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Sentencia CP-65-13 — Registro 6367

Resumen

En primera instacia fué absuelto el imputado por el delito de secuestro.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que la incorporación por lectura al debate de testimonios rendidos en la audiencia inicial debe tener un carácter excepcional. En el caso bajo examen consta que bajo la dirección del Juez de Garantías, y con la presencia tanto del Representante del Ministerio Público como también de la Defensa, se evacuó en la audiencia inicial la deposición del testigo protegido “B”(Folio No. 58), y que el Tribunal de Instancia desestimó su incorporación por lectura. A criterio de esta Sala la decisión del Tribunal A Quo, se presenta manifiestamente arbitraria o irracional, dadas las circunstancias antes apuntadas, resultaba extraordinariamente difícil la reproducción de la declaración rendida por el testigo “B” en el acto del Juicio Oral, de tal manera que se considera infringido lo dispuesto en el artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal, infringiendo preceptos legales que buscan la igualdad de las partes en el proceso y por extensión el ejercicio de la defensa por no habérsele permitido reproducir un medio de prueba en la audiencia de debate, que fue admitido en Audiencia de Proposición de medios de prueba (Folio No. 33 y 34). No obstante, lo anteriormente expuesto, a criterio de este Tribunal de Casación, conforme a la técnica de inclusión hipotética[6] éste medio de prueba testifical no hubiese incidido en el resultado del juicio, habida cuenta el mismo buscaba el propósito de establecer circunstancias del hecho en pro de vincular (indiciariamente) al imputado con el ilícito. Sin embargo, se desprende de la resolución recurrida, que el Tribunal de Instancia concluyó que los medios de prueba evacuados no acreditaron ningún grado de participación del acusado, al no otorgar credibilidad a la prueba testifical de cargo, ni contar con otros medios de prueba (como la declaración de la supuesta ofendida, intervenciones telefónicas, etc.) con los cuales el ente acusador lograra enervar el estado de inocencia que asiste al procesado. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara Sin lugar el presente motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 65-2013 por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto contra la Sentencia de fecha veintiséis de octubre del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: 1) absolviendo al Señor D. B. M. P., como autor del delito de SECUESTRO en perjuicio de la señora F. M. R..- 2) No condeno a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No condeno en Costas Procesales, Personales ni Gastos ocasionados en el juicio. Son partes: La Abogada D. R. en su calidad de Representante del Ministerio Público como recurrente y la Abogada B. A. G. M. en su condición de defensora del Señor D. B. M. P. como recurrido. II. HECHO PROBADO “UNICO: Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil once, (2011) aproximadamente a las siete (7:00) de la noche la joven F. M. R., llegaba a su casa de habitación, ubicada en el Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí, momento en el cual fue retenida por la fuerza por varios hombres por la fuerza y posteriormente desplazada hacia al Aldea Jutiapa de este Municipio de Danlí, lugar en el cual era resguardada por sus captores, en una casa de habitación, siendo rescatada por varios agentes de la Policía en horas de la madrugada del día trece (13) de septiembre del mismo año dos mil once (2011)”. III. RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION.- 1. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO UNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere minimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate le fue inadmitido a la representante de la sociedad la declaración del Testigo Protegido “B”, mediante lectura autorizada; dicha petición se hizo al Juzgador en virtud de no poder comparecer el testigo en mención al juicio oral y público, en virtud de que dicho testigo había muerto y para acreditar tal extremo se presentó el acta de levantamiento de cadáver del mismo; sin embargo tal solicitud fue denegada. De igual forma la inadmisión del medio de prueba supra relacionado causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia respectiva se limitó a manifestar que tal solicitud debió hacerse en la etapa incidental y que ya había pasado el tiempo procesal para proponer que tal declaración fuese incorporada como lectura autorizada. Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso sub judice el Ministerio Público desde el inicio de la causa calificó los hechos como constitutivos de SECUESTRO, para lo cual recabó la prueba pertinente a fin de acreditar el mismo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, como es el caso de la declaración del Testigo Protegido B, quien identificó al imputado como la persona que el día de los hechos en compañía de dos hombres más buscaban una casa “baldía”, y posteriormente se enteró que en la zona donde anduvieron buscando dicha casa habían llevado a una muchacha y fueron detenidos por la policía, lo que fue corroborado por el agente policial R. A. O.; asimismo con la declaración del Testigo Protegido A, quien ubica en el lugar de los hechos al acusado y que si bien es cierto el Tribunal no le da credibilidad por considerar que no se ubica en el lugar donde se encontraba para identificar al acusado, fue a través de la información que éste diera a la Policía que se logra encontrar a la víctima en la zona donde señaló el Testigo Protegido B, quien además identificó el vehículo donde observó al acusado y sus acompañantes, vehículo que fue utilizado para tomar por la fuerza a la joven F. M. R., privándola de su libertad; considerando que la declaración del testigo protegido B resultaba útil y pertinente para las pretensiones del ente acusador; en virtud de lo cual debemos mencionar que sobre el particular el Código Procesal Penal en el artículo 333 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Durante el juicio, solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente propuestos por las partes. El Tribunal podrá, sin embargo, a petición de parte o de oficio, ordenar que se practiquen otras pruebas, si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido. Dichas pruebas podrán ser ordenadas también por el Juez en la audiencia inicial.” Tal como ocurrió en el caso de merito, el ente fiscal no conocía para el momento de los incidentes del debate de la muerte del Testigo Protegido B, por lo que al tener conocimiento de tal hecho se hizo la petición correspondiente al Tribunal a fin de que se introdujera la declaración que éste rindiera en la audiencia inicial mediante lectura autorizada. Sin embargo al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso, por considerar que ya no era el momento procesal oportuno, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. Sobre este aspecto, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de justicia ha establecido que puede valorarse en durante el juicio oral una declaración rendida durante la etapa preparatoria, aún y cuando ésta no cumpla con los requisitos de la prueba anticipada, cuando indicó que: “…si bien los testimonios rendidos en la audiencia inicial tendrán validez para fundamentar la resolución que se profiera en ella, según lo dispone el artículo 298 del mismo Código, es la regulación excepcional prevista en el artículo 311 numeral 2) del Código Procesal Penal, la que catapulta la declaración de la audiencia inicial a la posibilidad de ser admitida y valorada en el juicio oral y público pues expresamente se privilegian los testimonios practicados durante la etapa preparatoria para que, en los casos de imposibilidad o extraordinaria dificultad puedan ser reproducidos en el acto del juicio oral[1]; de ahí que la petición realizada por la fiscal de instancia se encontraba fundamentada y ajustada a derecho, y como ya se había indicado al declarar sin lugar la incorporación por lectura del Testigo Protegido B, limitaron al ente acusador para poder probar sus pretensiones. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA 1) El artículo 361 del Código Procesal Penal, introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[3] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2) Esta Sala, considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Respecto al Derecho de Defensa esta Sala de lo Penal ha señalado que: “...uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado”[4]. Además esta Sala de lo Penal, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…”[5]. Pero además, el derecho de defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, por lo que los derechos de igualdad, audiencia, presentación de pruebas, contradicción e impugnación también le son inherentes a su participación en el proceso. 3) El artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal dice que excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario, los testimonios evacuados en la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral. Un examen detenido del acta de debate, revela que la Representación del Ministerio Público previo a la evacuación de la prueba testifical, solicitó la incorporación por lectura al debate de la declaración rendida en audiencia inicial por el Testigo Protegido “B” (Folio No. 58 y 59), debido a que la testigo falleció, acreditando tal extremo con el Acta de Levantamiento de Cadáver. Por su parte la Defensa se opuso a la petición Fiscal. El Tribunal de Instancia por mayoría de votos resolvió denegar la solicitud del ente acusador bajo el argumento siguiente: “… el admitir a estas alturas un medio de prueba (Acta de Levantamiento de Cadáver) que no fue incorporado en su momento procesal oportuno abriría la brecha para el articulo 362 numeral 5, como una de las causales de Recurso de Casación por quebrantamiento de forma, al no seguir los principios del debido proceso e inobservando las reglas establecidas para el presente Código para la realización de Juicio Oral y Público…” (Folio No. 58, 59,60 y 61). Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que la incorporación por lectura al debate de testimonios rendidos en la audiencia inicial debe tener un carácter excepcional. En el caso bajo examen consta que bajo la dirección del Juez de Garantías, y con la presencia tanto del Representante del Ministerio Público como también de la Defensa, se evacuó en la audiencia inicial la deposición del testigo protegido “B”(Folio No. 58), y que el Tribunal de Instancia desestimó su incorporación por lectura. A criterio de esta Sala la decisión del Tribunal A Quo, se presenta manifiestamente arbitraria o irracional, dadas las circunstancias antes apuntadas, resultaba extraordinariamente difícil la reproducción de la declaración rendida por el testigo “B” en el acto del Juicio Oral, de tal manera que se considera infringido lo dispuesto en el artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal, infringiendo preceptos legales que buscan la igualdad de las partes en el proceso y por extensión el ejercicio de la defensa por no habérsele permitido reproducir un medio de prueba en la audiencia de debate, que fue admitido en Audiencia de Proposición de medios de prueba (Folio No. 33 y 34). No obstante, lo anteriormente expuesto, a criterio de este Tribunal de Casación, conforme a la técnica de inclusión hipotética[6] éste medio de prueba testifical no hubiese incidido en el resultado del juicio, habida cuenta el mismo buscaba el propósito de establecer circunstancias del hecho en pro de vincular (indiciariamente) al imputado con el ilícito. Sin embargo, se desprende de la resolución recurrida, que el Tribunal de Instancia concluyó que los medios de prueba evacuados no acreditaron ningún grado de participación del acusado, al no otorgar credibilidad a la prueba testifical de cargo, ni contar con otros medios de prueba (como la declaración de la supuesta ofendida, intervenciones telefónicas, etc.) con los cuales el ente acusador lograra enervar el estado de inocencia que asiste al procesado. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara Sin lugar el presente motivo. V. DECISIÓN Ante los razonamientos ampliamente expuestos y fundamentados por este Tribunal de Casación, es procedente desestimar el motivo formulado por el representante del Ministerio Público. VI.RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el representante del Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO PONENTE.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-65-2013.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Sentencia e fecha trece de abril de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal N° 206-2009.

[2] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[3] En este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ANGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs.113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto.”

[4] PAVÓN GÓMEZ GERMAN. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49. Fallo de fecha 02 de noviembre del 2011, Expediente 342-09.

[5] Fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, Expediente 390-09.

[6] SENTENCIA DE CASACIÓN PENAL DE FECHA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2013- EXP. 362-2011, “…Para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se ve afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo”.