Sentencia CP-451-14 — Registro 5782
Resumen
Se condenó a la imputada en primer instancia por el delito usurpación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Es necesario determinar que la Interpretación Errónea, consiste en que citando la sentencia la Ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala estima que los alegatos esgrimidos por los Recurrentes, se han formulado con inobservancia del carácter intangible de los hechos declarados probados, que los Artículos 360 párrafo primero y 369 párrafo tercero del Código Procesal Penal prevén, al pretender modificar el cuadro fáctico contenido en la sentencia impugnada. La técnica recursiva fundada en la Infracción de Ley, exige que el Recurrente, respetando los hechos declarados probados, indique cuales son las razones en las que se basa para considerar que el proceso de subsunción es incorrecto. El delito que el A Quo atribuye a la acusada, se describe en el Artículo 227 del Código Penal como la acción de quien usurpa un bien inmueble o un derecho real. Ciertamente la descripción que nos ofrece el Artículo antes citado en torno a la figura de la Usurpación es bastante escueta, sin embargo la doctrina científica contribuye a dotar de contenido a la misma. En este sentido se afirma que la acción de usurpar comporta la del despojo. El concepto de despojo da la idea del hecho en relación con la persona a la que se desplaza. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes, se despoja penetrando y expulsando al sujeto pasivo o a sus representantes o impidiéndoles la entrada, si en el momento de la invasión estaban ausentes. También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en él o expulsa a sus ocupantes ..."vid. FONTÁN BALESTRA (CARLOS), en "DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 8ª edición, 1978, páginas 396 y 397. Por su parte, el jurista CUELLO CALON, explica que los preceptos relativos al Delito de Usurpación tienen por fin la protección de la propiedad inmueble y el disfrute de los derechos reales contra actos de violencia o intimidación o desprovistos de éste carácter. (vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Tomo II (Parte Especial), Volumen II, 14ª edición, revisada y puesta al día por CESAR CAMARGO HERNANDEZ, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, págs. 911 y ss). En el relato fáctico de la sentencia recurrida se tiene por acreditado que la Imputada, se rehusó a abandonar un inmueble, de la cual la misma no desconoce no ser la propietaria del referido inmueble, y que se encuentra dentro del mismo con su familia contraria a la voluntad de su propietaria la señora M. R. R. M., quien le solicito que se saliera del predio cuyo cuidado se le había encomendado. De este modo, del relato fáctico relacionado de manera sintetizada, se subsume sin dificultad la comisión del Delito de Usurpación de un inmueble que se atribuye a la encartada, por lo que el alegato formulado por los Recurrentes, no puede ser estimado. Consecuentemente y por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo de Casación por Infracción de Ley, invocado, debe ser declarado sin lugar.."
Legislación citada
- Código Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: En el presente caso esta Sala observa que los Recurrentes han realizado un exhaustivo y detallado resumen de la prueba y que reprochan el valor probatorio dado a las mismas por el A-quo, insistiendo que en su valoración el Juzgador inobservó las Leyes de la Lógica y de las Máximas de la Experiencia, por lo que la sentencia es ambigua y contradictoria. Los Censores reprochan la valoración dada por el Juzgador a las pruebas evacuadas en juicio, sin embargo, limitan su reproche a alegatos de instancia que impiden a esta Sala realizar una examen de fondo de logicidad, tampoco los Censores aluden concretamente a los alcances o efectos que dicha omisión habría provocado en el fallo final. Esta Sala concluye que no corresponde a este Tribunal de Casación subsanar los defectos esenciales del motivo invocado, por lo que procede declararlo sin lugar
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil Dieciséis (2016), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de Julio de dos mil Catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: CONDENANDO a la Señora S. M. R. I., a la pena de DOS (02) AÑOS SEIS (06) MESES DE RECLUSION, por el delito de USURPACION, en perjuicio de M. R. R. M., mas las penas Accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL; SEGUNDO: No condeno en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, los Abogados M. A. C. M. y R. A. W. C., actuando en su condición de Apoderados Defensores de la señora S. M. R. I.. SON PARTES: Los Abogados M. A. C. M. y R. A. W. C., actuando en su condición de Apoderados Defensores de la Señora S. M. R. I., como Parte Recurrente y los Abogados T. H. S. y D. H. S. M., actuando en su condición de Apoderados de la Señora M. R. R. M., como parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha 10 de septiembre de año dos mil ocho, la señora M. R. R. M., presentó ante la Dirección General de Regulación Predial, la solicitud de regulación y adjudicación del predio ubicado en la aldea El Hatillo, en este Municipio de Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, mediante el mecanismo de prescripción adquisitiva y extintiva de derecho reales, según el expediente 1909-2008-244DP y en fecha 05 de octubre del año dos mil diez obtuvo resolución favorable a esa solicitud, mediante certificación 252-2010, por lo que se realizó la correspondiente inscripción a su favor la cual se registró con el número tres (3) del tomo cinco mil trescientos tres (5303) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones de este departamento, ahora conocido como instituto de la Propiedad.- SEGUNDO: Durante el tiempo que se llevó en gestionar el trámite la señora M. R. R. M., acordó con su hermana S. M. R. I., que habitara junto con su familia ese inmueble para su cuidado; por lo que miembros de sus familia participaron en el proceso de adjudicación, pero una vez finalizado e inscrito el respectivo inmueble se rehusó a abandonar el mismo, pese a las peticiones formales que se solicitaban; por lo que decidió acceder dirimir este problema acudiendo a las autoridades e interponiendo las acciones que en derecho le corresponde.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por los Abogados M. A. C. M. y R. A. W. C., actuando en su condición de Apoderados Defensores de la señora S. M. R. I.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-LOS RECURRENTES ABOGADOS M. A. C. M. Y R. A. W. C., EN SU CONDICION DE APODERADOS DEFENSORES, DE LA SEÑORA S. M. R. I., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. “MOTIVO ÚNICO: Por interpretación errónea de la norma aplicada en la sentencia condenatoria, dada la intangibilidad de la declaración de hechos probados, pues el artículo 227 reformado del Código Penal, que es la norma jurídica cuya indebida interpretación causa el error in iudicando de la sentencia impugnada que se acusa, es un precepto de carácter sustantivo que tipifica como usurpación la posesión u ocupación de un inmueble, salvo cuando se prueba la inexistencia de intención dolosa del poseedor, ya que la culpabilidad como carácter esencial del delito, debe ser especialmente observada para la aplicación de esta ley penal. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Ese Tribunal tiene como primer hecho probado de la sentencia, que la querellante M. R. R. M. presentó una solicitud de regularización y adjudicación del predio ubicado en la Aldea El Hatillo de este Municipio del Distrito Central, ante la Dirección General de Regularización Predial, mediante el mecanismo de prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales, obteniendo una resolución favorable, por lo que realizó la correspondiente inscripción a su favor, la cual se registró bajo el Asiento número tres (3) del Tomo cinco mil trescientos tres (5303) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este departamento; apareciendo en el segundo hecho probado, que durante el tiempo que se realizó el trámite, la señora M. R. R. M. acordó con su hermana S. M. R. I. que habitara con su familia ese inmueble para su cuidado, pero una vez finalizado el procedimiento e inscrito el derecho real sobre el inmueble, se rehusó a abandonar el mismo, pese a las peticiones formales que se formulaban. Con la referida declaración, el Tribunal recurrido configuró en la forma más simple, desde el punto de vista meramente formal y en atención al tipo objetivo del delito, sin ningún otro reconocimiento de hechos esenciales --sobre todo la obligada consideración que debe tenerse respecto a los elementos subjetivos del tipo-- en la interpretación de la norma material que sanciona el ilícito penal de la usurpación a que alude la citada disposición del Código Penal, pues únicamente tuvo en consideración dos factores: La existencia formal de una inscripción de un derecho real de dominio a favor de la querellante que resultó de un trámite de regularización predial por el mecanismo de prescripción adquisitiva y extintiva, y que la querellada —quien siempre estuvo al tanto de la realización del trámite y poseía con su familia el predio-, se rehusó a desocuparlo cuando se le formularon peticiones en ese sentido. Marginando la circunstancia de que la querellada, no se opuso y antes bien colaboró con el proceso administrativo de adjudicación de dominio del predio por prescripción a favor de su hermana, en el entendido que dicho trámite se realizaba con carácter de previo para una posterior distribución del inmueble entre ella y su hermana M. R. R. M., el título con que formalmente se acredita el derecho real que se aduce usurpado, corresponde a una etapa de un proceso concertado de formalización del dominio en favor de una de las hermanas para una posterior distribución entre ambas (querellante y querellada), lo cual fue incumplido por la beneficiaria de la inscripción del título de dominio, al pretender de manera sobreviniente, forzar la desocupación de la única ocupante real del mismo por vía penal, atribuyéndose para sí la totalidad de los derechos dominicales que por posesión legítima le correspondían exclusivamente a su hermana S. M. R. I.. En consecuencia, la condena en este caso, es el resultado directo de una interpretación errónea de la norma que se acusa infringida, que para su correcta inteligibilidad y consecuente interpretación requiere considerar como elementos esenciales que han de concurrir, el tipo objetivo, esto es la acción de apropiarse por ocupación y una coetánea desposesión del inmueble o derecho real inmobiliario, cuyo resultado exige, además de la ocupación o usurpación efectivas, que reporte una utilidad y se cause un daño; pero la correcta interpretación de la norma penal, para su aplicación, requiere además que se considere --acaso con mayor preponderancia, porque en su ausencia no se con figura la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal el tipo subjetivo, que en el caso sub examine lo constituye necesaria e ineludiblemente el dolo. El sujeto debe querer, además de realizar la usurpación, entendida objetivamente, procurarse una utilidad o provecho económico. Obviamente el A-Quo dejó de estimar entre las circunstancias esenciales, que la imputada no ocupó o rehusó desocupar el predio en forma dolosa, o lo que es lo mismo, que tuvo la intencionalidad de usurpar un derecho real ajeno, porque actuó bajo la certeza de estar ocupando un predio que le correspondía ocupar por el derecho que le otorgaba la posesión, al que tenía derecho como poseedora de buena fe con su difunto padre, y del que esperaba ser beneficiada en un porcentaje correspondiente a su alícuota, una vez finalizado el trámite administrativo. Para establecer la existencia del dolo necesariamente se ha de pronunciar un juicio de culpabilidad, en que debe tenerse por acreditada la existencia de un nexo o relación psicológica entre la autora y el hecho que se le imputa; esto es, que el resultado responda a la intención que tuvo al ejecutarlo, lo que a su vez deberá descomponerse en dos elementos que reconoce la doctrina de más amplia aceptación en nuestro derecho penal: 1) Un elemento intelectual constituido por el conocer o el saber que la acción es antijurídica; y, 2) Un elemento volitivo que consiste en querer o al menos aceptar o consentir el resultado. La sentencia condenatoria, en el caso que nos ocupa, no es más que el producto o resultado de hechos considerados probados por ese Tribunal, que tienen por eje central la acusada infracción de la señalada norma penal desde el punto de vista estrictamente formal, sin que fácticamente haya lugar a apreciar la existencia de dolo en la ocupación del predio, elemento que de haber mediado necesariamente se traduciría en el ánimo de la imputada de usurpar un derecho de propiedad de ajena pertenencia, o lo que es lo mismo, de un derecho de propiedad sobre un predio al que no le corresponde, ni le corresponderá nunca ninguna participación, dicho en otras palabras, que ocupa algo que le pertenece exclusivamente a otro; lo que es absolutamente contrario a la realidad, pues la imputada S. M. R. I. nunca actuó con esa determinación, porque un hecho, para ser calificado de doloso, necesariamente ha de responder a la circunstancia de que la autora debió tener conocimiento de lo ilícito de su actuar y a la vez actuar en base a ese conocimiento, y aquí nos encontramos ante una señora que con su difunto padre poseyó un terreno de buena fe por más de 20 años, la cual concertó con una de sus hermanas —M. R. R. M. quién sí tenía medios económicos para pagar los costos y honorarios profesionales-, la realización de un trámite administrativo de regularización a la espera de una oportuna distribución del predio entre ellas dos, y que posteriormente es forzada a desocuparlo por quien, desde su perspectiva, se aprovecha de una realidad formal del dominio, por lo que antes de ser dolosa su actitud, es asumida en defensa de los derechos de dominio que está realizando en los tribunales del fuero civil, por lo que la circunstancia de no atender, con motivo de su aplicación, a todos los elementos de la tipificación legal del tipo penal de usurpación, evidencia una interpretación errónea de la norma que tiene relación directa con el caso enjuiciado y trascendente para modificar el sino del fallo, que hago valer por esta cauce casacional, para que ante la prosperidad del recurso, sea casada la sentencia, y actuando la Corte Suprema de Justicia, en sede de instancia, dicte el fallo absolutorio que conforme a derecho corresponde. APLICACION QUE SE PRETENDE: En consonancia con lo expuesto, pretendo que se aplique el artículo 227 del Código Penal al caso de autos, no para condenar, sino para absolver de responsabilidad penal a la imputada, por haberse probado que no tuvo intención dolosa al rehusarse a desocupar el predio que formalmente tiene inscrito a su favor la querellante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está autorizado en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal.” III.- CONTINUAN MANIFESTANDO LOS RECURRENTES SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. La sentencia impugnada es también susceptible de casación por quebrantamiento de forma, por las razones que a continuación expongo: “MOTIVO UNICO: Haber dictado ese Tribunal sentencia condenatoria, valorando la prueba en “inobservancia de las reglas de la sana crítica.” EXPLICACION DEL VICIO: En la primera fase del debate del juicio oral y público, se incorporaron por lectura, como pruebas de cargo, los siguientes documentos: 1) Copia del expediente 1909-2008-244DP dentro del cual con fecha 5 de octubre del 2010 consta la resolución favorable a esa solicitud adjudicando el predio objeto del proceso a nombre de la querellante M. R. R. M.; 2) Certificado de Título de Propiedad otorgado por el Instituto de la Propiedad contentivo de la Certificación N°252-2010 en el cual se reconoce corno propietaria del inmueble a la señora M. R. R. M., en que se otorgó “Título de Propiedad en Dominio Pleno” mediante mecanismo de prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales a la querellante, que se registró bajo número tres (3) del tomo cinco mil trescientos tres (5303) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del este departamento; 3) Constancia DGCG N°1815-2008 del 4 de agosto del 2008 en la que se establece la situación catastral del predio, la naturaleza del inmueble con un área de 27,496.88 metros cuadrados, equivalentes a 2.74 hectáreas, ubicado en la Aldea El Hatillo, Francisco Morazán; 4) Certificación de Acta de Matrimonio de F. A. P. V. con S. M. R. I. que es la querellada, con la cual se acredita el vínculo entre ambos; material que al haber sido valorado por el Tribunal de Sentencia, tuvo por acreditados los hechos estimados probados uno y dos, para luego, con total inobservancia de las reglas de la sana crítica que se refleja en la ausencia de una convicción debidamente fundamentada, aseveró que se correspondían con las declaraciones testifícales que han sido analizadas, sin explicación expositiva y justificación objetiva, estableciendo que la actual propietaria del inmueble, objeto del juicio oral y público es la señora M. R. R. M. y cómo se llevó a cabo el trámite de adjudicación del derecho real de dominio del inmueble a su favor, considerando los documentos como objetivamente confiables en razón de su origen, estimó que resultaban veraces y creíbles ya que se acreditan por sí mismos, se corresponden con las declaraciones testifícales y entre los mismos; pero contrario a lo esgrimido por el tribunal A Quo, si se analizan las declaraciones testifícales, queda claramente establecido que la señora M. R. R. M. durante los últimos 20 años ha residido en la Colonia Centroamericana de Comayagüela, lo que fue confirmado por la propia querellante y su hija J. I. Z. R., y por todos los testigos, especialmente los hermanos de las querellante y querellada, J. R. I. y M. DEL R. R. I., quienes además acreditaron que la querellada S. M. R. I. ha vivido en el predio de la Aldea de El Hatillo -sobre el cual se le acusó que ha ejercido usurpación-, junto con su padre hasta su deceso y su propia familia hasta el momento en que se desarrolló el debate, con lo que se evidencia que la justificación esgrimida ante las autoridades administrativas por la querellante M. R. R. M., de que había vivido los últimos 20 años en el predio y por eso operaba en su favor el derecho para la adjudicación por prescripción adquisitiva, es totalmente falsa, porque todos los testigos, incluidos la propia querellante, aceptaron bajo juramento que no era cierto que ella estuviera residiendo los últimos 20 años en el predio que pedía se le adjudicara por prescripción adquisitiva de dominio, con lo que los documentos generados a partir de esa falsedad, que son precisamente los aportados como prueba documental de cargo, no son objetivamente confiables y en nada se corresponden con las declaraciones testifícales como lo afirmó insustentadamente el Tribunal, de Sentencia recurrido en su razonamiento explicitado para llegar a la conclusión que plasma en su fallo, por lo que en su valoración de la prueba antes referida, formó su convicción sobre los hechos objeto de la imputación de un modo irrazonable y contrario a la lógica y a las máximas de la experiencia. EXPLICACIÓN NECESARIA SOBRE EL RECLAMO SUB SANATORIO PREVIO. Resultando el vicio denunciado de la propia sentencia impugnada, fue materialmente imposible reclamar contra el mismo, dentro de las etapas previas a dicho fallo condenatorio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está autorizado por el artículo 362 párrafo primero y numero 3) del Código Procesal Penal, en lo que corresponde a que en la valoración de la prueba, no se observaron las reglas de la sana crítica.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, DENUNCIANDO INTERPRETACION ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 227 DEL CÓDIGO PENAL. I. Establece el Artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” , de esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el Artículo 369 del Código Procesal Penal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por Infracción de Precepto Sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia, por lo que, a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados). II.- Los Recurrentes denuncian que la sentencia adolece de un vicio in iudicando al interpretarse erróneamente el Artículo 227 del Código Penal, ya que, a criterios de los mismos, para la correcta inteligibilidad y consecuente interpretación del referido artículo, se requiere considerar como elementos esenciales que han de concurrir, el tipo objetivo, esto es la acción de apropiarse por ocupación y una coetánea desposesión del inmueble o derecho real inmobiliario, cuyo resultado exige, además de la ocupación o usurpación efectivas, que reporte una utilidad y se cause un daño. Asimismo señalan los Censores, que la correcta interpretación de la norma penal, señalada como infringida, para su aplicación, requiere además que se considere con mayor preponderancia, todos los elementos de la tipificación legal del tipo subjetivo, que en el caso sub examine lo constituye necesaria e ineludiblemente el dolo, por lo que el A-Quo dejó de estimar entre las circunstancias esenciales, que la Imputada no ocupó o rehusó desocupar el predio en forma dolosa, o lo que es lo mismo, que tuvo la intencionalidad de usurpar un derecho real ajeno, porque actuó bajo la certeza de estar ocupando un predio que le correspondía ocupar por el derecho que le otorgaba la posesión, al que tenía derecho como poseedora de buena fe con su difunto padre, y del que esperaba ser beneficiada en un porcentaje correspondiente a su alícuota, una vez finalizado el trámite administrativo. III. Para dar respuesta a lo planteado por los Censores, es importante señalar que el Artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el Artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el Legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Usurpación, previsto en el Artículo 227 del Código Penal cuya finalidad es la protección del derecho a la propiedad de los bienes inmuebles, entendiéndose como tales lo preceptuado en el Artículo 602 del Código Civil y además la protección de la titularidad de los derechos reales enumerados en el Artículo 610 del mismo texto normativo.- El tipo penal contempla que será sancionado de dos (2) a cuatro (4) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes quien usurpe un bien inmueble o derecho real, entendiéndose por usurpar cualquier conducta humana que implique disponer de un bien inmueble tal como lo haría su legitimo dueño o que implique el disfrute de un derecho real destinado a otra persona y por sobre de ésta, con indiferencia si se realiza con o sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas (Al respecto ver Fallo de la Sala Penal de fecha 15 de abril del 2008 en Exp 098-2007). La Usurpación se diferencia de la mera detentación, debido a que requiere cierta permanencia en la conducta que revelen la intencionalidad.- Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo y con un propósito de lucro, el cual se pone en manifiesto cuando el sujeto activo mantiene su actuar aún cuando ha sido requerido fehacientemente para que cese en el apoderamiento del bien inmueble, por el contrario no da paso a la existencia del delito por ausencia de dolo en los casos que entre los colindantes surja conflicto por linderos dudosos o ignorados, cuando exista alteración de los linderos sin un apoderamiento lucrativo o cuando el sujeto activo se conduzca con la creencia de estar en el ejercicio de un derecho legitimo por ausencia de determinación de la titularidad del derecho de propiedad o del derecho real en cuestión o cuando dicha titularidad este siendo disputada en el fuero civil, siendo en éste último caso procedente diferir la causa al ámbito civil tal como lo ordena el Artículo 54 del Código Procesal Penal. Así las cosas, el delito de Usurpación reúne las siguientes características: A)Por su estructura: 1).- Tipo Penal Básico: Al describir el modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales; 2).- Tipo Penal Simple: Por describir un único modelo de comportamiento; B) Por su contenido: 1).- Tipo Penal de Resultado: Dado que se requiere la materialización del resultado el cual se produce cuando el sujeto activo ejerce ocupación sobre un bien inmueble o disfruta un derecho real en perjuicio del verdadero dueño o legitimo titular, respectivamente; 2).- Tipo Penal de Conducta Permanente: En virtud de que el comportamiento se renueva de manera continua mientras se esté realizando la acción de usurpar; 3).- Tipo Penal de Comisión: Ya que se exige la realización de una acción para efectuar del delito; 4).- Tipo Penal Cerrado o Determinado: Debido a que el Artículo 227 del Código Penal describe el tipo penal con precisión, desprendiéndose con toda claridad la conducta prohibida; C) Según el Sujeto Activo: 1).- Tipo Penal Unisubjetivo: El tipo penal puede ser realizado a partir de la participación de una sola persona; 2).- Tipo Penal Común: Debido a que puede constituirse como sujeto activo cualquier persona sin la necesidad de tener calidades especiales; y D) Por el Bien Jurídico Tutelado: 1).- Tipo Penal Mono Ofensivos: Al proteger un bien jurídico especifico, cual es la Propiedad Privada Ejercida sobre los Bienes Inmuebles; y 2).- Tipo Penal de Lesión: El delito de Usurpación se considera consumado al darse materialmente una lesión al bien jurídico protegido, en ese sentido el sujeto pasivo deberá de ver disminuido o anulado su derecho a la propiedad del bien inmueble o el ejercicio a un derecho real especifico.- IV.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: Es necesario determinar que la Interpretación Errónea, consiste en que citando la sentencia la Ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala estima que los alegatos esgrimidos por los Recurrentes, se han formulado con inobservancia del carácter intangible de los hechos declarados probados, que los Artículos 360 párrafo primero y 369 párrafo tercero del Código Procesal Penal prevén, al pretender modificar el cuadro fáctico contenido en la sentencia impugnada. La técnica recursiva fundada en la Infracción de Ley, exige que el Recurrente, respetando los hechos declarados probados, indique cuales son las razones en las que se basa para considerar que el proceso de subsunción es incorrecto. El delito que el A Quo atribuye a la acusada, se describe en el Artículo 227 del Código Penal como la acción de quien usurpa un bien inmueble o un derecho real. Ciertamente la descripción que nos ofrece el Artículo antes citado en torno a la figura de la Usurpación es bastante escueta, sin embargo la doctrina científica contribuye a dotar de contenido a la misma. En este sentido se afirma que la acción de usurpar comporta la del despojo. El concepto de despojo da la idea del hecho en relación con la persona a la que se desplaza. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes, se despoja penetrando y expulsando al sujeto pasivo o a sus representantes o impidiéndoles la entrada, si en el momento de la invasión estaban ausentes. También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en él o expulsa a sus ocupantes ..."vid. FONTÁN BALESTRA (CARLOS), en "DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 8ª edición, 1978, páginas 396 y 397. Por su parte, el jurista CUELLO CALON, explica que los preceptos relativos al Delito de Usurpación tienen por fin la protección de la propiedad inmueble y el disfrute de los derechos reales contra actos de violencia o intimidación o desprovistos de éste carácter. (vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Tomo II (Parte Especial), Volumen II, 14ª edición, revisada y puesta al día por CESAR CAMARGO HERNANDEZ, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, págs. 911 y ss). En el relato fáctico de la sentencia recurrida se tiene por acreditado que la Imputada, se rehusó a abandonar un inmueble, de la cual la misma no desconoce no ser la propietaria del referido inmueble, y que se encuentra dentro del mismo con su familia contraria a la voluntad de su propietaria la señora M. R. R. M., quien le solicito que se saliera del predio cuyo cuidado se le había encomendado. De este modo, del relato fáctico relacionado de manera sintetizada, se subsume sin dificultad la comisión del Delito de Usurpación de un inmueble que se atribuye a la encartada, por lo que el alegato formulado por los Recurrentes, no puede ser estimado. Consecuentemente y por todas las razones anteriormente expuestas, el motivo de Casación por Infracción de Ley, invocado, debe ser declarado sin lugar. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DENUNCIANDO LA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad. El Recurso de Casación por Quebrantamiento, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. Reprochan los Recurrentes que el A Quo ha violado las Reglas de la Sana Crítica, de la Lógica y las Máximas de la Experiencia, con la valoración probatoria otorgada a: 1) Las copias del expediente 1909-2008-244DP dentro del cual con fecha 5 de octubre del 2010 consta la resolución favorable a esa solicitud adjudicando el predio objeto del proceso a nombre de la querellante M. R. R. M.; 2) Certificado de Título de Propiedad otorgado por el Instituto de la Propiedad contentivo de la Certificación N°252-2010 en el cual se reconoce corno propietaria del inmueble a la señora M. R. R. M., en que se otorgó “Título de Propiedad en Dominio Pleno” mediante mecanismo de prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales a la querellante, que se registró bajo número tres (3) del tomo cinco mil trescientos tres (5303) del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del este departamento; 3) Constancia DGCG N°1815-2008 del 4 de agosto del 2008 en la que se establece la situación catastral del predio, la naturaleza del inmueble con un área de 27,496.88 metros cuadrados, equivalentes a 2.74 hectáreas, ubicado en la Aldea El Hatillo, Francisco Morazán; 4) Certificación de Acta de Matrimonio de F. A. P. V. con S. M. R. I. que es la querellada, con la cual se acredita el vínculo entre ambos. Señalan los Recurrentes que el Tribunal de Sentencia, a raíz de la valoración llevada a cabo, tuvo por acreditados los hechos estimados probados uno y dos, para luego, con total inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica, que se refleja en la ausencia de una convicción debidamente fundamentada, aseveró que se correspondían con las declaraciones testifícales que han sido analizadas, sin explicación expositiva y justificación objetiva, estableciendo que la actual propietaria del inmueble, objeto del juicio oral y público es la Señora M. R. R. M.. Apuntan los Recurrentes que si se analizan las declaraciones testifícales, queda claramente establecido que la señora M. R. R. M. durante los últimos 20 años ha residido en la Colonia Centroamericana de Comayagüela, lo que fue confirmado por la propia querellante y su hija J. I. Z. R., y por todos los testigos, especialmente los hermanos de las querellante y querellada, J. R. I. y M. DEL R. R. I., quienes además acreditaron que la querellada S. M. R. I. ha vivido en el predio de la Aldea de El Hatillo -sobre el cual se le acusó que ha ejercido usurpación-, junto con su padre hasta su deceso y su propia familia hasta el momento en que se desarrolló el debate, con lo que se evidencia que la justificación esgrimida ante las autoridades administrativas por la querellante M. R. R. M., de que había vivido los últimos 20 años en el predio y por eso operaba en su favor el derecho para la adjudicación por prescripción adquisitiva, es totalmente falsa. III. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el Artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la Sana Crítica. La estructura de la sentencia está definida en el Artículo 338 del mismo cuerpo legal, como un juicio de valor emitido por el Juzgador, mismo que debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la Regla del Correcto Entendimiento Humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del Recurso de Casación por violación de las Reglas de la Sana Crítica. Por eso, todo problema de violación de las normas del Correcto Entendimiento Humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la Experiencia, la Psicología y la Lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las Reglas de la Lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar Coherencia (concordancia entre sus elementos) y Derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La Coherencia manda la aplicación de los Principios de Identidad, Contradicción y de Tercero Excluido. La Derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las Reglas de la Lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada Derivada, según la cual, la motivación debe respetar el Principio de Razón Suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.". Para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Por ello, cuando se pide que una sentencia sea motivada bajo la Lógica, como Regla de la Sana Crítica, es porque se afirma que la Derivación es una exigencia de la Razón Suficiente, de este modo se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, debe estar constituido por deducciones razonables originadas, formadas y concluidas de las pruebas, es decir, que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada en las pruebas, por eso este Principio de Razón Suficiente se entiende como la forma Lógica del razonamiento humano; “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. Por tanto esta ley es el fundamento de toda verdad. IV.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: En el presente caso esta Sala observa que los Recurrentes han realizado un exhaustivo y detallado resumen de la prueba y que reprochan el valor probatorio dado a las mismas por el A-quo, insistiendo que en su valoración el Juzgador inobservó las Leyes de la Lógica y de las Máximas de la Experiencia, por lo que la sentencia es ambigua y contradictoria. Los Censores reprochan la valoración dada por el Juzgador a las pruebas evacuadas en juicio, sin embargo, limitan su reproche a alegatos de instancia que impiden a esta Sala realizar una examen de fondo de logicidad, tampoco los Censores aluden concretamente a los alcances o efectos que dicha omisión habría provocado en el fallo final. Esta Sala concluye que no corresponde a este Tribunal de Casación subsanar los defectos esenciales del motivo invocado, por lo que procede declararlo sin lugar. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 116 del Código Penal; 350, 359, 360, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su ÚNICO MOTIVO. SEGUNDO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su ÚNICO MOTIVO, invocados por los Abogados M. A. C. M. y R. A. W. C., actuando en su condición de Apoderados Defensores de la señora S. M. R. I. a quien se la ha seguido proceso por el delito de USURPACION, en perjuicio de M. R. R. M. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. Redactó: EL MAGISTRADO ZUNIGA MEDRANO. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- ABOG. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- ABOG. JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- ABOG. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-451-2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005.