Sentencia CP-452-12 — Registro 9887
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Asesinato y se condeno a demas imputados por los delitos de Asociación Ilícita, Asesinato y Almacenamiento Ilegal de Armas de Fuego Prohibidas y Comerciales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... RESUMEN 1) Motivo de casación por Quebrantamiento de Forma por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Argumenta que en la valoración de la prueba el a-quo realizó la valoración de la declaración como testigo Á. V. M. y del ACTA DE INSPECCIÓN realizada por el mismo agente, referente al momento y ubicación de la vivienda donde se encontraron los cadáveres de las jóvenes D. Y. A., I. C. N. F., B. N. N. P., S. Z. N. F. y al hallazgo de la evidencia incautada y embalada, acta que describe las posiciones, lugar y condiciones en que se encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas y objetos que se encontraron en el lugar. La defensa reprocha que el técnico Á. V. M. ., no identifica los indicios recolectados mediante fotografías ni planos, lo que pone en duda la autenticidad y fidelidad de las evidencias sometidas a juicio, no observa los requisitos de localización, identificación, preservación y cadena de custodia legal de la evidencia. Asimismo, que se hicieron varios informes en que modificó el acta de inspección ratificada en el juicio oral y público y que éste no era el informe final que había redactado. Que el croquis que menciona en su informe no se encuentra agregado al acta de inspección, indicios no incluidos en el acta de inspección ni en la cadena de custodia, faltan fotografías que indiquen el lugar de los indicios y tomó seis fotografías panorámicas no de los indicios importantes, que supone no fueron tomadas el día de los hechos. Concluye que en el presente caso, hay carencia de eficacia probatoria, por lo que pide se excluya como medio de prueba ilícito todo lo que se derive del acta de inspección por no haber observado o cumplido lo establecido en el artículo 203 del Código Procesal Penal. 2) Motivo de Casación fundado en la Infracción de Preceptos Constitucionales. En relación al delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, señala que el Ministerio Público presentó como perito al señor N. A., para el dictamen sobre los tatuajes encontrados a los acusados E. V. M. C. Y D. R. X. U.. Reprocha una interpretación subjetiva sin base científica del análisis de dichos tatuajes y que no se logró acreditar la permanencia de los acusados en el momento del hecho a dicha institución, por considerar que quiere decir que formen parte de una mara o pandilla. Estima que de los elementos objetivos del artículo 332 del Código Penal, no se cumple con ellos, dejándolo al arbitrio de los operadores de justicia la interpretación de lo que quieran entender por mara o pandilla, dando lugar a detenciones arbitrarias de personas que han decidido andar manchada su piel con tatuajes. El a-quo viola la autonomía a la voluntad (artículo 59 y 70 CR), pues los señala por ese hecho como culpables de la violación a este tipo penal, revirtiéndose la prueba, violentado el principio de culpabilidad que deja al Estado en la obligación de probar y atentando contra el derecho al respeto de su estado de inocencia garantizado en el artículo 89 de la Constitución de la República, provocando así una verdadera inseguridad jurídica. Viola el derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito, derecho es concebido por una parte de la doctrina como integrante de la faceta externa del derecho al respeto de la vida privada de la persona, asimismo el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado, por considerar que el artículo 332 fue reformado y entró en vigencia en el mes de marzo del 2005, por lo que todo acto realizado anteriormente a esa fecha no puede ser juzgado o sometido a dicho artículo, porque no se logró acreditar la fecha en la cual los mismos se realizaron los tatuajes, que es el extremo que apunta el Ministerio Público. En base al principio in dubio pro reo y lo expuesto por el señor N. A., que posterior al 2002 las personas pertenecientes a maras o pandillas dejaron de tatuarse. Por lo que no se logra acreditar si en el momento del hecho se encontraban o eran miembros activos de dichas pandillas, fueron detenidos en lugares diferentes, solos. Por lo que se debe de dictar absolutoria en relación al delito de asociación ilícita a favor de mis representados. D. R. X. y E. V. M..” Motivo de Casación por Infracción por falta de aplicación del artículo 32 en relación del artículo 117.1 del Código Penal, interpuesto por fiscal del Ministerio Público. Cita como infringidos el artículo 32 del Código Penal: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan con la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”, en relación al artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con las concurrencias de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía 2)... 3)... 4)... La pena por asesinato será de 20 a 30 años de reclusión cuando se cometiere mediante pago, recompensa o promesa remunerada o se acompañase de robo o violación la pena será de 30 años a privación de por vida de la libertad”. Reprocha que los hechos probados de la sentencia no son coherentes con la parte dispositiva de la sentencia en sus numerales tercero y cuarto. Señala que del fallo se demuestra la infracción falta de aplicación del artículo 32, en relación al artículo 117 numeral 1 del Código Penal, ya que de los hechos declarados como probados y específicamente en el numeral primero, se desprende que el procesado E. V. C. G. actuó como cómplice neC.io en el ASESINATO de D. Y. A. y no autor directo como aparece condenado en la parte dispositiva de la sentencia, además de omitir la condena a título de cómplice neC.io de los asesinatos de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. Señala que de igual manera se infringe estas mismas normas al establecer la condena del imputado J. C. O. G. conocido como C. J. O. G., alias “Black, quien se le condenó como responsable de cómplice neC.io en vez de autor directo de las muertes de I. C. N. F., de la menor B. N. P. N. y D. Y. A., tal y como lo estableció como una verdad en los hechos probados de la sentencia. Por lo anterior, concluye que al no observar el a-quo correctamente las reglas del artículo 32 del Código Penal en relación con el artículo 117.1 del mismo cuerpo legal, vinculándolo a la verdad de hechos probados declarada en la sentencia ha infringido la ley penal sustantiva citada. VII.-
DECISIÓN 1) Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, si bien el recurrente centra el motivo de casación por quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, se limita a formular argumentaciones propias de instancia y con ellas a realizar un análisis exhaustivo de la prueba. Asimismo, omite indicar la regla o reglas de la sana crítica, de la lógica, psicología y de la experiencia que el juzgador ha dejado de observar en la valoración de la prueba de cargo y la forma en que dicha valoración ha afectado la decisión del juicio, defectos en la técnica recursiva del recurrente que no corresponde subsanar, ni enmendar a este alto tribunal de casación. Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. 2) Casación fundado en la Infracción de Preceptos Constitucionales. Reprocha una interpretación subjetiva sin base científica del análisis de dichos tatuajes y que no se logró acreditar la permanencia de los acusados en el momento del hecho a la pandilla 18. Señala concretamente que el a-quo viola la autonomía a la voluntad (artículo 59 y 70 CR), al señalar como culpables de la violación a este tipo penal, revirtiéndose la prueba, violentado el principio de culpabilidad que deja al estado en la obligación de probar y atentando contra el derecho al respeto de su estado de inocencia garantizado en el artículo 89 de la Constitución de la República, provocando así una verdadera inseguridad jurídica. Viola el derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito y el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Esta sala considera que en el presente caso, el juzgador ha valorado el dictamen pericial consistente en el análisis de los tatuajes que los acusados portan impresos en su piel, para determinar su pertenencia a una mara o pandilla, elaborado por el sub oficial de la Policía Preventiva M. N. A. C., al cual el a-quo concede plena credibilidad y que alcanza la conclusión categórica siguiente: Que los acusados J. C. O. G., D. R. X. U. y E. V. C. G., son miembros activos de la pandilla “18”, por portar en su cuerpo signos de identificación de la pandilla número 18. Esta sala concluye que con el medio de prueba pericial de estudio, agregado al juicio (folio 731 vuelto del proceso) ha sido valorado por el a quo, para formar su convencimiento, de forma conjunta y armoniosa con el resto de la prueba agregada al juicio, de la cual ha concluido no solo la pertenencia, sino la permanencia activa de los acusados a una organización ilícita dedicada exclusivamente y de forma permanente a la comisión de toda clase de ilícitos denominada Pandilla “18”. Es decir, que el a-quo no ha arribado a dicha conclusión, no solo por el hecho de haberse probado pericialmente que los acusados andan tatuados con signos propios a la Pandilla 18 sino además porque dichos tatuajes han sido corroborados en juicio también por la perito Lesly García (folio 731 vuelto) y por considerar que el tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA, un delito de peligro abstracto que requiere únicamente para tenerse por consumado, que se haya puesto en riesgo o peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, sin necesidad de que se haya probado la producción de una lesión a dicho bien jurídico protegido. Asimismo, en virtud que en el presente caso, el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, por el cual se ha condenado a los acusados J. C. O. G., D. R. X. U. y E. V. C. G., aparece en concursa con los delito de ASESINATO en perjuicio de S. Z. N. F., D. Y. A., I. C. N. F. y de la menor B. N. P. N. y con los de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL, todos en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, actividades ilícitas, todas ellas, típicas de este tipo de organizaciones criminales que actúan en contra de la legalidad. Por lo anterior esta sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado principalmente en la violación del derecho-garantía de presunción de inocencia y derechos relacionados, invocado por el recurrente. 3) Casación por Infracción por falta de aplicación del artículo 32 en relación del artículo 117.1 del Código Penal, interpuesto por fiscal del Ministerio Público. Reprocha el recurrente que el procesado E. V. C. G., actuó como cómplice neC.io en el ASESINATO de D. Y. A. y no autor directo como aparece condenado en la parte dispositiva de la sentencia y que se omite la condena a título de cómplice neC.io de los asesinatos de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. Asimismo, señala que de igual manera el a-quo infringe estas mismas normas al condenar al imputado J. C. O. G., conocido como C. J. O. G., alias “Black, como cómplice neC.io y no como autor directo de las muertes de I. C. N. F., de la menor B. N. P. N. y D. Y. A.. Esta Sala de lo penal considera que el artículo 32 del Código Penal dispone que: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”. En el presente caso, el a-quo declaró terminantemente probado que: “PRIMERO: En fecha uno (1) de septiembre del dos mil ocho (2008) entre las once y las doce de la noche, en la casa de habitación ubicada en el barrio La Isla del municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, a inmediaciones de la avenida Pedro Nufio, se encontraba la joven S. Z. N. F., sentada sobre la cama del cuarto de su casa de habitación, junto a su compañero sentimental E. V. C. M., alias “ Juicio”, cuando este le dispara con su arma de fuego a la altura de la sien izquierda causándole la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo sobre la cama acostada con las piernas semi flexionadas, procediendo a salir E. C. M. del cuarto, hacia la sala, quien le apunta a D. Y. A., mientras J. O. G. alias” Black”, coloca de rodillas a I. C. N. F. y a la menor B. N. P. N., apuntándoles con un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, quien les dispara infiriéndoles las siguientes heridas a I. C. N. F., en la región posterior de la cabeza y a B. N. P. N., en la región occipital derecha, quienes mueren a causa de laceración cerebral; acto seguido le dispara a D. Y. A., por debajo del ojo izquierdo causándole la muerte por laceración medular cervical, dándose a la fuga por la puerta trasera de la casa. SEGUNDO: En fecha cuatro (4) de septiembre del dos mil ocho (2008), se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora Y. Z. A. y su compañero de hogar E. A. F. P., ubicada en la colonia Las Mercedes, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, encontrándose en la habitación J. C. G. O. y debajo del colchón de la cama matrimonial, se encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, modelo SW 9C, pavón negro con gris con su respectivo cargador, procediendo a detenerlo en ese mismo acto a J. C. G. O. y al decomiso del arma antes descrita, quien encontrándose detenido por estos hechos, en fecha cinco (5) de septiembre del dos mil ocho (2008) logra fugarse de la celdas de la Policía Nacional Preventiva en donde se encontraba en depósito. TERCERO: En fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora M. Y. D. G., ubicada en la colonia Pizzaty, calle principal contiguo a la Iglesia “Cato”, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, se procedió nuevamente a la detención de J. C. G. O., encontrándose en el baño contiguo a su habitación, específicamente en el tanque del sanitario un arma de fuego tipo Mini Uzi, marca Intratec, modelo TEC-DC9, serie 0041900, pavón negro con su respectivo cargador conteniendo nueve (9) cartuchos que en su base se lee 9mm, procediendo al decomiso del arma de fuego antes señalada por ser un arma prohibida y a su captura. CUARTO: En esa misma fecha nueve (9) de septiembre del dos mil ocho (2008) aproximadamente a las seis de la tarde (6:00 pm) se detiene a E. V. C. G., en un autobús de la ruta interurbana del municipio de La Ceiba, Atlántida, hacia el municipio de Trujillo, departamento de Colón. QUINTO: En fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se logra darle captura a D. R. X. U., en el Barrio Inglés ubicado en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, mientras este se conducía en una motocicleta, por tener orden de captura pendiente. SEXTO: Los señores J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., Alias “Black”, D. R. X. U. alias “Gemelo” y E. V. C. G., alias “Juicio”, son miembros activos de la pandilla denominada “18”, quienes portan en sus cuerpos signos de identificación del número 18”. De los hechos probados resulta que el acusado E. V. C. G. alias “Juicio”, es coautor de la muerte de D. Y. A. y actúa de común acuerdo y en un solo as de voluntades con el actuar delictivo del coacusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, en la muerte de la señora D. Y. A.. El A Quo condena a E. V. C. G., alias “Juicio”, como autor y no como cómplice neC.io de la muerte de la señora D. Y. A.. La figura de “cómplice neC.io” es en realidad la de un coautor, por tratarse de un participe que contribuye con quien ejecuta directamente la acción delictiva reprochable, por un acto indispensable, o actúa de forma conjunta con él, de forma que para llevar a cabo la acción delictiva de uno, todos los partícipes se dividen los roles o actividades delictivas, siendo su accionar indispensable y complementarios entre sí, con el fin de obtener el resultado ilícito preconcebido por ambos. Las conductas ilícitas imputadas por el a-quo a los acusados E. V. C. G., alias “Juicio”, y J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, sancionadas por el a-quo con la pena establecida incurre en impresiones y omisiones por los delitos de ASESINATO en perjuicio de las víctimas preindicadas por los cuales se les condena. Condena a E. V. C. G., alias “Juicio” como autor del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A., cuando en realidad es un cómplice neC.io. Omite el juzgador sancionar a E. V. C. G., alias “Juicio” como cómplice neC.io de los delitos de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N.. Con respecto a la condena impuesta al acusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, como cómplice neC.io del delito de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N., cuando en realidad es un autor directo y omite condenarlo como autor directo también del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A.. Todo de conformidad a los hechos declarados probados por el juzgador. Por lo anterior esta sala declara con lugar parcialmente el motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por el recurrente, en el único sentido de ampliar las condenatorias ya impuestas por el a-quo, en treinta años de reclusión, a cada uno de los imputados E. V. C. G., alias “Juicio” y J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, por las razones expuestas..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... RESUMEN 1) Motivo de casación por Quebrantamiento de Forma por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Argumenta que en la valoración de la prueba el a-quo realizó la valoración de la declaración como testigo Á. V. M. y del ACTA DE INSPECCIÓN realizada por el mismo agente, referente al momento y ubicación de la vivienda donde se encontraron los cadáveres de las jóvenes D. Y. A., I. C. N. F., B. N. N. P., S. Z. N. F. y al hallazgo de la evidencia incautada y embalada, acta que describe las posiciones, lugar y condiciones en que se encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas y objetos que se encontraron en el lugar. La defensa reprocha que el técnico Á. V. M. ., no identifica los indicios recolectados mediante fotografías ni planos, lo que pone en duda la autenticidad y fidelidad de las evidencias sometidas a juicio, no observa los requisitos de localización, identificación, preservación y cadena de custodia legal de la evidencia. Asimismo, que se hicieron varios informes en que modificó el acta de inspección ratificada en el juicio oral y público y que éste no era el informe final que había redactado. Que el croquis que menciona en su informe no se encuentra agregado al acta de inspección, indicios no incluidos en el acta de inspección ni en la cadena de custodia, faltan fotografías que indiquen el lugar de los indicios y tomó seis fotografías panorámicas no de los indicios importantes, que supone no fueron tomadas el día de los hechos. Concluye que en el presente caso, hay carencia de eficacia probatoria, por lo que pide se excluya como medio de prueba ilícito todo lo que se derive del acta de inspección por no haber observado o cumplido lo establecido en el artículo 203 del Código Procesal Penal. 2) Motivo de Casación fundado en la Infracción de Preceptos Constitucionales. En relación al delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, señala que el Ministerio Público presentó como perito al señor N. A., para el dictamen sobre los tatuajes encontrados a los acusados E. V. M. C. Y D. R. X. U.. Reprocha una interpretación subjetiva sin base científica del análisis de dichos tatuajes y que no se logró acreditar la permanencia de los acusados en el momento del hecho a dicha institución, por considerar que quiere decir que formen parte de una mara o pandilla. Estima que de los elementos objetivos del artículo 332 del Código Penal, no se cumple con ellos, dejándolo al arbitrio de los operadores de justicia la interpretación de lo que quieran entender por mara o pandilla, dando lugar a detenciones arbitrarias de personas que han decidido andar manchada su piel con tatuajes. El a-quo viola la autonomía a la voluntad (artículo 59 y 70 CR), pues los señala por ese hecho como culpables de la violación a este tipo penal, revirtiéndose la prueba, violentado el principio de culpabilidad que deja al Estado en la obligación de probar y atentando contra el derecho al respeto de su estado de inocencia garantizado en el artículo 89 de la Constitución de la República, provocando así una verdadera inseguridad jurídica. Viola el derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito, derecho es concebido por una parte de la doctrina como integrante de la faceta externa del derecho al respeto de la vida privada de la persona, asimismo el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado, por considerar que el artículo 332 fue reformado y entró en vigencia en el mes de marzo del 2005, por lo que todo acto realizado anteriormente a esa fecha no puede ser juzgado o sometido a dicho artículo, porque no se logró acreditar la fecha en la cual los mismos se realizaron los tatuajes, que es el extremo que apunta el Ministerio Público. En base al principio in dubio pro reo y lo expuesto por el señor N. A., que posterior al 2002 las personas pertenecientes a maras o pandillas dejaron de tatuarse. Por lo que no se logra acreditar si en el momento del hecho se encontraban o eran miembros activos de dichas pandillas, fueron detenidos en lugares diferentes, solos. Por lo que se debe de dictar absolutoria en relación al delito de asociación ilícita a favor de mis representados. D. R. X. y E. V. M..” Motivo de Casación por Infracción por falta de aplicación del artículo 32 en relación del artículo 117.1 del Código Penal, interpuesto por fiscal del Ministerio Público. Cita como infringidos el artículo 32 del Código Penal: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan con la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”, en relación al artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con las concurrencias de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía 2)... 3)... 4)... La pena por asesinato será de 20 a 30 años de reclusión cuando se cometiere mediante pago, recompensa o promesa remunerada o se acompañase de robo o violación la pena será de 30 años a privación de por vida de la libertad”. Reprocha que los hechos probados de la sentencia no son coherentes con la parte dispositiva de la sentencia en sus numerales tercero y cuarto. Señala que del fallo se demuestra la infracción falta de aplicación del artículo 32, en relación al artículo 117 numeral 1 del Código Penal, ya que de los hechos declarados como probados y específicamente en el numeral primero, se desprende que el procesado E. V. C. G. actuó como cómplice neC.io en el ASESINATO de D. Y. A. y no autor directo como aparece condenado en la parte dispositiva de la sentencia, además de omitir la condena a título de cómplice neC.io de los asesinatos de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. Señala que de igual manera se infringe estas mismas normas al establecer la condena del imputado J. C. O. G. conocido como C. J. O. G., alias “Black, quien se le condenó como responsable de cómplice neC.io en vez de autor directo de las muertes de I. C. N. F., de la menor B. N. P. N. y D. Y. A., tal y como lo estableció como una verdad en los hechos probados de la sentencia. Por lo anterior, concluye que al no observar el a-quo correctamente las reglas del artículo 32 del Código Penal en relación con el artículo 117.1 del mismo cuerpo legal, vinculándolo a la verdad de hechos probados declarada en la sentencia ha infringido la ley penal sustantiva citada. VII.-
DECISIÓN 1) Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, si bien el recurrente centra el motivo de casación por quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, se limita a formular argumentaciones propias de instancia y con ellas a realizar un análisis exhaustivo de la prueba. Asimismo, omite indicar la regla o reglas de la sana crítica, de la lógica, psicología y de la experiencia que el juzgador ha dejado de observar en la valoración de la prueba de cargo y la forma en que dicha valoración ha afectado la decisión del juicio, defectos en la técnica recursiva del recurrente que no corresponde subsanar, ni enmendar a este alto tribunal de casación. Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. 2) Casación fundado en la Infracción de Preceptos Constitucionales. Reprocha una interpretación subjetiva sin base científica del análisis de dichos tatuajes y que no se logró acreditar la permanencia de los acusados en el momento del hecho a la pandilla 18. Señala concretamente que el a-quo viola la autonomía a la voluntad (artículo 59 y 70 CR), al señalar como culpables de la violación a este tipo penal, revirtiéndose la prueba, violentado el principio de culpabilidad que deja al estado en la obligación de probar y atentando contra el derecho al respeto de su estado de inocencia garantizado en el artículo 89 de la Constitución de la República, provocando así una verdadera inseguridad jurídica. Viola el derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito y el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Esta sala considera que en el presente caso, el juzgador ha valorado el dictamen pericial consistente en el análisis de los tatuajes que los acusados portan impresos en su piel, para determinar su pertenencia a una mara o pandilla, elaborado por el sub oficial de la Policía Preventiva M. N. A. C., al cual el a-quo concede plena credibilidad y que alcanza la conclusión categórica siguiente: Que los acusados J. C. O. G., D. R. X. U. y E. V. C. G., son miembros activos de la pandilla “18”, por portar en su cuerpo signos de identificación de la pandilla número 18. Esta sala concluye que con el medio de prueba pericial de estudio, agregado al juicio (folio 731 vuelto del proceso) ha sido valorado por el a quo, para formar su convencimiento, de forma conjunta y armoniosa con el resto de la prueba agregada al juicio, de la cual ha concluido no solo la pertenencia, sino la permanencia activa de los acusados a una organización ilícita dedicada exclusivamente y de forma permanente a la comisión de toda clase de ilícitos denominada Pandilla “18”. Es decir, que el a-quo no ha arribado a dicha conclusión, no solo por el hecho de haberse probado pericialmente que los acusados andan tatuados con signos propios a la Pandilla 18 sino además porque dichos tatuajes han sido corroborados en juicio también por la perito Lesly García (folio 731 vuelto) y por considerar que el tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA, un delito de peligro abstracto que requiere únicamente para tenerse por consumado, que se haya puesto en riesgo o peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, sin necesidad de que se haya probado la producción de una lesión a dicho bien jurídico protegido. Asimismo, en virtud que en el presente caso, el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, por el cual se ha condenado a los acusados J. C. O. G., D. R. X. U. y E. V. C. G., aparece en concursa con los delito de ASESINATO en perjuicio de S. Z. N. F., D. Y. A., I. C. N. F. y de la menor B. N. P. N. y con los de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL, todos en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, actividades ilícitas, todas ellas, típicas de este tipo de organizaciones criminales que actúan en contra de la legalidad. Por lo anterior esta sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado principalmente en la violación del derecho-garantía de presunción de inocencia y derechos relacionados, invocado por el recurrente. 3) Casación por Infracción por falta de aplicación del artículo 32 en relación del artículo 117.1 del Código Penal, interpuesto por fiscal del Ministerio Público. Reprocha el recurrente que el procesado E. V. C. G., actuó como cómplice neC.io en el ASESINATO de D. Y. A. y no autor directo como aparece condenado en la parte dispositiva de la sentencia y que se omite la condena a título de cómplice neC.io de los asesinatos de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. Asimismo, señala que de igual manera el a-quo infringe estas mismas normas al condenar al imputado J. C. O. G., conocido como C. J. O. G., alias “Black, como cómplice neC.io y no como autor directo de las muertes de I. C. N. F., de la menor B. N. P. N. y D. Y. A.. Esta Sala de lo penal considera que el artículo 32 del Código Penal dispone que: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”. En el presente caso, el a-quo declaró terminantemente probado que: “PRIMERO: En fecha uno (1) de septiembre del dos mil ocho (2008) entre las once y las doce de la noche, en la casa de habitación ubicada en el barrio La Isla del municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, a inmediaciones de la avenida Pedro Nufio, se encontraba la joven S. Z. N. F., sentada sobre la cama del cuarto de su casa de habitación, junto a su compañero sentimental E. V. C. M., alias “ Juicio”, cuando este le dispara con su arma de fuego a la altura de la sien izquierda causándole la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo sobre la cama acostada con las piernas semi flexionadas, procediendo a salir E. C. M. del cuarto, hacia la sala, quien le apunta a D. Y. A., mientras J. O. G. alias” Black”, coloca de rodillas a I. C. N. F. y a la menor B. N. P. N., apuntándoles con un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, quien les dispara infiriéndoles las siguientes heridas a I. C. N. F., en la región posterior de la cabeza y a B. N. P. N., en la región occipital derecha, quienes mueren a causa de laceración cerebral; acto seguido le dispara a D. Y. A., por debajo del ojo izquierdo causándole la muerte por laceración medular cervical, dándose a la fuga por la puerta trasera de la casa. SEGUNDO: En fecha cuatro (4) de septiembre del dos mil ocho (2008), se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora Y. Z. A. y su compañero de hogar E. A. F. P., ubicada en la colonia Las Mercedes, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, encontrándose en la habitación J. C. G. O. y debajo del colchón de la cama matrimonial, se encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, modelo SW 9C, pavón negro con gris con su respectivo cargador, procediendo a detenerlo en ese mismo acto a J. C. G. O. y al decomiso del arma antes descrita, quien encontrándose detenido por estos hechos, en fecha cinco (5) de septiembre del dos mil ocho (2008) logra fugarse de la celdas de la Policía Nacional Preventiva en donde se encontraba en depósito. TERCERO: En fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora M. Y. D. G., ubicada en la colonia Pizzaty, calle principal contiguo a la Iglesia “Cato”, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, se procedió nuevamente a la detención de J. C. G. O., encontrándose en el baño contiguo a su habitación, específicamente en el tanque del sanitario un arma de fuego tipo Mini Uzi, marca Intratec, modelo TEC-DC9, serie 0041900, pavón negro con su respectivo cargador conteniendo nueve (9) cartuchos que en su base se lee 9mm, procediendo al decomiso del arma de fuego antes señalada por ser un arma prohibida y a su captura. CUARTO: En esa misma fecha nueve (9) de septiembre del dos mil ocho (2008) aproximadamente a las seis de la tarde (6:00 pm) se detiene a E. V. C. G., en un autobús de la ruta interurbana del municipio de La Ceiba, Atlántida, hacia el municipio de Trujillo, departamento de Colón. QUINTO: En fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se logra darle captura a D. R. X. U., en el Barrio Inglés ubicado en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, mientras este se conducía en una motocicleta, por tener orden de captura pendiente. SEXTO: Los señores J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., Alias “Black”, D. R. X. U. alias “Gemelo” y E. V. C. G., alias “Juicio”, son miembros activos de la pandilla denominada “18”, quienes portan en sus cuerpos signos de identificación del número 18”. De los hechos probados resulta que el acusado E. V. C. G. alias “Juicio”, es coautor de la muerte de D. Y. A. y actúa de común acuerdo y en un solo as de voluntades con el actuar delictivo del coacusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, en la muerte de la señora D. Y. A.. El A Quo condena a E. V. C. G., alias “Juicio”, como autor y no como cómplice neC.io de la muerte de la señora D. Y. A.. La figura de “cómplice neC.io” es en realidad la de un coautor, por tratarse de un participe que contribuye con quien ejecuta directamente la acción delictiva reprochable, por un acto indispensable, o actúa de forma conjunta con él, de forma que para llevar a cabo la acción delictiva de uno, todos los partícipes se dividen los roles o actividades delictivas, siendo su accionar indispensable y complementarios entre sí, con el fin de obtener el resultado ilícito preconcebido por ambos. Las conductas ilícitas imputadas por el a-quo a los acusados E. V. C. G., alias “Juicio”, y J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, sancionadas por el a-quo con la pena establecida incurre en impresiones y omisiones por los delitos de ASESINATO en perjuicio de las víctimas preindicadas por los cuales se les condena. Condena a E. V. C. G., alias “Juicio” como autor del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A., cuando en realidad es un cómplice neC.io. Omite el juzgador sancionar a E. V. C. G., alias “Juicio” como cómplice neC.io de los delitos de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N.. Con respecto a la condena impuesta al acusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, como cómplice neC.io del delito de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N., cuando en realidad es un autor directo y omite condenarlo como autor directo también del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A.. Todo de conformidad a los hechos declarados probados por el juzgador. Por lo anterior esta sala declara con lugar parcialmente el motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por el recurrente, en el único sentido de ampliar las condenatorias ya impuestas por el a-quo, en treinta años de reclusión, a cada uno de los imputados E. V. C. G., alias “Juicio” y J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, por las razones expuestas..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... RESUMEN 1) Motivo de casación por Quebrantamiento de Forma por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Argumenta que en la valoración de la prueba el a-quo realizó la valoración de la declaración como testigo Á. V. M. y del ACTA DE INSPECCIÓN realizada por el mismo agente, referente al momento y ubicación de la vivienda donde se encontraron los cadáveres de las jóvenes D. Y. A., I. C. N. F., B. N. N. P., S. Z. N. F. y al hallazgo de la evidencia incautada y embalada, acta que describe las posiciones, lugar y condiciones en que se encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas y objetos que se encontraron en el lugar. La defensa reprocha que el técnico Á. V. M. ., no identifica los indicios recolectados mediante fotografías ni planos, lo que pone en duda la autenticidad y fidelidad de las evidencias sometidas a juicio, no observa los requisitos de localización, identificación, preservación y cadena de custodia legal de la evidencia. Asimismo, que se hicieron varios informes en que modificó el acta de inspección ratificada en el juicio oral y público y que éste no era el informe final que había redactado. Que el croquis que menciona en su informe no se encuentra agregado al acta de inspección, indicios no incluidos en el acta de inspección ni en la cadena de custodia, faltan fotografías que indiquen el lugar de los indicios y tomó seis fotografías panorámicas no de los indicios importantes, que supone no fueron tomadas el día de los hechos. Concluye que en el presente caso, hay carencia de eficacia probatoria, por lo que pide se excluya como medio de prueba ilícito todo lo que se derive del acta de inspección por no haber observado o cumplido lo establecido en el artículo 203 del Código Procesal Penal. 2) Motivo de Casación fundado en la Infracción de Preceptos Constitucionales. En relación al delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, señala que el Ministerio Público presentó como perito al señor N. A., para el dictamen sobre los tatuajes encontrados a los acusados E. V. M. C. Y D. R. X. U.. Reprocha una interpretación subjetiva sin base científica del análisis de dichos tatuajes y que no se logró acreditar la permanencia de los acusados en el momento del hecho a dicha institución, por considerar que quiere decir que formen parte de una mara o pandilla. Estima que de los elementos objetivos del artículo 332 del Código Penal, no se cumple con ellos, dejándolo al arbitrio de los operadores de justicia la interpretación de lo que quieran entender por mara o pandilla, dando lugar a detenciones arbitrarias de personas que han decidido andar manchada su piel con tatuajes. El a-quo viola la autonomía a la voluntad (artículo 59 y 70 CR), pues los señala por ese hecho como culpables de la violación a este tipo penal, revirtiéndose la prueba, violentado el principio de culpabilidad que deja al Estado en la obligación de probar y atentando contra el derecho al respeto de su estado de inocencia garantizado en el artículo 89 de la Constitución de la República, provocando así una verdadera inseguridad jurídica. Viola el derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito, derecho es concebido por una parte de la doctrina como integrante de la faceta externa del derecho al respeto de la vida privada de la persona, asimismo el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado, por considerar que el artículo 332 fue reformado y entró en vigencia en el mes de marzo del 2005, por lo que todo acto realizado anteriormente a esa fecha no puede ser juzgado o sometido a dicho artículo, porque no se logró acreditar la fecha en la cual los mismos se realizaron los tatuajes, que es el extremo que apunta el Ministerio Público. En base al principio in dubio pro reo y lo expuesto por el señor N. A., que posterior al 2002 las personas pertenecientes a maras o pandillas dejaron de tatuarse. Por lo que no se logra acreditar si en el momento del hecho se encontraban o eran miembros activos de dichas pandillas, fueron detenidos en lugares diferentes, solos. Por lo que se debe de dictar absolutoria en relación al delito de asociación ilícita a favor de mis representados. D. R. X. y E. V. M..” Motivo de Casación por Infracción por falta de aplicación del artículo 32 en relación del artículo 117.1 del Código Penal, interpuesto por fiscal del Ministerio Público. Cita como infringidos el artículo 32 del Código Penal: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan con la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”, en relación al artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con las concurrencias de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía 2)... 3)... 4)... La pena por asesinato será de 20 a 30 años de reclusión cuando se cometiere mediante pago, recompensa o promesa remunerada o se acompañase de robo o violación la pena será de 30 años a privación de por vida de la libertad”. Reprocha que los hechos probados de la sentencia no son coherentes con la parte dispositiva de la sentencia en sus numerales tercero y cuarto. Señala que del fallo se demuestra la infracción falta de aplicación del artículo 32, en relación al artículo 117 numeral 1 del Código Penal, ya que de los hechos declarados como probados y específicamente en el numeral primero, se desprende que el procesado E. V. C. G. actuó como cómplice neC.io en el ASESINATO de D. Y. A. y no autor directo como aparece condenado en la parte dispositiva de la sentencia, además de omitir la condena a título de cómplice neC.io de los asesinatos de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. Señala que de igual manera se infringe estas mismas normas al establecer la condena del imputado J. C. O. G. conocido como C. J. O. G., alias “Black, quien se le condenó como responsable de cómplice neC.io en vez de autor directo de las muertes de I. C. N. F., de la menor B. N. P. N. y D. Y. A., tal y como lo estableció como una verdad en los hechos probados de la sentencia. Por lo anterior, concluye que al no observar el a-quo correctamente las reglas del artículo 32 del Código Penal en relación con el artículo 117.1 del mismo cuerpo legal, vinculándolo a la verdad de hechos probados declarada en la sentencia ha infringido la ley penal sustantiva citada. VII.-
DECISIÓN 1) Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, si bien el recurrente centra el motivo de casación por quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, se limita a formular argumentaciones propias de instancia y con ellas a realizar un análisis exhaustivo de la prueba. Asimismo, omite indicar la regla o reglas de la sana crítica, de la lógica, psicología y de la experiencia que el juzgador ha dejado de observar en la valoración de la prueba de cargo y la forma en que dicha valoración ha afectado la decisión del juicio, defectos en la técnica recursiva del recurrente que no corresponde subsanar, ni enmendar a este alto tribunal de casación. Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. 2) Casación fundado en la Infracción de Preceptos Constitucionales. Reprocha una interpretación subjetiva sin base científica del análisis de dichos tatuajes y que no se logró acreditar la permanencia de los acusados en el momento del hecho a la pandilla 18. Señala concretamente que el a-quo viola la autonomía a la voluntad (artículo 59 y 70 CR), al señalar como culpables de la violación a este tipo penal, revirtiéndose la prueba, violentado el principio de culpabilidad que deja al estado en la obligación de probar y atentando contra el derecho al respeto de su estado de inocencia garantizado en el artículo 89 de la Constitución de la República, provocando así una verdadera inseguridad jurídica. Viola el derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito y el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Esta sala considera que en el presente caso, el juzgador ha valorado el dictamen pericial consistente en el análisis de los tatuajes que los acusados portan impresos en su piel, para determinar su pertenencia a una mara o pandilla, elaborado por el sub oficial de la Policía Preventiva M. N. A. C., al cual el a-quo concede plena credibilidad y que alcanza la conclusión categórica siguiente: Que los acusados J. C. O. G., D. R. X. U. y E. V. C. G., son miembros activos de la pandilla “18”, por portar en su cuerpo signos de identificación de la pandilla número 18. Esta sala concluye que con el medio de prueba pericial de estudio, agregado al juicio (folio 731 vuelto del proceso) ha sido valorado por el a quo, para formar su convencimiento, de forma conjunta y armoniosa con el resto de la prueba agregada al juicio, de la cual ha concluido no solo la pertenencia, sino la permanencia activa de los acusados a una organización ilícita dedicada exclusivamente y de forma permanente a la comisión de toda clase de ilícitos denominada Pandilla “18”. Es decir, que el a-quo no ha arribado a dicha conclusión, no solo por el hecho de haberse probado pericialmente que los acusados andan tatuados con signos propios a la Pandilla 18 sino además porque dichos tatuajes han sido corroborados en juicio también por la perito Lesly García (folio 731 vuelto) y por considerar que el tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA, un delito de peligro abstracto que requiere únicamente para tenerse por consumado, que se haya puesto en riesgo o peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, sin necesidad de que se haya probado la producción de una lesión a dicho bien jurídico protegido. Asimismo, en virtud que en el presente caso, el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, por el cual se ha condenado a los acusados J. C. O. G., D. R. X. U. y E. V. C. G., aparece en concursa con los delito de ASESINATO en perjuicio de S. Z. N. F., D. Y. A., I. C. N. F. y de la menor B. N. P. N. y con los de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL, todos en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, actividades ilícitas, todas ellas, típicas de este tipo de organizaciones criminales que actúan en contra de la legalidad. Por lo anterior esta sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado principalmente en la violación del derecho-garantía de presunción de inocencia y derechos relacionados, invocado por el recurrente. 3) Casación por Infracción por falta de aplicación del artículo 32 en relación del artículo 117.1 del Código Penal, interpuesto por fiscal del Ministerio Público. Reprocha el recurrente que el procesado E. V. C. G., actuó como cómplice neC.io en el ASESINATO de D. Y. A. y no autor directo como aparece condenado en la parte dispositiva de la sentencia y que se omite la condena a título de cómplice neC.io de los asesinatos de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. Asimismo, señala que de igual manera el a-quo infringe estas mismas normas al condenar al imputado J. C. O. G., conocido como C. J. O. G., alias “Black, como cómplice neC.io y no como autor directo de las muertes de I. C. N. F., de la menor B. N. P. N. y D. Y. A.. Esta Sala de lo penal considera que el artículo 32 del Código Penal dispone que: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”. En el presente caso, el a-quo declaró terminantemente probado que: “PRIMERO: En fecha uno (1) de septiembre del dos mil ocho (2008) entre las once y las doce de la noche, en la casa de habitación ubicada en el barrio La Isla del municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, a inmediaciones de la avenida Pedro Nufio, se encontraba la joven S. Z. N. F., sentada sobre la cama del cuarto de su casa de habitación, junto a su compañero sentimental E. V. C. M., alias “ Juicio”, cuando este le dispara con su arma de fuego a la altura de la sien izquierda causándole la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo sobre la cama acostada con las piernas semi flexionadas, procediendo a salir E. C. M. del cuarto, hacia la sala, quien le apunta a D. Y. A., mientras J. O. G. alias” Black”, coloca de rodillas a I. C. N. F. y a la menor B. N. P. N., apuntándoles con un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, quien les dispara infiriéndoles las siguientes heridas a I. C. N. F., en la región posterior de la cabeza y a B. N. P. N., en la región occipital derecha, quienes mueren a causa de laceración cerebral; acto seguido le dispara a D. Y. A., por debajo del ojo izquierdo causándole la muerte por laceración medular cervical, dándose a la fuga por la puerta trasera de la casa. SEGUNDO: En fecha cuatro (4) de septiembre del dos mil ocho (2008), se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora Y. Z. A. y su compañero de hogar E. A. F. P., ubicada en la colonia Las Mercedes, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, encontrándose en la habitación J. C. G. O. y debajo del colchón de la cama matrimonial, se encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, modelo SW 9C, pavón negro con gris con su respectivo cargador, procediendo a detenerlo en ese mismo acto a J. C. G. O. y al decomiso del arma antes descrita, quien encontrándose detenido por estos hechos, en fecha cinco (5) de septiembre del dos mil ocho (2008) logra fugarse de la celdas de la Policía Nacional Preventiva en donde se encontraba en depósito. TERCERO: En fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora M. Y. D. G., ubicada en la colonia Pizzaty, calle principal contiguo a la Iglesia “Cato”, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, se procedió nuevamente a la detención de J. C. G. O., encontrándose en el baño contiguo a su habitación, específicamente en el tanque del sanitario un arma de fuego tipo Mini Uzi, marca Intratec, modelo TEC-DC9, serie 0041900, pavón negro con su respectivo cargador conteniendo nueve (9) cartuchos que en su base se lee 9mm, procediendo al decomiso del arma de fuego antes señalada por ser un arma prohibida y a su captura. CUARTO: En esa misma fecha nueve (9) de septiembre del dos mil ocho (2008) aproximadamente a las seis de la tarde (6:00 pm) se detiene a E. V. C. G., en un autobús de la ruta interurbana del municipio de La Ceiba, Atlántida, hacia el municipio de Trujillo, departamento de Colón. QUINTO: En fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se logra darle captura a D. R. X. U., en el Barrio Inglés ubicado en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, mientras este se conducía en una motocicleta, por tener orden de captura pendiente. SEXTO: Los señores J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., Alias “Black”, D. R. X. U. alias “Gemelo” y E. V. C. G., alias “Juicio”, son miembros activos de la pandilla denominada “18”, quienes portan en sus cuerpos signos de identificación del número 18”. De los hechos probados resulta que el acusado E. V. C. G. alias “Juicio”, es coautor de la muerte de D. Y. A. y actúa de común acuerdo y en un solo as de voluntades con el actuar delictivo del coacusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, en la muerte de la señora D. Y. A.. El A Quo condena a E. V. C. G., alias “Juicio”, como autor y no como cómplice neC.io de la muerte de la señora D. Y. A.. La figura de “cómplice neC.io” es en realidad la de un coautor, por tratarse de un participe que contribuye con quien ejecuta directamente la acción delictiva reprochable, por un acto indispensable, o actúa de forma conjunta con él, de forma que para llevar a cabo la acción delictiva de uno, todos los partícipes se dividen los roles o actividades delictivas, siendo su accionar indispensable y complementarios entre sí, con el fin de obtener el resultado ilícito preconcebido por ambos. Las conductas ilícitas imputadas por el a-quo a los acusados E. V. C. G., alias “Juicio”, y J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, sancionadas por el a-quo con la pena establecida incurre en impresiones y omisiones por los delitos de ASESINATO en perjuicio de las víctimas preindicadas por los cuales se les condena. Condena a E. V. C. G., alias “Juicio” como autor del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A., cuando en realidad es un cómplice neC.io. Omite el juzgador sancionar a E. V. C. G., alias “Juicio” como cómplice neC.io de los delitos de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N.. Con respecto a la condena impuesta al acusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, como cómplice neC.io del delito de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N., cuando en realidad es un autor directo y omite condenarlo como autor directo también del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A.. Todo de conformidad a los hechos declarados probados por el juzgador. Por lo anterior esta sala declara con lugar parcialmente el motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por el recurrente, en el único sentido de ampliar las condenatorias ya impuestas por el a-quo, en treinta años de reclusión, a cada uno de los imputados E. V. C. G., alias “Juicio” y J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “Black”, por las razones expuestas..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez quien actúa como coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La siguiente SENTENCIA en el recurso de casación SP-452-2012 por quebrantamiento de forma e infracción de ley interpuesto contra la sentencia de fecha siete de junio de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO al señor D. R. X. U. del delito de ASESINATO en perjuicio de S. Z. N. F., D. Y. A., I. C. N. F., y la menor B. N. P. N.. 2) CONDENANDO a los señores J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., E. V. C. G. Y D. R. X. U., a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 3) CONDENANDO al señor E. V. C. G., a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO, en perjuicio de S. Z. N. F. Y D. Y. A..4) CONDENANDO al señor J. C. O. G. conocido también como C. J. O. G., a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. 5) CONDENANDO al señor J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN, por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDAS; se le impuso una multa de CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5.000.00) POR CADA ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, asimismo se le CONDENÓ a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 6) CONDENANDO a los señores J. C. O. G., conocido como C. J. O. G., E. V. C. G., Y D. R. X. U., a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena. 7) CONDENANDO al señor E. V. C. G., a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la pena. 8) NO CONDENÓ en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio al ente acusador público ni a los señores J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., E. V. C. G. Y D. R. X. U.. 9) DECLARÓ la responsabilidad civil de los acusados señores J. C. O. G. conocido también como C. J. O. G., E. V. C. G. Y D. R. X. U.. Interpusieron el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma la abogada J. I. H. W., actuando en su condición de defensora pública de los señores E. V. M. C. Y D. R. X. U. y el abogado R. A. C. B. en su condición de fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: la abogada J. I. H. W., defensora pública de los acusados E. V. M. C. y D. R. X. U. y el abogado R. A. C. B. fiscal del Ministerio Público, como partes recurrentes; la abogada J. A. V. fiscal del Ministerio Público y la abogada J. I. H. W. en su condición indicada, como partes recurridas. II.- HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este Tribunal de Sentencia declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha uno (1) de septiembre del dos mil ocho (2008) entre las once y las doce de la noche, en la casa de habitación ubicada en el Barrio La Isla del Municipio de la Ceiba, Departamento de Atlántida, a inmediaciones de la Avenida Pedro Nufio, se encontraba la joven S. Z. N. F., sentada sobre la cama del cuarto de su casa de habitación, junto a su compañero sentimental E. V. C. M., Alias “ Juicio”, cuando este le dispara con su arma de fuego a la altura de la sien izquierda causándole la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo sobre la cama acostada con las piernas semi flexionadas, procediendo a salir E. C. M. del cuarto, hacia la sala, quien le apunta a D. Y. A., mientras J. O. G. Alias” B.”, coloca de rodillas a I. C. N. F. y a la menor B. N. P. N., apuntándoles con un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, Serie PAK 5077, quien les dispara infiriéndoles las siguientes heridas a I. C. N. F., en la región posterior de la cabeza y a B. N. P. N., en la región occipital derecha, quienes mueren a causa de laceración cerebral; acto seguido le dispara a D. Y. A., por debajo del ojo izquierdo causándole la muerte por laceración medular cervical, dándose a la fuga por la puerta trasera de la casa. SEGUNDO: En fecha cuatro (4) de septiembre del dos mil ocho (2008), se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora Y. Z. A., y su compañero de hogar E. A. F. P., ubicada en la colonia Las Mercedes, en la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, encontrándose en la habitación J. C. G. O., y debajo del colchón de la cama matrimonial, se encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, Serie PAK 5077, Modelo SW 9C, pavón negro con gris con su respectivo cargador, procediendo a detenerlo en ese mismo acto a J. C. G. O., y al decomiso del arma antes descrita, quien encontrándose detenido por estos hechos, en fecha cinco (5) de septiembre del dos mil ocho (2008) logra fugarse de la celdas de la Policía Nacional Preventiva en donde se encontraba en depósito. TERCERO: En fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora M. Y. D. G., ubicada en la colonia Pizaty, calle principal contiguo a la Iglesia “Cato”, en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se procedió nuevamente a la detención de J. C. G. O., encontrándose en el baño contiguo a su habitación, específicamente en el tanque del sanitario un arma de fuego tipo Mini Uzi, Marca Intratec, Modelo TEC-DC9, Serie 0041900, Pavón negro con su respectivo cargador conteniendo nueve (9) cartuchos que en su base se lee 9mm, procediendo al decomiso del arma de fuego antes señalada por ser un arma prohibida y a su captura. CUARTO: En esa misma fecha nueve (9) de septiembre del dos mil ocho (2008) aproximadamente a las seis de la tarde (6:00 pm) se detiene a E. V. C. G., en un autobús de la ruta interurbana del Municipio de La Ceiba, Atlántida, hacia el Municipio de Trujillo, Departamento de Colón. QUINTO: En fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se logra darle captura a D. R. X. U., en el Barrio Inglés ubicado en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mientras este se conducía en una motocicleta, por tener orden de captura pendiente. SEXTO: Los señores J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., Alias “B.”, D. R. X. U. Alias “G.” y E. V. C. G., Alias “J.”, son miembros activos de la pandilla denominada “18”, quienes portan en sus cuerpos signos de identificación del número 18.” III.- ADMISIÓN El recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma interpuesto por la abogada J. I. H. W. actuando en su condición de defensora pública de los señores E. V. M. C. Y D. R. X. U. y el abogado R. A. C. B. en su condición de fiscal del Ministerio Público, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV.- RECURSO DE CASACIÓN LA RECURRENTE ABOGADA J. I. H. W. ACTUANDO EN SU CONDICION DE DEFENSORA PUBLICA DE LOS SEÑORES E. V. M. C. Y D. R. X. U., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: Quebrantamiento de Forma al no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. MOTIVO SEGUNDO: Infracción de Preceptos Constitucionales. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dice “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en relación con el artículo 338 del mismo cuerpo legal. PRIMERO: En la valoración de la prueba el Tribunal de sentencia realizó una valoración de la Declaración como testigo A. V. M. y del Acta de Inspección realizada por el mismo Agente, el Tribunal establece: Este Medio de prueba fue ratificado en la Audiencia del Juicio por el Agente de la Dirección General de Investigación Criminal A. V. M. ., junto al Álbum fotográfico que se acompaña, sin que se haya cuestionado su autenticidad, con ello se corrobora lo señalado en los hechos probados supra indicados en lo que respecta al momento y a la ubicación de la vivienda en donde se encontraron los cuerpos inertes de las jóvenes D. Y. A., I. C. N. F., B. N. E N. P., S. Z. N. F., en fecha dos (2) de septiembre del año dos mil ocho (2008), así como del hallazgo de la evidencia debidamente incautada y embalada, el documento describe inicialmente las posiciones, el lugar y condiciones en que se encentraron los cuerpos sin vida de las víctimas, así como los objetos que se encontraron en el lugar, menciona que se trataba de una escena cerrada (....). Esta defensa considera que el Técnico A. V. M. ., no identificó plenamente los indicios recolectados, mediante fotografías, ni planos. Lo que pone en duda la autenticidad, y la fidelidad de las evidencias sometidas a juicio. Así mismo no observo los requisitos: La localización del indicio, la identificación, preservación y Cadena de custodio Legal de la evidencia. El Acta de Inspección de la escena del crimen, instrumento básico para el esclarecimiento del hecho, el técnico no realizó un verdadero trabajo, el mismo durante su Declaración ante el Honorable Tribunal de Sentencia manifestó que se hicieron varios informes, que los modificó e inclusive que el Acta de Inspección Ratificada durante el Juicio Oral y Público no era el informe final que había redactado. Habló de la existencia de un croquis que no se encuentra agregado al Acta de Inspección, indicios que no fueron incluidos en el acta de Inspección, ni en la Cadena de Custodia, falta de fotografías que indiquen el lugar de los indicios y si estos realmente existieron. Así mismo el señor A. V. M. ., depuso que no pudo tomar mas fotografías de los indicios por no tener suficiente rollo y pero tomo 6 fotografías panorámicas, y no de los indicios importantes. En dichas panorámicas que no fueron tomadas el día de los hechos, en primer lugar en las fotos 1, 2, 3, 4, 5 no se observa las patrullas policiales, los carros de Medicina forense, carros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. No se observan curiosos, ni familiares de las víctimas. Debido a que es un hecho notorio que cuando suceden estos sucesos, los primeros que llegan son los curiosos. Si realmente fueron tomadas el día de los hechos, donde están todas estas personas. En relación a la recolección de indicios por parte del técnico se realizo de manera incompleta y con graves errores de procedimiento. ¿Cómo es posible que habiendo 3 cuerpos con orificio de salida, el técnico realizó una inspección, y siendo un lugar cerrado no se encontró las balas ni los casquillos: Esto nos lleva a la duda si realmente hizo su trabajo. En el acta no se encuentra consignado todo y como el mismo estableció que la había corregido varias veces. Y si corrigió el acta, igualmente modificar la cadena de Custodia de las evidencia en perjuicio de mis representados. El amplió el acta diciendo que había tomado 5 tarjetas de huellas dactilares de varios objetos e la casa. No consigno en el acta dichos objetos ni en la cadena de custodia por lo que no se puede dar credibilidad que realmente existieron por no constar en un medio escrito o fotográfico. Igual que en los supuestos indicios 3 y 4 no aparecen documentados en ningún croquis o fotografía por lo que certeza que los mismos existen, mas pareciera que los mismos fueron plantados con el propósito de perjudicar a mis representados. En el Juicio Oral y Público la evidencia física se le considera la reina de las pruebas, pero para ello es neC.io que reúna todos los requisitos y estándares establecidos, para que el juzgador la valore como prueba. No se puede condenara a un imputado con una evidencia plagada de errores, dudas incluso que se presuma que la misma puedo haber sido plantada al desconocerse su procedencia. Bajo ninguna circunstancia los investigadores de la escena del crimen no pueden ni deben aducir ignorancia, falta de equipo y material para proC. la escena ya que para levantar un plano, no se necesita ser experto en dibujo, solamente se requiere que se tomen las medidas y ubicar los indicios, en el lugar donde se encontraron con sus respectivas mediciones. Si aduce que la cámara fotográfica le fallo, tampoco se considera una excusa ya que incluso pudo haber tomado fotografías utilizando un celular, por otro lado los procedimientos establecen que el plano tiene que coincidir exactamente con el álbum fotográfico, o sea que si en la escena se encontraron, cinco indicios, estos deben de ser fotografiados y tienen que figurar en el plano, caso contrario se continua dudando de la procedencia del indicio. El artículo 203 del Código Procesal Penal es Claro donde establece que: Inspección y custodia del lugar de los hechos. La Policía Nacional, se encargará de inspeccionar y custodiar el lugar donde ocurrieron los hechos que se investigan. Asimismo, de buscar señales, huellas, rastros o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito; siempre que fuere posible recogerán y conservarán los elementos probatorios que sean útiles para el esclarecimiento de la verdad. De todo lo actuado se dejará constancia en acta, en la que se hará un detalle pormenorizado del estado de las cosas y de las personas. Los agentes de investigación podrán ser asistidos por expertos o peritos, si precisare conocimientos técnicos, médicos o de otra naturaleza, para la recolección de señales, huellas o vestigios y demás elementos de prueba, procediendo a su conservación y detalle en el acta mencionada. Las actas que reúnan los requisitos establecidos en este Artículo, serán incorporadas al juicio y leídas durante el mismo. Y siendo que la misma no reúne los requisitos del presente artículo por no contar con una información correcta y fidedigna, no se debió dar la credibilidad tanto al acta como a la declaración del señor A. V. M. .-. En dicha inspección se recabaron casquillos, que fueron uno de los indicios principales que uso el Tribunal de Sentencia para dictar una sentencia Condenaría en perjuicio de mi Representado. Los cuales su recolección no cumplió con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal en cuanto al debido proceso establecido en el artículo 203 de dicho cuerpo Legal. La consecuencia esencial que provoca la obtención de prueba en los supuestos y modos previstos por el artículo 200 del Código Procesal Penal viene a ser su imposible utilización efectos de fundamentar en ellas una sentencia condenatoria. Tienen una Carencia de eficacia probatoria, lo cual procura que se excluya de raíz un medio de prueba que se considera ilícito. Y todo aquello que se derive de el Acta de Inspección por no haber observado o cumplido lo establecido en el artículo 203. Por lo que es una violación al debido proceso establecido en nuestra norma Jurídica. SEGUNDO: En relación al Delito de ASOCIACION ILICITA el Ministerio Público presentó como perito al señor N. A., con el fin que realizará un Dictamen sobre los Tatuajes encontrados a los señores E. V. M. C. Y D. R. X. U.. De su deposición se pudo captar que la interpretación hecha fue de forma subjetiva sin ninguna base científica o por haber tenido capacitación sobre como realizar el análisis de dichos tatuajes. Igualmente estableció que no se puede establece cuando se realizaron dichos tatuajes, y tampoco el significado de alguno de ellos al ser consultado por lo que todo en base a su experiencia en las calles. No se logró acreditar la permanecía en el momento del hecho a dicha institución. Únicamente se esta prejuzgado por los tatuajes que han hecho en su cuerpo. Debido a los medios de Comunicación y principalmente las películas en la cultura anglo sajona es muy común el uso de tatuajes para recordar seres queridos, utilizados también por integrantes de las fuerzas armadas, por los marinos. Esto no quiere decir que formen parte de una mara o pandilla. Una de las garantías que se desprenden del principio de legalidad se plasma en el principio de TAXATIVIDAD, según el cual el legislador al momento de establecer tipos penales no puede tener discrecionalidad absoluta, debiendo emplear la descripción típica en términos claras y precisos para que los seres humanos adecuemos nuestro comportamiento a las pretensiones de la ley Penal, evitando arbitrariedades en la aplicación de la misma y el menoscabo de los derechos humanos fundamentales. Del análisis de los elementos objetivos contendidos en el articulo 332 hemos encontrado que la mismo no cumple con estos postulados, dejando al arbitrio de los operadores de justicia la interpretación de lo que quieran entender por mara o pandilla, dando lugar a detenciones arbitrarias de personas que han decidió andar manchada su piel con tatuajes, haciendo uno de su “Autonomía a la Voluntad (artículo 59 y 70 CR), señalándoles por ese hecho como culpables de la violación a este tipo penal, revirtiéndose la prueba, violentado el principio de culpabilidad que deja al estado en la obligación de probar y atentando contra el derecho al respeto de su Estado de Inocencia garantizado en el artículo 89 de la Constitución de la República, provocando así una verdadera inseguridad jurídica. Como elemento objetivo del tipo penal encontramos: El Propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito”, con le cual invade el fuero interno del individuo que es el único que podría establecer si esta es su pretensión. El artículo 13 de nuestro Código Penal establece que “El delito se comete por acción (hacer positivo) o por omisión (hacer negativo)”, por tanto se penara el hacer y no el pensamiento de las personas en reconocimiento a su dignidad humana y como limite de todo Estado de derecho en la aplicación de su política criminal (no invadir la conciencia del ser humano). El derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito. Este derecho es concebido por una parte de la doctrina como integrante de la faceta externa del derecho al respeto de la vida privada de la persona, constituyendo el aspecto más externo que es el de la figura humana, que garantiza también un ámbito de autonomía y control respecto de sus atributos más característicos y definitorios de la propia persona, posesión irreducible e inherente a ella. Así mismo el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. El artículo 332 fue reformado y entro en vigencia en el mes de marzo del 2005, por lo que todo acto realizado anteriormente a esa fecha no puede ser juzgado o sometido a dicho artículo. Siendo que no se logro acreditar la fecha en la cual los mismos se realizaron los tatuajes, que es el extremo que apunta el Ministerio Público. En base al principio In dubio pro reo y lo expuesto por el señor N. A., que posterior al 2002 las personas pertenecientes a maras o pandillas dejaron de tatuarse. Por lo que no se logra acreditar si en el momento del hecho se encontraban o eran miembros activos de dichas pandillas, fueron detenidos en lugares diferentes, solos. Por lo que se debe de dictar Absolutoria en relación al delito de asociación ilícita a favor de mis representados. D. R. X. y E. V. M..” III.-EL RECURRENTE ABOGADO R. A. C. B. ACTUANDO EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR FRACCION DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE:”CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO: Infracción por falta de aplicación del artículo 32 en relación del artículo 117.1 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Los preceptos penales de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 32: Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan con la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” En relación al artículo 117: Es reo de asesinato quien de muerte a una persona ejecutándola con las concurrencias de cualquiera de las circunstancias siguientes:1) Alevosía 2)... 3)... 4)... La pena por asesinato será de 20 a 30 años de reclusión cuando se cometiere mediante pago. Recompensa, o promesa remunerada o se acompañase de robo o violación la pena será de 30 años a privación de por vida de la libertad. Por su parte el Tribunal sentenciador después de haber analizado y valorado las pruebas practicadas válidamente en juicio oral estableció la verdad material que contiene los hechos probados de la sentencia los cuales declaró de la manera siguiente: “PRIMERO: en fecha uno (1) de septiembre del año dos mil ocho (2008) entre las once y las doce de la noche en la casa de habitación ubicada en el Barrio La Isla del Municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, a inmediaciones de la Avenida Pedro Nufio, se encontraba la joven S. Z. N. F., sentada sobre la cama del cuarto de su casa de habitación, junto a su compañero sentimental E. V. C. M., Alias “J.” cuando éste le dispara con su arma de fuego a la altura de la sien izquierda causándole la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo sobre la cama acostada con las piernas semi flexionadas, procediendo a salir E. C. M. del cuarto hacia la sala, quien le apunta a D. Y. A., mientras J. O. G. Alias “B.”, coloca de rodillas a I. C. N. F. y a la menor B. N. P. N., apuntándoles con un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, quien les dispara infiriéndoles las siguientes heridas a I. C. N. F. en la región posterior de la cabeza y a B. N. P. N., en la región occipital derecha, quienes mueren a causa de laceración cerebral; acto seguido le dispara a D. Y. A., por debajo del ojo izquierdo causándole la muerte por laceración medular, dándose a la fuga por la puerta trasera de la casa”. El Tribunal Sentenciador en el apartado de la parte dispositiva de la sentencia señala en su numeral tercero y cuarto lo siguiente:“TERCERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al señor E. V. C. G., Alias “J.”, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como responsable a título de Autor del delito de ASESINATO, en perjuicio de S. Z. N. F. y D. Y. A., con la concurrencia de circunstancias Agravantes, a la pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, por cada una de las víctimas, misma que habrá de cumplir en le Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto en la Aldea de Támara, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.- Debiendo computar el tiempo que ha estado en efectiva prisión por este proceso. “CUATRO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al señor J. C. O. G., conocido como C. J. O. G., Alias “B.”, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como responsable a título de Cómplice NeC.io del delito de ASESINATO, en perjuicio de I. C. N. F. y a la menor B. N. P. N., con la concurrencia de circunstancias Agravantes, a la pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, por cada una de las víctimas, misma que habrá de cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, en la Aldea de Tamara, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.- Debiendo computar el tiempo que ha estado en efectiva prisión por este proceso”. De la declaración de los hechos probados y tenido como una verdad incuestionable por el Tribunal de Sentencia, se reconoce claramente la participación de manera directa del acusado E. V. C. G., Alias “J.”, en la muerte de S. Z. N. F. así mismo también se reconoce su participación como cómplice neC.io de la muerte de D. Y. A., I. C. N. F. y de la menor B. N. P. N.. Al confrontar esta verdad incuestionable e incontrovertible establecida por el sentenciador con la parte dispositiva de la sentencia, que es donde el Tribunal se pronuncia sobre el procesado, donde fija el hecho o los hechos de los cuales se considerará culpable, así mismo califica los mismos y determina el mínimo y el máximo de la pena aplicable y ordena la detención o las medidas cautelares que deberá aplicar, en el caso de autos nos encontramos con que el sentenciador, al emitir su fallo lo hace apartándose de lo declarado en el hecho probado supra-indicado de tal manera que al resolver sobre la condena de E. V. C. G., Alias “J.”, ha omitido condenarlo por los dos delitos que le fueron probados como cómplice neC.io por los asesinatos de I. C. N. F. y B. N. P. N., tal y como lo estableció como hecho probado y así fue demostrado en juicio y así debió establecerse en la parte resolutiva de la sentencia que se impugna. Además la falta de observación del cuadro fáctico, también queda evidenciado en el caso de la condena que se le señala a E. V. C. G. por el asesinato de D. Y. A., el sentido que el Tribunal equivocadamente lo señala como autor directo del hecho y no como cómplice neC.io como efectivamente se desprende del hecho probado primero y que se ha supra-indicado en este escrito. Así mismo en el caso del enjuiciado J. C. O. G., conocido como C. J. O. G., Alias “Black, se desprende del hecho probado primero, que J. O. G. Alias “B.”, coloca de rodillas a I. C. N. F. y a la menor B. N. P. N., apuntándoles con un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, quien les dispara infiriéndoles las siguientes heridas: a I. C. N. F. en la región posterior de la cabeza y a B. N. P. N., en la región occipital derecha, quienes mueren a causa de laceración cerebral; acto seguido le dispara a D. Y. A....” Al confrontar este hecho probado con lo dispuesto en el fallo condenatorio al procesado J. C. O. G., conocido como C. J. O. G., Alias B., observamos la desvinculación del sentenciador de los hechos probados al concretizar la condena, la cual en su numeral CUARTO de la parte dispositiva de la sentencia lo señala como responsable solamente a título de cómplice neC.io en los delitos de asesinato en perjuicio de I. C. N. F. y de la menor B. N. P. N., lo que no corresponde a lo declarado como probado en el número primero del cuadro fáctico, ya que del mismo se desprende como una verdad probada que el imputado en mención actuó como autor directo de las muertes de I. C. N. F. y de la menor B. N. P. N., asimismo omitió la condena como autor directo del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A.. Siendo así las cosas el Tribunal Sentencia ha realizado una falta de aplicación del artículo 32 del Código penal en relación al artículo 117.1 del mismo ordenamiento jurídico. Del fallo anteriormente citado se demuestra la infracción falta de aplicación del artículo 32 en relación al artículo 117 numeral 1 del Código Penal, ya que de los hechos declarados como probados y específicamente en los numeral primero, se desprende el que el procesado E. V. C. G., actuó como cómplice neC.io en el ASESINATO DE D. Y. A. y no autor directo como aparece condenado en la parte dispositiva de la sentencia, además de omitir la condena a titulo de cómplice neC.io de los asesinatos de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. De igual manera se infringe estas mismas Normas al establecer la condena del imputado J. C. O. G., conocido como C. J. O. G., Alias “B., quien se le condenó como responsable de cómplice neC.io en vez de autor directo de las muertes de I. C. N. F., de la menor B. N. P. N. y D. Y. A., tal y como lo estableció como una verdad en los hechos probados de la sentencia. Al no observar el Juzgador correctamente la reglas del artículo 32 del Código Penal en relación con el Artículo 117.1 del mismo cuerpo legal, vinculándolo a la verdad de hechos probados declarada en la sentencia ha infringido la ley penal sustantiva citada tal como se ha dejado demostrado declarando impune con las autorías incorrectas los delitos de asesinato de las víctimas tal y como hemos señalado y demostrado en este recurso.”V.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Esta Sala de lo Penal reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afI.ciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas); verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afI.da o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afI. que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. 2) Esta Sala de lo Penal reitera que para el examen del motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado en vulneración del principio-derecho a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, debe comprobarse lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia y f) Si ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta sala verificar que, efectivamente, el tribunal a-quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. La función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA no acaba aquí, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria, es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que como se parte de la inocencia, quien afI. la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente. No demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afI. la inocencia del acusado, para llegar a la condena es neC.io que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías practicada en el juicio para hacer posible la contradicción y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afI.da y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. 3) Esta Sala de lo Penal reitera que a través del recurso de casación por infracción de ley, solo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia, a diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico y que corresponde a la Sala de lo Penal actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. En este sentido el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse o se invocan las normas que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. VI.- RESUMEN 1) Motivo de casación por Quebrantamiento de Forma por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Argumenta que en la valoración de la prueba el a-quo realizó la valoración de la declaración como testigo Á. V. M. y del ACTA DE INSPECCIÓN realizada por el mismo agente, referente al momento y ubicación de la vivienda donde se encontraron los cadáveres de las jóvenes D. Y. A., I. C. N. F., B. N. N. P., S. Z. N. F. y al hallazgo de la evidencia incautada y embalada, acta que describe las posiciones, lugar y condiciones en que se encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas y objetos que se encontraron en el lugar. La defensa reprocha que el técnico Á. V. M. ., no identifica los indicios recolectados mediante fotografías ni planos, lo que pone en duda la autenticidad y fidelidad de las evidencias sometidas a juicio, no observa los requisitos de localización, identificación, preservación y cadena de custodia legal de la evidencia. Asimismo, que se hicieron varios informes en que modificó el acta de inspección ratificada en el juicio oral y público y que éste no era el informe final que había redactado. Que el croquis que menciona en su informe no se encuentra agregado al acta de inspección, indicios no incluidos en el acta de inspección ni en la cadena de custodia, faltan fotografías que indiquen el lugar de los indicios y tomó seis fotografías panorámicas no de los indicios importantes, que supone no fueron tomadas el día de los hechos. Concluye que en el presente caso, hay carencia de eficacia probatoria, por lo que pide se excluya como medio de prueba ilícito todo lo que se derive del acta de inspección por no haber observado o cumplido lo establecido en el artículo 203 del Código Procesal Penal. 2) Motivo de Casación fundado en la Infracción de Preceptos Constitucionales. En relación al delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, señala que el Ministerio Público presentó como perito al señor N. A., para el dictamen sobre los tatuajes encontrados a los acusados E. V. M. C. Y D. R. X. U.. Reprocha una interpretación subjetiva sin base científica del análisis de dichos tatuajes y que no se logró acreditar la permanencia de los acusados en el momento del hecho a dicha institución, por considerar que quiere decir que formen parte de una mara o pandilla. Estima que de los elementos objetivos del artículo 332 del Código Penal, no se cumple con ellos, dejándolo al arbitrio de los operadores de justicia la interpretación de lo que quieran entender por mara o pandilla, dando lugar a detenciones arbitrarias de personas que han decidido andar manchada su piel con tatuajes. El a-quo viola la autonomía a la voluntad (artículo 59 y 70 CR), pues los señala por ese hecho como culpables de la violación a este tipo penal, revirtiéndose la prueba, violentado el principio de culpabilidad que deja al Estado en la obligación de probar y atentando contra el derecho al respeto de su estado de inocencia garantizado en el artículo 89 de la Constitución de la República, provocando así una verdadera inseguridad jurídica. Viola el derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito, derecho es concebido por una parte de la doctrina como integrante de la faceta externa del derecho al respeto de la vida privada de la persona, asimismo el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado, por considerar que el artículo 332 fue reformado y entró en vigencia en el mes de marzo del 2005, por lo que todo acto realizado anteriormente a esa fecha no puede ser juzgado o sometido a dicho artículo, porque no se logró acreditar la fecha en la cual los mismos se realizaron los tatuajes, que es el extremo que apunta el Ministerio Público. En base al principio in dubio pro reo y lo expuesto por el señor N. A., que posterior al 2002 las personas pertenecientes a maras o pandillas dejaron de tatuarse. Por lo que no se logra acreditar si en el momento del hecho se encontraban o eran miembros activos de dichas pandillas, fueron detenidos en lugares diferentes, solos. Por lo que se debe de dictar absolutoria en relación al delito de asociación ilícita a favor de mis representados. D. R. X. y E. V. M..” Motivo de Casación por Infracción por falta de aplicación del artículo 32 en relación del artículo 117.1 del Código Penal, interpuesto por fiscal del Ministerio Público. Cita como infringidos el artículo 32 del Código Penal: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan con la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”, en relación al artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con las concurrencias de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía 2)... 3)... 4)... La pena por asesinato será de 20 a 30 años de reclusión cuando se cometiere mediante pago, recompensa o promesa remunerada o se acompañase de robo o violación la pena será de 30 años a privación de por vida de la libertad”. Reprocha que los hechos probados de la sentencia no son coherentes con la parte dispositiva de la sentencia en sus numerales tercero y cuarto. Señala que del fallo se demuestra la infracción falta de aplicación del artículo 32, en relación al artículo 117 numeral 1 del Código Penal, ya que de los hechos declarados como probados y específicamente en el numeral primero, se desprende que el procesado E. V. C. G. actuó como cómplice neC.io en el ASESINATO de D. Y. A. y no autor directo como aparece condenado en la parte dispositiva de la sentencia, además de omitir la condena a título de cómplice neC.io de los asesinatos de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. Señala que de igual manera se infringe estas mismas normas al establecer la condena del imputado J. C. O. G. conocido como C. J. O. G., alias “B., quien se le condenó como responsable de cómplice neC.io en vez de autor directo de las muertes de I. C. N. F., de la menor B. N. P. N. y D. Y. A., tal y como lo estableció como una verdad en los hechos probados de la sentencia. Por lo anterior, concluye que al no observar el a-quo correctamente las reglas del artículo 32 del Código Penal en relación con el artículo 117.1 del mismo cuerpo legal, vinculándolo a la verdad de hechos probados declarada en la sentencia ha infringido la ley penal sustantiva citada. VII.- DECISIÓN 1) Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, si bien el recurrente centra el motivo de casación por quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, se limita a formular argumentaciones propias de instancia y con ellas a realizar un análisis exhaustivo de la prueba. Asimismo, omite indicar la regla o reglas de la sana crítica, de la lógica, psicología y de la experiencia que el juzgador ha dejado de observar en la valoración de la prueba de cargo y la forma en que dicha valoración ha afectado la decisión del juicio, defectos en la técnica recursiva del recurrente que no corresponde subsanar, ni enmendar a este alto tribunal de casación. Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. 2) Casación fundado en la Infracción de Preceptos Constitucionales. Reprocha una interpretación subjetiva sin base científica del análisis de dichos tatuajes y que no se logró acreditar la permanencia de los acusados en el momento del hecho a la pandilla 18. Señala concretamente que el a-quo viola la autonomía a la voluntad (artículo 59 y 70 CR), al señalar como culpables de la violación a este tipo penal, revirtiéndose la prueba, violentado el principio de culpabilidad que deja al estado en la obligación de probar y atentando contra el derecho al respeto de su estado de inocencia garantizado en el artículo 89 de la Constitución de la República, provocando así una verdadera inseguridad jurídica. Viola el derecho a la propia imagen como derecho fundamental implícito y el artículo 96 de la Constitución de la República, establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Esta sala considera que en el presente caso, el juzgador ha valorado el dictamen pericial consistente en el análisis de los tatuajes que los acusados portan impresos en su piel, para determinar su pertenencia a una mara o pandilla, elaborado por el sub oficial de la Policía Preventiva M. N. A. C., al cual el a-quo concede plena credibilidad y que alcanza la conclusión categórica siguiente: Que los acusados J. C. O. G., D. R. X. U. y E. V. C. G., son miembros activos de la pandilla “18”, por portar en su cuerpo signos de identificación de la pandilla número 18. Esta sala concluye que con el medio de prueba pericial de estudio, agregado al juicio (folio 731 vuelto del proceso) ha sido valorado por el a quo, para formar su convencimiento, de forma conjunta y armoniosa con el resto de la prueba agregada al juicio, de la cual ha concluido no solo la pertenencia, sino la permanencia activa de los acusados a una organización ilícita dedicada exclusivamente y de forma permanente a la comisión de toda clase de ilícitos denominada Pandilla “18”. Es decir, que el a-quo no ha arribado a dicha conclusión, no solo por el hecho de haberse probado pericialmente que los acusados andan tatuados con signos propios a la Pandilla 18 sino además porque dichos tatuajes han sido corroborados en juicio también por la perito L. G. (folio 731 vuelto) y por considerar que el tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA, un delito de peligro abstracto que requiere únicamente para tenerse por consumado, que se haya puesto en riesgo o peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, sin necesidad de que se haya probado la producción de una lesión a dicho bien jurídico protegido. Asimismo, en virtud que en el presente caso, el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, por el cual se ha condenado a los acusados J. C. O. G., D. R. X. U. y E. V. C. G., aparece en concursa con los delito de ASESINATO en perjuicio de S. Z. N. F., D. Y. A., I. C. N. F. y de la menor B. N. P. N. y con los de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL, todos en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, actividades ilícitas, todas ellas, típicas de este tipo de organizaciones criminales que actúan en contra de la legalidad. Por lo anterior esta sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado principalmente en la violación del derecho-garantía de presunción de inocencia y derechos relacionados, invocado por el recurrente. 3) Casación por Infracción por falta de aplicación del artículo 32 en relación del artículo 117.1 del Código Penal, interpuesto por fiscal del Ministerio Público. Reprocha el recurrente que el procesado E. V. C. G., actuó como cómplice neC.io en el ASESINATO de D. Y. A. y no autor directo como aparece condenado en la parte dispositiva de la sentencia y que se omite la condena a título de cómplice neC.io de los asesinatos de I. C. N. F. y la menor B. N. P. N.. Asimismo, señala que de igual manera el a-quo infringe estas mismas normas al condenar al imputado J. C. O. G., conocido como C. J. O. G., alias “B., como cómplice neC.io y no como autor directo de las muertes de I. C. N. F., de la menor B. N. P. N. y D. Y. A.. Esta Sala de lo penal considera que el artículo 32 del Código Penal dispone que: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”. En el presente caso, el a-quo declaró terminantemente probado que: “PRIMERO: En fecha uno (1) de septiembre del dos mil ocho (2008) entre las once y las doce de la noche, en la casa de habitación ubicada en el barrio La Isla del municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, a inmediaciones de la avenida Pedro Nufio, se encontraba la joven S. Z. N. F., sentada sobre la cama del cuarto de su casa de habitación, junto a su compañero sentimental E. V. C. M., alias “ J.”, cuando este le dispara con su arma de fuego a la altura de la sien izquierda causándole la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo sobre la cama acostada con las piernas semi flexionadas, procediendo a salir E. C. M. del cuarto, hacia la sala, quien le apunta a D. Y. A., mientras J. O. G. alias” B.”, coloca de rodillas a I. C. N. F. y a la menor B. N. P. N., apuntándoles con un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, quien les dispara infiriéndoles las siguientes heridas a I. C. N. F., en la región posterior de la cabeza y a B. N. P. N., en la región occipital derecha, quienes mueren a causa de laceración cerebral; acto seguido le dispara a D. Y. A., por debajo del ojo izquierdo causándole la muerte por laceración medular cervical, dándose a la fuga por la puerta trasera de la casa. SEGUNDO: En fecha cuatro (4) de septiembre del dos mil ocho (2008), se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora Y. Z. A. y su compañero de hogar E. A. F. P., ubicada en la colonia Las Mercedes, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, encontrándose en la habitación J. C. G. O. y debajo del colchón de la cama matrimonial, se encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm. Marca Smith & Wesson, serie PAK 5077, modelo SW 9C, pavón negro con gris con su respectivo cargador, procediendo a detenerlo en ese mismo acto a J. C. G. O. y al decomiso del arma antes descrita, quien encontrándose detenido por estos hechos, en fecha cinco (5) de septiembre del dos mil ocho (2008) logra fugarse de la celdas de la Policía Nacional Preventiva en donde se encontraba en depósito. TERCERO: En fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se procede a realizar allanamiento de morada en la casa de habitación de la señora M. Y. D. G., ubicada en la colonia Pizzaty, calle principal contiguo a la Iglesia “Cato”, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, se procedió nuevamente a la detención de J. C. G. O., encontrándose en el baño contiguo a su habitación, específicamente en el tanque del sanitario un arma de fuego tipo Mini Uzi, marca Intratec, modelo TEC-DC9, serie 0041900, pavón negro con su respectivo cargador conteniendo nueve (9) cartuchos que en su base se lee 9mm, procediendo al decomiso del arma de fuego antes señalada por ser un arma prohibida y a su captura. CUARTO: En esa misma fecha nueve (9) de septiembre del dos mil ocho (2008) aproximadamente a las seis de la tarde (6:00 pm) se detiene a E. V. C. G., en un autobús de la ruta interurbana del municipio de La Ceiba, Atlántida, hacia el municipio de Trujillo, departamento de Colón. QUINTO: En fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil ocho (2008) se logra darle captura a D. R. X. U., en el Barrio Inglés ubicado en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, mientras este se conducía en una motocicleta, por tener orden de captura pendiente. SEXTO: Los señores J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., Alias “B.”, D. R. X. U. alias “G.” y E. V. C. G., alias “J.”, son miembros activos de la pandilla denominada “18”, quienes portan en sus cuerpos signos de identificación del número 18”. De los hechos probados resulta que el acusado E. V. C. G. alias “J.”, es coautor de la muerte de D. Y. A. y actúa de común acuerdo y en un solo as de voluntades con el actuar delictivo del coacusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “B.”, en la muerte de la señora D. Y. A.. El A Quo condena a E. V. C. G., alias “J.”, como autor y no como cómplice neC.io de la muerte de la señora D. Y. A.. La figura de “cómplice neC.io” es en realidad la de un coautor, por tratarse de un participe que contribuye con quien ejecuta directamente la acción delictiva reprochable, por un acto indispensable, o actúa de forma conjunta con él, de forma que para llevar a cabo la acción delictiva de uno, todos los partícipes se dividen los roles o actividades delictivas, siendo su accionar indispensable y complementarios entre sí, con el fin de obtener el resultado ilícito preconcebido por ambos. Las conductas ilícitas imputadas por el a-quo a los acusados E. V. C. G., alias “J.”, y J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “B.”, sancionadas por el a-quo con la pena establecida incurre en impresiones y omisiones por los delitos de ASESINATO en perjuicio de las víctimas preindicadas por los cuales se les condena. Condena a E. V. C. G., alias “J.” como autor del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A., cuando en realidad es un cómplice neC.io. Omite el juzgador sancionar a E. V. C. G., alias “J.” como cómplice neC.io de los delitos de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N.. Con respecto a la condena impuesta al acusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “B.”, como cómplice neC.io del delito de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N., cuando en realidad es un autor directo y omite condenarlo como autor directo también del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A.. Todo de conformidad a los hechos declarados probados por el juzgador. Por lo anterior esta sala declara con lugar parcialmente el motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por el recurrente, en el único sentido de ampliar las condenatorias ya impuestas por el a-quo, en treinta años de reclusión, a cada uno de los imputados E. V. C. G., alias “J.” y J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G., alias “B.”, por las razones expuestas. VIII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 32 y 117.1 del Código Penal; artículos 360, 361, y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por la abogada J. I. H. W. en su condición de defensora pública de los acusados E. V. M. C. y D. R. X. U.; 2) Declarar parcialmente CON lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el abogado R. A. C. B., en su condición de fiscal del Ministerio Público, en el único sentido de reformar la sentencia de fecha siete de junio de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, de la manera siguiente: 1) Que la pena que le fue impuesta en la sentencia impugnada al acusado E. V. C. G., alias “J.”, de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A., sea a título de cómplice neC.io y no como autor directo; 2) Además condenar al acusado E. V. C. G., alias “J.” a la pena adicional de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, como cómplice neC.io del delito de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N. y 3) Que la pena que le fue impuesta en la sentencia impugnada al acusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G. alias “B.”, de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO en perjuicio de I. C. N. y la menor B. N. P. N., sea a titulo de autor directo y no como cómplice neC.io; 4) Además condenar al acusado J. C. O. G., conocido también como C. J. O. G. alias “B.”, a la pena adicional de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autor directo del delito de ASESINATO en perjuicio de D. Y. A.. Y en lo no reformado por la presente sentencia de casación quede y se mantenga incólume la sentencia impugnada. MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen para los fines y efectos legales. NOTIFÍQUESE.- FI.S Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FI. Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA .- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-452-2012.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005