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Sentencia CP-50-15 — Registro 5771

Resumen

En primera instancia se condenó a la imputada por el delito de Falsificación de documentos Públicos, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA I. Invoca el Recurrente infracción por falta de aplicación del artículo 82 párrafo primero de la Constitución de la República y como precepto autorizante cita el artículo 361 del Código Procesal Penal. Señala el Recurrente que la sentencia ahora recurrida en casación condena a su representada la señora C. P. O. J., como autora de dos delitos de falsificación de documentos públicos, al considerar, en el hecho probado segundo, que su representada “retiró de la notaría del señor Z. A. T. los números correlativos 4340 y 4350 correspondientes a los instrumentos de su protocolo anual, procediendo a redactar en su despacho profesional dos escrituras matrices de compra venta la comparecencia, ni el consentimiento y simulando las firma de la señora K. l. O. J.”

II. Según el Censor, resulta evidente que el hecho probado en referencia está en íntima relación con la parte resolutiva de la sentencia, más no con la valoración de los medios de prueba hecha por el propio Tribunal Recurrido, ya que no se aprecia medio de prueba alguno que indique quien es el autor de la presunta falsedad ideológica, ya que de la prueba pericial practicada por el señor M. E. V. P. y de la valoración de la declaración testifical de la ofendida señora K. I. O. J., lo que se concluye es que “se colige que otra persona fue la que imitó su rúbrica, con la finalidad de hacer creer que tales actos se realizaron con la voluntad y el consentimiento libre de K. I. O. J., extremo que se confirma con el contenido de la pericia realizada por los peritos de documentología...” III. Según el Recurrente, se hace evidente que el Tribunal de Sentencia ha desnaturalizado la Litis con la condena proferida, pues la pretensión que se mantuvo a lo largo del proceso, por la parte Acusadora, fue demostrar que la Acusada C. P. O. J., hizo uso de un documento público falso, habiéndose evacuado los medios de prueba de cargo y de descargo siguiendo ese patrón probatorio, en virtud que las partes fueron llamados a la Litis a lo largo del proceso por un tipo penal diferente al de la condena; como lo es por la Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Fe Pública, por lo que la defensa técnica de la señora C. P. O. J. no pudo garantizarse en el debate, pues el tipo penal de falsificación de documentos públicos tiene como elemento rector, el hacer un documento falso o alterar uno verdadero. IV. Esta Sala de lo Penal ha verificado un análisis de los argumentos del Censor con el fin de lograr establecer si se ha verificado o no una Infracción al Precepto Constitucional señalado por el casacionista y procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) El hecho de que se halla realizado una calificación previa de los hechos juzgados por el delito de Uso de Documento Públicos y que al final los mismos fueron sancionados como Falsificación de Documentos Públicos, no constituye en manera alguna violación al Derecho de Defensa, toda vez que lo que se juzgan son los hechos, mismos que permanecieron invariables durante todo el proceso. 2) El controvertido se centra en los hechos, la acusación pretende probarlos y la defensa demostrar, o bien que no ocurrieron de ese modo o justificando los mismos, una vez establecidos los hechos queda determinada la calificación jurídica de los mismos que puede variar según la convicción del tribunal, pero ello no significa de ninguna manera que se vea restringido el Derecho de Defensa puesto que este esta dado en función de garantizar los medios necesarios a la Defensa para rebatir en juicio los hechos objeto del debate, mediante el acceso al órgano jurisdiccional, el uso de los medios de prueba y recursos en igualdad de condiciones entre las partes, mediante la observación del debido proceso, porque no cabe duda que “la necesidad de establecer garantías reales y operantes frente al poder radica, en última instancia, en que el hombre es un fin en si mismo, un sujeto fundamental del derecho y que, antes de someterlo a castigo –por justo que éste sea- deben agotarse todas las instancias para la exacta determinación de la imputación, otorgándosele posibilidades de descargo, oportunidad de ser oído y medios para oponerse idóneamente a la acusación. Y solo cumplidos estos requisitos, el pronunciamiento podrá ser considerado conforme a derecho y a la justicia” [1]; y en el caso subjudice, el examen de los autos ciertamente revela que la Acusada por medio de su Abogado Defensor, dispuso de todos los instrumentos procesales para garantizar el ejercicio de defensa. 3) El principio de congruencia que recoge el artículo 337 del Código Procesal Penal, constituye uno de los pilares torales del Sistema Acusatorio y que representa la ruptura de uno de los paradigmas del arbitrio judicial que imperaba en el sistema inquisitivo. El Artículo 337 no prohíbe modificar la calificación del delito, lo que proscribe es la modificación de los hechos objeto del debate, pudiendo el juzgador calificarlos en forma distinta siempre y cuando no sea en perjuicio del imputado, vale decir, que podrá hacerse cualquier calificación siempre que no sea de mayor perjuicio que la que originalmente se venía aplicando, distinta de las actuaciones que señala dicho artículo, en otras palabras, debe mantenerse la homogeneidad del bien jurídico lesionado, por ejemplo, no puede condenarse a una persona juzgada por lesiones, por una tentativa de homicidio, ni puede absolverse a una persona por lesiones y condenársele por robo. [2] Por último esta Sala de lo Penal, señala que en la presente causa, se constituye una pluralidad de indicios debidamente probados, unívocos o unidireccionales, que se encuentran de cierto modo articulados, que constituyen un enlace preciso con el resto de la prueba pericial, documental y testifical, de forma que todos esos indicios se recíprocamente se refuerzan y no se neutralizan, lo que llevo al Tribunal Sentenciador a la conclusión de que la Imputada, es responsable del delito por el cual ha sido condenada. Es por todas las razones anteriormente expuestas podemos concluir, que en el caso bajo examen, se constata la evacuación de prueba de cargo suficiente, practicada con arreglo a las normas procesales, sin menoscabo de los derechos fundamentales de la Acusada, seguida de una valoración probatoria del Tribunal de Instancia que no se presenta arbitraria o irreflexiva, y que conduce a la enervación de la presunción de inocencia que ha venido gozando la señora C. P. O. J.. Consecuentemente no se aprecia la vulneración del Artículo 82 de la Constitución de la República, lo que trae como resultado la desestimación del presente motivo fundado en la Infracción de Precepto Constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las Reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las Reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. V. El caso examiné, es a razón de la emisión de una sentencia condenatoria por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, por lo que el caso en estudio, se reduce a la existencia o no de la falsificación de documentos que sean de carácter público y que hayan sido objeto de falsificación, y si la Acusada tuvo o no participación en la falsedad del documento público, de ello derivan las reflexiones siguientes: 1) En cuanto al conocimiento de la Acusada sobre la falsedad de los Instrumentos Públicos números 4340 y 4350, que obran en el Protocolo del año dos mil tres del Abogado y Notario Z. A. T., el Tribunal reflexiona que a la propia acusada, Licenciada C. P. O. J., le fueron otorgados los numeros correlativos para la realización de los instrumentos relacionados, en fechas veintinueve de noviembre del dos mil tres y dos de diciembre del dos mil tres, y que la misma pago por el otorgamiento de dichos números de ese Protocolo Notarial, asimismo reflexiona el Tribunal, que en los referidos instrumentos que no se realizaron ante los oficios del Notario Z. A. T., se elaboraron los contratos de compra y venta entre la Acusada y la Ofendida a favor de la Señora J. I. J. M., llegando a la convicción el Tribunal de Sentencia que quien redactó dichos instrumentos y fingió la firma de la Ofendida K. I. O. J., fue la ahora Acusada C. P. O. J., aunado a estas reflexiones de parte del Tribunal, se encuentra la declaración rendida por la propia Acusada, a quien el Tribunal de Sentencia le resta valor en atención al Principio del Tercero Excluido, otorgándole mayor valor a la declaración rendida por la Ofendida. Dichos conocimientos están acreditados mediante prueba indiciaria que desglosa en siete numerales (Folios del 321 al 324 primera pieza), mismos a los que esta Sala de lo Penal no opone reparo por respetar en su construcción los Principios de la Lógica; considérese que toda la trama que generó el proceso penal giró alrededor de la Acusada C. P. O. J., así pues las Escrituras Públicas (matrices) y los Testimonios de éstas no fueron confeccionados por el Notario autorizante, razones por las cuales en una valoración conjunta de la prueba, permitió concluir al Tribunal de Sentencia que, efectivamente la Acusada llevo a cabo la falsificación material de los documentos públicos señalados. En conclusión, no existe de parte del Tribunal de Sentencia violación a las Reglas de la Sana Crítica en el proceso de valoración de la prueba, sus razonamientos se encuentran bajo la senda que marca el recto entendimiento humano y por tanto es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día diecinueve (19) de Enero del año dos mil dieciséis (2016), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ Y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de agosto del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando a la señora C. P. O. J., por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA, a la pena de TRES (03) AÑOS Y CINCO (05) MESES POR CADA DELITO sumando un total de SEIS (06) AÑOS DIEZ (10) MESES; 2) Asimismo, se condena a la señora C. P. O. J., a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado K. A. G., en su condición de Defensor Privado de la señora C. P. O. J..- SON PARTES: El Abogado K. A. G., en su condición de Defensor Privado de la Señora C. P. O. J., como Parte Recurrente y El Abogado E. N. L., Fiscal del Ministerio Público, como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO.- El veintisiete (27) de agosto del año de mil novecientos noventa y seis (1996), la señora J. I. J. M. en representación de sus menores hijas C. P. y K. I. ambas de apellidos O. J. fueron declaradas herederas ab-intestato de los bienes, derechos y acciones de su difunto esposo y padre O. R. O. J., mediante sentencia emitida por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil, inscrita el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) en el registro de sentencias del Registro de La Propiedad Mercantil de San Pedro Sula, Cortés, bajo numero 35, tomo 164. Entre los bienes heredados existían dos inmuebles ubicados uno en la colonia La Aurora y el otro en el barrio El Benque de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés. SEGUNDO.- En las fechas veintinueve (29) de noviembre y dos (2) de diciembre del año dos mil tres (2003), la señora C. P. O. J. retiró de la notaría del señor Z. A. T. los números correlativos 4340 y 4350 correspondientes a los instrumentos de su protocolo anual, procediendo a redactar en su despacho profesional dos escrituras matrices de compraventa sin la comparecencia, ni el consentimiento y simulando la firma de la señora K. I. O. J., la primera escritura con número de instrumento 4340 contraída a una compraventa en donde C. P. O. J. y K. I. O. J. vendieron a su madre J. I. J. M. un inmueble ubicado en la urbanización La Aurora de San Pedro Sula, Cortés, inscrito posteriormente en libro de Registro de la Propiedad, Hipoteca y Anotaciones Preventivas bajo número 29, tomo 4691 en fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil tres (2003). La segunda escritura con número 4350 relativa a una compraventa en donde C. P. O. J. y K. I. O. J. le venden a la señora J. I. J. M. un terreno en el barrio El Benque de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, inscrito en el libro de Registro de la Propiedad, Hipoteca y Anotaciones Preventivas bajo numero 77, tomo 4859 en fecha veintitrés (23) de agosto del dos mil cuatro (2004).” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL RECURRENTE ABOGADO K. A. G., ACTUANDO EN SU CONDICION DE DEFENSOR PRIVADO DE LA SEÑORA C. P. O. J., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA SIGUIENTE MANERA: “1.-RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO DE CASACION UNICO: Por haberse violado, mediante la sentencia recurrida, el Derecho Constitucional de Defensa, establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, que literalmente dice: Artículo 82. El derecho de defensa es inviolable...” PRECEPTO AUTORIZANTE: Me autoriza para interponer este recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el artículo 361 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: “Artículo 361. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional”. DESARROLLO DEL MOTIVO DE CASACION INVOCADO: La sentencia ahora recurrida en casación condena a mi representada la señora C. P. O. J., como autora de dos delitos de falsificación de documentos públicos, al considerar, en el hecho probado segundo, que mi representada “retiró de la notaría del señor Z. A. T. los números correlativos 4340 y 4350 correspondientes a los instrumentos de su protocolo anual, procediendo a redactar en su despacho profesional dos escrituras matrices de compra venta la comparecencia, ni el consentimiento y simulando las firma de la señora K. l. O. J.” (El resaltado y subrayado es mío). Resulta evidente que el hecho probado en referencia está en íntima relación con la parte resolutiva de la sentencia, más no con la valoración de los medios de prueba hecha por el propio Tribunal Recurrido ahora en casación, en los que, como en adelante explicaré, se hace una detallada valoración de los mismos, resaltando como principal conclusión que la firmas que calzan los documentos cuestionados no fueron hechas por la señora K. l. O. J., más no se aprecia medio de prueba alguno que indique quien es el autor de la presunta falsedad ideológica, como la califica el Tribunal de Sentencia; basta con apreciar, insisto, la valoración de los medios probatorios para llegar a esa conclusión: 1.- De la prueba pericial practicada por el señor M. E. V. P., el Tribunal de Sentencia dedujo lo siguiente: “que las firmas que fueron insertadas en los instrumentos 4340 y 4350 no corresponden a la que utiliza K. I. O. J. El dictamen concluye que no es posible asociar la confección de las firmas que se cuestionan con una autoría por parte de K. I. O.J.……” (ver numeral cuarto de la prueba). 2.- Al valorar la declaración testifical de la ofendida señora K. I. O. J., el Tribunal de Sentencia concluye que “se colige que otra persona fue la que imitó su rúbrica, con la finalidad de hacer creer que tales actos se realizaron con la voluntad y el consentimiento libre de K. I. O. J., extremo que se confirma con el contenido de la pericia realizada por los peritos de documentología...” (ver numeral primero de la valoración de la prueba). 3.- En el numeral segundo de la valoración probatoria, al evaluar prueba documental, principalmente los asientos de la inscripción de los inmuebles objeto del presente caso, concluye el Tribunal de Sentencia que “con las certificaciones de los instrumentos 4340 y 4350, inscritos según asientos 4691 y 4859 y los números 29 y 77 respectivamente, se corroboraron que las compraventas de los solares con sus mejoras no fueron realizadas ante el notario Z. A. T., aunado a su falsedad, lo que permitió que se sorprendiera a las autoridades del Registro de la Propiedad para que fuesen inscritas...”. Es evidente que el Tribunal de Sentencia desnaturalizó la Litis con la condena proferida, pues la pretensión que se mantuvo a lo largo del proceso, por la parte acusadora, fue demostrar que si mi representada hizo uso de un documento público falso, habiéndose evacuado los medios de prueba de cargo y de descargo siguiendo ese patrón probatorio, en virtud que las partes fueron llamados a la Litis a lo largo del proceso por un tipo penal diferente al de la condena; es decir, la defensa técnica de la señora C. P. O. J. no pudo garantizarse en el debate, pues el tipo penal de falsificación de documentos públicos tiene como elemento rector, el hacer un documento falso o alterar uno verdadero. En el presente caso, el tribunal de que, inclusive, sustituyó al notario (lo que igualmente no se probó enjuicio), tal y como aparece en el penúltimo párrafo de la pagina 14, de la fundamentación jurídica; sin embargo, los medios de prueba de descargo de la defensa, durante el debate, no pretendían demostrar que mi representada hubiere elaborado documento falso alguno, por la sencilla razón que la defensa se dirigió a acreditar únicamente, que la señora C. P. O. J., no hizo uso de documentos falsos; habiendo una gran diferencia en los elementos rectores de ambos delitos; en el de la condena se debe demostrar materialmente quien realizó la falsedad, por cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 284 del Código Penal; en cambio, en el delito por el que se siguió el juicio, el núcleo del tipo penal lo constituye el conocimiento que se tiene que el documento es falso y aun así se usa; traducido a la autoría, significa que al acusado en el delito de falsificación de documentos, se le debe demostrar que es autor o cómplice de la falsedad ideológica o material; en cambio en el de uso de documento falso, se le debe probar que es autor o cómplice, de una conducta típica de un delito de simple actividad, en el que basta acreditar que se sabe que el documento es falso y aun así se usa, sin necesidad de entrar al campo de la autoría material o del resultado producido. Lo expuesto nos indica que al no poderse defender la señora C. P. O. J., durante el debate, por la autoría de la presunta falsedad, su derecho de defensa ha sido vulnerado, pues el artículo 82 de la Constitución de la República, establece que el derecho de defensa es inviolable y al no respetarse por el tribunal de sentencia, la real posibilidad de la defensa técnica de aportar las pruebas necesarias para cuestionar la autoría de un delito de falsedad, la sentencia recurrida, dicta un fallo incongruente, insisto, con las pretensiones de las partes. La inviolabilidad del derecho de defensa, debe garantizarse a lo largo de todo el proceso, y la sentencia no puede desconocer el mismo, siendo precisamente por eso que el artículo 337 del Código Procesal Penal, ordena que la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes y con los hechos objeto de la controversia, lo que en el presente caso no se observa, pues los tipos penales a los que me he referido, difieren diametralmente en cuanto a sus elementos objetivos y subjetivos, como ya he explicado. Por lo indicado, debe casarse la sentencia, debiéndose dictar un nuevo fallo, por la honorable Corte Suprema de Justicia, en la que se absuelva a mi representada, en virtud de no haberse acreditado los elementos necesarios para la configuración del delito de uso de documento público falso.” III.- CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: “II.- RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO DE CASACION: Por violación a las reglas de la sana critica racional, al momento de valorar las pruebas; precisamente por inobservancia del principio de razón suficiente en específico, por tratarse de una motivación NO CONCORDANTE, NO VERDADERA Y NO SUFICIENTE. PRECEPTO ATORIZANTE: Me autoriza para interponer este recurso el artículo 362 del Código procesal Penal, que en su parte conducente expresa: “Artículo 362. Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida ADOLEZCA DE ALGUNOS DE LOS VICIOS SIGUIENTES: 1.-…; 2.-…; 3… o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. DESARROLLO DEL MOTIVO INVOCADO: La sentencia ahora recurrida en casación, condena a mi representada la señora C. P. O. J., a penas privativas de reclusión, por considerarla autora directa de dos delitos de falsificación de documentos públicos. En este camino intelectivo y formal, de construcción de la sentencia, el Honorable Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en el hecho probado segundo, considera que mi representada “En las fechas veintinueve (29) de Noviembre y dos (02) de Diciembre del año dos mil tres (2003), la señora C. P. O. J. retiró de la notaría del señor Z. A. T. los números correlativos 4340 y 4350 correspondientes a los instrumentos de su protocolo anual, procediendo a redactar en su despacho profesional dos escrituras matrices de compra venta sin la comparecencia, ni el consentimiento y simulando las firma de la señora K. l. O. J. (el resaltado y subrayado es mío); hecho probado este, que no aparece acreditado por ningún medio de prueba de los valorados en la sentencia, como en adelante explicaré prolijamente, habiéndose deducido la condena de meras especulaciones de los sentenciadores, desnaturalizando el sentido material de los medios de prueba y extrayendo una conclusión de culpabilidad, sin haber explicado nunca, en la fundamentación de la sentencia, de donde se extrajo la misma. La sentencia es, en esencia, una construcción intelectiva, legal y lógica de los juzgadores; es decir, representa la libre convicción de los jueces sobre los hechos y el derecho, formada de la inmediación que de la prueba han tenido a través del debate; sin embargo, esta construcción está regida por las leyes del entendimiento humano, por las reglas lógicas de la sana critica racional, pues el pensamiento humano se rige por algunas reglas y principios formales que lo uniforman y le dan sentido más o menos universal a las construcciones intelectivas del hombre, con independencia de la zona geográfica o de la idea que se construye; en otras palabras, la sentencia, como construcción lógica del pensamiento, no escapa a las reglas del normal entendimiento humano. En el presente caso, los juzgadores han concluido que mi representada es culpable del delito de falsificación de documentos públicos, por el simple hecho de haber redactado los dos instrumentos públicos en los que presuntamente se falseo la firma de la señora K. I. O. J.; sin embargo, de la valoración de los medíos de prueba lo único que deducen , los honorables jueces, es que su firma fue falseada, sin haberse evacuado medio de prueba alguno que pudiese demostrar quién o quienes la suplantaron. El principio de razón suficiente obliga a los juzgadores, que al momento de redactar la sentencia, “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando...” (ver página 159 de la Casación Penal, del Maestro Argentino Fernando de la Rúa), para lo cual se requiere una motivación concordante (cada conclusión se deduce de un medio de prueba), verdadera (la motivación debe sustentarse en elementos probatorios existentes, sin falsear su contenido) y suficiente (debe sustentarse en elementos aptos para producir un convencimientos cierto sobre el hecho): es decir, la conclusión (entiéndase en este caso, condena) debe deducirse del sentido material de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que se van obteniendo de estas. El principio de razón suficiente, aparece violado en la sentencia impugnada, pues en el caso que nos ocupa, NO existe ningún medio de prueba valorado en la sentencia, que nos conduzca a inferir que la señora C. P. O. J.simuló o falseó la firma de su hermana en los instrumentos públicos mediante los cuales se hacen los traspasos a favor de su señora madre J. I. J. M.: basta con leer la propia valoración de los medios de prueba pertinentes hechos en la sentencia, para comprobar la total ausencia de sustentación del fallo, así: 1.- De la prueba pericial practicada por el señor M. E. V. P., el Tribunal de Sentencia dedujo lo siguiente: “…que las firmas que fueron insertadas en los instrumentos 4340 y 4350 no corresponden a la que utiliza K. I. O. J. El dictamen concluye que no es posible asociar la confección de las firmas que se cuestionan con una autoría por parte de K. l. O. J....” (ver numeral cuarto de la valoración de la prueba). 2.- Al valorar la declaración testifical de la ofendida señora K. I. O. J., el Tribunal de Sentencia concluye que “se colige que otra persona fue la que ¡mitó su rúbrica, con la finalidad de hacer creer que tales actos se realizaron con la voluntad y el consentimiento libre de K. I. O. J., extremo que se confirma con el contenido de la pericia realizada por los peritos de documentologia...” (ver numeral primero de la valoración de la prueba). 3.- En el numeral segundo de la valoración probatoria, al evaluar prueba documental, principalmente los asientos de la inscripción de los inmuebles objeto del presente caso, concluye el Tribunal de Sentencia que “…con las certificaciones de los instrumentos 4340 y 4350, inscritos según asientos 4691 y 4859 y los números 29 y 77 respectivamente, se corroboraron que las compraventas de los solares con sus mejoras no fueron realizadas ante el notario Z. A. T., aunado a su falsedad, lo que permitió que se sorprendiera a las autoridades del Registro de la Propiedad para que fuesen inscritas...”. Como puede inferirse de la valoración de los medios de prueba anteriormente citados, lo que como conclusión extrajo el tribunal de Sentencia fue que la firma estampada, en los instrumentos cuestionados, no pertenece a la señora K. I. O. J., sin especificar quien o quienes son los autores de las rúbricas; sin embargo, violentando la regla de concordancia, condena a la señora C. P. O. J. como autora de la falsedad, sin hacer referencia alguna al o los medios de prueba que acrediten o sustenten el fallo; es decir, la sentencia condenatoria no se infiere del análisis o valoración de las pruebas citadas, hecha por el Tribunal de Sentencia, y esto es así por una sencilla razón: durante la celebración del debate nunca se discutió la autoría de la presunta falsificación, pues la pretensión fiscal era probar el uso de un documento público falso; pretensión esta que se mantuvo a lo largo del debate e, inclusive, las conclusiones finales del Ministerio Público se dirigieron a probar tal delito (ver tercer párrafo del numeral primero de la fundamentación jurídica de la sentencia); por lo que la motivación resulta insuficiente, doctrinalmente hablando, para sustentar el fallo, en cuanto el mismo se deriva de premisas diametralmente opuestas a la conclusión obtenida; es más, el fallo condenatorio no se deriva de ninguno de los medios de prueba evacuados durante el debate, pues la autoría de la falsedad no fue el objeto de la controversia, lo que se confrontó fue el uso o no de documentos públicos falsos. Igualmente la sentencia violenta la regla que ordena que la motivación debe ser verdadera, pues el fallo está sustentado en medios probatorios falseados en su contenido, alterados en cuanto a su verdad material; lo anterior se afirma cuando la sentencia recurrida condena por el delito de falsificación de documentos públicos, sustentando tal conclusión en los citados medios de prueba, los que, sin embargo, en su sentido material, lo que concluyen es que las firmas de los instrumentos públicos no se pueden asociar a las de la señora K. I. O. J.; sin embargo, el Tribunal de Sentencia, al hacer el análisis jurídico dentro de la fundamentación jurídica, específicamente en el penúltimo párrafo de la pagina 14 de la sentencia (numeral primero), declara que “…fue la imputada C. P. O. J., la que redacto y fingió la comparecencia y firma de la señora K. l. O. J. para después obtener la rúbrica y sello del Notario...”, sin embargo el peritaje del señor M. E. V. P. y los otros medios de prueba descritos en este motivo de casación, lo que establecen, como conclusión, es que no se puede asociar las firmas con una autoría de K. l. O. J.; es decir, lo que se probó en juicio difiere notablemente del fallo condenatorio impuesto y de los hechos declarados probados, habiéndose desnaturalizado la litis por parte del Tribunal de Sentencia (específicamente en la fundamentación jurídica), pues, insisto, los medios de prueba y su valoración, no tienen concordancia alguna con la sentencia condenatoria y la única forma en que esta se produjo, fue alterando el sentido lógico de la sentencia, precisamente dentro del apartado de la fundamentación jurídica, cuando se presume, ipso facto, que como el documento es falso, la autora de la presunta falsedad es la acusada, específicamente cuando se especula que “La imputada C. P. O. J. puede ser sujeto activo del delito en tanto sujeto activo puede ser cualquier persona; en su conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso fue en hacer en todo un documento público falso...” (ver último párrafo de la pagina 14 de la sentencia). En conclusión, pretender que se acreditó la autoría de la falsedad con la prueba pericial practicada y con los documentos evacuados en juicio (ver primero y segundo párrafo de la página 15 de la sentencia), aun y cuando estos, al ser valorados, carecen de relevancia probatoria en ese sentido, es una clara y manifiesta violación a la regla lógica que ordena que la motivación debe ser verdadera; es decir, que el fallo debe sustentarse en antecedentes reales, no falseados en su contenido, como ahora se ha hecho, cuando se sustenta una sentencia condenatoria en medios de prueba que tuvieron, como objetivo único, probar el presunto uso de documentos públicos cuestionados y nunca se dirigieron a acreditar quien o quienes los redactaron o fingieron las firmas de la señora K. l. O. J.. Esta sentencia igualmente violenta la regla lógica del principio de derivación, que ordena que la motivación debe ser suficiente; es decir, que no basta que se motive la sentencia, es necesario que el convencimiento al que ha llegado el Tribunal de Sentencia esté constituido por elementos aptos (entiéndase intrínseca y legalmente aceptables) para producirlo; implica lo indicado, que el fallo, en este caso condenatorio, debe sustentarse en medios de prueba cuya verdad material no deje lugar a dudas de la responsabilidad que se atribuye al condenado. En el presente caso, como ya se ha indicado, de los medios de prueba intrínsecamente no se deduce que la señora C. P. O. j. haya falsificado los instrumentos públicos objeto de la controversia, pues el propio peritaje redactado por el perito oficial M. E. V. P., lo que concluye es que no se puede asociar la confesión de la firmas cuestionadas con la autoría de la señora K. l. O. J. e, igualmente, de los otros medios de prueba valorados tampoco se deduce razonablemente que mi defendida haya sido la persona que presuntamente falseo las mismas, pues todos estuvieron dirigidos a establecer, como única verdad, que las firmas no fueron estampadas por K. I. O. J., por lo menos eso es lo que se desprende de la propia valoración que hacen los jueces, como ya se consignó en este motivo, prolijamente; en consecuencia, la sentencia condenatoria, no encuentra en el acervo probatorio ningún respaldo pues los medios de prueba no son aptos para establecer que la señora C. P. O. J., es la autora de la falsedad ideológica y material, como irresponsablemente han establecido los juzgadores. Es importante resaltar, igualmente, que el principal medio de prueba técnico del que se valió el Tribunal de sentencia para condenar a mi representada, es el peritaje redactado por el señor M. E. V. P., en el que este establece, como conclusión, que no es posible asociar la confesión de las firmas cuestionadas con la autoría de la señora K. l. O. J.; sin embargo, este peritaje no es apto, desde el punto de vista legal, para que pueda servir de fundamento al fallo, es una prueba insuficiente, pues el mismo perito admitió, durante su comparecencia en el debate, que no tomó las muestras patrones de las firmas de la señora K. I. O. J., que sirvieron de comparación para realizar la pericia documental, por lo que no le consta que las mismas hubiesen sido estampadas por la presunta ofendida en autos; es decir, que al perito le fueron proporcionadas las muestras patrones por la Fiscalía del Ministerio Público, lo que desnaturaliza la pericia, ya que los fiscales del Ministerio Público no son peritos en el arte de la documentología forense, no tienen la formación necesaria ni el conocimiento para la toma de muestras de este tipo. Importa aclarar que la toma de muestras de firmas, no constituyen evidencia criminal (pues no fueron recogidas en ninguna escena del crimen), como lo pretende la sentencia recurrida, en el último párrafo de la página 15, en el apartado de la fundamentación jurídica, con la única finalidad de justificar semejante error procesal; es más, asegura la sentencia recurrida, que no solo el perito está capacitado para la toma de muestras, pudiéndolo hacer cualquier fiscal o investigador; sin embargo, es claro que la toma de muestras es parte de la pericia y, en consecuencia, debe constarle al técnico que la realiza que las muestras han sido elaboradas siguiendo un protocolo establecido, una técnica particular y, lo más importante, que han sido suscritas por la persona a confrontar con la o las firmas cuestionadas, por lo que, el peritaje realizado por el señor M. E. V. P., no puede tener ningún valor probatorio, pues el mismo fue elaborado sobre muestras patrones recolectadas no se sabe por quién y, como tal, es el fruto de un acto unilateral desconocido en su origen y, como tal, carente de legalidad procesal y anulable de pleno derecho. Por lo expuesto debe casarse la sentencia, anulando la misma y ordenando se repita nuevamente el juicio oral y público. Se hace expresa mención que por tratarse de un vicio observado en la sentencia definitiva, no se realizó reclamo alguno para subsanarlo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Por ser la sentencia impugnada, incongruente con las pretensiones de las partes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Me sirve de precepto autorizante, para interponer el presente motivo de casación el artículo 362 del Código Procesal Penal, que en su parte conducente dice: “Artículo 362. Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1.-...; 2.-....; 3.-....; 4.-....; 5.-....; 6.- La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337”.

DESARROLLO DEL MOTIVO DE CASACIÓN INVOCADO: Según el artículo 337 del Código Procesal Penal, “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos, en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”; es decir, que la sentencia debe guardar congruencia con las pretensiones de las partes; las que se manifiestan a lo largo del proceso en el requerimiento fiscal, en la formalización de la acusación, en el auto de apertura a juicio, en la ampliación de la acusación y en las conclusiones formuladas en la audiencia de debate, en el caso de los acusadores; y, por otro lado, en la contestación de cargos, en la contestación de la ampliación de la acusación, en su caso, y en las conclusiones en la audiencia de debate, en el caso de la defensa. Lo expuesto implica que los juzgadores no pueden apartarse de la pretensión de las partes al momento de juzgar y esto es así porque el proceso penal hondureño se rige por el principio acusatorio, que obliga al Juez, en sentido amplio, a únicamente ejercer una función de juzgamiento, convirtiéndose en un tercero imparcial, que únicamente controla el normal y correcto desenvolvimiento de las partes, sin posibilidad alguna de modificar sus pretensiones o de producir prueba en juicio. En el presente caso, la sentencia recurrida ha desconocido la pretensión del órgano acusador, manifestada en la formalización de la acusación contenida en el acta de audiencia preliminar (folio 196 del expediente de primera instancia), auto de apertura a juicio (folio 198) y conclusiones de la audiencia de debate; pretensión que tuvo como objetivo la condena de la acusada por el delito de uso de documento publico falso y la que, obviamente, generó, como pretensión de la defensa, demostrar a lo largo de todas las audiencias y momentos procesales citados (contestación de cargos en la audiencia preliminar y formulación de conclusiones en la audiencia de debate), que mi defendida no uso documento público falso alguno; es decir, en el transcurso del proceso y del debate propiamente, nunca se discutió la autoría de la falsificación, pues el tipo penal contenido en el artículo 289 del código penal no requiere, como elemento objetivo, acreditar quien o quienes son los autores de la falsedad; por lo que el acervo probatorio fue dirigido a acreditar, únicamente, que los títulos de propiedad eran falsos y que presuntamente los uso la señora C. P. O. J. teniendo ese conocimiento, en el caso de los acusadores; y, en el caso de la defensa, que las escrituras públicas de traspaso, no son falsas. En tal sentido, la sentencia impugnada desconoce plenamente las pretensiones de las partes y emite una sentencia ajena a las mismas, al condenar por el delito de falsificación de documentos públicos, sin que se haya acreditado en juicio, por medio de prueba alguno, quien es el autor de la falsedad; pues lo que valora el Tribunal de Sentencia, de la prueba pericial practicada, es que se acreditó que no puede asociarse la autoría de las firmas con la señora K. l. O. J., lo que resulta insuficiente para considerar autora de falsedad a mi representada; es más, incluso de la propia declaración testifical de la señora K. I. O. J., lo que se extrae como conclusión, es que fue otra persona la que imitó su rúbrica (ver página 5 de la sentencia), sin que se indique quien fue, por lo que el fallo condenatorio no encuentra, insisto, sustento en el acervo probatorio evacuado en debate. En resumen, el Tribunal de Sentencia, al dictar una sentencia evidentemente ajena a las pretensiones de la partes, vuinera flagrantemente el derecho de defensa constitucional, pues, como ya lo expliqué, no es lo mismo defenderse por el delito de uso de un documento público falso que del delito de falsificación de documentos públicos; en el primero la defensa se dirige a acreditar únicamente que no se usó un documento falso o que no se tenía conocimiento de la falsedad del mismo; en cambio, en el segundo, la defensa debe dirigirse a acreditar que no se falsificó un documento por parte del imputado. En el presente caso, la parte acusadora nunca buscó acreditar que la señora C. P. O. j. hubiere falsificado los instrumentos públicos cuestionados, no existe ningún medio de prueba dirigido en ese sentido probatorio, por lo que la sentencia condenatoria es incongruente con las pretensiones de las partes, sostenidas en el decurso del proceso y el juicio oral y público, por lo que debe anularse la sentencia, ordenando se dicte una que tenga relación con lo que las partes han pretendido acreditar en juicio, es decir con sus pretensiones, con sus pruebas aportadas, hasta emitir una sentencia congruente y ajustada a derecho.” DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA I. Invoca el Recurrente infracción por falta de aplicación del artículo 82 párrafo primero de la Constitución de la República y como precepto autorizante cita el artículo 361 del Código Procesal Penal. Señala el Recurrente que la sentencia ahora recurrida en casación condena a su representada la señora C. P. O. J., como autora de dos delitos de falsificación de documentos públicos, al considerar, en el hecho probado segundo, que su representada “retiró de la notaría del señor Z. A. T. los números correlativos 4340 y 4350 correspondientes a los instrumentos de su protocolo anual, procediendo a redactar en su despacho profesional dos escrituras matrices de compra venta la comparecencia, ni el consentimiento y simulando las firma de la señora K. l. O. J.”

II. Según el Censor, resulta evidente que el hecho probado en referencia está en íntima relación con la parte resolutiva de la sentencia, más no con la valoración de los medios de prueba hecha por el propio Tribunal Recurrido, ya que no se aprecia medio de prueba alguno que indique quien es el autor de la presunta falsedad ideológica, ya que de la prueba pericial practicada por el señor M. E. V. P. y de la valoración de la declaración testifical de la ofendida señora K. I. O. J., lo que se concluye es que “se colige que otra persona fue la que imitó su rúbrica, con la finalidad de hacer creer que tales actos se realizaron con la voluntad y el consentimiento libre de K. I. O. J., extremo que se confirma con el contenido de la pericia realizada por los peritos de documentología...” III. Según el Recurrente, se hace evidente que el Tribunal de Sentencia ha desnaturalizado la Litis con la condena proferida, pues la pretensión que se mantuvo a lo largo del proceso, por la parte Acusadora, fue demostrar que la Acusada C. P. O. J., hizo uso de un documento público falso, habiéndose evacuado los medios de prueba de cargo y de descargo siguiendo ese patrón probatorio, en virtud que las partes fueron llamados a la Litis a lo largo del proceso por un tipo penal diferente al de la condena; como lo es por la Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Fe Pública, por lo que la defensa técnica de la señora C. P. O. J. no pudo garantizarse en el debate, pues el tipo penal de falsificación de documentos públicos tiene como elemento rector, el hacer un documento falso o alterar uno verdadero. IV. Esta Sala de lo Penal ha verificado un análisis de los argumentos del Censor con el fin de lograr establecer si se ha verificado o no una Infracción al Precepto Constitucional señalado por el casacionista y procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) El hecho de que se halla realizado una calificación previa de los hechos juzgados por el delito de Uso de Documento Públicos y que al final los mismos fueron sancionados como Falsificación de Documentos Públicos, no constituye en manera alguna violación al Derecho de Defensa, toda vez que lo que se juzgan son los hechos, mismos que permanecieron invariables durante todo el proceso. 2) El controvertido se centra en los hechos, la acusación pretende probarlos y la defensa demostrar, o bien que no ocurrieron de ese modo o justificando los mismos, una vez establecidos los hechos queda determinada la calificación jurídica de los mismos que puede variar según la convicción del tribunal, pero ello no significa de ninguna manera que se vea restringido el Derecho de Defensa puesto que este esta dado en función de garantizar los medios necesarios a la Defensa para rebatir en juicio los hechos objeto del debate, mediante el acceso al órgano jurisdiccional, el uso de los medios de prueba y recursos en igualdad de condiciones entre las partes, mediante la observación del debido proceso, porque no cabe duda que “la necesidad de establecer garantías reales y operantes frente al poder radica, en última instancia, en que el hombre es un fin en si mismo, un sujeto fundamental del derecho y que, antes de someterlo a castigo –por justo que éste sea- deben agotarse todas las instancias para la exacta determinación de la imputación, otorgándosele posibilidades de descargo, oportunidad de ser oído y medios para oponerse idóneamente a la acusación. Y solo cumplidos estos requisitos, el pronunciamiento podrá ser considerado conforme a derecho y a la justicia”[1]; y en el caso subjudice, el examen de los autos ciertamente revela que la Acusada por medio de su Abogado Defensor, dispuso de todos los instrumentos procesales para garantizar el ejercicio de defensa. 3) El principio de congruencia que recoge el artículo 337 del Código Procesal Penal, constituye uno de los pilares torales del Sistema Acusatorio y que representa la ruptura de uno de los paradigmas del arbitrio judicial que imperaba en el sistema inquisitivo. El Artículo 337 no prohíbe modificar la calificación del delito, lo que proscribe es la modificación de los hechos objeto del debate, pudiendo el juzgador calificarlos en forma distinta siempre y cuando no sea en perjuicio del imputado, vale decir, que podrá hacerse cualquier calificación siempre que no sea de mayor perjuicio que la que originalmente se venía aplicando, distinta de las actuaciones que señala dicho artículo, en otras palabras, debe mantenerse la homogeneidad del bien jurídico lesionado, por ejemplo, no puede condenarse a una persona juzgada por lesiones, por una tentativa de homicidio, ni puede absolverse a una persona por lesiones y condenársele por robo. [2] Por último esta Sala de lo Penal, señala que en la presente causa, se constituye una pluralidad de indicios debidamente probados, unívocos o unidireccionales, que se encuentran de cierto modo articulados, que constituyen un enlace preciso con el resto de la prueba pericial, documental y testifical, de forma que todos esos indicios se recíprocamente se refuerzan y no se neutralizan, lo que llevo al Tribunal Sentenciador a la conclusión de que la Imputada, es responsable del delito por el cual ha sido condenada. Es por todas las razones anteriormente expuestas podemos concluir, que en el caso bajo examen, se constata la evacuación de prueba de cargo suficiente, practicada con arreglo a las normas procesales, sin menoscabo de los derechos fundamentales de la Acusada, seguida de una valoración probatoria del Tribunal de Instancia que no se presenta arbitraria o irreflexiva, y que conduce a la enervación de la presunción de inocencia que ha venido gozando la señora C. P. O. J.. Consecuentemente no se aprecia la vulneración del Artículo 82 de la Constitución de la República, lo que trae como resultado la desestimación del presente motivo fundado en la Infracción de Precepto Constitucional. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3. I. A criterio del Censor, existe un divorcio entre la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia y el Principio de Razón Suficiente, por ser la motivación de la sentencia recurrida no concordante, no verdadera y no suficiente, ya que se condena a su representada la Señora C. P. O. J., como autora directa de dos delitos de falsificación de documentos públicos, en base a meras especulaciones de los sentenciadores, desnaturalizando de esta forma el sentido material de los medios de prueba y extrayendo una conclusión de culpabilidad, sin haber explicado nunca, en la fundamentación de la sentencia, de donde se extrajo la misma. Señala el recurrente, que los juzgadores han concluido que su representada es culpable del delito de falsificación de documentos públicos, por el simple hecho de haber redactado los dos instrumentos públicos en los que presuntamente se falseo la firma de la señora K. I. O. J., sin embargo, de la valoración de los medíos de prueba lo único que deducen, los Honorables Jueces, es que su firma fue falseada, sin haberse evacuado medio de prueba alguno que pudiese demostrar quién o quienes la suplantaron. II. Señala el Recurrente que el Principio de Razón Suficiente, aparece violado en la sentencia impugnada, pues no existe ningún medio de prueba valorado en la sentencia, que conduzca a inferir que la señora C. P. O. J. simuló o falseó la firma de su hermana en los instrumentos públicos mediante los cuales se hacen los traspasos a favor de su señora madre J. I. J.M.. Asimismo señala el Censor, que la sentencia violenta la regla que ordena que la motivación debe ser verdadera, pues el fallo está sustentado en medios probatorios falseados en su contenido, alterados en cuanto a su verdad material; ya que el Tribunal de Sentencia, al hacer el análisis jurídico dentro de la fundamentación jurídica, específicamente en el penúltimo párrafo de la pagina 14 de la sentencia (numeral primero), declara que “…fue la imputada C. P. O. J., la que redacto y fingió la comparecencia y firma de la señora K. l. O. J. para después obtener la rúbrica y sello del Notario...”, sin embargo el peritaje del señor M. E. V. P. y los otros medios de prueba, lo que establecen, como conclusión, es que no se puede asociar las firmas con una autoría de K. l. O. J.; es decir, lo que se probó en juicio difiere notablemente del fallo condenatorio impuesto y de los hechos declarados probados, habiéndose desnaturalizado la litis por parte del Tribunal de Sentencia (específicamente en la fundamentación jurídica), pues, insisto, los medios de prueba y su valoración, no tienen concordancia alguna con la sentencia condenatoria y la única forma en que esta se produjo, fue alterando el sentido lógico de la sentencia. III. Por ultimo señala el Recurrente que la sentencia recurrida, igualmente violenta la Regla Lógica del Principio de Derivación, que ordena que la motivación debe ser suficiente; en razón de que, de los medios de prueba evacuados no se deduce que la Señora C. P. O. J. haya falsificado los instrumentos públicos objeto de la controversia, pues el propio peritaje redactado por el Perito Oficial M. E. V. P., lo que concluye es que no se puede asociar la confesión de la firmas cuestionadas con la autoría de la señora K. L. O. J., e igualmente, de los otros medios de prueba valorados tampoco se deduce razonablemente que la ahora Imputada haya sido la persona que presuntamente falseo las mismas, pues todos estuvieron dirigidos a establecer, como única verdad, que las firmas no fueron estampadas por K. I. O. J., por lo menos eso es lo que se desprende de la propia valoración que hacen los jueces, como ya se consignó en este motivo, prolijamente; en consecuencia, la sentencia condenatoria, no encuentra en el acervo probatorio ningún respaldo pues los medios de prueba no son aptos para establecer que la señora C. P. O. J., es la autora de la falsedad ideológica y material, como irresponsablemente han establecido los juzgadores. IV. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el Artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la Ley Procesal Penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el Artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las Reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las Reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. V. El caso examiné, es a razón de la emisión de una sentencia condenatoria por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, por lo que el caso en estudio, se reduce a la existencia o no de la falsificación de documentos que sean de carácter público y que hayan sido objeto de falsificación, y si la Acusada tuvo o no participación en la falsedad del documento público, de ello derivan las reflexiones siguientes: 1) En cuanto al conocimiento de la Acusada sobre la falsedad de los Instrumentos Públicos números 4340 y 4350, que obran en el Protocolo del año dos mil tres del Abogado y Notario Z. A. T., el Tribunal reflexiona que a la propia acusada, Licenciada C. P. O. J., le fueron otorgados los numeros correlativos para la realización de los instrumentos relacionados, en fechas veintinueve de noviembre del dos mil tres y dos de diciembre del dos mil tres, y que la misma pago por el otorgamiento de dichos números de ese Protocolo Notarial, asimismo reflexiona el Tribunal, que en los referidos instrumentos que no se realizaron ante los oficios del Notario Z. A. T., se elaboraron los contratos de compra y venta entre la Acusada y la Ofendida a favor de la Señora J. I. J. M., llegando a la convicción el Tribunal de Sentencia que quien redactó dichos instrumentos y fingió la firma de la Ofendida K. I. O. J., fue la ahora Acusada C. P. O. J., aunado a estas reflexiones de parte del Tribunal, se encuentra la declaración rendida por la propia Acusada, a quien el Tribunal de Sentencia le resta valor en atención al Principio del Tercero Excluido, otorgándole mayor valor a la declaración rendida por la Ofendida. Dichos conocimientos están acreditados mediante prueba indiciaria que desglosa en siete numerales (Folios del 321 al 324 primera pieza), mismos a los que esta Sala de lo Penal no opone reparo por respetar en su construcción los Principios de la Lógica; considérese que toda la trama que generó el proceso penal giró alrededor de la Acusada C. P. O. J., así pues las Escrituras Públicas (matrices) y los Testimonios de éstas no fueron confeccionados por el Notario autorizante, razones por las cuales en una valoración conjunta de la prueba, permitió concluir al Tribunal de Sentencia que, efectivamente la Acusada llevo a cabo la falsificación material de los documentos públicos señalados. En conclusión, no existe de parte del Tribunal de Sentencia violación a las Reglas de la Sana Crítica en el proceso de valoración de la prueba, sus razonamientos se encuentran bajo la senda que marca el recto entendimiento humano y por tanto es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: POR SER LA SENTENCIA IMPUGNADA, INCONGRUENTE CON LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.6 I.- El Impetrante alega que los sentenciadores incurrieron en Incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, con infracción de lo que dispone el Artículo 337 del Código Procesal Penal, en la parte que a la letra se lee, congruencia de la sentencia con la acusación, ya que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación.- II.- El Recurrente es equívoco en su planteamiento al exponer dicho motivo, pues los Tribunales de Sentencia no están vinculados con la exactitud de los hechos expuestos en las formalizaciones de las acusaciones, sino más bien su vinculación es con los hechos que resulten de la valoración de las pruebas evacuadas en el debate, y que por consiguiente hayan sido descritas en la formalización de la acusación.- Para el caso un Tribunal no puede venir a dar por acreditados hechos que tengan relación con el delito de Estafa, si el delito por el que se ha venido procesando al imputado es una violencia intrafamiliar, porque esto si daría lugar a que se den por acreditado otros hechos o circunstancias que por supuesto no han podido ser descritas en las etapas anteriores; pero en el presente caso, por el hecho de que en la formalización de la acusación y el hecho probado no sean exactos en el relato, eso no provoca per-se la consecuencia de que se han dado por probados hechos distintos. El Principio de Congruencia, no significa que habrá de existir una equivalencia absoluta entre la sentencia y la acusación, pueden darse variantes no significativas para lo toral de la decisión que se toma, lo básico es que la sentencia condenatoria que se dicte debe surgir del juicio oral que se desarrolle y dentro de los límites acusatorios imputados, la finalidad es evitar que se condene por un hecho diferente al que fuera imputado e intimado en juicio oral, lo importante es que dichos hechos no hayan sido variados en su contenido de forma tal que de lugar a incorporar un cuadro fáctico totalmente ajeno a lo controvertido a lo largo del juicio, es por ello que el hecho, que si bien el Ministerio Público, formalizo la acción penal, por el Delito de Uso de Documentos Públicos Falsos, establecido en el artículo 284 numeral 2) del Código Penal, el Tribunal de Sentencia al condenar a la enjuiciada por el Delito de de Falsificación de Documentos Públicos, ha aplicado el mismo artículo, de donde se deriva que la Sentencia guarda relación con las pretensiones de las partes, debido a que no se ha verificado ninguna modificación de los hechos que fueron objeto del debate. En consecuencia de lo anterior, se declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Segundo Motivo interpuesto por la Defensa.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362 preámbulo y número 3), y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su ÚNICO MOTIVO; y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus DOS MOTIVOS, invocados por el Abogado K. A. G., en su condición de Defensor Privado de la señora C. P. O. J.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTO EL MAGISTRADO ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- ABOG. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- ABOG. JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- ABOG. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-50-2015.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vásquez Rossi José Eduardo. La Defensa Penal. Argentina. Editorial Runinzal. Segunda Edición. 1989. P 55

[2] Cuellar Cruz Rigoberto y Otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico). Proyecto del Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Primera edición. 2004 P 533 .