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Sentencia CP-437-12 — Registro 9700

Resumen

Se condenó en primera instancia al imputado por delito de Robo de Ganado Mayor agravado. En casación se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, FUNDADA EN INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1 Y 2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Argumenta el recurrente que en el presente caso la sentencia recurrida ha infringido el precepto constitucional que consagra la presunción de inocencia, contenida en artículo 89 de la Constitución de la República que dice: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Refiere que el A Quo utiliza como indicios las declaraciones de los señores H. M. Y C. Z. para imputarle al acusado M. Á. V. responsabilidad penal a título de autor del delito de Robo de Ganado Mayor, en perjuicio de la señora T. de J. Z. E., al afirmar estos como testigos, que llegan al lugar del Chile Protección, Santa Bárbara, donde se encontraban las reses, y al platicar con el que había comprado las mismas (J. M.), este les mencionó que quienes se las vendieron eran las mismas que andaban en el vehículo, no descartando a ninguno de ellos o sea que al Señor M. Á. V. lo incluye como participante de en dicha venta. Reprocha que no se probó que el imputado M. Á. V. haya participado en dicha venta, y que el hecho de vender un objeto robado, no implica participar en el robo, por lo que esta sospecha no es suficiente para quebrantar un estado de inocencia y condenar a alguien por el robo de ganado mayor agravado más cuando también consta en el acta de juicio. Concluye que con la prueba que sirvió de base y fundamento al juicio, no es apta para destruir el estado de inocencia que favorece al señor M. Á. V., por estimar que el A Quo le ha dado crédito a indicios que solo constituyen sospechas sobre la participación del procesado, mismas que no reúnen los requisitos o condiciones necesarias de variedad, precisión, gravedad, probanza y concordancia, esto se afirma porque como lo hemos dejado al descubierto, con los aspectos que el tribunal ha tomado en consideración solo se encuentra acreditado que el imputado fue detenido conduciendo el vehículo en el que se supone trasladaron el ganado a la comunidad del Chile Protección Santa Bárbara, situación esta que lejos de ser indicios son meras sospechas y que junto con las demás que considera el sentenciador son circunstancias simples que no se pueden tomar en cuenta para vincular a mi representado con el hecho realizado. VII.- DECISIÓN Respecto a la prueba de presunciones, esta sala ha tomado como referente lo expuesto por el profesor colombiano Y. R. A., quien citando a Dellepiane nos enseña que los indicios deben reunir los siguientes requisitos: ”1) Que se hallen igualmente probados por pruebas directas; 2) Que sean graves y precisos, y varios cuando no puedan dar lugar a deducciones concluyentes, como fundadas en leyes naturales que sufran excepción; 3) Que sean independientes entre sí, esto es, que no constituyan momentos sucesivos, de un solo proceso o hecho accesorio y que no tengan el mismo origen en cuanto a la prueba; 4) Que sean concordantes, esto es, que se acuerden o coordinen entre sí, de modo que produzcan un todo natural, lógico y coherente”. En el presente caso, esta sala observa que en el acápite cuarto de la valoración de la declaración agregada al juicio, el A Quo considera que: “Si bien no existe una prueba directa que demuestre la participación directa del señor M. A. V., no es menos cierto que existen a criterio de este tribunal suficiente prueba indiciaria que lleva al juez a la presunción de participación del antes mencionado” (Folio 312 vuelto del proceso). Más adelante el juzgador refiere: “En el caso que nos atañe no existen dudas sobre la existencia de prueba indiciaria y la cual fue debidamente incorporada al debate además de la existencia de un nexo causal con el hecho que se investiga, entre ellas y las cuales ya han sido debidamente analizadas por el tribunal…” El juzgador relaciona en dicho numeral los indicios que estima probados con los medios de prueba de cargo, entre ellos las declaraciones de los testigos H. M. y C. Z., agentes de policía de investigación que junto al resto de prueba agregada al proceso, llevan a la conclusión al juzgador “que la persona que conducía el vehículo y en este caso de M. Á. V., se convierte en cómplice necesario para realizar dicho traslado. Por lo que con este conjunto de indicios y que cumplen con los requisitos que exige la doctrina se crea una presunción que ya ha sido valorada por este tribunal”. Este tribunal de alzada, considera que la prueba de cargo directa e indirecta agregada al proceso, y valorada por el juzgador, es válida y suficiente para enervar la presunción de inocencia establecida constitucionalmente a favor del acusado señor M. Á. V.. Analizados los indicios valorados por el juzgador en la sentencia recurrida, esta sala considera que los mismos son: varios, graves, precisos, concluyentes, fundados, independientes y concordantes, para producir en el juzgador el grado de conocimiento de certeza positiva suficiente de la participación culpable del acusado M. Á. V. a título de cooperador necesario (autor) en el delito de Robo de ganado mayor agravado en perjuicio de la señora T. De J. Z. E., por lo que se le condena en la sentencia recurrida. En consecuencia, esta sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional, de presunción de inocencia invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ quien actúa como coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS la siguiente sentencia en el recurso de casación SP-437-2012 por infracción de precepto constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de agosto de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor M. Á. V. del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración Pública; 2) Condenando al señor M. Á. V. por el delito de Robo de Ganado Mayor agravado, en perjuicio de T. De J. Z. E., a la pena de diez años cuatro meses de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil.- 3) No condenó al encausado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, el abogado J. A. E. D., actuando en su condición de apoderado defensor del señor M. Á. V. SON PARTES: el abogado M. R. A. en su condición de defensor público del acusado señor M. Á. V., como parte recurrente; y el abogado S. C. A. fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II.- HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNO: Que el día veintiséis de Mayo del año dos mil cinco en horas de la madrugada, fueron sustraídas de la propiedad de la señora T. DE J. S. E., situada en el lugar conocido como El Mogote del municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, dos cabezas de ganado mayor, las que al ser sustraídas fueron pasadas por otra propiedad, para lo que se cortando cuatro alambre de púas de un cerco, hasta ser llevados a la pavimentada y posteriormente subidos a un vehículo tipo camión.- DOS: Los Agentes de Investigación H. D. M. Y C. Z. F., al realizar sus investigaciones tomaron con rumbo a La Entrada Copán, departamento de Copán, y a la altura del lugar conocido como Los Hornos, cerca del desvío de Dulce Nombre de Copán, observaron un camión marca ISUZU, Color blanco, el cual pararon y era conducido por el señor M. A. V. quien dijo al ser preguntado por su procedencia manifestó que venía de dejar un muerto a la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el vehículo tenía en su carrocería estiércol y aserrín, el señor V. se hacía acompañar de D. C. Y R. M..- TRES: Al ser preguntados por el estiércol de ganado en la carrocería, el señor R. M. mencionó que el ganado estaba en la aldea El Chile Protección Santa Bárbara, por lo que los Agentes de Investigación H. D. M. Y C. Z. F., tomaron rumbo a ese lugar y al llegar encontraron al señor J. M., quien había comprado las dos cabezas de ganado propiedad de la señora T. DE J. S. E., y dijo que quienes se las habían vendido eran los mismos que andaban allí (en el vehículo), es decir el señor M. A. V. y que le entregaron cartas de venta, siendo entregado dicho ganado al hijo de su dueño H. D. M., D. C. Y R. M. decomisadas las cartas de venta de los animales, al igual que el vehículo marca ISUZU color blanco placa AAB 7375.” III.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, presentado por el abogado J. A. E. D., actuando en su condición de apoderado defensor del señor M. Á. V.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV.- RECURSO DE CASACIÓN EL RECURRENTE J. A. E. D., EN SU CONDICION DE APODERADO DEFENSOR, DEL ENCAUSADO M. A. V., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. “PRIMER MOTIVO: POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, infracción del artículo 89 de La Constitución de la República, en relación con el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: PRIMERO: El precepto Constitucional que se invoca como infringido prescribe lo siguiente: “Artículo 89: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”.- Las normas del Código Procesal Penal que se citan como infringida en relación al anterior Precepto Constitucional prescriben: Artículo 1 JUICIO PREVIO: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto a los derechos del imputado; Artículo 2 ESTADO DE INOCENCIA: Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código.- SEGUNDO: El Tribunal sentenciador ha tenido como probados los hechos siguientes: UNO: Que el día veintiséis de Mayo del año dos mil cinco en horas de la madrugada, fueron sustraídas de la propiedad de la señora T. DE J. S. E., situada en el lugar conocido como El Mogote del municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, dos cabezas de ganado mayor, las que al ser sustraídas fueron pasadas por otra propiedad, para lo que se cortando cuatro alambre de púas de un cerco, hasta ser llevados a la pavimentada y posteriormente subidos a un vehículo tipo camión.- DOS: Los Agentes de Investigación H. D. M. Y C. Z. F., al realizar sus investigaciones tomaron con rumbo a La Entrada Copán, departamento de Copán, y a la altura del lugar conocido como Los Hornos, cerca del desvío de Dulce Nombre de Copán, observaron un camión marca Isuzu. Color blanco, el cual pararon y era conducido por el señor M. A. V. quien dijo al ser preguntado por su procedencia manifestó que venía de dejar un muerto a la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el vehículo tenía en su carrocería estiércol y aserrín, el señor V. se hacía acompañar de D. C. Y R. M..- TRES: Al ser preguntados por el estiércol de ganado en la carrocería, el señor R. M. mencionó que el ganado estaba en la aldea El Chile Protección Santa Bárbara, por lo que los Agentes de Investigación H. D. M. Y C. Z. F., tomaron rumbo a ese lugar y al llegar encontraron al señor J. M., quien había comprado las dos cabezas de ganado propiedad de la señora T. DE J. S. E., y dijo que quienes se las habían vendido eran los mismos que andaban allí (EN EL VEHICULO), es decir el señor M. A. V. y que le entregaron cartas de venta, siendo entregado dicho ganado al hijo de su dueño H. D. M., D. C. Y R. M. decomisadas las cartas de venta de los animales, al igual que el vehículo marca Isuzu color blanco placa AAB7375.-: TERCERO: Como se puede observar en la declaración de los hechos probados, en ninguno de ellos el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán tiene como probado que el señor M. A. V. haya participado en el Robo del Ganado Mayor que constituye el objeto del delito enjuiciado, ni se afirma como cierto puesto que no existe en el proceso prueba directa, indirecta o indiciaria, que el mismo en compañía de otras personas haya ingresado a la propiedad de la señora T. DE J. S. E., sustraído dicho ganado y cortado cercos para trasladarlos a la pavimentada.- Con esta situación queda claro y evidente que no se tiene por probado en la causa ni se dio así por el tribunal juzgador, que mi representado haya cometido las acciones relacionadas, consecuentemente no hay base ni fundamento para destruir el estado de inocencia que le favorece, no habiendo conducta alguna del mismo que se pueda subsumir en los elementos del tipo penal de robo que se imputa su comisión a mi defendido.- CUARTO: Asimismo es de imperiosa necesidad analizar los supuestos indicios con que el Tribunal de Sentencia tomó como base para condenar a mi representado así: a) Que se tiene como hecho declarado probado número uno, que el día veintiséis de Mayo del año dos mil cinco en horas de la madrugada, fueron sustraídas las vacas de la propiedad de la señora T. DE J. S. E., aspecto este que como consta en el numeral quinto de la Fundamentación Jurídica de la Sentencia recurrida como la que utiliza el Juzgador como circunstancia agravante al amparo del artículo 225 numeral 3 del Código Penal, mas sin embargo entre otros, toma como indicios para dar por probado este aspecto la declaración de los señores C. S. Z. F. Y H. D. M., mas sin embargo ninguno de estos testigos relacionados establece con precisión la hora en que ocurrieron los hechos y es más, tal y como consta en el acta de audiencia de debate el señor M. ante pregunta del Agente Fiscal establece que la última hora que el vio el ganado fue el día anterior de los hechos a las cuatro de la tarde y que en el potrero no tenían ningún cuidandero.- Ante la declaración hecha por este testigo es claro que existe una importante contradicción en cuanto a la afirmación hecha por el Tribunal en lo que a la hora de ejecución de delito se refiere, ya que tomando como punto de partida que después de las cuatro de la tarde el señor M. no vio el ganado es probable que el hecho pudo no cometerse en la noche y ante la ausencia de otros indicios que respalden la afirmación del Tribunal no es suficiente el asidero probatorio utilizado para dar por probado este hecho. b) De igual forma se tiene por probado como hecho número uno que las cabezas de ganado para ser sustraídas fueron pasadas por otra propiedad, para lo que se cortaron cuatro alambre de púas de un cerco hasta ser llevados a la pavimentada y posteriormente subidas a un vehículo tipo camión; tomándose como indicios para dar por probado este hecho el acta de inspección y álbum fotográfico ratificado por el señor A. O. E., así como las deposiciones de C. S. Z. F. y H. D. M., no obstante ninguno de los testigos deja de manera contundente probado este hecho y es más C. F. ni se refiere a ello ni da por sustentada esta conclusión en sus investigaciones y este hecho declarado probado se contradice con lo dicho por el señor A. E. quien ante el interrogatorio de la defensa contestó de manera clara que no sabía quién o quienes habían cortado el alambre de púas ni mucho menos que sabía si por allí había salido el ganado objeto del delito, siendo así Honorable Tribunal Supremo que tampoco para este hecho hay indicios aptos y suficientes que quebranten estado de inocencia de mi representado c) En la sentencia recurrida se tiene como hecho probado número tres que H. D. M. Y C. Z. F., tomaron rumbo a ese lugar (chile protección Santa bárbara) y al llegar encontraron al señor J. M., quien había comprado las dos cabezas de ganado propiedad de la señora T. DE J. S. E., y dijo que quienes se las habían vendido eran los mismos que andaban allí, es decir el señor M. A. V.; el Tribunal de Sentencia utiliza como indicios las declaraciones de los señores H. M. y C. Z. y como consta en el numeral cuarto de la valoración de la prueba llega a esa conclusión porque afirman que sobresale el hecho que cuando estas dos personas llegan al lugar del Chile Protección Santa Bárbara, donde se encontraban las reses, y al platicar con el que había comprado las mismas (J. M.), este les mencionó que quienes se las vendieron eran las mismas que andaban en el vehículo, no descartando a ninguno de ellos o sea que al señor M. A. V. lo incluye como participante de en dicha venta; no obstante lo anterior es de importancia resaltar que de las mismas deposiciones de estos testigos se deja claro que cuando los mismos se trasladaron al Chile Protección Santa Bárbara a corroborar este hecho, mi defendido el señor V. ya no se encontraba con ellos ya que el mismo había sido trasladado junto con el camión a la estación de policía, por lo que no hay indicio que sustente lo afirmado por el Tribunal de Sentencia, más aun cuando también de dichas deposiciones se deja claro que el señor J. M. dijo que quien le había vendido el ganado era el señor D. C. Y N. M. A. V., por lo que también para este efecto me permito señalar la sentencia recurrida específicamente en su inciso b)- 4 del numeral PRIMERO de la VALORACION DE LA PRUEBA inciso este en donde consta que mismo Tribunal de Sentencia reconoce y declara que las dos vacas pardas fueron vendidas por el señor C. y no por mi mandante.- Es oportuno reflexionar que aunque no se probó que el imputado haya participado en dicha venta, el hecho de vender un objeto robado, no implica participar en el robo, por lo que esta sospecha no es suficiente para quebrantar un estado de inocencia y condenar a alguien por el Rodo de Ganado Mayor Agravado más cuando también consta en el acta de juicio, que C. Z. F. ante la pregunta de la defensa de que si M. A. V. ingresó a sacar los semovientes este respondió que no sabía, por lo que es errónea la apreciación del tribunal que esta circunstancia analizada es la que da pauta para conforme el artículo 32 del Código Penal se considere al procesado cómplice necesario, cuando las sospechas resaltan una participación, que tampoco se demostró delictiva, pero posterior a la comisión de los hechos y no anteriores o simultáneos a la ejecución. QUINTO: En conclusión HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de la prueba descrita en el numeral que antecede, y que sirvió de base y fundamento para condenar a mi representado, sin realizar un mayor esfuerzo mental se puede concluir que la misma no es apta ni suficiente para destruir el Estado de Inocencia que le favorece al señor M. A. V., ya que el Tribunal recurrido le ha dado crédito a unos disque indicios que solo constituyen sospechas sobre la participación del procesado, mismas que no reúnen los requisitos o condiciones necesarias de variedad, precisión, gravedad, probanza y concordancia, esto se afirma porque como lo hemos dejado al descubierto, con los aspectos que el Tribunal ha tomado en consideración solo se encuentra acreditado que el imputado fue detenido conduciendo el vehículo en el que se supone trasladaron el ganado a la comunidad del Chile Protección Santa Bárbara, situación esta que lejos de ser indicios son meras sospechas y que junto con las demás que considera el Sentenciador son circunstancias simples que no se pueden tomar en cuenta para vincular a mi representado con el hecho realizado, más aun cuando es preciso recordar la necesidad de tenerse en cuenta que los indicios deben ser hechos plenamente probados y no simples probabilidades ya que las sentencias deben sustentarse en pruebas concluyentes que den certeza absoluta de la existencia del delito y de la identidad del delincuente, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que en el fallo condenatorio los indicios en que se sustenta no constituyen en lo más mínimo una base totalmente acreditada ni se enlazan a una conclusión lógica que determine la participación del indiciado pues para considerarlos debían interrelacionarse de manera tal que con nítida claridad se refuercen entre sí, lo que no ocurre en el presente caso. Con lo anterior honorable Tribunal se deja ilustrado la flagrante violación por parte del Tribunal de Sentencia al principio del Estado de Inocencia que consagra el artículo 89 de La Constitución de la República y el artículo 1 y 2 relacionado del Código Procesal Penal, ya que tales declaraciones constitucional y procesal establecen que todo imputado será considerado inocente hasta que se declare su culpabilidad por órgano jurisdiccional competente, pero que tal declaratoria tiene que estar sustentada en auténticos medios de prueba, de tal suerte que no quede ningún margen de duda sobre la participación del indiciado, y es el caso de autos que el órgano recurrido basándose en prueba indiciaria que no reúne los requisitos exigidos, sin haber una certeza de participación, ha dictado un fallo condenatorio violentando el Estado de Inocencia.- Los Convenios Internacionales que Honduras ha suscrito defienden enérgicamente la violación al derecho de inocencia, así la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, en su artículo 8 inciso 2 señala “Que toda persona inculpada por un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.- Asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11 determina: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 prescribe: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley”.- Así son muchos las serie de instrumentos que podemos citar que exigen que una persona no puede ser condenada mientras no exista plena prueba de su responsabilidad penal y si obra prueba incompleta o insuficiente no puede condenársele sino que absolverle, tal como ocurre en el caso que nos ocupa en donde el Tribunal recurrido con la concurrencia de no más que sospechas, ha afirmado que el señor M. A. V. es responsable de un hecho sin haber ninguna certeza de ello.- Como jurisprudencia internacional podemos resaltar la sentencia dictada por la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso CANTORAL BENAVIDES de fecha 18 de Agosto del 2000, en el cual el Estado de Perú condenó a dicho imputado a la pena de 20 años de reclusión por el delito de Terrorismo y entre otras cosas estableció: “Los Jueces que actuaron en el presente caso abordaron la causa con perjuicios y supusieron a priori que el acusado era culpable, por lo que El Perú violó el artículo 8.2 de la Convención, corresponde al Estado el ONUS PROBANDI de la culpabilidad del imputado y no a este la prueba de su inocencia. Los indicios tomados en cuenta para condenar a CANTORAL BENAVIDES no reunían los caracteres de gravedad, precisión y concordancia suficientes para tener por establecida una vinculación subjetiva que debe existir entre el autor de la ofensa penal y el hecho criminoso, por lo tanto El Perú castigó a una persona inocente cuya vinculación a actividades de tipo terrorista no se demostró”.- Asimismo es oportuno relacionar que cuando se alega en la sede casacional la violación del derecho de Presunción de Inocencia, el control casacional queda limitado a dos aspectos: a) Verificar el juicio sobre la prueba, es decir a constatar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada en autos, b) verificación de la racionalidad de los juicios de inferencia alcanzados por la sala, lo que es de mayor importancia en los casos de prueba indirecta o indiciaria en su caso, y todo ello en garantía de verificar que la conclusión alcanzada no es irrazonable o arbitraria desde las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. La sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos actos de prueba y que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria para que de su resultado se derive la evidencia del hecho punible y la evidencia de la participación del acusado, situación esta que recalcamos en la presente sentencia que se recurre, no se dieron por las razones ya señaladas; sabido es que el sentenciador tiene libertad de valorar la prueba en su conjunto que se ejecuten en el juicio, pero respetando las reglas de la sana crítica racional que como su nombre lo indica el juzgador debe dar las razones válidas y verdaderas de su decisión, sustentándose en verdaderos y auténticos actos de prueba que no dejen ningún margen de duda sobre la participación culpable del acusado. Finalmente como precedente se señala las Sentencias de Casación Penal dictadas por la Corte Suprema de Justicia de Honduras número 120-08 del 26 de Agosto del 2009 y la dictada en él expediente C.P. 399-2008 de fecha 8 de Febrero del 2010, mismas en las que el Alto Tribunal caso las sentencias y absolvió al considerar que no se desvaneció la presunción de inocencia en juicio previo puesto que no se acreditaron los indicios suficientes para determinar que los imputados fueron culpables. AGRAVIO El agravio que se le causa a mi mandante, es haberlo condenado y por ende violentado su estado de inocencia de manera ilegal. APLICACIÓN PRETENDIDA: Que se dicte sentencia casando el fallo recurrido y conforme a la ley aplicable se pronuncie la inocencia del señor M. A. V..” V.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Esta Sala reitera que para el examen del motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado en vulneración del principio-derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador, por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero si puede esta Sala verificar que, efectivamente, el Tribunal "A Quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia, pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria, es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. VI.- SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, FUNDADA EN INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1 Y 2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Argumenta el recurrente que en el presente caso la sentencia recurrida ha infringido el precepto constitucional que consagra la presunción de inocencia, contenida en artículo 89 de la Constitución de la República que dice: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Refiere que el A Quo utiliza como indicios las declaraciones de los señores H. M. Y C. Z. para imputarle al acusado M. Á. V. responsabilidad penal a título de autor del delito de Robo de Ganado Mayor, en perjuicio de la señora T. de J. Z. E., al afirmar estos como testigos, que llegan al lugar del Chile Protección, Santa Bárbara, donde se encontraban las reses, y al platicar con el que había comprado las mismas (J. M.), este les mencionó que quienes se las vendieron eran las mismas que andaban en el vehículo, no descartando a ninguno de ellos o sea que al Señor M. Á. V. lo incluye como participante de en dicha venta. Reprocha que no se probó que el imputado M. Á. V. haya participado en dicha venta, y que el hecho de vender un objeto robado, no implica participar en el robo, por lo que esta sospecha no es suficiente para quebrantar un estado de inocencia y condenar a alguien por el robo de ganado mayor agravado más cuando también consta en el acta de juicio. Concluye que con la prueba que sirvió de base y fundamento al juicio, no es apta para destruir el estado de inocencia que favorece al señor M. Á. V., por estimar que el A Quo le ha dado crédito a indicios que solo constituyen sospechas sobre la participación del procesado, mismas que no reúnen los requisitos o condiciones necesarias de variedad, precisión, gravedad, probanza y concordancia, esto se afirma porque como lo hemos dejado al descubierto, con los aspectos que el tribunal ha tomado en consideración solo se encuentra acreditado que el imputado fue detenido conduciendo el vehículo en el que se supone trasladaron el ganado a la comunidad del Chile Protección Santa Bárbara, situación esta que lejos de ser indicios son meras sospechas y que junto con las demás que considera el sentenciador son circunstancias simples que no se pueden tomar en cuenta para vincular a mi representado con el hecho realizado. VII.- DECISIÓN Respecto a la prueba de presunciones, esta sala ha tomado como referente lo expuesto por el profesor colombiano Y. R. A., quien citando a Dellepiane nos enseña que los indicios deben reunir los siguientes requisitos: ”1) Que se hallen igualmente probados por pruebas directas; 2) Que sean graves y precisos, y varios cuando no puedan dar lugar a deducciones concluyentes, como fundadas en leyes naturales que sufran excepción; 3) Que sean independientes entre sí, esto es, que no constituyan momentos sucesivos, de un solo proceso o hecho accesorio y que no tengan el mismo origen en cuanto a la prueba; 4) Que sean concordantes, esto es, que se acuerden o coordinen entre sí, de modo que produzcan un todo natural, lógico y coherente[1]”. En el presente caso, esta sala observa que en el acápite cuarto de la valoración de la declaración agregada al juicio, el A Quo considera que: “Si bien no existe una prueba directa que demuestre la participación directa del señor M. A. V., no es menos cierto que existen a criterio de este tribunal suficiente prueba indiciaria que lleva al juez a la presunción de participación del antes mencionado” (Folio 312 vuelto del proceso). Más adelante el juzgador refiere: “En el caso que nos atañe no existen dudas sobre la existencia de prueba indiciaria y la cual fue debidamente incorporada al debate además de la existencia de un nexo causal con el hecho que se investiga, entre ellas y las cuales ya han sido debidamente analizadas por el tribunal…” El juzgador relaciona en dicho numeral los indicios que estima probados con los medios de prueba de cargo, entre ellos las declaraciones de los testigos H. M. y C. Z., agentes de policía de investigación que junto al resto de prueba agregada al proceso, llevan a la conclusión al juzgador “que la persona que conducía el vehículo y en este caso de M. Á. V., se convierte en cómplice necesario para realizar dicho traslado. Por lo que con este conjunto de indicios y que cumplen con los requisitos que exige la doctrina se crea una presunción que ya ha sido valorada por este tribunal”. Este tribunal de alzada, considera que la prueba de cargo directa e indirecta agregada al proceso, y valorada por el juzgador, es válida y suficiente para enervar la presunción de inocencia establecida constitucionalmente a favor del acusado señor M. Á. V.. Analizados los indicios valorados por el juzgador en la sentencia recurrida, esta sala considera que los mismos son: varios, graves, precisos, concluyentes, fundados, independientes y concordantes, para producir en el juzgador el grado de conocimiento de certeza positiva suficiente de la participación culpable del acusado M. Á. V. a título de cooperador necesario (autor) en el delito de Robo de ganado mayor agravado en perjuicio de la señora T. De J. Z. E., por lo que se le condena en la sentencia recurrida. En consecuencia, esta sala declara sin lugar el motivo de casación por infracción de precepto constitucional, de presunción de inocencia invocado por el recurrente. VIII.- RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por el abogado J. A. E. D., en su condición de apoderado defensor del encausado M. Á. V. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los fines y efectos legales. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.-

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. - Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP 437-2012.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] La prueba Indiciaria. CESID Reyes Alvarado. Profesor de la Universidad Externado de Colombia y Fundación Autónoma de Colombia. Ediciones Librería del Profesional. Página 64.