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Sentencia CP-487-14 — Registro 5783

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de Apropiación Indebida y Falsificación de Documentos Públicos, resolviendo en recurso de casación Con Lugar y absolviendo al acusado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...CONSIDERANDO: Este Tribunal de Casación es del criterio que según el relato de Hechos Probados que el Ad-quen aceptó y consideró, éstos no se subsumen, no encajan en los tipos penales de Apropiación Indebida, Falsificación de Documentos Públicos y Uso de documentos falsos, tipificados en los artículo 242 numeral 8, 284 y 289 del Código Penal, y lo procedente es decretar una Sentencia Absolutoria en el presente caso. Por tales motivos es procedente declarar Ha Lugar este primer Motivo de Casación. CONSIDERANDO: La Sala de lo Penal no se pronuncia sobre el segundo motivo de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Recurrente, toda vez que ha prosperado el primer motivo con las repercusiones legales correspondientes..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA las sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Para dictar Sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha uno de diciembre de dos mil catorce, por el Abogado J. F. Z. C., mayor de edad, hondureño, con carnet del colegio de Abogados de Honduras 6468 con Despacho Profesional y domicilio en la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, sita dos cuadras al Oeste de la Iglesia Católica “Cristo Rey”, en su carácter de Apoderado Defensor del Señor R. P. B., en relación a la Acusación interpuesta en fecha treinta de agosto de dos mil, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado M. S., mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en contra de los señores R. P. B., mayor de edad, hondureño, de este domicilio, por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA FÉ Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y de los señores M. R. H. P., R. L. L., O. S. M., L. A. V. V., R. R. R., J. C. C. A., G. P. C., A. R. G. Y M. F. E. por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- El Recurso de Casación se interpuso en contra del fallo emitido en fecha nueve de octubre de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Penal, del Departamento de Francisco Morazán, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado J. F. Z. C., en su condición de Defensor Privado del señor R. P. B., contra la sentencia definitiva condenatoria de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “FALLA: 1.-) CONDENANDO en concurso ideal al imputado R. P. B., de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia a la pena de reclusión de NUEVE (9) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio del INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR, misma que deberá de cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Establecimiento Penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario, mas una multa de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (Lps 525,000.00) que equivale al diez por ciento del valor apropiado; 2.-) Asimismo se le condena a las Penas Accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo que dure la condena; 3.-) Siendo que el imputado en mención se encuentra gozando de medidas alternas a la Prisión Preventiva, requiera en legal y debida forma a través del receptor del Despacho, con el objeto de notificarle el presente proveído y sea remido a la Penitenciaria Nacional a fin de que cumpla el presente fallo condenatorio.” CONSIDERANDO: Que en Sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, aceptó los Hechos Estimados y Declarados Probados por el A-Quo quién los redactó de la manera siguiente: “PRIMERO: Que en fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la junta directiva del Instituto de Previsión Militar, resolvió en sección extraordinaria número 048 autorizar a la Gerencia General de dicho instituto para que efectuara los trámites correspondiente ante la Corporación Municipal del Distrito Central, para adquirir en dominio plano el inmueble donde están ubicadas las oficinas administrativas del Instituto de Previsión Militar y el edificio en el cual funcionaba el Comisariato de las Fuerzas Armadas, cuya dimensión es de 29,525.66 varas cuadras, asimismo la adquisición de los terrenos adyacentes a la instalaciones del Instituto de Previsión Militar.- SEGUNDO: Que en la fecha antes relacionada el imputado R. P. B., fungía como Gerente General del Instituto de Previsión Militar, y este ordenó al Departamento de Ahorro y Depósito del Banco de las Fuerzas Armadas debitar de la cuenta número 36000-01-9 las cantidades de Un Millón, Quinientos Mil, Dos Millones Quinientos Mil, y Un Millón Doscientos Cincuenta Mil lempiras respectivamente, ordenando que dicho pago debería de hacerse en efectivo al Señor secretario de la Comuna Capitalina en ese entonces.- TERCERO: Que obra en autos los recibos originales de la Alcaldía Municipal números 96006, 937991, 937990, 937048, 937049, 960005, 937047, 937050, 937986, 937992, los cuales justifican el pago de bienes inmuebles son especificar cuáles, además que los datos en el contenido de los recibos no son acordes con los requisitos que deben de reunir dichos recibos.” CONSIDERANDO: Que en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el Abogado J. F. Z. C., de generales y condición ya expresados, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. I.- PRIMER MOTIVO. Infracción por aplicación indebida de los artículos números 240 y 242 No. 8, en completa inobservancia del artículo número 24 numeral 4°, todos del Código Penal, contenido, en el DECRETO No. 144-83, aplicable a este caso concreto, por vigencia, en la época en que sucedieron los acontecimientos, y por vía, de RETROACTIVIDAD DE LA LEY, en relación con el artículo número 90 en su párrafo primero, de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación, se encuentra comprendido en el Artículo número 412 número 1° del Código de Procedimientos Penales, que establece, Que: SE ENTENDERA, QUE HA SIDO INFRINGIDA UNA LEY, PARA EL EFECTO, DE QUE PUEDA INTERPONERSE, EL RECURSO DE CASACIÓN… No. 1 CUANDO, DADO LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS, EN LAS RESOLUCIONES, ENUMERADAS EN DICHO ARTÍCULO, SE HUBIERE INFRINGIDO UN PRECEPTO PENAL, DE CARACTER SUSTANTIVO U OTRA NORMA JURÍDICA, DEL MISMO CARÁCTER, QUE DEBA SER OBSERVADA, EN LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El concepto, de la Infracción, lo explicó de la siguiente manera: Los Artículos números 240 y 242 No.8, del Código Penal, con vigencia a partir del día veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), aplicados en la Sentencia Definitiva, dictada en esta causa, citados como infringidos, por violación directa, en relación con el artículo numero 90 Párrafo primero de la Constitución de la República textualmente establecen: EL ARTÍCULO NUMERO 240 DEL CODIGO PENAL. ESTABLECE, QUE: “COMETE EL DELITO DE ESTAFA, QUIEN CON NOMBRE SUPUESTO, FALSOS TITULOS, INFLUENCIA O CALIDAD SIMULADA, ABUSO DE CONFIANZA, FINGIENDOSE DUEÑO DE BIENES, CREDITOS, EMPRESAS O NEGOCIACION O VALIENDOSE DE CUALQUIER ARTIFICIO, ASTUCIA O ENGAÑO, INDUJERE A OTRO EN ERROR, DEFRAUDANDOLO EN PROVECHO PROPIO O AJENO”, EL ARTÍCULO NUMERO 242 No.8 DEL CODIGO PENAL, ESTABLECE QUE: INCURRIRÁ EN LAS PENAS DEL ARTÍCULO ANTERIOR, “QUIÉN EN PERJUICIO SE APROPIARE O DISTRAJERE DINERO, EFECTOS O CUALQUIER OTRA COSA MUEBLE, QUE HUBIERE RECIBIDO EN DEPOSITO, COMISIÓN O ADMINISTRACIÓN, O POR OTRO TÍTULO QUE CONLLEVE OBLIGACIÓN DE ENTREGARLA O DEVOLVERLA, O NEGARE HABERLO RECIBIDO”, POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 24 NUMERAL 4°, QUE CONTIENE CAUSAS DE JUSTIFICACION, QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL. ESTABLECE: “QUE SE HALLAN, EXENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL.... No.4 QUIEN EJECUTARE UN ACTO, POR OBEDIENCIA DEBIDA, SIEMPRE QUE CONCURRAN LAS CONDICIONES SIGUIENTES: A).- QUE LA ORDEN EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE, Y B).- QUE EL AGENTE TENGA LA OBLIGACIÓN DE CUMPIRLA”, Concluyen, y EL ARTÍCULO NUMERO 90 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, ESTABLECE QUE: “NADIE PUEDE SER JUZGADO, SINO POR JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE, CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS. QUE LA LEY ESTABLECE” Es el caso, que nos ocupa, Honorables Magistrados, de la Corte Suprema de Justicia, como consta y podéis comprobar de autos, que la Honorable Corte de Apelaciones, de lo Penal de este Departamento, como Tribunal AD-QUEN, al emitir su fallo, en el Recurso de Apelación, que interpuse oportunamente, en contra de la Sentencia condenatoria, dictada por el AD-QUO, Juzgado de Letras Penal, de la Sección Judicial, de Tegucigalpa, Distrito Central, ahora Juzgado de lo Penal, Unificados, del Departamento de Francisco Morazán, con fecha VEINTITRES (23) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE (2007), DESESTIMO varios hechos declarados como probados, por el Juzgado de primera instancia, que hiso suyos, confirmando, en base a un razonamiento total y absolutamente contradictorio, EN RELACION A LOS HECHOS, TENIDOS COMO PROBADOS, en todos sus demás pronunciamientos, la Sentencia de mérito, no obstante establecer de manera clara y precisa, de haber tenido, como probados, los hechos que aparecen redactados por dicho Tribunal, en los considerandos números 17, 18 y 19 de la Sentencia Definitiva, ahora recurrida mediante el Recurso interpuesto. La Corte de referencia estimó y declaró probados los hechos, concluyendo de la forma siguiente: PRIMERO: Es el caso, Honorable Corte Suprema de Justicia, que en el considerando cuarto de la Sentencia recurrida, la Corte de Apelaciones Penal, de esta Sección Judicial, estableció de manera clara y precisa, Que el Señor R. P. B., en los años de 1997 y 1998, fungía como Gerente, del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), que por tal razón, en ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, No. 48, celebrada, por la Junta Directiva, de ese Instituto, en fecha 23 de Septiembre de 1997, en punto número sexto, FUE AUTORIZADO, para que efectuara los tramites, correspondientes ante la Corporación Municipal, del Distrito Central, de adquirir, en DOMINIO PLENO, del Inmueble en el que se encuentran ubicadas, las Oficinas Administrativas, del IPM., y del Comisariato de las Fuerzas Armadas. Así mismo, según el acta, fue autorizado, para que hiciera los tramites, de la adquisición, mediante un contrato de compra-venta, de los terrenos, que se encuentran adyacentes a las instalaciones del IPM, y que tiene una extensión de 38,182.vrs2, lo anterior se realizaría cancelando todos los impuestos, tasas y otras obligaciones que fueran necesarios, para efectuar dicha transacción, tal como consta a folios números del 13 al 21 de los autos.- Que en el acuerdo No. 214-97 en el acta No. 19, de fecha diez de Noviembre de 1997, de la sesión de Corporación Municipal, fue aceptada la propuesta, de ofrecimiento de pago de unos terrenos, ocupados por el IPM, en dominio útil, y que consta en expediente 877-97, ventilado en la Secretaria Municipal, accediendo a la solicitud de DOMINIO PLENO, de unos terrenos con una extensión de 38,181.3518 vrs2, ubicados en la Colonia Godoy y ocupados en DOMINIO UTIL, por el IPM, previo el pago de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L2,200.000.00). Así mismo el acuerdo No. 215- 97, contenido en Acta No. 19, de fecha 10 de noviembre de 1997, de sesión de la Corporación Municipal, se resolvió CON LUGAR, la solicitud de adquisición en dominio pleno, presentada por el Apoderado Legal, del IPM, de un terreno de una extensión de 29,532.1699 vrs2, del cual el IPM, se encuentra actualmente en posesión, en dominio útil, ofreciendo la cantidad de OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (1800,000.00), valor que fue aceptado, por la Corporación Municipal, por ambos terrenos, las cantidades del valor fijadas, y según dichos Acuerdos, debían ser pagados en un plazo de cuarenta y ocho horas, en consecuencia ascendiendo, el área total de los dos (2) lotes de terreno, a la cantidad de 67,714.66 VRS2. - Así mismo, se autorizó al Señor Alcalde, para que compareciera ante Notario Público, a suscribir las Escrituras Públicas correspondientes (las actuaciones referentes a los acuerdos relacionados y materialización del otorgamiento de las Escrituras Públicas en dominio pleno, constan plenamente acreditadas en autos.- Que de acuerdo a lo expresado por la Corte de Apelaciones, según inspecciones realizadas, en fecha 12 de Septiembre del año 2000, por la Juez Ad-Quo, a las Oficinas de la Alcaldía Municipal, SON CONFORMES CON SUS ORIGINALES.- Las Escrituras Públicas, correspondientes a dichos terrenos, fueron suscritas en los Instrumentos Públicos, No. 102, autorizado por la Notario L. A. S., en fecha 5 de Diciembre de 1997, y en Instrumentos Público No.68, autorizado por el Notario F. A. F., en fecha 18 de Noviembre de 1997, respectivamente, en los cuales, se contiene, que dichos contratos se encuentran exentos del pago de Impuesto de tradición de bienes inmuebles, de conformidad con la Ley de Municipalidades, Instrumentos que de acuerdo, a la inspección ocular, efectuada por la Juez Ad-Quo, en fecha 5 de Septiembre del 2000, en las oficinas del Instituto de Previsión Militar IPM, SON CONFORMES A SUS ORIGINALES, constan todos los hechos y actuaciones relacionadas a folios números 229, 251, 259, 335 y del 336 al 428 de los autos.- Así mismo, estableció el TRIBUNAL AD- QUEN, que con fechas 18 de Noviembre de 1997, 9 de diciembre de 1997, y 9 de enero de 1998, mi representado, en la condición de Gerente del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), libró los oficios números, G-IP-No. 1333, G-1P-No. 1366 y G-IP-No. 0028, respectivamente, y en los que solicitaban al departamento de ahorro y depósito a plazos, del Banco de las Fuerzas Armadas, que ordenara a quien correspondiera, para que debitara en efectivo, de las cuentas de cheques, número 36000-01-9 a nombre del IPM, las cantidades de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 1,500.000.00), DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 2,500.000.00), y UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L 1,250,000.00), las cuales sumaban la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L 5,250,000.00). Según los mismos oficios, estas cantidades de dinero, debían ser entregadas en efectivo al Teniente A. B. I. C., dinero que fue entregado en efectivo, tal como se ordenó al Señor A. B. I. C., documentos, cuya autenticidad y existencia, fue comprobada mediante inspecciones, efectuadas por la Juez Ad-Quo, corriendo, agregado a los folios números 30, 32, 34, 331 y 845 de los autos. Que el Señor R. P. B., manifestó, ante la autoridad Judicial correspondiente, que los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (Lps.5,250.000.00),se retiraron en efectivo, para realizar el pago de los impuestos de bienes inmuebles, que a esa fecha adeudaba, el Instituto de Previsión Militar, a la Comuna Capitalina, acreditando dichos extremos, con los recibos, con membrete de la Alcaldía Municipal, y que en su oportunidad, entrego al Administrador contable del IPM; con números a) 937048 de fecha 27 de noviembre de 1997, con un valor de Lps. 363,318.11; b) número 93749 de fecha 27 de noviembre de 1997, por valor de Lps. 1,932,030.16, c) número 960006, de fecha 9 de enero de 1998, con un valor de Lps. 1,368,493.25, d) número 937990 de fecha 5 de diciembre de 1997, por un valor de Lps. 1,697.883.44 y e) número 937991 de fecha 5 de diciembre de 1997, por un valor de Lps. 888,335.10, los cuales, suman la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA LEMPIRAS, CON SEIS CENTAVOS DE LEMPIRAS (LPS5,250,060.06), recibos, que corren agregados a los autos. Así mismo, que prestaron declaraciones, como testigos, los Señores M. V. G. C., ex Secretario Municipal, A. B. I. C., jefe de caja del IPM, F. C., F. A., M. J. N. V., y mi representado R. P. B., cuyas declaraciones, entre otras, giraron en torno, a una reunión, en la que, todos ellos, estuvieron presentes y que se llevó a cabo en el IPM, para verificar el cumplimiento del pago convenido, previamente, para la adquisición de los terrenos del IPM, en DOMINIO PLENO, así como el pago en efectivo de los impuestos pendientes de pago a la fecha, efectuados al Señor Secretario Municipal, en efectivo, en presencia de los testigos A. B. I. C., F. A., M. J. N. V., y el propio imputado R. P. B., quienes expresaron, que dicho dinero, fue entregado en efectivo, en bolsas negras y con membretes y sellos Bancarios, es decir con sellos de seguridad, tal y como el Banco, de las Fuerzas Armadas, se los había entregado, al Señor A. B. I. C., quien por ser la persona, que tenía, dicho dinero en su custodia directa, en razón del cargo, que desempeñaba, dentro del 1PM, fue, quien de manera directa, en presencia de todos los testigos, le entrego, dicho dinero al Señor M. V. G. C., conteniendo en su interior, dichas bolsas, la cantidad de CINCO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS5,250.000.00). También la Honorable Corte de Apelaciones Penal, de este Departamento, relaciono, que fueron incorporadas, las declaraciones indagatorias rendidas, por los Señores M. R. H. P., R. L. L., O. S. M., L. A. V. V., R. R. R., J. C. C. A., G. P. R., A. R. G., Y M. F. A., personas, que fungían, en la época en que se dieron los acontecimientos, como miembros de la Junta Directiva del IPM, cuando sucedieron los hechos, en sus declaraciones, resumida y básicamente refirieron, que, efectivamente, ellos, en acta de asamblea Extraordinaria, autorizaron al Ex Gerente del IPM, R. P. B., para que procediera a hacer las gestiones de adquisición en DOMINIO PLENO, de los terrenos ocupados, por el IPM, en dominio útil, a la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, (AMCD), y que fueron informados, que ambos terrenos, fueron adquiridos en DOMINIO PLENO, por la cantidad, ambos de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (LPS.3,000.000.00), Así mismo, algunos refirieron, que fueron también informados, por el Coronel P. B., que se le adeudaba a la Alcaldía Municipal, la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS LPS.5,250.000.00), por conceptos de pagos atrasados, de Impuestos Sobre Bienes Inmuebles, “POR LO QUE TAMBIEN SE AUTORIZO EL PAGO DE DICHA CANTIDAI)”. Añadieron que ignoraban la forma, en la que se había efectuado dicho pago, pues esa diligencia, le correspondía al Administrador del IPM, constan dichas, declaraciones, a folios del 1355 al 1365 de los autos, así mismo las declaraciones de los testigos V. M. A. E., (folio 1103), quien manifestó, que escucho, cuando el Abogado A., le dijo al acusado (refiriéndose a R. P. B.), que no decía nada, sobre la entrega del dinero, en su presencia, porque no quería involucrase en los hechos, J. L. N. B. (Folio 1075), quien refirió, que el ABOGADO A., expuso ante la Junta Directiva del IPM, que para adquirir el DOMINIO PLENO, de los terrenos ocupados, por el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), tenía que cancelar los Impuestos adeudados a la Alcaldía Municipal, por el IPM, y que si el pago se enteraba en efectivo, no se los embargarían a la AMDC, esto porque en aquella época, la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, enfrentaba, sendas Demandas de pago y crisis económica profunda, y se corría el riesgo, que de efectuar los PAGOS MEDIANTE CHEQUES, LOS QUE OBVIAMENTE, SERIAN DEPOSITADOS EN SU CUENTA,(DE LA Alcaldía Municipal), que dicha cantidad podría ser embargada, y finalmente el señor L. A. G., quién fingió, como AUDITOR DEL IPM, refirió, que por parte de AUDITORIA INTERNA, DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), no existió ningún reparo para el ex-gerente P. B., por la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS5,250.000.00), así como tampoco elaboró informe, reparando acciones relacionadas, con el pago de dicha cantidad de dinero. El Perito, Señor V. M., concluyó, de manera categórica, en su dictamen pericial, para el cual fue nombrado con las solemnidades de Ley, por el Juzgado instructor, que los recibos números 937048, 93749, 960006, 937990 y 937991, SON AUTENTICOS O IGUALES, a los utilizados por la Tesorería Municipal, tomando en cuenta, la forma, sello de la Tesorería y la impresión del facsímil, que dichos recibos, son originales, e iguales a los usados, por la AMDC., y que no existe ninguna duda, al respecto, y finalmente relacionó dicha Corte, que se tuvo a la vista, el expediente No. 747, presentado en fecha DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000), incoado, ante la AMDC, por el Abogado R. Z., y contentivo de una acción de reclamo, administrativo, para la restitución o devolución de la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS5,250.000.00), más los intereses legales correspondientes, pago que era improcedente, e indebido y que se hiso por un error involuntario de su representado, en vista de que el IPM, está exento de pago de impuestos, de acuerdo al artículo número 79 de la Ley de Previsión Militar, (Folios 267 y 268 de los autos), es decir que con dicha reclamación se efectuó la devolución del pago indebido, efectuado, por el IPM, en la administración de mi representado, porque así constaba registrado contablemente, acreditando, con esta gestión administrativa, que efectivamente, el pago de la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250.000.00), se efectuó a la Alcaldía Municipal, por medio del Señor M. V. G. C., en la condición de funcionario Municipal, delegado expresamente para ello. SEGUNDO Constituye un hecho de transcendencia, Honorables Señores Magistrados, que la Fiscalía del Ministerio Público, en fecha posterior a la presentación del libelo de la acusación incoada en contra de mi representado así como de otras personas, que fue por los delitos de ABUSO DE CONFIANZA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, modificó, dicha acusación, en el escrito, mediante el cual formalizó la acusación, en contra de mi representado, por una parte por el delito de APROPIACION INDEBIDA, en base a lo previsto en el artículo número 242 No 8 del Código Penal, pero concluyendo el Tribunal AD-QUEN, haciendo suyos los razonamientos esbozados por la Juez Ad-Quo, en el sentido, que el supuesto delito, que cometió mi representado, lo efectuó en “CONCURSO IDEAL”, lo que es improcedente, ya que no podía bajo ninguna circunstancia declararse culpable de dicho delito, en primer lugar, porque, no se apropió de cantidad de dinero alguna, en su provecho, porque solo se limitó, a cumplir una orden superior, emitida por la Junta Directiva del IPM, constituida en su autoridad superior, a la que debía obediencia de acuerdo con su Ley constitutiva, y en segundo lugar porque el ente acusador, no demostró que haya falsificado ninguna clase de documento, para la obtención de dinero, es por esa razón, que de acuerdo a los hechos tenidos como probados, mediante los cuales se descarta, toda posibilidad de la comisión del delito injustamente imputado a mi representado y de acuerdo a lo dispuesto, en el artículo 36 del Código Penal, aplicable a la presente causa, no puede existir el delito de APROPIACION INDEBIDA, EN CONCURSO IDEAL, en virtud, de que tampoco se estableció, en la Sentencia De referencia, recurrida, en concurso de cual o cuales personas se cometió dicho delito,. Pero habiéndose, declarado, así, por el Tribunal AD-Quen, tampoco se consignó, de manera individualizada, el nombre o nombres de las demás personas concursantes o participantes en el ilícito, no dándose los presupuestos legitimadores, para la calificación de tal delito, es por estas razones, que del estudio serio, profundo y ponderado de los hechos tenidos como probados, se aprecia a simple vista, la ausencia de LA INTENCION DOLOSA, que debió probarse, pues mi representado, actuando en la condición de GERENTE DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), en base a lo previsto en el artículo número 25 de la Ley, constitutiva del IPM, que establece, “QUE EL GERENTE DE IPM, ACTUARA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y TENDRA ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA y B) CONCURRIR A TODAS LA SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON VOZ PERO SIN VOTO”, de lo anterior se concluye, sin lugar a duda razonable alguna, que mi representado como Gerente del 1PM, solamente cumplió, con lo que la Ley, constitutiva, del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, establece, es decir, cumplir con las resoluciones de la Junta Directiva, y que al actuar como Secretario de la misma, con voz, pero sin voto, NO PARTICIPA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y POR LO TANTO, NO TIENE RESPONSABILIDAD POR LAS MISMAS, evidentemente, no actuó con decisión, ni ánimo propio de disposición de recurso alguno, de su patronal, ya que su conducta y accionar es concordante y consecuente con la determinación tomada por el pleno de LA JUNTA DIRECTIVA de su entonces representado, como autoridad u organismo superior del que emanan las resoluciones, de Administración y demás decisiones de relevante y vital importancia, que deben acatarse, sin objeción alguna, como sucedió en aquella época, la que concluyo, con la adquisición de dos (2) terrenos EN DOMINIO PLENO, por parte de LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO ENTRAL a favor del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), previo al pago de los impuestos sobre Bienes Inmuebles, atrasados, como requisito SINE QUANON, para formalizar dicha operación, en consecuencia se refleja un accionar de simple ejecución y cumplimiento de una resolución administrativa, colegiada y de carácter Ejecutivo, es decir de cumplimiento inmediato, y si el uso, de esos valores económicos que le pertenecían a una INSTITUCIÓN de naturaleza privada, fue autorizado por el órgano colegiado, superior de la misma, de acuerdo a con Ley constitutiva, LA EJECUCION DE DICHA RESOLUCION, no constituye en manera alguna, el tipo penal, analizado, contradictoriamente, por no existir pruebas fehacientes, ni mucho menos indicios racionales, de la comisión del delito imputado, no obstante, así, arribo, el Tribunal AD-QUEN, dictándose, mediante confirmación, SENTENCIA CONDENATORIA, en su contra, no expresando sus propios criterios, ni aplicando análisis profundos, sino que copiando y haciendo suyos todos los razonamientos de la Juez Ad-Quo, lo que lo constituye evidentemente en un Tribunal dependiente totalmente, de los criterios y apreciaciones legales de los Juzgados, subalternos, no teniendo, por ello, criterio propio ni independencia funcional, ya que en contraposición, a ello, y del análisis de la lectura, simple del acta de la sesión extraordinaria número 048 celebrada por la Junta Directiva del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), con fecha 23 de Septiembre del año 1997, en relación directa con el punto SEXTO, que corre agregada a folios números del 13 al 20 de los autos, consta la autorización efectuada a mi representado, en la condición de Gerente, de dicha Institución, para celebrar dicha transacción, concretándose de manera diligente, como un celoso administrador, y, sin ánimo de aprovecharse de dicha situación, tal como se demostró durante la secuela de esta causa, sencillamente a dar estricto, cumplimiento a la resolución de referencia, para no incurrir en desobediencia. La Institución denominada INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, fue creada por el Poder Ejecutivo como una PERSONA JURIDICA, CON AUTONOMIA FUNCIONAL Y PATRIMONIO PROPIO, y como consecuencia de ello, NO ES UN ENTE CENTRALIZADO NI DESCENTRALIZADO, NI AUTONOMO NI SEMIAUTONOMO, DEL ESTADO, por lo cual, no estaba facultada ni autorizada, por carecer de autorización expresa para ello, por parte de dicha Institución, refiriéndonos desde luego al INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO, la que de acuerdo a su Ley constitutiva, representa los intereses de la Sociedad en General, no obstante dicha circunstancia, no podía, intervenir o inmiscuirse en una transacción puramente civil, atentando con dicho proceder dicha Institución, en contra de la libre contratación, es decir de la demanda y la oferta, así como en contra de la autonomía tanto del IPM y de la Municipalidad del Distrito Central.-EL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, fue creado, mediante DECRETO No.905, emitido por la JUNTA MILITAR DE GOBIERNO, EN CONSEJO DE MINISTROS, siendo un organismo de las Fuerzas Armadas de Honduras, con PERSONALIDAD, AUTONOMIA FUNCIONAL Y PATRIMONIO PROPIO, según lo establece el artículo 2°, del precitado Decreto, estableciendo el artículo No.13 del mismo Decreto, en su inciso a) que uno de los órganos de Administración, es SU JUNTA DIRECTIVA, y en concordancia, con dicha disposición, el Artículo No.18 en su inciso h, establece que la Junta Directiva, está, plenamente facultada para AUTORIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES O ACTIVIDADES FIIANCIERAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA INSTITUCION.- El delito DE APROPIACION INDEBIDA DE DINERO, por el cual La Fiscalía del Ministerio Público, procedió, en contra mi representado, implica necesariamente, UN ACTO DE SUSTRACCION, O DE APODERAMIENTO ILICITO, extremo, que no pudo demostrar, el ente acusador, durante el transcurso de esta causa, tal como puede comprobarse de autos, pues la disposición de los valores, es decir los pagos efectuados a la ALCALDIA MUNICIPAL, de este Distrito Central, se llevó a cabo con LA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, como órgano superior de la misma, este hecho Proxy solo desnaturaliza total y absolutamente el concepto de “APROPIACION INDEBIDA”, ya que no puede darse esta figura legalmente, si existió previa autorización, para la erogación de dichos valores, en consecuencia todos absolutamente todos los actos, ordenados por mi representado, en el ejercicio pleno de sus funciones y atribuciones, establecidas en la Ley y fijadas por el órgano superior jerárquico, de su representado, de manera colegiada, y en su accionar como GERENTE GENERAL, revisten todas las formalidades de una sana esfera de atribuciones y acciones puramente administrativas, tal como consta y puede apreciarse a folios números del 23 al 29 inclusive de los autos, ya que dichas diligencias o negocios se efectuaron, en estricto cumplimiento a la resolución emanada en el acta número 048, por parte de LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, ya transcrita, mediante la cual se autorizó a mi representado en la condición de GERENTE GENERAL, de dicha Institución, para efectuar los pagos ordenados a efecto de realizar la legalización de dos (2) inmuebles, de propiedad del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, los hechos anteriormente relacionados, establecen de manera fehaciente e inobjetable lo siguiente: A).- Por una parte que es un hecho irrefutable que la Junta Directiva del IPM, como órgano superior de la misma, de manera colegiada autorizo a mi representado, para erogar fondos para la legalización de dos terrenos y además de ello y como requisito previo a dicha legalización y como condición SINE- QUANON establecida por parte de la Alcaldía Municipal, de este Distrito Central, debería forzosamente que pagarse los impuestos de bienes inmuebles, derechos y demás tasas, atrasadas, y B).- En segundo lugar, que habiéndose formalizado dichas transacciones comerciales, en legal y debida forma, se efectuaron las ordenes de pagos, las solicitudes del pago en efectivo y se concretizaron los pagos a la acreedora, los que están plenamente sustentados en documentos contables, tal como se demostró con la documentación que corre agregada también en autos.- En relación a los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS5,250,000.00), cuya investigación, fue, de manera concreta el fondo de la acusación, y que fueron destinados para el pago de Impuestos Municipales diversos, que adeudaban las Empresas Mercantiles, que forma parte del grupo IPM, este valor, tal como se demostró con las pruebas indubitadas aportadas y acreditadas durante el periodo probatorio, fue entregado de manera personal al Señor M. V. G. C., quien en dicha época se desempañaba como SECRETARIO MUNICIPAL, de la Alcaldía Municipal de este Distrito Central, dinero que recibió directamente en efectivo, en la oficina de la GERENCIA DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, siendo testigos fieles, de dicho acontecimiento, los señores M. N. V., F. A. F., B. I. C. Y TAMBIEN MI REPRESENTADO, tal como consta de autos.-Contra la entrega de dicho dinero en efectivo, que es permitido en una transacción comercial, por el articulo número 1435 párrafo primero del Código Civil, que establece: EL PAGO DE LAS DEUDAS EN DINERO DEBERA HACERSE EN LA ESPECIE PACTADA, Y, NO SIENDO POSIBLE ENTREGAR LA ESPECIE, EN LA MONEDA DE PLATA U ORO QUE TENGA CURSO LEGAL EN HONDURAS.- La Alcaldía Municipal, posteriormente hizo llegar al Departamento de Contabilidad, del IPM, por conducto del Señor M. N. V., los recibos correspondientes del pago efectuado, que acreditaron la recepción de dicha cantidad de dinero, acompañando a dichos recibos talonarios de pago, los estados de cuentas que soportaban dicho pago.- En conclusión y en virtud que de acuerdo a la práctica administrativa en Empresas Mercantiles, los Gerentes de las mismas, como sucede, en el caso que nos ocupa, se encargan de la administración propiamente dicha, es decir representar y tomar decisiones en beneficio de su representada, delegando la tarea de la revisión de cada documento, a los Departamentos correspondientes, en los cuales se nombran personas capaces y de confianza, y en base a que en la transacción efectuada, el IPM, aseguro sus terrenos, al lograr mi representado, que se otorgara DOMINIO PLENO, mediante, Escrituras Públicas, otorgadas a favor, de dicha Institución, por parte de la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, lo que ha generado un aumento sustancial en sus activos, es decir ganancia concreta es más de OCHENTA MILLONES DE LEMPIRAS (LPS.8O,000000.00), por el valor actual de los terrenos adquiridos, EN BASE A PLUSVALIA Y DESLIZAMIENTO DE NUESTRA MONEDA, de lo que se colige, fácilmente, en el fondo, que con la transacción efectuada, fue beneficiado, de manera directa EL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), no habiendo obtenido mi representado a título personal, ningún lucro ni beneficio, en consecuencia el delito que se le imputa es inexistente, ya que sumado a ello, obtuvo del ente Contralor del Estado correspondiente, un finiquito a su favor, no existiendo reparo alguno en su contra, durante el periodo que comprendió su desempeño en el cargo de GERENTE GENERAL DEL IPM. - Extremo que se demostró y probó con el documento correspondiente, que corre agregado a los autos, y no esta demás y para efecto ilustrativo de este Tribunal Supremo de Justicia, citar el significado Legal de la acepción o vocablo APROPIACION INDEBIDA, contenido en el DICCIONARIO JURIDICO ABELEDO- PERROT, Tomo 1, impreso en Buenos Aires, República de Argentina, pagina 177, que establece: QUE LA APROPIACIÓN INDEBIDA, ES UNA ESPECIE DE DEFRAUDACIÓN PERTENECIENTE AL GÉNERO DE LOS ABUSOS DE CONFIANZA, QUE CONSISTE EN LA OMISIÓN DE RESTITUIR O DEVOLVER UNA COSA MUEBLE A SU LEGÍTIMO PROPIETARIO, CUANDO SE TIENE SOBRE LA MISMA UN PODER O DERECHO DE CUSTODIA, EN VIRTUD DE UN TÍTULO QUE GENERA LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLA O DEVOLVERLA A SU DEBIDO TIEMPO.- EL DELITO SE CONSUMA, CUANDO EL AUTOR SE NIEGA A RESTITUIR O NO RESTITUYE, LA COSA A SU DEBIDO TIEMPO.- LOS ACTOS DE APODERAMIENTO SON ATIPICOS, DE MANERA, QUE ES POSIBLE LA DEFRAUDACIÓN CON APROPIACIÓN O SIN ELLA.- DE TODAS MANERAS, EL DELITO SUPONE LA EXIGENCIA DE QUE SE TRATE DE UNA RETENCIÓN ILEGÍTIMA, Y POR LO TANTO NO DELINQUE, EL QUE EJERCE LEGÍTIMAMENTE UN DERECHO DE RETENCIÓN, COMO POR EJEMPLO EL DEPOSITARIO QUE RETIENE LA COSA DEPOSITADA HASTA EL PAGO DE LO QUE SE LE DEBE POR RAZÓN DEL DEPÓSITO.- Concluye, evidentemente Honorable Corte Suprema de Justicia, del significado del vocablo APROPIACIÓN INDEBIDA, trascrito anteriormente, de manera literal, se colige, que mi representado, no incurrió en dicho ilícito, por cuanto actuó siguiendo las premisas emanadas del órgano superior colegiado de la Institución que rectoró, de manera diligente y que en el caso concreto de la transacción efectuada más bien, produjo un provecho pecuniario considerable en el Patrimonio de la misma, ya que de acuerdo a la legislación penal, aplicable al caso sub-judice, establecidas, en los artículos números 361 y 362, NO PUEDE CONDENARSE A UN ACUSADO, SINO CUANDO SE PRUEBE QUE COMETIO EL DELITO, Y QUE QUIEN AFIRMA UN HECHO, ESTA OBLIGADO A PROBARLOS,. En el caso que nos ocupa, no se demostró, con ninguna clase de pruebas, la culpabilidad de mi representado, por parte del ente acusador, y TERCERO: En cuanto, al delito de falsificación de Documentos Públicos, en el caso de autos, Honorables Señores Magistrados, EL MINISTERIO PUBLICO, acuso también a mi representado, por la supuesta omisión del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, derivado el mismo, de la supuesta apropiación indebida, Ilícito, contenido en lo dispuesto en el artículo número 289 del Código Penal que literalmente dice: QUIEN A SABIENDAS, HICIERE USO DE UN DOCUMENTO FALSO EN TODO O EN PARTE SERA SANCIONADO COMO SI FUERE AUTOR DE LA FALSEDAD.- Lo anterior pone de manifiesto en forma autentica e irrefutable, que a mi representado, NO SE LE ATRIBUYE LA CALIDAD DE AUTOR DE LA FALSEDAD MATERIAL, DE FALSEDAD IDEOLOGICA NI DE FALSEDAD IMPROPIA, lo

que demuestra por si solo que la Fiscalía del Ministerio Público, reconoce que tales acciones fueron ejecutadas por terceras personas naturales, contra quienes debe iniciarse la acción criminal respectiva, consecuentemente, se demuestra, que a mi representado no se le atribuye ninguna intervención en la supuesta falsificación de los recibos, ni como Ejecutor ni participe, la acusación fue dirigida en su contra, porque según el MINISTERIO PÚBLICO, hizo uso de documentos falsos, con supresiones u omisiones, desconociendo dicha Institución, de manera deliberada, es decir a sabiendas, el hecho que mi representado, se limitó a recibir la documentación que le envió la Comuna Capitalina, en fecha posterior, a la, en que se efectué, el pago, en efectivo, de los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250,000.00), haciendo llegar dichos recibos y ordenándole, al Departamento de Contabilidad de su representado, como es normal y corrientemente, y sucede en toda Empresa Mercantil, que se contabilizaran, efectuando las partidas contables, basadas, en los principios del DEBE Y HABER, correspondientes con soporte en dichos documentos y a la vez para que se procediera al archivo correspondiente de dichos documentos, de tal manera QUE NO ES CIERTO, QUE PREVIAMENTE AL PAGO EFECTUADO, HAYA HECHO USO DE DICHA DOCUMENTACION PARA OBTENER UN BENEFICIO PERSONAL NI EN FAVOR DE TERCEROS.- La recepción de los recibos de pago emitidos por parte de la Alcaldía Municipal, no es más que una demostración fehaciente de haber realizado la entrega del dinero (Lps. 5,250.000.00), a la persona, a quien la misma Comuna Capitalina, autorizo previamente para ello, por medio de su Alcalde Municipal, en aquella época, Señor F. C., como se demostró e hizo constar en autos, ya que ante la autoridad Judicial correspondiente manifestó dicho Señor, que HABIA AUTORIZADO AL SEÑOR M. V. G., para que le diera seguimiento y efectuara la transacción con EL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), de legalizar dos (2) terrenos en dominio pleno, es decir que actuó el señor Secretario Municipal, con autorización expresa y delegado plenamente para ello, por parte del Señor ALCALDE MUNICIPAL de aquella época, de no haber sido así, hubiese sido materialmente imposible y no tendría sentido, que la Alcaldía, hubiese suscrito las Escrituras Públicas de tradición de dominio, acto del cual dieron fe dos (2) Notarios Públicos, en las condiciones de Ministros de Fe Pública, por delegación expresa de la Ley, ni mucho menos hubiese efectuado la Alcaldía, la remisión de los recibos talonarios con los cuales se acredito de manera fehaciente, el pago efectuado por parte del I.P.M. a la Alcaldía Municipal de este Distrito Central, consideramos que fue una apreciación subjetiva del Tribunal AD-QUEN, que como se ha demostrado, hiso suyos, las apreciaciones también subjetivas, del Juzgado Instructor, al pretender que se demostrara de manera obligatoria, que tanto mi representado, así como cualquier otra persona, sea esta Natural o Jurídica, este obligada a conocer y examinar documentos, que expida cualquier clase de autoridad, esta situación es incorrecta, improcedente y arbitraria, de manera legal, en consecuencia, es falso, que mi representado, como lo expreso la Fiscalía, no obstante que no pudo probar dicho extremo, durante la secuela del Juicio, haya tenido conocimiento, que a los recibos extendidos por la Alcaldía Municipal, le haya faltado algunas formalidades externas o extrínsecas, ya que la RESPONSABILIDAD ES PROPIA DEL ORGANO QUE LO EMITE Y NO DEL RECEPTOR, que en todo caso necesita dichos documentos, para justificar de manera contable la erogación de fondos, en la realización del negocio que le fue, encomendado, de manera colegiada.- Los documentos cuestionados, fueron elaborados en la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, en sus propios talonarios, cuyos números coinciden con los correlativos anteriores y posteriores de los talonarios correspondientes, que obran en autos y a los cuales tanto la Fiscalía del Ministerio Público y el Tribunal AD-QUEN, quisieron, darles otro sentido y no el literal como consta en el cuerpo de los mismos.- Honorables, Señores Magistrados, de este hecho se colige, sin lugar a duda razonable alguna, que NO HA EXISTIDO FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, por parte de mi representado, ya que como anteriormente exprese y se comprobó, mediante la aportación de los medios de pruebas correspondientes, existen los correlativos anteriores y posteriores en los archivos de la Alcaldía Municipal de este Distrito Central, en consecuencia si no constan copias de los mismos en la contabilidad de la Alcaldía misma, es obvio que fueron sustraídos por alguna o algunas personas, que no pueden ser mi representado, ya que el no fue empleado ni funcionario de confianza en dicha Alcaldía Municipal, y sumado a ello, el Dictamen Pericial, mediante el cual, el Perito nombrado, para dicho efecto, concluyo, que dichos recibos son fidedignos, es decir, no fueron falsificados, por lo cual, más bien era y es, menester y obligación ineludible, de la Fiscalía del Ministerio Publico, efectuar las investigaciones en el sentido concreto, de determinar QUIEN FUE LA PERSONA O PERSONAS, QUE ENTREGO E HISO LLEGAR AL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), LOS RECIBOS DE PAGO POR LOS IMPUESTOS, ELABORADOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.- QUE PERSONA O PERSONAS, DE DICHA ENTIDAD, PARTICIPARON EN LA ELABORACION DE DICHOS RECIBOS, Y PORQUE EL DINERO QUE LE ENTREGO EN EFECTIVO, CUYA CUANTIA, FUE, DE CINCO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS5,250.000.00), EL SEÑOR A. B. I. C., EN LA CONDICION DE CAJERO GENERAL DEL IPM, POR INSTRUCCIONES PRECISAS RECIBIDAS DEL GERENTE GENERAL DE DICHA INSTITUCIÓN, Y EN PRESENCIA DE TESTIGOS, AL SEÑOR M. V. G. C., QUE CORRESPONDIO AL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y OTRAS CARGAS, POR PARTE DEL IPM A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE DISTRITO CENTRAL, NO FUE ENTERADO POR DICHO SEÑOR, EN LAS ARCAS DE LA MISMA ALCALDIA MUNICIPAL. -Como puede comprobarse estas diligencias de investigaciones, no competen a mi representado, sino que, a los Órganos Jurisdiccionales, que conocieron a priori de esta causa, y a la Fiscalía del Ministerio Público, como entes, operadores de Justicia, Instituciones, que extrañamente no sabemos porque motivo, dejaron, al margen dichas investigaciones, en este caso, y se concretaron, únicamente y de manera deliberada, en causar molestias innecesarias tanto a mi representado así como a otras personas, en consecuencia, consideramos, que, debió la Fiscalía del Ministerio Público, por el hecho de haberse involucrado a una persona honorable y honrada, como lo es, mi representado, en una situación delicada, proceder a efectuar todas las investigaciones pertinentes al respecto, en virtud, de que dichos documentos, refiriéndonos, de manera concreta, a los recibos talonarios, fueron enviados a las Oficinas del 1PM, por intermedio de la persona encargada de efectuar diversos trámites Administrativos y Judiciales.- Ya, que es evidente, que mi representado, a título personal, no hiso uso de dichos documentos, ni obtuvo, beneficio o provecho alguno de manera directa ni indirecta, ya que cuando dichos documentos fueron entregados al IPM, la disposición y entrega de los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250,000.00), ya se había realizado en efectivo, a la Alcaldía Municipal, por medio del Señor M. V. G. C., en la condición de Secretario Municipal, por lo tanto los documentos (Recibos talonarios extendidos por la Alcaldía Municipal), no fueron el medio para la obtención de dicho dinero, por el contrario, su emisión fue posterior y obedeció, sencillamente para brindarle al pagador una muestra material de pago efectuado, cuyos valores evidentemente fueron MALVERSADOS, por personas naturales, Funcionarios de la Alcaldía Municipal de este Distrito Central, con plena confianza, como para poder ingresar a cualquier dependencia de aquella, (Razón por la cual, entre dichos Funcionarios, Municipales, se encuentra, el Señor M. V. G. C., en contra del cual se presentó, oportunamente, requerimiento Fiscal, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, siendo por ello, ya desde muchos años, prófugo de la Justicia, situación, que no sucedió con mi representado, quien con hidalguía ha enfrentado la Justicia), como se comprobó y evidencio con la Inspección Ocular efectuada por el Juzgado que de la causa conoció, por medio del Funcionario Judicial competente, que constato la manera maliciosa del accionar de la FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO, por medio del Fiscal asignado a esta causa, mediante ocultamiento de pruebas indispensables, que eran de su pleno conocimiento y necesarias para el esclarecimiento de esta causa, incurriendo en deslealtad procesal, al no acompañar los anexos a los recibos agregados al expediente a folios números del 36 al 40, las ordenes de cobro y las liquidaciones de los adeudos que las Empresas del IMP, tenían pendientes de pago, con la Alcaldía Municipal, valores establecidos previamente, que coinciden con las cantidades por los cuales se extendieron dichos recibos, y que soportan contablemente el pago efectuado, consideramos, por nuestra parte, que por el hecho de haber retenido dicha información y ocultado pruebas, la Fiscalía del Ministerio Publico, vicio el Procedimiento instruido, en contra de mi representado, demostrando con ello, EN DEFINITIVA QUE NO ANDABA, EN BUSCA DE LA VERDAD DE LOS HECHOS, FALTANDO A LA OBJETIVIDAD, QUE DEBE CARACTERIZARLE, DE ACUERDO CON SU LEY CONSTITUTIVA, porque su atención se ha centrado en perjudicar personas honestas, que son verdaderamente, responsables de de sus actos, que nada absolutamente nada han tenido que ver en la extensión de dichos documentos, y como consecuencia de ello, ni en la comisión del delito que injustamente se incoo en contra de mi representado, pero deliberadamente, tal como consta de autos, ni el Juez Ad-Quo, la Fiscalía del Ministerio Público, ni el Tribunal Ad-Quen, investigaron ni ordenaron investigar a personas, que es palpable, como se demostró en autos, su participación directa en la comisión del ilícito imputado a mi representado, de manera injusta, pero debió, dirigirse, dicha investigación, bajo la figura legal de HURTO, en perjuicio directo de la Alcaldía Municipal, pues al INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), no se le perjudicó en absoluto, sino que más bien con la transacción comercial, que efectuó, que correspondió a la legalización de dos (2) terrenos, por medio de mi representado, como un Administrador Diligente y celoso, se logró incrementar su patrimonio en una cantidad razonablemente, considerable de dinero.- Luego de ello, mi representado, ESTA EXENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL, de acuerdo a lo previsto en el artículo numero 24 numeral 4 del Código Penal, aplicable a este caso concreto, que contiene, causas de justificación, que “EXIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL”, y que dice: SE HALLAN EXENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL….. QUIEN EJECUTARE UN ACTO POR OBEDIENCIA DEBIDA, SIEMPRE QUE CONCURRAN LAS CONDICIONES SIGUIENTES: A) QUE LA ORDEN EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE Y B) QUE EL AGENTE, TENGA LA OBLIGACION DE CUMPLIRLA, correspondiendo, las definiciones de AUTORIDAD Y AGENTE, respectivamente, de acuerdo al Diccionario Jurídico ABELEDO PERROT, impreso, en la Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, A).- en cuanto al vocablo “AUTORIDAD”, POTESTAD QUE EJERCE UNA PERSONA, EN VIRTUD DEL PAPEL SOCIAL QUE DESEMPEÑA, PUEDE PROVENIR DE LAS MAS VARIADAS SITUACIONES SOCIALES, DESDE UN CARGO PUBLICO A LAS RELACIONES PROVENIENTES DEL DERECHO DE FAMILIA, Y AUN PROVENIR DE LA FUERZA MISMA.- SIN PERJUICIO DE ELLO Y CON INDEPENDENCIA DE LA FUENTE, QUE LA ORIGINE, HABRA SIEMPRE AUTORIDAD EN TODOS LOS CASOS, EN QUE UNA PERSONA (Natural o Jurídica) EJERZA UN PODER O FACULTAD SOBRE OTRAS PERSONAS U OBJETOS MATERIALES, SIN QUE NADA NI NADIE SE LO IMPIDA Y CON PRESCINDENCIA DE SU ILICITUD, EXTRINSECA O INTRINSECA, AUN EN EL CASO DE QUE PROVENGA DE UN SIMPLE ESTADO DE HECHO, y B).En cuanto al vocablo “AGENTE”, DE ACUERDO CON EL SENTIDO ETIMOLOGICO DEL VOCABLO, EL AGENTE ES AQUEL QUE ACTUA, QUE OBRA, CON CAPACIDAD Y CON FACULTADES PARA PRODUCIR EFECTOS JURIDICOS.- EN EL DERECHO PRIVADO, AGENTE ES EL INTERMEDIARIO ENTRE DOS O MAS PERSONAS, QUE TIENEN LA VOLUNTAD DE EFECTUAR UNA OPERACION O NEGOCIO ENTRE SI. Artículo, trascrito, anteriormente, que fue inobservada su aplicación, en este caso concreto, y que, se relaciona, de manera intima, con lo previsto, en los artículos números 18 inciso h y 25 de la Ley constitutiva del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, estableciendo por su orden, “QUE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL INSTITUTO, DE PREVISION MILITAR, ESTA PLENAMENTE FACULTADA PARA AUTORIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES O ACTIVIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA INSTITUCION” Y “QUE EL GERENTE DE IPM, ACTUARA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y TENDRA ENTRE OTRAS LA SIGUIENTES FUNCIONES: A) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA y B) CONCURRIR A TODAS LA SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON VOZ PERO SIN VOTO”, de lo anterior se concluye, sin lugar a duda razonable alguna, que mi representado como Gerente del 1PM, solamente cumplió, con lo que la Ley, del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, establece, es decir, cumplir con las resoluciones de la Junta Directiva, y que al actuar como Secretario de la misma, con voz, pero sin voto, NO PARTICIPA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y POR LO TANTO, NO TIENE RESPONSABILIDAD POR LAS MISMAS.- En consecuencia, tal lo expuesto en este primer motivo de Casación, considero, que se ha violado por aplicación indebida o errónea de los artículos números 240 y 242 No.80, en flagrante inobservancia del artículo número 24 numeral 4, todos del Código Penal, de 1984, aplicable a este caso concreto, en relación con el Artículo número 90 párrafos primero de la Constitución de la República, violentando y conculcándose, el principio fundamental y universal de la justicia, que corresponde al “JURIS PRAECEPTA SUN HAEC, HONESTE VIVERE, ALTERUM NOU LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE” (ESTOS SON LOS PRECEPTOS DEL DERECHO. VIVIR HONESTAMENTE, NO OFENDER A LOS DEMAS, DAR A CADA QUIEN LO SUYO) en razón de lo cual, solicito, que sea admitido éste motivo.” 11.- SEGUNDO MOTIVO. Infracción, por la inobservancia total e indebida del artículo número 360 del Código de Procedimientos Penales, que establece Que: LOS JUECES Y TRIBUNALES, APRECIARAN LAS PRUEBAS, CON SUJECION A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, CONSIGNADAS EN ESTA SECCION, en relación con el artículo número 90 en su párrafo primero, de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación, se encuentra comprendido en el Artículo número 412 número 2° del Código de Procedimientos Penales, que establece: “SE ENTENDERA, QUE HA SIDO INFRINGIDA UNA LEY, PARA EL EFECTO, DE QUE PUEDA INTERPONERSE EL RECURSO DE CASACION:..No.2, CUANDO EN LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS, HAYA HABIDO ERRORES DE HECHO, SI ESTO RESULTA DE DOCUMENTOS, O ACTOS AUTENTICOS, QUE DEMUESTREN LA EQUIVOCACION DEL JUZGADOR, Y NO ESTUVIEREN DESVIRTUADAS, POR OTRAS PRUEBAS”, en relación directa, con el artículo número 360 del Código de Procedimientos Penales, que establece el VALOR JURIDICO DE LA PRUEBA, que constituye, la infracción invocada, en este Motivo, por no haber observado, el Tribunal Sentenciador, en la valoración de la prueba, LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA basados en hechos concretos. EXPLICACION DEL CONCEPTO, DE LA VULNERACION QUE CONSTITUYE, EL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION, QUE POR ESTE ACTO SE FORMALIZA. La norma procesal, que se invoca, como infringida, es el artículo número 360 del Código de Procedimientos Penales, que establece, Que: LOS JUECES Y TRIBUNALES, APRECIARAN LAS PRUEBAS, CON SUJECION A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, CONSIGNADAS EN ESTA SECCION”, desde luego que para ello, El Órgano Jurisdiccional, formara su convicción, valorando en forma conjunta y armoniosa, toda la prueba producida, en el proceso, por su parte el artículo número 361, del precitado Cuerpo Legal, señala, que: NO PODRA CONDENARSE A UN ACUSADO, SINO CUANDO SE PRUEBE QUE COMETIO EL DELITO QUE SE LE IMPUTA.-EN CASO DE DUDA, DEBE ABSORVERSELE. De igual forma, el artículo 383 del mismo Cuerpo Legal, regula, la forma de estructurar la Sentencia y el artículo número 382 párrafo primero, prevé, también, “QUE LOS JUECES, O TRIBUNALES, APRECIARAN, LAS PRUEBAS, QUE CONSTEN EN EL PROCESO, LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL FISCAL, EL ACUSADOR Y LA DEFENSA, Y LO MANIFESTADO POR LOS MISMOS PROCESADOS, Y DICTARA LA SENTENCIA, DENTRO DEL TERMINO LEGAL”.- A continuación, se expresaran los hechos tenidos como probados, a los que arribo el Tribunal AD-QUEN, para declarar como probados dichos hechos, justificados según sus expresiones en los hechos probados en su conjunto con arreglo, a las reglas de la sana critica, el valor que se les dio a las pruebas, propuestas y practicadas, oportunamente, durante el proceso, y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios racionales, que concluyó, con la declaración de hechos, tenidos como probados, Es por eso que considero, de vital importancia, para una mejor ilustración y comprensión de este segundo motivo, de Casación, establecer, lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba, en un proceso penal.- Según el artículo número 360 del Código de Procedimientos Penales, establece, como taxativamente, lo ordena, Que: LOS JUECES Y TRIBUNALES, APRECIARAN LAS PRUEBAS, CON SUJECION A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, en este sentido, el Sentenciador, deberá formar su convicción, valorando en forma conjunta y armónica, toda la prueba producida, con Arreglo a la sana crítica, obligatoriedad ineludible, que taxativamente ordena, el articulo precitado.- Este sistema de valoración, que establece el Código de Procedimientos Penales, le permite al Sentenciador, cierta libertad en la estimación de pruebas, que determine su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Los hechos probados en una Sentencia Penal, que constituye a ciencia cierta, la verdad inobjetable a la que el Tribunal ha arribado, estando sustentados en el acervo probatorio, que se plasma en la fundamentación probatoria, dividiéndose, aquella, en las fases DESCRIPTIVA Y LA INTELECTIVA; en la primera fase, el Tribunal, describe, cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión y en la segunda fase, el Juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece credibilidad o fe y otro no y además de ello, PORQUE UN ELEMENTO DE PRUEBA U OTRO LE LLEVAN A UNA CONCLUSION DETERMINADA.- Sobre esta segunda fase, es que recae el reproche, de este Recurso de Casación, por violación de las reglas de la sana crítica. De acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte, que la violencia a esas reglas, que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de estructuración o fundamentación de la Sentencia, por ello el Legislador, de manera sabia, en el artículo número 383, numeral 30, del Código de Procedimientos Penales, establece dentro de la FUNDAMENTACION DEL FALLO, Que, se consignaran en considerandos, la apreciación, de los hechos que se hubiesen estimados probados, la participación, que en ellos, hubiese tenido cada uno, de los procesados, y la apreciación de las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes, de responsabilidad penal, contenidas en el artículo número 22 del Código Penal, y entre las ultimas, se encuentran comprendidas, las causas, eximentes de responsabilidad penal, siendo evidente, por ello, que en este caso, concretamente, no se efectuó la aplicación procedente, de las CAUSAS DE JUSTIFICACION, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO NUMERO 24 NUMERAL 4°, del Código precitado, desde luego, todo ello, sustentado en la valoración de la prueba.- Las reglas de la sana critica, entonces, constituye la especie dentro del género, conocido como fundamentación. En el Sistema, de la SANA CRITICA RACIONAL, establecida, en el sistema Procesal Penal, aplicable al caso Sub- Judice, en cuanto a la valoración de la prueba, se refiere, impera la plena libertad de convencimiento de los Juzgados y Tribunales, en materia Penal, pero exigiéndoles que las conclusiones, a las que arriben, sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye.- En este sistema el Juzgador, no tiene reglas legales, que le establezcan la forma de darle el valor, que debe consignarse a cada prueba, pero esa libertad tiene límites, en relación a las normas que gobiernan, el desarrollo y la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el Juzgador logra sus conclusiones, sobre los hechos de la causa, valorando con eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, de las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, a la que debe sujetarse en todo caso el Juzgador, en la valoración de las pruebas, según se lo imponen los artículos transcritos, del Código de Procedimientos Penales aplicable, aparecen las características exigidas por dichas reglas, (Denominadas, según FERNANDO DE LA RUA, en la obra (LA CASACIÓN PENAL. EL RECURSO DE CASACION PENAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, como DERIVADAS, según, la cual, la motivación DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE, PARA LO CUAL, “EL RAZONAMIENTO DEBE ESTAR CONSTITUIDO POR INFERENCIAS RAZONABLES, DEDUCIDAS DE LAS PRUEBAS Y DE LA SUCESION DE CONCLUSIONES QUE EN VIRTUD DE ELLAS SE VAYAN DETERMINANDO”. POR ELLO, LAS MOTIVACIONES, DEBEN SER “CONCORDANTES”, A CADA CONCLUSION AFIRMADA O NEGADA, DEBE CORRESPONDER CONVENIENTEMENTE UN ELEMENTO DE CONVICCION DEL CUAL SE PUEDA INFERIR AQUELLA”, concluye, por tal razón y como lo sostiene la Ley, de la razón suficiente, cada elemento probatorio debe de estar sustentado por otros elementos de pruebas, permitiendo que cada probanza, sirva de soporte a otra u otras pruebas.- Resulta evidente, que la Sentencia, que se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta de manera directa en contra de las reglas de la sana critica a observarse, en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados.- En el Proceso Penal, el Tribunal AD-QUEN, considero como HECHOS PROBADOS, entre otros, los siguientes: A).- Que el Señor R. P. B., en los años de 1997 y 1998, fungía como Gerente, del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), que por tal razón, en ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, No.48, celebrada, por la Junta Directiva, de ese Instituto, en fecha 23 de Septiembre de 1997, en punto número sexto, FUE AUTORIZADO, para que efectuara los tramites, correspondientes ante la Corporación Municipal, del Distrito Central, de adquirir, en DOMINIO PLENO, del Inmueble en el que se encuentran ubicadas, las Oficias Administrativas, del I.P.M., y del Comisariato de las Fuerzas Armadas.- Así mismo, según el acta, fue autorizado, para que hiciera los tramites, de la adquisición, mediante un contrato de compra-venta, de los terrenos, que se encuentran adyacentes a las instalaciones del IPM,. y que tiene una extensión de 38,182.00 vrs2, lo anterior se realizaría cancelando todos los impuestos, tasas y otras obligaciones que fueran necesarios, para efectuar dicha transacción, tal como consta a folios números del 13 al 21 de los autos.- Que en el acuerdo No. 2 14-97 en el acta No. 19, de fecha diez de Noviembre de 1997, de la sesión de Corporación Municipal, fue aceptada la propuesta, de ofrecimiento de pago de unos terrenos, ocupados por el IPM, en dominio útil, y que consta en expediente 877-97, ventilado en la Secretaría Municipal, accediendo a la solicitud de DOMINIO PLENO, de unos terrenos con una extensión de 38,181.3518 vrs2, ubicados en la Colonia Godoy y ocupados en DOMINIO UTIL, por el IPM, previo el pago de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 2,200.000.00), Así mismo el acuerdo No. 215-97, contenido en Acta No. 19, de fecha 10 de noviembre de 1997, de Sesión de la Corporación Municipal, se resolvió CON LUGAR, la solicitud de adquisición en dominio pleno, presentada por el Apoderado Legal, del IPM, de un terreno de una extensión de 29,532.1699 vrs2, del cual el IPM, se encuentra actualmente en posesión, en dominio útil, ofreciendo la cantidad de OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (L 800,000.00), valor que fue aceptado, por la Corporación Municipal, por ambos terrenos, Las cantidades del valor fijadas, y según dichos Acuerdos, debían ser pagados en un plazo de cuarenta y ocho horas. Así mismo, se autorizó al Señor Alcalde, para que compareciera ante Notario Público, a suscribir las Escrituras Públicas correspondientes.- Las actuaciones referentes a los acuerdos relacionados y Materialización del otorgamiento de las Escrituras Públicas en dominio pleno, constan plenamente acreditadas en autos. B).- Que de acuerdo a lo expresado por la Corte de Apelaciones, según inspecciones realizadas, en fecha 12 de Septiembre del año 2000, por la Juez Ad-Quo, a las Oficinas de la Alcaldía Municipal, SON CONFORMES CON SUS ORIGINALES.-Las Escrituras Públicas, correspondientes a dichos terrenos, fueron suscritas en los Instrumentos Públicos, No. 102, autorizado por la Notario L. A. S., en fecha 5 de Diciembre de 1997, y en Instrumento Público No.68, autorizado por el Notario F. A. F., en fecha 18 de Noviembre de 1997, respectivamente, en los cuales, se contiene, que dichos contratos se encuentran exentos del pago de Impuesto de tradición de bienes inmuebles, de conformidad con la Ley de Municipalidades, Instrumentos que de acuerdo, a la inspección ocular, efectuada por la Juez Ad Quo, en fecha 5 de Septiembre del 2000, en las oficinas del Instituto de Previsión Militar IPM, SON CONFORMES A SUS ORIGINALES, constan todos los hechos y actuaciones relacionadas a folios números 229, 251, 259, 335 y del 336 al 428 de los autos. C).- Así mismo, estableció el TRIBUNAL AD- QUEN, que con fechas 18 de Noviembre de 1997, 9 de diciembre de 1997, y 9 de enero de 1998, mi representado, en la condición de Gerente del INSTTUTO DE PREVISION MILITAR (IPM) libró los oficios números, G-IP-No.1333, G-IP-No.1366 y G-IP-No.0028, respectivamente, y en los que solicitaban al Departamento de Ahorro y Depósito a Plazos, del Banco de las Fuerzas Armadas, que ordenara a quien correspondiera, para que debitara en efectivo, de las cuentas de cheques, número 36000-01-9 a nombre del IPM, las cantidades de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500.000.00), DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.2,500.000.00), y UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 1,250,000.00), las cuales sumaban la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 5,250,000.00), Según los mismos oficios, estas cantidades de dinero, debían ser entregadas en efectivo al Teniente A. B. I. C., dinero que fue entregado en efectivo, tal como se ordenó al Señor A. B. I. C., documentos, cuya autenticidad y existencia, fue comprobada mediante inspecciones, efectuadas, por la Juez Ad-Quo, corriendo, agregados a los folios números 30, 32, 34, 331 y 845 de los autos. D).- Que el Señor R. P. B., manifestó, ante la autoridad Judicial correspondiente, que los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA ML LEMPIRAS (LPS.5,250.000.00), se retiraron en efectivo, para realizar el pago de los impuestos de bienes inmuebles, que a esa fecha adeudaba, el Instituto de Previsión Militar, a la Comuna Capitalina, acreditando dichos extremos, con los recibos, con membrete de la Alcaldía Municipal, y que en su oportunidad, entrego al Administrador contable del IPM; con números a) 937048 de fecha 27 de noviembre de 1997, con un valor de Lps.363,318.11; b) número 93749 de fecha 27 de noviembre de 1997, por valor de Lps.1,932,030.16, c) número 960006, de fecha 9 de enero de 1998, con un valor de Lps. 1,368,493.25, d) número 937990 de fecha 5 de diciembre de 1997, por un valor de Lps.1,697.883.44 y e) número 937991 de fecha 5 de diciembre de 1997, por un valor de Lps.888,335.10, los cuales, suman la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA LEMPIRAS, CON SEIS CENTAVOS DE LEMPIRAS (LPS5,250,060.06), recibos, que corren agregados a los autos. E).- Así mismo, que prestaron declaraciones, como testigos, los Señores M. V. G. C., ex Secretario Municipal, A. B. I. C., Jefe de Caja del IPM, F. C., F. A., M. J. N. V., y mi representado R. P. B., cuyas declaraciones, entre otras, giraron en torno, a una reunión, en la que, todos ellos, estuvieron presentes y que se llevó a cabo en el IPM, para verificar el cumplimiento del pago convenido, previamente, para la adquisición de los terrenos del IPM, para verificar el cumplimiento del pago convenido, previamente para la adquisición de los terrenos del IPM, en DOMINIO PLENO, así como el pago en efectivo de los impuestos pendientes de pago a la fecha, efectuados al Señor Secretario Municipal, en efectivo, en presencia de los testigos A. B. I. . F. A., M. J. N. V., y el propio imputado R. P. B., quienes expresaron, que dicho dinero, fue entregado en efectivo, en bolsas negras y con membretes y sellos Bancarios, es decir con sellos de seguridad, tal y como el Banco, de las Fuerzas Armadas, se los había entregado, al Señor A. B. I. C., quien por ser la persona, que tenía, dicho dinero en su custodia directa, en razón del cargo, que desempeñaba, dentro del IPM, fue, quien de manera directa, en presencia de todos los testigos, le entrego, dicho dinero al Señor M. V. G. C., conteniendo en su interior, dichas bolsas, la cantidad de CINCO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 5,250.000.00). F).- También la Honorable, Corte de Apelaciones Penal, de este Departamento, relacionó, que fueron, incorporadas, las declaraciones indagatorias rendidas, por los Señores M. R. H. P., R. L. L., O. S. M., L. A. V. V., R. R. R., J. C. C. A., G. P. R., A. R. G., Y M. F. A., personas, que fungían, en la época en que se dieron los acontecimientos, como miembros de la Junta Directiva del 1PM, en sus declaraciones, resumida y básicamente refirieron, que, efectivamente, ellos, en acta de asamblea Extraordinaria, autorizaron, al Ex Gerente del IPM, R. P. B., para que procediera a hacer las gestiones de adquisición en DOMINIO PLENO, de los terrenos ocupados, por el IPM, en dominio útil, a la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, (AMCD), y que fueron informados, que ambos terrenos, fueron adquiridos en DOMINIO PLENO, por la cantidad, ambos de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 3,000.000.00), Así mismo, algunos refirieron, que fueron también informados, por el Coronel P. B., que se le adeudaba a la Alcaldía Municipal, la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 5,250.000.00), por conceptos de pagos atrasados, de Impuestos sobre bienes inmuebles, “POR LO QUE TAMBIEN SE AUTORIZO EL PAGO DE DICHA CANTIDAD”, añadiendo que ignoraban la forma, en la que se había efectuado dicho pago, pues esa diligencia, le correspondía al Administrador del IPM, constan dichas, declaraciones, a folios del 1355 al 1365 de los autos, G).- Así mismo las declaraciones de los testigos V. M. A. E., (folio 1103), quien manifestó, que escuchó, cuando el Abogado A., le dijo al acusado (refiriéndose a R. P. B.), que no decía nada, sobre la entrega del dinero, en presencia Judicial, porque no quería involucrase en los hechos, J. L. N. B. (Folio 1075), quien refirió, que el ABOGADO A., expuso ante la Junta Directiva del IPM, que para adquirir el DOMINIO PLENO, de los terrenos ocupados, por el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), tenía que cancelar los Impuestos adeudados a la Alcaldía Municipal, por el IPM, y que si el pago se enteraba en efectivo, no se los embargaría a la AMDC, esto porque en aquella época, la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, enfrentaba, sendas Demandas de pago, y crisis, económica profunda, y se corría el riesgo, que, de efectuar los pagos mediante cheques, los que obviamente, serian depositados en su cuenta, (de la Alcaldía Municipal), que dicha cantidad podría ser embargada. H).- Finalmente, que el Señor L. A. G., quien fungió, como AUDITOR DEL IPM, refirió, que por parte de AUDITORIA INTERNA, DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), no existió ningún reparo para el ex Gerente P. B., por la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250.000.00), así como tampoco elaboró informe, reparando acciones relacionadas, con el pago de dicha cantidad de dinero. I).- Que el Perito, Señor V. M. M. M., concluyó, de manera categórica, en su dictamen pericial, para el cual fue nombrado con las solemnidades de Ley, por el Juzgado instructor, que los recibos números 937048, 93749, 960006, 937990 y 937991, SON AUTENTICOS O IGUALES, a los utilizados por la Tesorería Municipal, tomando en cuenta, la forma, sello de la Tesorería y la impresión del facsímil, que, dichos recibos, son originales, e iguales a los usados, por la AMDC., y que no existe ninguna duda, al respecto, y finalmente relaciono dicha Corte, Que se tuvo a la vista, el expediente No.747, presentado en fecha DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000), incoado, ante la AMDC, por el Abogado R. Z., y contentivo de una acción de reclamo, administrativo, para la restitución o devolución de la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.250.000.00), más los intereses legales correspondientes, pago que era improcedente, e indebido y que se hiso por un error involuntario de su representado, en vista de que el IPM, está exento de pago de impuestos, de acuerdo al artículo número 79 de la Ley de Previsión Militar, (Folios 267 y 268 de los autos, es decir, que con dicha reclamación se efectuó la devolución del pago indebido, efectuado, por el IPM, en la administración de mi representado, porque así constaba registrado contablemente, acreditando, con esta gestión administrativa, que efectivamente, el pago de la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250.000.00), se efectuó a la Alcaldía Municipal, por medio del Señor M. V. G. C., en la condición de funcionario Municipal, delegado expresamente para ello. Todos los hechos, TENIDOS COMO PROBADOS, derivaron razonablemente de las pruebas presentadas en Juicio, ya que con la finalidad de acreditar los hechos que se desarrollaron, la parte acusadora aporto, MEDIOS DE PRUEBAS, con los cuales, no pudo por ningún medio, confiable y razonable, enervar el estado de inocencia de mi representado, es decir que el Tribunal AD-QUEN, no obstante, haber considerado y relacionado los hechos, que tuvo como probados, con los cuales es lógico, que se exonera de toda Responsabilidad Penal, a mi representado, tal como consta de autos, de manera contradictoria, partió, directamente de suposiciones y conjeturas, como verdaderas e inobjetables, sustentadas en contraposición a las pruebas fidedignas aportadas durante el proceso, efectuando conclusiones alejadas de la realidad, es decir inventadas a su libre albedrío, por no existir, prueba en contrario, en relación precisamente, de los hechos, que, el mismo Tribunal, tubo, como probados, de manera inobjetable, es decir vulnero el DEBIDO PROCESO, establecido, como Garantía, en el artículo número 90 párrafo segundo de la Constitución de la República, así como lo que establece el artículo número 361 del Código de Procedimientos Penales, que prevé, de manera meridiana, Que: NO PODRA CONDENARSE A UN ACUSADO, SINO CUANDO, SE PRUEBE, QUE COMETIO EL DELITO, QUE SE LE IMPUTA, EN CASO DE DUDA DEBE ABSOLVERSELE, concluye, de ello fácilmente, se colige, que no valoró en su conjunto, de manera armónica, todas las pruebas, es decir que únicamente, tomo en cuenta, las pruebas de cargo y no las de descargo, al momento de emitir el fallo, correspondiente, mediante el HECHOS PROBADOS, que por sí solos, demostraron, la inocencia de mi representado. Sustentó, el fallo recurrido, el Tribunal AD-QUEN, sin observar, los medios de pruebas, en su conjunto, sin razonar o considerar y en evidente, contraposición a la SANA CRITICA, que es el segundo motivo, de este Recurso, y que esboza el Juzgador en la relación de la sentencia recurrida y constituyen a la vez legalmente, un hecho inobjetable de DUDA RAZONABLE (IN DUBIO PRO REO), que debió ser apreciada de acuerdo a la Ley, por parte del Juzgador, ya que esta figura legal, tiene importancia singularísima, en el Derecho sustantivo Penal, por cuanto, LA DUDA, ha de resolverse siempre a favor del imputado, y porque, en lo adjetivo o procesal, la duda acerca de la conducta, de las personas, origina, la sospecha, da nacimiento al indicio de culpabilidad, orienta la investigación y justifica la parte investigativa o intermedia, en el caso de autos, habida cuenta y ser evidente la existencia, de varias contradicciones y de DUDA RAZONABLE, debió el Juzgador, Absolver de toda responsabilidad penal, al indiciado, tal como lo establece el artículo número 361 del Código de Procedimientos Penales, aplicable a este caso de manera concreta, por estar exento mi representado, de RESPONSABILIDAD PENAL, de acuerdo a lo previsto, en el artículo numero 24 No. 4 del Código Penal. De acuerdo a todo lo actuado, durante el proceso, desarrollado, no existe el delito imputado, a mi representado, por disposiciones expresamente establecidas tanto, en la Ley, procedimental Penal, y en la Constitución de la República, por no concurrir los presupuestos legitimadores, necesarios para condenar a un imputado, razón, por lo cual, no puede quebrantarse o enervarse la presunción de inocencia, de mi representado, ya que, como anteriormente exprese y reitero, con las pruebas aportadas por la Fiscalía del Ministerio Público, como ente acusador, no se logró probar, ni aparece de ninguna manera, claramente establecido en autos, la comisión del delito imputado al mismo, consecuentemente el nexo causal o lógico que liga el hecho mediato y el inmediato, necesariamente tiene que ser fruto de un proceso inductivo racional, no de simples suposiciones, de tal manera, que nadie puede ser condenado, sobre la base de un proceso de inferencia que solo ofrezca como así pareció ofrecer el presente caso, meras sospechas o simples conjeturas, pues no existe cargo concreto que fundado en plenas pruebas desquicie el estado de inocencia, de mi representado, lejos de ello, más bien con las pruebas, periciales, documentales y testifícales allegadas al proceso, a instancias de la defensa privada del imputado, se ha demostrado de manera objetable, su inocencia, recapitulando, la que se encuentra, tutelada en el artículo número 24 numeral 4º del Código Penal aplicable. Consideramos, que por todas las razones expuestas, debe absolverse de toda responsabilidad penal, a mi representado, en virtud de que no se le respetó, el derecho que tiene al debido proceso, que debe considerarse obligatoriamente, como garantía, en toda causa penal, siempre en favor del imputado, garantía, que está contenida, en el párrafo primero del articulo número 90 de la Constitución de la República, que no es otra cosa, que, la imperatividad directa e incondicional, que impone al operador de Justicia, la obligatoriedad de desarrollar el proceso, dentro del principio de la legalidad, conforme al ordenamiento Jurídico impuesto por el Código de Procedimientos Penales, sin que sea viable, en ningún momento, la aquiescencia o el consentimiento de las partes para variar el formalismo o la tolerancia, frente a actos realizados en menoscabo de tales normas, por lo cual, consideramos, que todo absolutamente todo, lo actuado, por el Tribunal AD-QUEN, constituye, una irregularidad, defecto procesal fuera de Ley, siendo por ello, quebrantador de la esencia de la estructuración del procedimiento, en detrimento directo del imputado, como consecuencia, de ello, se evidencia trasgresión total, del principio Constitucional del DEBIDO PROCESO, el que evidentemente no se ha respetado, en este caso concreto, por no existir, el delito imputado, a mi representado, ya que de la simple lectura, de la Sentencia recurrida, se evidencia, el ultraje a los derechos y garantías, por disposiciones expresamente establecidas tanto, en la Ley, Procedimental Penal, aplicable, y en la Constitución de la República, por no concurrir, a la vez, los presupuestos legitimadores, que se establecen, como necesarios, para emitir una SENTENCIA CONDENATORIA, razón por lo cual no puede quebrantarse o enervarse la presunción de inocencia, de mi representado, en virtud, de no haberse valorado en su conjunto toda la prueba aportada, las mismas, es decir no las tomo en cuenta, el Tribunal, Sentenciador, al momento de emitir el fallo correspondiente, no obstante, haber tenido como probados hechos, que eximen absolutamente, de toda responsabilidad penal, a mi representado, asimismo no se consideró en el fallo, objetado, las declaraciones de los testigos de descargo, quienes fueron contestes, sustentando, más bien, el fallo, recurrido, el Tribunal ABQUEN,, sin considerar las reglas de la sana crítica, en este caso concretamente, consideramos, que es procedente, admitir, este segundo motivo, y como consecuencia de ello, se anule la Sentencia recurrida, y se ordene, al Juez Ad-Quem, que emita un fallo absolutorio, a favor del encausado, ya que la inobservancia de estos hechos, de vital importancia, establecen la contraposición a la SANA CRITICA, que es el motivo segundo, invocado en este Recurso, y que esboza el Juzgador en la relación de la sentencia recurrida.” CONSIDERANDO: Que mediante proveído de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, se tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado J. F. Z. C., en su condición indicada, por lo que se dio traslado de los autos al Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen, haciéndolo dicho funcionario en fecha diecinueve de enero de dos mil quince, de la siguiente manera:” III. OPINIÓN: Por las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del presente Recurso en su Primer y Segundo Motivo.” CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que la formalización del recurso de casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos reúne todos los requisitos legales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar Sentencia sobre la procedencia o improcedencia del mismo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 1) y 2), 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, 919 No. 2), 921 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar HA LUGAR LA ADMISIÓN al Recurso de CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY en sus dos motivos interpuesto por el Abogado J. F. Z. C., en su condición de Apoderado Defensor del señor R. P. B., contra la Sentencia Condenatoria dictada en su contra en fecha NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que oportunamente se dicte la Sentencia sobre la procedencia o improcedencia de los dos motivos de casación.- REDACTÓ EL MAGISTRADO ZÚNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve (19) de Enero del dos mil dieciséis (2016). VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha uno de diciembre de dos mil catorce, por el Abogado J. F. Z. C., mayor de edad, hondureño, con carnet del colegio de Abogados de Honduras 6468 con Despacho Profesional y domicilio en la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, sita dos cuadras al Oeste de la Iglesia Católica “Cristo Rey”, en su carácter de Apoderado Defensor del Señor R. P. B., en relación a la Acusación interpuesta en fecha treinta de agosto de dos mil, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado M. S., mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en contra de los señores R. P. B., mayor de edad, hondureño, de este domicilio, por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA FÉ Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y de los señores M. R. H. P., R. L. L., O. S. M., L. A. V. V., R. R. R., J. C. C. A., G. P. C., A. R. G. Y M. F. E. por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- El Recurso de Casación se interpuso en contra del fallo emitido en fecha nueve de octubre de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Penal, del Departamento de Francisco Morazán, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado J. F. Z. C., en su condición de Defensor Privado del señor R. P. B., contra la sentencia definitiva condenatoria de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “FALLA: 1.-) CONDENANDO en concurso ideal al imputado R. P. B., de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia a la pena de reclusión de NUEVE (9) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio del INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR, misma que deberá de cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Establecimiento Penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario, mas una multa de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (Lps 525,000.00) que equivale al diez por ciento del valor apropiado; 2.-) Asimismo se le condena a las Penas Accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo que dure la condena; 3.-) Siendo que el imputado en mención se encuentra gozando de medidas alternas a la Prisión Preventiva, requiera en legal y debida forma a través del receptor del Despacho, con el objeto de notificarle el presente proveído y sea remido a la Penitenciaria Nacional a fin de que cumpla el presente fallo condenatorio. CONSIDERANDO: Que en Sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, aceptó los Hechos Estimados y Declarados Probados por el A-Quo quién los redactó de la manera siguiente: “PRIMERO: Que en fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la junta directiva del Instituto de Previsión Militar, resolvió en sección extraordinaria número 048 autorizar a la Gerencia General de dicho instituto para que efectuara los trámites correspondiente ante la Corporación Municipal del Distrito Central, para adquirir en dominio plano el inmueble donde están ubicadas las oficinas administrativas del Instituto de Previsión Militar y el edificio en el cual funcionaba el Comisariato de las Fuerzas Armadas, cuya dimensión es de 29,525.66 varas cuadras, asimismo la adquisición de los terrenos adyacentes a la instalaciones del Instituto de Previsión Militar.- SEGUNDO: Que en la fecha antes relacionada el imputado R. P. B., fungía como Gerente General del Instituto de Previsión Militar, y este ordenó al Departamento de Ahorro y Depósito del Banco de las Fuerzas Armadas debitar de la cuenta número 36000-01-9 las cantidades de Un Millón, Quinientos Mil, Dos Millones Quinientos Mil, y Un Millón Doscientos Cincuenta Mil lempiras respectivamente, ordenando que dicho pago debería de hacerse en efectivo al Señor secretario de la Comuna Capitalina en ese entonces.- TERCERO: Que obra en autos los recibos originales de la Alcaldía Municipal números 96006, 937991, 937990, 937048, 937049, 960005, 937047, 937050, 937986, 937992, los cuales justifican el pago de bienes inmuebles son especificar cuáles, además que los datos en el contenido de los recibos no son acordes con los requisitos que deben de reunir dichos recibos”. CONSIDERANDO: Que en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el Abogado J. F. Z. C., de generales y condición ya expresados, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. I.- PRIMER MOTIVO. Infracción por aplicación indebida de los artículos números 240 y 242 No. 8, en completa inobservancia del artículo número 24 numeral 4°, todos del Código Penal, contenido, en el DECRETO No. 144-83, aplicable a este caso concreto, por vigencia, en la época en que sucedieron los acontecimientos, y por vía, de RETROACTIVIDAD DE LA LEY, en relación con el artículo número 90 en su párrafo primero, de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación, se encuentra comprendido en el Artículo número 412 número 1° del Código de Procedimientos Penales, que establece, Que: SE ENTENDERA, QUE HA SIDO INFRINGIDA UNA LEY, PARA EL EFECTO, DE QUE PUEDA INTERPONERSE, EL RECURSO DE CASACIÓN… No. 1 CUANDO, DADO LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS, EN LAS RESOLUCIONES, ENUMERADAS EN DICHO ARTÍCULO, SE HUBIERE INFRINGIDO UN PRECEPTO PENAL, DE CARACTER SUSTANTIVO U OTRA NORMA JURÍDICA, DEL MISMO CARÁCTER, QUE DEBA SER OBSERVADA, EN LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El concepto, de la Infracción, lo explicó de la siguiente manera: Los Artículos números 240 y 242 No.8, del Código Penal, con vigencia a partir del día veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), aplicados en la Sentencia Definitiva, dictada en esta causa, citados como infringidos, por violación directa, en relación con el artículo numero 90 Párrafo primero de la Constitución de la República textualmente establecen: EL ARTÍCULO NUMERO 240 DEL CODIGO PENAL. ESTABLECE, QUE: “COMETE EL DELITO DE ESTAFA, QUIEN CON NOMBRE SUPUESTO, FALSOS TITULOS, INFLUENCIA O CALIDAD SIMULADA, ABUSO DE CONFIANZA, FINGIENDOSE DUEÑO DE BIENES, CREDITOS, EMPRESAS O NEGOCIACION O VALIENDOSE DE CUALQUIER ARTIFICIO, ASTUCIA O ENGAÑO, INDUJERE A OTRO EN ERROR, DEFRAUDANDOLO EN PROVECHO PROPIO O AJENO”, EL ARTÍCULO NUMERO 242 No.8 DEL CODIGO PENAL, ESTABLECE QUE: INCURRIRÁ EN LAS PENAS DEL ARTÍCULO ANTERIOR, “QUIÉN EN PERJUICIO SE APROPIARE O DISTRAJERE DINERO, EFECTOS O CUALQUIER OTRA COSA MUEBLE, QUE HUBIERE RECIBIDO EN DEPOSITO, COMISIÓN O ADMINISTRACIÓN, O POR OTRO TÍTULO QUE CONLLEVE OBLIGACIÓN DE ENTREGARLA O DEVOLVERLA, O NEGARE HABERLO RECIBIDO”, POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 24 NUMERAL 4°, QUE CONTIENE CAUSAS DE JUSTIFICACION, QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL. ESTABLECE: “QUE SE HALLAN, EXENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL.... No.4 QUIEN EJECUTARE UN ACTO, POR OBEDIENCIA DEBIDA, SIEMPRE QUE CONCURRAN LAS CONDICIONES SIGUIENTES: A).- QUE LA ORDEN EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE, Y B).- QUE EL AGENTE TENGA LA OBLIGACIÓN DE CUMPIRLA”, Concluyen, y EL ARTÍCULO NUMERO 90 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, ESTABLECE QUE: “NADIE PUEDE SER JUZGADO, SINO POR JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE, CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS. QUE LA LEY ESTABLECE” Es el caso, que nos ocupa, Honorables Magistrados, de la Corte Suprema de Justicia, como consta y podéis comprobar de autos, que la Honorable Corte de Apelaciones, de lo Penal de este Departamento, como Tribunal AD-QUEN, al emitir su fallo, en el Recurso de Apelación, que interpuse oportunamente, en contra de la Sentencia condenatoria, dictada por el AD-QUO, Juzgado de Letras Penal, de la Sección Judicial, de Tegucigalpa, Distrito Central, ahora Juzgado de lo Penal, Unificados, del Departamento de Francisco Morazán, con fecha VEINTITRES (23) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE (2007), DESESTIMO varios hechos declarados como probados, por el Juzgado de primera instancia, que hiso suyos, confirmando, en base a un razonamiento total y absolutamente contradictorio, EN RELACION A LOS HECHOS, TENIDOS COMO PROBADOS, en todos sus demás pronunciamientos, la Sentencia de mérito, no obstante establecer de manera clara y precisa, de haber tenido, como probados, los hechos que aparecen redactados por dicho Tribunal, en los considerandos números 17, 18 y 19 de la Sentencia Definitiva, ahora recurrida mediante el Recurso interpuesto. La Corte de referencia estimó y declaró probados los hechos, concluyendo de la forma siguiente: PRIMERO: Es el caso, Honorable Corte Suprema de Justicia, que en el considerando cuarto de la Sentencia recurrida, la Corte de Apelaciones Penal, de esta Sección Judicial, estableció de manera clara y precisa, Que el Señor R. P. B., en los años de 1997 y 1998, fungía como Gerente, del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), que por tal razón, en ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, No. 48, celebrada, por la Junta Directiva, de ese Instituto, en fecha 23 de Septiembre de 1997, en punto número sexto, FUE AUTORIZADO, para que efectuara los tramites, correspondientes ante la Corporación Municipal, del Distrito Central, de adquirir, en DOMINIO PLENO, del Inmueble en el que se encuentran ubicadas, las Oficinas Administrativas, del IPM., y del Comisariato de las Fuerzas Armadas. Así mismo, según el acta, fue autorizado, para que hiciera los tramites, de la adquisición, mediante un contrato de compra-venta, de los terrenos, que se encuentran adyacentes a las instalaciones del IPM, y que tiene una extensión de 38,182.vrs2, lo anterior se realizaría cancelando todos los impuestos, tasas y otras obligaciones que fueran necesarios, para efectuar dicha transacción, tal como consta a folios números del 13 al 21 de los autos.- Que en el acuerdo No. 214-97 en el acta No. 19, de fecha diez de Noviembre de 1997, de la sesión de Corporación Municipal, fue aceptada la propuesta, de ofrecimiento de pago de unos terrenos, ocupados por el IPM, en dominio útil, y que consta en expediente 877-97, ventilado en la Secretaria Municipal, accediendo a la solicitud de DOMINIO PLENO, de unos terrenos con una extensión de 38,181.3518 vrs2, ubicados en la Colonia Godoy y ocupados en DOMINIO UTIL, por el IPM, previo el pago de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L2,200.000.00). Así mismo el acuerdo No. 215- 97, contenido en Acta No. 19, de fecha 10 de noviembre de 1997, de sesión de la Corporación Municipal, se resolvió CON LUGAR, la solicitud de adquisición en dominio pleno, presentada por el Apoderado Legal, del IPM, de un terreno de una extensión de 29,532.1699 vrs2, del cual el IPM, se encuentra actualmente en posesión, en dominio útil, ofreciendo la cantidad de OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (1800,000.00), valor que fue aceptado, por la Corporación Municipal, por ambos terrenos, las cantidades del valor fijadas, y según dichos Acuerdos, debían ser pagados en un plazo de cuarenta y ocho horas, en consecuencia ascendiendo, el área total de los dos (2) lotes de terreno, a la cantidad de 67,714.66 VRS2. - Así mismo, se autorizó al Señor Alcalde, para que compareciera ante Notario Público, a suscribir las Escrituras Públicas correspondientes (las actuaciones referentes a los acuerdos relacionados y materialización del otorgamiento de las Escrituras Públicas en dominio pleno, constan plenamente acreditadas en autos.- Que de acuerdo a lo expresado por la Corte de Apelaciones, según inspecciones realizadas, en fecha 12 de Septiembre del año 2000, por la Juez Ad-Quo, a las Oficinas de la Alcaldía Municipal, SON CONFORMES CON SUS ORIGINALES.- Las Escrituras Públicas, correspondientes a dichos terrenos, fueron suscritas en los Instrumentos Públicos, No. 102, autorizado por la Notario L. A. S., en fecha 5 de Diciembre de 1997, y en Instrumentos Público No.68, autorizado por el Notario F. A. F., en fecha 18 de Noviembre de 1997, respectivamente, en los cuales, se contiene, que dichos contratos se encuentran exentos del pago de Impuesto de tradición de bienes inmuebles, de conformidad con la Ley de Municipalidades, Instrumentos que de acuerdo, a la inspección ocular, efectuada por la Juez Ad-Quo, en fecha 5 de Septiembre del 2000, en las oficinas del Instituto de Previsión Militar IPM, SON CONFORMES A SUS ORIGINALES, constan todos los hechos y actuaciones relacionadas a folios números 229, 251, 259, 335 y del 336 al 428 de los autos.- Así mismo, estableció el TRIBUNAL AD- QUEN, que con fechas 18 de Noviembre de 1997, 9 de diciembre de 1997, y 9 de enero de 1998, mi representado, en la condición de Gerente del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), libró los oficios números, G-IP-No. 1333, G-1P-No. 1366 y G-IP-No. 0028, respectivamente, y en los que solicitaban al departamento de ahorro y depósito a plazos, del Banco de las Fuerzas Armadas, que ordenara a quien correspondiera, para que debitara en efectivo, de las cuentas de cheques, número 36000-01-9 a nombre del IPM, las cantidades de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 1,500.000.00), DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 2,500.000.00), y UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L 1,250,000.00), las cuales sumaban la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L 5,250,000.00). Según los mismos oficios, estas cantidades de dinero, debían ser entregadas en efectivo al Teniente A. B. I. C., dinero que fue entregado en efectivo, tal como se ordenó al Señor A. B. I. C., documentos, cuya autenticidad y existencia, fue comprobada mediante inspecciones, efectuadas por la Juez Ad-Quo, corriendo, agregado a los folios números 30, 32, 34, 331 y 845 de los autos. Que el Señor R. P. B., manifestó, ante la autoridad Judicial correspondiente, que los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (Lps.5,250.000.00),se retiraron en efectivo, para realizar el pago de los impuestos de bienes inmuebles, que a esa fecha adeudaba, el Instituto de Previsión Militar, a la Comuna Capitalina, acreditando dichos extremos, con los recibos, con membrete de la Alcaldía Municipal, y que en su oportunidad, entrego al Administrador contable del IPM; con números a) 937048 de fecha 27 de noviembre de 1997, con un valor de Lps. 363,318.11; b) número 93749 de fecha 27 de noviembre de 1997, por valor de Lps. 1,932,030.16, c) número 960006, de fecha 9 de enero de 1998, con un valor de Lps. 1,368,493.25, d) número 937990 de fecha 5 de diciembre de 1997, por un valor de Lps. 1,697.883.44 y e) número 937991 de fecha 5 de diciembre de 1997, por un valor de Lps. 888,335.10, los cuales, suman la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA LEMPIRAS, CON SEIS CENTAVOS DE LEMPIRAS (LPS5,250,060.06), recibos, que corren agregados a los autos. Así mismo, que prestaron declaraciones, como testigos, los Señores M. V. G. C., ex Secretario Municipal, A. B. I. C., jefe de caja del IPM, F. C., F. A., M. J. N. V., y mi representado R. P. B., cuyas declaraciones, entre otras, giraron en torno, a una reunión, en la que, todos ellos, estuvieron presentes y que se llevó a cabo en el IPM, para verificar el cumplimiento del pago convenido, previamente, para la adquisición de los terrenos del IPM, en DOMINIO PLENO, así como el pago en efectivo de los impuestos pendientes de pago a la fecha, efectuados al Señor Secretario Municipal, en efectivo, en presencia de los testigos A. B. I. C., F. A., M. J. N. V., y el propio imputado R. P. B., quienes expresaron, que dicho dinero, fue entregado en efectivo, en bolsas negras y con membretes y sellos Bancarios, es decir con sellos de seguridad, tal y como el Banco, de las Fuerzas Armadas, se los había entregado, al Señor A. B. I. C., quien por ser la persona, que tenía, dicho dinero en su custodia directa, en razón del cargo, que desempeñaba, dentro del 1PM, fue, quien de manera directa, en presencia de todos los testigos, le entrego, dicho dinero al Señor M. V. G. C., conteniendo en su interior, dichas bolsas, la cantidad de CINCO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS5,250.000.00). También la Honorable Corte de Apelaciones Penal, de este Departamento, relaciono, que fueron incorporadas, las declaraciones indagatorias rendidas, por los Señores M. R. H. P., R. L. L., O. S. M., L. A. V. V., R. R. R., J. C. C. A., G. P. R., A. R. G., Y M. F. A., personas, que fungían, en la época en que se dieron los acontecimientos, como miembros de la Junta Directiva del IPM, cuando sucedieron los hechos, en sus declaraciones, resumida y básicamente refirieron, que, efectivamente, ellos, en acta de asamblea Extraordinaria, autorizaron al Ex Gerente del IPM, R. P. B., para que procediera a hacer las gestiones de adquisición en DOMINIO PLENO, de los terrenos ocupados, por el IPM, en dominio útil, a la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, (AMCD), y que fueron informados, que ambos terrenos, fueron adquiridos en DOMINIO PLENO, por la cantidad, ambos de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (LPS.3,000.000.00), Así mismo, algunos refirieron, que fueron también informados, por el Coronel P. B., que se le adeudaba a la Alcaldía Municipal, la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS LPS.5,250.000.00), por conceptos de pagos atrasados, de Impuestos Sobre Bienes Inmuebles, “POR LO QUE TAMBIEN SE AUTORIZO EL PAGO DE DICHA CANTIDAI)”. Añadieron que ignoraban la forma, en la que se había efectuado dicho pago, pues esa diligencia, le correspondía al Administrador del IPM, constan dichas, declaraciones, a folios del 1355 al 1365 de los autos, así mismo las declaraciones de los testigos V. M. A. E., (folio 1103), quien manifestó, que escucho, cuando el Abogado A., le dijo al acusado (refiriéndose a R. P. B.), que no decía nada, sobre la entrega del dinero, en su presencia, porque no quería involucrase en los hechos, J. L. N. B. (Folio 1075), quien refirió, que el ABOGADO A., expuso ante la Junta Directiva del IPM, que para adquirir el DOMINIO PLENO, de los terrenos ocupados, por el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), tenía que cancelar los Impuestos adeudados a la Alcaldía Municipal, por el IPM, y que si el pago se enteraba en efectivo, no se los embargarían a la AMDC, esto porque en aquella época, la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, enfrentaba, sendas Demandas de pago y crisis económica profunda, y se corría el riesgo, que de efectuar los PAGOS MEDIANTE CHEQUES, LOS QUE OBVIAMENTE, SERIAN DEPOSITADOS EN SU CUENTA,(DE LA Alcaldía Municipal), que dicha cantidad podría ser embargada, y finalmente el señor L. A. G., quién fingió, como AUDITOR DEL IPM, refirió, que por parte de AUDITORIA INTERNA, DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), no existió ningún reparo para el ex-gerente P. B., por la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS5,250.000.00), así como tampoco elaboró informe, reparando acciones relacionadas, con el pago de dicha cantidad de dinero. El Perito, Señor V. M., concluyó, de manera categórica, en su dictamen pericial, para el cual fue nombrado con las solemnidades de Ley, por el Juzgado instructor, que los recibos números 937048, 93749, 960006, 937990 y 937991, SON AUTENTICOS O IGUALES, a los utilizados por la Tesorería Municipal, tomando en cuenta, la forma, sello de la Tesorería y la impresión del facsímil, que dichos recibos, son originales, e iguales a los usados, por la AMDC., y que no existe ninguna duda, al respecto, y finalmente relacionó dicha Corte, que se tuvo a la vista, el expediente No. 747, presentado en fecha DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000), incoado, ante la AMDC, por el Abogado R. Z., y contentivo de una acción de reclamo, administrativo, para la restitución o devolución de la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS5,250.000.00), más los intereses legales correspondientes, pago que era improcedente, e indebido y que se hiso por un error involuntario de su representado, en vista de que el IPM, está exento de pago de impuestos, de acuerdo al artículo número 79 de la Ley de Previsión Militar, (Folios 267 y 268 de los autos), es decir que con dicha reclamación se efectuó la devolución del pago indebido, efectuado, por el IPM, en la administración de mi representado, porque así constaba registrado contablemente, acreditando, con esta gestión administrativa, que efectivamente, el pago de la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250.000.00), se efectuó a la Alcaldía Municipal, por medio del Señor M. V. G. C., en la condición de funcionario Municipal, delegado expresamente para ello. SEGUNDO Constituye un hecho de transcendencia, Honorables Señores Magistrados, que la Fiscalía del Ministerio Público, en fecha posterior a la presentación del libelo de la acusación incoada en contra de mi representado así como de otras personas, que fue por los delitos de ABUSO DE CONFIANZA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, modificó, dicha acusación, en el escrito, mediante el cual formalizó la acusación, en contra de mi representado, por una parte por el delito de APROPIACION INDEBIDA, en base a lo previsto en el artículo número 242 No 8 del Código Penal, pero concluyendo el Tribunal AD-QUEN, haciendo suyos los razonamientos esbozados por la Juez Ad-Quo, en el sentido, que el supuesto delito, que cometió mi representado, lo efectuó en “CONCURSO IDEAL”, lo que es improcedente, ya que no podía bajo ninguna circunstancia declararse culpable de dicho delito, en primer lugar, porque, no se apropió de cantidad de dinero alguna, en su provecho, porque solo se limitó, a cumplir una orden superior, emitida por la Junta Directiva del IPM, constituida en su autoridad superior, a la que debía obediencia de acuerdo con su Ley constitutiva, y en segundo lugar porque el ente acusador, no demostró que haya falsificado ninguna clase de documento, para la obtención de dinero, es por esa razón, que de acuerdo a los hechos tenidos como probados, mediante los cuales se descarta, toda posibilidad de la comisión del delito injustamente imputado a mi representado y de acuerdo a lo dispuesto, en el artículo 36 del Código Penal, aplicable a la presente causa, no puede existir el delito de APROPIACION INDEBIDA, EN CONCURSO IDEAL, en virtud, de que tampoco se estableció, en la Sentencia De referencia, recurrida, en concurso de cual o cuales personas se cometió dicho delito,. Pero habiéndose, declarado, así, por el Tribunal AD-Quen, tampoco se consignó, de manera individualizada, el nombre o nombres de las demás personas concursantes o participantes en el ilícito, no dándose los presupuestos legitimadores, para la calificación de tal delito, es por estas razones, que del estudio serio, profundo y ponderado de los hechos tenidos como probados, se aprecia a simple vista, la ausencia de LA INTENCION DOLOSA, que debió probarse, pues mi representado, actuando en la condición de GERENTE DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), en base a lo previsto en el artículo número 25 de la Ley, constitutiva del IPM, que establece, “QUE EL GERENTE DE IPM, ACTUARA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y TENDRA ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA y B) CONCURRIR A TODAS LA SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON VOZ PERO SIN VOTO”, de lo anterior se concluye, sin lugar a duda razonable alguna, que mi representado como Gerente del 1PM, solamente cumplió, con lo que la Ley, constitutiva, del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, establece, es decir, cumplir con las resoluciones de la Junta Directiva, y que al actuar como Secretario de la misma, con voz, pero sin voto, NO PARTICIPA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y POR LO TANTO, NO TIENE RESPONSABILIDAD POR LAS MISMAS, evidentemente, no actuó con decisión, ni ánimo propio de disposición de recurso alguno, de su patronal, ya que su conducta y accionar es concordante y consecuente con la determinación tomada por el pleno de LA JUNTA DIRECTIVA de su entonces representado, como autoridad u organismo superior del que emanan las resoluciones, de Administración y demás decisiones de relevante y vital importancia, que deben acatarse, sin objeción alguna, como sucedió en aquella época, la que concluyo, con la adquisición de dos (2) terrenos EN DOMINIO PLENO, por parte de LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO ENTRAL a favor del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), previo al pago de los impuestos sobre Bienes Inmuebles, atrasados, como requisito SINE QUANON, para formalizar dicha operación, en consecuencia se refleja un accionar de simple ejecución y cumplimiento de una resolución administrativa, colegiada y de carácter Ejecutivo, es decir de cumplimiento inmediato, y si el uso, de esos valores económicos que le pertenecían a una INSTITUCIÓN de naturaleza privada, fue autorizado por el órgano colegiado, superior de la misma, de acuerdo a con Ley constitutiva, LA EJECUCION DE DICHA RESOLUCION, no constituye en manera alguna, el tipo penal, analizado, contradictoriamente, por no existir pruebas fehacientes, ni mucho menos indicios racionales, de la comisión del delito imputado, no obstante, así, arribo, el Tribunal AD-QUEN, dictándose, mediante confirmación, SENTENCIA CONDENATORIA, en su contra, no expresando sus propios criterios, ni aplicando análisis profundos, sino que copiando y haciendo suyos todos los razonamientos de la Juez Ad-Quo, lo que lo constituye evidentemente en un Tribunal dependiente totalmente, de los criterios y apreciaciones legales de los Juzgados, subalternos, no teniendo, por ello, criterio propio ni independencia funcional, ya que en contraposición, a ello, y del análisis de la lectura, simple del acta de la sesión extraordinaria número 048 celebrada por la Junta Directiva del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), con fecha 23 de Septiembre del año 1997, en relación directa con el punto SEXTO, que corre agregada a folios números del 13 al 20 de los autos, consta la autorización efectuada a mi representado, en la condición de Gerente, de dicha Institución, para celebrar dicha transacción, concretándose de manera diligente, como un celoso administrador, y, sin ánimo de aprovecharse de dicha situación, tal como se demostró durante la secuela de esta causa, sencillamente a dar estricto, cumplimiento a la resolución de referencia, para no incurrir en desobediencia. La Institución denominada INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, fue creada por el Poder Ejecutivo como una PERSONA JURIDICA, CON AUTONOMIA FUNCIONAL Y PATRIMONIO PROPIO, y como consecuencia de ello, NO ES UN ENTE CENTRALIZADO NI DESCENTRALIZADO, NI AUTONOMO NI SEMIAUTONOMO, DEL ESTADO, por lo cual, no estaba facultada ni autorizada, por carecer de autorización expresa para ello, por parte de dicha Institución, refiriéndonos desde luego al INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO, la que de acuerdo a su Ley constitutiva, representa los intereses de la Sociedad en General, no obstante dicha circunstancia, no podía, intervenir o inmiscuirse en una transacción puramente civil, atentando con dicho proceder dicha Institución, en contra de la libre contratación, es decir de la demanda y la oferta, así como en contra de la autonomía tanto del IPM y de la Municipalidad del Distrito Central.-EL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, fue creado, mediante DECRETO No.905, emitido por la JUNTA MILITAR DE GOBIERNO, EN CONSEJO DE MINISTROS, siendo un organismo de las Fuerzas Armadas de Honduras, con PERSONALIDAD, AUTONOMIA FUNCIONAL Y PATRIMONIO PROPIO, según lo establece el artículo 2°, del precitado Decreto, estableciendo el artículo No.13 del mismo Decreto, en su inciso a) que uno de los órganos de Administración, es SU JUNTA DIRECTIVA, y en concordancia, con dicha disposición, el Artículo No.18 en su inciso h, establece que la Junta Directiva, está, plenamente facultada para AUTORIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES O ACTIVIDADES FIIANCIERAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA INSTITUCION.- El delito DE APROPIACION INDEBIDA DE DINERO, por el cual La Fiscalía del Ministerio Público, procedió, en contra mi representado, implica necesariamente, UN ACTO DE SUSTRACCION, O DE APODERAMIENTO ILICITO, extremo, que no pudo demostrar, el ente acusador, durante el transcurso de esta causa, tal como puede comprobarse de autos, pues la disposición de los valores, es decir los pagos efectuados a la ALCALDIA MUNICIPAL, de este Distrito Central, se llevó a cabo con LA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, como órgano superior de la misma, este hecho Proxy solo desnaturaliza total y absolutamente el concepto de “APROPIACION INDEBIDA”, ya que no puede darse esta figura legalmente, si existió previa autorización, para la erogación de dichos valores, en consecuencia todos absolutamente todos los actos, ordenados por mi representado, en el ejercicio pleno de sus funciones y atribuciones, establecidas en la Ley y fijadas por el órgano superior jerárquico, de su representado, de manera colegiada, y en su accionar como GERENTE GENERAL, revisten todas las formalidades de una sana esfera de atribuciones y acciones puramente administrativas, tal como consta y puede apreciarse a folios números del 23 al 29 inclusive de los autos, ya que dichas diligencias o negocios se efectuaron, en estricto cumplimiento a la resolución emanada en el acta número 048, por parte de LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, ya transcrita, mediante la cual se autorizó a mi representado en la condición de GERENTE GENERAL, de dicha Institución, para efectuar los pagos ordenados a efecto de realizar la legalización de dos (2) inmuebles, de propiedad del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, los hechos anteriormente relacionados, establecen de manera fehaciente e inobjetable lo siguiente: A).- Por una parte que es un hecho irrefutable que la Junta Directiva del IPM, como órgano superior de la misma, de manera colegiada autorizo a mi representado, para erogar fondos para la legalización de dos terrenos y además de ello y como requisito previo a dicha legalización y como condición SINE- QUANON establecida por parte de la Alcaldía Municipal, de este Distrito Central, debería forzosamente que pagarse los impuestos de bienes inmuebles, derechos y demás tasas, atrasadas, y B).- En segundo lugar, que habiéndose formalizado dichas transacciones comerciales, en legal y debida forma, se efectuaron las ordenes de pagos, las solicitudes del pago en efectivo y se concretizaron los pagos a la acreedora, los que están plenamente sustentados en documentos contables, tal como se demostró con la documentación que corre agregada también en autos.- En relación a los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS5,250,000.00), cuya investigación, fue, de manera concreta el fondo de la acusación, y que fueron destinados para el pago de Impuestos Municipales diversos, que adeudaban las Empresas Mercantiles, que forma parte del grupo IPM, este valor, tal como se demostró con las pruebas indubitadas aportadas y acreditadas durante el periodo probatorio, fue entregado de manera personal al Señor M. V. G. C., quien en dicha época se desempañaba como SECRETARIO MUNICIPAL, de la Alcaldía Municipal de este Distrito Central, dinero que recibió directamente en efectivo, en la oficina de la GERENCIA DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, siendo testigos fieles, de dicho acontecimiento, los señores M. N. V., F. A. F., B. I. C. Y TAMBIEN MI REPRESENTADO, tal como consta de autos.-Contra la entrega de dicho dinero en efectivo, que es permitido en una transacción comercial, por el articulo número 1435 párrafo primero del Código Civil, que establece: EL PAGO DE LAS DEUDAS EN DINERO DEBERA HACERSE EN LA ESPECIE PACTADA, Y, NO SIENDO POSIBLE ENTREGAR LA ESPECIE, EN LA MONEDA DE PLATA U ORO QUE TENGA CURSO LEGAL EN HONDURAS.- La Alcaldía Municipal, posteriormente hizo llegar al Departamento de Contabilidad, del IPM, por conducto del Señor M. N. V., los recibos correspondientes del pago efectuado, que acreditaron la recepción de dicha cantidad de dinero, acompañando a dichos recibos talonarios de pago, los estados de cuentas que soportaban dicho pago.- En conclusión y en virtud que de acuerdo a la práctica administrativa en Empresas Mercantiles, los Gerentes de las mismas, como sucede, en el caso que nos ocupa, se encargan de la administración propiamente dicha, es decir representar y tomar decisiones en beneficio de su representada, delegando la tarea de la revisión de cada documento, a los Departamentos correspondientes, en los cuales se nombran personas capaces y de confianza, y en base a que en la transacción efectuada, el IPM, aseguro sus terrenos, al lograr mi representado, que se otorgara DOMINIO PLENO, mediante, Escrituras Públicas, otorgadas a favor, de dicha Institución, por parte de la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, lo que ha generado un aumento sustancial en sus activos, es decir ganancia concreta es más de OCHENTA MILLONES DE LEMPIRAS (LPS.8O,000000.00), por el valor actual de los terrenos adquiridos, EN BASE A PLUSVALIA Y DESLIZAMIENTO DE NUESTRA MONEDA, de lo que se colige, fácilmente, en el fondo, que con la transacción efectuada, fue beneficiado, de manera directa EL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), no habiendo obtenido mi representado a título personal, ningún lucro ni beneficio, en consecuencia el delito que se le imputa es inexistente, ya que sumado a ello, obtuvo del ente Contralor del Estado correspondiente, un finiquito a su favor, no existiendo reparo alguno en su contra, durante el periodo que comprendió su desempeño en el cargo de GERENTE GENERAL DEL IPM. - Extremo que se demostró y probó con el documento correspondiente, que corre agregado a los autos, y no esta demás y para efecto ilustrativo de este Tribunal Supremo de Justicia, citar el significado Legal de la acepción o vocablo APROPIACION INDEBIDA, contenido en el DICCIONARIO JURIDICO ABELEDO- PERROT, Tomo 1, impreso en Buenos Aires, República de Argentina, pagina 177, que establece: QUE LA APROPIACIÓN INDEBIDA, ES UNA ESPECIE DE DEFRAUDACIÓN PERTENECIENTE AL GÉNERO DE LOS ABUSOS DE CONFIANZA, QUE CONSISTE EN LA OMISIÓN DE RESTITUIR O DEVOLVER UNA COSA MUEBLE A SU LEGÍTIMO PROPIETARIO, CUANDO SE TIENE SOBRE LA MISMA UN PODER O DERECHO DE CUSTODIA, EN VIRTUD DE UN TÍTULO QUE GENERA LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLA O DEVOLVERLA A SU DEBIDO TIEMPO.- EL DELITO SE CONSUMA, CUANDO EL AUTOR SE NIEGA A RESTITUIR O NO RESTITUYE, LA COSA A SU DEBIDO TIEMPO.- LOS ACTOS DE APODERAMIENTO SON ATIPICOS, DE MANERA, QUE ES POSIBLE LA DEFRAUDACIÓN CON APROPIACIÓN O SIN ELLA.- DE TODAS MANERAS, EL DELITO SUPONE LA EXIGENCIA DE QUE SE TRATE DE UNA RETENCIÓN ILEGÍTIMA, Y POR LO TANTO NO DELINQUE, EL QUE EJERCE LEGÍTIMAMENTE UN DERECHO DE RETENCIÓN, COMO POR EJEMPLO EL DEPOSITARIO QUE RETIENE LA COSA DEPOSITADA HASTA EL PAGO DE LO QUE SE LE DEBE POR RAZÓN DEL DEPÓSITO.- Concluye, evidentemente Honorable Corte Suprema de Justicia, del significado del vocablo APROPIACIÓN INDEBIDA, trascrito anteriormente, de manera literal, se colige, que mi representado, no incurrió en dicho ilícito, por cuanto actuó siguiendo las premisas emanadas del órgano superior colegiado de la Institución que rectoró, de manera diligente y que en el caso concreto de la transacción efectuada más bien, produjo un provecho pecuniario considerable en el Patrimonio de la misma, ya que de acuerdo a la legislación penal, aplicable al caso sub-judice, establecidas, en los artículos números 361 y 362, NO PUEDE CONDENARSE A UN ACUSADO, SINO CUANDO SE PRUEBE QUE COMETIO EL DELITO, Y QUE QUIEN AFIRMA UN HECHO, ESTA OBLIGADO A PROBARLOS,. En el caso que nos ocupa, no se demostró, con ninguna clase de pruebas, la culpabilidad de mi representado, por parte del ente acusador, y TERCERO: En cuanto, al delito de falsificación de Documentos Públicos, en el caso de autos, Honorables Señores Magistrados, EL MINISTERIO PUBLICO, acuso también a mi representado, por la supuesta omisión del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, derivado el mismo, de la supuesta apropiación indebida, Ilícito, contenido en lo dispuesto en el artículo número 289 del Código Penal que literalmente dice: QUIEN A SABIENDAS, HICIERE USO DE UN DOCUMENTO FALSO EN TODO O EN PARTE SERA SANCIONADO COMO SI FUERE AUTOR DE LA FALSEDAD.- Lo anterior pone de manifiesto en forma autentica e irrefutable, que a mi representado, NO SE LE ATRIBUYE LA CALIDAD DE AUTOR DE LA FALSEDAD MATERIAL, DE FALSEDAD IDEOLOGICA NI DE FALSEDAD IMPROPIA, lo

que demuestra por si solo que la Fiscalía del Ministerio Público, reconoce que tales acciones fueron ejecutadas por terceras personas naturales, contra quienes debe iniciarse la acción criminal respectiva, consecuentemente, se demuestra, que a mi representado no se le atribuye ninguna intervención en la supuesta falsificación de los recibos, ni como Ejecutor ni participe, la acusación fue dirigida en su contra, porque según el MINISTERIO PÚBLICO, hizo uso de documentos falsos, con supresiones u omisiones, desconociendo dicha Institución, de manera deliberada, es decir a sabiendas, el hecho que mi representado, se limitó a recibir la documentación que le envió la Comuna Capitalina, en fecha posterior, a la, en que se efectué, el pago, en efectivo, de los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250,000.00), haciendo llegar dichos recibos y ordenándole, al Departamento de Contabilidad de su representado, como es normal y corrientemente, y sucede en toda Empresa Mercantil, que se contabilizaran, efectuando las partidas contables, basadas, en los principios del DEBE Y HABER, correspondientes con soporte en dichos documentos y a la vez para que se procediera al archivo correspondiente de dichos documentos, de tal manera QUE NO ES CIERTO, QUE PREVIAMENTE AL PAGO EFECTUADO, HAYA HECHO USO DE DICHA DOCUMENTACION PARA OBTENER UN BENEFICIO PERSONAL NI EN FAVOR DE TERCEROS.- La recepción de los recibos de pago emitidos por parte de la Alcaldía Municipal, no es más que una demostración fehaciente de haber realizado la entrega del dinero (Lps. 5,250.000.00), a la persona, a quien la misma Comuna Capitalina, autorizo previamente para ello, por medio de su Alcalde Municipal, en aquella época, Señor F. C., como se demostró e hizo constar en autos, ya que ante la autoridad Judicial correspondiente manifestó dicho Señor, que HABIA AUTORIZADO AL SEÑOR M. V. G., para que le diera seguimiento y efectuara la transacción con EL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), de legalizar dos (2) terrenos en dominio pleno, es decir que actuó el señor Secretario Municipal, con autorización expresa y delegado plenamente para ello, por parte del Señor ALCALDE MUNICIPAL de aquella época, de no haber sido así, hubiese sido materialmente imposible y no tendría sentido, que la Alcaldía, hubiese suscrito las Escrituras Públicas de tradición de dominio, acto del cual dieron fe dos (2) Notarios Públicos, en las condiciones de Ministros de Fe Pública, por delegación expresa de la Ley, ni mucho menos hubiese efectuado la Alcaldía, la remisión de los recibos talonarios con los cuales se acredito de manera fehaciente, el pago efectuado por parte del I.P.M. a la Alcaldía Municipal de este Distrito Central, consideramos que fue una apreciación subjetiva del Tribunal AD-QUEN, que como se ha demostrado, hiso suyos, las apreciaciones también subjetivas, del Juzgado Instructor, al pretender que se demostrara de manera obligatoria, que tanto mi representado, así como cualquier otra persona, sea esta Natural o Jurídica, este obligada a conocer y examinar documentos, que expida cualquier clase de autoridad, esta situación es incorrecta, improcedente y arbitraria, de manera legal, en consecuencia, es falso, que mi representado, como lo expreso la Fiscalía, no obstante que no pudo probar dicho extremo, durante la secuela del Juicio, haya tenido conocimiento, que a los recibos extendidos por la Alcaldía Municipal, le haya faltado algunas formalidades externas o extrínsecas, ya que la RESPONSABILIDAD ES PROPIA DEL ORGANO QUE LO EMITE Y NO DEL RECEPTOR, que en todo caso necesita dichos documentos, para justificar de manera contable la erogación de fondos, en la realización del negocio que le fue, encomendado, de manera colegiada.- Los documentos cuestionados, fueron elaborados en la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, en sus propios talonarios, cuyos números coinciden con los correlativos anteriores y posteriores de los talonarios correspondientes, que obran en autos y a los cuales tanto la Fiscalía del Ministerio Público y el Tribunal AD-QUEN, quisieron, darles otro sentido y no el literal como consta en el cuerpo de los mismos.- Honorables, Señores Magistrados, de este hecho se colige, sin lugar a duda razonable alguna, que NO HA EXISTIDO FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, por parte de mi representado, ya que como anteriormente exprese y se comprobó, mediante la aportación de los medios de pruebas correspondientes, existen los correlativos anteriores y posteriores en los archivos de la Alcaldía Municipal de este Distrito Central, en consecuencia si no constan copias de los mismos en la contabilidad de la Alcaldía misma, es obvio que fueron sustraídos por alguna o algunas personas, que no pueden ser mi representado, ya que el no fue empleado ni funcionario de confianza en dicha Alcaldía Municipal, y sumado a ello, el Dictamen Pericial, mediante el cual, el Perito nombrado, para dicho efecto, concluyo, que dichos recibos son fidedignos, es decir, no fueron falsificados, por lo cual, más bien era y es, menester y obligación ineludible, de la Fiscalía del Ministerio Publico, efectuar las investigaciones en el sentido concreto, de determinar QUIEN FUE LA PERSONA O PERSONAS, QUE ENTREGO E HISO LLEGAR AL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), LOS RECIBOS DE PAGO POR LOS IMPUESTOS, ELABORADOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.- QUE PERSONA O PERSONAS, DE DICHA ENTIDAD, PARTICIPARON EN LA ELABORACION DE DICHOS RECIBOS, Y PORQUE EL DINERO QUE LE ENTREGO EN EFECTIVO, CUYA CUANTIA, FUE, DE CINCO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS5,250.000.00), EL SEÑOR A. B. I. C., EN LA CONDICION DE CAJERO GENERAL DEL IPM, POR INSTRUCCIONES PRECISAS RECIBIDAS DEL GERENTE GENERAL DE DICHA INSTITUCIÓN, Y EN PRESENCIA DE TESTIGOS, AL SEÑOR M. V. G. C., QUE CORRESPONDIO AL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y OTRAS CARGAS, POR PARTE DEL IPM A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE DISTRITO CENTRAL, NO FUE ENTERADO POR DICHO SEÑOR, EN LAS ARCAS DE LA MISMA ALCALDIA MUNICIPAL.- Como puede comprobarse estas diligencias de investigaciones, no competen a mi representado, sino que, a los Órganos Jurisdiccionales, que conocieron a priori de esta causa, y a la Fiscalía del Ministerio Público, como entes, operadores de Justicia, Instituciones, que extrañamente no sabemos porque motivo, dejaron, al margen dichas investigaciones, en este caso, y se concretaron, únicamente y de manera deliberada, en causar molestias innecesarias tanto a mi representado así como a otras personas, en consecuencia, consideramos, que, debió la Fiscalía del Ministerio Público, por el hecho de haberse involucrado a una persona honorable y honrada, como lo es, mi representado, en una situación delicada, proceder a efectuar todas las investigaciones pertinentes al respecto, en virtud, de que dichos documentos, refiriéndonos, de manera concreta, a los recibos talonarios, fueron enviados a las Oficinas del 1PM, por intermedio de la persona encargada de efectuar diversos trámites Administrativos y Judiciales.- Ya, que es evidente, que mi representado, a título personal, no hiso uso de dichos documentos, ni obtuvo, beneficio o provecho alguno de manera directa ni indirecta, ya que cuando dichos documentos fueron entregados al IPM, la disposición y entrega de los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250,000.00), ya se había realizado en efectivo, a la Alcaldía Municipal, por medio del Señor M. V. G. C., en la condición de Secretario Municipal, por lo tanto los documentos (Recibos talonarios extendidos por la Alcaldía Municipal), no fueron el medio para la obtención de dicho dinero, por el contrario, su emisión fue posterior y obedeció, sencillamente para brindarle al pagador una muestra material de pago efectuado, cuyos valores evidentemente fueron MALVERSADOS, por personas naturales, Funcionarios de la Alcaldía Municipal de este Distrito Central, con plena confianza, como para poder ingresar a cualquier dependencia de aquella, (Razón por la cual, entre dichos Funcionarios, Municipales, se encuentra, el Señor M. V. G. C., en contra del cual se presentó, oportunamente, requerimiento Fiscal, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, siendo por ello, ya desde muchos años, prófugo de la Justicia, situación, que no sucedió con mi representado, quien con hidalguía ha enfrentado la Justicia), como se comprobó y evidencio con la Inspección Ocular efectuada por el Juzgado que de la causa conoció, por medio del Funcionario Judicial competente, que constato la manera maliciosa del accionar de la FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO, por medio del Fiscal asignado a esta causa, mediante ocultamiento de pruebas indispensables, que eran de su pleno conocimiento y necesarias para el esclarecimiento de esta causa, incurriendo en deslealtad procesal, al no acompañar los anexos a los recibos agregados al expediente a folios números del 36 al 40, las ordenes de cobro y las liquidaciones de los adeudos que las Empresas del IMP, tenían pendientes de pago, con la Alcaldía Municipal, valores establecidos previamente, que coinciden con las cantidades por los cuales se extendieron dichos recibos, y que soportan contablemente el pago efectuado, consideramos, por nuestra parte, que por el hecho de haber retenido dicha información y ocultado pruebas, la Fiscalía del Ministerio Publico, vicio el Procedimiento instruido, en contra de mi representado, demostrando con ello, EN DEFINITIVA QUE NO ANDABA, EN BUSCA DE LA VERDAD DE LOS HECHOS, FALTANDO A LA OBJETIVIDAD, QUE DEBE CARACTERIZARLE, DE ACUERDO CON SU LEY CONSTITUTIVA, porque su atención se ha centrado en perjudicar personas honestas, que son verdaderamente, responsables de de sus actos, que nada absolutamente nada han tenido que ver en la extensión de dichos documentos, y como consecuencia de ello, ni en la comisión del delito que injustamente se incoo en contra de mi representado, pero deliberadamente, tal como consta de autos, ni el Juez Ad-Quo, la Fiscalía del Ministerio Público, ni el Tribunal Ad-Quen, investigaron ni ordenaron investigar a personas, que es palpable, como se demostró en autos, su participación directa en la comisión del ilícito imputado a mi representado, de manera injusta, pero debió, dirigirse, dicha investigación, bajo la figura legal de HURTO, en perjuicio directo de la Alcaldía Municipal, pues al INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), no se le perjudicó en absoluto, sino que más bien con la transacción comercial, que efectuó, que correspondió a la legalización de dos (2) terrenos, por medio de mi representado, como un Administrador Diligente y celoso, se logró incrementar su patrimonio en una cantidad razonablemente, considerable de dinero.- Luego de ello, mi representado, ESTA EXENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL, de acuerdo a lo previsto en el artículo numero 24 numeral 4 del Código Penal, aplicable a este caso concreto, que contiene, causas de justificación, que “EXIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL”, y que dice: SE HALLAN EXENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL….. QUIEN EJECUTARE UN ACTO POR OBEDIENCIA DEBIDA, SIEMPRE QUE CONCURRAN LAS CONDICIONES SIGUIENTES: A) QUE LA ORDEN EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE Y B) QUE EL AGENTE, TENGA LA OBLIGACION DE CUMPLIRLA, correspondiendo, las definiciones de AUTORIDAD Y AGENTE, respectivamente, de acuerdo al Diccionario Jurídico ABELEDO PERROT, impreso, en la Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, A).- en cuanto al vocablo “AUTORIDAD”, POTESTAD QUE EJERCE UNA PERSONA, EN VIRTUD DEL PAPEL SOCIAL QUE DESEMPEÑA, PUEDE PROVENIR DE LAS MAS VARIADAS SITUACIONES SOCIALES, DESDE UN CARGO PUBLICO A LAS RELACIONES PROVENIENTES DEL DERECHO DE FAMILIA, Y AUN PROVENIR DE LA FUERZA MISMA.- SIN PERJUICIO DE ELLO Y CON INDEPENDENCIA DE LA FUENTE, QUE LA ORIGINE, HABRA SIEMPRE AUTORIDAD EN TODOS LOS CASOS, EN QUE UNA PERSONA (Natural o Jurídica) EJERZA UN PODER O FACULTAD SOBRE OTRAS PERSONAS U OBJETOS MATERIALES, SIN QUE NADA NI NADIE SE LO IMPIDA Y CON PRESCINDENCIA DE SU ILICITUD, EXTRINSECA O INTRINSECA, AUN EN EL CASO DE QUE PROVENGA DE UN SIMPLE ESTADO DE HECHO, y B).En cuanto al vocablo “AGENTE”, DE ACUERDO CON EL SENTIDO ETIMOLOGICO DEL VOCABLO, EL AGENTE ES AQUEL QUE ACTUA, QUE OBRA, CON CAPACIDAD Y CON FACULTADES PARA PRODUCIR EFECTOS JURIDICOS.- EN EL DERECHO PRIVADO, AGENTE ES EL INTERMEDIARIO ENTRE DOS O MAS PERSONAS, QUE TIENEN LA VOLUNTAD DE EFECTUAR UNA OPERACION O NEGOCIO ENTRE SI. Artículo, trascrito, anteriormente, que fue inobservada su aplicación, en este caso concreto, y que, se relaciona, de manera intima, con lo previsto, en los artículos números 18 inciso h y 25 de la Ley constitutiva del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, estableciendo por su orden, “QUE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL INSTITUTO, DE PREVISION MILITAR, ESTA PLENAMENTE FACULTADA PARA AUTORIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES O ACTIVIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA INSTITUCION” Y “QUE EL GERENTE DE IPM, ACTUARA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y TENDRA ENTRE OTRAS LA SIGUIENTES FUNCIONES: A) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA y B) CONCURRIR A TODAS LA SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON VOZ PERO SIN VOTO”, de lo anterior se concluye, sin lugar a duda razonable alguna, que mi representado como Gerente del 1PM, solamente cumplió, con lo que la Ley, del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, establece, es decir, cumplir con las resoluciones de la Junta Directiva, y que al actuar como Secretario de la misma, con voz, pero sin voto, NO PARTICIPA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y POR LO TANTO, NO TIENE RESPONSABILIDAD POR LAS MISMAS.- En consecuencia, tal lo expuesto en este primer motivo de Casación, considero, que se ha violado por aplicación indebida o errónea de los artículos números 240 y 242 No.80, en flagrante inobservancia del artículo número 24 numeral 4, todos del Código Penal, de 1984, aplicable a este caso concreto, en relación con el Artículo número 90 párrafos primero de la Constitución de la República, violentando y conculcándose, el principio fundamental y universal de la justicia, que corresponde al “JURIS PRAECEPTA SUN HAEC, HONESTE VIVERE, ALTERUM NOU LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE” (ESTOS SON LOS PRECEPTOS DEL DERECHO. VIVIR HONESTAMENTE, NO OFENDER A LOS DEMAS, DAR A CADA QUIEN LO SUYO) en razón de lo cual, solicito, que sea admitido éste motivo.” 11.- SEGUNDO MOTIVO. Infracción, por la inobservancia total e indebida del artículo número 360 del Código de Procedimientos Penales, que establece Que: LOS JUECES Y TRIBUNALES, APRECIARAN LAS PRUEBAS, CON SUJECION A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, CONSIGNADAS EN ESTA SECCION, en relación con el artículo número 90 en su párrafo primero, de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación, se encuentra comprendido en el Artículo número 412 número 2° del Código de Procedimientos Penales, que establece: “SE ENTENDERA, QUE HA SIDO INFRINGIDA UNA LEY, PARA EL EFECTO, DE QUE PUEDA INTERPONERSE EL RECURSO DE CASACION:..No.2, CUANDO EN LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS, RAYA HABIDO ERRORES DE HECHO, SI ESTO RESULTA DE DOCUMENTOS, O ACTOS AUTENTICOS, QUE DEMUESTREN LA EQUIVOCACION DEL JUZGADOR, Y NO ESTUVIEREN DESVIRTUADAS, POR OTRAS PRUEBAS”, en relación directa, con el artículo número 360 del Código de Procedimientos Penales, que establece el VALOR JURIDICO DE LA PRUEBA, que constituye, la infracción invocada, en este Motivo, por no haber observado, el Tribunal Sentenciador, en la valoración de la prueba, LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA basados en hechos concretos. EXPLICACION DEL CONCEPTO, DE LA VLJLNERACION QUE CONSTITUYE, EL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION, QUE POR ESTE ACTO SE FORMALIZA. La norma procesal, que se invoca, como infringida, es el artículo número 360 del Código de Procedimientos Penales, que establece, Que: LOS JUECES Y TRIBUNALES, APRECIARAN LAS PRUEBAS, CON SUJECION A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, CONSIGNADAS EN ESTA SECCION”, desde luego que para ello, El Órgano Jurisdiccional, formara su convicción, valorando en forma conjunta y armoniosa, toda la prueba producida, en el proceso, por su parte el artículo número 361, del precitado Cuerpo Legal, señala, que: NO PODRA CONDENARSE A UN ACUSADO, SINO CUANDO SE PRUEBE QUE COMETIO EL DELITO QUE SE LE IMPUTA.-EN CASO DE DUDA, DEBE ABSORVERSELE. De igual forma, el artículo 383 del mismo Cuerpo Legal, regula, la forma de estructurar la Sentencia y el artículo número 382 párrafo primero, prevé, también, “QUE LOS JUECES, O TRIBUNALES, APRECIARAN, LAS PRUEBAS, QUE CONSTEN EN EL PROCESO, LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL FISCAL, EL ACUSADOR Y LA DEFENSA, Y LO MANIFESTADO POR LOS MISMOS PROCESADOS, Y DICTARA LA SENTENCIA, DENTRO DEL TERMINO LEGAL”.- A continuación, se expresaran los hechos tenidos como probados, a los que arribo el Tribunal AD-QUEN, para declarar como probados dichos hechos, justificados según sus expresiones en los hechos probados en su conjunto con arreglo, a las reglas de la sana critica, el valor que se les dio a las pruebas, propuestas y practicadas, oportunamente, durante el proceso, y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios racionales, que concluyó, con la declaración de hechos, tenidos como probados, Es por eso que considero, de vital importancia, para una mejor ilustración y comprensión de este segundo motivo, de Casación, establecer, lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba, en un proceso penal.- Según el artículo número 360 del Código de Procedimientos Penales, establece, como taxativamente, lo ordena, Que: LOS JUECES Y TRIBUNALES, APRECIARAN LAS PRUEBAS, CON SUJECION A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA, en este sentido, el Sentenciador, deberá formar su convicción, valorando en forma conjunta y armónica, toda la prueba producida, con Arreglo a la sana crítica, obligatoriedad ineludible, que taxativamente ordena, el articulo precitado.- Este sistema de valoración, que establece el Código de Procedimientos Penales, le permite al Sentenciador, cierta libertad en la estimación de pruebas, que determine su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Los hechos probados en una Sentencia Penal, que constituye a ciencia cierta, la verdad inobjetable a la que el Tribunal ha arribado, estando sustentados en el acervo probatorio, que se plasma en la fundamentación probatoria, dividiéndose, aquella, en las fases DESCRIPTIVA Y LA INTELECTIVA; en la primera fase, el Tribunal, describe, cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión y en la segunda fase, el Juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece credibilidad o fe y otro no y además de ello, PORQUE UN ELEMENTO DE PRUEBA U OTRO LE LLEVAN A UNA CONCLUSION DETERMINADA.- Sobre esta segunda fase, es que recae el reproche, de este Recurso de Casación, por violación de las reglas de la sana crítica. De acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte, que la violencia a esas reglas, que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de estructuración o fundamentación de la Sentencia, por ello el Legislador, de manera sabia, en el artículo número 383, numeral 30, del Código de Procedimientos Penales, establece dentro de la FUNDAMENTACION DEL FALLO, Que, se consignaran en considerandos, la apreciación, de los hechos que se hubiesen estimados probados, la participación, que en ellos, hubiese tenido cada uno, de los procesados, y la apreciación de las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes, de responsabilidad penal, contenidas en el artículo número 22 del Código Penal, y entre las ultimas, se encuentran comprendidas, las causas, eximentes de responsabilidad penal, siendo evidente, por ello, que en este caso, concretamente, no se efectuó la aplicación procedente, de las CAUSAS DE JUSTIFICACION, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO NUMERO 24 NUMERAL 4°, del Código precitado, desde luego, todo ello, sustentado en la valoración de la prueba.- Las reglas de la sana critica, entonces, constituye la especie dentro del género, conocido como fundamentación. En el Sistema, de la SANA CRITICA RACIONAL, establecida, en el sistema Procesal Penal, aplicable al caso Sub- Judice, en cuanto a la valoración de la prueba, se refiere, impera la plena libertad de convencimiento de los Juzgados y Tribunales, en materia Penal, pero exigiéndoles que las conclusiones, a las que arriben, sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye.- En este sistema el Juzgador, no tiene reglas legales, que le establezcan la forma de darle el valor, que debe consignarse a cada prueba, pero esa libertad tiene límites, en relación a las normas que gobiernan, el desarrollo y la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el Juzgador logra sus conclusiones, sobre los hechos de la causa, valorando con eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, de las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, a la que debe sujetarse en todo caso el Juzgador, en la valoración de las pruebas, según se lo imponen los artículos transcritos, del Código de Procedimientos Penales aplicable, aparecen las características exigidas por dichas reglas, (Denominadas, según FERNANDO DE LA RUA, en la obra (LA CASACIÓN PENAL. EL RECURSO DE CASACION PENAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, como DERIVADAS, según, la cual, la motivación DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE, PARA LO CUAL, “EL RAZONAMIENTO DEBE ESTAR CONSTITUIDO POR INFERENCIAS RAZONABLES, DEDUCIDAS DE LAS PRUEBAS Y DE LA SUCESION DE CONCLUSIONES QUE EN VIRTUD DE ELLAS SE VAYAN DETERMINANDO”. POR ELLO, LAS MOTIVACIONES, DEBEN SER “CONCORDANTES”, A CADA CONCLUCION AFIRMADA O NEGADA, DEBE CORRESPONDER CONVENIENTEMENTE UN ELEMENTO DE CONVICCION DEL CUAL SE PUEDA INFERIR AQUELLA”, concluye, por tal razón y como lo sostiene la Ley, de la razón suficiente, cada elemento probatorio debe de estar sustentado por otros elementos de pruebas, permitiendo que cada probanza, sirva de soporte a otra u otras pruebas.- Resulta evidente, que la Sentencia, que se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta de manera directa en contra de las reglas de la sana critica a observarse, en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados.- En el Proceso Penal, el Tribunal AD-QUEN, considero como HECHOS PROBADOS, entre otros, los siguientes: A).- Que el Señor R. P. B., en los años de 1997 y 1998, fungía como Gerente, del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), que por tal razón, en ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, No.48, celebrada, por la Junta Directiva, de ese Instituto, en fecha 23 de Septiembre de 1997, en punto número sexto, FUE AUTORIZADO, para que efectuara los tramites, correspondientes ante la Corporación Municipal, del Distrito Central, de adquirir, en DOMINIO PLENO, del Inmueble en el que se encuentran ubicadas, las Oficias Administrativas, del I.P.M., y del Comisariato de las Fuerzas Armadas.- Así mismo, según el acta, fue autorizado, para que hiciera los tramites, de la adquisición, mediante un contrato de compra-venta, de los terrenos, que se encuentran adyacentes a las instalaciones del IPM,. y que tiene una extensión de 38,182.00 vrs2, lo anterior se realizaría cancelando todos los impuestos, tasas y otras obligaciones que fueran necesarios, para efectuar dicha transacción, tal como consta a folios números del 13 al 21 de los autos.- Que en el acuerdo No. 2 14-97 en el acta No. 19, de fecha diez de Noviembre de 1997, de la sesión de Corporación Municipal, fue aceptada la propuesta, de ofrecimiento de pago de unos terrenos, ocupados por el IPM, en dominio útil, y que consta en expediente 877-97, ventilado en la Secretaría Municipal, accediendo a la solicitud de DOMINIO PLENO, de unos terrenos con una extensión de 38,181.3518 vrs2, ubicados en la Colonia Godoy y ocupados en DOMINIO UTIL, por el IPM, previo el pago de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 2,200.000.00), Así mismo el acuerdo No. 215-97, contenido en Acta No. 19, de fecha 10 de noviembre de 1997, de Sesión de la Corporación Municipal, se resolvió CON LUGAR, la solicitud de adquisición en dominio pleno, presentada por el Apoderado Legal, del IPM, de un terreno de una extensión de 29,532.1699 vrs2, del cual el IPM, se encuentra actualmente en posesión, en dominio útil, ofreciendo la cantidad de OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (L 800,000.00), valor que fue aceptado, por la Corporación Municipal, por ambos terrenos, Las cantidades del valor fijadas, y según dichos Acuerdos, debían ser pagados en un plazo de cuarenta y ocho horas. Así mismo, se autorizó al Señor Alcalde, para que compareciera ante Notario Público, a suscribir las Escrituras Públicas correspondientes.- Las actuaciones referentes a los acuerdos relacionados y Materialización del otorgamiento de las Escrituras Públicas en dominio pleno, constan plenamente acreditadas en autos. B).- Que de acuerdo a lo expresado por la Corte de Apelaciones, según inspecciones realizadas, en fecha 12 de Septiembre del año 2000, por la Juez Ad-Quo, a las Oficinas de la Alcaldía Municipal, SON CONFORMES CON SUS ORIGINALES.-Las Escrituras Públicas, correspondientes a dichos terrenos, fueron suscritas en los Instrumentos Públicos, No. 102, autorizado por la Notario L. A. S.., en fecha 5 de Diciembre de 1997, y en Instrumento Público No.68, autorizado por el Notario F. A. F., en fecha 18 de Noviembre de 1997, respectivamente, en los cuales, se contiene, que dichos contratos se encuentran exentos del pago de Impuesto de tradición de bienes inmuebles, de conformidad con la Ley de Municipalidades, Instrumentos que de acuerdo, a la inspección ocular, efectuada por la Juez Ad Quo, en fecha 5 de Septiembre del 2000, en las oficinas del Instituto de Previsión Militar IPM, SON CONFORMES A SUS ORIGINALES, constan todos los hechos y actuaciones relacionadas a folios números 229, 251, 259, 335 y del 336 al 428 de los autos. C).- Así mismo, estableció el TRIBUNAL AD- QUEN, que con fechas 18 de Noviembre de 1997, 9 de diciembre de 1997, y 9 de enero de 1998, mi representado, en la condición de Gerente del INSTTUTO DE PREVISION MILITAR (IPM) libró los oficios números, G-IP-No.1333, G-IP-No.1366 y G-IP-No.0028, respectivamente, y en los que solicitaban al Departamento de Ahorro y Depósito a Plazos, del Banco de las Fuerzas Armadas, que ordenara a quien correspondiera, para que debitara en efectivo, de las cuentas de cheques, número 36000-01-9 a nombre del IPM, las cantidades de UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 1,500.000.00), DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.2,500.000.00), y UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 1,250,000.00), las cuales sumaban la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 5,250,000.00), Según los mismos oficios, estas cantidades de dinero, debían ser entregadas en efectivo al Teniente A. B. I. C., dinero que fue entregado en efectivo, tal como se ordenó al Señor A. B. I. C., documentos, cuya autenticidad y existencia, fue comprobada mediante inspecciones, efectuadas, por la Juez Ad-Quo, corriendo, agregados a los folios números 30, 32, 34, 331 y 845 de los autos. D).- Que el Señor R. P. B., manifestó, ante la autoridad Judicial correspondiente, que los CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA ML LEMPIRAS (LPS.5,250.000.00), se retiraron en efectivo, para realizar el pago de los impuestos de bienes inmuebles, que a esa fecha adeudaba, el Instituto de Previsión Militar, a la Comuna Capitalina, acreditando dichos extremos, con los recibos, con membrete de la Alcaldía Municipal, y que en su oportunidad, entrego al Administrador contable del IPM; con números a) 937048 de fecha 27 de noviembre de 1997, con un valor de Lps.363,318.11; b) número 93749 de fecha 27 de noviembre de 1997, por valor de Lps.1,932,030.16, c) número 960006, de fecha 9 de enero de 1998, con un valor de Lps. 1,368,493.25, d) número 937990 de fecha 5 de diciembre de 1997, por un valor de Lps.1,697.883.44 y e) número 937991 de fecha 5 de diciembre de 1997, por un valor de Lps.888,335.10, los cuales, suman la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA LEMPIRAS, CON SEIS CENTAVOS DE LEMPIRAS (LPS5,250,060.06), recibos, que corren agregados a los autos. E).- Así mismo, que prestaron declaraciones, como testigos, los Señores M. V. G. C., ex Secretario Municipal, A. B. I. C., Jefe de Caja del IPM, F. C., F. A., M. J. N. V., y mi representado R. P. B., cuyas declaraciones, entre otras, giraron en torno, a una reunión, en la que, todos ellos, estuvieron presentes y que se llevó a cabo en el IPM, para verificar el cumplimiento del pago convenido, previamente, para la adquisición de los terrenos del IPM, para verificar el cumplimiento del pago convenido, previamente para la adquisición de los terrenos del IPM, en DOMINIO PLENO, así como el pago en efectivo de los impuestos pendientes de pago a la fecha, efectuados al Señor Secretario Municipal, en efectivo, en presencia de los testigos A. B. I. C., F. A., M. J. N. V., y el propio imputado R. P. B., quienes expresaron, que dicho dinero, fue entregado en efectivo, en bolsas negras y con membretes y sellos Bancarios, es decir con sellos de seguridad, tal y como el Banco, de las Fuerzas Armadas, se los había entregado, al Señor A. B. I. C., quien por ser la persona, que tenía, dicho dinero en su custodia directa, en razón del cargo, que desempeñaba, dentro del IPM, fue, quien de manera directa, en presencia de todos los testigos, le entrego, dicho dinero al Señor M. V. G. C., conteniendo en su interior, dichas bolsas, la cantidad de CINCO MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 5,250.000.00). F).- También la Honorable, Corte de Apelaciones Penal, de este Departamento, relacionó, que fueron, incorporadas, las declaraciones indagatorias rendidas, por los Señores M. R. H. P., R. L. L., O. S. M., L. A. V. V., R. R. R., J. C. C. A.., G. P. R., A. R. G., Y M. F. A., personas, que fungían, en la época en que se dieron los acontecimientos, como miembros de la Junta Directiva del 1PM, en sus declaraciones, resumida y básicamente refirieron, que, efectivamente, ellos, en acta de asamblea Extraordinaria, autorizaron, al Ex Gerente del IPM, R. P. B., para que procediera a hacer las gestiones de adquisición en DOMINIO PLENO, de los terrenos ocupados, por el IPM, en dominio útil, a la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, (AMCD), y que fueron informados, que ambos terrenos, fueron adquiridos en DOMINIO PLENO, por la cantidad, ambos de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 3,000.000.00), Así mismo, algunos refirieron, que fueron también informados, por el Coronel P. B., que se le adeudaba a la Alcaldía Municipal, la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 5,250.000.00), por conceptos de pagos atrasados, de Impuestos sobre bienes inmuebles, “POR LO QUE TAMBIEN SE AUTORIZO EL PAGO DE DICHA CANTIDAD”, añadiendo que ignoraban la forma, en la que se había efectuado dicho pago, pues esa diligencia, le correspondía al Administrador del IPM, constan dichas, declaraciones, a folios del 1355 al 1365 de los autos, G).- Así mismo las declaraciones de los testigos V. M. A. E., (folio 1103), quien manifestó, que escuchó, cuando el Abogado A., le dijo al acusado (refiriéndose a R. P. B.), que no decía nada, sobre la entrega del dinero, en presencia Judicial, porque no quería involucrase en los hechos, J. L. N. B. (Folio 1075), quien refirió, que el ABOGADO A., expuso ante la Junta Directiva del IPM, que para adquirir el DOMINIO PLENO, de los terrenos ocupados, por el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), tenía que cancelar los Impuestos adeudados a la Alcaldía Municipal, por el IPM, y que si el pago se enteraba en efectivo, no se los embargaría a la AMDC, esto porque en aquella época, la Alcaldía Municipal, del Distrito Central, enfrentaba, sendas Demandas de pago, y crisis, económica profunda, y se corría el riesgo, que, de efectuar los pagos mediante cheques, los que obviamente, serian depositados en su cuenta, (de la Alcaldía Municipal), que dicha cantidad podría ser embargada. H).- Finalmente, que el Señor L. A. G., quien fungió, como AUDITOR DEL IPM, refirió, que por parte de AUDITORIA INTERNA, DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), no existió ningún reparo para el ex Gerente P. B., por la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250.000.00), así como tampoco elaboró informe, reparando acciones relacionadas, con el pago de dicha cantidad de dinero. I).- Que el Perito, Señor V. M. M. M., concluyó, de manera categórica, en su dictamen pericial, para el cual fue nombrado con las solemnidades de Ley, por el Juzgado instructor, que los recibos números 937048, 93749, 960006, 937990 y 937991, SON AUTENTICOS O IGUALES, a los utilizados por la Tesorería Municipal, tomando en cuenta, la forma, sello de la Tesorería y la impresión del facsímil, que, dichos recibos, son originales, e iguales a los usados, por la AMDC., y que no existe ninguna duda, al respecto, y finalmente relaciono dicha Corte, Que se tuvo a la vista, el expediente No.747, presentado en fecha DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL (2000), incoado, ante la AMDC, por el Abogado R. Z., y contentivo de una acción de reclamo, administrativo, para la restitución o devolución de la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.250.000.00), más los intereses legales correspondientes, pago que era improcedente, e indebido y que se hiso por un error involuntario de su representado, en vista de que el IPM, está exento de pago de impuestos, de acuerdo al artículo número 79 de la Ley de Previsión Militar, (Folios 267 y 268 de los autos, es decir, que con dicha reclamación se efectuó la devolución del pago indebido, efectuado, por el IPM, en la administración de mi representado, porque así constaba registrado contablemente, acreditando, con esta gestión administrativa, que efectivamente, el pago de la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS.5,250.000.00), se efectuó a la Alcaldía Municipal, por medio del Señor M. V. G. C., en la condición de funcionario Municipal, delegado expresamente para ello. Todos los hechos, TENIDOS COMO PROBADOS, derivaron razonablemente de las pruebas presentadas en Juicio, ya que con la finalidad de acreditar los hechos que se desarrollaron, la parte acusadora aporto, MEDIOS DE PRUEBAS, con los cuales, no pudo por ningún medio, confiable y razonable, enervar el estado de inocencia de mi representado, es decir que el Tribunal AD-QUEN, no obstante, haber considerado y relacionado los hechos, que tuvo como probados, con los cuales es lógico, que se exonera de toda Responsabilidad Penal, a mi representado, tal como consta de autos, de manera contradictoria, partió, directamente de suposiciones y conjeturas, como verdaderas e inobjetables, sustentadas en contraposición a las pruebas fidedignas aportadas durante el proceso, efectuando conclusiones alejadas de la realidad, es decir inventadas a su libre albedrío, por no existir, prueba en contrario, en relación precisamente, de los hechos, que, el mismo Tribunal, tubo, como probados, de manera inobjetable, es decir vulnero el DEBIDO PROCESO, establecido, como Garantía, en el artículo número 90 párrafo segundo de la Constitución de la República, así como lo que establece el artículo número 361 del Código de Procedimientos Penales, que prevé, de manera meridiana, Que: NO PODRA CONDENARSE A UN ACUSADO, SINO CUANDO, SE PRUEBE, QUE COMETIO EL DELITO, QUE SE LE IMPUTA, EN CASO DE DUDA DEBE ABSOLVERSELE, concluye, de ello fácilmente, se colige, que no valoró en su conjunto, de manera armónica, todas las pruebas, es decir que únicamente, tomo en cuenta, las pruebas de cargo y no las de descargo, al momento de emitir el fallo, correspondiente, mediante el HECHOS PROBADOS, que por sí solos, demostraron, la inocencia de mi representado. Sustentó, el fallo recurrido, el Tribunal AD-QUEN, sin observar, los medios de pruebas, en su conjunto, sin razonar o considerar y en evidente, contraposición a la SANA CRITICA, que es el segundo motivo, de este Recurso, y que esboza el Juzgador en la relación de la sentencia recurrida y constituyen a la vez legalmente, un hecho inobjetable de DUDA RAZONABLE (IN DUBIO PRO REO), que debió ser apreciada de acuerdo a la Ley, por parte del Juzgador, ya que esta figura legal, tiene importancia singularísima, en el Derecho sustantivo Penal, por cuanto, LA DUDA, ha de resolverse siempre a favor del imputado, y porque, en lo adjetivo o procesal, la duda acerca de la conducta, de las personas, origina, la sospecha, da nacimiento al indicio de culpabilidad, orienta la investigación y justifica la parte investigativa o intermedia, en el caso de autos, habida cuenta y ser evidente la existencia, de varias contradicciones y de DUDA RAZONABLE, debió el Juzgador, Absolver de toda responsabilidad penal, al indiciado, tal como lo establece el artículo número 361 del Código de Procedimientos Penales, aplicable a este caso de manera concreta, por estar exento mi representado, de RESPONSABILIDAD PENAL, de acuerdo a lo previsto, en el artículo numero 24 No. 4 del Código Penal. De acuerdo a todo lo actuado, durante el proceso, desarrollado, no existe el delito imputado, a mi representado, por disposiciones expresamente establecidas tanto, en la Ley, procedimental Penal, y en la Constitución de la República, por no concurrir los presupuestos legitimadores, necesarios para condenar a un imputado, razón, por lo cual, no puede quebrantarse o enervarse la presunción de inocencia, de mi representado, ya que, como anteriormente exprese y reitero, con las pruebas aportadas por la Fiscalía del Ministerio Público, como ente acusador, no se logró probar, ni aparece de ninguna manera, claramente establecido en autos, la comisión del delito imputado al mismo, consecuentemente el nexo causal o lógico que liga el hecho mediato y el inmediato, necesariamente tiene que ser fruto de un proceso inductivo racional, no de simples suposiciones, de tal manera, que nadie puede ser condenado, sobre la base de un proceso de inferencia que solo ofrezca como así pareció ofrecer el presente caso, meras sospechas o simples conjeturas, pues no existe cargo concreto que fundado en plenas pruebas desquicie el estado de inocencia, de mi representado, lejos de ello, más bien con las pruebas, periciales, documentales y testifícales allegadas al proceso, a instancias de la defensa privada del imputado, se ha demostrado de manera objetable, su inocencia, recapitulando, la que se encuentra, tutelada en el artículo número 24 numeral 4º del Código Penal aplicable. Consideramos, que por todas las razones expuestas, debe absolverse de toda responsabilidad penal, a mi representado, en virtud de que no se le respetó, el derecho que tiene al debido proceso, que debe considerarse obligatoriamente, como garantía, en toda causa penal, siempre en favor del imputado, garantía, que está contenida, en el párrafo primero del articulo número 90 de la Constitución de la República, que no es otra cosa, que, la imperatividad directa e incondicional, que impone al operador de Justicia, la obligatoriedad de desarrollar el proceso, dentro del principio de la legalidad, conforme al ordenamiento Jurídico impuesto por el Código de Procedimientos Penales, sin que sea viable, en ningún momento, la aquiescencia o el consentimiento de las partes para variar el formalismo o la tolerancia, frente a actos realizados en menoscabo de tales normas, por lo cual, consideramos, que todo absolutamente todo, lo actuado, por el Tribunal AD-QUEN, constituye, una irregularidad, defecto procesal fuera de Ley, siendo por ello, quebrantador de la esencia de la estructuración del procedimiento, en detrimento directo del imputado, como consecuencia, de ello, se evidencia trasgresión total, del principio Constitucional del DEBIDO PROCESO, el que evidentemente no se ha respetado, en este caso concreto, por no existir, el delito imputado, a mi representado, ya que de la simple lectura, de la Sentencia recurrida, se evidencia, el ultraje a los derechos y garantías, por disposiciones expresamente establecidas tanto, en la Ley, Procedimental Penal, aplicable, y en la Constitución de la República, por no concurrir, a la vez, los presupuestos legitimadores, que se establecen, como necesarios, para emitir una SENTENCIA CONDENATORIA, razón por lo cual no puede quebrantarse o enervarse la presunción de inocencia, de mi representado, en virtud, de no haberse valorado en su conjunto toda la prueba aportada, las mismas, es decir no las tomo en cuenta, el Tribunal, Sentenciador, al momento de emitir el fallo correspondiente, no obstante, haber tenido como probados hechos, que eximen absolutamente, de toda responsabilidad penal, a mi representado, asimismo no se consideró en el fallo, objetado, las declaraciones de los testigos de descargo, quienes fueron contestes, sustentando, más bien, el fallo, recurrido, el Tribunal ABQUEN,, sin considerar las reglas de la sana crítica, en este caso concretamente, consideramos, que es procedente, admitir, este segundo motivo, y como consecuencia de ello, se anule la Sentencia recurrida, y se ordene, al Juez Ad-Quem, que emita un fallo absolutorio, a favor del encausado, ya que la inobservancia de estos hechos, de vital importancia, establecen la contraposición a la SANA CRITICA, que es el motivo segundo, invocado en este Recurso, y que esboza el Juzgador en la relación de la sentencia recurrida.” CONSIDERANDO: Que mediante proveído de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, se tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado J. F. Z. C., en su condición indicada, por lo que se dio traslado de los autos al Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen, haciéndolo dicho funcionario en fecha diecinueve de enero de dos mil quince, de la siguiente manera:” III. OPINIÓN: Por las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del presente Recurso en su Primer y Segundo Motivo.” CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que reunidos los requisitos de ley se pronunció Sentencia admitiendo el Recurso de Casación en sus dos motivos. CONSIDERANDO: El recurrente planteó en el Primer Motivo de Casación que el Tribunal Ad-quem aplicó indebidamente el Precepto Penal Sustantivo contenido en los Artículos 240 y 242 numeral 8 del Código Penal; en el Segundo Motivo expone el Reclamante que el mismo juzgador infringió por inobservancia total e indebida el Artículo 360 del Código de Procedimientos Penales. CONSIDERANDO: El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales Ad-quem, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la Norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente Jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los Hechos Probados fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la Sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). La Casación por Infracción de Ley, tiene como presupuesto ineludible el Principio de Intangibilidad de los Hechos fijados en la Sentencia Recurrida, estableciendo que el Recurso de Casación fundado en ese motivo, sólo procede para corregir el Derecho, de suerte que las cuestiones de hecho escapan al control jurisdiccional del Tribunal de Casación. En consecuencia, al conocerse de un Recurso donde se denuncia la Infracción de Ley por Aplicación Indebida de algún Precepto Penal de carácter sustantivo, es fundamental confrontar los Hechos Declarados Probados, con la norma que se invoca indebidamente aplicada, a efecto de determinar si era o no factible emplearla. Tratándose de un Recurso de Infracción de Ley que por su naturaleza va encaminado al control de Legalidad sustantiva al revisarse que no exista error in iudicando para poder corregir tanto la inobservancia como la errónea aplicación de la ley sustantiva, resulta necesario entonces determinar si es correcta o no la Calificación Jurídica efectuada por el Ad-quem. CONSIDERANDO: En el Primer Motivo de Casación por Infracción de Ley, se denunció la Aplicación Indebida del Artículos 240 del Código Penal, que reza así: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”. De igual forma el Artículo 242 Numeral 8 de mismo cuerpo legal refiere: “Incurrirá en las penas del Artículo anterior: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… 8) Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido.” En relación al Artículo 240 del Código Penal que denunció el Recurrente y que se refiere al delito de Estafa, esta norma no tiene relación alguna con el presente proceso, pues el imputado no fue sentenciado por este delito, sino mas bien por Apropiación Indebida (242 numeral 8 del Código Penal) y Falsificación de Documentos Públicos (Artículo 284 y 289 del Código Penal) vistos en concurso ideal; por tanto la Sala no realizara ninguna otra referencia sobre el delito de Estafa. Ha denuncia igualmente el Censor la Aplicación Indebida del Artículo 242 numeral 8 del Código Penal –Apropiación Indebida-, que ha sido una de las Normas Penales que utilizó el Ad-quem para determinar la responsabilidad del imputado en los hechos acusados; ahora bien es criterio de esta Sala Penal, que desde el momento en que el Tribunal de Casación resuelve un Recurso de Casación por Infracción de Ley, procede a analizar la Fundamentación Fáctica de la Sentencia, realizando una revisión total y sistematizada de los mismos, por tanto tiene la posibilidad de revisar la totalidad de los hechos, así como las normas utilizadas por el Ad-quem; en el presente caso no sólo lo referente al delito de Apropiación Indebida, sino que también a la Falsificación de Documentos que ha establecida el Ad-quem en concurso ideal; y esto es debido al Principio Pro-Homine que establece que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, que contempla el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como el Derecho de Defensa consignado en la Constitución de la República en el Artículo 82 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 8; por tanto procederemos a revisar la totalidad de los Sucesor Probados. CONSIDERANDO: Los Hechos Probados establecen que: “….Que el 23 de septiembre de 1997, la junta directiva del Instituto de Previsión Militar (IPM) resolvió en sección extraordinaria N° 048, autorizar al Gerente General para que efectuara trámites ante la Corporación Municipal del Distrito Central, para adquirir en dominio pleno un inmueble en donde se ubican las oficinas administrativas del IPM, del Comisariato de las Fuerzas Armadas y la adquisición de varios terrenos adyacentes. El imputado R. P. B. quien fungía como Gerente General del IPM ordenó al departamento de ahorro y deposito del Banco de las Fuerzas Armadas debitar de la cuenta 36000-01-9 las cantidades de 1,500.000.00, 2,500.00, 1250,000.00 Lempiras, ordenando que dicho pago debería hacerse en efectivo al señor secretario de la comuna capitalina. Que obra en autos los recibos originales de la Alcaldía Municipal, los cuales justifican el pago de bienes inmuebles sin especificar cuáles, además que los datos en el contenido de los recibos no son acordes con los requisitos que deben reunir dichos recibos….” Ante tal declaración de Hechos Probados, considera necesario este Tribunal de Casación, explicar en qué consiste el delito de Apropiación Indebida y cuáles son los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal. La característica básica del delito de Apropiación Indebida es el castigo de la administración desleal del patrimonio ajeno con abuso de la confianza que en el depositario se ha puesto, transmutándose, unilateralmente por el autor, el título posesorio legítimamente iniciado por cualquier relación jurídica habilitadora para ello, en propiedad ilegítima, siendo sus elementos característicos los siguientes: a) Que el Sujeto Activo se halle en posesión legítima del dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial; b) Sujeto Pasivo será el propietario que voluntariamente accedió a trasladar la posesión al sujeto activo, con la provisionalidad o temporalidad determinada por la relación jurídica que media entre ambos; c) Que se trate de un Acto o Negocio Jurídico que origine la entrega al sujeto activo del objeto depositado con obligación de devolución por el poseedor al propietario, entendiéndose como supuestos más habituales, el depósito, comisión, administración, comodato, arrendamiento de obra o servicio, en definitiva cualquier título que tramita la posesión y no la propiedad e imponga la obligación de reintegro; d) La acción viene determinada por el Aprovechamiento Abusivo de la confianza latente en el negocio base y traicionando tal lealtad, conculcando las obligaciones emanantes de la relación jurídica generadora, pervierte y cambia la posesión originaria en propiedad abiertamente antijurídica, hostilmente lesiva para quien aguarda la entrega, asumiendo facultades de disposición que sólo al propietario competen, incorporándolo a su patrimonio, en provecho propio; e) Doble resultado de enriquecimiento del sujeto activo o empobrecimiento o perjuicio patrimonial del sujeto pasivo; f) Ánimo de Lucro que preside e impulsa toda la actuación del individuo y que consiste en la intención de obtener cualquier ventaja, utilidad o beneficio, incluso la finalidad meramente contemplativa o de ulterior beneficencia o liberalidad. En la configuración del delito de Apropiación Indebida pueden distinguirse dos etapas diferenciadas, la primera se concreta en una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo recibe en calidad de depósito, comisión o administración, o por cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble, recepción presidida por la existencia de una convenida finalidad específica de devolución o bien de empleo en un destino determinado, es decir, de entrega de un tercero o terceros para cumplir la finalidad pactada. En la segunda etapa el agente transmuta esa posesión legítima (o propiedad afectada a un destino, en el caso de bienes fungibles), en disposición ilegítima y abusando de la tenencia material de los bienes y de la confianza recibida, dispone de ellos, los distrae de su destino o niega haberlos recibido, es decir, se los apropia indebidamente, en perjuicio del depositante, comitente, dueño o persona que debería percibir los bienes u obtener la contrapartida derivada de su destino pactado. El dolo debe abarcar todos los elementos típicos, en particular, el haber recibido la cosa en virtud de un título que produzca la obligación de entregarla o devolverla, y además debe concurrir una voluntad de apropiación o animus rem sibi habendi (elemento volitivo)[1]. CONSIDERANDO: Respecto al delito de Falsificación de Documentos Públicos y Uso de Documentos Falsos, que fueron observados por el Ad-quem como un concurso Ideal con el delito de Apropiación Indebida, consideramos necesario también establecer los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal. En su desarrollo histórico, la sociedad ha creado signos, señas, claves y registros de manifestaciones humanas a los que ha atribuido un significado de fuerza de verdad y/o legitimidad, y que han permitido entablar y agilizar una serie de relaciones humanas con la confianza necesaria entre las partes interesadas y frente a terceros, esa confianza es la Fe Pública; esos signos, señales, claves y registros de manifestaciones humanas, representan una verdad formal de la que hacen prueba, permitiendo su tráfico entre las relaciones personales al amparo del crédito atribuido a éstos, es pues que sin la fe pública no existiría esa confianza y las relaciones sociales se verían atrofiadas por la falta de credibilidad, generando desconfianza entre los semejantes, incertidumbre, falta de seguridad jurídica y en general. desorganización social. La significancia atribuida a los signos, señas, claves y registro de manifestaciones humanas puede derivar de la fe pública social o de la fe pública estatal: la primera tiene su amparo a la buena fe de los individuos en sus relaciones sociales en los que no tiene intervención el Estado, mientras la segunda tiene su amparo ya sea porque el Estado haya autorizado a particulares para dar fe sobre hechos, actos o convenciones realizadas por miembros de la sociedad en pro de sus intereses personales o porque sea el propio Estado el encargado de la elaboración de esos signos, claves, señales y registros de manifestaciones humanas por conducto de sus funcionarios a los que inviste de fe pública por delegación de la ley. Para efecto de proteger la Fe Pública, el legislador ha creado una serie de tipos penales en pro de defensa de éste bien jurídico, a los que agrupa en el título IX del Libro Segundo del Código Penal, entre los cuales se encuentra la Falsificación de Documentos Públicos y el Uso de Documento Falso, contenidos en los artículos 284 y 289 respectivamente, lo que obliga a estudiar quienes son funcionario público, que es un documento, cuando es de carácter público y cómo puede ser objeto de falsificación; 1) Se consideran funcionario públicos los comprendidos en el artículo 393 del Código Penal; 2) Documento en general es todo aquello en donde queda plasmado una expresión humana, explicando Cuello Calon1, que para efectos legales deberá de reunir los siguientes elementos: a) Ha de ser Escrito: Confeccionado con caracteres alfabéticos, numéricos o taquigráficos, aptos para expresar el pensamiento humano y que puedan ser explicados e interpretados por otros; b) Ha de estar escrito en cosa mueble; c) Autor Identificado o Identificable; y d) Apto para producir efectos jurídicos; 3) Son documentos públicos aquellos que determina el Código Procesal Civil en su artículo 2712; 4) El documento público puede ser adulterado por la falsificación material o por la falsedad ideológica: a) La Falsificación material acontece cuando existiendo de previo un documento público legítimo se procede a alterar el mismo agregando, borrando o cambiando datos contenidos en él, de modo que sufra modificación en su sentido o significado; b) La Falsedad Ideológica puede producirse de dos maneras: i) Por Veracidad: Cuando en la confección del documento público, el funcionario público encargado de su elaboración agrega, omite o tergiversa datos distintos a la realidad, cambiándole el significado o sentido del documento; ii) Por Legitimidad: Cuando el documento que es considerado de carácter público por suponer estar dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil, en realidad haya sido confeccionado por una persona distinta al funcionario público autorizado por la ley. Los conceptos anteriores están comprendidos en el tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos indicando el artículo 284 del Código Penal que “Será sancionado con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1) Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rubrica; 2) Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido; 3) Atribuyendo a las que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho; 4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos; 5) Alterando las fechas y cantidades verdaderas; 6) Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido; 7) Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original; 8) Intercalando indebidamente cualquier escritura en un protocolo, registro o libro oficial; y 9) Destruyendo, mutilando, suprimiendo u ocultando un documento.” Son elementos objetivos del tipo penal en cuestión: a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b) Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras como guardador de la fe pública estatal; c) Objeto material del delito es un documento de carácter público, catalogado así por estar comprendido dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso hacer en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero; d) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, descrito en el tipo penal mediante nueve supuestos de hecho, cada uno constitutivo de un delito independiente: Los supuestos de los numerales 1, 5, 6 y 8 están dentro de las falsificaciones materiales, los supuestos de los numerales 2 y 3 están dentro de la falsedad ideológica, los supuestos de los numerales 4 y 7 pueden ser cometidos de ambas maneras, y el supuesto del numeral 9 en realidad no se ajusta al concepto de falsificación material o falsedad ideológica, sino que implica la destrucción total o parcial de dicho documento, así como su ocultamiento, que se castiga bajo la pena indicada en el artículo 284 del Código Penal; e) La Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción principal de tres (3) a nueve (9) años de reclusión, a la que debe de sumarse la inhabilitación absoluta de dos (2) a diez (10) años cuando se trate de un delito de falsificación material o falsedad ideológica por veracidad de un documento público cuya autoría sea de un funcionario público quien lo haya ejecutado con abuso de su cargo, que no es más que el documento haya sido confeccionado con ocasión del ejercicio del cargo público, conforme lo ordena el artículo 290 del Código Penal. Como acotación adicional debe de mencionarse que es aplicable el artículo 290 del Código Penal al Notario Público quien para efectos penales también es un funcionario público, al realizar una función por delegación del Estado, quien en definitiva es el originario de la fe pública, debiendo ajustar su actuar a las directrices del Estado y someterse a su supervisión, a través de la Contraloría del Notariado del Poder Judicial, conclusión que se desprende del artículo 1 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, 2, 3 y 5 del Código del Notariado y 393 del Código Penal. Como elemento subjetivo el tipo penal de falsificación de documentos públicos es el dolo falsario consistente en la conciencia y voluntad de representar como verdadero algo que no lo es (Ver sentencia del 11 de junio del 2009 en Exp 040-2008). Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos: A) Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Compuesto: Ya que describe varios modelos de comportamiento, cada uno capaz de configurar un delito independiente; B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la falsificación de documento público; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal cerrado porque los supuestos de hecho determinan con precisión las circunstancias típicas, de tal manera que las conductas prohibidas se desprende con claridad en los nueve numerales de la norma; C) Según el Sujeto Activo: i) Uní-subjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la fe pública; ii) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. Como delito relacionado a la Falsificación de Documentos Públicos, encontramos el delito de Uso de Documento Público Falso, contenido en el artículo 289 del Código Penal que establece que constituye delito cuando una persona teniendo conocimiento previo de la falsedad de un documento público, hace uso de él en el tráfico jurídico, es pues que para la existencia de este delito debe de concurrir los siguientes requisitos: 1) Existencia previa de un documento público falso, en los términos de los artículos 284 del Código Penal; 2) Que el autor del delito tenga conocimiento previo respecto a la falsedad del documento público (Elemento subjetivo); 3) Que el documento público sea utilizado en el tráfico jurídico inherentes a las relaciones sociales; y 4) Que el autor del uso de documento público falso no haya tenido participación alguna en la falsificación del documento público. CONSIDERANDO: Este Tribunal de Casación es del criterio que según el relato de Hechos Probados que el Ad-quen aceptó y consideró, éstos no se subsumen, no encajan en los tipos penales de Apropiación Indebida, Falsificación de Documentos Públicos y Uso de documentos falsos, tipificados en los artículo 242 numeral 8, 284 y 289 del Código Penal, y lo procedente es decretar una Sentencia Absolutoria en el presente caso. Por tales motivos es procedente declarar Ha Lugar este primer Motivo de Casación. CONSIDERANDO: La Sala de lo Penal no se pronuncia sobre el segundo motivo de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Recurrente, toda vez que ha prosperado el primer motivo con las repercusiones legales correspondientes. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 96, 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 preámbulo y numeral 2, 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, 927, 928 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; 242.8, 284, 289 del Código Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: 1) Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Primer Motivo interpuesto por el Abogado J. F. Z. C. en su condición de Apoderado Defensor del imputado R. P. B. en la causa que se le siguió por los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de INSTITUTO DE PREVISION MILITAR y LA FE PUBLICA; en consecuencia, casa la Sentencia de Fecha Nueve de octubre del dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que acto continuo y por separado se dicte la Sentencia que corresponda sobre los extremos respecto de los cuales ha recaído la casación. Redactó el Magistrado EL MAGISTRADO ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve (19) de Enero del dos mil dieciséis (2016). VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha uno de diciembre de dos mil catorce, por el Abogado J. F. Z. C., mayor de edad, hondureño, con carnet del colegio de Abogados de Honduras 6468 con Despacho Profesional y domicilio en la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, sita dos cuadras al Oeste de la Iglesia Católica “Cristo Rey”, en su carácter de Apoderado Defensor del Señor R. P. B., en relación a la Acusación interpuesta en fecha treinta de agosto de dos mil, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado M. S., mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en contra de los señores R. P. B., mayor de edad, hondureño, de este domicilio, por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA FÉ Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y de los señores M. R. H. P., R. L. L., O. S. M., L. A. V. V., R. R. R., J. C. C. A., G. P. C., A. R. G. Y M. F. E. por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- El Recurso de Casación se interpuso en contra del fallo emitido en fecha nueve de octubre de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Penal, del Departamento de Francisco Morazán, que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado J. F. Z. C., en su condición de Defensor Privado del señor R. P. B., contra la sentencia definitiva condenatoria de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la manera siguiente: “FALLA: 1.-) CONDENANDO en concurso ideal al imputado R. P. B., de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia a la pena de reclusión de NUEVE (9) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio del INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR, misma que deberá de cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Establecimiento Penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario, mas una multa de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (Lps 525,000.00) que equivale al diez por ciento del valor apropiado; 2.-) Asimismo se le condena a las Penas Accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo que dure la condena; 3.-) Siendo que el imputado en mención se encuentra gozando de medidas alternas a la Prisión Preventiva, requiera en legal y debida forma a través del receptor del Despacho, con el objeto de notificarle el presente proveído y sea remido a la Penitenciaria Nacional a fin de que cumpla el presente fallo condenatorio. CONSIDERANDO: Que en Sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, aceptó los Hechos Estimados y Declarados Probados por el A-Quo quién los redactó de la manera siguiente:”PRIMERO: Que en fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la junta directiva del Instituto de Previsión Militar, resolvió en sección extraordinaria número 048 autorizar a la Gerencia General de dicho instituto para que efectuara los trámites correspondiente ante la Corporación Municipal del Distrito Central, para adquirir en dominio plano el inmueble donde están ubicadas las oficinas administrativas del Instituto de Previsión Militar y el edificio en el cual funcionaba el Comisariato de las Fuerzas Armadas, cuya dimensión es de 29,525.66 varas cuadras, asimismo la adquisición de los terrenos adyacentes a la instalaciones del Instituto de Previsión Militar.- SEGUNDO: Que en la fecha antes relacionada el imputado R. P. B., fungía como Gerente General del Instituto de Previsión Militar, y este ordenó al Departamento de Ahorro y Depósito del Banco de las Fuerzas Armadas debitar de la cuenta número 36000-01-9 las cantidades de Un Millón, Quinientos Mil, Dos Millones Quinientos Mil, y Un Millón Doscientos Cincuenta Mil lempiras respectivamente, ordenando que dicho pago debería de hacerse en efectivo al Señor secretario de la Comuna Capitalina en ese entonces.- TERCERO: Que obra en autos los recibos originales de la Alcaldía Municipal números 96006, 937991, 937990, 937048, 937049, 960005, 937047, 937050, 937986, 937992, los cuales justifican el pago de bienes inmuebles son especificar cuáles, además que los datos en el contenido de los recibos no son acordes con los requisitos que deben de reunir dichos recibos”. CONSIDERANDO: Para esta Sala de lo Penal y conforme se encuentran redactados los sucesos probados, los mismos no encajan y tampoco son armónicas con el Tipo Penal de Apropiación Indebida, que regula el Artículo 242 numeral 8 del Código Penal, pues no se cumplen con todos los elementos objetivos necesarios para su concreción, entre ellos el Aprovechamiento Abusivo de la confianza, el Enriquecimiento del sujeto activo y el ánimo de lucro; el Ad-quem establece como probado que esa gestión ante la comuna capitalina no fue una decisión personal del imputado, sino que fue una orden emitida por la Junta Directiva del IPM; tampoco se declara como probado que el imputado R. P. B. haya recibido personalmente esas cantidades de dinero, pues según la fundamentación fáctica obra en autos los recibos originales con los cuales “JUSTIFICAN EL PAGO DE BIENES INMUEBLES” en tal sentido, si las cantidades de dinero que ordenó la Junta Directiva del IPM para que el imputado lo retirara y así adquiriesen el dominio de varios terrenos se encuentran JUSTIFICADOS, no existe enriquecimiento del sujeto activo y mucho menos la intención de obtener cualquier ventaja, utilidad o beneficio por parte del imputado, en ese orden de ideas los hechos probados no se subsumen en el tipo penal de Apropiación Indebida. Al analizar los Hechos Probados, se puede observar que tampoco aparecen en ellos los elementos objetivos del delito de Falsificación de Documentos Públicos y el Uso de Documentos Falsos, pues la propia fundamentación fáctica establece que los recibos presentados por el imputado para justificar los valores de dinero retirados, son RECIBOS ORIGINALES de la alcaldía municipal, y que los datos del contenido no son acordes con los requisitos que deben reunir, pero no se plasma en ellos que hayan sido falsificados o adulterados en forma alguna por el acusado, pues los hechos probados deben ser totalmente claros y específicos, así las cosas, observa este Tribunal de Casación que la Fundamentación Fáctica tampoco se conforman los elementos objetivos y subjetivos de estos delitos; y por tanto, tampoco se justifica la aplicación del concurso ideal considerado por el Ad-quem. CONSIDERANDO: Concluimos por tanto, que al aplicar el Ad-quem equívocamente los Preceptos Penales de los delitos de Apropiación Indebida, Falsificación de Documentos Públicos y Uso de Documentos Falsos, no encajándolo así con el cuadro fáctico de su Sentencia, incurrió en infracción a ley sustantiva, por lo que este Alto Tribunal deviene en la obligación de enmendarlo dictando la Sentencia que en derecho corresponde, que en el presente caso es el dictado de una Sentencia Absolutoria a favor del señor R. P. B.. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 242.8, 284 Y 289 del Código Penal; 410, 411, 412 preámbulo y numeral 2, 418, 420, 428, 429 numeral 3 y 430 del Código de Procedimientos Penales; 915, 927, 928 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: UNICOS: ABSOLVER de toda Responsabilidad Penal al señor R. P. B. de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de INSTITUTO DE PREVISION MILITAR Y LA FE PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación de las tres Sentencias se remitan las diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la primera sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil quince y segunda y tercera sentencias de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, recaídas en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-487-2014.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase. Sentencia de Casación Penal N° 85-2009 dictada por la Sala de lo Penal de fecha 02 de noviembre del 2011.