Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-410-15 — Registro 5767

Resumen

En primer instancia se condena a los imputados por los delitos de homicidio, homicidio en su grado de ejecución de tentativa y robo agravado, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: A) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. IV.- Expuesto lo anterior, esta Sala de lo Penal, observa que el impetrante, si bien ha intentado una explicación del motivo, sus fundamentos escapan a la causal elegida que refiere a la sana crítica, y que efectivamente contempla el numeral 3 del artículo 363 del Código Procesal Penal, para insertarse en la de exclusión de un medio de prueba, contenida en el numeral 2 del mismo artículo. Por otra parte, su alegato, cuando refiere a las reglas de la sana crítica, no concretiza la regla que considera infringida, haciendo un análisis del acervo probatorio y conceptualizaciones doctrinarias acerca de la sana crítica, pero que no enlazan con la causal que viene invocando; ya que, es criterio jurisprudencial de la sala de lo Penal, que el recurrente deviene obligado a señalar concretamente qué regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo; y que no hacerlo provoca una afectación en la claridad y precisión requeridas.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."La Sala de lo Penal considera, que al desprenderse de lo expuesto en el recurso, que los recurrentes buscan, que esta Sala realice un control sobre la motivación, como punto de partida para la efectividad del derecho de defensa, esta Sala, analizado que ha sido el fallo, a efecto de efectuar dicho control, realiza las consideraciones siguientes, en base a la doctrina legal que ha sentado: (a) El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; el artículo citado establece que no constituye motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales. (b) Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria; el Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a).- En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b).- En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto; añade que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código Referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.- En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA. (c) Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal; de manera tal que si carecen completamente de motivación comportan vicios in procedendo, provocando la nulidad de la sentencia. (d) Es importante recordar, que las sentencias constituyen una forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas a la segunda de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia resuelve un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. (e) Se tratará entonces, de un caso de carencia de motivación fáctica o jurídica cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico; o cuando existiendo motivación, la misma no satisfaga tanto descriptiva como intelectivamente el fundamento racional que lo llevó a determinada conclusión, produciéndose con ello, el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. III.- De la simple lectura de la valoración de la prueba, trazada en la sentencia definitiva que ha sido recurrida, se desprende que el Tribunal de Sentencias se limitó a enlistar los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en juicio, brindando en cuanto a los testigos, un resumen de sus deposiciones o su decisión de ampararse en el derecho a no declarar que le asistía. En lo relacionado a los documentos, el A-quo se ciñe al señalamiento del folio del expediente en donde se encontraba cada uno de ellos; y en cuanto a la reconstrucción de hechos, olvidando que la dirección de la evacuación de los medios de prueba es responsabilidad del órgano jurisdiccional, justifica no valorarla, porque la misma no se realizó de acuerdo a los requerimientos legales, ante la ausencia de una testigo de cargo a quien pudo imponer obligatoriamente su presencia y participación en la diligencia. Para finalizar concluyendo en que “infiere que J. F. C. C. Y C. L. C. V., son responsables de los delitos de HOMICIDIO Y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, y C. L. C. V. del delito de ROBO AGARAVADO a título de autor material. IV.- Para esta Sala, el contenido del apartado relativo a la valoración de la prueba, al ser únicamente descriptiva, no puede entenderse como motivación formal de su fallo; carece no sólo de razonamiento intelectivo, sino también de contrastación entre ellos, que luego de una visión individual, en la que exprese su confianza o desconfianza en ellos, les entrelace y armonice de forma que su apreciación sea conjunta y aporte a la construcción de una verdad formal cuya solidez descanse en los medios de prueba evacuados en juicio. V.- En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal, considera que el fallo recurrido adolece de “motivaciones fácticas insuficientes”. En consecuencia, se declara Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa, en su segundo motivo. Esta Sala, considera que por haberse declarado Con Lugar el segundo motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, no es necesario dar respuesta al tercer motivo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve de enero de del año dos mil dieciséis, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ Y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de junio del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO a los señores J. F. C. C. y C. L. C. V., por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio de G. L. C. P.; a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION; asimismo, lo condenó a las penas accesorias de INHABLITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- 2) CONDENANDO a los señores J. F. C. C. y C. L. C. V., por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de S. A. L. C.; a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION; asimismo, lo condenó a las penas accesorias de INHABLITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- 3) CONDENANDO al señor C. L. C. V., por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de G. L. C. P. a la pena de CINCO (05) AÑOS DE RECLUSION.- 4) DECLARO la responsabilidad civil de los imputados J. F. C. C. y C. L. C. V..- 5) NO se decreta el comiso.- 6) NO CONDENO en costas a dichos imputados.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, los Abogados L. E. S. E. e I. L. C. P., actuando en su condición de Apoderados Defensores de los señores J. F. C. C. y C. L. C. V..- SON PARTES: Los Abogados L. E. S. E. e I. L. C. P., actuando en actuando en su condición de Apoderados Defensores de los señores J. F. C. C. y C. L. C. V., como parte recurrente, y la Abogada O. Y. F. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que el día cinco (5) de abril del año dos mil trece, los ofendidos G. L. C. P. Y S. A. L. C., se encontraba en una casa de habitación de una tía de nombre S. L., la que está ubicada en aldea, el Quiscamote, del municipio de Silca del departamento de Olancho y cuando iban saliendo de la misma, observaron un vehículo color negro, pick up, estacionado en la calle y cerca de ♪0ste se encontraban los imputados J.

F. C. C. y C. L. C. M., quienes son familia de los ofendidos y todos ellos portaban armas largas y sin mediar palabra comenzaron a disparar contra los ofendidos, hiriendo a G. L. C. P. en su cabeza, lo que le causo la muerte, inmediatamente el ofendido S. A. L. C. comenzó a correr a fin de salvar su vida, pero los imputados siguieron disparando por lo que éste resultó herido en la espalda, manifiesta que éste observó, cuando el imputado C. L. C. se acercó al cuerpo sin vida del ofendido G. L. C. P. y se apropió de un arma de fuego tipo pistola que andaba este en su cintura y seis mil lempiras, el ofendido S. A.L. C. fue trasladado al hospital San Francisco de esta ciudad de Juticalpa del departamento de Olancho.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- LOS RECURRENTES ABOGADOS L. E. S. E. E I. L. C. P., ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE APODERADOS DEFENSORES DE LOS SEÑORES J. F. C. C. y C. L. C. V., PROCEDIERON A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA SIGUIENTE MANERA: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba, por parte del sentenciador las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. En relación con la norma anterior y fundamentando la institución de la Sana Crítica, el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. HECHOS PROBADOS DEL FALLO El Tribunal sentenciador estableció en su fallo como hecho probado Primero y Único el siguiente: PRIMERO: Que el día cinco (5) de abril del año dos mil trece los ofendidos G. L. C. P. y S. A. L. C., se encontraban en una casa de habitación de una tía de nombre S. L., la que está ubicada en la Aldea El Quiscamote, del Municipio de Silca, del departamento de Olancho y cuando iban saliendo de la misma, observaron un vehículo color negro, pick up, estacionado en la calle y cerca de éste se encontraban los imputados J. F. C. C. y C. L. C. M., quienes son familia de los ofendidos y todos ellos portaban armas largas y sin mediar palabra comenzaron a disparar contra los ofendidos, hiriendo a G. L. C. P. en su cabeza, lo que le causó la muerte, inmediatamente el ofendido S. A. L. C. comenzó a correr a fin de salvar su vida, pero los imputados siguieron disparando por lo que éste resultó herido en la espalda, manifiesta que observó, cuando el imputado C. L. C. se acercó al cuerpo sin vida del ofendido G. . C. P. y se apropió de una arma de fuego tipo pistola que andaba éste en su cintura y seis mil lempiras, el ofendido S. A. L. C. fue trasladado al Hospital San Francisco de esta ciudad de Juticalpa del departamento de Olancho. LA PRUEBA DE RELEVANCIA CON QUE EL ORGANO SENTENCIADOR JUSTIFICA EL HECHO PROBADO ANTES TRANSCRITO ES LA SIGUIENTE. 1.- Testigo S. A. L. C., quien al rendir su declaración en el momento del debate en forma concreta dijo: Que él ese día 5 de abril del 2013, se encontraba en casa de la mujer de su tío ella se llama C. L. B. C. acompañado por M. y G. L. C., que a eso de las 6:30 a 7:00 de la tarde, ellos se venían a dormir donde una abuela que tenían ella ya murió, que les dijo la esposa de su tío, que le fueran a cerrar la puerta del corral y que después se fueran a dormir donde su abuela, acompañado con G. L. C., que cuando van a cerrar la puerta, salieron C. L. C. V., J. F. C. C., S. E. C., R. M. C., M. J. R. C. y J. C.; ellos comenzaron a dispararnos dejándome baleado a mí y muerto a mi primo, entonces yo como pude corrí como 50 metros, de allí pude ver todo lo que hicieron, le robaron 6,000.00 lempiras que andaba su primo para pagar unos mozos que su tío le había dado y una pistola que andaba calibre 9 milímetros y después se fueron.- Al ser preguntado el testigo dijo que con G. L. eran primos, y que con los hechores también son primos, que él donde cayó estuvo toda la noche y que hasta otro día como a las siete lo auxiliaron, que quien le quitó la pistola y el dinero a su primo fue C. L., que los hechos los pudo observar su prima Y. M. L. y por C. L., que allí no habían más personas, que los hechos sucedieron al frente de la casa de su tía, que los hechores andaban armas largas escopeta, un 223 y armas cortas, que F. andaba una escopeta y C. L. un 223; al ser interrogado el testigo afirmó no saber la diferencia de una escopeta a un 223 por no saber de armas; el testigo al ser interrogado por la defensa del imputado J. F. dijo que el hecho se produjo ya de noche, y que la iluminación que había era la luna y que por eso se miraba claro, expuso que no sabe porque C. L. y Y. M. no lo auxiliaron esa misma noche, piensa que porque tuvieron miedo. Testigo; Y. M. L. C.: Quien expresó entre lo más relevante: Que ella vio cuando llegaron a matar a G. L. C. P. y cuando hirieron a S. A. L. C., que fue el día viernes 5 de abril del 2013 a las 6:30 de la tarde, que ella estaba en la casa de C. B. cuando llegaron ellos, y dispararon contra G. L. C. P. y S. A. L. C., que G. L. murió y que S. A. solo lo balearon y que ella vio a C. L. C. y J. F. C. y sus acompañantes, que andaban un 223 una 40, que J. F. andaba una escopeta 12, que ella no terminó de ver lo demás, porque salió con su hija para un cuarto para que no mirara que G. L. y A. iban para donde su mamita porque está enferma, y que luego salió C. B. a decirles que le echaran candado al portón y fue allí donde lo mataron que ella vio por una ventana todo el caso.- Al ser preguntada la testigo dijo que los imputados C. L. C. y J. F. C. y sus acompañantes fueron las personas que dispararon, que el problema se da porque ellos pelean unas tierras de su abuela. También el ente acusador ejecutó otros medios de prueba documentales entre ellos el Dictamen de autopsia y acta de defunción del difunto G. L. C. P., evaluación médico legal a las supuestas lesiones recibidas por S. A. L. C. y otros, de menos importancia para la decisión que adoptó el Tribunal sentenciador, siendo como ya lo citamos su prueba toral las dos declaraciones testificales que se describen en el apartado que antecede, mismas, que contienen una serie de contradicciones e inconsistencias como lo explicaremos a continuación: Como podemos apreciar los testigos de cargo S. A. L. C. y Y. M. L. C., expresan en sus testimonios que ellos el día del suceso se encontraban en la casa de su tía política C. L.. B., que es la esposa de su tío consanguíneo R. C., ya que según la información brindada por S. A., él y su primo difunto G. L., trabajaban para su tío antes citado; pero resulta señores Magistrados que de la prueba total que se evacuó en debate, se desprende que los señores A. R. C. M. y C. L. B., con anterioridad a los hechos que se juzgan, habían vendido toda la propiedad incluyendo la casa donde aseguran los testigos estaban y desde donde según ellos apreciaron los hechos; lo anterior su Señoría no solo se desprende de prueba testifical sino que también de prueba documental.- Los testigos de defensa que concurrieron al debate a rendir testimonio, señalan una serie de circunstancias totalmente opuestas a lo que manifiestan los testigos de cargo veamos: Testigo: J. R. M., quien en su declaración dijo que él no vio los hechos, y que él vio el cuerpo de G. L. hasta otro día como a las 6:30 am, que en la casa que está frente al potrero donde sucedieron los hechos no había nadie, ya que el señor R. y la gringa, ya habían vendido la casa y se habían ido para Tegucigalpa. P. A. P. M.: Que el día del hecho como a las siete de la noche, él estuvo con L. en un negocio de madera que tienen en el lugar llamado California, y que su tío R., ya días había vendido la finca que tenía por el Quiscamote, se la vendió a un muchacho que se llama O. y que por lo tanto en la casa no había nadie el día que se produjo el hecho. M. E. D.: Expuso entre lo más relevante que el señor R. hacía como tres meses había vendido la propiedad donde sucedieron los hechos y que por ello allí no había ganado de R. y que la casa permanecía sola. V. DE J. C.: Manifestó entre otras cosas que R. y su esposa ya días habían vendido la propiedad, y que el día del hecho ellos se habían ido para Tegucigalpa y por ende no estaban en el lugar, y que ese día él vio a Florentino como a las siete de la noche en casa de C. C.. K. Y. C. (compañera de hogar del difunto G. L. C.) dijo: Que la Acusación es una farsa, que el día del hecho ella estaba en Tegucigalpa, que su tío R. y su esposa también ese día se encontraban en Tegucigalpa, dijo que a ella le avisaron de la muerte de su marido el día seis (6) como a las siete de la mañana y que ella con las personas que se comunicó fue con S. y su tío R. que se encontraban en Tegucigalpa, y que ellos de inmediato se vinieron para la casa (el Quiacamote Silca) para el levantamiento, que el vehículo en que se transportaban era un 3.0. S. G. C.: Que él se dio cuenta del hecho hasta otro día, es decir el seis de abril, que él estuvo al momento del levantamiento del cadáver, y que el señor R. con su esposa la señora C., llegaron como a las 11:30 de la mañana, que la casa que está al frente donde sucedió el hecho estaba sola y que el cuerpo fue trasladado a Tegucigalpa. Señores Jueces de la Sala Penal, lo que han informado los testigos de defensa antes citados, no son circunstancias prefabricadas ya que ello se confirma con el medio de prueba documental que esta defensa propuso como Auto para Mejor Proveer en el momento Procesal oportuno en el Juicio, que consiste en la Escritura Pública número Doscientos Cuarenta y Siete (247), de fecha diez (10) de marzo del año dos mil trece (2013), autorizada por el Notario F. P. L. L., por medio de la cual los señores A. R. C. M. y C. L. B. C,, celebran un contrato de venta del total de la propiedad donde sucedieron los hechos, con el señor O. R. T. C., ese contrato, incluyó dos inmuebles, uno, que se refiere al potrero en donde resultó muerto el joven G. L. C. P., y el otro que se refiere al terreno y la casa donde aseguran los testigos de cargo se encontraban al momento del ataque que sufrieron los ofendidos el día del hecho criminoso; medio de prueba, que fue denegada su admisión por parte del Tribunal Juzgador sin ninguna justificación, el cual por este mismo acto estamos proponiendo para su admisión y consecuente valoración, de conformidad a lo que prescribe el artículo 368 del Código Procesal Penal. Señoría, como se puede apreciar, ese contrato de venta fue celebrado en fecha 10 de marzo del 2013, y el hecho justiciable se escenificó un 5 de abril del mismo año 2013, es decir, 25 días después de que los propietarios del inmueble lo vendieran; consta en dicho contrato, que el precio de la venta es por Un Millón Quinientos Mil Lempiras (Lps 1,500,000.00), de los cuales el comprador entregó a los vendedores en el acto la cantidad de Ochocientos Mil Lempiras Lps 800,000,00, comprometiéndose el comprador en el mismo contrato, a pagar el resto de Setecientos Mil Lempiras (Lps 700,000.00), en un solo pago el día primero (1) de octubre de ese mismo año 2013, manifestando el comprador en la clausula Quinta del contrato citado, que en ese mismo acto recibió y

tomo posesión de los inmuebles en referencia; situación que no contrasta con lo declarado por los testigos de cargo, en virtud que dichos deponentes, han informado al Tribunal Juzgador, que ellos el día del hecho se encontraban en la casa de sus tíos R. C. y C. L. B., de donde según su versión, apreciaron cuando los acusados dieron muerte a G. L. e hirieron a S. A. L. C., aspecto al cual esta defensa la considera fuera de la lógica puesto que, si los propietarios de tales inmuebles los vendieron 25 días antes del suceso y el comprador tomó posesión de los mismos al momento del contrato, no es posible que los testigos de cargo se hayan encontrado en la vivienda de su tío R., mucho menos estar viviendo en ella, pues como consta documentalmente esa vivienda a esa fecha era propiedad de otra persona, y por lo general cuando una persona compra o adquiere determinada propiedad, toma posesión de la misma y las personas que estuviesen habitando en ella tienen la obligación de entregarla de forma inmediata salvo pacto en contrario, situación que en este caso en particular no consta, ya que como lo hemos manifestado en la cláusula Quinta del contrato en referencia, el comprador declara de viva voz, que inmediatamente tomo posesión de los inmuebles adquiridos, aspectos, que son confirmados por lo que han informado los testigos de la defensa. Al respecto esta defensa quiere indicarle a la Honorable Corte, otras contradicciones en que incurrieron los testigos de cargo, así la Testigo Y. M. L. C., al momento de rendir declaración en la Audiencia Inicial dijo: Que los imputados no eran parientes suyos porque son de otros C., y ya al momento del debate, la testigo dijo que los acusados si eran sus parientes, situación que no pudo aclarar al serle confrontada la declaración que rindió en Audiencia Inicial con lo declarado en el Juicio. La Testigo antes citada informó al declarar en la Audiencia Inicial, que el día del hecho, allí en la casa se encontraban tanto su tío R. C., como su tía C. L. B., pero ya al momento de declarar en el Juicio Oral, expuso que solo estaba su tía C., aspecto que tampoco pudo aclarar. La Testigo expresó en Audiencia Inicial que su tía C. había llegado ese día de los Estados Unidos de América y ya en el debate digo que su tía había llegado de Tegucigalpa. También la misma testigo, declaró en Audiencia Inicial, que al momento del hecho ella solo vio una escopeta, pero al declarar en la audiencia de debate, informó que también vio un fusil 223 y una 40, llamando mucho la atención el hecho que la testigo declaró no saber absolutamente de armas, pero al declarar como se aprecia describe todas y cada una de las armas que según ella portaban los malhechores. También llama mucho la atención la circunstancia de que el hecho se produjo ya de noche, pues el ofendido S. A., expone que el tiroteo se produjo como a las 7:00 pm, y que él pudo ver el hecho por la luna, pero resulta señores Jueces que de acuerdo a lo declarado por el mismo testigo y según la distancia tomada por los técnicos que concurrieron a la Reconstrucción del suceso, de la vivienda al lugar donde dicen los testigos estaban los atacantes, hay una distancia de 32 metros, y aun a esa distancia y siendo de noche, los testigos dicen haber reconocido a los agresores y además vieron y reconocieron también desde esa distancia y de noche, todas y cada una de las armas que portaban los infractores, aun desconociendo o no sabiendo absolutamente nada de armas (Curioso Verdad?).- Por otra parte, de acuerdo a lo expresado por el técnico que concurrió a la Reconstrucción de Hechos, del lugar donde dicen los testigos estaban y observaron la acción criminal, según el experto no es posible que a las siete de la noche hayan podido el desarrollo del suceso, por la existencia de arbustos y maleza y por qué además era de noche. Todas y cada una de las contradicciones antes apuntadas, nos llevan a concluir que los testigos de cargo antes mencionados han faltado a la verdad en sus respectivas deposiciones, pues si sus parientes habían vendido con anterioridad el inmueble (casa) donde manifiestan estaban y de donde observaron los hechos justiciables, consideramos ilógica tal versión, porque como consta documentalmente hacía ya casi un mes que el comprador tomó posesión del inmueble donde se llevaron a cabo los hechos que motivan la presente causa, por lo tanto consideramos que la versión de los testigos de cargo, solo será creíble si se hubiese acreditado lo contrario, es decir con prueba que acreditara que los vendedores de tales inmuebles continuaron en posesión de los mismos y por ende se encontraban habitando la casa en cuyas proximidades se produjo el hecho criminoso; situación que repetimos acreditaremos con la prueba que estamos ofreciendo para su admisión y consecuente valoración por parte de la Sala Penal. Es importante destacar que de acuerdo al relato de los testigos, fueron alrededor de cinco o seis las personas que atacaron a los ofendidos y que todos dispararon contra ellos, recibiendo el occiso cuatro disparos de arma de fuego como consta en el dictamen de autopsia que al efecto fue incorporado al debate; pero resulta, que aun cuando fueron recuperados proyectiles u ojivas del cuerpo del difunto, se omitió por parte de la autoridad competente, realizar el respectivo examen balístico, lo que implica que no consta que arma u armas fueron las que causaron las heridas de efecto mortal que sufrió la víctima, ni mucho menos que persona o personas fueron las que dispararon o ejecutaron los disparos que le causaron la muerte a G. L. C. P., por lo tanto, bajo esas condiciones no se puede vincular a determinada persona como la responsable de tales lesiones aun cuando los testigos aseguren que los imputados dispararon contra las víctimas, pues repetimos al ser varios los disparadores y no constar documentado científicamente de que arma produjo los disparos agresores y quien accionó la misma, no puede condenarse a los acusados solo por el hecho que los mencionen como tales los testigos de cargo, pues al efecto la Sala tiene Jurisprudencia en relación a este tipo se situaciones. Ahora bien con el presente Motivo pretendemos acreditar que en el fallo que se recurre, se han violado las Reglas de la Sana Crítica, en ese respecto queremos acotar que por la Sana Crítica se debe entender el conjunto de normas encaminadas a ser aplicadas por los Jueces, basadas en pautas de la Lógica, la Experiencia común y la Psicología, que en su conjunto, llevan al convencimiento del ser humano sobre una determinada circunstancia o acto.- Las Reglas de la Sana Crítica que el Código Procesal Penal impone a los Jueces como método de valoración de prueba para llegar a la verdad material, están integradas por los principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza para buscar la verdad y por las reglas empíricas denominadas máximas de la experiencia.- Esa libertad dada por la Sana Crítica, reconoce un límite que es el respeto a las normas que gobiernan el pensamiento humano, es decir, las Leyes de la Lógica, que no son otras que Ley de Identidad, Ley de Contradicción, Ley de Tercero excluido y Ley de Razón Suficiente, contenida en el principio lógico de la Derivación; por lo que es exigible para el juzgador, que las conclusiones a las que arribe, sea el fruto racional del conjunto de las pruebas que se hayan incorporado al juicio o debate, sin afectar en cada razonamiento, el principio lógico de razón suficiente o de la derivación que exige que la prueba en que se funde la decisión, solo permita arribar a una única conclusión y no a otra distinta, es decir, que su convencimiento debe ser el fruto extraído del conjunto de pruebas aportadas y debatidas en juicio, analizadas objetiva y científicamente de conformidad a derecho, sin dejar por fuera o sin dejar de considerar la totalidad de las pruebas allegadas al proceso y lo que es más grave excluir una determinada prueba siendo pertinente, tal es el caso del Instrumento Público número 247 antes relacionado, en el cual esta defensa en su momento procesal oportuno, lo propuso para que fuera valorado como correspondía, pero el mismo fue denegado sin ninguna justificación, ya que la defensa acreditó los presupuestos legales del porqué hasta ese momento se estaba ofreciendo dicha probanza, la necesidad y utilidad de la misma, sin embargo, tal elemento probatorio, nos fue rechazado y es por esa razón, que por este acto estamos haciendo uso del derecho que nos asiste de conformidad a lo que prescribe el artículo 368 del Código Procesal Penal. En conclusión Señores Magistrados esta defensa aprecia o considera que con el actuar del Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, al momento de fallar o dictar la resolución de condena que por este acto se recurre, a violentado las reglas de la Sana Crítica Racional, especialmente en lo que concierne a las normas integrantes de la Lógica conocidas como Ley de Contradicción, Ley de Tercero Excluido y Ley de Razón Suficiente; la primera en virtud que en los autos existen dos juicios opuestos que dan lugar a la duda razonable, pues con la prueba que estamos ofreciendo queda al descubierto la falsedad con que han actuado los testigos de cargo, y por ende no hay certeza plena quien fue la persona que le quito la vida al ofendido G. L. C. P. y lesionó al j. S. A. L., y la segunda, como consecuencia de que la prueba de la acusación no es apta para la decisión de condena que adoptó el Tribunal Juzgador, pues como ya lo citamos, a lo interno de la prueba de cargo, existe una serie de contradicciones que conlleva a que dicha probanza no sea suficiente para el fallo condenatorio que adoptó el Órgano Jurisdiccional y tercera, la cual le impone la necesidad al sentenciador que en su fallo deviene obligado a motivar o explicar adecuada y convincentemente todas y cada una de las conclusiones a las que arribe, estándole prohibido en esta actividad transgredir las reglas de la sana crítica, como son las Leyes que integran la Lógica, la Sicología, la experiencia común y el recto entendimiento humano; el Principio de la Derivación que contiene la Ley de Razón Suficiente: Consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana crítica; así mismo, el postulado de razón suficiente exige que toda conclusión a la que se arribe por parte del Juzgador, necesita de una razón suficiente que justifique lo que en un juicio se afirma o niega como verdad indiscutible y como vosotros lo podrán apreciar el Tribunal juzgador transgredió dichas reglas, al no ser capaz de apreciar en forma conjunta y armónica todos y cada uno de los elementos probatorios que fueron incorporados al debate y lo que es más grave, no fue capaz de motivar adecuadamente su fallo tal como lo señalaremos puntualmente en el siguiente motivo. SEGUNDO MOTIVO; Por Insuficientes Motivaciones Fácticas de la Sentencia recurrida. PRECEPRO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO

De conformidad a lo que prescribe el artículo 141 párrafos segundo y tercero del Código Procesal Penal, las sentencias, tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; y que la motivación expresará los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la resolución; y en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; todo ello en relación con lo prescrito en el numeral 2 regla cuarta del artículo 338 de la misma Ley Adjetiva que a la letra dice: Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de Hechos Probados…… 2) Valoración de la Prueba.

Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando, según las reglas de la Sana Crítica, el valor que se les haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Tal como lo hemos citado anteriormente, el Tribunal recurrido estableció como hecho probado el siguiente: Que el día cinco (5) de abril del año dos mil trece los ofendidos G. L. C. P. y S. A. L. C., se encontraban en una casa de habitación de una tía de nombre S. L., la que está ubicada en la Aldea El Quiscamote, del Municipio de Silca, del departamento de Olancho y cuando iban saliendo de la misma, observaron un vehículo color negro, pick up, estacionado en la calle y cerca de este se encontraban los imputados J. F. C. C. y C. L. C. M., quienes son familia de los ofendidos y todos ellos portaban armas largas y sin mediar palabra comenzaron a disparar contra los ofendidos, hiriendo a G. L. C. P. en su cabeza, lo que le causó la muerte, inmediatamente el ofendido S. A. L. C. comenzó a correr a fin de salvar su vida, pero los imputados siguieron disparando por lo que éste resultó herido en la espalda, manifiesta que observó, cuando el imputado C. L. C. se acercó al cuerpo sin vida del ofendido G. L. C. P. y se apropió de una arma de fuego tipo pistola que andaba éste en su cintura y seis mil lempiras, el ofendido S. A. L. C. fue trasladado al Hospital San Francisco de esta ciudad de Juticalpa del departamento de Olancho. Como se aprecia en la sentencia recurrida, en el apartado de valoración de prueba el órgano sentenciador, del numeral primero al sexto, describe la prueba que fue incorporada al debate, expresando resumidamente lo que según su apreciación dijo cada testigo tanto de cargo como los de descargo, citando a la vez la prueba documental que fue incorporada y ejecutada en juicio, ya en el numeral Séptimo que es donde según el sentenciador realiza su valoración intelectiva expresa textualmente: SEPTIMO Que como se desprende del testimonio rendido por los testigos de cargo principalmente por el señor S. A. L. C., quien fue a la vez el ofendido en este hecho de la acción antijurídica de los imputados, los señores J. F. C. C. y C. L. C. V., el cual detalló lo que ocurrió el día de los hechos en donde manifestó de viva voz, que los imputados al momento de ellos ir a cerrar el corral, éstos comenzaron a dispararles, que él resultó baleado y el señor ofendido G. L. C. P., resultó muerto en ese hecho, la cual era la voluntad de los imputados, no cabe duda en afirmar que efectivamente fueron J. F. CH. C. y C. L. C. V. y no otras personas, las que causaron dichas acciones ilícitas en contra de los señores S. A. L. C. y G. L. C. P.. De lo anterior se colige que en el presente fallo, el Órgano Jurisdiccional Juzgador, no cumplió con la ordenanza contenida en el artículo 141 precitado, especialmente en lo que concierne a exteriorizar el valor probatorio que le haya atribuido a cada una de las pruebas que fueron allegadas al debate; como vemos el Tribunal cita y describe correctamente la prueba aportada, pero omite exteriorizar en forma razonada el valor probatorio que de acuerdo a su convicción le mereció cada elemento de prueba que fue ejecutado en el debate, en especial la prueba testifical de cargo, que fue la base probatoria de su decisión; recordemos, que los testigos de cargo han sido duramente criticados o cuestionados por esta defensa, como consecuencia de las contradicciones en que incurrieron al momento de rendir sus testimonios como se puntualiza en el motivo que antecede, de ello deviene la obligación ineludible del sentenciador de motivar o explicar de una forma adecuada la decisión adoptada, lo que implica que el Juzgador necesariamente tenía que pronunciarse en el apartado de valoración de la prueba porque motivos o razones no le resta valorar a las inconsistencias en que incurrieron los testigos de la acusación al momento de rendir sus respectivos testimonios; recuérdese que al efecto se practicó una Reconstrucción de Hechos a Instancia de la defensa, pero el Tribunal recurrido, manifiesta en su numeral Seis de su fundamentación, que no le da valor a dicho medio de prueba porque no compareció la testigo del Ministerio Publico; situación que a la vez reitera el vicio denunciado, puesto que la diligencia antes citada fue llevada a cabo aún con la ausencia de la testigo en referencia y los técnicos nombrados para ello, hicieron todas las mediciones del caso y a la vez se pronunciaron que desde el lugar donde dice la testigo observó los hechos no hay ninguna visibilidad por la abundancia de arbustos y maleza, arbustos, que de plano se encontraban en las mismas circunstancias cuando sucedieron los hechos, aspectos que pueden ser apreciados en el plano levantado al efecto por los especialistas.- También es de importancia señalar que el Juzgador no se pronunció en lo absoluto sobre la prueba aportada por la defensa, en especial la prueba testifical, de la cual se desprenden circunstancias que dejan en duda lo dicho por los testigos de cargo, pero repetimos, el Órgano decisor ni siquiera menciona dicha prueba en su valoración, por lo que con ello se confirma una vez más el vicio denunciado que consiste en insuficientes motivaciones fácticas de la sentencia recurrida. Como todos sabemos en materia de valoración de prueba en un fallo de esta naturaleza, existe lo que se llama la fundamentación probatoria y la fundamentación jurídica, la fundamentación probatoria o valoración de prueba, es la fase de la sentencia que debe contener tanto la valoración descriptiva como la valoración intelectiva; en la primera, el sentenciador se limita a describir todos y cada uno de los medios de prueba que incorporó tanto la acusación como la defensa y en la segunda pues es donde el órgano decisor valora propiamente dicho la prueba que le sirve de base o fundamento para decidir el asunto conforme su apreciación desde las máximas de la experiencia, la lógica y respetando por supuesto las reglas de la sana crítica o del recto entendimiento humano; lo anterior equivale a decir que es la parte del fallo donde el sentenciador motiva, razona o explica de una forma clara y sencilla porque determinados medios o elementos de prueba le merecen credibilidad y porque considera son aptos para demostrar bien sea la culpabilidad o bien la inocencia del acusado; lo anterior, es una tarea que el juzgador debe respetar o mejor dicho no debe omitir en todo fallo, de lo contrario la consecuencia próxima e inevitable, es la anulación del fallo juntamente con el juicio o debate que se haya realizado, como efecto del vicio de casación en la forma contenido en la primera parte del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal; en tal sentido, Honorable Tribunal de Alzada, el A-quo en esta sentencia que se recurre, no explica en lo absoluto los motivos o razones que lo llevaron a formar su convicción y que trajo como efecto la condena de los imputados; es decir el juzgador en la parte valorativa e intelectiva de la prueba de su sentencia, no específica o exterioriza cuales fueron las razones por el cual le dio valor probatorio suficiente a la prueba de la acusación; sí bien es cierto el Tribunal recurrido hace un intento por razonar la prueba aportada, citando lo que informó la testigo principal de cargo, pero también es cierto que ello por sí solo no suple la obligación que tiene todo sentenciador de motivar adecuadamente su fallo, pues al efecto aparta de su cuadro valorativo lo que informaron los testigos de defensa, pues todo juzgador deviene en la obligación de brindar razones adecuadas bien cuando le da valor o bien cuando le resta importancia a determinado medio de prueba; por lo que de acuerdo a lo que prevé nuestra Ley Procesal en los artículos 141 y 338 en la regla precitada, los cuales le dan los parámetros al sentenciador de cómo debe estructurar cada fallo, es decir valorando o motivando suficientemente el mismo en relación a la prueba que se haya incorporado al debate, todo ello bajo pena de nulidad como lo expone el 141 ya citado, por lo que consideramos que en esta oportunidad el Juzgador a incumplido o mejor dicho a transgredido la normativa citada al no valorar suficientemente la sentencia dictada la cual dio como resultado la condena de los acusados J. F. C. C. y C. L. C. V.; por lo que esta defensa considera procedente el presente motivo de Casación en la forma, al igual que el anteriormente planteado, por ello solicitamos al Honorable Tribunal Supremo se dicte la resolución respectiva en derecho corresponda. TERCER MOTIVO: Por inobservar el Juzgador las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del Juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 5 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. Algunas de la reglas a que se refiere el numeral 5 del artículo 362 ya enunciado, se encuentran comprendidas en el artículo 312 de la Ley Procesal, que establece que el debate podrá realizarse en una o varias sesiones que, para todos los efectos, se tendrán como una sola audiencia. Las sesiones serán diarias y consecutivas y solo podrán interrumpirse por alguna catástrofe o hecho extraordinario que imposibilite o haga difícil su continuación o por disposición del Tribunal de Sentencia. Exponiendo seguidamente dicha norma, que el Tribunal de Sentencia podrá suspender el debate por un plazo máximo de quince (15) días cuando: Enumerando diez casos en los cuales el Tribunal puede decretar dicha suspensión por el termino ya indicado, entre ellas cuando no esté disponible toda la prueba por evacuarse como es el caso de autos. Por su parte el artículo 313 párrafo segundo del mismo Código establece: Que si la audiencia no se reanuda el día y la hora señalada por el Tribunal o, en su caso, dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la sustanciación del juicio deberá iniciarse de nuevo, de conformidad a lo que se dispone en el capítulo siguiente... Pues bien, resulta Honorables Magistrados de la Sala Penal, que como consta en el acta respectiva, el juicio en esta causa dio inicio el día 02 de marzo del año 2015, evacuándose en dicha sesión, la mayoría de las actuaciones procesales y suspendiéndose para su continuación para el día 12 del mismo mes y año, lo anterior debido a que el Tribunal así lo dispuso por hacer falta prueba por evacuar; reanudándose el debate el día y hora señalado, pero a la vez, ese mismo día 12 de marzo, el debate fue suspendido para la práctica de la diligencia de Reconstrucción de Hechos, para el día 08 de abril del mismo año 2015, llevándose a cabo tal actuación como se programó, lo cual este mismo día 8 de abril, se suspendió el debate para continuarlo el día 27 de abril del mismo año 2015, fecha, en que el juicio fue terminado o culminado en su totalidad. Resulta señores Jueces que si contabilizamos el tiempo transcurrido desde que inicio el debate que fue el día 02 de marzo a la fecha de su culminación que fue 27 de abril, vemos que transcurrieron 55 días calendarios y 36 días hábiles, sin tomar en cuenta o apartando los días correspondientes a la Semana Santa, que se dio entre el 30 y 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril; situación que es totalmente violatorio a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 313 del Código Procesal Penal, que ordena que en caso de suspensión, si el juicio no se reanuda en el plazo establecido, la sustanciación del juicio deberá iniciarse de nuevo; y siendo que el Tribunal de Sentencia ahora recurrido no cumplió con reanudar el debate dentro del término que la norma citada le indica, es procedente decretar la anulación del debate celebrado en estricta aplicación del numeral quinto del artículo 362 de nuestro Código Procesal Penal. Lo anterior consideramos tiene como propósito que el Tribunal juzgador no pierda la inmediación o inmediatez del caso, debido a que si el órgano decisor decreta la suspensión del debate y deja transcurrir demasiado tiempo sin reanudarlo, pierde la inmediación o secuencia del caso y por ello el legislador sabiamente ha decretado que si el juicio se suspende, el Tribunal tiene hasta quince días para continuarlo, de lo contrario deberá iniciarse de nuevo, lo que no aconteció en esta causa, en la cual se produjeron varias suspensiones, lo que de la primer sesión a la última, trascurrieron 55 días calendarios y 36 días hábiles; con lo cual se ha violentado lo que dispone la norma que hemos trascrito y por ende procede la anulación del debate por haberse quebrantado la forma en la realización del juicio o debate como lo establece el numeral 5 del ya citado artículo 362 del CPP.” DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA, EN SU PRIMER MOTIVO, POR NO HABER OBSERVADO EL TRIBUNAL EN LA VALORACION DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ULTIMA PARTE DEL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 362 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- I.- Invocan los recurrentes como precepto infringido el artículo 202 en relación con el artículo 336 del Código Procesal Penal, explicando su inconformidad con la apreciación de la prueba que ha realizado el tribunal juzgador, quien a su parecer ha violentado la Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba, específicamente las reglas de contradicción, tercero excluido y razón suficiente que forman parte del principio lógico de derivación, al excluir una determinada prueba, siendo pertinente, como ser, el Instrumento Público número 247 propuesto por la defensa y denegado sin justificación alguna. II.- Tomando como base los argumentos de los recurrentes; esta Sala de lo Penal, considera importante señalar, tal y como lo ha venido haciendo, conformando ya, doctrina legal[1] al respecto; que el Recurso de Casación, como recurso extraordinario, exige el irrestricto cumplimiento del “Principio de Debida Técnica”, el cual, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio es recogido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo”… y “En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende; y tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. III.- El principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: A) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. IV.- Expuesto lo anterior, esta Sala de lo Penal, observa que el impetrante, si bien ha intentado una explicación del motivo, sus fundamentos escapan a la causal elegida que refiere a la sana crítica, y que efectivamente contempla el numeral 3 del artículo 363 del Código Procesal Penal, para insertarse en la de exclusión de un medio de prueba, contenida en el numeral 2 del mismo artículo. Por otra parte, su alegato, cuando refiere a las reglas de la sana crítica, no concretiza la regla que considera infringida, haciendo un análisis del acervo probatorio y conceptualizaciones doctrinarias acerca de la sana crítica, pero que no enlazan con la causal que viene invocando; ya que, es criterio jurisprudencial de la sala de lo Penal, que el recurrente deviene obligado a señalar concretamente qué regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo; y que no hacerlo provoca una afectación en la claridad y precisión requeridas. V.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el recurso de casación por esta causal, debe ser declarado Sin Lugar. DEL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA, EN SU SEGUNDO MOTIVO, POR INSUFICIENES MOTIVACIONES FACTICAS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. PRECEPTO AUTORIZANTE: NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 362 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- 1). Invocan los recurrentes, que la sentencia adolece de motivación fáctica insuficiente y que según el artículo 141 del Código Procesal Penal, los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se le haya atribuido; todo ello en relación con lo prescrito en el numeral 2 regla cuarta del artículo 338 del mismo Código, que obliga al Tribunal a expresar el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Sin embargo, aprecia en la sentencia recurrida, en el apartado de valoración de prueba, del numeral primero al sexto, el órgano sentenciador describe la prueba que fue incorporada al debate, expresando resumidamente lo que según su apreciación dijo cada testigo tanto de cargo como los de descargo, citando a la vez la prueba documental que fue incorporada y ejecutada en juicio; expresando su valoración intelectiva en el numeral séptimo, donde hace referencia a los testigos de cargo y principalmente a la del ofendido S. A. L. C., para la determinación de culpabilidad de los acusados. No exteriorizando en forma razonada el valor probatorio que de acuerdo a su convicción le mereció cada elemento de prueba que fue ejecutado e el debate, en especial la prueba testifical de cargo, que fue la base probatoria de su decisión. II.- La Sala de lo Penal considera, que al desprenderse de lo expuesto en el recurso, que los recurrentes buscan, que esta Sala realice un control sobre la motivación, como punto de partida para la efectividad del derecho de defensa, esta Sala, analizado que ha sido el fallo, a efecto de efectuar dicho control, realiza las consideraciones siguientes, en base a la doctrina legal que ha sentado: (a) El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; el artículo citado establece que no constituye motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales. (b) Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria; el Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a).- En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b).- En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto; añade que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código Referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.- En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA. (c) Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal; de manera tal que si carecen completamente de motivación comportan vicios in procedendo, provocando la nulidad de la sentencia. (d) Es importante recordar, que las sentencias constituyen una forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas a la segunda de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia resuelve un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. (e) Se tratará entonces, de un caso de carencia de motivación fáctica o jurídica cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico; o cuando existiendo motivación, la misma no satisfaga tanto descriptiva como intelectivamente el fundamento racional que lo llevó a determinada conclusión, produciéndose con ello, el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. III.- De la simple lectura de la valoración de la prueba, trazada en la sentencia definitiva que ha sido recurrida, se desprende que el Tribunal de Sentencias se limitó a enlistar los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en juicio, brindando en cuanto a los testigos, un resumen de sus deposiciones o su decisión de ampararse en el derecho a no declarar que le asistía. En lo relacionado a los documentos, el A-quo se ciñe al señalamiento del folio del expediente en donde se encontraba cada uno de ellos; y en cuanto a la reconstrucción de hechos, olvidando que la dirección de la evacuación de los medios de prueba es responsabilidad del órgano jurisdiccional, justifica no valorarla, porque la misma no se realizó de acuerdo a los requerimientos legales, ante la ausencia de una testigo de cargo a quien pudo imponer obligatoriamente su presencia y participación en la diligencia. Para finalizar concluyendo en que “infiere que J. F. C. C. Y C. L. C. V., son responsables de los delitos de HOMICIDIO Y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, y C. L. C. V. del delito de ROBO AGARAVADO a título de autor material. IV.- Para esta Sala, el contenido del apartado relativo a la valoración de la prueba, al ser únicamente descriptiva, no puede entenderse como motivación formal de su fallo; carece no sólo de razonamiento intelectivo, sino también de contrastación entre ellos, que luego de una visión individual, en la que exprese su confianza o desconfianza en ellos, les entrelace y armonice de forma que su apreciación sea conjunta y aporte a la construcción de una verdad formal cuya solidez descanse en los medios de prueba evacuados en juicio. V.- En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Penal, considera que el fallo recurrido adolece de “motivaciones fácticas insuficientes”. En consecuencia, se declara Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa, en su segundo motivo. Esta Sala, considera que por haberse declarado Con Lugar el segundo motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, no es necesario dar respuesta al tercer motivo interpuesto. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141, 359, 362 numerales 2 y 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por los Abogados L. E. S. E. e I. L. C. P., en su condición de Apoderados Defensores de los señores J. F. C. C. y C. L. C. V..- SEGUNDO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo, invocado por los Abogados L. E. S. E. e I. L. C. P., en su condición de Apoderados Defensores de los señores J. F. C. C. y C. L. C. V., en la causa que se les sigue por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO en perjuicio de G. L. C. P. y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION TENTATIVA en perjuicio de S. A. L. C.; y, al segundo, además por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de G. L. C. P.. SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se CASA LA SENTENCIA Y SE ANULA EL FALLO RECURRIDO de fecha ocho de junio del año dos mil quince, dictado por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo y los antecedentes, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen para que se repita la audiencia de juicio Oral y Público, con jueces diferentes a los que intervinieron en la sentencia anulada. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-410-2015.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase. Corte Suprema de Justicia de Honduras. Sala de lo Penal, Sentencias de Casación Penal CP 182-2009 de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil diez; CP 351-2009, de fecha dieciocho de enero del año dos mil once; y, CP 136-2010, de fecha nueve de febrero del año dos mil doce.

[2] Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Ediciones Doctrina y Ley. Colombia 2003. Página 144.