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Sentencia CP-440-13 — Registro 5880

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de homicidio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano da lugar a la violación de las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. VI. RESUMEN Refiere el recurrente que el Juzgador incurre en violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas. Señala que en juicio oral y público el Ministerio Público atribuyó al acusado M. Y. M. haberle dado muerte al señor P. B. O. y a pesar de su obligación de probar la imputación, en juicio reprodujo escasa pruebas y únicamente ofreció la declaración de la testigo J. O. madre del ofendido y de la documental consistente en ACTAS DE LEVANTAMIENTO CADAVÉRICO y CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN correspondiente al señor P. B. O.. Concretamente reprocha que al apreciar el A Quo la declaración de la testigo J. O. a la que le concede entera credibilidad por presenciar los hechos y por considerar que su relato concuerda con el ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER con lo que se acredita la muerte real, y que con el ÁLBUM FOTOGRÁFICO ilustra de manera precisa la herida en la cabeza del occiso la cual es compatible con las producidas por un arma de fuego. Afirma que la conclusión que alcanza el Juzgador no tiene adecuado sustento probatorio, pues la prueba testifical en la que fundamentalmente se apoya el fallo recurrido no es la idónea para acreditar las causas reales de la muerte del señor P. B. O. y la participación del imputado en la misma, por considerar que las causas y la manera de muerte de una persona se determinan a través de una pericia de autopsia médico legal y que en el presente caso el ente acusador no aportó dicha prueba. Reprocha asimismo que el A Quo no permitió la confrontación de la declaración de la señora J. O. con otra declaración rendida por ella en otro momento procesal. Por lo anterior concluye que el A Quo incurre en violación de las reglas de la sana crítica en la valoración la prueba testifical por considerar que es allí donde el A Quo viola las reglas de la sana crítica, en su ley lógica de la derivación. VII. DECISIÓN Esta Sala de lo Penal, considera que no obstante la escasa prueba de cargo agregada al juicio consistente en la declaración de la testigo J. O. madre del ofendido, y de la documental consistente en ACTA DE LEVANTAMIENTO CADAVÉRICO y CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN, ha sido suficiente para que el Juzgador de instancia forme su conocimiento acerca de los hechos sometidos a su conocimiento. En el presente caso, el juzgador no encontró motivos para dudar de la declaración rendida en sala de juicio por la testigo J. O. madre del ofendido, por tratarse de una testigo presencial, misma que ha percibido los hechos a cierta distancia, en forma directa, por medio de sus sentidos de la vista, oído y tacto, de los cuales logra derivar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y la forma en que se produjeron los hechos, de tal forma que no le queda ninguna duda al A Quo acerca de la participación culpable del acusado M. Y. M. en la muerte violenta del señor P. B. O., a consecuencia de un disparo de arma de fuego en la cabeza el que le causa la muerte en forma inmediata. Y si bien no se le practicó autopsia al cadáver del señor P. B. O. siendo este el medio de prueba idóneo para probar la causa y manera de muerte, ello no es obstáculo para que en su defecto no se haya podido alcanzar esa misma conclusión, con la prueba agregada al juicio consistentes en ACTA DE LEVANTAMIENTO CADAVÉRICO y CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN. Esta Sala estima que en el presente caso, corresponde analizar las razones del juzgador para denegar el medio de prueba de confrontación de lo declarado en juicio por la testigo J. O. y lo declarado por ella misma en la etapa preparatoria del juicio, por tratarse de un alegato de instancia, que no corresponde ponderar por la presente vía recursiva. Por lo expuesto, esta sala considera que en el presente caso, el juzgador no ha violado las reglas de la sana crítica, en su ley lógica de la derivación, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el motivo de casación de Quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de abril del año dos mil nueve. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL MEDINA IRIAS, a favor del señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, contra la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil seis, proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación a la causa instruida contra el señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Privados, Estafa, Uso Indebido de Instrumentos de Control Fiscal y Asociación Ilícita en perjuicio de la Fe Pública, Particulares, la Economía del Estado de Honduras y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha cuatro de julio del año dos mil, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de esta Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE MARIO SALGADO MONTALVAN, actuando en su condición de Agente del Ministerio Público, presentando denuncia a fin de que se investigue la procedencia de los vehículos marca BMW, tipo turismo, color verde año 99, placa PBG-0576; marca Nissan, tipo camioneta de lujo, color rojo, año 99, placa PBG-7265 y vehículo marca Toyota, tipo turismo, color verde, sin placa; y asimismo solicitando que se decrete el incidente de allanamiento de morada con registro y cateo de una vivienda ubicada en la colonia Lomas del Guijarro a fin de obtener las piezas de convicción y la aprehensión de las personas que se encuentran en su posesión. 2) Que en fecha catorce de noviembre de dos mil tres, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, decretó “Auto de Prisión en contra del encausado JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, por el delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA por considerar que no constan en el proceso elementos probatorios, que acrediten la buena fe en la compra realizada por el señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO; Fundamentando su decisión en los artículos 174, 178 y 179 de Código de Procedimientos Penales”. 3) Que en fecha cuatro de diciembre del año dos mil tres, compareció ante el Juez Instructor, la Abogada ALDA MEJIA KAWAS solicitando que se revoque la alerta migratoria dictada contra JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, “en virtud que el Tribunal de Primera Instancia le decretó Auto de Prisión por el delito de Encubrimiento y se ha rendido caución suficiente, de conformidad con la ley, para ser oído en libertad condicional por lo que considera procedente que el referido tribunal ordene a la Dirección General de Política Migratoria dejar sin valor y efecto la prohibición de salir del país que en su momento se comunicó a dicha Dirección General”; solicitud que fue resuelta mediante providencia de fecha ocho de diciembre del año dos mil tres, dejando sin valor ni efecto la orden librada el seis de abril del año dos mil uno, a la Dirección General de Política Migratoria, en el cual se prohíbe la salida del país al señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO; fundamentando su decisión en los artículos 161 y 162 del Código de Procedimientos Penales. 4) Que conociendo de los autos por apelación en fecha veintidós de junio del año dos mil seis, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE MARIO SALGADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público revocando las resoluciones del catorce de noviembre y ocho de diciembre del año dos mil tres, dictadas por el A-Quo, por considerar que en el caso de autos existen indicios racionales suficientes de participación por parte de los señores JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO Y MARIO ROBERTO GOMEZ SAGASTUME, en los hechos delictivos que se les imputan, citando el Ad-Quem como fundamento de su decisión los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Penales. 5).- Que el recurrente Abogado RAFAEL MEDINA IRIAS, compareció ante este Tribunal, el cinco de septiembre del año dos mil seis, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, afirmando que la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 69, 88 párrafo segundo, 89, 90 y 92 de La Constitución de la República. CONSIDERANDO(1): Que se conoce el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL MEDINA IRIAS, a favor del señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán, el día veintidós de junio del año dos mil seis, mediante la cual revoca los autos de fecha catorce de noviembre y ocho de diciembre del año dos mil tres, proferidos por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Francisco Morazán en la causa criminal impetrada por el Ministerio Público, en contra del señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO,por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, ESTAFA, USO INDEBIDO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL FISCAL y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA FE PUBLICA, PARTICULARES, LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO(2): Que como antecedentes del presente caso en estudio se deben mencionar que al señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, el día cuatro de julio del 2000, se le decomisó un vehículo NISSAN, camioneta Patrol, color blanco, placa PAQ-8342, al momento del decomiso, el ahora imputado presentó y entregó a los Agentes de la Direccion General de Investigación Criminal (D.G.I.C.) una boleta de revisión, la que según inspección posterior realizada por el Juez Instructor no aparece registrada en el Banco Atlántida; asimismo dicho vehículo tenía reporte de robo en la ciudad de Guatemala, el primer extremo fue acreditado con las declaraciones de los Agentes Julio Cesar Villatoro y Ana Escalante y el segundo extremo con reporte de interpol y solicitud de la Compañía Aseguradora. Éste reporte de devolución, según consta en autos, fue introducido al expediente en fecha del 1 de febrero del 2001. El vehículo decomisado, según declaración del imputado, lo compró a plazos al individuo RAMON SANTOS DISCUA por la cantidad de TRECIENTO MIL LEMPIRAS (Lps.300,000.00), en fecha 2 de febrero del año 2000, para acreditar lo afirmado presentó documentación relativa a la compra venta de dicho vehículo, como ser letras de cambio y recibos de pago efectuados al expresado SANTOS DISCUA, hasta la fecha del decomiso, por la cantidad de DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (Lps.200,000.00), quien hizo entrega únicamente de la boleta de revisión antes referida, quedando de entregarle el resto de la documentación al finalizar el pago, y previo a cerrar el trato comercial se cercioró de que el vehículo estaba registrado en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (D.E.I.); a nombre del expresado SANTOS DISCUA, y en la Direccion General de Investigación Criminal (D.G.I.C.); el vehículo no tenía a la fecha de compra, reporte de robo. El Ministerio Público allego a las diligencias una certificación de Acta de Defunción en la cual se consigna que el señor RAMON SANTOS DISCUA, falleció en forma violenta el 21 de enero de 1997, en la ciudad de San Pedro Sula, y fue sepultado en el Cementerio General de la ciudad de El Progreso, Yoro, y que por lo tanto, con ese documento se acredita que el hoy occiso no pudo realizar la venta del vehículo al imputado, y que la póliza de importación referida a dicho vehículo correspondía a otro vehículo, y los indicios suficientes de participación en el mismo del procesado JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO. Sustentando en que todo acto del estado civil de las personas, está sujeta a impugnación, puesto que el Registrador Civil solo da fe del acto de haberse dado esa declaración, pero no da fe de la veracidad de la misma. La Defensa del procesado allegó a los autos, prueba consistente en: Constancia del Hospital Catarino Rivas, en la que consta que en la fecha que ocurrió la muerte violenta del mencionado Ramón Santos Discua, éste no fue llevado a dicho Hospital para la respectiva autopsia, constancia del sepulturero del Cementerio General de El Progreso, Yoro, en la que consta: “que en la fecha que se dice, fue sepultado el óbito, éste no fue enterrado en ese cementerio”, en la fecha que se indica, así como otros documentos que acreditan la existencia del vendedor del vehículo al encartado en la fecha de su compra. Tales documentos fueron proporcionados por el imputado y señaló como lugar donde se encuentran: Documentos adjuntados al escrito presentado en fecha 28 de julio del 2006 al Recurso de Reposición motivado que fuera interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones en fecha 22 de junio del año 2006. CONSIDERANDO(3): Que el Juez de instrucción expone como argumento para dictar Auto de Prisión lo siguiente: “Que no se allegaron a la causa, por parte de la Fiscalia elementos probatorios que acrediten la comisión por parte de JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, ESTAFA, USO INDEBIDO DE OBJETOS DE CONTROL FISCAL Y ASOCIACION ILICITA, y se establece que si alguien falsificó la póliza de importaciones No.31857 pretendiendo amparar el vehiculo Nissan camioneta Patrol año 97, cuando en realidad corresponde a un vehiculo Mignty Max Exspor tipo pick up año 86, color oro, no pudo ser el señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO si no el señor RAMON SANTOS DISCUA por ser éste la persona a nombre de quien aparece registrado el vehículo en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y ser el vendedor del vehículo Nissan Patrol descrito anteriormente al imputado VALLADARES ESCOTO; y que no se han allegado a la causa elementos de prueba que acrediten la compra de buena fe del vehículo referido al indiciado JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, por tanto el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, decreta Auto de Prisión en contra del encausado JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, por el Delito Ideal de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de la ADMINITRACION PUBLICA”. CONSIDERANDO(4): Que la Honorable Corte Primera de Apelaciones, sustenta su fallo, a lo que norma el artículo 92 constitucional, es decir los requisitos requeridos constitucionalmente para que una autoridad judicial pueda dictar un auto de prisión, así mismo la Constitución dispone que se deben seguir las normas, procedimientos y reglas señaladas en la misma Constitución y las leyes; debiendo haber privado en el ánimo del juzgador esa certeza legal a través de un riguroso examen científico para poder hablarse de preexistencia del delito, sin embargo, en el caso que nos ocupa argumenta el impetrante “que esas premisas están muy alejadas de ese principio de objetividad, de lesividad y de autonomía de la libertad, por cuanto en la configuración del delito, siempre debe tenerse en cuenta esos elementos esenciales, ya que faltando uno de ellos, no puede dar nacimiento o generarse el acto delictivo, ellos son: La acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la imputabilidad”. Esta concepción resulta armónica con los principios del Derecho Penal de que no cabe Infracción Penal, si no existe Dolo o Culpa. La simple posibilidad de la producción eventual de un perjuicio a otro, jamás puede ser considerado como suficiente para admitir la sanción penal. A más de que los elementos objetivos del tipo que se imputan al señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, no se encuentran acreditados fehacientemente en la causa que se le instruye. CONSIDERANDO(5): Que en el caso de autos, la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, COMO RECURRIDA, en aplicación de su atribución de enmendar los errores del inferior, realizó las correcciones de mérito a su juicio, al ser explicita en la motivación tanto fáctica como jurídica, al considerar que para ese Tribunal de Alzada producen plena prueba de haberse cometido los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS y PRIVADOS, ESTAFA, USO INDEBIDO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL FISCAL Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la FE PUBLICA, PARTICULARES, LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, considerando que existen indicios racionales suficientes de participación en los hechos delictivos referidos, por parte de los imputados JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO y MARIO ROBERTO GOMEZ SAGASTUME, ya señalados estos en los considerándos que anteceden, en consecuencia es procedente REVOCAR LAS RESOLUCIONES DE FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES y OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, valorando los siguientes medios de prueba: “a) Que el señor José Alfonso Valladares Escoto al momento del decomiso del mencionado vehículo presentó una boleta de revisión que según la inspección realizada por el a-quo no aparece registrada en el Banco Atlántida, asimismo en su declaración indagatoria el imputado manifiesta que el vehículo se lo compró al señor RAMON SANTOS DISCUA, a la vez que presenta documentación relativa a la venta como ser letra de cambio y recibos de dinero que tiene como fecha dos de febrero del año dos mil, a este respecto si bien corre agregada una acta de nacimiento del señor RAMON SANTOS DISCUA, no es menos cierto que se agrega una certificación de acta de defunción (folios 518 y 519) que acredita que el referido vendedor falleció el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete, no habiéndose acreditado lo contrario y por lo que no pudo haber realizado trámites de venta del mencionado vehículo y nacionalizarlo, en relación con este último extremo, a folio 88 se agrega la inspección realizada en el archivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en donde se establece que la póliza Nº31857 del año 1998 se encuentra a nombre del señor Lucas Núñez, con la cual se importó otro vehículo marca MITSUBISHI, siendo tramitada por la Agencia Palencia, por lo que aún a la fecha no se establece que en efecto la persona RAMON SANTOS DISCUA que refiere el imputado JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO y que él adujó entregó la revisión que con base a las diligencias realizadas constituye un documento falso y que era usado por el imputado al momento de haberle decomisando el vehículo, no ha aparecido y que según la certificación de defunción ya había fallecido antes de que el vehículo hubiese sido vendido a aquel. Para esta Corte (Ad-quem) con el solo hecho de presentar un acta de nacimiento, o que ésta persona ha pagado impuestos en la municipalidad de El Progreso, Yoro, no se acredita que en efecto esta persona existe y como se refiere el imputado le haya vendido el vehículo que había sido robado en la ciudad de Guatemala, ya que frente a esta aseveración existe agregado el documento ya muchas veces referido y que lo constituye el acta de defunción de dicha persona; en consecuencia de las diligencias hasta la fecha realizadas se establece la plena prueba de la comisión de un ilícito y los indicios suficientes de participación en el mismo por parte del señor JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO, al no quedar acreditado que fuese un comprador de buena fe, sino que por el contrario persisten los indicios suficientes de su participación en el ilícito y no encubridor de dichas acciones ilícitas”. CONSIDERANDO(6): Que la Honorable Corte de Apelaciones estima que: “las diligencias antes relacionadas producen plena prueba de haberse cometido los delitos por los cuales se ha iniciado la presente causa y los indicios de participación del imputado en su ejecución, elementos que en ésta etapa del proceso son suficientes para dictar y mantener el auto de prisión; en consecuencia, esta Corte (A-quem) estima que el Auto de Prisión se encuentra ajustado a Derecho y procede su confirmación….”. La Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en base a la prueba antes señalada, determinó declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE MARIO SALGADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y REVOCAR las Resoluciones de fechas catorce de noviembre y ocho de diciembre del año dos mil tres dictadas por la Jueza MIRIAM FLORES PAVON del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y que el A-quo proceda con arreglo a derecho. CONSIDERANDO(7): Que el amparista no conforme con la respuesta jurisdiccional brindada en segunda instancia, interpuso la garantía constitucional de Amparo, alegando que la decisión del Tribunal de Alzada, al sustentar el fallo pronunciado se remite a lo que norma el artículo 92 constitucional, es decir los requisitos exigidos constitucionalmente para que una autoridad judicial pueda dictar un auto de prisión, haciendo un análisis general sobre cada uno de los medios de prueba valorados por el Ad-quem. CONSIDERANDO(8): Que el recurrente concluye en el escrito de formalización del recurso, que la resolución proferida por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, Francisco Morazán ha sido dictada sin seguir los procedimientos y reglas señaladas en la Constitución de la Republica y las leyes, expresando que las garantías constitucionales que se consideran violadas son las contenidas en los artículos: 64, 69, 88 párrafo segundo, 89, 90, 92 de La Constitución de la Republica, sin realizar un desarrollo preciso y motivado, con un razonamiento lógico, preciso y apegado a Derecho. CONSIDERANDO(9): Que el articulo 284 del Código Penal establece que: “Será sancionado con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar en perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: … “Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido”. Igual el articulo 289 de la ley sustantiva, establece “Quien a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuere autor de la falsedad.” CONSIDERANDO(10): Que el artículo 240 del Código Penal establece que: “…Comete el delito de Estafa quien con nombre simulado, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro a error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”. Así, el artículo 242 numeral ocho del mismo cuerpo legal preceptúa que: “quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido….” CONSIDERANDO(11): Que el artículo 332 del Código Penal establece: “Asociación Ilícita: Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L.100,000.00) a trescientos mil (L.300,000.00) lempiras a los jefes o cabecillas de maras, pandillas, y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito.- Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas.- Son Jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”. CONSIDERANDO(12): Que el momento procesal en el que se encuentra el caso que ahora nos ocupa, es la etapa del sumario, tras cuya finalización se ha dictado el Auto de Prisión correspondiente, de acuerdo a los establecido en el Código de Procedimientos Penales del año 1985. CONSIDERANDO(13): Que para dictar el Auto de Prisión no se exige que exista un estado de certeza en el ánimo del juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. CONSIDERANDO(14): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que la valoración de los elementos probatorios encaminada a decidir si es o no procedente dictar un auto de prisión, es una tarea que corresponde en esencia a los Juzgados y Tribunales de Instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando en esa valoración la jurisdicción ordinaria ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en La Constitución. CONSIDERANDO(15): Que analizado el razonamiento seguido por el A-quo y la Ad-quem, para dictar y confirmar, respectivamente, el auto de prisión que conoce, la Sala observa que el mismo se ha dictado, considerando que existen indicios racionales suficientes de participación en los hechos delictivos por parte de los imputados JOSE ALFONSO VALLADARES ESCOTO Y MARIO ROBERTO GOMEZ SAGASTUME,en consecuencia es procedente confirmar la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán el día veintidós (22) de junio del año dos mil seis (2006), mediante la cual REVOCA las resoluciones del Juzgado Instructor de fecha catorce(14) de noviembre y ocho (8) de diciembre del año dos mil tres (2003). CONSIDERANDO(16): Que respecto a la supuesta vulneración del derecho fundamental de defensa en perjuicio del recurrente, la Sala ha observado que el mismo ha sido respetado en el decurso del proceso, gozando el imputado de una Defensa Técnica, obteniendo respuestas dentro de plazos razonables, considerando las mismas congruentes con lo peticionado. En lo atinente a la violación al derecho de Defensa y el Principio de Presunción de Inocencia, consignados en los artículos constitucionales que invoca el recurrente, debemos entender que ambos tópicos conducen indefectiblemente a ser analizados en el marco del debido proceso. Para que podamos hablar de debido proceso ambas partes deben tener la posibilidad de formular alegaciones y probarlas. Una buena pauta para establecer si existe desigualdad en el contradictorio, y, por ende, indefensión, consiste generalmente en descubrir la presencia de un error in procedendo, o de procedimiento, en tanto son las normas procesales las encargadas de regular de manera responsable el tiempo, lugar y modo de actuación de las partes. Toda persona al acceder a un proceso, solicitando tutela efectiva por parte del Estado, goza de un conjunto de derechos con implicancias procesales, entre ellos: el derecho de defensa, al de juez preconstituido (juez predeterminado por la ley), sometimiento del juez a la ley, la independencia del juez, a la motivación de las resoluciones, a la reparación de errores judiciales y a la responsabilidad del juez y del Estado. El hecho de que la respuesta judicial a las peticiones formuladas por la parte no sean accediendo a las mismas, no significa que estemos frente a una violación al derecho de defensa. En este sentido esta Sala de lo Constitucional es del criterio porque se deniegue el Amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste al imputado para seguir aportando en el transcurso del proceso los elementos probatorios y alegatos que estime pertinentes, en el entendido que conserva incólume su estado de Inocencia que la misma Constitución le garantiza. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la Republica, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1,64, 69, 82,89,90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 Nº. 5, 316 No.1 de La Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 45, 240, 284 y 332 del Código Penal, FALLA: Denegando el Amparo interpuesto por el Abogado Rafael Medina Irías, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones del la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha veintidós de junio del año dos mil seis, Y MANDA: Que con certificación de ésta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto el Magistrado GUTIERREZ NAVAS. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA, COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN.-SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el treinta de abril de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha dos de abril de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 588-P645-P646=06.

DANIEL ARTURO SIBRIAN

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL