia de proposición de medios de prueba, mucho menos evacuados en la audiencia de debate, no estableciéndose entonces la propiedad del vehículo, en particular de que el acusado no era su propietario y con ello la imposibilidad de poder afirmar la existencia de un delito de robo, como bien lo derivó el Tribunal de Sentencia. V. DECISIÓN No ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- Decide: Primero: Declarar No Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declarar No Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Tercero: Declarar firme y ejecutable la sentencia de fecha treinta (30) de Abril del año dos mil trece (2013) (f. 103), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- Rafael Bustillo Romero.- Magistrado Coordinador.- Alma Consuelo Guzmán García.- Magistrada .- José Olivio Rodríguez Vásquez.- Magistrado .- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-03-2014.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.