Sentencia CP-473-15 — Registro 6393
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Militar, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno. Esta sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 8 numeral 2, de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en alguno de los artículos 332- A, y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de favor rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. En consecuencia esta Sala declara con lugar el motivo de casación por infracción de ley invocado por el recurrente.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, veintiocho de julio del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez quien actúa como coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS la siguiente sentencia en el recurso de casación SP-473-2015 por infracción de ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de enero de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual: PRIMERO: Absolvió al señor F. J. G. V. del delito de Portación ilegal de arma de fuego de uso militar, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: No se declaró la responsabilidad civil del señor F. J. G. V. TERCERO: No procedió condenar en costas al señor F. J. G. Vallejo. CUARTO: Mantener al señor F. J. G. V. la medida cautelar distinta a la prisión preventiva hasta que la presente sentencia adquiera el carácter de firme. SON PARTES: la abogada D. L. H. R. en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la abogada F. G. G. W. en su condición de defensora pública del acusado F. J. G. V. como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal después de analizados y valorados los medios probatorios evacuados por las partes procesales durante el debate declara probado: PRIMERO: El día viernes veintidós de abril del año dos mil once, aproximadamente a las diez de la noche, los policías L. C. y H. M. recibieron una llamada telefónica de la Central de Comunicaciones, informándoles que se desplazaran a inmediaciones del Instituto José Cecilio del Valle de la ciudad de Choluteca, donde se encontraban personas armadas. SEGUNDO: Cuando los policías se conducían al lugar indicado, a inmediaciones del negocio comercial denominado “Pollolandia” encontraron a dos personas sospechosas, a quienes requirieron para realizarles un registro personal; al percatarse de eso los sospechosos salieron corriendo en direcciones opuestas. TERCERO: Los agentes comenzarán a darles persecución, logrando dar captura a uno de ellos quien se identificó como F. J. G. V., procediendo a realizar un registro personal a sus pertenencias, encontrándole al lado derecho de su cintura un arma de fuego de fabricación artesanal “chimba” y un cartucho calibre l2mm de color amarillo percutado. Una vez realizado lo anterior procedieron a ponerlo a la orden de la autoridad competente. CUARTO: El arma decomisada se envió al Laboratorio de Balística de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, obteniéndose mediante dictamen número 1671-2011 elaborado por el perito J. C. A., que el mecanismo de acción del arma es de impacto, comprobando además, su buen estado de funcionamiento mecánico y operativo.” III. RECURSO DE CASACIÓN: “EL RECURRENTE ABOGADA D. L. H. R., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado los hechos siguientes: “PRIMERO: El día viernes veintidós de abril del año dos mil once, aproximadamente a las diez de la noche, los policías L. C. y H. M. recibieron una llamada telefónica de la Central de Comunicaciones, informándoles que se desplazaran a inmediaciones del instituto José Cecilio del Valle de la ciudad de Choluteca, donde se encontraban personas armadas. SEGUNDO: Cuando los Policías se conducían al lugar indicado, a inmediaciones del negocio comercial denominado “Pollolandia” encontraron a dos personas sospechosas, a quienes requirieron para realizarlos un registro personal; al percatarse de eso los sospechosos salieron corriendo en dirección opuesta. TERCERO: Los Agentes comenzaron a darles persecución, logrando dar captura a uno de ellos quien se identificó como F. J. G. V., procediendo a realizar un registro personal a sus pertenencias, encontrándole al lado derecho de su cintura un arma de fuego de fabricación artesanal “chimba” y un cartucho calibre l2mm de color amarillo percutido. Una vez realizado lo anterior procedieron a ponerlo a la orden de la autoridad competente. CUARTO: El arma decomisada se envió al Laboratorio Balístico de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, obteniéndose mediante dictamen número 1671-2011 elaborado por el Perito J. C. A., que el mecanismo de acción del arma es de impacto, comprobando además, su buen estado de funcionamiento mecánico y operativo.” Para el Tribunal, el cuadro fáctico descrito no se subsume en ningún tipo penal vigente, por lo que dicha conducta la enmarca en una infracción de carácter administrativo, argumentación contraria a las pretensiones del ente acusador, que considera que el fáctum declarado probado por el sentenciador se enmarca en el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, por la razones que a continuación exponemos: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquiera otra autoridad que decomise ese material lo podrá de inmediato a disposición del Ministerio Público”. Pero el Juzgador realiza su Motivación Jurídica orientada a sustentar la parte concluyente de su fallo, explicando el porqué los hechos declarados como probados, no se adecúan a los tipos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, explicando el numeral primero de dicho apartado que “...la intención del legislador fue penalizar portación, uso, fabricación, etc., de armas de fuego, clasificándolas en armas de guerra y armas comerciales, sin embargo, en el caso de las armas de fabricación casera tipo “chimbas” la misma es un arma sui generis, y por lo tanto se debió de incluir en cualquiera de los tipos penales antes referidos de manera específica, pues en el supuesto del inciso A del artículo 332, se señalan de manera concreta las AK-47, y en ambos tipos penales se menciona la palabra “armas”, con lo cual existe un vacío legal para incorporar a las denominadas “chimbas” en uno u otro artículo.”; es así, que el sentenciador considera que la acción enjuiciada como una falta Administrativa, pero esta afirmación carece de un soporte legal, ya que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) que utiliza munición calibre 12 Gauge, debe de ser considerada como una conducta delictiva ya que porta un arma prohibida, tal y como lo establece el artículo 8.2 del decreto 30-2000 mediante el cual el legislador ha encasillado las comúnmente chimbas como armas prohibidas, por tanto su tenencia nunca podrá ser considerada legal, ya que para ello es necesario la obtención del correspondiente permiso, lo cual resulta absolutamente imposible, al no encontrarse incluidas dentro del catálogo establecido en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; sin embargo el juzgador, emite sentencia absolutoria por considerar que dicha conducta no está contemplada en la Ley Penal. Como se logra evidenciar, la apreciación de la normativa que ha realizado el juzgador ha resultado en la conformación de una parte dispositiva de la sentencia errónea, al concluir que el hecho de poseer (tener, conservar) un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por no estar expresamente señalado ese término en la norma penal, tal y como puede apreciarse en los numerales Primero y Segundo del apartado de la Motivación Jurídica del fallo impugnado en los que sustenta su decisión, pero del fáctum fijado por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico, donde el sujeto activo es el imputado F. J. G. V., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrarlas y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) por tanto, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. De ahí que no existe la atipicidad que el sentenciador establece en su fallo, por el contrario, la norma dejada de aplicar en relación con el artículo 8.2 del decreto 30-2000 nos resuelve la inquietud que ha manifestado el juzgador en su fundamentación jurídica, por cuanto ya el legislador Hondureño ha establecido claramente que las chimbas o armas caseras o artesanales son consideradas como armas prohibidas y por lo tanto dicho acto es considerado punible para los efectos penales correspondientes. Dado lo anterior, resulta evidente el grave vicio en el que ha incurrido el sentenciador por cuanto al establecer la atipicidad de la conducta desplegada por el imputado F. J. G. ha dejado de aplicar la norma que resolvía correctamente el caso, causando con ello un grave agravio a la sociedad en general e ignorando la vigencia del decreto legislativo 30-2000, el cual según el artículo 8.2 del mismo, las armas artesanales o caseras, como lo es en el presente caso la decomisada al imputado es considerada como arma prohibida susceptible de una sanción penal tal y como lo establece el mismo decreto en mención. La Fiscal en el presente caso ha dejado claramente establecido que en efecto el imputado al tener a su disposición una chimba (dentro de su esfera de dominio), ha incurrido en el delito de portación ilegal de armas prohibida (art. 332-A) del Código Penal y este contenido de verdad irrefutable se encuentra plasmado en los hechos probados, de ahí que se origina el vicio que da lugar al presente recurso. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que al imputado F. J. G. fue encontrado portando un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solícita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA El delito de portación ilegal de armas de guerra se encuentra tipificado en el artículo 332-A, del Código Penal vigente y para la descripción de las armas de guerra la Ley Especial de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas del numeral 1) Las armas de cualquier calibre de funcionamiento automático, las silenciadas o de alta precisión, cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y sujetas a reglamentación especial” y las de numeral 3) Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal, que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Del contenido de la norma, se establecen las especificaciones propias de las armas de guerra o de combate: son de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión, en cambio las armas de fabricación casera o artesanal, solo tienen la capacidad de lanzar proyectiles aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora, al ser armas distintas, el artículo 8 las regula en numerales diferentes, a igual que las demás armas estimadas como prohibidas, como lo son las armas de fuego de fantasía (bastones, lápices, maletines y otras), las que por ser prohibidas no significa que se les clasifica como armas de guerra. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. El tipo o elemento objetivo de la infracción pretendida por el Ministerio Fiscal, está determinada por la conducta típica de la portación ejecutada por cualquier persona de un arma considerada de guerra o de combate, pues según lo establece la ley especial su uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en consecuencia son consideradas armas nacionales, sujetas al régimen de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y son usadas exclusivamente para propósitos bélicos. V. DECISIÓN En el presente caso el arma decomisada al acusado F. J. G. V., es un arma de fabricación casera o artesanal conformada por dos piezas mecánicas en forma de “T” diseñada para disparar munición calibre 12 Gauge y su mecanismo de acción es de impacto, ya que la misma fue puesta a la vista de las partes en el juicio oral y público y si bien es un arma de fuego, no reúne las especificaciones de las armas de guerra o combate, por lo que es un arma diferente a las comprendidas en el numeral uno del artículo ocho (8) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares y que resultan ser las armas cuya portación por particulares esta comprendida dentro del tipo penal del artículo 332-A, del Código Penal vigente, que refiere a armas de guerra o de combate. Por la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras, no permite considerar que estén comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, como es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de una arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B. Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…” Al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de un arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno. Esta sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego, dispuesto en el artículo 8 numeral 2, de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, y a su vez dicha definición debe ajustarse y tener concordancia, con lo dispuesto en alguno de los artículos 332- A, y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta sala estima que el principio de favor rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. En consecuencia esta Sala declara con lugar el motivo de casación por infracción de ley invocado por el recurrente. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332-A y 332-B del Código Penal; 350, 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA:
- Declarar con lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, invocado por la abogada D. L. H. R. en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia en que se absolvió al señor F. J. G. V. del delito de Portación ilegal de arma de fuego de uso militar, en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras; 2) Revocar la sentencia de fecha veinte de enero de dos mil quince dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, la cual absuelve al señor F. J. G. V. del delito de Portación ilegal de arma de fuego de uso militar, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras 3) Casar parcialmente la sentencia recurrida de la siguiente manera: CONDENAR al señor F. J. G. V. por el delito de Portación ilegal de arma para uso personal (artículo 332-B del Código Penal) en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras, a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN, la cual deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, así como a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, declarando la responsabilidad civil del condenado por este delito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-473-2015.
LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El principio de proporcionalidad establecido en el artículo 2-D del Código Penal, en sentido estricto implica que se debe ponderar la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia jurídica, las penas deben ser adecuadas con relación a la gravedad de la conducta que se tipifica, establece una prohibición en exceso, manteniendo un equilibrio entre la sanción penal y los derechos fundamentales. Además, sólo una pena proporcionada puede responder a los ideales de la prevención general y de la prevención especial.