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Sentencia CP-78-13 — Registro 5852

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Lesiones Culposas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

".... El Tribunal de Casación, al término de la lectura de la sentencia objeto de impugnación, en especial lo referente a la valoración descriptiva e intelectiva de los medios de prueba, determina que no es de recibo la denuncia hecha por la Censor; al momento de desarrollar la valoración intelectiva, lo hace de una forma coherente, armónica y en observancia a los principios de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. La supuesta victima R. G. C. M. (Folio 476 frente al 478 vuelto) rindió declaración, según su versión estaba embarazada de su segundo hijo, realizó solicitud para esterilización debido a que en los dos embarazos anteriores había sufrido de preclancia. En fecha 06- junio- 2002 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social entregó en manos del procesado Dr. L. A. N. dicha autorización, una enfermera le dijo que la habían operado para ya no tener más bebes, pero dos años más tarde salió embarazada. Manifestó que su tercer hijo no tuvo problemas de salud, la que tuvo problemas de salud fue ella. Por otra parte el imputado (Folio 464 vuelto al 468 vuelto) durante su declaración refirió que revisó el expediente clínico antes de operar a la supuesta victima y no estaba la orden de esterilización, aunado a que su intervención fue a última hora, ya que existía sufrimiento fetal es decir riesgo de muerte para el bebe. Ante estas versiones contrapuestas queda la duda respecto a si la supuesta victima entregó o no al acusado en la sala de labor y parto dicho documento, duda que no ha logrado desvirtuarse con la prueba pericial evacuada y valorada por el A quo, ya que el perito Dr. C. V. (Folio 468 vuelto al 469 frente) estableció que no evaluó personalmente a la paciente sino que realizó una revisión del expediente clínico del Hospital San Felipe (prueba documental), obteniendo como diagnostico final: 1.- Post. Cesárea y 2. Puerperio normal. Asimismo, con la pericia del Dr. L. A. R. (Folio 469 frente al 472 frente), se acreditó que realizó una revisión del expediente clínico del Instituto Hondureño de Seguridad Social, estableciendo que se practicó cesárea pero no menciona nada sobre la esterilización, si se hizo o no se hizo, como si no hubiese existido una solicitud. Por su parte la perito Dra. R. M. B. (Folio 474 vuelto al 476 frente), aseveró que tuvo a la vista y revisó el expediente clínico del seguro social (prueba documental), y no encontró nota de esterilización, solamente la de cesárea, versión que corrobora y sustenta la versión del imputado; adujo la Dra. B. que solamente encontró notas, acerca de la esterilización, pero esto según una enfermera, sin poder explicar porqué la enfermera hizo esa anotación, sin haber nota médica. Resulta importante destacar que según criterio medico de la Dra. R. M. B., la señora R. C. llegó a feliz término el parto, no resultando ningún daño ni para ella ni para el producto. Tal como estableció el A quo en su resolución, de la prueba anteriormente relacionada no se logra establecer con certeza positiva y mas allá de toda duda razonable que el acusado haya recibido de manos de la supuesta ofendida la autorización de esterilización; asimismo, si bien es cierto con la pericia psiquiatrica del Dr. M. A. R. (Folio 472 frente al 473 frente), se estableció que la señora R. G. C. M. presentó un episodio depresivo grave siendo desencadenado por el supuesto hecho de la denuncia, no menos cierto es también que se acreditó con la prueba evacuada que la paciente en los dos embarazos anteriores tuvo serias dificultades como preclancia severa e incluso tuvo que practicarse cesárea, ya que tal y como manifestó el testigo J. L. A. (Folio 474 frente y vuelto), medico tratante de la supuesta victima en los dos embarazos previos al tercero, ya la paciente experimentaba problemas emocionales, ansiedad, preocupación, lo que contradice la conclusión del Doctor A. R., al diagnosticar un episodio depresivo grave teniendo como único elemento o evento traumático el no haberse practicado la esterilización, por lo que surge la duda respecto al factor desencadenante único de tal padecimiento. Aunado a la imposibilidad de establecer categóricamente que la señora R. G.. C. M. haya entregado tal orden al ahora encausado. Derivado de lo anterior, no concuerda la Sala de lo Penal, en su función de contralor del iter lógico en la valoración de la prueba del A-quo, con el recurrente al señalar que de los medios de prueba peritaje de expedientes clínicos realizados por los Doctores V. y B. y de las declaraciones testifícales de J. L. A. y de la supuesta victima se derive que el acusado, es responsable un delito de lesiones culposas. Esta Sala señala, que el Tribunal de Sentencia no se apartó de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba, por lo supra relacionado. En consecuencia, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Forma, en su único motivo donde se alegó violación a las reglas de la sana crítica. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Del Recurso de Casación por infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público, denunciando violación al artículo 59 y 145 de la Constitución de la República. -Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el Recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. El Recurso no es de Recibo: 1) El Recurrente expone la violación de dos Preceptos Constitucionales (Art. 59 y 145) mismos que si bien son de aplicación e ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; como se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. 2) En el presente caso, el Estado de Honduras inicio investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activo un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que mantiene el estado de inocencia de la persona acusada debido a que a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue insuficiente para demostrar lo contrario, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección de la persona humana y su salud, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación es que se produjo el proceso penal que nos ocupa, más la tesis acusatoria no puede imponerse cuando no tenga medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del conjunto de derechos igualmente constitucionales que le asisten al acusado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS TREINTA Y UN DIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 78-2013 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la Sentencia de fecha dos de Diciembre de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió al Señor L. A. N. B., como autor del delito de LESIONES CULPOSAS en perjuicio de R. G. C. M.. No condeno a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No condeno en Costas Procesales, Personales ni Gastos ocasionados en el juicio. Son partes el Abogado S. C. en su calidad de Representante del Ministerio Público como Recurrente y el Abogado J. M. V. en su condición de Apoderado Legal del Señor L. A. N. B. como recurrido. II. HECHOS PROBADOS. “PRIMERO: La Señora R. G. C. M., tuvo su primer embarazo sufriendo en el mismo de Preclancia, parto que tuvo lugar el Treinta de Enero de 1997, por cesárea de emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. SEGUNDO: La señora R. G. C. aproximadamente cinco años después del primer embarazo tuvo un segundo embarazo, en el cual se le recomendó que para evitar los sufrimientos de preclancia que le ocasionaban sus embarazos se esterilizara, por lo que se presentó a solicitar al Departamento de Trabajo Social del Seguro que en el segundo parto se le hiciese esterilización siendo atendida en dicho departamento donde le indicaron que la autorización para esterilización debía presentarla al médico que le practicaría la cesárea al momento del parto. TERCERO: Que el día Seis de Junio del año 2002, la Señora R. G. C., fue ingresada a la sala de Labor y Parto, siendo atendida por el Doctor especialista L. A. N., quien le practicó cesárea, siendo egresada de dicho hospital y señalándole cita para retirar los puntos de cesárea al termino de ocho días, no regresando mas esta paciente a ese hospital después de haberse retirado los puntos. CUARTO: En el mes de Abril del año 2004 la Señora R. G. C., empezó a sufrir de vómitos, confirmando el Veinticuatro de Mayo del 2004 que estaba embarazada nuevamente, llegando a tener su parto al Hospital San Felipe, donde fue atendida y nació su hijo sin ninguna complicación y en buen estado de salud.” III. RECURSO DE CASACIÓN. EL ABOGADO, S. C. A. EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO Al haber dictado el Tribunal de Sentencia el fallo inobservó al momento de valorar la prueba, las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: En el transcurso del debate el ente acusador propuso como medio de prueba la declaración de los testigos siguientes: .A G.E C. M. (ofendida) quien manifestó: “sí conozco al Dr. Luís Alberto Navarro, en mi segundo embarazo él me atendió. En mi primer embarazo me dio preclancia severa, fui atendida en el Seguro Social, donde me operaron de emergencia; antes de ingresar a la sala de operaciones el médico que me atendió en esa ocasión llamó a mi esposo y le dio a conocer el problema que tenía y que no se hacia responsable de los dos; hizo que mi esposo firmara un documento; tuve a mi primer hija. Cuando salí el doctor nos explicó que para que yo volviera a salir embarazada tenía que esperar un tiempo de cuatro a cinco años, en ese lapso de tiempo teníamos que tener mucho cuidado; nosotros seguimos las instrucciones que el médico nos dio. Salí en estado de gestación a los cuatro años, incluso aun así nos explicó el riesgo que tomamos al yo salir embarazada con un segundo bebé, que iba a ser igual o de más alto riesgo que mi primer embarazo y nosotros seguimos las instrucciones que el médico nos indicó. En mi segundo embarazo me atendió el Dr. L. A. permanecí con preclancia severa durante todo mi embarazo, me remitió con una constancia al Seguro Social para que fuese atendida como alto riesgo. Las instrucciones que me dio el doctor A. es que yo no podía salir nuevamente embarazada, ya que con un segundo bebé era suficiente, que yo no podía arriesgar mi vida; seguí las instrucciones del Dr. A. saqué una cita en el Seguro Social con la constancia de él, en aquel entonces me atendió el Dr. P. quien atendía alto riesgo en el centro hospitalario ya indicado de la Granja; el Dr. Revisó mi expediente clínico y examinó la constancia de las indicaciones del Dr. A. que era un embarazo de alto riesgo. El Dr. P. me dio las mismas indicaciones que me dio el Dr. A., que yo no podía tener más hijos una vez que llegué a mi casa hablé con mi esposo acerca de que yo tenia que ser operada (esterilizada), seguí las instrucciones, llegué al Departamento de Trabajo Social del Seguro, ella me dio una charla de quince minutos, me explicó del riesgo que al momento de ser operada ya no iba a tener mas niños; yo le dije que había tomado la decisión de no tener más bebés; porque en cada embarazo me daba preclancia severa. La trabajadora social me dio mi autorización, me dijo que cuando fuera al quirófano entregara personalmente la autorización al médico que me iba a operar, entonces firmé la autorización. Yo hice el procedimiento que la trabajadora social me indicó. Andaba en una cita con el Dr. P. y me dijo que andaba la presión altísima a 145, me preguntó con quien andaba, le dije que andaba sola, me dijo que le hablara a mi esposo para avisarle que me iban a dejar interna; me quedé hospitalizada ese día, no me practicaron la cesárea, fue hasta el siguiente día a las diez de la mañana, que incluso bajé al quirófano, fue cuando me atendió el Dr. L. A. N. y en sus manos le entregué la autorización para que me operara para no tener más bebés; él estaba a la par de otro muchacho que me imagino era médico residente, leyeron la autorización y leyeron mi expediente, después me llevaron al quirófano para tener mi segundo hijo. Luego que me operaron en la sala de recuperación, me levanté y le pregunté a la enfermera si realmente me habían operado para ya no tener bebés, la señora bien enojada me preguntó que hacia yo parada y me dijo que allí decía que me habían operado para ya no tener bebés, me enseñó el expediente y decía cesárea más esterilización y mi autorización adjunta, entonces tranquilamente me acosté. A los dos años de haber tenido mi segundo bebé resulta que por un dolor de muelas acudí al odontólogo, me daban dolores de cabeza, me fatigaba, presente un debilidad increíble, me daban pequeñas nauseas, la odontóloga me arregló mi muela, pero yo seguía enferma y entonces le dije a mi esposo que seguía igual como cuando salí embarazada de mis dos primeros hijos, que tenía los mismos síntomas; mi esposo me dijo que era imposible que yo estuviera embarazada porque ya me habían operado, él fue a comprar un prueba de embarazo a la farmacia, me salió positiva, yo no lo podía creer. Fuimos de nuevo donde el Dr. A., él se asustó porque yo no podía salir embarazada, un tercer bebé era un riesgo, el Doctor A. me hizo un ultrasonido y me dijo el tiempo que tenía de embarazo y nos explicó el riesgo que tomábamos porque ya había tenido dos cesáreas anteriores. Después fui a una segunda cita con el Dr. A., en esa cita me dijo que tenía amenazas de aborto, me recomendó reposo absoluto. En la tercera cita mi esposo me llevó de emergencia porque no comía, estaba en una etapa que después de todo lo que había pasado yo decía que me iba a morir con mi hijo, me sentía desnivelada con la presión arterial que tenía en aquel momento. Fui a la segunda visita del Doctor, me revisó, me dijo que había bajado ocho libras en un mes, me dio una nota que necesitaba hospitalización porque me estaba desnutriendo y que el niño no tenía el peso correspondiente, que debería tener al tiempo por mi situación de salud. Fui a la clíper (Centro de Salud ubicado en el Hato de Enmedio), me atendió un doctor de la Cliper, me aplicó un suero intravenoso y junto a mi esposo me dijo yo tenía una enfermedad que se llama hiperémesis aguda gravídica, me dijo que yo no podía estarme moviendo de la casa al clíper para que me pusieran suero, que teníamos que buscar una enfermera profesional para que me aplicara el suero en la casa. Siguiendo instrucciones del doctor fue cuando la enfermera L. P. me atendió; en esos momentos yo iba cayendo en desnutrición, al límite que quedé bien delgada, solo era huesos, pasaba llorando, no dormía, pensaba que me podía morir, me ponía nerviosa. A finales de octubre el Dr. A. me dio la constancia donde yo tenia que ver donde iba a tener a mi bebé, fue así que, como pareja, decidimos tenerlo en el Hospital San Felipe, la constancia que me dio el Doctor A. decía que iba con hipertensión grave y con la placenta baja. El 2 de enero ingresé al Hospital San Felipe con la placenta rota, en ese momento quien estaba de emergencia era el mismo Doctor que me había atendido anteriormente o sea el Dr. L. N. y, me acuerdo que la enfermera le manifestó que tenía la presión a 138 y él dijo que yo tenía que ser trasladada al Hospital Escuela, entonces la enfermera dijo que no me podían mandar así; él iba saliendo de turno, me dejó ahí y fue cuando se me bajo la presión arterial, entró la Doctora M. A. y ella decidió dejarme en el San Felipe entré a las siete de la mañana, a las tres de la tarde la Doctora M. me dijo que fue un riesgo haberme dejado en el San Felipe, que yo tuve que estar en el Hospital Escuela, le expliqué que tenía que ser operada para no tener más bebés, ya que anteriormente no me habían esterilizado; la Doctora M. llamó a la Doctora R. para que le ayudara, entre las dos me operaron; cuando Salí del quirófano, estando en la sala de recuperación, la Doctora me dijo que yo ya estaba operada para no tener bebés. Se presentó el testigo O.r G.y B., quien declaró lo siguiente “En el primer embarazo de mi esposa le dio preclancia severa, a ella la tuvieron que dejar de emergencia porque estaba a punto de convulsionar….el doctor me dijo que una vez que mi esposa saliera de ese embarazo para que ella volviera a salir en este estado había que esperar entre cuatro a cinco años y que ella solo podía tener un bebé más y que aun así iba a ser un embarazo y parto de alto riesgo, todas las indicaciones que el médico nos dio, nosotros fuimos disciplinados y las cumplimos, esperamos ese tiempo y ella logró salir embarazada, entonces buscamos el ginecólogo de alto riesgo, él nos dijo que ese parto iba a ser delicado por los antecedentes y el pronóstico de preclancia severa que ella tenía. Después el especialista en medicina la remitió al Seguro Social e hizo la referencia que ella tenía que esterilizarse en el segundo parto porque estaba en riesgo. Mi esposa fue al Departamento de Trabajo Social del Seguro Social para hacer el proceso de esterilización; fue donde el médico de alto riesgo del Seguro Social, Dr. P., le dijo que tenia que esterilizarse porque no podía tener más hijos después de ese parto... resulta que en una cita con el Doctor P., ella me llamó preocupada y llorando que el Doctor le había dicho que se tenia que hospitalizarse, que tenia que dejarla interna porque tenía la presión demasiada alta y tenia la preclancia severa, entonces yo fui. Al siguiente día mi esposa dio a luz, yo hice todo lo posible para poderme comunicar con el Doctor que la estaba operando o con alguna enfermera para saber el estado de salud de mi esposa, si le habían hecho la esterilización, porque nosotros éramos los más interesados en que ella quedara esterilizada, pero nunca me pude comunicar con ningún doctor o enfermera involucrados en el proceso del parto. Cuando mi esposa estaba en sala de recuperación le pregunté si la habían esterilizado y me dijo que sí, inclusive ella cuando fue a la sala de recuperación habló con una enfermera y le preguntó si la habían esterilizado, y que la enfermera le dijo que en el expediente estaba la post cesárea, la esterilización y la autorización, por lo que estaba esterilizada. A los dos años y medio ella comenzó con un dolor de muelas, fue donde el odontólogo, me dijo que se sentía con bastante fatiga, dolor de cabeza, un poco de nauseas, que se ahogaba al caminar, que le parecía raro que estos síntomas eran los mismos que sentía en los dos embarazos anteriores; yo le dije que no podía ser posible que estuviera embarazada si ya estaba esterilizada, fui a la farmacia comprar una prueba de embarazo, hicimos la prueba y nos dio positivo, entonces ella se echó a llorar, me dijo que se iba a morir porque los doctores ya le habían dicho que no podía salir embarazada, fuimos donde el doctor Anta y le pedí que la revisara para saber si realmente había sido esterilizada o no, el Doctor la evaluó y nos dijo que había un 95% de certeza que no fue esterilizada, porque ambas trompas no aparecen delimitadas, nos dijo que como el había atendido el embarazo anterior la podía atender en éste, pero que no se hacia responsable porque ya nos había dicho que este embarazo era de mucho más alto riesgo que los anteriores. Al siguiente mes que fuimos ella comenzó a tener constantes amenazas de aborto, el doctor la mandó a reposo absoluto, ella había perdido ocho libras en un mes, el doctor nos dijo que teníamos que hospitalizarla porque el estado de ella era grave, acudimos a la Cliper que esta en el boulevard de las Fuerzas Armadas, el doctor que estaba ahí le puso un suero intravenoso y nos dijo que ella estaba muy delicada de salud…..cerca de la fecha probable de parto a ella se le reventó la fuente, yo la ingresé al Hospital San Felipe, después de la operación le pregunté a la doctora que la intervino que si mi esposa estaba esterilizada, ella me dijo que las trompas estaban intactas, pero que ahora ya la había esterilizado; cuando mi esposa estaba en la sala de recuperación yo fui y la vi, ella estaba toda inflamada, parecía monstruo,...le pregunté a la doctora a que se debía eso, entonces la doctora me dijo que mi esposa tenia preclancia y que después de la preclancia da la eclancia, pero que ella se iba a recuperar. Se hizo presente a declarar la perito oficial del Ministerio Público R. M. B., médico general, quien ratifica el Dictamen realizado por ella, y quien a preguntas del Ministerio Público, ¿Cuántas veces tuvo en su clínica a la señora R. G. C.? Dos ocasiones; ¿Cómo era el estado de la paciente en ese momento?. Lo plasmó en el dictamen que se notaba triste, deprimida y preocupada. ¿ella le manifestó porque se sentía preocupada? Ella conocía sus cuadros anteriores, la preocupación de ella era porque ya había padecido preclancia, temía por su vida y la del bebé. Qué padecimiento tuvo la señora R. en los embarazos anteriores? Se le diagnosticó preclancia. que son cuadros caracterizados por presión alta, se inflama la cara y extremidades. ¿de donde obtuvo usted la información que ella en los embarazos previos padeció preclancia? Por ella y por revisión del expediente clínico del Seguro Social. ¿Teniendo a la vista el expediente del Seguro Social puede determinar que cirugía se le hizo durante el segundo embarazo? No encontramos nota de esterilización, solamente la de la cesárea. ... ¿Qué fue lo que encontró en el folio 21 del expediente clínico de la señora R. C.?.Una nota de enfermería y dice que se ingresa paciente por cesárea, más esterilización, viene con líquidos intravenosos, con sangrado normal y dice turno C, paciente con embarazo de 36 semanas, más preclancia y signos vitales normales. ¿Cómo sabe que son notas de enfermería? Porque siempre están en un lugar especifico en el expediente; además siempre están enumeradas porque las enfermeras trabajan en turnos A, B Y C y las notas médicas están en otro extremo. ¿en que otra parte del expediente encontró información sobre la esterilización? unicamente aquí, por eso la consignamos; usualmente en el resumen del expediente no consignamos las notas de enfermería, solamente las notas medicas, en este caso la agregamos porque hay información acerca de la esterilización, que según la enfermera la señora estaba esterilizada y colocó esa nota…… ¿de acuerdo a los deberes que tienen los médicos sobre las anotaciones que deben tener los expedientes clínicos, que información consignó el doctor en su nota, respecto a la esterilización o la falta de ella? Revisamos y solo habla de la descripción de la cesárea a folio 13 y no hay una descripción de esterilización. ¿Qué fue lo que encontró a folio 24 del expediente médico que tiene fecha 20 de mayo de 2002? Solicitud de contra contracepción voluntaria. Se evacuó la pericia realizada por el perito C. E. V., quien ratificó el dictamen, a preguntas del Ministerio Público ¿usted establece en su dictamen que la paciente ingresa con hiporexia, que es hiporexia? Es disminución del apetito. ¿Cómo definiría usted hiperémesis gravídica? La definición médica que debería utilizarse es el enesis, que es el vomito, y gravídica se refiere al estado gestacional en ese momento; entonces una definición clara y precisa sería vómitos en la edad gestacional en ese momento. ¿Qué condición produce en una mujer embarazada que vomite constantemente? Deshidratación, pérdida de líquidos, deficiencia en electrolitos. ¿Esa pérdida de electrolito y de líquidos, que riesgo conlleva para la vida de la madre? Básicamente lo que ocurre es una deshidratación, incluso si no hay una atención adecuada en el momento adecuado entraríamos en un shock y podrían dejar de funcionar los riñones y lógicamente la muerte del producto. El perito oficial del Ministerio Público, Doctor A.R., manifestó lo siguiente: “... en el primer dictamen medico legal consta que la señora R. G. C. presentó ante el IHSS el día 20 de mayo de 2002 una Solicitud de autorización para esterilización quirúrgica ante la oficina de Trabajo Social, a preguntas del Ministerio Público, ¿de la revisión de los documentos que usted hace para emitir su dictamen, en que parte del expediente clínico del IHSS se establece por parte del señor L. A. N. que no se realizó la esterilización? El medico no estableció que realizó la esterilización quirúrgica. ¿Qué deber tienen los médicos respecto de las solicitudes que hacen los pacientes en relación a las notas que deben incorporar en su expediente clínico? Con respecto a lo que tiene que hacer un médico, es realizar sus notas de evolución clínica, en este caso evolución quirúrgica, y la nota de evolución quirúrgica él coloca lo que ha realizado; en éste caso en relación a la esterilización el doctor no hace ningún comentario al respecto. ¿Qué deber tenía el médico en ese orden de ideas? Si la paciente había solicitado ser esterilizada quirúrgicamente, él pudo hacer dos cosas, poner un comentario médico legal de que no se realiza la esterilización y colocar su criterio médico porque un paciente puede dar un consentimiento para realizar un procedimiento, pero el doctor no está obligado en el 100% a obedecer el consentimiento, pero si debe explicar el porqué no respeta el principio de autonomía de un paciente. ¿el criterio médico del doctor L. A. N. en que parte del expediente clínico aparece anotado? No consta en ninguna parte del expediente clínico, consta únicamente en la aclaratoria de dictamen medico legal, donde se incorpora el informe del Comisionado de los Derechos Humanos por declaración tornada al doctor N., en la cual da sus criterios, pero estos no están traducidos en el expediente….. en éste caso no se esta discutiendo que le causó la primera, segunda o tercera cirugía, sino, que el fondo es que la paciente solicitó un procedimiento y no se le hizo, si se le notificó o no se le notificó y si no se le hizo, porque no se le hizo, ese es el fondo del asunto. Declaró el perito M. A. R., médico psiquiatra, quien ratifica el dictamen practicado a la ofendida, y a preguntas del Ministerio ¿Qué tipo de enfermedades un episodio depresivo grave? Es una enfermedad mental que se caracteriza por alteraciones en los afectos de las personas, en los ciclos o ritmos biológicos, sueño apetito, estado anímico, funciones gastrointestinales y en algunas ocasiones, si la depresión es muy intensa, puede llegar a inclinación suicida o intención de suicidio….¿que condiciones se toman en cuenta en la rama de la psiquiatría para diagnosticar un episodio depresivo grave? La intensidad de los síntomas, la duración de los mismos a lo largo del tiempo y la incapacidad o discapacidad que puedan producir. ¿Qué riesgo presenta para la paciente tener un episodio depresivo grave? Generalmente es motivo de hospitalización. ¿En sus recomendaciones usted establece que la paciente necesita un tratamiento ambulatorio, ese tratamiento es temporal o puede ser definitivo? Es un episodio depresivo grave, si es primera vez generalmente se necesita un tratamiento de seis, ocho o doce meses, según la intensidad de síntomas y evolución; en una persona que tiene episodio depresivo grave recurrente, o sea que esto ya había ocurrido en otro momento, el tratamiento puede ser de cinco años o toda la vida. ¿Por qué esta enfermedad fue incapacitante para la señora R. G.? Por la intensidad de los síntomas. ¿Cuáles son las secuelas que le pueden quedar a una persona que ha sufrido este tipo de enfermedad? Hay dos escenarios con o sin tratamiento, con tratamiento y si no hay presencia de síntomas psicóticos la evolución es bastante favorable siempre y cuando no haya recurrencia del evento, es decir que no vuelva a pasar una situación similar o parecida que pudiera reiniciar la sintomatología. Sin tratamiento es realmente catastrófico, la persona puede tener complicaciones laborales. familiares, sociales, académicas, la depresión es considerada una enfermedad degenerativa, la gente puede llegar a perder el 5% de la actividad funcional cerebral por años. ¿Qué efecto tiene en la salud física este tipo de problema? En los trastornos depresivos graves hay liberación de sustancias conocidas como esteroides, particularmente una que es altamente dañina para el tejido que se llama cortisol, que es una sustancia que predispone a que la persona este frecuentemente lesionada de otros órganos o que pueda estar con una tendencia a estar inmuno deprimida, es decir no tiene defensas contra las situaciones ambientales y puede estar constantemente enferma. ¿En una mujer embarazada que daños puede presentar? Lo que acabo de mencionar, y particularmente en el caso del Producto que está en su cuerpo hay una liberación de sustancias, en este caso el mismo cortisol puede afectar la salud futura mental del bebé. ¿Las lesiones de la señora R. G. fueron un episodio depresivo grave que ameritaba tratamiento especializado, porque? Generalmente en los centros de salud hay médicos entrenados en temas de salud mental leves a moderados, por la situación de ella tenia que ser una psiquiatra quien la tratara. Por cuanto tiempo tendría ella que estar en tratamiento? Seis u ocho meses si es primera vez, y si es recurrente de cinco años a toda la vida. ¿El deterioro mental y físico que padece la paciente de que se deriva? Ella refiere al embarazo por una supuesta mala praxis. El episodio depresivo es una generalidad sindromatica, es decir que puede ser por múltiples causas, nosotros responsablemente asociamos lo que la persona nos dice con las palabras como supuesto, no podemos hacer una valoración directa porque no nos compete a nosotros. El Ministerio Público presentó como medios de prueba documental los siguientes: 1.-Expediente Clínico del Instituto Hondureño de Seguridad Social, con registro número A-87681 002, perteneciente a la señora R. G. C. M., con carné No A-1 987-1968-001002; 2.-Expediente clínico del Hospital San Felipe número de registro 120-87-2004, perteneciente a la ofendida; 3.- Expediente clínico registrado en los archivos de la clínica de emergencia (CLIPER) de la colonia Hato de Enmedio bajo el numero 07-3499 perteneciente a la señora R. G. C.; 4.-Certificación extendida por la Secretaría General, que acredita que el señor L. A. N. B. labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ocupando el cargo de Gineco-Obstetra. Haciendo uso del derecho que la ley le otorga para declarar el señor L. A. N. B., manifestó lo siguiente: Respecto al caso yo me desempeñaba el seis de junio de 2002 como jefe de la sala de labor y parto en la jornada vespertina, que comprende de la una de la tarde a las siete de la noche en el Seguro Social recuerdo que después de pasar mis citas de la sala, nos reportaron que la sala de patológico iban a trasladar a una paciente con plan de cesárea y en un comentario que ella hizo era una paciente con un embarazo de treinta y seis semanas, un producto prematuro, con una hipertensión transitoria del embarazo en estudio o sea que no se había confirmado; y el otro diagnóstico era sufrimiento fetal porque en el transcurso de hospitalización en la sala de patológico cuando se realizaron los exámenes detectaron con un ultrasonido que hay circular de cordón en el cuello del bebé, hicieron un examen que nosotros le decimos monitoreo fetal que indicaba que había alteraciones en el ritmo cardíaco del bebé, por lo que se consideró que había sufrimiento fetal e indicaron la cesárea en la sala, la paciente fue trasladada a la sala de labor, inmediatamente la recibió el doctor M., él le hizo la nota de recibo e inmediatamente la trasladó a la sala de operaciones; le asignaron dos residentes que iban a realizar el procedimiento de cesárea. Minutos después se me llamó a mi, me dijeron que la anestesia que le aplicaron a la paciente fue fallida, entonces había que darle anestesia general a la paciente; por lo que me persone a la sala de operaciones porque los residentes solo tenían seis meses y no se sentían con la experiencia suficiente para realizar el procedimiento porque había una cirugía previa y al bebé había que hacerle una extracción rápida. entonces tuve que entrar yo a realizar el procedimiento de cesárea. Realice la cesárea; habíamos revisado el expediente y una de las cosas que vimos fue que la paciente no tenía la orden de esterilización…. en el caso de la paciente había realizado la solicitud de esterilización un 20 de mayo, fue ingresada dos semanas después; cuando nosotros revisamos el expediente la solicitud no estaba, probablemente estaba en trabajo social o en el archivo, pero no la habían ingresado al expediente, y ella no presentó la orden de esterilización. Nosotros estábamos en una situación en donde no teníamos una base legal que nos amparara para realizar el procedimiento de esterilización. Si hubiéramos tenido la orden de esterilización por criterio medico teníamos que seguir con el procedimiento hasta garantizar la supervivencia del segundo niño, porque el Seguro Social emite la orden pero no dice en que momento la podemos hacer, básicamente esos fueron los razonamientos que hicimos del porqué no se realizó la esterilización. Posteriormente, una vez terminada la cirugía la paciente fue trasladada a la sala de recuperación, hago constar que en el momento de la cirugía no podíamos hablar con la paciente porque ella estaba con anestesia general; ya una vez en recuperación, YA SALIDA DE LA ANESTESIA, YO RECUERDO QUE A LA PACIENTE SE LE INFORMO DE LA SITUACION, DEL ESTADO DEL BEBE Y LA CONSECUENCIA QUE PODIA HABER, Y SE LE INFORMO QUE NO SE HABIA REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACION. A preguntas del Ministerio Público, ¿Cuándo el doctor M. recibe a la paciente, le manifestó a usted que tipo de consulta o que tipo de manifestaciones había intercambiado con la señora C.? El doctor M. participó en la cesárea. CUANDO NOS VIMOS EN LA DISYUNTIVA DE NO HACER LA ESTERILIZACION, no estaban los documentos en el expediente para hacer la esterilización Y teníamos un niño con muchas posibilidades de fallecer, íbamos a dejar a la paciente con solo un hijo….¿usted manifiesta que cuando la paciente se encontraba recuperación se le indicó que no había sido esterilizada, quién fue la persona que le dio esa información?. Yo se la di. ¿en que momento?. En la sala de recuperación de anestesia, al recuperarse de la anestesia. ¿en ese momento que documento le entregó usted a ella? No se entrega ningún documento, vemos a la paciente que está en una camilla, vemos el estado de conciencia, vemos como está evolucionando y le informamos. ¿En el expediente clínico que tipo de anotaciones hizo usted? Hay un programa de residente, las historias clínicas, las notas operatorias las hacen las residentes, no las hacemos. ¿en ese momento en ese expediente clínico porque no se anotó que no se había hecho la esterilización? La nota la hizo el doctor M., no se porque no la anotó…. ¿usted como jefe de los residentes que se encuentra dentro de la sala de cirugía cuando está haciendo su labor, cual es el deber que usted tiene de revisar las notas que ellos realizan? Las notas siempre las revisamos, se le había informado a la paciente verbalmente, no se hizo constar en el expediente. El razonamiento del juzgador al momento de valorar dichas probanzas en su conjunto vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en su característica de Suficiencia en virtud que de las consideraciones hechas por el juzgador, y sobre los extremos abordados por ellos, las mismas no derivan de la probanza evacuada en juicio; al valorar la prueba pericial en su conjunto, estableciendo lo siguiente: “por su parte el Dr. L. A. R. hace una serie de aseveraciones, pero que nada abonan la objetivo que se busca de acuerdo a la pretensión acusatoria, ha dicho entre otras cosas que la paciente hizo una solicitud de esterilización, y dijo además que esta se la entregó a su médico tratante pero no establece con claridad al decir “medico tratante” a que persona le fue entregada, de manera que no deja acreditado claramente que el enjuiciado haya recibido de manos de la ofendida la autorización para esterilización y tampoco queda establecido que el acusado haya sido el doctor tratante de la ofendida, pues según dijo el mismo acusado al declarar en la audiencia de juicio oral, él interviene en el momento de la cesárea, quien es llamado a último momento para ello, de lo que se infiere que él no fue el médico tratante de la ofendida” valoración a todas luces completamente alejada del sistema de valoración de Sana Crítica, ya que sobre el aspecto valorado por el Juzgador, sobre el medico tratante, la ofendida fue categórica al afirmar que el acusado fue el medico que la atendió, como así se desprende también de la misma declaración del ofendido cuando comienza su declaración diciendo Respecto al caso yo me desempeñaba el seis de junio de 2002 como jefe de la sala de labor y parto en la jornada vespertina, que comprende de la una de la tarde a las siete de la noche en el Seguro Social, de lo que se desprende que el era el responsable de dicha sala el día que fue ingresada la ofendida; continua manifestando el Juzgador en su valoración de la experticia emitida por el perito L. A. R., dijo que el médico si no realizó la esterilización debió dar razones del porque no lo hizo, es decir, el perito asume como verdad absoluta que el acusado recibió de manos de la ofendida la autorización, cuando en realidad tal extremo no quedó debidamente probado en juicio, por todo lo dicho esta prueba adolece de virtualidad necesaria para llevar a la certeza al juzgador sobre la culpabilidad del acusado en el hecho imputado” otra valoración completamente divorciada con el sistema valorativo fáctico apegado al recto entendimiento humano, ya que el perito fue categórico al indicar “Si la paciente había solicitado ser esterilizada quirúrgicamente, él pudo hacer dos cosas, poner un comentario médico legal de que no se realiza la esterilización y colocar su criterio médico porque un paciente puede dar un consentimiento para realizar un procedimiento, pero el médico no esta obligado en el 100% a obedecer el consentimiento, pero sí debe explicar el porqué no respeta el principio de autonomía de un paciente. Habiendo suido suficientemente entendible el Perito R. cuando como conclusión manifestó lo siguiente “en éste caso no se esta discutiendo que le causó la primera, segunda o tercera cirugía, sino, que el fondo es que la paciente solicitó un procedimiento y no se le hizo, si se le notificó o no se le notificó y si no se le hizo, porque no se le hizo, ese es el fondo del asunto. Lo importante no es tanto acreditar si la paciente entregó o no la hoja de solicitud de esterilización al acusado aunque de lo expresado por el mismo acusado en debate en relación a la disyuntiva de esterilizar o no, se desprende que el imputado sabía plenamente la doble razón de la estadía en el quirófano de la ofendida, por lo que no cabe la menor duda que tal y como lo veremos más adelante, sin embargo él nunca notificó a la misma que no se le había hecho el procedimiento de esterilización, que el punto fundamental del aso sub judice. En la valoración realizada a la declaración de la ofendida R. G. C.. El juzgador manifiesta lo siguiente “La testigo en su deposición al referirse a uno de los aspectos torales que originó éste procedimiento , asegura que la orden de esterilización ese día fue atendida en labor y parto se la entregó en sus manos al acusado Dr. L. A. N. y al ponérsele a la vista en la audiencia de juicio el folio 24 del expediente clínico que contiene una solicitud de contracepción quirúrgica voluntaria, la testigo afirma que ese es el documento que entregó al medico, que es el acusado, sin embargo con el resto de la prueba, no queda corroborado éste extremo... .no se le da valor probatorio a su declaración” La señora C. M. fue clara y precisa en su declaración, sin embargo el juzgador solo la valora parcialmente, dejando por fuera aspectos importantes expresados por ella, como ser “fue cuando me atendió el Dr. L. A. N. y en sus manos le entregue la autorización para que me operara para no tener más bebes; él estaba a la par de otro muchacho que me imagino era medico residente, leyeron la autorización y leyeron mi expedienten, después me llevaron al quirófano para tener mi segundo hijo. Luego que me operaron en la sala de recuperación me levanté y le pregunté a la enfermera si realmente me habían operado para ya no tener bebés y que, la señora bien enojada me preguntó que hacia yo parada y me dijo que allí decía que me habían operado para ya no tener bebés, me enseñé el expediente y decía cesárea más esterilización y mi autorización adjunta, entonces tranquilamente me acosté. Esta declaración hecha por la ofendida esta respaldada por la pericia realizada por la doctora R. M. B., perito oficial del Ministerio Público, quien declaró en juicio oral que encontró en el folio 21 del expediente clínico de la señora R. C. está consignada una nota de enfermería y dice que se ingresa paciente por cesárea, más esterilización, viene con líquidos intravenosos, con sangrado normal y dice turno C, paciente con embarazo de 36 semanas, más preclancia y signos vitales normales. Si bien es cierto quien hace esto es la enfermera y habla de ingreso sin especificar dónde y consecuentemente si es post quirúrgico o no, es necesario tomar en consideración que sí el doctor hubiese cumplido su deber objetivo de cuidado, tendría que haberse anotado la razón del quebranto al principio de Autonomía del paciente, situación que según la misma perito B. expone, no aconteció y con la de ingreso se denota que, de plano, el acusado tenía la obligación, según las máximas de la experiencia, de conocer qué procedimiento es el que va a practicar a un paciente en el quirófano. Desprendiéndose que en ningún momento el acusado le manifestó a ella que no había sido esterilizada, ya que esta misma Perito fue categórica al declarar que en el expediente clínico de la ofendida no aparecía reiteramos, ninguna nota escrita por médico alguno, por lo que no cabe duda alguna que efectivamente una enfermera le manifiesta todo lo contrario a la señora R., por lo tanto esta manifestación realizada por la doctore B. respalda la credibilidad a toda la declaración vertida por la señora R. G. C., limitándose el a-quo solo a decir que no le da credibilidad, sin embargo dicha valoración es completamente errónea apartada totalmente de las reglas de la Sana Crítica. Sobre la valoración hecha a la pericia practicada por el psiquiatra M. A. R., el Juzgador se limita a establecer que “de ahí que no resulta totalmente creíble el diagnostico al cual ha arribado el Doctor A. R. al concluir que fue éste ultimo embarazo lo que provocó daños a su salud por el hecho de no habérsele practicado una esterilización, por lo que éste Tribunal al no darle credibilidad a esta pericia no la valora”. Nos sorprende sobre manera la sencillez del Juzgador para establecer simple y llanamente que la pericia no la valore, por Dios, estamos hablando de una experticia realizada por un psiquiatra con una capacidad totalmente reconocida, que inclusive en la actualidad trabaja como consultor privado, y donde el estudio precisamente se realiza sobre el pensamiento y circunstancias que determinan el comportamiento de la persona, es un estudio profundo sobre el porque de la conducta humana, siendo éste perito claro al manifestar en juicio que los síntomas depresivos que afecten a la ofendida son producto de la no esterilización de ella y al haberse sometida a un tercer embarazo que ella nunca deseo por cuestiones de salud y por prescripción medica, ya que con los dos anteriores embarazos había padecido problemas graves en su salud, los cuales quedaron acreditados en juicio. Sobre la declaración rendida por el señor O. G. B., esposo de la ofendida, el juzgador se limitó a manifestar “pero éste testigo no conoce si la ofendida le entregó o no la orden de esterilización al acusado en el momento en que iba a ser atendida en el parto... por lo que no se valora”. Sobre este extremo el deponente no se le preguntó por las partes procesales, ni mucho menos, por los jueces integrantes de la sala, ya que ellos en el proceso de esclarecer los hechos, también tenían la obligación de practicar las preguntas que estimasen pertinentes en caso de que ninguna otra parte lo hubiera hecho, con el único objetivo de no tener dudas al momento de emitir la sentencia. Sobre lo declarado por el acusado, haciendo uso del derecho que la ley le da, el juzgador se limita a valorar de la forma siguiente: “El acusado al declarar haciendo uso de su derecho constitucional de hacerlo como parte de su defensa material, ha aportado información importante a ayuda a esclarecer el caso, uno de los aspectos importantes que deja claramente establecido el acusado con su declaración es que en el expediente clínico que revisó antes de operar a la ofendida no estaban la orden de esterilización y que la paciente tampoco le entregó ninguna orden, deja establecido claro que su intervención fue porque a última hora lo llaman porque lo que presentaba la paciente era un sufrimiento fetal, es decir, que el riesgo de morir era del bebé si no se operaba, era lo urgente en ese momento. Aspectos relevantes que no han sido desvirtuados por la acusación”. Como en toda la valoración fáctica hecha a los medios de prueba presentados por el ente acusador, el Juzgador nos sorprende por completo al efectuar la ponderación probatoria que da a la declaración del acusado, a la cual según el Tribunal, le dan el valor ajustado a la Sana Critica, sin embargo solo lo hacen en aquellos aspectos que únicamente benefician al acusado, excluyendo de la mismas la declaración que éste rindiera y que lógicamente compromete su veracidad sobre los hechos acontecidos, como ser lo manifestado por éste en la forma siguiente: Cuándo el doctor M. recibe a la paciente, le manifestó a usted qué tipo de consulta o que tipo de manifestaciones había intercambiado con la señora C.? El doctor M. participó en la cesárea, cuando nos vimos en la disyuntiva de no hacer la esterilización, no estaban los documentos en el expediente para hacer la esterilización y teníamos un niño con muchas posibilidades de fallecer, íbamos a dejar a la paciente con solo un hijo. Con lo cual se acredita sin lugar a duda alguna que el imputado sabía perfectamente sobre el procedimiento de esterilización que había que realizarle a la paciente; lo cual se confirma con lo declarado por éste a las preguntas hechas por el Ministerio Público, cuando se le preguntó: En el expediente clínico que tipo de anotaciones hizo usted? Hay un programa de residente, las historias clínicas, las notas operatorias las hacen las residentes, no las hacemos. ¿En ese momento en ese expediente clínico porque no se anotó que no se había hecho la esterilización? La nota la hizo el doctor M., no se porque no la anotó…. ¿usted como jefe de los residentes que se encuentra dentro de la sala de cirugía cuando está haciendo su labor, cual es el deber que usted tiene de revisar las notas que ellos realizan? Las notas siempre las revisamos, se le habla informado a la paciente verbalmente, no se hizo constar en el expediente. Con lo anteriormente manifestado por el acusado quedó plenamente acreditado que éste lo único que hizo con su declaración fue establecer una coartada para poder evadir su responsabilidad que como médico y garante de la salud de la señora R., posición que tenía en ese momento, habiendo cometido la omisión de haberle informado a la misma que su proceso de esterilización no se le había hecho, y esto quedó plenamente acreditado con lo manifestado por la ofendida y lo declarado por la doctora B., quien fue amplia en explicar que en el expediente solo se hacia constar una nota puesta por la enfermera del turno c, y que de paso fue un enfermera que leyó el expediente a preguntas de la ofendida sobre si la habían esterilizado, a lo que esta le manifestó que en el expediente clínico decía cesárea y esterilización, por lo que ella se fue tranquilamente para su casa, sin embargo la sorpresa se la llevo dos años más tarde, cuando sale embarazada, producto de la omisión de los deberes que debía cumplir el acusado al no haber informado a la paciente que no le había hecho el procedimiento de esterilización y lo cual constituye el motivo de reclamo por la vía casacional. La libertad dada por las Reglas de la Sana Critica, reconoce un límite, que es el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las Leyes de la Lógica, la Psicología y la Experiencia Común, por lo que es exigible que las conclusiones a las que se arriben sea el fruto racional de las pruebas en el proceso, sin afectación del Principio Lógico de Razón Suficiente, que exige que la prueba en se fundamente, solo permita arribar a una única conclusión y no a otra, especialmente cuando el fallo se deba fundamentar en prueba indiciaria que, por su condición de prueba indirecta, debe gozar de los atributos de probanza, gravedad, precisión y concordancia suficiente, debiendo, al tenor del silogismo Aristotélico, respetar no solamente aquel principio, sino además los de identidad, contradicción y tercero excluido. Este razonamiento comprende la razón jurídica del contenido de la Sana Critica o libre convicción, que no debe confundirse con la arbitrariedad o libertinaje de convicción, lo cual significa que el juzgador al momento de fallar debe aplicar éste método al establecer los hechos probados y fundamentar la razón de su elección, no en el convencimiento personal, no en lo que personalmente crea (arbitrariedad), sino que deben hacerlo en una forma razonada y aplicar las Reglas de la Sana Critica, es decir, que el convencimiento debe realizarse mediante las pruebas aportadas y debatidas en el proceso, analizadas objetiva y científicamente a la luz del derecho, contado con una certeza apodíctica. El pensamiento lógico y la comunidad de la prueba contenida en el articulo 202 del Código Procesal Penal, repelen ipso facto todo asomo de intima convicción de los Tribunales Legos y da vida a su diferencia frente a los Tribunales de Jueces Letrados, esto significa que sus resoluciones resultan subjetivas en relación a lo que creen y piensan, sin dar valor a la totalidad de pruebas evacuadas en el juicio, y, lo que es peor inclinándose en masa hacia un sector probatorio en menosprecio del otro, destruyendo la objetividad de llevar a la sentencia únicamente lo que conviene al fallo en detrimento del Principio de Imparcialidad en el cual descansa la Administración de Justicia, y que tanto daño hace a la confianza depositada por la sociedad en ellos. De lo anterior se desprende que el razonamiento del juzgador al momento de valorar dichas probanzas en su conjunto vulnera la recia lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en virtud que al considerar la prueba en su conjunto no se puede arribar a otra conclusión que no sea que él imputado fue la persona que omitió informarle a la señora R. C. que no había sido esterilizada, por ende procede el dictado de una Sentencia Condenatoria, al desprenderse la certeza positiva de toda la probanza allegada legalmente al juicio.-El juzgador con el fallo dado incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Es por todos los razonamientos expuestos, que el Ministerio Público estima que la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equivoca como resultado del vicio in procedendo proveniente de una valoración apartada de las Máximas de la Experiencia y en la característica lógica precitada, ello referente a la prueba evacuada en el debate, pues como antes indicamos de ese proceso intelectivo se infiere la existencia de responsabilidad penal del procesado; por ende este ente acusador como recurrente, es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que dicho Tribunal no la valoró de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Cabe señalar, que no se hace previamente el reclamo de este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” TERCER MOTIVO: Infracción por violación del artículo 59 Y 145 de la Constitución de la República, PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Establece el artículo 59:”La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta constitución. El artículo 145 establece lo siguiente: “se reconoce el derecho a la protección de la salud. El acusado con su actitud ha vulnerado por completo los derechos a la salud de la señor R. G. C., ya que en todos los estatutos de medicina legal se establece que es deber del médico atender directa o indirectamente la conservación, mejora, promoción y previsión de las condiciones de salud de todas las personas, tanto en sus facetas físicas, mentales y sociales. - Es importante establecer que el médico contrae una obligación con el paciente desde el momento que lo recibe y empieza a tratarlo, y es cuando el medico debe agotar todos los medios y todos los recursos con los que cuenta, es precisamente en este momento que el personal de la medicina adquiere o adopta una posición de garante sobre la salud de las personas que lo buscan. Aunado a lo anterior el artículo 77 del Reglamento de Sanciones de la Ley del Colegio Médico de Honduras y del Médico Empleado, establece que éste velará por el cuidado de los pacientes bajo su responsabilidad y será responsable ante éste y ante su superior. El artículo 72 del mismo Reglamento manifiesta que el medico velera por los cuidados que se presenten a sus pacientes dentro de su responsabilidad. El artículo 73 dice que los médicos de guardia serán responsables de los cuidados de los pacientes internos y de los que sean atendidos de emergencia; tal como es el caso del acusado, este no podía liberarse de la responsabilidad que tenia ya que cuando se recibió a la paciente él era el responsable de la sala de labor y parto, por lo tanto, al no haber informado a la misma que no se le realizó el procedimiento de esterilización, incumplió con su posición de garante de la salud de ella. El artículo 10.1 del protocolo de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, refiere que toda persona tiene derecho a la salud, entendido esto como el disfrute al más alto nivel del bienestar físico, mental y social. La Asociación Americana Mundial en su cuadragésima sexta reunión celebrada en Budapest en 1994 algunos de los derechos de los pacientes, en primer lugar el derecho a la buena atención medica de calidad, el derecho a la elección, el paciente tiene derecho a elegir libremente a su medico, a su Hospital y servicio de salud sin considerar si forma parte del sector privado o público, a el derecho de información, el que contiene entre otros elementos el derecho a ser advertido de todos sus procedimientos de diagnostico, pronostico, terapéutico que puedan aplicarse a un paciente en un momento determinado; también incluye el derecho a que se le de la información completa sobre las operaciones que se han realizado sobre su persona y la información complete sobre su estado de salud; también incluye el derecho de obtener información sobre los documentos arribados por el medico y los documentos que existan en ese expediente clínico.” IV. FUNDAMENTACION JURIDICA. I. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No.3) del Código Procesal Penal prevé que “el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto la Sala ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[1]. En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; Es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado que anteriormente que “…en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[2]. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[3]. Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre del 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011, se ha indicado que componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las Leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. II. El Tribunal de Casación, al término de la lectura de la sentencia objeto de impugnación, en especial lo referente a la valoración descriptiva e intelectiva de los medios de prueba, determina que no es de recibo la denuncia hecha por la Censor; al momento de desarrollar la valoración intelectiva, lo hace de una forma coherente, armónica y en observancia a los principios de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. La supuesta victima R. G. C. M. (Folio 476 frente al 478 vuelto) rindió declaración, según su versión estaba embarazada de su segundo hijo, realizó solicitud para esterilización debido a que en los dos embarazos anteriores había sufrido de preclancia. En fecha 06- junio- 2002 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social entregó en manos del procesado Dr. L. A. N. dicha autorización, una enfermera le dijo que la habían operado para ya no tener más bebes, pero dos años más tarde salió embarazada. Manifestó que su tercer hijo no tuvo problemas de salud, la que tuvo problemas de salud fue ella. Por otra parte el imputado (Folio 464 vuelto al 468 vuelto) durante su declaración refirió que revisó el expediente clínico antes de operar a la supuesta victima y no estaba la orden de esterilización, aunado a que su intervención fue a última hora, ya que existía sufrimiento fetal es decir riesgo de muerte para el bebe. Ante estas versiones contrapuestas queda la duda respecto a si la supuesta victima entregó o no al acusado en la sala de labor y parto dicho documento, duda que no ha logrado desvirtuarse con la prueba pericial evacuada y valorada por el A quo, ya que el perito Dr. C. V. (Folio 468 vuelto al 469 frente) estableció que no evaluó personalmente a la paciente sino que realizó una revisión del expediente clínico del Hospital San Felipe (prueba documental), obteniendo como diagnostico final: 1.- Post. Cesárea y 2. Puerperio normal. Asimismo, con la pericia del Dr. L. A. R. (Folio 469 frente al 472 frente), se acreditó que realizó una revisión del expediente clínico del Instituto Hondureño de Seguridad Social, estableciendo que se practicó cesárea pero no menciona nada sobre la esterilización, si se hizo o no se hizo, como si no hubiese existido una solicitud. Por su parte la perito Dra. R. M. B. (Folio 474 vuelto al 476 frente), aseveró que tuvo a la vista y revisó el expediente clínico del seguro social (prueba documental), y no encontró nota de esterilización, solamente la de cesárea, versión que corrobora y sustenta la versión del imputado; adujo la Dra. B. que solamente encontró notas, acerca de la esterilización, pero esto según una enfermera, sin poder explicar porqué la enfermera hizo esa anotación, sin haber nota médica. Resulta importante destacar que según criterio medico de la Dra. R. M. B., la señora R. C. llegó a feliz término el parto, no resultando ningún daño ni para ella ni para el producto. Tal como estableció el A quo en su resolución, de la prueba anteriormente relacionada no se logra establecer con certeza positiva y mas allá de toda duda razonable que el acusado haya recibido de manos de la supuesta ofendida la autorización de esterilización; asimismo, si bien es cierto con la pericia psiquiatrica del Dr. M. A. R. (Folio 472 frente al 473 frente), se estableció que la señora R. G. C. M. presentó un episodio depresivo grave siendo desencadenado por el supuesto hecho de la denuncia, no menos cierto es también que se acreditó con la prueba evacuada que la paciente en los dos embarazos anteriores tuvo serias dificultades como preclancia severa e incluso tuvo que practicarse cesárea, ya que tal y como manifestó el testigo J. L. A. (Folio 474 frente y vuelto), medico tratante de la supuesta victima en los dos embarazos previos al tercero, ya la paciente experimentaba problemas emocionales, ansiedad, preocupación, lo que contradice la conclusión del Doctor A. R., al diagnosticar un episodio depresivo grave teniendo como único elemento o evento traumático el no haberse practicado la esterilización, por lo que surge la duda respecto al factor desencadenante único de tal padecimiento. Aunado a la imposibilidad de establecer categóricamente que la señora R. G.. C. M. haya entregado tal orden al ahora encausado. Derivado de lo anterior, no concuerda la Sala de lo Penal, en su función de contralor del iter lógico en la valoración de la prueba del A-quo, con el recurrente al señalar que de los medios de prueba peritaje de expedientes clínicos realizados por los Doctores V. y B. y de las declaraciones testifícales de J. L. A. y de la supuesta victima se derive que el acusado, es responsable un delito de lesiones culposas. Esta Sala señala, que el Tribunal de Sentencia no se apartó de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba, por lo supra relacionado. En consecuencia, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Forma, en su único motivo donde se alegó violación a las reglas de la sana crítica. Del Recurso de Casación por infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público, denunciando violación al artículo 59 y 145 de la Constitución de la República. -Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el Recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. El Recurso no es de Recibo: 1) El Recurrente expone la violación de dos Preceptos Constitucionales (Art. 59 y 145) mismos que si bien son de aplicación e ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; como se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. 2) En el presente caso, el Estado de Honduras inicio investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activo un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que mantiene el estado de inocencia de la persona acusada debido a que a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue insuficiente para demostrar lo contrario, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección de la persona humana y su salud, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación es que se produjo el proceso penal que nos ocupa, más la tesis acusatoria no puede imponerse cuando no tenga medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del conjunto de derechos igualmente constitucionales que le asisten al acusado. V. DECISIÓN. Los motivos formulados por el Ministerio Público deben ser desestimados. VI. RESOLUCIÓN. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de Marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-78-2013.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Fallo 194-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2001 y 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido el fallo 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011.

[2] Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011.

[3] Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011.