Sentencia CP-68-13 — Registro 6373
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por homicidio y portación ilegal de armas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA En virtud que los dos motivos de casación por infracción de ley interpuestos por la recurrente están íntimamente relacionados, considera necesario esta Sala de lo Penal que para guardar la unidad y lógica que debe contener toda sentencia, deben ser resueltos en un mismo apartado para su mayor y mejor comprensión. 1) Expuso la recurrente en sus dos motivos de casación, que se aplicó indebidamente el artículo 332-B del Código Penal y se dejó de utilizar el artículo 332-A del mismo cuerpo legal, estableciendo como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que conforme se relata en los hechos probados, el sentenciador consideró que la acción ilícita cometida por el imputado se enmarcaba en el artículo 332-B del Código Penal, argumento que no comparte debido a que la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, explosivos y otros similares en su capítulo I clasifica a las armas caseras como prohibidas; por su parte el artículo 54 de la misma ley regula que la fabricación y comercialización de dichas armas debe ser sancionado conforme el Código Penal. Expresó que esta remisión al artículo 54 de la ley de control de armas no abarca las armas comerciales, sin embargo en el decreto legislativo 125-2013 se reforma el artículo 332 del Código Penal y se adiciona el 332-A y 332-B estableciéndose en ambas normas que se requiere el permiso de autoridad competente, pero en el caso de las armas de fabricación artesanal nunca se podrá conseguir autorización para portarlas puesto que son armas hechizas, por tanto no se cumple uno de los elementos objetivos del tipo penal. Concluyó la impetrante señalando que a pesar de que el sentenciador pretendió justificar la aplicación del artículo 332-B, las armas artesanales de fabricación casera no pueden considerarse comerciales, pero sí como un arma de guerra, por tanto faltó al aplicar el artículo 332-A del citado Código Penal. 2) Consideramos importante recordar, que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Respecto a esta problemática, la Sala de lo Penal ha establecido como criterio jurisprudencial[1] lo siguiente: Tratándose de un recurso por Infracción de Ley, resulta pertinente también efectuar un análisis de la problemática que en la praxis judicial viene presentando los casos referidos a hechos consistentes en portar armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como “chimbas”, existiendo diferentes criterios jurídicos para calificar esas conductas, que son los siguientes: a) Considerar que la prohibición de portar armas caseras no se encuentra regulado en normativa alguna, resultando impune dicho hecho; b) Se considera que la portación de este tipo de armas caseras o artesanales se enmarca en la descripción del artículo 332-A; c) Se considera que de acuerdo al calibre, las armas caseras deben enmarcarse en el artículo 332-B. Claramente, en la reforma por adición (Artículo 332-A) el legislador sanciona la fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, de conformidad a la descripción de la norma. En la reforma por adición (Artículo 332-B) se refiere y distingue la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivo y explosivos comerciales. Las referidas normas, (desafortunadamente no han sido reguladas con la mejor técnica legislativa), pero si es clara la categorización en dichas normas entre las referidas armas de guerra y las que no tienen esa categoría (comerciales). Ahora bien, el artículo 332-A, no dice cuales son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a “incluir” como tales las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas; por consiguiente y para efectos de establecer si las armas caseras (chimbas) pueden ser comprendidas en la categoría expresamente regulada en el artículo 332-A, resulta de utilidad remitirnos a instrumentos internacionales entre las cuales tenemos: i) Anexo I de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales: 1. Carros de combate. Vehículos de combate blindados, automotores de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros. 2. Vehículos blindados de combate. Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad para todo terreno: a) diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de cuatro infantes o más, o, b) equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles. 3. Sistemas de artillería de gran calibre. Cañones, obuses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros o más. 4. Aviones de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término "aviones de combate" no quedan comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado del modo descrito. 5. Helicópteros de ataque. Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anticarro, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica. 6. Naves de guerra. Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante. 7. Misiles y lanzamisiles. Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías 1 a 4. Esta categoría: a) Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los misiles; b) No incluye los misiles de tierra a aire. ii) Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos: 1. Mina: toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo. 2. Mina Lanzada a Distancia: toda mina, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves. 3. Arma Trampa: todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno. 4. Otros Artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada. iii) Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias: Arma Incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias. iv) Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras. Armas láser Cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. v) Protocolo sobre Fragmentos no Localizables. Arma de Fragmentos no Localizables: arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. vi) Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción. Armas Bacteriológicas: Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. vii) Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción. 1. Armas Químicas: Se entiende, conjunta o separadamente: a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado (b). 2. Agente De Represión De Disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. De los instrumentos citados y por la naturaleza de elaboración “artesanal” de las armas caseras, no permite poder considerar que las mismas están comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, verbigracia, como lo es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad, la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de un arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B, fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivo y explosivos comerciales; al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Al respecto, una arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de “uso personal”, pues quienes fabrican o recurren a la portación de las “chimbas”, utilizan o portan un arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de un arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, que en su artículo 8 numeral 2 determina como armas y municiones prohibidas: “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Al referirse el artículo 332-B, al término “armas de uso personal” si pueden considerarse comprendidas las “chimbas” y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno. 4) La tenencia ilícita de armas es un delito contra la seguridad interior del Estado, formal y de peligro abstracto. El bien jurídico protegido no es solamente la seguridad del Estado, sino también la seguridad general o comunitaria, para los que supone un grave riesgo y peligro que instrumentos aptos para herir e incluso matar, se hallen en manos de individuos sin la fiscalización y el control que supone la expedición estatal de la correspondiente autorización o permiso. En el relato fáctico se establece que al señor W. R. M. C. portaba el día de los hechos una arma de fabricación artesanal conocida como chimba, al tenor de lo previsto en el artículo 7 No. 3) de la Ley de Control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares, las armas artesanales son prohibidas, por lo que se descarta que el artefacto incautado al encartado pueda ser considerado un arma de guerra o de combate y que por tanto deba imponérsele la pena prevista en el artículo 332-A del Código Penal. Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la ley administrativa antes mencionada las armas artesanales son prohibidas, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate”. Lo que la ley administrativa prevé es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares siempre que cumplan con determinadas requisitos, de tal modo que si no son observados tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc.… El artículo 332-B del Código Penal sanciona “ a quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, etc.…, armas de fuego para uso personal y deportivas y explosivos comerciales”, precepto en el cual encaja la conducta del encartado, ya que sin autorización de autoridad alguna, portaba al momento de suscitarse los hechos, un arma cuya posesión para su uso personal no había sido autorizada por autoridad competente habida cuenta que su misma fabricación no es permitida conforme al ordenamiento jurídico hondureño. No cabe duda que en el caso bajo examen el imputado portaba en términos funcionales una arma de fuego de fabricación artesanal conocida como chimba y que no puede equipararse por su menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, a las armas automáticas de guerra o de combate como lo es el fusil de asalto kalashnikov más conocido como AK-47, sin embargo igualmente su portación ha puesto en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del encausado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Por todas las razones anteriormente expuestas, los dos motivos de casación formulados por la representación del Ministerio Público deben ser desestimados..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 332, B (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central veintiocho de julio de dos mil dieciséis. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ en su calidad de coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 68-2013 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor W. R. M. C., a la pena de quince (15) años de reclusión, por el delito de Homicidio, en perjuicio de M. C. R.; 2) Condenando al señor W. R. M. C., a la pena de tres (03) años de reclusión, por el delito de Portación ilegal de armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, mas las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta, Inhabilitación Especial e Interdicción Civil; 3) No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho juicio al encausado.- Son Partes: La abogada D. R. en su condición de representante del Ministerio Público como recurrente y el abogado M. R. A. en calidad de Defensor Público como recurrido.- II.-HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha cinco de febrero del año 2008, siendo horas de la mañana en el lugar conocido como Aldea La Guadalupe, de esta ciudad de Comayagua, mientras la señora M. C. R. se encontraba en compañía de su hija S. Y. R. haciendo los oficios del hogar, llega el señor W. R. M. C., quien portaba un arma de fabricación artesanal, conocida como chimba con la cual se acerca a la señora M. C. y sin mediar palabras le infiere un disparo a la altura del hombro izquierdo con penetración del tórax, ocasionándole múltiples heridas que le causan la muerte instantánea. SEGUNDO: Una vez que el señor W. R. M. C. le da muerte, se retira del lugar a veloz carrera balbuceándole a la menor S. J. “allí está tu nana, recógela”. III.- RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada M. J. P. R., en su condición de fiscal del Ministerio Público procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Desarrollados que fueran todas las pruebas en la audiencia de debate, el A-quo en su fallo concluyó como Hechos declarados probados: “PRIMERO: En fecha cinco de febrero del año 2008, siendo horas de la mañana en el lugar conocido como Aldea La Guadalupe, de esta ciudad de Comayagua, mientras la señora M. C. R., se encontraba en compañía de su hija S. Y. R. haciendo los oficios del hogar, llega el señor W. R. M. C., quien portaba un arma de fabricación artesanal, conocida como chimba con la cual se acerca a la señora M. C. y sin mediar palabras le infiere un disparo a la altura del hombro izquierdo con penetración del tórax, ocasionándole múltiples heridas que le causan la muerte. SEGUNDO:…” Del referido cuadro fáctico, el Tribunal Sentenciador ha establecido que la conducta ejecutada por el imputado, se enmarca en los delitos de Homicidio y portación ilegal de armas y en razón de éstos emite sentencia condenatoria en su contra. No obstante a lo anterior, el A quo acordó que en lo que se refiere al delito de portación ilegal de armas, éste se tipifica y debe imponerse la pena concreta dentro del rango establecido en el artículo 332-B del código penal, como efecto lo hizo en el fallo que ahora recurrimos; sin embargo el Ministerio Público desde la génesis del presente proceso, ha venido sosteniendo, y así lo hizo en el debate y por ende lo seguimos manteniendo en este momento casacional, que la calificación jurídica correcta a aplicar en éste caso concreto es la establecida en el artículo 332-A de la misma norma penal en comento. Nuestro tesis acusatoria respecto a ello se fundamenta, en que la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares (en adelante Ley de Control de Armas) en su Capítulo primero del título II referido a “las armas y municiones” clasifica estas en dos grupos, permitidas (Art.7) y prohibidas (Art.8) y en relación a estas últimas según la misma ley (Art.54) su fabricación, comercialización, tráfico y uso, debe ser sancionado en la forma establecida por el Código Penal (Art.54 ley de Control del Armas). Es así que esta remisión al artículo 54 de la Ley de Control de Armas (que aunque no encontraba pena en el Código Penal si mostraba una voluntad aún no materializada) no abarcando las armas comerciales, sin embargo el Congreso Nacional mediante decreto legislativo 125-2003 de fecha 27 de agosto del 2003 consideró: “que a diario se reporta por parte de los cuerpos de investigación el aumento de delitos que se cometen por la comercialización ilícita de armas de fuego destinadas a la defensa personal, razones por las cuales es urgente una reforma del artículo 332 del Código Penal” , por lo que se acuerda reformar el artículo 332 del Código Penal, mediante adición de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, sancionando éste último la portación o tenencia de armas permitidas pero sin permiso de la autoridad competente. Siendo entonces que si analizamos el artículo 332-B en referencia, advertimos que el primer elemento típico es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 27 de la Ley de Control de Armas y en el artículo 62 de ésta misma ley, que señala, cuales son las armas que pueden ser objeto de este permiso cuando dice: “los que posean armas permitidas por la ley, dispondrán de doce (12) meses, a partir de la vigencia de la esta Ley para su registro y obtención de permiso”; y es el artículo 7 el que nos describe las armas permitidas en contraposición de las prohibidas del artículo ocho (8), dentro de las cuales se ubican las armas de fabricación casera o artesanal (artículo 8.2); de ahí que, tal y como claramente lo establece el Juzgador en el cuadro fáctico del fallo ahora censurado, el “W. R. M. C., portaba un arma de fabricación artesanal, conocida como chimba”, en ese sentido, dicha arma de fuego no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, pues este tipo de arma se excluye de la nomina establecida en el art. 7 de la Ley de Control de Armas; por ende jamás podría ser susceptible de un registro legal y en consecuencia tampoco es susceptible de la obtención de permiso de portación emitido por autoridad competente, siendo así entonces, que no se cumple el primer elemento típico del tipo penal descrito en el artículo 332-B del Código Penal. Por todo lo anterior, esta Fiscalía solicita que se case la sentencia, en virtud que el artículo 332-B fue indebidamente aplicado al caso en concreto, por lo que en atención a su real contenido requerimos que se declare inaplicable y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Continúa manifestando la recurrente en el segundo motivo de casación por infracción de ley: “Infracción, por falta de aplicación del artículo 332- A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringidos textualmente dicen: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez mil (L.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar el porqué el tipo que se adecua al hecho declarado primero del caso es el art.332-B del Código Penal, sin embargo y a pesar que el mismo Sentenciador establece que el arma perteneciente y de la cual hizo uso y que le fuera decomisada al imputado, es considerada un arma prohibida según la ley, posteriormente al momento de emitir la sanción penal, aplica el artículo 332-B, lo cual no corresponde de acuerdo a la fundamentación jurídica, pues la norma que corresponde aplicar según el factum declarado por el A-quo es el artículo 332-A adicionado al Código Penal. Que del análisis de la norma en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado, quien tomó parte directa en el ejecución del hecho al poseer y hacer uso de un artefacto de fabricación casera. De ahí que en atención al decreto legislativo 232-2005 en relación a la adición del artículo 332-A del código penal, no queda duda que la posesión de armas de fabricación casera, continúa por voluntad del propio legislador regulada en esta norma (332-A) para aquellas personas que se encontraran en uso, posesión o tenencia de una arma de fabricación casera o artesanal. No obstante lo anterior, el Tribunal dictó sentencia condenatoria al imputado por el delito d portación ilegal de arma de fuego, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, sin embargo y tal como se desprende del factum mismo, que el hecho declarado primero se ajusta a lo dispuesto en el artículo 332-A del texto legal supra relacionado, produciendo como consecuencia la infracción por falta de aplicación a esa norma legal. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA En virtud que los dos motivos de casación por infracción de ley interpuestos por la recurrente están íntimamente relacionados, considera necesario esta Sala de lo Penal que para guardar la unidad y lógica que debe contener toda sentencia, deben ser resueltos en un mismo apartado para su mayor y mejor comprensión. 1) Expuso la recurrente en sus dos motivos de casación, que se aplicó indebidamente el artículo 332-B del Código Penal y se dejó de utilizar el artículo 332-A del mismo cuerpo legal, estableciendo como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que conforme se relata en los hechos probados, el sentenciador consideró que la acción ilícita cometida por el imputado se enmarcaba en el artículo 332-B del Código Penal, argumento que no comparte debido a que la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, explosivos y otros similares en su capítulo I clasifica a las armas caseras como prohibidas; por su parte el artículo 54 de la misma ley regula que la fabricación y comercialización de dichas armas debe ser sancionado conforme el Código Penal. Expresó que esta remisión al artículo 54 de la ley de control de armas no abarca las armas comerciales, sin embargo en el decreto legislativo 125-2013 se reforma el artículo 332 del Código Penal y se adiciona el 332-A y 332-B estableciéndose en ambas normas que se requiere el permiso de autoridad competente, pero en el caso de las armas de fabricación artesanal nunca se podrá conseguir autorización para portarlas puesto que son armas hechizas, por tanto no se cumple uno de los elementos objetivos del tipo penal. Concluyó la impetrante señalando que a pesar de que el sentenciador pretendió justificar la aplicación del artículo 332-B, las armas artesanales de fabricación casera no pueden considerarse comerciales, pero sí como un arma de guerra, por tanto faltó al aplicar el artículo 332-A del citado Código Penal. 2) Consideramos importante recordar, que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Respecto a esta problemática, la Sala de lo Penal ha establecido como criterio jurisprudencial[1] lo siguiente: Tratándose de un recurso por Infracción de Ley, resulta pertinente también efectuar un análisis de la problemática que en la praxis judicial viene presentando los casos referidos a hechos consistentes en portar armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como “chimbas”, existiendo diferentes criterios jurídicos para calificar esas conductas, que son los siguientes: a) Considerar que la prohibición de portar armas caseras no se encuentra regulado en normativa alguna, resultando impune dicho hecho; b) Se considera que la portación de este tipo de armas caseras o artesanales se enmarca en la descripción del artículo 332-A; c) Se considera que de acuerdo al calibre, las armas caseras deben enmarcarse en el artículo 332-B. Claramente, en la reforma por adición (Artículo 332-A) el legislador sanciona la fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, de conformidad a la descripción de la norma. En la reforma por adición (Artículo 332-B) se refiere y distingue la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivo y explosivos comerciales. Las referidas normas, (desafortunadamente no han sido reguladas con la mejor técnica legislativa), pero si es clara la categorización en dichas normas entre las referidas armas de guerra y las que no tienen esa categoría (comerciales). Ahora bien, el artículo 332-A, no dice cuales son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a “incluir” como tales las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas; por consiguiente y para efectos de establecer si las armas caseras (chimbas) pueden ser comprendidas en la categoría expresamente regulada en el artículo 332-A, resulta de utilidad remitirnos a instrumentos internacionales entre las cuales tenemos: i) Anexo I de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales: 1. Carros de combate. Vehículos de combate blindados, automotores de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros. 2. Vehículos blindados de combate. Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad para todo terreno: a) diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de cuatro infantes o más, o, b) equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles. 3. Sistemas de artillería de gran calibre. Cañones, obuses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros o más. 4. Aviones de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término "aviones de combate" no quedan comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado del modo descrito. 5. Helicópteros de ataque. Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anticarro, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica. 6. Naves de guerra. Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante. 7. Misiles y lanzamisiles. Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías 1 a 4. Esta categoría: a) Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los misiles; b) No incluye los misiles de tierra a aire. ii) Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos: 1. Mina: toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo. 2. Mina Lanzada a Distancia: toda mina, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves. 3. Arma Trampa: todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno. 4. Otros Artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada. iii) Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias: Arma Incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias. iv) Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras. Armas láser Cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. v) Protocolo sobre Fragmentos no Localizables. Arma de Fragmentos no Localizables: arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. vi) Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción. Armas Bacteriológicas: Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. vii) Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción. 1. Armas Químicas: Se entiende, conjunta o separadamente: a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado (b). 2. Agente De Represión De Disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. De los instrumentos citados y por la naturaleza de elaboración “artesanal” de las armas caseras, no permite poder considerar que las mismas están comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, verbigracia, como lo es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad, la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de un arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B, fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivo y explosivos comerciales; al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Al respecto, una arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de “uso personal”, pues quienes fabrican o recurren a la portación de las “chimbas”, utilizan o portan un arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de un arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, que en su artículo 8 numeral 2 determina como armas y municiones prohibidas: “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Al referirse el artículo 332-B, al término “armas de uso personal” si pueden considerarse comprendidas las “chimbas” y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno. 4) La tenencia ilícita de armas es un delito contra la seguridad interior del Estado, formal y de peligro abstracto. El bien jurídico protegido no es solamente la seguridad del Estado, sino también la seguridad general o comunitaria, para los que supone un grave riesgo y peligro que instrumentos aptos para herir e incluso matar, se hallen en manos de individuos sin la fiscalización y el control que supone la expedición estatal de la correspondiente autorización o permiso. En el relato fáctico se establece que al señor W. R. M. C. portaba el día de los hechos una arma de fabricación artesanal conocida como chimba, al tenor de lo previsto en el artículo 7 No. 3) de la Ley de Control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares, las armas artesanales son prohibidas, por lo que se descarta que el artefacto incautado al encartado pueda ser considerado un arma de guerra o de combate y que por tanto deba imponérsele la pena prevista en el artículo 332-A del Código Penal. Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la ley administrativa antes mencionada las armas artesanales son prohibidas, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate”. Lo que la ley administrativa prevé es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares siempre que cumplan con determinadas requisitos, de tal modo que si no son observados tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc.… El artículo 332-B del Código Penal sanciona “ a quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, etc.…, armas de fuego para uso personal y deportivas y explosivos comerciales”, precepto en el cual encaja la conducta del encartado, ya que sin autorización de autoridad alguna, portaba al momento de suscitarse los hechos, un arma cuya posesión para su uso personal no había sido autorizada por autoridad competente habida cuenta que su misma fabricación no es permitida conforme al ordenamiento jurídico hondureño. No cabe duda que en el caso bajo examen el imputado portaba en términos funcionales una arma de fuego de fabricación artesanal conocida como chimba y que no puede equipararse por su menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, a las armas automáticas de guerra o de combate como lo es el fusil de asalto kalashnikov más conocido como AK-47, sin embargo igualmente su portación ha puesto en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del encausado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Por todas las razones anteriormente expuestas, los dos motivos de casación formulados por la representación del Ministerio Público deben ser desestimados. IV.- DECISIÓN Luego de los amplios y extensos argumentos, esta Sala de lo Penal declara sin lugar los motivos de casación por infracción de ley interpuestos por el Ministerio Público. V.- POR TANTO: La Corte Suprema De Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332-B del Código Penal.- FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos interpuesto por la Abogada M. J. P. R., en su condición de representante del Ministerio Público en la causa instruida contra el señor W. R. M. C. a quien se le condenó por los delitos de Homicidio Simple y Portación Ilegal de Armas en perjuicio de M. C. R. y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA PONENTE.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.-
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP 68-2013.
LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. En los casos de portar armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como “chimbas encontramos las sentencias de Casación Penal: SP 148-2012 de fecha 02 de junio del 2012 y SP 467-2012 de fecha 22 de septiembre del 2014; dictadas por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.