Sentencia CP-471-12 — Registro 5889
Resumen
Se absolvió al imputado por el delito de actos de lujuria agravados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. 1) Denunció el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en violación a las Reglas de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba allegada al juicio, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que se presentó como prueba la declaración de la menor ofendida Z. L. S. M., quien afirmó: “que E. J. C. era un amigo y le dijo que se fuera con él y yo me deje engañar, entonces me fui con él, me fugué el 27 de enero del 2012, en la noche dormí con él, me empezó a besar todo el cuerpo, me puso el pene en la vagina, yo le dije que no y él no siguió y hasta ahí no más”. También se presentó a declarar la señora F. L. M. B., madre de la menor ofendida y quien estableció: “… se levantó a las 6am y fui a buscar a Z. y no estaba en su cuarto, luego me enteré que se fue con E., a las 8 de la mañana llegaron los papas del muchacho, yo quise arreglar y que me la entregaran, me dijeron que se casaran pero me dio miedo de que me acusaran porque es menor de edad, puse la denuncia y la policía recuperó a mi hija.” Afirmó el impetrante que el tribunal A-quo al emitir sus juicios de valor sobre estas declaraciones vulneró la lógica en su principio de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente de las probanzas evacuadas, pues afirmó el Sentenciador: “Al ser valoradas conjuntamente y en relación con el resto de pruebas, resulta que no es compatible, siendo al fin la única prueba de cargo, en relación al delito que dio origen al juicio, siendo por ende insuficiente para obtener un hecho probado, para la ratificación del delito de ente acusador. Razonamiento que para el recurrente resulta violatorio a las reglas del recto entendimiento humano. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre si se anulen. c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los cuestionamiento vertidos por el censor, es necesario que analicemos de forma detallada los raciocinios utilizados por el sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate, para luego determinar si ha aplicado correctamente las reglas de la sana crítica o por el contrario ha efectuado razonamientos alejados a los lineamientos que ellas prescriben. Estetribunal de casación considera que en efecto el sentenciador no ha realizado una adecuada reflexión de los medios probatorios, pues establece que no es compatible la prueba ofertada, pero no señala en qué puntos el legajo probatorio no es concurrente, además el A-quo considerainsuficiente las pruebas para establecer un hecho probado, pero igualmente evade establecer las razones por las cuales resulta escasa o limitada. Ahora bien en aras del derecho a la presunción de inocencia regulado en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del derecho de defensa establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, observa esta Sala que aun anulando el juicio celebrado por el juez A-quo el resultado de un nuevo debate sería el mismo, es decir tendría como consecuencia la absolución del imputado, pues consideramos que en el presente caso el bien jurídico protegido de la menor ofendida que es la “indemnidad sexual” nunca fue lesionado o puesto en un peligro efectivo. El artículo 2C del Código Penal regula el principio de lesividad, conocido también como principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y como principio de ofensividad, proclama que, las conductas tipificadas por el legislador como delito deben ser expresión de la efectiva puesta en peligro o lesión de un bien jurídico determinado. En general ha de entenderse por bien jurídico: “Todo bien, estado de cosas o unidad funcional social, de carácter ideal, proveniente de la persona o del orden social comunitario que, por estimarse valioso e indispensable para el digno, justo y responsable desarrollo del individuo o de la colectividad en democracia y libertad, está jurídico-penalmente protegido”. El principio de lesividad ha supuesto la evolución de una antijuridicidad meramente formal, que estimaba conveniente para considerar delictivo un comportamiento determinado, su mera tipificación como tal por el legislador positivo, incluyéndolo al efecto en el Código Penal o en leyes penales especiales, a una antijuricidad material, que plasma en la idea de dañosidad social. Esta idea de lesividad o dañosidad social del bien jurídico puede enunciarse afirmando que “No hay hecho punible sin Bien Jurídico vulnerado o puesto en peligro”. Este principio, enseña Ferrajoli[2], impone a la ciencia y a la práctica jurídica, precisamente la carga de la demostración de la lesividad de la conducta; de este modo, se vuelvenecesaria lalesividad del resultado, cualquiera que sea la concepción que de ella tengamos. De la declaración de la Z. L. S. M. y del dictamen psicológico practicado a ésta, se puede colegir que no existe ningún daño psicológico que acredite que la acción del acusado puso en riesgo bienes jurídicos que merezcan el reproche penal. Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del Estado, que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, entendido como una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del derecho penal. Esencialmente, apunta a que el derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas formales e informales. Si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso. En el caso examine debemos tomar en consideración el ambiente en el que se desenvuelven el imputado y la ofendida, sus costumbres y cultura, pero si podemos concluir que la prueba ofertada no permite quebrantar el estado de inocencia del acusado, por tales razones este motivo de casación debe ser desestimado.."
Jerarquía: Reiterativa
Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. 1) Denunció el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en violación a las Reglas de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba allegada al juicio, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que se presentó como prueba la declaración de la menor ofendida Z. L. S. M., quien afirmó: “que E. J. C. era un amigo y le dijo que se fuera con él y yo me deje engañar, entonces me fui con él, me fugué el 27 de enero del 2012, en la noche dormí con él, me empezó a besar todo el cuerpo, me puso el pene en la vagina, yo le dije que no y él no siguió y hasta ahí no más”. También se presentó a declarar la señora F. L. M. B., madre de la menor ofendida y quien estableció: “… se levantó a las 6am y fui a buscar a Z. y no estaba en su cuarto, luego me enteré que se fue con E., a las 8 de la mañana llegaron los papas del muchacho, yo quise arreglar y que me la entregaran, me dijeron que se casaran pero me dio miedo de que me acusaran porque es menor de edad, puse la denuncia y la policía recuperó a mi hija.” Afirmó el impetrante que el tribunal A-quo al emitir sus juicios de valor sobre estas declaraciones vulneró la lógica en su principio de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente de las probanzas evacuadas, pues afirmó el Sentenciador: “Al ser valoradas conjuntamente y en relación con el resto de pruebas, resulta que no es compatible, siendo al fin la única prueba de cargo, en relación al delito que dio origen al juicio, siendo por ende insuficiente para obtener un hecho probado, para la ratificación del delito de ente acusador. Razonamiento que para el recurrente resulta violatorio a las reglas del recto entendimiento humano. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre si se anulen. c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los cuestionamiento vertidos por el censor, es necesario que analicemos de forma detallada los raciocinios utilizados por el sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate, para luego determinar si ha aplicado correctamente las reglas de la sana crítica o por el contrario ha efectuado razonamientos alejados a los lineamientos que ellas prescriben. Estetribunal de casación considera que en efecto el sentenciador no ha realizado una adecuada reflexión de los medios probatorios, pues establece que no es compatible la prueba ofertada, pero no señala en qué puntos el legajo probatorio no es concurrente, además el A-quo considerainsuficiente las pruebas para establecer un hecho probado, pero igualmente evade establecer las razones por las cuales resulta escasa o limitada. Ahora bien en aras del derecho a la presunción de inocencia regulado en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del derecho de defensa establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, observa esta Sala que aun anulando el juicio celebrado por el juez A-quo el resultado de un nuevo debate sería el mismo, es decir tendría como consecuencia la absolución del imputado, pues consideramos que en el presente caso el bien jurídico protegido de la menor ofendida que es la “indemnidad sexual” nunca fue lesionado o puesto en un peligro efectivo. El artículo 2C del Código Penal regula el principio de lesividad, conocido también como principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y como principio de ofensividad, proclama que, las conductas tipificadas por el legislador como delito deben ser expresión de la efectiva puesta en peligro o lesión de un bien jurídico determinado. En general ha de entenderse por bien jurídico: “Todo bien, estado de cosas o unidad funcional social, de carácter ideal, proveniente de la persona o del orden social comunitario que, por estimarse valioso e indispensable para el digno, justo y responsable desarrollo del individuo o de la colectividad en democracia y libertad, está jurídico-penalmente protegido”. El principio de lesividad ha supuesto la evolución de una antijuridicidad meramente formal, que estimaba conveniente para considerar delictivo un comportamiento determinado, su mera tipificación como tal por el legislador positivo, incluyéndolo al efecto en el Código Penal o en leyes penales especiales, a una antijuricidad material, que plasma en la idea de dañosidad social. Esta idea de lesividad o dañosidad social del bien jurídico puede enunciarse afirmando que “No hay hecho punible sin Bien Jurídico vulnerado o puesto en peligro”. Este principio, enseña Ferrajoli[2], impone a la ciencia y a la práctica jurídica, precisamente la carga de la demostración de la lesividad de la conducta; de este modo, se vuelvenecesaria lalesividad del resultado, cualquiera que sea la concepción que de ella tengamos. De la declaración de la Z. L. S. M. y del dictamen psicológico practicado a ésta, se puede colegir que no existe ningún daño psicológico que acredite que la acción del acusado puso en riesgo bienes jurídicos que merezcan el reproche penal. Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del Estado, que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, entendido como una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del derecho penal. Esencialmente, apunta a que el derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas formales e informales. Si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso. En el caso examine debemos tomar en consideración el ambiente en el que se desenvuelven el imputado y la ofendida, sus costumbres y cultura, pero si podemos concluir que la prueba ofertada no permite quebrantar el estado de inocencia del acusado, por tales razones este motivo de casación debe ser desestimado.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Motivo Único. 1) Expresó el impetrante que se violentaron mandatos constitucionales como el artículo 124, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Estableció el censor que el artículo 124 de la Constitución establece el derecho de todo niño a ser protegido por el Estado contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. Dicho precepto constitucional se ha visto vulnerado al emitir el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio en irrespeto a los derechos de los menores. 2) La Sala de lo Penal ha reiterado, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, conocido es que por su propia naturaleza, el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y, en consecuencia, necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, una serie de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley procesal, asegurándose el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al iuspuniendi. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, pero el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de utilizar la vía de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación que se regulan, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). Así, el Código Procesal Penal señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo, indicar la infracción, pero se debe señalar concretamente la norma constitucional lesionada, y de qué manera afecta a la defensa. 3) La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959, recoge el principio 2 que reza: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”, por su parte el artículo 124 de la Constitución de la República indica: “Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.” Y finalmente el artículo 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia determina que “Un menor se encontrara en situación de abandono o peligro cuando: a).-… b).-… c).-… Ch). Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual; las ofensas al pudor; las exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitos, casas de prostitución u otros sitios inapropiados; el acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños….” La recurrente expone la violación de un precepto constitucional (artículo 124) y la de un precepto con rango constitucional (artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Niño), los que vincula con una norma secundaria (artículo 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia), mismas que si bien son de aplicación directa y ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; como se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o del derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. En el presente caso, el Estado de Honduras inició investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito en perjuicio de una menor de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activó un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que mantiene el estado de inocencia de la persona acusada debido a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue insuficiente para demostrar lo contrario, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación es que se produjo el proceso penal que nos ocupa, más la tesis acusatoria no puede imponerse cuando no tenga medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del conjunto de derechos igualmente constitucionales que le asisten al acusado. En el caso de autos, el hecho de que se haya dictado una sentencia absolutoria contra el imputado, en virtud de que los sentenciadores no lograron adquirir la certeza necesaria para dictar un fallo condenatorio, no significa que se le hayan anulado los derechos a la menor ofendida. Por todo lo antes expuesto es procedente desestimar la presente impugnación. V. DECISIÓN Después de analizados los reclamos del recurrente y con los argumentos vertidos, es procedente declarar sin lugar los motivos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República de Honduras, art. 124 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 471-2012 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de septiembre del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al señor E. J. C. G., por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO,en perjuicio de Z. L. S. M.; 2) NO CONDENÓ en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho juicio al Ministerio Público.- Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional, el abogado O. L. S., actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público.- Son partes: la abogada I. A. F. en su condición de representante del MINISTERIO PÚBLICO como RECURRENTE, y el abogado M. R. A. en su condición de DEFENSOR PÚBLICO como RECURRIDO. I. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil doce (2012) (29/enero/2012), el Ministerio Público a través de sus Agentes Auxiliares, presentó requerimiento ante el Juzgado Primero de Letras Departamental, en contra de E. J. C. por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO en perjuicio de la menor Z. L. S. M.. SEGUNDO: En el momento de la acusación Z. L. S. M. tenía la edad de once años, once meses y veintisiete días.” II. RECURSO DE CASACIÓN EL RECURRENTE ABOGADO O. L. S., EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: “MOTIVO PRIMERO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido es: el Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Ante la normativa señalada, el Tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia, de apreciar todo y cada uno de los medios probatorios que se desarrollaron en el debate, a través del cual la probanza constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o de una absolución. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la absolución por el delito de Actos de Lujuria Agravado, precedido del proceso intelectivo de valoración probatoria que hemos destacado, evidentemente infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace manifiesto al momento de valorar la prueba de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que éstas le ofrecen, produciendo corno consecuencia una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación de Actos de lujuria, pues no hay prueba o que habiéndola esta no es suficiente para destruir el estado de inocencia del imputado. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de instancia; analizando inicialmente el contenido de las deposiciones de los testigos de cargo, lo cual se efectúa a continuación: La testigo Z. L. S. M. en su condición de ofendida declaró lo siguiente A preguntas de las partes CONTESTA: “Conoce a E. J. C. G., y que era un amigo, él al principio le dijo que se fue con él y yo me deje engañar, entonces me fui con él, a la aldea Brisa de Oro en el Municipio de Arada, se fugó el 27 de enero del 2012 como a las once de la noche, se la llevó a la casa de los padres y llegaron como a las siete de la mañana, los papas solo la saludaron y ese día dormí con él, nos acostamos con E. a dormir, primero se acostaron de ahí dormimos un rato, en la mañana los acostamos cuando llegamos, de ahí nos despertamos como a las diez de la mañana, de ahí estuvimos todo el día, en la noche durmió con el, me empezó abesar todo el cuerpo, me puso el pene en la vagina, yo le dije que no, y el no siguió y hasta ahí no mas, se encontraban sin ropa y esto fue como a las tres de la mañana. Con el testimonio de F. L. M. B., se desprende lo siguiente: “Que el veintiocho de enero del año dos mil doce, se levantó a las seis de la mañana y fue: a buscar a Z. y esta no se encontraba en su cuarto uno de los vecinos me dijo que E. tampoco había amanecido en la casa, como a las ocho de la mañana llegaron los papas del muchacho, yo quise arreglar y que me la entregaran, me dijo que los casáramos y me dio temor, porque como es menor me podían a mi acusar ante la autoridad, yo ya estaba en Santa Bárbara , y si no se la entregaban ponía la denuncia, fuimos a la policía a la casa de los papás, pero ellos ya no estaban, pero se les dejó cita para que llegaran a la policía y así llegaron y recuperé a mi hija. El Juzgador vulnera por completo las reglas de la Sana Crítica, al manifestar, en el Apartado de Valoración de la Prueba en el numeral PRIMERO: “Estas declaraciones al ser valoradas conjuntamente y en relación con el resto de la prueba evacuada, resulta que no es compatible, siendo al fin la única prueba de cargo, en relación al delito que dio origen al juicio, siendo por ende insuficiente para obtener un hecho probado, para la ratificación del delito del ente acusador”. Por lo que se puede apreciar que el Juzgador no estimó que de este testimonio, resultan claro, al haber manifestado la menor Z. L. S. M., en su condición de ofendido la manera como se desarrollaron los hechos al establecer que en la noche durmió con el, me empezó a besar todo el cuerpo, me puso el pene en la vagina, yo le dije que no, y el no siguió y hasta ahí no mas, se encontraban sin ropa y esto fue como a las tres de la mañana. Y quela intención del acusado era obtener una satisfacción sexual ya que hubo tocamientos al encontrarse ambos desnudos y manteniendo actos distintos acceso carnal como ser el poner su pene en la vagina de la menor sin llegar a tener acceso carnal. Asimismo con el testimonio de la señora F. L. M. B., se desprende que efectivamente su menor hija se fue de su casa de habitación con el hoy encausado y que ella fue a la casa de los padres de este para que le devolvieran a su hija y al no tener una respuesta interpuso la denuncia correspondiente, por lo que el dicho de esta testigo resulta concatenado con el andamiaje probatorio de cargo presentado por el ente fiscal y el Juzgador no logra extraer de este testimonio que la madre está manifestando lo que observó por sus sentidos y las acciones que realizó para rescatar a su menor hija Z. L. S. M.. COMO PRUEBA DOCUMENTAL SE INTRODUJERON: a) DICTAMEN MEDICO LEGAL realizado por la doctora M. M. C. M., a la menor Z. L. S. M., quien en sus conclusiones estableció que presenta himen íntegro sin roturas que no permiten el paso de dos dedos del examinador, vulva y perine sin evidencia externa de lesiones recientes o antiguas. Área anal, ano pliegues radiados presentes y conservados, esfínter anal tono normal, sin dilatación anal refleja menor o igual o veinte segundos, sin evidencia de lesiones recientes o antiguas. De esta probanza para el juzgador según lo estableció en el numeral Primero, párrafo segundo de la valoración de la prueba: “Que de acuerdo a la evaluación la ausencia de evidencia encontrada en la humanidad de la menor específicamente en la hiperemia en el área genital, resulta inútil para acreditar los hechos que se imputan al procesado, mas aun siendo valorados en su conjunto y en relación del resto de prueba testifical documental y pericial, en virtud de que los dictámenes y Trabajo Social, establecen con toda certeza la ausencia de señales de trauma, o malestar psicológico, en la menor, que puedan determinar un efectivo daño o atentado contra la libertad sexual de la menor y la indemnidad sexual de la supuesta víctima” b) ACTA DE NACIMIENTO DE LA MENOR Z. L. S. M. donde seacredita su minoría de edad. c) DICTAMEN PSICOLOGICO ratificado por lalicenciada M. L. O. H., efectuado a la menor Z. L. S. M., en fecha 15 de marzo y 16 de abril del 2012, en el cual concluye que la menor presenta una inteligencia normal, o seaque sus procesos de pensamiento compresión einterpretación de los datos o información recibida son adecuados y no presentan alteración significativa y una capacidad adecuada, para diferenciar lo bueno de lo malo, no hay indicadores de trauma secundario al hecho, pero si presenta un sentimiento de culpabilidad por haber traicionado a sus padres. Para el Juzgador esta probanza resulta objetivamente confiable por lo cual es procedente su valoración para determinar la circunstancia del hecho declarado como probado. d) DICTAMEN DE TRABAJO SOCIAL ratificado por la licenciada B. N. L. M., en elentorno familiar de la menor Z. L. S. M. y donde concluye: Que el núcleo familiar de la menor es estable, se caracterizan por ser personas honestas, con principios cristianos y con valores morales, dedicadas al trabajo y a las actividades religiosas, los padres comprometidos a la crianza de sus hijos, la menor antes de los hechos mostraba un comportamiento rebelde, apatía, poca comunicación y no expresaba afecto a los padres, ahora se observa mas comunicativa, estudia y escucha consejos y de acuerdo al entorno social es frecuente en la comunidad, que los jóvenes a temprana edad se fugan con sus parejas a formar un hogar. En relación a esta probanza el Tribunal establece que es objetivam1ente confiable y creíble, razón por la cual se valora y se extrae del mismo hecho probado. Asimismo refiere que de la prueba en su conjunto resulta imposible a este Tribunal establecer un enlace fáctico, por lo que no se acreditan los hechos imputados por el Ministerio Público y que los ha calificado como actos De Lujuria Agravados, por falta de elementos de prueba. El sentenciador al valorar la probanza testifical, y pericial que antecede, y resta valor probatorio a la declaración de la ofendida al considerar la ausencia del dolo del imputado de obtener por medio de tocamientos y actos distintos del acceso carnal, una satisfacción sexual en forma lujuriosa o impúdica, afectando la capacidad de oponerse de la menor y mantener su indemnidad sexual. Razonamiento que quebranta la regla lógica de derivación en su apartadode razón suficiente en su característica de suficiencia, en virtud que al hacer un análisis de estos testimonios se desprende sin lugar a dudas que la ofendida brindó una narración de cómo ocurrieron los hechos ubicando el momento y la hora como alas tres de la mañana en la noche durmió conel encausado, y como empezó a besarla todo el cuerpo, le puso el pene eh su vagina. El sentenciador quebranta dicha regla al no valorar en todo su contexto el testimonio de la menor y es de esperarse que ante tal abuso sin conocer nada de educación sexual, haya caído de forma inocente ante la petición del encausado “de fugarse con él” aprovechándose E. J. C. G. de la menor, tomando en consideración que al momento de ocurrir los hechos la ofendida contaba con doce años de edad, encontrándose la ofendida y el imputado solos en su casa de habitación, por lo que sin lugar a dudas la ofendida a narrado los hechos tal como ocurrieron por lo que el sentenciador tuvo que darle credibilidad a este testimonio. Es en consideración a todos los aspectos supraindicados que podemos afirmar, conforme el análisis de la prueba testifical y pericial concatenada y armonizada entre sí, es que se considera que el A quo en la sentencia vulneró la regla lógica de la Derivación en su postulado de razón suficiente, pues de las mismas, de manera indefectible se desprende, que la decisión de absolver al acusado no deriva de la valoración armoniosa de la prueba aportada. El juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. En conclusión y siendo que los medios de prueba evacuados eran suficientes para dictar un fallo condenatorio por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, el Tribunal a pesar de ello no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de su convencimiento, dada la falta de valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendosusceptibles de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a denunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador; no obstante hacemos la advertencia que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” EL RECURRENTE FORMALIZÓ SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA SIGUIENTE MANERA: “MOTIVO SEGUNDO: Infracción por violación del artículo 124 dela Constitución de la República, en relación con el artículo:141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo dé casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Lospreceptos constitucionales de niñez e internacionales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 124 Constitucional en su parte conducente dice: “Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación No será objeto de ningún tipo de trata.- (…)” El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando (…) ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual las ofensas al pudor; las exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitos, casas de prostitución u otros sitios inapropiados; al acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños.- (…)” Por su parte, el precepto internacional enmarcado en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” Las condiciones de vulnerabilidad del grupo social que conforma a los niños ha sido una de las razones que ha motivado la creación, tanto internacional como interna, de un conjunto normativo que procure la protección de ese grupo social. Pero la satisfacción de esa exigencia no se agota con la sola creación de un conjunto normativo que regule esas situaciones, es evidente que toda creación de normas implica, para la implementación de su efectividad, un respeto irrestricto a aquéllas disposiciones. Esa exigencia nos lleva hasta el hecho de que los organismos estatales, sin importar de qué Poder del Estado emanen, tienen la obligación de tomar sus resoluciones en apego a aquellos preceptos que pretenden garantizar los derechos de los niños. En el presente caso, la resolución emitida por el Tribunal Sentenciador se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los menores, y es así, en tanto que las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, se encuentra afectadas al ser disminuidas al extremo de darle visos de legalidad a una vulneración de los derechos del niño ofendido en la presente causa, generando una apariencia de anulación de los derechos que le asisten, específicamente al derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, como parece que sucede en el presente caso al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos del niño y por consiguiente dejando al desamparo de cualquier protección estatal los derechos específicos del menor S. L. S. M. Es evidente entonces que en el caso en estudio se está privando de protección al menor y, en tanto que se permite una situación en la cual se hace burla del derecho de los menores y se le ha instrumentado para efectos de burlar esa cobertura, pues nos evidencia el real efecto que ha producido el fallo impugnado como ser: Que el Estado a través del fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, ha colocado en este caso específico a la menor, en condición de riesgo social, al declarar inocente al acusado, pues ha quedado impune los hechos de los cuales el andamiaje probatorio nos dice qué es responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS; también el Estado le falla a la víctima, por su condición de ser menor, en lo que teóricamente le garantiza la Constitución de la República; todo ello únicamente porque el menor al momento de rendir su declaración ante los excelentísimos miembros del Tribunal de Sentencia, “resultó no compatible en relación al delito y por ende insuficiente.” Asimismo el hecho de no presentar trauma psicológico por los hechos vividos por la menor, tal como lo establece la pericia psicológica incorporada al proceso; estimación ésta que a nuestro criterio es totalmente subjetiva e infundada, pues los resultados de la armónica concatenación de la prueba del proceso en su conjunto dicen otra cosa. Para efectos de ilustración nos permitimos transcribir lo que al respecto señala el jurista Juan Busto Ramírez[1]: “…Se estima que debe protegerse el libre desarrollo sexual del menor en relación a los mayores, dadas las interferencias que puede sufrir por parte de éstos en cuanto a la estimación de la significación de sus actos. Se trata pues de una circunstancia objetiva que debe ser considerada dentro de los presupuestos del desarrollo de su capacidad de actuación”. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la Corte Suprema de Justicia decrete que se ha conformado un inobservancia de la obligación estatal de proteger a la menor Z. L. S. M., de todo tipo de desamparo ante el abuso sexual del que fue objeto, en la noche que durmió con el encausado, y que empezó a besarla todo el cuerpo, y a ponerle el pene en la vagina.Así las cosas se afirma que el sentenciador, con su decisión jurídica, ha producido en consecuencia la Infracción delPrecepto Constitucional que contiene el Derecho de los Niños a serProtegido (artículo 124), relacionado con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, mismos que deben ser enmendados a través del fallo que resuelva el presente motivo de casación. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad el derecho violentado al debido proceso.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. 1) Denunció el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en violación a las Reglas de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba allegada al juicio, consignando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que se presentó como prueba la declaración de la menor ofendida Z. L. S. M., quien afirmó: “que E. J. C. era un amigo y le dijo que se fuera con él y yo me deje engañar, entonces me fui con él, me fugué el 27 de enero del 2012, en la noche dormí con él, me empezó a besar todo el cuerpo, me puso el pene en la vagina, yo le dije que no y él no siguió y hasta ahí no más”. También se presentó a declarar la señora F. L. M. B., madre de la menor ofendida y quien estableció: “… se levantó a las 6am y fui a buscar a Z. y no estaba en su cuarto, luego me enteré que se fue con E., a las 8 de la mañana llegaron los papas del muchacho, yo quise arreglar y que me la entregaran, me dijeron que se casaran pero me dio miedo de que me acusaran porque es menor de edad, puse la denuncia y la policía recuperó a mi hija.” Afirmó el impetrante que el tribunal A-quo al emitir sus juicios de valor sobre estas declaraciones vulneró la lógica en su principio de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente de las probanzas evacuadas, pues afirmó el Sentenciador: “Al ser valoradas conjuntamente y en relación con el resto de pruebas, resulta que no es compatible, siendo al fin la única prueba de cargo, en relación al delito que dio origen al juicio, siendo por ende insuficiente para obtener un hecho probado, para la ratificación del delito de ente acusador. Razonamiento que para el recurrente resulta violatorio a las reglas del recto entendimiento humano. 2) Esta Sala de lo Penal ha establecido en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre si se anulen. c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Ante los cuestionamiento vertidos por el censor, es necesario que analicemos de forma detallada los raciocinios utilizados por el sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate, para luego determinar si ha aplicado correctamente las reglas de la sana crítica o por el contrario ha efectuado razonamientos alejados a los lineamientos que ellas prescriben. Estetribunal de casación considera que en efecto el sentenciador no ha realizado una adecuada reflexión de los medios probatorios, pues establece que no es compatible la prueba ofertada, pero no señala en qué puntos el legajo probatorio no es concurrente, además el A-quo considerainsuficiente las pruebas para establecer un hecho probado, pero igualmente evade establecer las razones por las cuales resulta escasa o limitada. Ahora bien en aras del derecho a la presunción de inocencia regulado en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del derecho de defensa establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, observa esta Sala que aun anulando el juicio celebrado por el juez A-quo el resultado de un nuevo debate sería el mismo, es decir tendría como consecuencia la absolución del imputado, pues consideramos que en el presente caso el bien jurídico protegido de la menor ofendida que es la “indemnidad sexual” nunca fue lesionado o puesto en un peligro efectivo. El artículo 2C del Código Penal regula el principio de lesividad, conocido también como principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y como principio de ofensividad, proclama que, las conductas tipificadas por el legislador como delito deben ser expresión de la efectiva puesta en peligro o lesión de un bien jurídico determinado. En general ha de entenderse por bien jurídico: “Todo bien, estado de cosas o unidad funcional social, de carácter ideal, proveniente de la persona o del orden social comunitario que, por estimarse valioso e indispensable para el digno, justo y responsable desarrollo del individuo o de la colectividad en democracia y libertad, está jurídico-penalmente protegido”. El principio de lesividad ha supuesto la evolución de una antijuridicidad meramente formal, que estimaba conveniente para considerar delictivo un comportamiento determinado, su mera tipificación como tal por el legislador positivo, incluyéndolo al efecto en el Código Penal o en leyes penales especiales, a una antijuricidad material, que plasma en la idea de dañosidad social. Esta idea de lesividad o dañosidad social del bien jurídico puede enunciarse afirmando que “No hay hecho punible sin Bien Jurídico vulnerado o puesto en peligro”. Este principio, enseña Ferrajoli[2], impone a la ciencia y a la práctica jurídica, precisamente la carga de la demostración de la lesividad de la conducta; de este modo, se vuelvenecesaria lalesividad del resultado, cualquiera que sea la concepción que de ella tengamos. De la declaración de la Z. L. S. M. y del dictamen psicológico practicado a ésta, se puede colegir que no existe ningún daño psicológico que acredite que la acción del acusado puso en riesgo bienes jurídicos que merezcan el reproche penal. Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del Estado, que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, entendido como una de las expresiones del principio de necesidad de la intervención del derecho penal. Esencialmente, apunta a que el derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de control menos lesivas formales e informales. Si se logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso. En el caso examine debemos tomar en consideración el ambiente en el que se desenvuelven el imputado y la ofendida, sus costumbres y cultura, pero si podemos concluir que la prueba ofertada no permite quebrantar el estado de inocencia del acusado, por tales razones este motivo de casación debe ser desestimado. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Motivo Único. 1) Expresó el impetrante que se violentaron mandatos constitucionales como el artículo 124, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Estableció el censor que el artículo 124 de la Constitución establece el derecho de todo niño a ser protegido por el Estado contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. Dicho precepto constitucional se ha visto vulnerado al emitir el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio en irrespeto a los derechos de los menores. 2) La Sala de lo Penal ha reiterado, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, conocido es que por su propia naturaleza, el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y, en consecuencia, necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, una serie de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley procesal, asegurándose el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al iuspuniendi. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, pero el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de utilizar la vía de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación que se regulan, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). Así, el Código Procesal Penal señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo, indicar la infracción, pero se debe señalar concretamente la norma constitucional lesionada, y de qué manera afecta a la defensa. 3) La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959, recoge el principio 2 que reza: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”, por su parte el artículo 124 de la Constitución de la República indica: “Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.” Y finalmente el artículo 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia determina que “Un menor se encontrara en situación de abandono o peligro cuando: a).-… b).-… c).-… Ch). Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual; las ofensas al pudor; las exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitos, casas de prostitución u otros sitios inapropiados; el acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños….” La recurrente expone la violación de un precepto constitucional (artículo 124) y la de un precepto con rango constitucional (artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Niño), los que vincula con una norma secundaria (artículo 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia), mismas que si bien son de aplicación directa y ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; como se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o del derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. En el presente caso, el Estado de Honduras inició investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito en perjuicio de una menor de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activó un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que mantiene el estado de inocencia de la persona acusada debido a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue insuficiente para demostrar lo contrario, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación es que se produjo el proceso penal que nos ocupa, más la tesis acusatoria no puede imponerse cuando no tenga medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del conjunto de derechos igualmente constitucionales que le asisten al acusado. En el caso de autos, el hecho de que se haya dictado una sentencia absolutoria contra el imputado, en virtud de que los sentenciadores no lograron adquirir la certeza necesaria para dictar un fallo condenatorio, no significa que se le hayan anulado los derechos a la menor ofendida. Por todo lo antes expuesto es procedente desestimar la presente impugnación. V. DECISIÓN Después de analizados los reclamos del recurrente y con los argumentos vertidos, es procedente declarar sin lugar los motivos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 124, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 3 de la Convención de los Derechos del Niño.-FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por el abogado O. L. S., fiscal del Ministerio Público en la causa instruida con el señor E. J. C. G.. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por el abogado O. L. S., fiscal del Ministerio Público en la causa instruida con el señor E. J. C. G..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-471-2012.
LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1]Bustos Ramírez, Juan. Manual de Derecho Penal. Segunda Edición, 1991. Página 19
[2]FERRAJOLI, Luigi. En Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal