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Sentencia CP-82-13 — Registro 7896

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados, contra la sentencia de primer instancia que los condena por el delito de asesinato

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala estima que en el presente caso, el A Quo efectivamente ha infringido el Derecho Constitucional al DEBIDO PROCESO, establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, en relación al derecho de defensa, al haber condenado a los señores R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A., por el delito de Asesinato en perjuicio de E. D. F. R. y O. E. F.. El Juzgador no aprecia la eximente de responsabilidad criminal de MIEDO INSUPERABLE alegada por la defensa. Esta Sala observa que el A Quo no ha expuesto en la sentencia impugnada razones suficientes, en la motivación fáctica, ni en la motivación jurídica, para concluir razonablemente que no concurre la eximente de responsabilidad criminal aludida, y concluir que se trata de un miedo superable. El debido proceso, engloba los derecho de defensa, presunción de de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, publicidad y demás, los que han sido respetados en el juicio. De los hechos declarados probados si bien no resulta descrita ninguna referencia que pudiera poner a los acusados en una situación de peligro o riesgo para sus personas, que hayan sido objeto de amenazas por parte de alguna otra persona, que los haya forzado a actuar contra su voluntad, o impulsado a participar en el hecho de que se les acusa, lo cierto es que de lo declarado en juicio por el testigo H. D. O. P. (folio 250 vuelto) introducida al debate mediante lectura (folio 78 de la causa) vinculado al resto de la prueba agregada al juicio, literalmente dice: “que en fecha veintinueve de enero siendo las tres o cuatro de la tarde el se encontraba en la bodega de la empresa de seguridad Shoomer donde trabaja, escuchando rumores que a R. lo habían asaltado y que habían capturado a los dos ladrones, el se acercó a P. y como no había almorzado le dijo que le dieran jalón para ir a buscar el almuerzo  y le dijo que se montara al carro, cuando el se sube que van dos muchachos que estaban amarrados y le preguntó a P. que pasaba y le dijo solo cerciórate que los lleven a la Policía, se van y su sorpresa es que se van por el puente de la Toyota entonces el le pregunta a M. E. para donde va que esa no es la orden que le dieron y le respondió que él no perdía el tiempo, los llevó a las cañeras allí para el carro M. y le pregunta a el si puede manejar y le dice que no, entonces le dice a M. H. que conduzca el carro, M. con revolver 38 baja a uno de los muchachos, Rodrigo baja a otro muchacho, y Oscar Tomé toma guardia del lugar, se introduce unos cinco o diez metros en la cañera, y primero escuchó tres detonaciones seguidas y luego otras tres detonaciones, regresa donde ellos están y le dice qué hiciste M. y le vuelve a decir ya te dije que yo no pierdo el tiempo, y el primero de ustedes que hable me lo quiebro y quiebro a su familia, se regresan a la oficina a eso de las cinco y veinte de la tarde a terminar de cumplir la jornada”. Esta Sala observa que al valorar el Juzgador tal declaración concluye que: “los señores M. E.. E., R. A. G., O. L. T. y M. A. H. en un vehículo tipo pick, color verde doble cabina de la empresa Shoomer de Honduras, trasladaron amarrados a los menos de apellidos F. hasta una de las cañeras en la treinta y tres calles de San Pedro Sula, donde cada uno de ellos realiza su acción colaboradora para dar muerte a los referidos menores, como consecuencia de inferirles M. E. tres disparos en la cabeza a cada uno de ellos como se corrobora con las actas de levantamiento y dictámenes de autopsia correspondientes; tal y como se estableció en los hechos probados de este fallo, hechos que tienen la característica y de acuerdo a esta prueba, con lo que se nomina coautoría, es decir la realización conjunta de este hecho, denotándose que los imputados colaboraron consciente y voluntariamente interviniendo de algún modo en la realización del ilícito atribuido”. Esta Sala concluye que en el presente caso, el Juzgador al valorar las declaraciones de testigos entre ellas la del testigo H. D. O. P., deriva la participación consciente y voluntaria de los acusados a titulo de coautores y no valora la eximente de culpabilidad criminal, como lo es el haber actuado los acusados bajo un MIEDO INSUPERABLE ante el accionar delictivo del co acusado M. E. E.. No establece la valoración de la prueba de testigos, ni en los hechos declarados probados que haya habido concierto de voluntades, ni un plan preconcebido entre los acusados, o que los señores R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A. hayan compartido de inicio o durante el desarrollo de los hechos, la idea criminal del acusado señor M. E. E., por ser la persona que tenia el control sobre el vehículo de la compañía de Seguridad y dirigirlo con dirección a las cañeras aledañas a la ciudad de San Pedro Sula, en lugar de cumplir la orden de llevar a los detenidos a la posta y entregarlos a la Policía, persona que pistola en mano condujo a los jóvenes al interior de la cañera e les infirió tres disparos en la cabeza a cada uno de ellos causándoles la muerte. Esta Sala no comparte la tesis del Juzgador de instancia con la que descarta la eximente de MIEDO INSUPERABLE, en virtud que el momento en que el acusado M. E. E., decide ejecutar la acción delictiva, constituye una situación de vida o muerte, en la los acusados no parecen haber intervenido consciente y voluntariamente, y si bien no intervienen para evitar su accionar criminal del coacusado y tampoco lo denuncian ante las autoridades de Policía, esto ocurre precisamente a consecuencia del miedo ocasionado por las amenazas vertidas por el acusado señor M. E. E. dirigidas a los coacusados R. A.. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A., y contra los miembros de las familias de estos, pistola en mano, e inmediatamente después de haber ejecutado con esa misma arma de fuego a los dos menores en las Cañeras, lo que podría considerarse un tipo de MIEDO INSUPERABLE, que exime de culpabilidad criminal a los acusados. Por lo anterior, esta Sala estima que es procedente declarar con lugar el motivo de casación de Infracción del Precepto Constitucional, por violación al derecho de Debido Proceso invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala considera que en el presente caso no se aprecia que el fallo impugnado adolezca del vicio in procedendo de motivación insuficiente, en la valoración de la prueba testifical consistente en la declaración del testigo H. O. incorporada al juicio mediante lectura, por no haber sido valorada en su conjunto por el Juzgador, ni extraer de ella no solo aspectos a favor del ente acusador, sino también aspectos que favorecen a los acusados. Declaración que debió haberse valorado junto a la declaración de los imputados R. G. Y L. T..- Esta en el presente el Juzgador estableció la conexión lógica y necesaria entre la motivación fáctica y el fallo condenatorio impugnado, y ha vertido razones suficientes para concluir que los acusados participaron en el delito de asesinato. En el presente caso, esta Sala observa que la sentencia es perfectamente motivada, y que no concurren elementos de juicio suficientes para considerar que el pronunciamiento adolezca de motivación, o que motivación sea defectuosa. Esta Sala considera que solo la falta de motivación daría lugar a declarar en casación la nulidad de la sentencia impugnada, no así el alegato de motivación defectuosa, como resulta del presente caso. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de Forma, invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala considera que el A Quo si bien ha dejado de valorar prueba de valor decisivo para la litis, consistente en la declaración del testigo H. D. O. P., rendida en audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura, de la que resulta que el señor M. E. E. B., fue quien condujo el vehículo hacia las cañeras… con revólver en mano llevó a los jóvenes unos metros y les hizo tres disparos a cada uno, quitándoles la vida, y amenazando a los acusados, diciéndonos que al primero que hablara lo quebraba a el y a su familia. Considera esta Sala que efectivamente la sentencia aludida adolece de este vicio en la valoración de la prueba, el A Quo omite brindar las razones suficientes para no otorgar el verdadero alcance a prueba testifical aludida, en la parte en que declara que la persona que conducía el vehículo hacia las Cañeras, pistola en mano disparó y quitó la vida a los jóvenes detenidos y después los amenazó para que no hablaran era el señor M. E. E. B., prueba de valor decisivo para la litis. En este caso esta Sala considera que el Juzgador de instancia no expresa en forma lógica y coherente, las razones por las que vincula a los acusados O. L. T. A.,  R. A. G. DE L. y M. A. H. M., con el accionar ilícito del coacusado M. E. E. B., y concluye que todos ellos participación consciente y voluntariamente en los hechos ilícitos por los se les condena. Por lo expuesto declara con lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de Forma, invocado por el recurrente, sin embargo considera que al haber prosperado también el motivo de casación de Infracción de Precepto Constitucional del Debido Proceso, debe dar prelación a este último motivo de casación, por casar la sentencia impugnada y resolver sobre el fondo del asunto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Penal considera que en el presente caso el A Quo infringe las reglas de la sana critica al valorar la PRUEBA TESTIFICAL consistente en la declaración de testigo H. O., incorporada mediante lectura al debate, al concluir equivocadamente con esta que los acusados R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A. son responsables del delito de ASESINATO en perjuicio de los ofendidos de apellido Flores. El Juzgador de instancia no valora adecuadamente lo declarado por el testigo O. cuando refiere que “...fuimos amenazados….con pistola en mano…. “al primero que hable me lo quiebro a él y a su familia...”, es decir que los acusados no actuaron consciente y voluntariamente con el accionar delictivo del co acusado M. E. E. B. sino motivados por miedo después de conocer de lo que era capaz, lo cual se deriva de lo declarado por el TESTIGO O. y lo declarado en juicio por los propios acusados R. A. G. DE L. Y O. L. T. A., los que dijeron que del  miedo que sentían no les permitió otra conducta, pues su oposición en primera instancia hubiese provocado su muerte o la de la persona que realizo el hecho punible y lo que sucediera, fuera lo primero o lo segundo, implicaba para ellos dejar una familia desamparada y que la actitud de los acusados nunca fue de colaborar. Por las razones expuestas esta Sala declara con lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de forma por violación de la Sana Critica invocado por el recurrente, sin embargo considera que al haber prosperado también el motivo de casación de Infracción de Precepto Constitucional del Debido Proceso, debe dar prelación a este último motivo de casación, por casar la sentencia impugnada y resolver sobre el fondo del asunto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, quien actúa como Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-82-2013 por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando a los acusados M. E. B., M. A. H. M., O. L.. T. A. y R. A. G. De L., a la pena de veinte (20) años de reclusión por el delito de Asesinato en perjuicio de E. D. F. R. y O. M. S.; asimismo los condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 2) Declaró la responsabilidad civil de los condenados M. E. B., M. A. H. M., O. L. T. A. y R. A. G. De L.. 3) No condenó a dichos procesados al pago de costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Interpusieron los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma el Abogado C. A. R. T., en su condición de Apoderado Defensor de los señores M. A. H. M., O. L. T. A. y R. A. G. De L., y el Abogado J. E. S. P., en su condición de Apoderado Defensor del Señor M. E. E. B., a quien se le declaró desierto el recurso.- SON PARTES: El Abogado C. A. R. T., Apoderado defensor de los acusados M. A. H. M., O. L. T. A. y R. A. G. De L., como parte recurrente; y el Abogado S. C., en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Valorando en condición conjunta y armónica las pruebas legítimamente efectuadas en juicio de acuerdo con los razonamientos de la sana crítica, este Tribunal, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: el día sábado veintinueve de enero del año dos mil once, en horas de la tarde, el guardia de seguridad R. A. G. de L. llamó a su centro de trabajo Empresa de Seguridad SHOOMER DE HONDURAS para informar que había sido objeto de asalto por parte de dos jóvenes, inmediatamente la empresa de seguridad responde enviando una patrulla al mando de P. F. Jefe de Operaciones, acompañado de los guardias de seguridad M. A. H. M. y O. L. T. A., quienes se conducen hasta la veintisiete calle del barrio la Guardia a inmediaciones de la Iglesia Casa de Salvación donde se encuentran a los menores E. D. F. R. y O. E. F. a quienes someten a la impotencia por medio de golpes y patadas, los amarran de pies y manos y los lanzan a la paila de la patrulla, dirigiéndose a la oficina de la empresa donde son reconocidos por el guardia de seguridad R. A. G.. SEGUNDO: P. F. F. les ordenó llevar a los capturados a la primera estación de policía y le entregó la patrulla a M. E. E. B. quien la condujo, en dicha Patrulla también se conducían R. A. G. de L., M. A. H. y O. L. T. A. junto a otro guardia de seguridad de apellido O. que les pidió jalón. TERCERO: Salieron de las oficinas de la empresa de seguridad y en lugar de dirigirse a la estación de policía como había sido la orden dada, se trasladaron cerca de la treinta y tres calle en San Pedro Sula, introduciéndose a las cañeras de ese sector, donde M. E. E. se bajó del vehículo con arma de fuego en mano y condujo a uno de los jóvenes al interior de la cañera, R. A. G. de L. llevó al otro joven hasta donde se encontraba el primero junto a M. E. E., mientras que O. L. T. vigiló la zona armado de una escopeta doce y M. A. H. tomó la conducción del vehículo y lo colocó en posición de salida. CUARTO: En ese mismo instante después que R. A. G. de L. llevó al otro joven se regresó donde sus compañeros, procediendo M. E. E. a disparar en tres ocasiones a cada uno de los jóvenes causándoles la muerte inmediatamente, acto seguido volvió donde le esperaron sus compañeros y regresaron a la oficina de la empresa de seguridad.” III. ADMISION El Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado C. A. R. T., en su condición de apoderado defensor de los señores M. A. H. M., O. L. T. A. y R. A. G. De L., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV.RECURSO DE CASACIÓN El recurrente Abogado C. A. R. T.., actuando en su condición de apoderado defensor de los señores, M. A. H. M., O. L. T. A. y R. A. G. De L., procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVO POR INFRACCION DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL PRIMER MOTIVO: Haberse producido infracción de Precepto Constitucional en el Desarrollo del Proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 361 del Código Procesal Penal.- EXPLICACION DEL MOTIVO. El precepto constitucional que se invoca como infringido, prescribe: Art. 90 de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: El Derecho al DEBIDO PROCESO, forma parte de la gama de derechos individuales que regula la parte dogmática de la Constitución de la República; el cual se constituye en un instrumento de protección frente al Poder Estatal (IUS PUNIENDI) para garantizar a los ciudadanos la correcta administración de justicia enmarcada dentro del principio de legalidad ( art. 321 de la Constitución de la República) y el derecho a la defensa (art.82 de la constitución de la república); como nos dice LUIGI FERRAJOLI en su libro DERECHO Y RAZON pagina 32 “...el ejercicio de la autoridad no otorga licencia para quebrantar la ley, ni aun con el pretexto de combatir el crimen o la violencia...”, la afectación legal de una garantía constitucional, en consecuencia, sólo es posible producirla en las situaciones reguladas por la misma Constitución de la República, o por delegación de ésta, por la legislación secundaria, a la cual se le asigna la función de establecer los casos, condiciones y formalidades que deben respetarse en el caso que sea necesaria la afectación de los derechos individuales de cada persona. De esa forma, y en consonancia estricta con la Constitución, el Código Procesal Penal es la norma autorizada por el Legislador Constitucional para establecer las condiciones y formalidades a seguirse cuando al Poder Estatal le resulte necesaria la vulneración de una garantía constitucional, de ahí que el derecho penal sea reconocido por la doctrina como derecho constitucional aplicado.- De esa forma, en el presente caso que ha representado el enjuiciamiento y condena de los ciudadanos R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A.., se ha producido una evidente violación a su Derecho Constitucional Al DEBIDO PROCESO y al principio de LEGALIDAD, y derecho a la defensa, al ocurrir las siguientes anomalías: en el numeral seis de la valoración de la prueba de la sentencia recurrida específicamente en el folio cinco vuelto de la misma, se puede observar que dicho tribunal reconoce la existencia de la eximente planteada por la defensa en cuanto al miedo insuperable pero no lo valora porque dice que ...los intimidados eran en cantidad superior al supuesto intimidante...”, ¿será entonces? Que todo persona que observe un delito aun circunstancialmente está obligada por la ley a denunciar aunque esto implique poner en riesgo su vida o la de su familia, o por ejemplo, Si en un autobús lleno de pasajeros se sube un delincuente conocido por la mayoría, le da otro rumbo distinto al que debía seguir a la unidad, mata a uno de los pasajeros, y le dice a los demás que al primero que hable lo quiebra, ¿será que? Hay que mandar a la cárcel a todos los pasajeros del auto bus por no haber hablado, porque según un tribunal ellos serian mayoría y podrían haber evitado un mal y el no hacerlo los colocaría en una situación de coautores.-Al incurrir en error al tribunal de sentencia desconoce el derecho de mis representados a un juicio justo mediante un debido proceso, como lo manifiesta el Dr. JAOQUIN A. MEJIA RIVERA en su libro DERECHOS HUMANOS Y PROCESO PENAL (un vistazo al proceso penal hondureño página 71) “….Las normas internacionales de derechos humanos enfatizan en darle un lugar privilegiado a la regulación de los derechos de las personas imputadas durante el proceso penal para que estas, al enfrentarse a la acción penal pública, gocen de todas los condiciones que le garanticen un juicio justo...” y esto es así pues estas garantías y derechos son el único freno que tienen los ciudadanos contra el poder estatal.- El artículo setenta (70) de la Constitución de la República establece “...todos los hondureños tienen derecho y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere prescrito...”, y como nos dice el Dr. JAOQUIN A. MEJIA, en su ya pre citado libro en la pagina 98 “...cuando no se tiene certeza clara y precisa en lo que manda o prohíbe la ley, se incurre en una situación que genera inseguridad para los ciudadanos y ciudadanas frente a la ley...”, o como nos dice Muñoz Conde el “Ordenamiento jurídico no puede imponer el cumplimiento de sus mandatos, más allá de una exigibilidad normal o general.- En principio, la realización de una conducta descrita en la ley como delito supone la aplicación de una pena a su autor. Pero nuestro código penal, en su título III, contienen un catálogo de causales que eximen de responsabilidad penal, bien porque el agente sea inimputable, bien porque legitimen el acto, o bien, porque en determinadas circunstancias, la comisión o no del hecho típico no sea reprochable. Por todo lo antes mencionado concluimos que “El derecho no puede exigir comportamientos heroicos o en todo caso, no puede imponer una pena cuando en situaciones extremas alguien prefiere cometer un delito (por acción o por omisión) antes que sacrificar su propia vida o su integridad física o la de su familia.- la pregunta es ¿Por qué el tribunal? Basa su sentencia en una exigencia no prescrita por la ley al decir en la valoración de la prueba (folio cinco vuelto de la sentencia) “...pudieron alejarse del lugar y denunciar lo sucedido si no estaban de acuerdo...”.LA DRA. Virginia Arango Darling, Catedrática de Derecho Penal Universidad de Panamá Nos dice: “La aceptación de las eximentes de responsabilidad penal, tanto en el plano doctrinal como legislativo, es de singular importancia, pues no se trata de un mero capricho del legislador, sino más bien de una realidad social, jurídica y política, en la que se hace necesario no castigar al ciudadano, pues si bien este realizó un hecho típico, no necesariamente debe ser objeto de una sanción penal.” Esto implica que no se le puede exigir a un ciudadano común la realización de un acto heroico bajo ninguna circunstancia,(lo subrayado es mío). Al no cumplirse con los requisitos y formalidades exigidas por la ley, es que, como se ha dicho, resulta violentada esta norma constitucional CONTENIDA EN EL ART. 90 de la Constitución. Con las graves irregularidades y abusos cometidos en esta sentencia por el tribunal, se afectó a su vez la garantía de legalidad establecida en el Art. 321 de la Constitución de la República, según la cual, “Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.- Con la sentencia de fecha siete de Septiembre del 2012, el tribunal, está sustituyendo normas constitucionales cuyo cumplimiento es obligatorio, por un actuar arbitrario, dejando demostrado que ha infringido el precepto constitucional específicamente los artículos 70, 82, 90 y 321 de nuestra Constitución. Así las cosas, y en cumplimiento estricto de las normas señaladas, al vulnerarse las normas esenciales establecidas por el legislador para realizar una correcta administración de justicia, lo que repercute en la Violación al Derecho al debido proceso y principio de legalidad, procede ante esa infracción la declaratoria de nulidad del acto procesal recurrido pues al exigir el tribunal un acto heroico por parte de mis representados se toma atribuciones que la ley no le confiere pues la ley no exige actos heroicos y más bien el legislador prevé en nuestro Código Penal, en su título III, un catálogo de causales que eximen de responsabilidad penal, bien porque el agente sea inimputable, bien porque legitimen el acto, o bien, porque en determinadas circunstancias la comisión o no del hecho típico no sea reprochable.- sumado a lo anterior es importante recalcar que ninguno de los testigos manifestó que M. E., hubiese manifestado que su intención era matar a los jóvenes, por lo que se vuelve irrisoria la exigencia del tribunal, puesto que en ese momento mis representados estaban ante un hecho incierto. De esa forma, se pide que mediante la sentencia que declare la absolución de mis representados, se les restituya en cierta forma del vejamen a que ha sido sometidos ya que es esa la única forma de garantizar la efectividad demandada por el Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto al sistema recursivo, como medio válido de protección a los derechos fundamentales de la persona. RECLAMACIONES HECHAS PARA LA SUBSANACION DE LA FALTA: Es importante señalar, que el cuestionamiento constitucional al debido proceso, Por tratarse de un vicio in iudicando que se comete en la Sentencia Definitiva misma; contra tal vicio, por su naturaleza, no ha sido posible intentar ningún otro recurso más que el presente.” El recurrente Abogado C. A. R. T. procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA”. SEGUNDO MOTIVO: Insuficiencia de Motivación fáctica en la Sentencia impugnada. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, se encuentra comprendido en el numeral 3) del Artículo 362 del Código Procesal Penal. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Mediante este vicio “in procedendo”, el Tribunal de Sentencia ha infringido lo dispuesto en el Artículo 338, parte Cuarta, numeral 2) del Código Procesal Penal, en cuanto ordena que toda Sentencia Definitiva deberá fundamentarse, entre otras cosas, con la Valoración de la Prueba. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: En la Sentencia Definitiva que hoy se impugna, este Tribunal de Sentencia declaro, como Hecho Probados, entre otras cosas PRIMERO: que “...El día sábado veintinueve de Enero del año 2011, en horas de la tarde, el guardia de seguridad R. A. G. de L., llamó a su centro de trabajo….para informar que había sido objeto de asalto…. la empresa de seguridad responde enviando una patrulla al mando de P. F., acompañado de los guardias de seguridad M. A. H. M. y O. L. T. A.,...” SEGUNDO: “...P. F. F., les ordenó llevar a los capturados a la Primera Estación de Policía y le entregó la patrulla a M. E. E. también se conducían R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A., junto a otro guardia de seguridad de apellido O....” TERCERO: “...salieron de las oficinas de la empresa de seguridad y en lugar de dirigirse a la estación de policía como había sido la orden dada, se trasladaron introduciéndose a las cañeras donde M. E. e. se bajo del vehículo con arma de fuego en mano...”.- CUARTO: En ese mismo instante después que R. llevó al otro joven se regresó donde sus compañeros, procediendo M. E. E. a disparar en tres ocasiones a cada uno de los jóvenes causándoles la muerte inmediata, acto seguido regresó donde lo esperaban sus compañeros y regresaron a la oficina de la empresa de seguridad. Esa es la forma en cómo el Tribunal Sentenciador motiva su conclusión fáctica a la que arriba sobre la participación de mis mandantes en el asesinato de E. D. F. y O. E. F., y dicha motivación es, a todas luces, insuficiente, pues no logra evidenciar esa conexión lógica e inequívoca entre el indicio conocido y la verdad que se quiere conocer. Se afirma que este razonamiento del Juzgador acerca de que, por haber ido mis representados en el mismo vehículo que las víctimas y el autor del hecho son también ellos coautores del delito, se traduce en una motivación insuficiente, en virtud que, a través de la misma, este tribunal de Sentencia no ha logrado armonizar los siguientes aspectos que también han sido estimados en el acápite de Valoración de la Prueba: numeral quinto” le pregunta a M. E. para done va que esa no es la orden que le dieron y el le respondió que el no perdía el tiempo paro el carro M. y le pregunta a el (H. O.) que si puede manejar que hiciste m. y le vuelve a decir ya te dije que yo no pierdo mi tiempo...”, por lo que no se justifica como es que se llega a la conclusión de que mis representados M. A. H. y R. A. G. DE L., son responsables a título de autores del delito de asesinato cuando por otro lado, el mismo testigo O. manifiesta “...solo el los quería matar...” refiriéndose a m. e., además afirma el tribunal que “...le dan credibilidad por ser su declaraciones contundentes y verosímiles...” a esa prueba testifical rendida por el testigo H. O. e incorporada al juicio mediante lectura, el tribunal a la hora de valorar la prueba no toma en consideración lo manifestado por el en su conjunto y extrae solamente lo que conviene a tos intereses del ente acusador, esto es así pues el tribunal obvia en todo momento mencionar que el testigo también manifestó que cuando E. le preguntó que si podía conducir y le respondió que no. E. le dijo ¿Cuál es tu cagazon?, también manifiesta dicho testigo que el señor M. E., agarro el revólver calibre 38 y se dirigió a mis defendidos siempre con pistola en mano, continuo manifestando el testigo O., que luego de escuchar las detonaciones le pregunto ¿Qué hiciste M., a lo que le respondió ya te dije que yo no pierdo mi tiempo amenazándolos a cada uno de ellos diciéndoles que al primero que hablara lo quebraba a el y su familia (ver folio 78 frente y vuelto del expediente de merito), al interrogatorio planteado por la defensa este testigo manifestó que ellos cuatro fueron amenazados, y que M. E., era el único que quería matarlos pero que nunca pensó que cometería un homicidio, pero después de lo que hizo dijo que lo creía capaz de llevar a cabo su amenaza y que nunca ellos colaboraron por su voluntad, recalcando que M. E., siempre hablo con autoridad y con el arma en mano (ver folio 79 frente y vuelto del expediente de mérito), el tribunal debió haber relacionado toda la declaración del testigo O. entre si, incluso dicha relación tuvo que haberse relacionado con la declaración de los imputados R. G. Y L. T., y no solo con la declaración de los señores A. y P., a interés del ente acusador.- Es por estas razones que se afirma que en el presente caso, el Honorable Tribunal de Sentencia, al concluir que los señores M. A, H,, R, A, G, DE L, y O, L, T, A,, son responsables a titulo de autores del delito de asesinato sin que exista esa conexión lógica y necesaria entre los conlleva una innegable motivación táctica insuficiente en el fallo impugnado, pues el Sentenciador no ha podido fundamentar de manera lógica su afirmación de los hechos probados. De esta manera, se evidencia que este Tribunal de Sentencia, ha infringido el mandato estipulado en el Artículo 338, parte CUARTA, numeral 2) del Código Procesal Penal, en cuanto la Motivación fáctica del Fallo es insuficiente. Si este Honorable Tribunal de Sentencia, al momento de valorar las pruebas, hubiese fundamentado suficientemente tal valoración, obviamente hubiese llegado a una conclusión muy distinta sobre la participación de mis defendidos M, A, H,, R, A, G, DE L, y O, L, T, A., en el delito de asesinato; y por tanto, al no haberlo hecho así, amerita que la Honorable Corte Suprema de Justicia, actuando a través de su Sala de lo Penal como Tribunal de Casación, anule el fallo recurrido y devuelva los antecedentes a este Tribunal de Sentencia para que se subsanen los vicios procesales incurridos. RECLAMACIONES HECHAS PARA LA SUBSANACION DE LA FALTA: Por tratarse la insuficiente o defectuosa Motivación fáctica del Fallo, de un vicio in procedendo que se comete en la Sentencia Definitiva misma; contra tal vicio, por su naturaleza, no es posible intentar ningún otro recurso mas que el presente”. TERCER MOTIVO: Quebrantamiento de Forma por haber dejado de considerar una prueba de Valor decisivo en la Litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en Artículo 362 numeral 2 del C.P.P. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Previo a desarrollar el presente Motivo, es conveniente aclarar, para todos los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia Recurrido, ha dejado de Valorar prueba de TRASCENDENTAL IMPORTANCIA y decisiva para llegar a la verdad de los hechos debatidos del Juicio. El Precepto Penal infringido por falta de Aplicación prescribe lo siguiente: Artículo 202 del C.P.P. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica .El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la Prueba producida, en relación al art. 336 párrafo primero del C.P.P. y 338.Las Sentencias se redactaran... Primera…., Segunda,... Tercera,... Cuarta,... Valoración de la prueba, ... seguidamente se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados.... todos estos artículos del C.P.P. EXPRESA, el Tribunal Sentenciador que la Prueba testifical presentada por la Defensa, amparados en el Principio de Comunidad de la Prueba y VALORADOS en el numeral QUINTO: del Apartado de la Sentencia dedicado a la VALORACION DE LA PRUEBA, declaración del testigo H. D. O. P., de la manera siguiente: “....Estas declaraciones han sido contundentes y verosímiles...” Honorable Tribunal de Alzada, este medio de Prueba, testifical, consistente en la declaración rendida por H. D. O. P., en audiencia inicial e incorporado al juicio mediante lectura, al ser cuestionado por las partes, narro “ ....que cuando iban en el vehículo le pregunto al conductor del vehículo señor M. E., “...hacia dónde va y me dijo que hacer lo que tengo que hacer le dije que esas no fueron las instrucciones y su respuesta fue yo no pierdo mi tiempo una vez estando en las cañeras el señor M. E. frenó el carro agarró su revólver le dijo al señor M. H., que condujera el vehículo luego le dijo a O. T., que se bajara le dijo a R. G., con revólver en mano que bajara al otro se escucharon tres detonaciones luego otros tres, cuando regresó le pregunté qué hicistes M., ya te dije que yo no pierdo mi tiempo, amenazándonos a cada uno de nosotros, diciéndonos que al primero que hablara lo quebraba a el y a su familia….”.Como vosotros os podréis imponer Honorables Magistrados, el contenido de la Sentencia Recurrida, dictada por el TRIBUNAL de SENTENCIA presenta vicios de Fundamentación en la valoración de la prueba, pues omite brindar las razones suficientes para no otorgar el verdadero alcance y valor probatorio decisivo a la prueba testifical incorporada al debate por el M.P. y la defensa al tenor del Principio de Comunidad de la Prueba. Como se puede apreciar el Sentenciador no expresa en forma lógica y coherente, las razones que dieron lugar a la formación de la convicción; como se puede comprobar el control de la fiabilidad de los medios de prueba testifical presentada a favor de mis defendidos, no se puede VERIFICAR, si el Sentenciador excluye de su valoración el análisis, del verdadero alcance de la prueba, aunque este se haga de forma: escueta, suscinta o breve.- Esto quiere decir que la defensa está sumamente segura que la prueba no se presentó para probar el tipo penal de asesinato, como nos quiere hacer creer el Tribunal de Sentencia, SINO que la defensa quería probar una eximente de responsabilidad y que de haberse valorado la prueba en su verdadera dimensión hubiera favorecido la tesis de la DEFENSA con la misma prueba, pues como con la prueba aportada no se probo la participación de mis representados de manera cooperante, el T.S. estaba en la obligación de manifestar que quedaba acreditada la INOCENCIA de los señores: R. G. y M. H.. Queriendo el Tribunal Sentenciador desconocer la verdadera razón alegada por la defensa para aportar dicha prueba TESTIFICAL, Así como la finalidad que llevaban la serie de repreguntas, hechas en su momento cuyo objetivo principal era probar a través de este testimonio, que mis Representados los señores R. G. y M. H., no eran responsables de del delito de asesinato bajo ninguna calificación. Al haber una diferencia tan abismal entre la Prueba evacuada en Debate Oral y Público y el Criterio del Tribunal en la Valoración de la Prueba somos del criterio que la Defensa introdujo en los Jueces del Tribunal una DUDA RAZONABLE. Por lo creo que el tribunal devenía en la obligación de aplicar el Principio de IN DUBIO PRO-REO, Presunción de inocencia y legalidad así como el Debido Proceso, pues estos nos indican que en caso de Duda es preferible Absolver a un culpable y NO Condenar a un inocente. RECLAMACIONES HECHAS PARA LA SUBSANACION DE LA FALTA: Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio”.- CUARTO MOTIVO: Quebrantamiento de Forma por no haber observado el Sentenciador en la Valoración de la Prueba las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362.- numeral 3 del C.P.P. El Precepto Penal Objetivo que se invoca como infringido prescribe lo siguiente : Artículo 202 del C.P.P. .- Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda a Prueba producida, en relación al art. 336 y 338 del C.P.P. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: A criterio de la Defensa el primer Yerro el Tribunal lo comete al dar un valor que no corresponde a la prueba TESTIFICAL identificada como declaración de testigo H. O., e incorporada al debate mediante lectura, prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público pero que ya en el juicio es una Prueba Común amparado en el Principio de comunidad de la Prueba y el Defensor puede hacer uso de ella. COMO el motivo se orienta a demostrar que no se observo las Reglas del correcto entendimiento humano a la hora de valorar la Prueba evacuada en el Debate Oral y Público, que a la vez es un problema de Fundamentación, conviene explicar en qué consisten esas Reglas. De acuerdo a nuestra Legislación Procesal Penal el sistema de Valoración a aplicar en nuestros Juicios Orales y Públicos es el de la Sana Crítica Racional, en donde el juez debe explicar los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.- sistema de valoración consignado en el art. 202 del C.P.P. Este sistema de valoración se concreto aplicándolo al Juicio Oral y público que nos ocupa, de lo cual resultó: LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 07 de Septiembre del 2012 y para dar esta Sentencia definitiva supuestamente se siguió todos los Análisis Científicos y lógicos así como los Requisitos que ordena el art.202 en relación a los art. 336 y 338 del C. P. P.-.A criterio de la Defensa de los señores R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A., esta sentencia debe contener una Relación Clara, Precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como Fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel juicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo Probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, esta Fundamentación probatoria esta dividida en Descriptiva e Intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para ser sometidos a las reglas del entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio. Luego de esa Fundamentación Probatoria Descriptiva, el Tribunal debe decidir en Sentencia la Apreciación de los medios y elementos de Prueba, o sea, la fundamentación Intelectiva. En este Apartado de la Sentencia el Juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece Fe y otro NO y además, porque un Medio de Prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este Fundamento intelectivo recae el Reproche del Recurso de Casación por Violación de las Reglas de la Sana Crítica. Para la Defensa debe considerarse que todo problema de violación a las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación. Las Reglas a las que nos referimos son: La Experiencia, La Psicología y La Lógica La Experiencia: Se refiere al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el Juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especia liza dos. La psicología: Se relacionan con los conocimientos Básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. La Lógica: Implican que el Ejercicio intelectivo del Juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada de la verdad.). La Coherencia manda la aplicación de los principios de: Identidad, Contradicción y de tercer excluido. La Derivación induce a la Obligatoriedad de que la Sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga.) Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de Instancia. A criterio de la Defensa el primer Yerro el Tribunal lo comete al dar un valor que no corresponde a la Prueba TESTIFICAL de cargo constituida por la Prueba testifical identificada como declaración de testigo H. O., en audiencia inicial ofrecida por el Ministerio Público. La verdad Procesal acreditada en el juicio Oral y Público, con la Prueba testifical identificada como declaración rendida en audiencia inicial por el testigo, ofrecida por el Ministerio Público que corre agregada a folios setenta y ocho y setenta y nueve (78 y 79) frente y vuelto, consistente en Declaración del testigo H. O., que fue introducida al Debate por Lectura, se prueba fehacientemente que mis Representados no son responsables del ilícito que les imputa el Ministerio Público, por las siguientes razones lógicas y científicas de acuerdo a las reglas de la sana crítica que nos obliga a usar el Código Procesal Penal y no entendemos como Jueces con tanta experiencia dejan pasar los extremos acotados y no lo valoran la prueba en su verdadera dimensión procesal o la aplican a la conveniencia del Ministerio Público, y no a favor del Imputado. En segundo lugar a criterio de la Defensa el Tribunal erró nuevamente al dar un valor que no corresponde a la Prueba Testifical pues evidentemente no logra armonizar la misma en todo su conjunto.- El conjunto de esta prueba brinda una información que el Tribunal de Sentencia no logró extraer, dándole un valor a la misma en contra de los intereses de la defensa para acreditar de manera fehaciente la eximente de responsabilidad planteada y contemplada en nuestro código penal en su artículo 25 numeral uno, como lo es el miedo insuperable.- incurriendo así en la violación de las normas del correcto entendimiento humano, señalando aparentes justificaciones, que no soportan un examen de valoración que le permitan afincarse como cimientos de una decisión judicial.- El doctor E. R. Z. en su libro Manual de Derecho Penal parte general; que la carga de la prueba representa el gravamen que recae sobre las partes para facilitar el material probatorio necesario al Juez para formar su convicción sobre los hechos; este gravamen en relación al Ministerio Público no constituye realmente una carga, sino una obligación de la que no se puede lícitamente desatender dados los motivos de su intervención.- En otras palabras esto significa que la carga de la prueba la tiene quien sostiene el alegato; es decir, en el presente caso el Ministerio Público, estaba obligado a probar no solo que se había cometido el delito de Asesinato, sino que también estaba obligado a probar quienes eran los responsables de la comisión de dicho delito mediante una correcta investigación de las personas que según ellos habían participado en el mismo en estricto apego al principio de objetividad que la ley le exige, al no hacer esto el M.P. el Tribunal se ve sorprendido y con su sentencia vulnera el principio de psicología como una de las reglas del correcto entendimiento humano. Para comprender lo anterior es necesario que nos impongamos del momento que vive nuestro país, momento en el cual la mayoría de la población vive una especie de PSICOSIS en relación a la delincuencia, momento en el cual una amenaza por muy leve que parezca no se puede subestimar, pues es de conocimiento común el irrespeto a la vida y la facilidad con la que una persona sin escrúpulos la puede llevar a cabo la misma, por lo que es común que las personas observen la comisión de delitos contra la propiedad o contra la vida y no esté en capacidad de reaccionar por temor a sufrir un daño en su integridad física, pero el tribunal no considera los argumentos esgrimidos por la defensa y emite su sentencia aduciendo “...los intimidados eran en cantidad superior al supuesto intimidante...”, sin tomar en consideración que mis representados son personas comunes que desempeñan un empleo como guardias de seguridad, no porque tengan una preparación militar o policial, sino por mera necesidad. El doctor Z. en su libro Manual de Derecho Penal parte general, nos conceptualiza el delito como “una acción típica, antijurídica y culpable”, y nos dice que para investigar si existe delito tenemos que investigar primero si existe el elemento genérico del delito “LA ACCION”, entendiendo esta como la capacidad del individuo de autodeterminarce y de no existir ese elemento no hay más que investigar.- Al igual que la fuerza irresistible alude a la violencia física, el miedo insuperable alude a la violencia moral. Por ello, la doctrina estima que el miedo limita la capacidad volitiva (autodeterminación) e intelectiva que provoca que al sujeto no le sea exigible otra conducta. El DR. JOHN DOE, en su artículo LA VIDA EMOCIONAL nos dice “...el miedo que llevamos dentro nos empuja a no tener suficiente valor cuando el miedo se alía con el instinto de conservación, nos hace inseguros hasta de nuestra propia vida por miedo también no nos arriesgamos en muchas ocasiones este nos paraliza y nos hace inútiles...”.- Debemos entender como ya se manifestó anteriormente que La psicología para efectos de este recurso, se relacionan con los conocimientos Básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia.- Por ello, la jurisprudencia refiere el miedo al normalmente padecido por el hombre medio o la generalidad de las personas ante una situación o causa hábil para producirlo, dicho en otras palabras ponernos en los zapatos de ellos. Por lo que consideramos que es sumamente importante observar algunos requisitos que el tribunal no observo al momento de dictar la sentencia Recurrida: a) La existencia de una conducta ilegítima ante la cual defenderse o reaccionar.- Solo se presentaban dos opciones para mis representados.- 1) utilizar la violencia para controlarlo y poner en riesgo sus vidas y las de su familia, pues como manifestó el testigo O.. les dijo “...al primero que hable me lo quiebro a el y su familia, 2) abstenerse de reaccionar ante la conducta ilegitima (las amenazas) para no poner en riesgo su integridad física y la de su familia. b) Que esa situación sea capaz de generar un estado emotivo de tan acusada intensidad que prive al que lo sufre del normal uso de su raciocinio provocando la anulación de su autodeterminación. En cuanto a este requisito es importante destacar que el testigo O., manifestó que todos habían sido amenazados y que las mismas las recibían teniendo un revolver en mano quien se la infería. c) Que el miedo haya sido provocado por estímulos ciertos y conocidos, graves actuales o inminentes capaces de provocar ese estado. En este sentido es importante distinguir el antes y el después, el testigo O. refirió “...fuimos amenazados….con pistola en mano…. Al primero que hable me lo quiebro a él y a su familia...”, nótese que si antes de que el señor E. cometiera el hecho tenían miedo, con mucha mas razón después de conocer de lo que era capaz. d) La imposibilidad de exigir al sujeto otro comportamiento por la impotencia de éste de superar o neutralizar el miedo en las circunstancias en que se encuentra, es decir, que pueda estimarse que el miedo coloca a un sujeto normal o medio en tales condiciones que el Derecho no exige a éste un comportamiento diferente. e) La representación en el sujeto de la realización de un mal como única vía de escape a su situación. Nótese que para evitar la realización de las amenazas sufridas mis representados optan por no denunciar a m. e., lo mismo hizo el testigo O., quien solo fue capaz de reaccionar al contar con la protección del ente acusador. f) Que sea el miedo el único móvil de la acción. Quedo probado en juicio con la declaración del testigo O. y los imputados Guerra y Tome, que el miedo que sentían no les permitió otra conducta, pues su oposición en primera instancia hubiese provocado su muerte o la de la persona que realizo el hecho punible y lo que sucediera, fuera lo primero o lo segundo, implicaba para ellos dejar una familia desamparada.- Sumado a lo anterior el testigo O.. manifestó, que la actitud de mis representados nunca fue de colaborar. Por ende queda claramente establecido que mis representados no son responsables de haber cometido el ilícito que se le imputa y que más bien el tribunal valoro la prueba sin apego a las reglas de la sana crítica. RECLAMACIONES HECHAS PARA LA SUBSANACION DE LA FALTA: Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio”. V. FUNDAMENTACION JURIDICA 1) La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el Derecho al acusado de gozar de un DEBIDO PROCESO, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas.

Del derecho de defensa derivan los sub principios de Contradicción o audiencia e igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes, por intermedio de sus apoderados legales a proponer todo tipo de medios de pruebas, formular alegatos o recursos legales, siempre que reúnan los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus pretensiones y derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. Corresponde a la Fiscalía del Ministerio Público, la carga de la prueba a efecto de desvanecer la presunción de inocencia del imputado, con observancia de las formalidades, derechos y garantías, establecidas en la ley a favor del acusado. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un Juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del Juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. (Ver sentencia SP-202-13 con relación al Principio del Debido Proceso). 2) Esta Sala de lo Penal, al respecto de la fundamentación del fallo, recuerda al connotado Jurista Español Don Jesús Fernández Entralgo, cuando reflexiona: “La fundamentación comprende tres partes: a) la declaración (o fijación) de los hechos probados; b) la valoración de la prueba (o fundamentación fáctica); y c) la fundamentación jurídica. La fijación de los hechos probados fundamenta el fallo en cuanto concreta el objeto de la valoración jurídica. La motivación en sentido estricto, se desglosa de la motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el tribunal hace de lo sucedido, expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si prefiere, de la subsunción típica del hecho enjuiciado. Lo anterior, no es sino la concreción prevista en el párrafo cuarto del Art. 141 CPP, de lo establecido por el segundo y tercero para todas las resoluciones judiciales”[1]. Mas adelante el mismo autor refiere: “Lo anterior hace posible reducir la declaración de hechos probados a limites manejables. Solo se deben incluir los extremos verdaderamente relevantes dadas las historificaciones de lo ocurrido propuestas respectivamente por acusación y defensa desde el punto de vista del tratamiento jurídico penal correspondiente, excluyendo los innecesarios o superfluos…..”[2]. El Código Procesal Penal, en la parte conducente del Artículo 362.3, autoriza el Re­curso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando la sentencia impugnada carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, o que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias. Al respecto de la motivación de fallo: “Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “INSUFICIENCIA DE MOTIVACIÓN”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial.[3]” 3) Con respecto a la EXCLUSIÓN DE PRUEBA DECISIVA, esta Sala reitera su Jurisprudencia, en el mismo sentido que lo expone el Jurista Español Dr. Angel Llorente Fernández de la Reguera, en cuanto considera que este motivo de casación por Quebrantamiento: “resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo), o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella) siendo decisiva para decretar la absolución o condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba tenido lugar en la sentencia de forma correcta o si el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso, amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana crítica[4]”. 4) Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[5]. VI. RESUMEN 1) RECURSO DE CASACION DE INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL POR INFRACCION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Argumenta que en el presente caso el A Quo ha condenado a los ciudadanos R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A., con evidente violación a su Derecho Constitucional al DEBIDO PROCESO, y derecho a la defensa. Lo anterior por considerar que en el numeral seis, de la valoración de la prueba, folio cinco vuelto de la sentencia el A Quo reconoce la eximente planteada por la defensa de MIEDO INSUPERABLE pero no lo valora porque dice que ...los intimidados eran en cantidad superior al supuesto intimidante...”. Estima que el A Quo incurre en error al desconocer el derecho de los acusados a un juicio justo, mediante un debido proceso. Concluye que: “El derecho no puede exigir comportamientos heroicos o en todo caso, no puede imponer una pena cuando en situaciones extremas alguien prefiere cometer un delito (por acción o por omisión) antes que sacrificar su propia vida o su integridad física o la de su familia. Es decir que no se le puede exigir a un ciudadano común la realización de un acto heroico bajo ninguna circunstancia, por lo que resulta violentada esta norma constitucional contenida en el art. 90 de la Constitución y a su vez la garantía de legalidad por no apreciar la eximen de responsabilidad penal, dado que en el presente caso, ninguno de los testigos manifestó que M. E., manifestó que su intención fuera la de matar a los jóvenes. 2) RECURSO DE CASACION DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR INSUFICIENCIA DE MOTIVACIÓN FÁCTICA EN LA SENTENCIA IMPUGNADA. Argumenta el recurrente que los hechos declarados probados por el A Quo llega a la conclusión sobre la participación de acusados R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A., en el asesinato de E. D. F. y O.. E. F., pero que la motivación de la sentencia es insuficiente, al no lograr evidenciar el A Quo la conexión lógica e inequívoca entre el indicio conocido y la verdad que se quiere conocer. Reprocha la valoración de la prueba contenida en el numeral quinto en que se le pregunta a M. E. para donde va, que esa no es la orden que le dieron y que el le respondió que el no perdía el tiempo, paró el carro M. y le pregunta a él (H. O.) que si puede manejar que hiciste M. y le vuelve a decir ya te dije que yo no pierdo mi tiempo...”. Por lo anterior, considera que no se justifica como el A Quo llega a la conclusión de que los acusados M. A. H. y R. A. G. DE L., son responsables a título de autores del delito de asesinato, cuando el testigo O. manifiesta “...solo él los quería matar...” refiriéndose a M. E.. Considera que esa prueba testifical rendida por el testigo H. O. e incorporada al juicio mediante lectura, el A Quo no la valora en su conjunto y extrae solamente lo que conviene a los intereses del ente acusador. Reprocha que el A Quo debió haber relacionado la declaración del testigo O. entre sí, y con la declaración de los imputados R. G. Y L. T., y no solo con la declaración de los señores A.. y P., a interés del ente acusador.- Es por estas razones que se afirma que en el presente caso, el Honorable Tribunal de Sentencia, al concluir que los señores M. A. H., R. A. G. DE L. y O. L. T. A., son responsables a titulo de autores del delito de asesinato sin que exista esa conexión lógica y necesaria entre los conlleva una innegable motivación táctica insuficiente en el fallo impugnado. 3) RECURSO DE CASACION DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR HABER DEJADO DE CONSIDERAR UNA PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS. Argumenta que el A Quo dejado de valorar prueba de trascendental importancia y decisiva para llegar a la verdad de los hechos debatidos del Juicio. Reprocha se trata de la Prueba testifical valorada en el numeral quinto de la Sentencia en la declaración del testigo H. D. O. P., rendida en audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura, el cual al ser preguntado por las partes, narro “ ....que cuando iban en el vehículo le pregunto al conductor del vehículo M. E., “...hacia dónde va y me dijo que hacer lo que tengo que hacer le dije que esas no fueron las instrucciones y su respuesta fue yo no pierdo mi tiempo una vez estando en las cañeras el señor M. E. frenó el carro agarró su revólver le dijo al señor M. H., que condujera el vehículo luego le dijo a O. T., que se bajara le dijo a R. G., con revólver en mano que bajara al otro se escucharon tres detonaciones luego otros tres, cuando regresó le pregunté qué hiciste M., ya te dije que yo no pierdo mi tiempo, amenazándonos a cada uno de nosotros, diciéndonos que al primero que hablara lo quebraba a el y a su familia….”. Considera que la sentencia recurrida presenta vicios de fundamentación en la valoración de la prueba, pues omite brindar las razones suficientes para no otorgar el verdadero alcance a prueba testifical de valor probatorio decisivo porque no expresa en forma lógica y coherente, las razones que dieron lugar a la formación de la convicción, y a concluir a través de este testimonio, que los acusados R. G. y M.. H., no son responsables del delito de asesinato. 4) RECURSO DE CASACION DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. Argumenta el recurrente que el A Quo se equivoca al dar un valor que no corresponde a la PRUEBA TESTIFICAL identificada como declaración de testigo H. O., incorporada mediante lectura al debate. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche de Casación por violación de las reglas de la sana crítica. Considera que con la declaración del testigo H. O., se prueba fehacientemente que los acusados R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A.. no son responsables del ilícito que les imputa el Ministerio Público. Lo anterior, por considerar que en el presente caso el Ministerio Público, estaba obligado a probar quienes eran los responsables de la comisión del delito mediante una correcta investigación de las personas que habían participado en el mismo en estricto apego al principio de objetividad que la ley le exige. Reprocha que el A Quo aduce que “...los intimidados eran en cantidad superior al supuesto intimidante...”, sin tomar en consideración que los acusados son personas comunes que desempeñan un empleo como guardias de seguridad, no porque tengan una preparación militar o policial, sino por mera necesidad. Estima que es importante distinguir el testigo O. refirió “...fuimos amenazados….con pistola en mano…. “Al primero que hable me lo quiebro a él y a su familia...”, nótese que si antes de que el señor E. cometiera el hecho tenían miedo, con mucha mas razón después de conocer de lo que era capaz. Asume que quedó probado en juicio con la declaración del TESTIGO O. Y LOS IMPUTADOS G. Y T., que el miedo que sentían no les permitió otra conducta, pues su oposición en primera instancia hubiese provocado su muerte o la de la persona que realizo el hecho punible y lo que sucediera, fuera lo primero o lo segundo, implicaba para ellos dejar una familia desamparada.- Sumado a lo anterior el testigo O., manifestó que la actitud de los acusados nunca fue de colaborar. VII. DECISIÓN 1) Esta Sala estima que en el presente caso, el A Quo efectivamente ha infringido el Derecho Constitucional al DEBIDO PROCESO, establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, en relación al derecho de defensa, al haber condenado a los señores R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A., por el delito de Asesinato en perjuicio de E. D. F. R. y O. E. F.. El Juzgador no aprecia la eximente de responsabilidad criminal de MIEDO INSUPERABLE alegada por la defensa. Esta Sala observa que el A Quo no ha expuesto en la sentencia impugnada razones suficientes, en la motivación fáctica, ni en la motivación jurídica, para concluir razonablemente que no concurre la eximente de responsabilidad criminal aludida, y concluir que se trata de un miedo superable. El debido proceso, engloba los derecho de defensa, presunción de de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, publicidad y demás, los que han sido respetados en el juicio. De los hechos declarados probados si bien no resulta descrita ninguna referencia que pudiera poner a los acusados en una situación de peligro o riesgo para sus personas, que hayan sido objeto de amenazas por parte de alguna otra persona, que los haya forzado a actuar contra su voluntad, o impulsado a participar en el hecho de que se les acusa, lo cierto es que de lo declarado en juicio por el testigo H. D. O. P. (folio 250 vuelto) introducida al debate mediante lectura (folio 78 de la causa) vinculado al resto de la prueba agregada al juicio, literalmente dice: “que en fecha veintinueve de enero siendo las tres o cuatro de la tarde el se encontraba en la bodega de la empresa de seguridad Shoomer donde trabaja, escuchando rumores que a R. lo habían asaltado y que habían capturado a los dos ladrones, el se acercó a P. y como no había almorzado le dijo que le dieran jalón para ir a buscar el almuerzo y le dijo que se montara al carro, cuando el se sube que van dos muchachos que estaban amarrados y le preguntó a P. que pasaba y le dijo solo cerciórate que los lleven a la Policía, se van y su sorpresa es que se van por el puente de la Toyota entonces el le pregunta a M. E. para donde va que esa no es la orden que le dieron y le respondió que él no perdía el tiempo, los llevó a las cañeras allí para el carro M. y le pregunta a el si puede manejar y le dice que no, entonces le dice a M. H. que conduzca el carro, M. con revolver 38 baja a uno de los muchachos, Rodrigo baja a otro muchacho, y Oscar Tomé toma guardia del lugar, se introduce unos cinco o diez metros en la cañera, y primero escuchó tres detonaciones seguidas y luego otras tres detonaciones, regresa donde ellos están y le dice qué hiciste M. y le vuelve a decir ya te dije que yo no pierdo el tiempo, y el primero de ustedes que hable me lo quiebro y quiebro a su familia, se regresan a la oficina a eso de las cinco y veinte de la tarde a terminar de cumplir la jornada”. Esta Sala observa que al valorar el Juzgador tal declaración concluye que: “los señores M. E.. E., R. A. G., O. L. T. y M. A. H. en un vehículo tipo pick, color verde doble cabina de la empresa Shoomer de Honduras, trasladaron amarrados a los menos de apellidos F. hasta una de las cañeras en la treinta y tres calles de San Pedro Sula, donde cada uno de ellos realiza su acción colaboradora para dar muerte a los referidos menores, como consecuencia de inferirles M. E. tres disparos en la cabeza a cada uno de ellos como se corrobora con las actas de levantamiento y dictámenes de autopsia correspondientes; tal y como se estableció en los hechos probados de este fallo, hechos que tienen la característica y de acuerdo a esta prueba, con lo que se nomina coautoría, es decir la realización conjunta de este hecho, denotándose que los imputados colaboraron consciente y voluntariamente interviniendo de algún modo en la realización del ilícito atribuido”. Esta Sala concluye que en el presente caso, el Juzgador al valorar las declaraciones de testigos entre ellas la del testigo H. D. O. P., deriva la participación consciente y voluntaria de los acusados a titulo de coautores y no valora la eximente de culpabilidad criminal, como lo es el haber actuado los acusados bajo un MIEDO INSUPERABLE ante el accionar delictivo del co acusado M. E. E.. No establece la valoración de la prueba de testigos, ni en los hechos declarados probados que haya habido concierto de voluntades, ni un plan preconcebido entre los acusados, o que los señores R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A. hayan compartido de inicio o durante el desarrollo de los hechos, la idea criminal del acusado señor M. E. E., por ser la persona que tenia el control sobre el vehículo de la compañía de Seguridad y dirigirlo con dirección a las cañeras aledañas a la ciudad de San Pedro Sula, en lugar de cumplir la orden de llevar a los detenidos a la posta y entregarlos a la Policía, persona que pistola en mano condujo a los jóvenes al interior de la cañera e les infirió tres disparos en la cabeza a cada uno de ellos causándoles la muerte. Esta Sala no comparte la tesis del Juzgador de instancia con la que descarta la eximente de MIEDO INSUPERABLE, en virtud que el momento en que el acusado M. E. E., decide ejecutar la acción delictiva, constituye una situación de vida o muerte, en la los acusados no parecen haber intervenido consciente y voluntariamente, y si bien no intervienen para evitar su accionar criminal del coacusado y tampoco lo denuncian ante las autoridades de Policía, esto ocurre precisamente a consecuencia del miedo ocasionado por las amenazas vertidas por el acusado señor M. E. E. dirigidas a los coacusados R. A.. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A., y contra los miembros de las familias de estos, pistola en mano, e inmediatamente después de haber ejecutado con esa misma arma de fuego a los dos menores en las Cañeras, lo que podría considerarse un tipo de MIEDO INSUPERABLE, que exime de culpabilidad criminal a los acusados. Por lo anterior, esta Sala estima que es procedente declarar con lugar el motivo de casación de Infracción del Precepto Constitucional, por violación al derecho de Debido Proceso invocado por el recurrente. 2) Esta Sala considera que en el presente caso no se aprecia que el fallo impugnado adolezca del vicio in procedendo de motivación insuficiente, en la valoración de la prueba testifical consistente en la declaración del testigo H. O. incorporada al juicio mediante lectura, por no haber sido valorada en su conjunto por el Juzgador, ni extraer de ella no solo aspectos a favor del ente acusador, sino también aspectos que favorecen a los acusados. Declaración que debió haberse valorado junto a la declaración de los imputados R. G. Y L. T..- Esta en el presente el Juzgador estableció la conexión lógica y necesaria entre la motivación fáctica y el fallo condenatorio impugnado, y ha vertido razones suficientes para concluir que los acusados participaron en el delito de asesinato. En el presente caso, esta Sala observa que la sentencia es perfectamente motivada, y que no concurren elementos de juicio suficientes para considerar que el pronunciamiento adolezca de motivación, o que motivación sea defectuosa. Esta Sala considera que solo la falta de motivación daría lugar a declarar en casación la nulidad de la sentencia impugnada, no así el alegato de motivación defectuosa, como resulta del presente caso. Por lo anterior, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de Forma, invocado por el recurrente. 3) Esta Sala considera que el A Quo si bien ha dejado de valorar prueba de valor decisivo para la litis, consistente en la declaración del testigo H. D. O. P., rendida en audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura, de la que resulta que el señor M. E. E. B., fue quien condujo el vehículo hacia las cañeras… con revólver en mano llevó a los jóvenes unos metros y les hizo tres disparos a cada uno, quitándoles la vida, y amenazando a los acusados, diciéndonos que al primero que hablara lo quebraba a el y a su familia. Considera esta Sala que efectivamente la sentencia aludida adolece de este vicio en la valoración de la prueba, el A Quo omite brindar las razones suficientes para no otorgar el verdadero alcance a prueba testifical aludida, en la parte en que declara que la persona que conducía el vehículo hacia las Cañeras, pistola en mano disparó y quitó la vida a los jóvenes detenidos y después los amenazó para que no hablaran era el señor M. E. E. B., prueba de valor decisivo para la litis. En este caso esta Sala considera que el Juzgador de instancia no expresa en forma lógica y coherente, las razones por las que vincula a los acusados O. L. T. A., R. A. G. DE L. y M. A. H. M., con el accionar ilícito del coacusado M. E. E. B., y concluye que todos ellos participación consciente y voluntariamente en los hechos ilícitos por los se les condena. Por lo expuesto declara con lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de Forma, invocado por el recurrente, sin embargo considera que al haber prosperado también el motivo de casación de Infracción de Precepto Constitucional del Debido Proceso, debe dar prelación a este último motivo de casación, por casar la sentencia impugnada y resolver sobre el fondo del asunto. 4) Esta Sala de lo Penal considera que en el presente caso el A Quo infringe las reglas de la sana critica al valorar la PRUEBA TESTIFICAL consistente en la declaración de testigo H. O., incorporada mediante lectura al debate, al concluir equivocadamente con esta que los acusados R. A. G. DE L., M. A. H. y O. L. T. A. son responsables del delito de ASESINATO en perjuicio de los ofendidos de apellido Flores. El Juzgador de instancia no valora adecuadamente lo declarado por el testigo O. cuando refiere que “...fuimos amenazados….con pistola en mano…. “al primero que hable me lo quiebro a él y a su familia...”, es decir que los acusados no actuaron consciente y voluntariamente con el accionar delictivo del co acusado M. E. E. B. sino motivados por miedo después de conocer de lo que era capaz, lo cual se deriva de lo declarado por el TESTIGO O. y lo declarado en juicio por los propios acusados R. A. G. DE L. Y O. L. T. A., los que dijeron que del miedo que sentían no les permitió otra conducta, pues su oposición en primera instancia hubiese provocado su muerte o la de la persona que realizo el hecho punible y lo que sucediera, fuera lo primero o lo segundo, implicaba para ellos dejar una familia desamparada y que la actitud de los acusados nunca fue de colaborar. Por las razones expuestas esta Sala declara con lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de forma por violación de la Sana Critica invocado por el recurrente, sin embargo considera que al haber prosperado también el motivo de casación de Infracción de Precepto Constitucional del Debido Proceso, debe dar prelación a este último motivo de casación, por casar la sentencia impugnada y resolver sobre el fondo del asunto. VIII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado, todos de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362.2 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en los motivos tercero y cuarto y de Infracción de Precepto Constitucional, por violación al derecho de debido proceso invocado por el recurrente Abogado C. A. R. T., a favor de los acusados M. A. H. M., O. L. T. A. y R. A. G. De L., como parte recurrente y casa la sentencia impugnada; 2) DECLARA la nulidad parcial de la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil doce dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés; 3) y en consecuencia de lo anterior, FALLA: 1) CONDENAR únicamente al acusado señor M. E. B., de generales conocidas en el preámbulo de la sentencia, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de E. D. F. R. Y O. E. F.; 2) CONDENAR al acusado señor M. E. B. a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena; 3) DECLARAR la responsabilidad civil del condenado M. E. B.; 4) ABSOLVER a los acusados señores M. A. H. M., O. L. T. A. y R. A. G. De L., de generales conocidas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de ASESINATO en perjuicio de E. D. F. R. y O. E. F., del que fueron acusados; 5) No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. 6) Que se ejecute la sentencia condenatoria impuesta al acusado señor M. E. B. de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASESINATO en perjuicio de E. D. F. R. y O. E. F..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y se ponga en inmediata libertad definitiva a los acusados señores M. A. H. M., O. L. T. A. Y R. A. G. DE L., sin perjuicio de que deban continuar privados de libertad por otros procesos que pesen en su contra. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.-Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.- Certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-82-2013.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. La Sentencia en el Nuevo Proceso Penal”. Jesús Fernández Entralgo. Ricardo de Prada Solaesa y Francisco Gutiérrez López. Tomo 6. Páginas 79, 80.

[2] Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. La Sentencia en el Nuevo Proceso Penal”. Jesús Fernández Entralgo. Ricardo de Prada Solaesa y Francisco Gutiérrez López. Tomo 6. Páginas 81.

[3] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rua. Edición 1968. Página 156

[4] Los Recursos. Angel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Tomo 7. Página 120.

[5] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005