Sentencia CP-42-12 — Registro 7882
Resumen
En primera instancia se declaró a los jóvenes menores de edad responsables del delito de asociación ilícita, fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."FUNDAMENTACION JURIDICA I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa. 1.- La misión de la Sala de lo Penal, en cuanto a la salvaguarda del derecho individual deL “estado de inocencia”, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada, o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, sino que lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se aprecio la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada tal probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgado de instancia. 2.-El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese. 3.- En el caso examiné, el Juez sentenciador deduce de forma errónea, que porque los testigos M. S., C. P., E. G. y N. M., (agentes policiales y Fiscal respectivamente - folios 481, 483, 486 y 491), declararon que el departamento de localización y capturas de la DNIC, recibió llamada anónima que advertía que en el interior de una vivienda se encontraban varios sujetos supuestos integrantes de la mara 18, por lo que los agentes policiales allanaron la vivienda, encontrando en el interior ocho (8) personas, entre los cuales se encontraban B. S. G. D., N. J. R. C. y S. A. S. G., asimismo una gran cantidad de documentos de identificación personal de varias personas, como ser tarjetas de identidad, carnés del Seguro Social (IHSS), tarjetas de débitos y de créditos de diferentes instituciones bancarias, llaves y placas de vehículos Automotores; y, entre la bomba y el filtro de la cisterna posterior a la detención y traslado de las ocho personas detenidas, encontraron tres (3) explosivos marca emulnor 3000, y que uno de los explosivos tuvo que ser detonado por existir peligro de explosión. Declaraciones testifícales que para el juzgador son concordantes y coinciden tanto en los hechos como en los incidentes, y por consiguiente constituyen plena prueba en contra de los menores. 4.-Como se aprecia el Juez A quo no concluye de forma razonable, ya que funda la responsabilidad de los menores como infractores, en “declaraciones de agentes policiales que participaron en la diligencia del allanamiento motivado por la llamada anónima que recibieron, procediendo a la detención de los menores porque al ingresar a la vivienda encontraron documentos, placas de vehiculo y una silla de ruedas perteneciente supuestamente al jefe de la pandilla 18” (Folio No. 519), pero dichas versiones no son respaldadas por medio de prueba alguno evacuado durante la audiencia del juicio, quedando las mismas huérfanas de apoyo probatorio, no siendo posible inferir de forma lógica y razonable que las declaraciones de los testigos sean suficientes, para determinar su culpabilidad y condena. La conclusión de responsabilidad debió haberse fundado en prueba que conectara de forma directa o indiciaria a los menores y no solamente con las declaraciones de los testigos al no poder ser corroboradas por medios idóneos en grado de certeza, que pueden llevar al a-quo a colegir que los procesados efectivamente pertenecían a una organización delictiva, por lo que se quedan en un plano meramente especulativo, de manera que es imposible adquirir la convicción de culpabilidad en base únicamente a los relatos relacionados, aunado a considerar que no se logro individualizar a quien pertenecía la vivienda allanada, ni determinar a quien de los menores le fueron decomisados los explosivos por tenerlos a su disposición para realizar actos de comercialización o por haber realizado la elaboración o fabricación de los mismos, por tales razones en la audiencia de juicio no se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviese para fundar una declaración de responsabilidad de los menores enjuiciados por los delitos de Asociación Ilícita y Fabricación y Trafico de Material de Guerra, Armas y Municiones, y como ya se dijo dichas pruebas no son suficientes para vulnerar su estado de inocencia.- Es por lo anterior que esta Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido se ha violado el derecho individual del “estado de inocencia”, consagrado en la Constitución de La República, al constatar que la evacuación de prueba de cargo no es suficiente, seguida de una valoración probatoria del Juez de Instancia que se presenta arbitraria o irreflexiva, y que no conduce a la enervación de la presunción de inocencia, no resultando probadas las infracciones penales imputadas a los menores, por existir un evidente vacío probatorio que imposibilita sustentar una declaración de culpabilidad; llevando razón el recurrente al plantear que con la pruebas presentadas en juicio se condenó a sus representados en una clara violación a la Presunción de Inocencia, por una insuficiente actividad probatoria.- En consecuencia de lo anterior, se declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa en su único motivo. II.- Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Defensa. Esta Sala de lo Penal, no entra a conocer el motivo de Casación por Infracción de Ley planteado por la defensa, al haberse declarado con lugar el anterior motivo por Infracción de Precepto Constitucional."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzman García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 42-2012 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Primero de la Niñez de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló:1) Absolviendo a los jóvenes B. S. G. D., N. J. R. C. Y S. A. S. G.., de la Infracción Penal del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO, en perjuicio de J. M. O. S.. - 2) Declarando a los jóvenes B. S. G. D., N. J. R. C. Y S. A. S. G., responsables del delito de ASOCIACION ILICITA, FABRICACION Y TRAFICO DE MATERIAL DE GUERRA, ARMAS Y MUNICIONES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. - 3)IMPONER a los jóvenes B. S. G. D., N. J. R. C. Y S. A. S. G. medidas socioeducativas consistentes en: 1) Internamiento por el término de de seis (06) años a los dos primeros mencionados, el cual el joven B. S. G. D. deberá cumplir en el Complejo Pedagógico Renaciendo, Tamar, y una vez que cumple sus dieciocho (18) años de edad, deberá continuar el cumplimiento de dicha medida en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, el joven N. J. R. C., quién ya cuenta con la edad de dieciocho (18) años, deberá cumplir su medida socioeducativa en la Penitenciaría de Comayagua, y a la joven S.. A. S. G., considerando su edad y que se encuentra en estado de embarazo, se le decreta internamiento por el término de cuatro (04) años, debiendo mientras da a luz, gozar de una semi-libertad o en su defecto el internamiento en un centro donde reciba atención integral, mismo que deberá presentar cupo su padre o defensa privada, debiendo deducírseles a los tres jóvenes el tiempo que ya han permanecido privados de libertad.- 2) Libertad asistida por el término de seis (06) meses.- 3) Orientación y Apoyo Socio Familiar por el término de seis (06) meses, las Medidas no Privativas de Libertad deberán cumplirlas en el Sub-Programa de Medidas no Privativas de Libertad del Instituto Hondureño de La Niñez y la Familia (IHNFA). Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, la Abogada B. L. D., en su condición de Defensora Pública de los jóvenes B. S. G. D. Y N. J. R. C.. Son partes: la Abogada B. L. D., en su condición de Defensora Pública de los jóvenes B. S. G. Do. y N. J. R. C., como recurrente y la Abogada M. A. Z. F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: 1) Que el día dieciocho (18) de abril del año dos mil once (2011), en horas de la mañana, el Departamento de Localización y Capturas de la DNIC, luego de recibir una llamada anónima en la cual les informaron que en las cercanías de la Posta Villa Vieja, en la salida a Danlí, exactamente en la Residencia Montefresco, en el interior de una vivienda amurallada se encontraban varios sujetos supuestos integrantes de la mara 18 así como vehículos supuestamente robados y que en horas de la madrugada de esa misma residencia habían salido dos vehículos uno de los cuales apareció en el noticiero involucrado en un enfrentamiento que hubo entre supuestos pandilleros y policías preventivos, por lo cual se desplazaron a dicha vivienda que se constató que era una vivienda rentada; 2) Que los Agentes luego de llamar a la puerta vieron la necesidad de Allanar la vivienda por intentos de fuga de los jóvenes, y así lo hicieron, encontrando en su interior a ocho (8) personas entre los cuales se encontraban B. S. G. D., N. J. R. C. y S. A. S. G., asimismo una gran cantidad de documentos de identificación personal de varias personas, como ser tarjetas de identidad, carnés del Seguro Social (IHSS), tarjetas de débitos y de créditos de diferentes instituciones bancarias, llaves y placas de vehículos Automotores, y una silla de ruedas de la cual la Acusada S. S. informó que pertenece al Jefe de la Pandilla 18 conocido como alias el Chiflado, de nombre A. Y. C. L.; también se encontró en dicha vivienda un vehículo tipo turismo, marca Dodge, modelo Neon, color azul, con reporte de Robo con denuncia de su propietario J. M. O. S., con placas que no le pertenecían; y, entre la bomba y el filtro de la cisterna posterior a la detención y traslado de las ocho personas detenidas, encontraron tres (3) explosivos marca emulnor 3000, existiendo Acta en la que consta el hallazgo. 3) Que uno de los explosivos tuvo que ser detonado por existir peligro de explosión. Que a todos los detenidos se les imputaron la Asociación Ilícita, Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones y Robo agravado de vehículo. SEGUNDO: Quedó plenamente acreditado que los jóvenes B. S. G. D., N. J. R. C. y S. A. S. G. fue detenidos en dicha vivienda en la Residencial Montefresco, mismo lugar donde se encontraron las evidencias descritas en Acta. Que a estos jóvenes en su registro personal no se les encontró nada, pero si estaban en dicha vivienda”. III. RECURSO DE CASACIÓN “I.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR INFRACCION DE LEY, DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICION DEL MOTIVO POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRIMER MOTIVO: Violación del artículo 89 de la Constitución de la República en relación a los artículos 182 del Código de la Niñez y Adolescencia; así mismo del artículo 40.2.b.i de la Convención sobre los Derechos del Niño. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La norma Constitucional que se invocan como infringida es el artículo 89 que relata: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece el artículo 182 de la Código de la Niñez y de la Adolescencia que dice: “Como en todos los procesos, en aquellos en que figure un niño se respetaran las garantías procesales consagradas en la Constitución de la República y en las leyes, especialmente las que se refiere a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, a no ser juzgado en ausencia....” Así mismo lo que estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40.2.b.i que instituye: “Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizaran, en particular: a).... b) Que a todo niño del que se alegue que se ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos lo siguiente: i)Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”. PRIMERO. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal de Menores, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el ser condenados mis representados por puras sospechas, es decir sin contar con pruebas suficientes, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable Corte, que la Fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, presentó un listado de pruebas, pero con ninguna de ellas se puede acreditar de forma directa la participación de nuestros menores representados B. S. G. D. y N. J. R. C. en las infracciones penales de Asociación Ilícita y Tráfico de material de guerra, armas y municiones; las pruebas presentadas constituyen meras sospechas con las cuales no puede enervarse el Estado de Inocencia. SEGUNDO: Resulta Honorable Tribunal de Casación, que los menores fueron condenados por las infracciones penales de Asociación ilícita y Tráfico de material de guerra, armas y municiones; sin existir prueba contundente de su participación y mucho menos indicios que nos lleven a la conclusión que, en efecto participaron en los hechos sometidos a juzgamiento. Según la declaración de hechos probados que emitió el Tribunal Sentenciador, estableció que mis representados B. S. G. DOMINGUEZ y N. J. R. C. junto con la otra co-infractora S. S.; fueron encontrados en una casa de habitación ubicada en Residencia Montefresco, lugar donde encontraron varias tarjetas de identidad, crédito, seguro social, placas y llaves de carros pertenecientes a varias personas; de igual forma encontraron un vehículo tipo turismo marca Dogde con reporte de robo; así como 3 explosivos marca emulnor 3000, en el caso de autos lo que existe, en relación a nuestros patrocinados G. D. y R. C. son meras SOSPECHAS que por si solas no pueden enervar el Estado de Inocencia. Durante el desarrollo del Juicio oral y Público, se evacuaron las siguientes pruebas de la Acusación ha propuesta del Ministerio Público: 1) Abog. M. S., Fiscal del Ministerio Público, quien fue asignado para presenciar la detonación de uno de los explosivos, quien indicó que al estar ya preparado para ser detonado era necesario hacerlo activar. En cuanto a las investigaciones y la participación de nuestros menores en los hechos investigados, no aportó nada relevante en el proceso. 2) C. O. P., Policía y quien afirmó haber llegado al lugar del allanamiento en horas del mediodía cuando ya sus compañeros policías habían hecho su trabajo; y quien refirió que junto con su compañero C. E., encontraron por la bomba de agua de la casa allanada, un materia parecida a la manteca, poniéndolo en conocimiento de sus superiores, llegando posteriormente el escuadrón antibombas confirmando que el material encontrado eran explosivos. En cuanto a la participación de los menores infractores en los hechos y sobre su captura no aporta nada positivo al esclarecimiento de los mismos. 3) E. U. G., Agente de Policía y quien manifiesta que por la temporada de Semana Santa, se recibió en la central de policía una llamada anónima que advertía que en una casa de la Col. Montefresco vivían mareros y que se miraban actividades ..sospechosas, donde entraban y salían carros y taxis a altas horas de la noche; razón por la cual se disponen a trasladarse hasta el lugar, logrando determinar la casa denunciada, observando como 2 personas trataban de escapar saltando el muro perimetral de la casa, razón por la cual decidieron allanar la vivienda sin contar con autorización judicial, por la urgencia del caso; advirtió también el testigo que se encontró en dicha vivienda, una gran cantidad de tarjetas de identidad, crédito, seguro social de varias personas; además de un vehículo con reporte de robo. Advierte que había un solo relajo en dicha vivienda, así como muchas latas de cervezas tiradas; señaló que no recuerda la captura de nuestros menores representados solamente recuerda a la niña S.. Cuando la defensa le interrogó para que le dijera como habían corroborado que estos menores en efecto vivían ahí, contestó que eso lo confirmó la llamada anónima. Como Podrán observar Honorables Magistrados, si leemos detenidamente el acta de debate, llegaremos a la conclusión que éste en ningún momento menciona en que parte de la casa estaban los menores, cuales eran sus condiciones, si se encontraron documentos u objetos personalísimos que nos lleven a confirmar que en efecto nuestros patrocinados vivían en esa casa; porque no basta con contestar que esa información fue corroborada por una llamada anónima tal como lo dijo el agente, sino que precisamente por haber salido dicha información de una fuente tan informal y sin ningún tipo de control judicial, sus datos tuvieron que ser corroborados por otro medio de prueba que sea confiable y creíble. No basta Honorables Magistrado de Casación, con el hecho de haber encontrado a los jóvenes dentro de la casa allanada para considerarlos responsables de los objetos ahí encontrados y de sus acciones para obtenerlas, porque pudieron ser muchas circunstancias que hacían que nuestros menores representados estuvieran en esa casa de habitación. El testigo G., llegó a manifestar que recuerda bien a la menor S., pero no recuerda a ninguno de los dos menores varones, entonces como es posible que se presente a declarar acerca de la captura de los infractores, cuando ni siquiera recuerda sus características físicas. La de posición de este testigo, fue contundente en establecer cuales fueron los objetos para determinar así que en efecto fueron capturados en el lugar donde hace referencia la acusación encontrados en el interior de la vivienda, pero sobre la participación de los imputados en los hechos juzgados nada aportan a su esclarecimiento. 4) N. A. M. E. Agente de Policía, quien afirmó que en las oficinas de la DNIC se recibió una llamada anónima donde advertían que en una casa de lujo en la Colonia Monte Fresco se encontraban supuesto mareros, verificando la información llegando al lugar y cuando ubicaron la casa, procedieron a pedir autorización para ingresar a dicha vivienda, momento en el cual observan que dos personas trataban de saltar el muro de la casa; expresó que encontraron en dicha vivienda una gran cantidad de tarjetas de crédito, debido, carnet del seguro social, placas y llaves de carros, carteras de hombre y de mujer; advirtió además que la casa se encontraba toda sucia y habían muchas latas de cerveza, colillas de cigarros; a preguntas de las partes respondió que la llamada anónima hacia referencia que en dicha casa en horas de la madrugada entraban carros y que se hacían fiestas y que habían visto a unos sujetos tatuados, dijo también el testigo que los detenidos no se les encontró nada y al igual que su compañero G. afirma que fue la llamada anónima la que le informaron que esos jóvenes vivían ahí. Como podrán darse cuenta Honorables Magistrados, este testigo al igual que el anterior, sólo pueden confirmar la presencia de los muchachos en la casa de habitación allanada así como las cosas encontradas en la misma, pero ninguno puede confirmar sin lugar a dudas que estos jóvenes en efecto vivían en esa casa, no se encontraron documentos u objetos personales de ellos, además la llamada anónima hacía referencia a que miraban a muchachos tatuados y nuestros representado ninguno se encuentra tatuado, así mismo para considerarlo como persona que vivían en esa casa nunca se determinó por parte del ente acusador quien era el arrendatario de esa vivienda para deducirle responsabilidades por lo ahí encontrado. 5)Aparentemente se evacuaron pruebas documentales y periciales, sin embargo, el Juzgado incurre en grave error debido a que, ni en el acta de debate ni en la Sentencia recurrida, aparece un listado de dichas pruebas, el resultado de las mismas o la valoración que de ellas haya realizado el juzgador, haciendo imposible que la Defensa a través de esta impugnación pueda debatirlas o cuestionarlas, violentándose con ello el DEBIDO PROCESO. Todas y cada una de estas pruebas, no Acreditan de forma alguna que los menores B. S. G. D. y N. J. R. C. hayan participado en los hechos por los cuales fueron condenados; al no contar con esas pruebas corroborativas o periféricas, lo único que existe en su contra son indicios aislados que por si solos no pueden enervar el Estado de Inocencia. TERCERO: En conclusión Honorable Tribunal de Casación, las pruebas presentadas en el juicio oral y público son abundantes, pero ninguna es una prueba directa de la participación de nuestros menores representados B. S. G. D. y N. J. R. C. en el delito de Asociación Ilícita y Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones; las pruebas presentadas en su mayoría en el debate, no constituyen prueba directas que acreditaran que nuestros menores representados haya participado de manera alguna en los hechos a ellos condenados, lo que existen son meras sospechas que por si solas no desvirtúan su Estado de Inocencia. La jurista española María Félix Tena Aragón en su obra “MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL” (De Honduras) páginas 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “PRESUNCION DE INOCENCIA” y nos relata: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, mas allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, solo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.” Tal como lo afirma la jurista María Félix, se entenderá vulnerado la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo válida, entendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del Juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde el Juez ha valorado prueba que no indica como responsable a mis representados. La Jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una válida declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable.” Tal es el caso de nuestros patrocinados, que fueron condenados con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acreditó de manera contundente y mediante la documentación legal, que acreditara sin lugar a dudas su participación en la Asociación Ilícita y Tenencia de Material de Guerra ya que nunca se confirmó que vivían en la casa allanada, en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación, dictando la SENTENCIA ABSOLUTORIA que corresponde.”II.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA SIGUIENTE MANERA: “SEGUNDO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida de los Artículos 332 y 332 A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las normas penales que se establecen infringidas y cuya aplicación es indebida es el Artículo 332 del Código Penal que establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de CIEN MIL ( L.100,000.00) a TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.300,000.00) a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asociación con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3) se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas.” Por su parte el artículo 332 A del mismo cuerpo legal instituye: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionado con la pena....” El sentenciador estableció los siguientes Hechos Probados: “PRIMERO: 1) Que el día dieciocho (18) de abril del año dos mil once (2011), en horas de la mañana, el departamento de localización y capturas de la DNIC, luego de recibir una llamada anónima en la cual les informaron que en las cercanías de la Posta Villa Vieja, en la salida a Danlí, exactamente en la Residencia Montefresco en el interior de vivienda amurallada se encontraban varios sujetos supuestos integrantes de la mara 18 así como vehículo supuestamente robados y que en horas de la madrugada de esa misma residencia habían salido dos vehículos uno de los cuales apareció en el noticiero involucrado en un enfrentamiento que hubo entre supuesto pandilleros y policías preventivos, por lo cual se desplazaron a dicha vivienda que se constató que era una vivienda rentada: 2) Que los agentes luego de llamar a la puerta vieron la necesidad de allanar la vivienda por intentos de fuga de los jóvenes y así lo hicieron, encontrando en su interior a ocho (8) personas entre los cuales se encontraban B. S. G. D., N. J. R. C. Y S. A. S. G., asimismo una gran cantidad de documentos de identificación personal de varias personas, como ser tarjeta de identidad, carnes del Seguro Social (IHSS), tarjetas de debitos y de créditos de diferentes instituciones bancarias, llaves y placas de vehículos automotores y una silla de ruedas de la cual la acusada S. S. informó que pertenecen al Jefe de Pandilla 18 conocido como alias el Chiflado de nombre A. Y. C. L.; también se encontró en dicha vivienda un vehículo tipo turismo, marca Dodge, modelo Neón, color azul, con reporte de Robo con denuncia de su propiedad José Manuel Ordóñez Sánchez, con placas que no le pertenecían; y entre la bomba y el filtro de la cisterna posterior a la detención y traslado de las ocho personas detenidas, encontraron tres (3) explosivos marca emulnor 3000, existiendo Acta en la que consta el hallazgo. 3) Que uno de los explosivos tuvo que ser detonado por existir peligro de explosión. Que a todos los detenidos se les imputaron la Asociación ilícita, Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones y Robo Agravado de Vehículo. SEGUNDO: Quedó plenamente acreditado que los jóvenes B. S. G. D., N. J. R. C. Y S. A. S. G., fueron detenidos en dicha vivienda en la Residencial Montefresco, mismo lugar donde se encontraron evidencias descritas en Acta. Que a estos jóvenes en su registro personal no se les encontró nada, pero si estaban en dicha vivienda.” Evidentemente Honorable Tribunal de Casación, estos hechos probados no cumplen con los requisitos de claridad precisión y coherencia que exigen nuestra normativa procesal en su artículo 338 regla cuarta; los mismos no constituyen una narración de los acontecimientos suscitados el día de la captura de nuestros patrocinados, sino que en los mismos se realiza una valoración de prueba, además se emplean conceptos jurídicos que predeterminan el fallo. Si analizamos bien estos hechos probados, podremos concluir que no encontramos en ningún momento la institución de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de Asociación Ilícita y Tenencia de Material de Guerra; en el artículo 332 del Código Penal, nos proporciona cuales son esos elementos para tipificarlos como delito, constituyéndolos como: “asociarse” de “forma Permanente” “para ejecutar actos delictivos” en los referidos hechos probados, el sentenciador no declara que nuestros patrocinados se encontraban asociados, nunca estableció cuál fue esa supuesta asociación o grupo ilícito, nunca se plasmó en estos hechos que ellos efectivamente estuvieran asociado y tampoco se establece asociación era de forma permanente, mucho menos el sentenciador no instituye cuáles fueron esos actos delictivos en los que participaron nuestras patrocinado. En cuanto a los elementos del tipo penal de Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones, que instituye el artículo 332 A del referido Código Penal, consistentes en “fabricar” “almacenar” “transportar” “usar” “traficar” “ingresar o sacar del país” “suministrar o vender armas” “municiones, explosivos o material de guerra” si analizamos detenidamente los hechos probados de la sentencia recurrida, llegaremos a la conclusión que en los mismos no se establece de manera alguna, es decir no se da por acreditado, que nuestros patrocinados hayan fabricado, almacenado, transportado, usado etc., ese material de guerra, lo único que establecen los hechos, es que ellos fueron detenidos en el lugar donde se encontraron 3 explosivos, pero no establecen estos hechos, que ellos fueran los arrendatarios de ese lugar, como para deducirle responsabilidad de todo lo que se encontró, es decir los hechos no establecen de manera alguna ese vínculo entre las cosas encontradas en la casa de la Residencia Montefresco y nuestros patrocinado. Curiosamente, lo que para el juzgador se instituye como hecho probados en la sentencia analizada, exactamente la misma redacción utiliza para la valoración de la prueba en el mismo fallo; entonces indudablemente está utilizando una valoración de prueba para catalogarlo como hechos probados, situación que no es permitido procesalmente hablando, razón por la cual no existen elementos objetivo sin subjetivos de los tipos penales y en consecuencia no puede condenarse a nuestros menores representados por los delitos de Asociación ilícita y Tráfico de material de guerra. INTERPRETACION PRETENDIDA. Con la interposición del presente recurso, se pretende que con la misma redacción de hechos probados realizada por el sentenciador y siendo que no se establecen en los mismos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y por ende no encajan los hechos con las infracciones penales; solicitamos al Honorable Tribunal Casacional, dicte la SENTENCIA ABSOLUTORIA que en derecho procede”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA I.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa. 1.- La misión de la Sala de lo Penal, en cuanto a la salvaguarda del derecho individual deL “estado de inocencia”, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada, o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, sino que lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se aprecio la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada tal probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgado de instancia. 2.-El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese. 3.- En el caso examiné, el Juez sentenciador deduce de forma errónea, que porque los testigos M. S., C. P., E. G. y N. M., (agentes policiales y Fiscal respectivamente - folios 481, 483, 486 y 491), declararon que el departamento de localización y capturas de la DNIC, recibió llamada anónima que advertía que en el interior de una vivienda se encontraban varios sujetos supuestos integrantes de la mara 18, por lo que los agentes policiales allanaron la vivienda, encontrando en el interior ocho (8) personas, entre los cuales se encontraban B. S. G. D., N. J. R. C. y S. A. S. G., asimismo una gran cantidad de documentos de identificación personal de varias personas, como ser tarjetas de identidad, carnés del Seguro Social (IHSS), tarjetas de débitos y de créditos de diferentes instituciones bancarias, llaves y placas de vehículos Automotores; y, entre la bomba y el filtro de la cisterna posterior a la detención y traslado de las ocho personas detenidas, encontraron tres (3) explosivos marca emulnor 3000, y que uno de los explosivos tuvo que ser detonado por existir peligro de explosión. Declaraciones testifícales que para el juzgador son concordantes y coinciden tanto en los hechos como en los incidentes, y por consiguiente constituyen plena prueba en contra de los menores. 4.-Como se aprecia el Juez A quo no concluye de forma razonable, ya que funda la responsabilidad de los menores como infractores, en “declaraciones de agentes policiales que participaron en la diligencia del allanamiento motivado por la llamada anónima que recibieron, procediendo a la detención de los menores porque al ingresar a la vivienda encontraron documentos, placas de vehiculo y una silla de ruedas perteneciente supuestamente al jefe de la pandilla 18” (Folio No. 519), pero dichas versiones no son respaldadas por medio de prueba alguno evacuado durante la audiencia del juicio, quedando las mismas huérfanas de apoyo probatorio, no siendo posible inferir de forma lógica y razonable que las declaraciones de los testigos sean suficientes, para determinar su culpabilidad y condena. La conclusión de responsabilidad debió haberse fundado en prueba que conectara de forma directa o indiciaria a los menores y no solamente con las declaraciones de los testigos al no poder ser corroboradas por medios idóneos en grado de certeza, que pueden llevar al a-quo a colegir que los procesados efectivamente pertenecían a una organización delictiva, por lo que se quedan en un plano meramente especulativo, de manera que es imposible adquirir la convicción de culpabilidad en base únicamente a los relatos relacionados, aunado a considerar que no se logro individualizar a quien pertenecía la vivienda allanada, ni determinar a quien de los menores le fueron decomisados los explosivos por tenerlos a su disposición para realizar actos de comercialización o por haber realizado la elaboración o fabricación de los mismos, por tales razones en la audiencia de juicio no se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirviese para fundar una declaración de responsabilidad de los menores enjuiciados por los delitos de Asociación Ilícita y Fabricación y Trafico de Material de Guerra, Armas y Municiones, y como ya se dijo dichas pruebas no son suficientes para vulnerar su estado de inocencia.- Es por lo anterior que esta Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido se ha violado el derecho individual del “estado de inocencia”, consagrado en la Constitución de La República, al constatar que la evacuación de prueba de cargo no es suficiente, seguida de una valoración probatoria del Juez de Instancia que se presenta arbitraria o irreflexiva, y que no conduce a la enervación de la presunción de inocencia, no resultando probadas las infracciones penales imputadas a los menores, por existir un evidente vacío probatorio que imposibilita sustentar una declaración de culpabilidad; llevando razón el recurrente al plantear que con la pruebas presentadas en juicio se condenó a sus representados en una clara violación a la Presunción de Inocencia, por una insuficiente actividad probatoria.- En consecuencia de lo anterior, se declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa en su único motivo. II.- Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Defensa. Esta Sala de lo Penal, no entra a conocer el motivo de Casación por Infracción de Ley planteado por la defensa, al haberse declarado con lugar el anterior motivo por Infracción de Precepto Constitucional. V. DECISIÓN El primer motivo formulado por la defensa de los jóvenes B. S. G. D. y N. J. R. C. debe ser estimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR, el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único Motivo, invocado por la defensa de los menores B. S. G. D. Y N. J. R. C., por suponerlos responsables de las Infracciones penales de ASOCIACION ILICITA, FABRICACION Y TRAFICO DE MATERIAL DE GUERRA, ARMAS Y MUNICIONES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. - SEGUNDO: Declarar la aplicación extensiva de la estimación del único motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, formulado a favor de de los menores B. S. G. D. Y N. J. R. C., en beneficio de la menor S. A. S. G..- TERCERO: CASA LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: a) SE ABSUELVE de toda responsabilidad penal a los menores B. S. G. D., N. J. R. C. y S. A. S. G. por las Infracciones penales de ASOCIACION ILICITA, FABRICACION Y TRAFICO DE MATERIAL DE GUERRA, ARMAS Y MUNICIONES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; b) Consecuencia de lo anterior revóquese la medida de internamiento, dictada en contra de dichos menores. - Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFIQUESE. – FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-42-2012.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
6