Sentencia CP-431-14 — Registro 5779
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados del delito de lavado de activos. En casación se confirmó el fallo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...la Sala Penal, no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las Reglas de la Sana Crítica, ya que las inferencias deducidas por el mismo si son razonables, llegándose a conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, no quedando evidencia que dicho fallo se haya fundado en elementos probatorios inexistentes y falseados en su contenido o significado; es por lo anterior que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violentado las Reglas de la Sana Crítica, en consecuencia se declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público en su ÚNICO MOTIVO..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de Enero del dos mil dieciséis (2016), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de febrero de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a los señores C. J. S. R., A. M. D. Q., L. T. S. D. Y C. A. P., del delito de LAVADO DE ACTIVO, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) NO CONDENO en costas a dichos imputados. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada K. Y. G. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada K. Y. G. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público como Parte Recurrente; y el Abogado R. A. en su condición de Apoderado Defensor de los Señores C. J. S. R., A. M. D. Q., L. T. S. D. Y C. A. P., como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Por conformidad expresa de las partes, los integrantes de éste Tribunal de Sentencia declaran expresa y terminantemente probados los siguientes hechos: PRIMERO: En fecha 06 de diciembre del año 2012, a eso de las 8:00 de la mañana, los señores C. J. S. R. y L. T. S. D., fueron requeridos por parte de la Seguridad del Aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán Islas de la Bahía, ya que se les detectó que al pasar por el punto de inspección del Aeropuerto llevaban consigo cantidades de dólares en efectivo, cuando se disponían a abordar un vuelo en una aerolínea comercial con destino hacia el aeropuerto Ramón Villeda Morales, de la Ciudad de San Pedro Sula. SEGUNDO: Esa misma fecha 06 de Diciembre del año 2012, en horas de la mañana los señores C. A. P. y Á. M. D. Q., fueron requeridos en el punto de inspección de vuelos nacionales por agentes de la seguridad del Aeropuerto Ramón Villeda Morales, quienes venían con procedencia de aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán Islas de Bahía, a raíz de la información recibida por parte de la Seguridad del Aeropuerto Juan Manuel Gálvez, de Roatán que estas personas portaban cantidades de dinero en Dólares. TERCERO: Al haber sido registrados, se determinó que Ángela María Duque portaba un valor de 4 mil dólares americanos en un bolso color café; C. A. P. la cantidad de 9 mil dólares americanos en la bolsa trasera derecha de su pantalón; C. J. S. R., la cantidad de 10,288.00 dólares americanos y 106 mil pesos colombianos, y 10,057.00 lempiras; L. T. S. .D., la cantidad de 15 mil pesos colombianos, y 6 mil dólares americanos, los que portaba en un bolso dorado. CUARTO: Los señores C. A. P., C. J. S. R., Á. M. D. y L. T. S. D., de nacionalidad Colombiana, demostraron su actividad financiera lícita en su país de origen, lo cual justifica la cantidad de dinero que portaban en efectivo.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Abogada K. Y. G. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.” II.-LA ABOGADA RECURRENTE K. Y. G. G., ACTUANDO EN SU CONDICION DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS. MOTIVO UNICO: Que al haber dictado el Juzgador Sentencia Absolutoria hizo valorando la prueba en inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Para mejor comprensión del presente recurso es pertinente establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. El Juzgador consideró dictar un fallo absolutorio por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, al estimar que la prueba de cargo resultó ser insuficiente o idónea para quebrantar el estado de inocencia del encausado, como era la pretensión del ente acusador, en consecuencia tuvo por cierto los siguientes hechos probados: “PRIMERO: En fecha 06 de diciembre del año 2012, a eso de las 8:00 de la mañana los señores C. J. S. R. Y L. T. S. D., fueron requeridos por parte de la Seguridad del Aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán Islas de la Bahía, ya que se les detectó que al pasar por el punto de inspección del aeropuerto llevaban consigo cantidades de dólares en efectivo cuando se disponían abordar un vuelo en una aerolínea comercial con destino hacía el aeropuerto Ramón Villena Morales de la ciudad de San Pedro Sula. SEGUNDO: Esa misma fecha 06 de diciembre del año 2012, en horas de la mañana los señores C. A. P. Y A. M. D. Q., fueron requeridos en el puesto de inspección de vuelos nacionales por agentes de la seguridad del aeropuerto Ramón Villeda Morales, quienes venían con procedencia del aeropuerto Juan Ramón Gálvez de Roatán Islas de la Bahía, a raíz de la información recibida por parte de la seguridad del Aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán que estas personas portaban cantidades de dinero en dólares. TERCERO Al haber sido registrados, se determino que A. M. D. portaba un valor de 4 mil dólares americanos en un bolso color café: C. A. P. la cantidad de 9 mil dólares americanos en la bolsa trasera derecha de su pantalón; C. J. S. R. la cantidad de 10.288.00 dólares americanos Y 106 mil pesos colombianos y 10.057.00 lempiras; L. T. S. D. la cantidad de 15 mil pesos colombianos y 6 mil dólares americanos, los que portaba en un bolso dorado. CUARTO: Los señores C. A. P., C. J. S. R., A. M. D. L. T. S. D., de nacionalidad colombiana demostraron su actividad financiera licita en su país de origen, lo cual justifica la cantidad de dinero que portaba en efectivo. Resulta, que el fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por cuanto la conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la absolución por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, precedido del proceso intelectivo de valoración probatoria que hemos destacado, evidentemente infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente de la valoración el elenco probatorio de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que éstas le ofrecen, produciendo como consecuencia una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación del delito de LAVADO DE ACTIVOS, por considerar que los señores C. A. P., C. J. S. R., A. M. D., L. T. S. D. de nacionalidad colombiana demostraron su actividad financiera licita en su país de origen, lo cual justifica la cantidad de dinero que portaba en efectivo. Para efectos de sustentar el fáctum que antecede, el Juzgador de la valoración de la prueba concluyó: Que sin lugar a dudas los encausados tiene suficiente capacidad económica y que el origen del capital de trabajo del grupo familiar se genera de los diferentes negocios (venta de ganado, alquiler de apartamentos, casa de habitación, hosterías Bohíos) que mantenían constituidos legalmente en la ciudad de Medellín República de Colombia, con lo cual se estima que lo único por lo cual se les detiene es por el hecho de ser colombianos y por no tener en el momento de su detención la justificación legal de la procedencia del dinero lo que sirvió al ente acusador para construir su tesis de que los enjuiciados estaban fraccionando el dinero para ocultarlo y salir del país como una actividad transnacional propia del delito de lavados de activo teoría según el Aquo, no se probó. De lo antes expuesto se desprende que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio in procedendo alegado, en virtud de lo cual resulta necesario el análisis de la probanza evacuada en debate, las cuales entre otros aspectos, refieren lo siguiente: DECLARACIÓN DEL TESTIGO D. O. A. C.:” quien manifestó lo siguiente: “ Que es agente de policía de frontera y que el día seis de diciembre del año 2012, como a eso de las 8:00 de la mañana se encontraba de servicio junto con sus compañeros, se les avisó por parte de la seguridad del aeropuerto JUAN MANUEL GALVEZ, que unas personas habían ingresado a la sala de espera de dicho aeropuerto, las cuales se trataban de C. J. Y L. T., a quienes les dijeron que les acompañaran a la Oficinas donde se les hicieron algunas preguntas como ser ¿Qué si andaban dinero? Esto en razón que según dijo el agente cuando pasaron por el área de inspección se les detectó dinero en su bolsa, C. J. S. R. Y L. T. S. D. que llevaban cantidades entre $16,000.00 y $ 18.000.00 entre los dos. Al ser preguntados si viajaban otras personas a los cuales las dos personas contestaron que viajaban un total de 7 personas y todos eran una familia, que viajaban a San Pedro Sula, refirmo el testigo que cuando procedieron a buscar a las otras personas ya habían abordado el avión a San Pedro Sula, fue así que requirieron a las demás personas en San Pedro Sula. Las personas que ellos detuvieron fueron trasladada al Ministerio Público de esa zona percatándose que L. T. S. D., en un bolso dorado llevaba $6,000,00 y 15,000,00 pesos colombianos; en el bolso de color negro que transportaba C. J. S. R. habían $10,288,00 todos en denominación de $20 dólares...” El Tribunal a este testimonio le brindo pleno valor probatorio. DECLARACION DE J. A. C. G. quien depuso: “Que el día 06 de diciembre del año 2012 se encontraba en el aeropuerto Ramón Villeda Morales en el punto de inspección, en la llegada de vuelos nacionales, cuando recibió información por parte de la policía de fronteras asignada en Roatán, Islas de la Bahía, que venían cuatro personas de nacionalidad Colombiana y que al pasar por el punto de inspección en la llegada de vuelos nacionales, al arribar por el punto de inspección se procedió a la revisión de los documentos de las personas, como ser sus pasaportes, al verificar la información que tenía fueron requeridos y llevados a la oficina de Servicios Especiales de Migración para hacer las inspecciones. A preguntas hechas por el Ministerio Público respondió: Que el nombre de las personas a quienes requirió fueron a doña A. D., C. A., C. A., E. M. P., él (dicente),se encontraba de turno en compañía de O. P., cuando le llamaron de Roatán Islas de la Bahía diciéndole que venían dos personas mas de la misma nacionalidad.., porque traían dinero en dólares americanos que cuando se procedió a revisar el equipaje de C. A. se le encontró el dinero de denominación de veinte dólares”. DECLARACION DE O. M. P. quien expreso: “Que el día 06 de diciembre del año 2012 se encontraba en el aeropuerto RAMON VILLEDA MORALES, cuando le informaron sus compañeros (de quienes no refirió nombres), que habían detenido cuatro personas, presentándose con ellos los imputados para realizar las respectivas actas y después remitirlos al Ministerio Público que su trabajo consistió en hacer las Actas de Decomiso, además el informe y presentarlo a la Fiscalía de la ciudad de San Pedro Sula. Al interrogatorio del ente acusador contesto: Que el nombre de las personas que requirió ese día fueron A. D., C. P., C. A. S. D. M. E. A., y a la señora A. D. en la cartera se le encontró el pasaporte y cuatro mil dólares en denominación de $20:00; al señor C. A. se le hizo una inspección de registro de personas y en la bolsa del pantalón se le encontró 859 billetes de $50, estas personas fueron detenidas porque viajaba de Roatán hacia San Pedro Sula, ellos no justificaron en ese momento la procedencia del dinero, además fueron remitidos a la Fiscalía...
El Tribunal ha estimado que la declaración del testigo O. M. P. se armoniza con el del testigo J. A. C. pues refieren aspecto relacionados con los mismos hechos, coincidiendo en el lugar, fecha, mes y año en relación a la detenciones y las actas de decomiso que se realizaron a los señores A. M. D., C. P. y otras personas... estimando el Tribunal que sus relatos se baso en aspectos propios de sus funciones a ellos encomendadas y facultadas por mandato de ley en razón de su cargo testimonios que el tribunal le confiere valor probatorio. PRUEBA DOCUMENTAL. ACTA DE DECOMISO, practicada a la señora A. M. D. ratificada por el agente de investigación O. M. P., en la cual describe el decomiso de 200 billetes de $20 dólares americanos, para hacer un total de $4000 Dólares americanos. ACTA DE REGISTRO PERSONAL realizado el 6 de diciembre del año 2012 por parte del agente de investigación O. M. P.y ratificada en juicio oral y público y describe la inspección realizada al bolso sin marca color café donde se encontró un pasaporte de la Republica de Colombia N°CC43673436 a nombre de A. M. D. Q., cosméticos y 200 billetes de $20.00 sumando un total de 9000.00 dólares americanos. ACTA DE DECOMISO, practicada al señor C. A. P. ratificada por el agente de investigación O. M. P., en la cual describe el decomiso de $450.00 billetes de $20 dólares americanos. ACTA DE REGISTRO PERSONAL realizado el 6 de diciembre del año 2012 por parte del agente de investigación O. M. P. y ratificada en juicio oral y público y describe la inspección realizada C.. A. P. un pasaporte de la republica de Colombia N° 71378672 y 450 billetes de $20.00 sumando un total de 4000.00 dólares americanos encontrados en la bolsa del pantalón de atrás derecho. El Tribunal fue del criterio que estos medios de prueba a pesar que son medios de cargo, han aportado aspectos de descargo a favor de los imputados, estimando que la prueba documentales al enlazarlos con medios de prueba testifical de cargo han sido de utilidad y que llevan a la convicción del juzgador que estas personas en ningún momento pretendieron ocultar el dinero a ellos decomisados y les da valor probatorio ya que los mismos fueron realizados por personal con la experticia para realizar tales diligencias, los cuales resultaron ser objetivamente confiables. Ante esta apreciación el Ministerio Público resalta que de la probanza referida que de la misma se deriva que efectivamente todos y cada uno de los acusados, el 06 de diciembre del año 2013, mediante un registro personal y a requerimiento de la autoridad se les encontró dólares americanos en denominación de $20, los cuales fueron decomisados por no haber acreditado su origen licito en el momento que fueron requeridos. ACTA DE DECOMISO, realizada el 06 de diciembre del año 2013 practicada al señor C. J. S. R. ratificada por el agente de investigación J. M. Q. Y D. O. A., en la cual describe el decomiso de diez mil doscientos ochenta y ocho dólares americanos ($10,288.00) y ciento seis mil pesos colombianos (106,000.00) y diez mil cincuenta y siete lempiras (Lps. l0,057). ACTA DE DECOMISO, realizada el 06 de diciembre del año 2013 practicada a la señora L. T. S. D. ratificada por el agente de investigación J. M. Q. Y D. O. A., en la cual describe el decomiso de seis mil dólares americanos ($6.000.00) y quince mil pesos colombianos (15,000.00) y diez mil cincuenta y siete lempiras (lpsl0,057). ACTA DE INSPECCION OCULAR: Realizada el 06 de siembre del año 2012 por el agente de Investigación J. M. Q., realizada al señor C. J. S. R. en la que establece que en el interior de su cartera se le encontraron varios billetes de dólares americanos que sumados hacen la cantidad de ($10,288.00) y ciento seis mil pesos colombianos (1 06,000.00) y diez mil cincuenta y siete lempiras (Lps,10.057); Asimismo un teléfono celular marca nokia color gris, un boleto de avión de la aerolínea con destino a Medellín , Panamá City- San Pedro Sula a nombre de C. S. R., de fecha 06 de noviembre y 03 de enero ida y regreso, un certificado de vacunación a favor del encausado, dos sobres conteniendo uno de ellos cinco tabletas de somnil y otro conteniendo cuatro tabletas de nombre sedevol, un chips para celular color azul marca conmel una billetera marca gucci conteniendo en su interior cinco chips para celular, dos fotografías, agenda telefónica pequeña, una tarjeta de residencia a nombre de C. J. S. R., una cedula de ciudadanía, un permiso de conducción del reino de España, una tarjeta de american Express número 3736-21790687014, una tarjeta color amarillo visa electrón número 4160-8148-0051, una tarjeta visa numero 4548-0392-3052-9017 todo a nombre de C. J. S. R.. ACTA ESPECIAL DE RECEPCION DE VALORES. La cual establece que se deposito en el banco central en la ciudad de San Pedro Sula tres sobres de papel Manila los cuales contiene en su interior 1) doscientos ($200.00) billetes de veinte ($20) dólares americanos para un total de cuatro mil ($4,000.00) dólares americanos, 2) cuatrocientos (400.00) billetes de veinte ($20) dólares americanos haciendo para un total de nueve ($9.000.00) mil dólares. Trescientos (300,00) billetes de veinte ($20) dólares americanos para un total de seis (6,000.00) mil dólares americanos, haciendo los tres sobres DIECINUEVE MIL ($19.000.00) dólares americanos. ACTA ESPECIAL DE RECEPCION DE VALORES La cual establece que en fecha veinticuatro de mayo del 2013, se deposito en el banco central en la ciudad de San Pedro sula EN CALIDAD DE DEPOSITO:1) DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS (10,288.00) en billetes de diferentes denominaciones y la cantidad de Ciento seis mil (106,000.00) pesos colombianos, en billetes de diferente denominaciones, y diez mil cincuenta y siete (10,057.00) lempiras en billetes de diferentes denominaciones. 2) trescientos (300.00) billetes de denominación de veinte ($20) dólares americanos que sumados hacen un total seis mil ($6,000.00) dólares americanos y la cantidad de quince mil (15.000.00) pesos colombianos en billetes de distintas denominaciones, evidencia relacionada a la causa que se le sigue a los señores C. J. S. R. Y L. T. S. D.. Con esta probanza se acreditó que el dinero decomisado a los encausados fueron depositados en la Regional del Banco Central de Honduras de la ciudad de San pedro Sula, y el tribunal le da valor probatorio a estas dos actas de recepción de valores por ser objetivamente confiables en razón que fueron realizadas por autoridades facultadas por mandato de ley. ASISTENCIA JUDICIAL SOLICITADA A LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Documentación que fue que sirvió de soporte para realizar la pericia del análisis financiero y patrimonial de los imputados. MEDIO DE PRUEBA PERICIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO .ANALISIS FINANCIERO Y PATRIMONIAL NUMERO 097 Y 098-12 el cual fue ratificado por la perito G. E. T. y fue realizado con la asistencia judicial de la Republica de Colombia a los encausados del presente proceso y se describe a continuación: AL ENCAUSADO C. J. S. R.. A quien le fueron incautados 509 billetes de denominaciones de 20 dólares; 1 billete de 100 dólares, un billete de 5 dólares y 3 billetes de 1 dólar para un total de $ 10,233.00 dólares norteamericanos. El análisis se realizó en base a información enviada por la dirección de Impuestos y aduanas nacionales-DIAN en Colombia sobre los años gravables 2007,2009, 2010 y 2011. En relación a esto se determinó del análisis de los ingresos, costos y gastos que en promedio mensual el señor C. J. S. R. para los años 2007, 2009, 2010 y 2011 la renta liquida mensual oscila entre 1273 y 1749 dólares americanos. Debe destacarse que las declaraciones de renta de los años 2009,2010, y 2011 no registran costos y deducciones, es decir, que el total del ingreso obtenido es declarado como renta liquida sin considerar los egresos normales y naturales para subsistencia, gastos financieros por endeudamiento y gastos familiares en que incurre toda persona, es decir que su capacidad adquisitiva disminuiría al considerar esas variables. Ante estos hallazgos no se determina justificación económica de la procedencia de la suma de dinero que le fuere incautado el 6 de diciembre del 2012. Se observa que del extracto bancario que corresponde al mes de octubre no existió un cargo (retiro) de dinero por lo que se desconoce la obtención de los pesos colombianos con los que compro las divisas. Confrontando el valor de la compra de divisas por parte del señor C. J. S. R. por valor de 9,800 dólares obtenidos supuestamente de 20 transacciones cada una por el valor de $ 490 dólares las cuales se realizaron en las fechas correspondientes al 10 de octubre del año 2012 donde realizo 6 transacciones de compra de divisas; el 11 de octubre del 2012 una transacción; el 12 de octubre 5 transacciones ; el 17 de octubre del 2012 una transacción el 18 de octubre del 2012 otra; el 19 de octubre del 2012, 6 transacciones dólares americanos, y siendo que con la renta liquida promedio mensual que oscila 1273 y 1749 dólares no hay justificación económica para la compra de estas divisas. CON RESPECTO A L. T. S. D. .A quien se le fueron incautados 300 billetes de denominaciones de 20 dólares cada uno, para un total de $ 6,000.00 dólares norteamericanos y según la documentación presentada para análisis se observa que las declaraciones de los años gravables 2007,2008,2009, 2010 y 2011, que declara como actividad económica el código 5511 que corresponde a prestar Servicios de hospedaje. De los análisis de los ingresos declarados por la señora L. T. S. D. se determina que para los años gravables 2007 al 2011 obtiene una renta liquida promedio mensual que oscila entre USE 1354,54 Y USD 1963,08. En relación a estos ingresos no se determina justificación económica de la procedencia de la suma de dinero que le fuere incautada el 6 de diciembre del 2012 al momento de su captura. Y habiendo presentado la defensa documentación para justificar la procedencia del los dólares incautados se observa que se realizaron 14 transacciones por cantidades entre 490 y 495 dólares americanos en las fechas correspondientes al 27 de noviembre del 2012 donde realizo 6 transacciones; el 28 de noviembre del 2012, 7 transacciones y el 20 de noviembre del 2012 realizó una transacción de compra de divisas haciendo un total de 6,885 dólares. Asimismo con el extracto bancario que corresponde al mes de noviembre del 2012 no existió un cargo (retiro) de dinero por lo que se desconoce la obtención de los pesos colombianos con los cuales compró las divisas. Se observa que en fechas 26, 28 y 30 de noviembre del 2012 efectuó consignaciones (depósitos a su cuenta por un monto de $1382.000.00, pesos colombianos lo que equivale a USD 768.20. Por lo que se determina en el análisis financiero, que no hay justificación económica para la compra de divisas por valor de USD 6,885 en tres días. Con respecto a la encausada A. M. D. Q.. A quien le fueron incautaron 200 billetes de denominación de 20 dólares para un total de $4,000.00 dólares norteamericanos. De acuerdo a la asistencia Judicial de Colombia, con base a lo que reportó a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales durante los años 2008,2009, 2010 y 2011 declara como actividad económica el código 0090 que corresponde a rentista de capital de acuerdo a la clasificación de actividades económicas que rigen en Colombia. Al hacer el análisis de sus ingresos se determina que para los años 2008 a 2011 obtiene una renta liquida que oscila entre USD 922.41 Y USD 1244.55 y por ende no se determina justificación económica de la procedencia de la suma de dinero que se le incauto el 6 de diciembre del 2012. La señora A. M. D. Q., actúa como Representante Legal de la empresa Inversiones Amparo S.A.S. En base a la documentación presentada correspondiente a los años 2008, 2010 y 2011 la empresa no presenta perdidas ni ganancias. En el año 2009 la empresa Inversiones Amparos S.A.S muestra una pérdida de $26,862 dólares. La defensa de la Señora A. M. D. presentó 25 fotocopias de transacciones en la compra de divisas cada una por $490 dólares haciendo un total de 12,250 dólares americanos, en las fechas correspondientes al 26 de noviembre del 2012 realiza 5 transacciones de compra de divisas por valor de 490 dólares; el 27 de noviembre del 2012 realiza 3 transacciones; el 28 de noviembre del 2012 realiza 17 transacciones. En relación al encausado C. A. P., a quien se le fueron incautados 450.00 billetes de denominaciones de 20 dólares cada uno, para un total de $ 9,000.00 dólares norteamericanos. Registra productos financieros en la Republica de Honduras, cuentas bancarias en banco LA FISE Y DAVIVIENDA, asimismo hizo el envió de remesas y transferencias durante el periodo en estudio. Estas cuentas fueron aperturadas en cuenta de cheques el 05 de septiembre del 2011, en la agencia de Roatán una en dólares y la otra en lempiras. Su actividad económica es comerciante y que además de depósitos y retiros, realiza transacciones de compra venta de divisas que recibirá transferencia de Colombia, USA, ESPAÑA etc. y de igual forma la empresa PETROMAR le enviaba transferencia. La Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI-CIPLAFT, de Colombia, informo que el señor C. A. P. actúa como socio y representante legal de la empresa PETROMAR S DE RL la cual no representa ningún pagó de impuestos a la fecha, con lo que se demuestra que no es una empresa en marcha. En las cuentas en dólares en el banco La FISE, se determinan movimientos significativos para el periodo entre el 05 de septiembre del 2011 (fecha de apertura) y el 22 de noviembre del 2012. Se observan depósitos individuales y múltiples que superan los 10 mil dólares en el intervalo de 12 días, fueron depositados a la cuenta en dólares un valor de $ 148,908.12 dólares norteamericanos. En la cuenta en Lempiras del banco LAFISE se determina que el 26 de enero del 2012 realiza un deposito de L.680,000.00 lempiras los cuales fueron retirados el 30 de enero del 2012 (en un intervalo de cuatro días).
En el banco DAVIVIENDA el señor C. A. P., esta registrado como titular de dos cuentas bancarias de cheques una de ellas en dólares y la otra en lempiras. La cuenta en lempiras durante el periodo del 30 de agosto del 2012 y 21 de noviembre del 2012 no registró ninguna transacción. De la cuenta en dólares se realizaron varias transacciones de manera fraccionada es decir transacciones individuales y múltiples por valores inferiores a 10 mil dólares. El 30 de agosto del 2012 y el 22 de noviembre de 2012 fueron consignados 74,100 dólares en 11 transacciones menores a 10 mil dólares, y se observa que el 29 de noviembre de ese mismo año, fueron debitados a la cuenta por concepto de transferencia enviada por 70,035 dólares. Asimismo se destaca el movimiento fraccionado en consignaciones individuales y múltiples desde el 27 de febrero del 2013 al 5 de abril del 2013 y realizando una transferencia de 96,035.00 dólares el 8 de abril del 2013. Es de resaltar que en este periodo que el encausado realizo los depósitos referidos y la trasferencias se encontraba recluido en el centro penitenciario. Estas trasferencias de 70,035 dólares del 29 de noviembre del 2012 y otra de 96,035 dólares totalizan 166 mil dólares que tuvieron como destino la cuenta 2500081199 UNION BANK OF CALIFORNIA INTERNATIONAL MONTERRY PARK de la Sociedad ROBINSON HELICOPTER COMPANY, con domicilio en California Estados Unidos. La asistencia Judicial de Colombia en base a lo reportado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 declara como actividad económica el código 0090 que corresponde a RENTISTA DE CAPITAL de acuerdo con la actividad económica que rige en Colombia. Según el promedio mensual de los ingresos del señor C. A. P. se determina para los años 2008 al 2011 obtiene una renta liquida promedio mensual que oscila entre USD 922.41 Y USD 1244.55 por lo que no tiene justificación económica de la procedencia de la suma de dinero que le fuera incautada el 06 de diciembre del 2012 al momento de su captura. A quien se le fueron incautados 300 billetes de denominaciones de 20 dólares cada uno, para un total de $ 6,000.00 dólares norteamericanos. La defensa de la encausada hace entrega de 25 fotocopias de declaraciones de cambio simplificada por compra y venta profesional de divisas en zona de frontera en la ciudad de Ipiales en frontera con Ecuador en donde adquirió divisas por la suma de 12,250 dólares americanos en 25 transacciones por la suma de 12,250 dólares americanos de la siguiente manera: El 26 de noviembre del 2012 realiza 5 transacciones de compra de divisas por valor de 490 dólares cada una, para un total de 2.45 dólares. El 27 de noviembre del 2012 realiza 3 transacciones de compra de divisas por valor de 490 dólares cada una para un total de 1470 dólares. El 28 de noviembre del 2012 realiza 17 transacciones de compra de divisas por valor de 490 dólares cada una para un total de 8,330 dólares. Nuestro reproché va encaminado a la valoración que hace el tribunal a esta pericia del análisis financiera de cada uno de los encausados, pues en el apartado de valoración de este medio de prueba le hizo las siguientes apreciaciones: 1). Que la perito G. E. T. constituye comentarios y juicios de valor y subjetividades que se alejan del contenido de una pericia. 2) La pericia rendida por la perito no se encuentra sustentada en ningún método de carácter científico.3) Se denota la falta de objetividad de la perito 4) al considerar la perito que hubo un fraccionamiento para ocultar la compra de divisas, considera el tribunal que estas divisas fueron adquiridas por los imputados en transacciones individuales en el mismo día o un periodo corto de tiempo por valores que oscilan entre 490 y 495 dólares americanos en la ciudad de Colombia en IPIALES en la frontera con Ecuador, a 884 kilómetros de Medellín.. .fue tomando precaución de no hacerlo por 500 o un valor mayor superior para evitar sanciones de índole administrativo Y EL PAGO DE IMPUESTO QUE CONLLEVA A REALIZAR COMPRAS SUPERIORES A $500 DOLARES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA COLOMBIAN.5) DICHA PERICIA NO REUNE LOS ELEMENTOS DE CONFIABILIDAD QUE DEBE REVESTIR TODA PRUEBA PERICIAL. POR LOQ UE EL TRIBUNAL NO LE DA VALOR PROBATORIO. En este sentido, debemos enfatizar que la prueba pericial antes referida fue realizada en base a documentación proporcionada mediante asistencia judicial por parte de la República de Colombia por la Dirección Ejecutiva de Ingresos DAI que sirvió como base para concluir que los encausados no tienen capacidad económica ni financiera que acredite la posesión del dinero en dólares americanos que les fue decomisado, pues como lo refiere la pericia el promedio mensual de ingreso de cada uno de ellos aun cuando se dedican a rubros comerciales diferentes es similar y oscila entre mil a dos mil dólares por lo que no es suficiente para que tenga la cantidad de dinero que se les decomiso, así como transacciones bancarias que ya hemos referido y que no se pueden justificar su procedencia. Refiere el Tribunal que la pericia no se hizo en base a métodos científicos, pero como se puede apreciar del análisis del mismo y por la metodología aplicada así como la documentación soporte se concluyo que los encausados no tiene capacidad económica, para portar esta cantidad de dólares americanos que fueron incautados a cada uno de ellos y que coinciden en la tenencia de billetes de baja denominación como ser de veinte $20 dólares americanos, característica propia de la narcoactividad. Asimismo a este ente fiscal le sorprende la apreciación que hace el Tribunal al valorar en lo referente al cambio de divisas hechas por los encausados sea justificado pues la manera como lo realizaron es para evadir el pago de impuestos en Colombia, ante este argumento pareciera que dicha práctica es correcta y que para ello se trasladaron cada uno de los encausados a Ipiales en la frontera con Ecuador en fechas y meses diferentes por cada uno de los acusados realizando transacciones inferiores a los 500 dólares. Cabe señalar que el Tribunal no analizó el movimiento fraccionado en consignaciones individuales y múltiples realizadas por parte del encausado C. A. P. desde el 27 de febrero del 2013 al 5 de abril del 2013 y realizando una transferencia de 96,035.00 dólares el 8 de abril del 2013. En el periodo que el encausado realizo los depósitos referidos y la trasferencias se encontraba recluido en el Centro Penitenciario. (Debemos preguntarnos cómo es posible que tal circunstancia sucediera cuando se encontraba privado de libertad) y ante esta situación ni siquiera el juzgador se pronuncio al respecto. Ante esta experticia debemos señalar, que el juzgador devenía en la obligación de valorar el contenido de la misma y tomar como válida la conclusión que ninguno de los acusados tiene capacidad económica ni financiera que acredite el origen de los dólares americanos que les fueron incautados el 06 de diciembre del años 2013, cuando se encontraba de transito en nuestro país. Como se logra evidenciar, todas las conclusiones a las que ha arribado el Tribunal se tornan violatorias a la Regla Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de veracidad, puesto que toda la prueba de cargo conduce ineludiblemente a establecer que los imputados son responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS y las apreciaciones que ha expresado en su fallo son fundamentadas básicamente en la prueba de descargo, presentada por la defensa y que el juzgador al tenerlas como válidas infringe también las reglas de la experiencia, pues como hombre común sabe que la versión de los mismos no resulta apegada a la realidad. En conclusión, si el Juzgador se hubiese apegado a la observancia irrestricta de las reglas integrantes de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba evacuada, tal como hemos señalado y hubiese armonizado la prueba en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho. En conclusión y siendo que los medios de prueba evacuados eran suficientes para dictar un fallo condenatorio por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, el Tribunal a pesar de ello no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de su convencimiento, dada la falta de valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a denunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente; por ende no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN PROBATORIA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3; PRECEPTO INFRINGIDO ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la Ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del Proceso Penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la Ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la Ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la Ley, se produce entonces una inejecución de la Ley Procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la Ley. II. El Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal, declare invalida la Sentencia que se impugna, ello porque a su criterio los Juzgadores han valorado los medios de prueba en divorcio con las Reglas de la Sana Crítica y como consecuencia han proferido un fallo contrario a Ley; explica que el Principio Lógico de Derivación, en su postulado de Razón Suficiente, fue violentado debido a que, la decisión del Tribunal carece de sustento proveniente de la valoración del elenco probatorio de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que éstas le ofrecen, produciendo como consecuencia una valoración fáctica alejada del sistema del Recto Entendimiento Humano, al estimar que no se acreditó la tesis de la acusación del Delito de LAVADO DE ACTIVOS, por considerar que los señores C. A. P., C. J. S. R., A. M. D., L. T. S. D., todos ellos de nacionalidad colombiana, demostraron su actividad financiera licita en su país de origen, lo cual justifica la cantidad de dinero que portaban en efectivo. Señala que se violenta la Sana Crítica cuando los juzgadores exponen que “sin lugar a dudas los encausados tiene suficiente capacidad económica y que el origen del capital de trabajo del grupo familiar se genera de los diferentes negocios (venta de ganado, alquiler de apartamentos, casa de habitación, hosterías Bohíos) que mantenían constituidos legalmente en la ciudad de Medellín, República de Colombia, con lo cual se estima que lo único por lo cual se les detiene es por el hecho de ser colombianos y por no tener en el momento de su detención la justificación legal de la procedencia del dinero” lo que sirvió al ente acusador para construir su tesis de que los enjuiciados estaban fraccionando el dinero para ocultarlo y salir del país como una actividad transnacional propia del delito de lavados de activo teoría según el A quo, no se probó, y porqué, el Tribunal de Sentencia, partió del criterio que los medios de prueba a pesar que son medios de cargo, han aportado aspectos de descargo a favor de los Imputados, estimando que la prueba documentales al enlazarlos con medios de prueba testifical de cargo han sido de utilidad y que llevan a la convicción del juzgador que estas personas en ningún momento pretendieron ocultar el dinero a ellos decomisados y les da valor probatorio ya que los mismos fueron realizados por personal con la experticia para realizar tales diligencias, los cuales resultaron ser objetivamente confiables. Asimismo, en la valoración que hace el Tribunal al Peritaje del Análisis Financiero de cada uno de los encausados, él Tribunal hizo las siguientes apreciaciones: 1). Que la Perito G. E. T. constituye comentarios y juicios de valor y subjetividades que se alejan del contenido de una pericia. 2) La pericia rendida por la Perito no se encuentra sustentada en ningún método de carácter científico.3) Se denota la falta de objetividad de la Perito. 4)Al considerar la Perito que hubo un fraccionamiento para ocultar la compra de divisas, considera el Tribunal, que estas divisas fueron adquiridas por los Imputados en transacciones individuales en el mismo día o un periodo corto de tiempo por valores que oscilan entre 490 y 495 dólares americanos en la ciudad de Colombia en IPIALES en la frontera con Ecuador, a 884 kilómetros de Medellín, fue con la precaución de no hacerlo por 500 o un valor mayor superior para evitar sanciones de índole administrativo y el pago de impuesto que conlleva a realizar compras superiores a $500 dólares de conformidad con la normativa colombiana. 5) Dicha pericia no reúne los elementos de confiabilidad que debe revestir toda prueba pericial, valoración probatoria que determina la Censora que se encuentra apartada de toda lógica probatoria. III. Considera la Recurrente que la Prueba Pericial fue realizada en base a documentación proporcionada mediante asistencia judicial por parte de la República de Colombia por la Dirección Ejecutiva de Ingresos DAI que sirvió como base para concluir que los encausados no tienen capacidad económica ni financiera que acredite la posesión del dinero en dólares americanos que les fue decomisado, pues como lo refiere la pericia el promedio mensual de ingreso de cada uno de ellos aún cuando se dedican a rubros comerciales diferentes es similar y oscila entre mil a dos mil dólares por lo que no es suficiente para que tengan la cantidad de dinero que se les decomiso, así como transacciones bancarias que no se pueden justificar su procedencia, asimismo se puede apreciar que el análisis del peritaje y la metodología aplicada, así como de la documentación soporte, se concluyó que los encausados no tiene capacidad económica, para portar esta cantidad de dólares americanos que fueron incautados a cada uno de ellos y que coinciden en la tenencia de billetes de baja denominación como ser de veinte $20 dólares americanos, característica propia de la narcoactividad, por lo que se logra evidenciar que todas las conclusiones a las que ha arribado el Tribunal se tornan violatorias a la Regla Lógica en el postulado de la Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de veracidad, puesto que toda la prueba de cargo conduce ineludiblemente a establecer que los imputados son responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS. IV. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, no concuerda en todos los puntos que ha traído a discusión la Censora en su Recurso, del análisis del caso ha llegado a la conclusión de que los Juzgadores sustentan su fallo en una motivación apegadas a las Reglas de la Sana Crítica, en especial aquella a que se refiere el medio de prueba pericial. En respuesta a lo planteado por el Censor, la Sala de lo Penal hace las siguientes actuaciones: 1).-En relación a la declaración de los Testigos D. O. A. C., J. A. C. G. y O. M. P.; los Juzgadores al valorarlos indicaron que la declaración de los referidos Testigos se armonizan pues refieren aspecto relacionados con los hechos, coincidiendo en el lugar, fecha, mes y año en relación a la detenciones y las actas de decomiso que se realizaron a los Señores A. M. D., C. P. y otras personas, estimando el Tribunal que sus relatos se basan en aspectos propios de sus funciones a ellos encomendadas y facultadas por mandato de Ley en razón de su cargo testimonios que el Tribunal le confiere valor probatorio, y que las mismas se armonizan con la prueba documental de cargo, las cuales resultaron ser objetivamente confiables. (F.2681, 2682.) 2.) En relación a la prueba documental consistente en: 1. ACTA DE DECOMISO, practicada a la Señora A. M. D. ratificada por el Agente de Investigación O. M. P., en la cual describe el decomiso de 200 billetes de $20 dólares americanos, para hacer un total de $4000 Dólares americanos.- 2) ACTA DE REGISTRO PERSONAL realizado el 6 de diciembre del año 2012 por parte del Agente de Investigación O. M. P., ratificada en Juicio Oral y Público, describe la inspección realizada al bolso sin marca color café donde se encontró un pasaporte de la República de Colombia N°CC43673436 a nombre de A. M. D. Q., cosméticos y 200 billetes de $20.00 dólares americanos. 3) ACTA DE DECOMISO, practicada al señor C. A. P. ratificada por el Agente de Investigación O. M. P., en la cual describe el decomiso de $450.00 billetes de $20 dólares americanos. 4.) ACTA DE REGISTRO PERSONAL realizado el 6 de diciembre del año 2012 por parte del Agente de Investigación O. M. P. y ratificada en juicio Oral y Público describe la inspección realizada al Señor C. A. P., el decomiso de un pasaporte de la República de Colombia N° 71378672 y 450 billetes de $20.00 dólares americanos encontrados en la bolsa del pantalón de atrás derecho. Es el caso que los Juzgadores al valorar la prueba referenciada estiman que estos medios de prueba a pesar que son medios de cargo, han aportado aspectos de descargo a favor de los Imputados, estimando que la prueba documentales al enlazarlos con medios de prueba testifical de cargo han sido de utilidad y que llevan a la convicción del Juzgador que estas personas en ningún momento pretendieron ocultar el dinero a ellos decomisados y les da valor probatorio ya que los mismos fueron realizados por personal con la experticia para realizar tales diligencias, los cuales resultaron ser objetivamente confiables.- 3) En relación a la Prueba Pericial, siguiendo lo señalado por la Perito G. E. T., en el Peritaje realizado por la misma, enfatiza que la prueba pericial fue realizada en base a documentación proporcionada mediante asistencia judicial por parte de la República de Colombia por la Dirección Ejecutiva de Ingresos DAI, que sirvió como base para concluir que los encausados no tienen capacidad económica ni financiera que acredite la posesión del dinero en dólares americanos que les fue decomisado. Para la Sala de lo Penal, el desmérito del Medio de Prueba Pericial presentado por la Perito G. E. T. al debate, encontrado por el Tribunal de Instancia, ha recaído en la técnica usada para el análisis financiero y patrimonial e incluso en las conclusiones de tipo financiero contable, en relación a los siguientes puntos: Primero indican los Juzgadores que las apreciaciones de la Perito constituyen comentarios y juicio de valor y subjetividades que se alejan del contenido en el cual se debe sustentar una prueba pericial, ya que no explica de manera razonada la técnica que utilizo de carácter científico para llegar a la conclusión arribada y Segundo que el Informe resulta improvisado, denotando una falta de responsabilidad, seriedad (F.2693), en sus conclusiones no fue objetivo al extralimitarse a la tarea encomendada y establecer un prejuzgamiento hacia la supuesta conducta de los Acusados, y esto se determina cuando la Perito manifestó que “al no tener a la vista de todos los estados financieros de las personas no se puede construir un dictamen patrimonial y financiero” y llega a la conclusión que los Imputados no acreditan “de forma individual ni colectiva la Portación, ni el origen o procedencia del efectivo a ellos decomisados en razón de que los mismos no poseen la capacidad económica, ni financiera para su acreditación y justificación”. Ante esto no cabe la menor duda para este Alto Tribunal que las conclusiones allegadas por el Sentenciador en cuanto a la motivación probatoria del medio de Prueba Pericial se realizo bajo un razonamiento lógico y de manera armónica, considerando que durante el Debate se le facilitó al Tribunal A-Quo y éste aprecio de la totalidad de la documentación que la Defensa Privada presentó como medio de prueba, documentación que fue analizada por el Perito J. R. S., quien determinó, que el grupo familiar que conforman los Imputados tiene la capacidad económica y justificación financiera para acreditar la legalidad del dinero que les fue decomisado, apreciando el referido Tribunal que éste Perito manifestó el método utilizado para realizar su Dictamen, constatándose que la referida pericia esta sustentada en un método científico, acreditándose el origen y la procedencia legal del efectivo decomisado a los Imputados y que los mismos poseen la capacidad y solvencia económica financiera para su acreditación y justificación, información que al final fue calificada por los Juzgadores como correcta (F. 2295v). En el presente caso que nos ocupa esta Sala Penal, no aprecia que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las Reglas de la Sana Crítica, ya que las inferencias deducidas por el mismo si son razonables, llegándose a conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, no quedando evidencia que dicho fallo se haya fundado en elementos probatorios inexistentes y falseados en su contenido o significado; es por lo anterior que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violentado las Reglas de la Sana Crítica, en consecuencia se declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público en su ÚNICO MOTIVO. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 362.3 y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su ÚNICO MOTIVO, invocado por la Fiscal K. Y. G. G., en su condición de Representante del Ministerio Público.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución.- Redactó: EL MAGISTRADO ZUNIGA MEDRANO. NOTIFIQUESE. – FIRMAS Y SELLO.- ABOG. MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- ABOG. JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- ABOG. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-431-2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL