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Sentencia CP-409-15 — Registro 6472

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de portación ilegal de armas de fuego y se absolvió por el delito de asociación ilícita, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."II. Recurso de casación por infracción de ley en su segundo motivo, por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, interpuesto por la representante del Ministerio Público. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. 1) A la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por la recurrente, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva que ha efectuado el Tribunal de Sentencia. La Falta de Aplicación es una especie de casación por infracción de ley, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que corresponden o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión, de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. 2) Las normas estipuladas en los artículos 332- A y 332- B, desafortunadamente no han sido reguladas con la mejor técnica legislativa por el legislador, pero si es clara la categorización en dichas normas entre las referidas armas de guerra y las que no tienen esa categoría (comerciales). En el artículo 332-A, no dice cuales son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a incluir como tales las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas; por consiguiente y para efectos de establecer si las armas caseras (chimbas) pueden ser comprendidas en la categoría expresamente regulada en el artículo 332-A, resulta de utilidad remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Anexo I de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales: 1. Carros de combate. Vehículos de combate blindados, automotores de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros. 2. Vehículos blindados de combate. Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad para todo terreno: a) diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de cuatro infantes o más, o b) equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles. 3. Sistemas de artillería de gran calibre. Cañones, o buses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros o más. 4. Aviones de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término "aviones de combate" no quedan comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado del modo descrito. 5. Helicópteros de ataque. Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anticarros, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica. 6. Naves de guerra. Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante. 7. Misiles y lanzamisiles. Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías 1 a 4. Esta categoría: a) Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los misiles; b) No incluye los misiles de tierra a aire. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos: 1. Mina: toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo. 2. Mina Lanzada a Distancia: toda mina, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves. 3. Arma Trampa: todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno. 4. Otros Artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada. Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias: Arma Incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias. Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras. Armas láser Cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Protocolo sobre Fragmentos no Localizables. Arma de Fragmentos no Localizables: arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción. Armas Bacteriológicas: Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción. 1. Armas Químicas: Se entiende, conjunta o separadamente: a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b). 2. Agente de Represión de Disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. 3) A criterio de esta Sala de Casación, la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras, no permite poder considerar que las mismas están comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, como es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. Aunado a lo anterior, en los hechos probados del caso examine, no se establece que el arma decomisada es de un calibre de funcionamiento automático, que sea de las silenciadas o de alta precisión, y cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que se trata de un arma de fuego de fabricación casera conocida como chimba, formada por dos tubos, contendiendo un cartucho sin percutir, diseñada para disparar munición calibre 12-GA, con mecanismo de acción manual de impacto. Derivado de lo anterior la Sala de lo Penal, considera que los jueces no han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, justificando legalmente los hechos probados de la sentencia. En consecuencia, no es procedente declarar con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo interpuesto por la representante del Ministerio Público.."

Legislación citada

  • Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal, art. 332, inciso A (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal, art. 332, inciso B (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de control de armas municiones, explosivos y otros similares, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de control de armas municiones, explosivos y otros similares, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su condición de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente sentencia en el recurso de casación SP 409-2015 por infracción de ley en sus dos motivos interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de junio del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual absolvió al señor G. D. R., como autor del delito de asociación ilícita, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y robo continuado agravado, en perjuicio de testigo protegido A; absolvió al señor A. E. M. R. como autor del delito de asociación ilícita, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y robo continuado agravado, en perjuicio de testigo protegido A; y tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Condenó a A. E. M. R. como autor del delito de portación ilegal de arma de fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres (03) años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la condena y además, se le declara la responsabilidad civil del condenado a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No procede a condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Declara la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta a A. E. M. R. por un período de 5 años. Son partes: la abogada B. M. R. S. en su calidad de representante del Ministerio Público y parte recurrente y la abogada S. A. B. en su condición de apoderada legal de los señores G. D. R. y A. E. M. R. en su condición de recurridos. II.- HECHO PROBADO ÚNICO: El día siete (7) de mayo del dos mil trece (2013, como a eso de las doce y treinta del mediodía, el policía G.A. R., en compañía de otros agentes, recibió una llamada en la que le denunciaban que se estaban realizando algunos ilícitos en la Colonia Melgar, de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, lugar por donde patrullaban precisamente en ese momento dichos policías, encontrando en la vía pública al señor A. E. M. R., a quien proceden a practicarle un registro personal, encontrándole en sus manos un arma de fuego de fabricación casera conocida como “chimba”, formada por dos tubos y conteniendo un cartucho sin percutir, diseñada para disparar munición calibre 12-GA, con mecanismo de acción manual de impacto, arma que estaba en buen funcionamiento, y que el señor A. E. M. R., llevaba consigo sin autorización. Siendo detenido inmediatamente el señor M. R. y puesto a la orden de la autoridad correspondiente”. III.- RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el hecho siguiente: ÚNICO: “El día siete (7) de Mayo del dos mil trece (2013), como a eso de las doce y treinta del medio día, el policía G. A. R., en compañía, de otros agentes, recibió una llamada en la que le denunciaban que se estaban realizando algunos ilícitos en la colonia Melgar, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, lugar por donde patrullaban precisamente en ese momento dichos policías, encontrando en la vía pública al señor A. E. M. R., a quien proceden a practicarle un registro personal, encontrándole en sus manos un arma de fuego de fabricación casera conocida como “chimba”, formada por dos tubos, y conteniendo un cartucho sin percutir, diseñada para disparar munición calibre 12-GA, con mecanismo de acción manual de impacto, arma que estaba en buen funcionamiento, y que el señor A. E. R., llevaba consigo sin autorización. Siendo detenido inmediatamente el señor M. R., y puesto a la orden de la autoridad correspondiente”. Para el Tribunal Sentenciador, el cuadro fáctico descrito se subsume en el artículo 332- B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, motivo por el cual emite sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión; sin embargo, la citada conclusión por parte del ente jurisdiccional hace evidente el error indicando en que ha incurrido, pues al analizar la declaración de hechos probados, no se logra visualizar del mismo que se ha incurrido en la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, lo cual se determina al tenor de las circunstancias establecidas en el Artículo 332 B: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”… De la norma supra indicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas”. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por aplicación indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio indicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 supra indicado. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto denominado comúnmente como “chimba”, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia; circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial… “Sin embargo, el Tribunal apartándose del cuadro fáctico que el mismo ha establecido, decide calificar la conducta como Portación Ilegal de Arma Comercial (Artículo 332-B); pues aduce en el numeral cuarto, del apartado de fundamentación jurídica, que la chimba es considerada un arma de fabricación cacera o artesanal, la cual está diseñada para disparar munición de calibre: 12-GA, que constituye una munición permitida por la ley, conforme lo establece el artículo 7, numeral 1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros. Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa, ya que el fáctum establecido no corresponde a la calificación jurídica.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) Lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su Motivación Jurídica orientada a sustentar la parte concluyente de su fallo, procurando explicar el porqué, el tipo que se adecua al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal; es así, que en el numeral cuarto de dicho apartado establece “...a criterio de este Tribunal la conducta del acusado se subsume en el tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego, quedando claro que el arma que portaba el acusado y que está diseñada para disparar munición calibre 12-GA, comprendida según el artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en consecuencia, es considerada como un arma que dispara munición comercial.” Como se logra evidenciar, el ente jurisdiccional carece de un soporte legal para establecer con certeza, que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) que utiliza munición calibre 12-GA, debe ser considerado comercial, pues refiere que para su tenencia es necesario la obtención del correspondiente permiso, lo cual resulta absolutamente imposible, al no encontrarse incluidas dentro del catálogo establecido en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, que ha sido citado en el motivo anterior. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado A. E. M. R., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, el Ministerio Público solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada”. IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I. Recurso de casación por infracción de ley en su primer motivo, por aplicación indebida del articulo 332-B del Código Penal en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros similares, interpuesto por la representante del Ministerio Público. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. 1) La Sala ya ha reiterado que a través del recurso de casación por infracción de ley, solo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por la recurrente, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva que ha efectuado el Tribunal de Sentencia. La Aplicación Indebida es una especie de casación por infracción de ley, consistente en la aplicación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, en consecuencia, la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados. A efectos de poder determinar sí el tribunal de instancia realizó una correcta aplicación de la norma sustantiva objetada, la Sala de lo Penal, ha realizado un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales resultan inalterables en casación, confrontándolos con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A-quo, para poder determinar su correcta o incorrecta aplicación. Tratándose de un recurso por infracción de ley, resulta pertinente también efectuar un análisis de la problemática que en la praxis judicial viene presentando los casos referidos a hechos consistentes en portar armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como “chimbas”, existiendo diferentes criterios jurídicos para calificar esas conductas, que son los siguientes: 1) Considerar que la prohibición de portar armas caseras no se encuentra regulado en normativa alguna, resultando impune dicho hecho; 2) Se considera que la portación de este tipo de armas caseras o artesanales se enmarca en la descripción del artículo 332-A; 3) Se considera que de acuerdo al calibre, las armas caseras deben enmarcarse en el artículo 332-B. Claramente, en la reforma por adición (artículo 332-A) el legislador sanciona la fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, de conformidad a la descripción de la norma. En la reforma por adición (artículo 332-B) se refiere y distingue la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. 2) En el caso que nos ocupa, en los hechos probados no se establece que el arma decomisada sea de un calibre de funcionamiento automático, que sea de las silenciadas o de alta precisión y cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que lo establecido en el factum es el decomiso de un arma de fabricación artesanal conocida como chimba que si es posible subsumir su conducta en el tipo penal establecido en el artículo 332-B del Código Penal, concurriendo los elementos objetivos del tipo penal aludido, al poseer sin permiso de la autoridad competente, un arma de fuego de fabricación artesanal, de las que pueden considerarse de uso personal y que de acuerdo con la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas las del numeral 2) Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal, que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. En cuanto a la adecuación de la conducta de portación de un arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…” Al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan un arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de uso personal con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal, un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma a voluntad de quien la porta, su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de un arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal, si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno. Por lo que esta sala considera, que los jueces no han omitido la ley aplicable a la causa que se falla y no han invocado una norma sustantiva ajena a la verdad que aparece consignada en los hechos probados (332-B del Código Penal) de tal forma que se aprecia la congruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna; en consecuencia, no es procedente declarar con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo interpuesto por la representante del Ministerio Público. II. Recurso de casación por infracción de ley en su segundo motivo, por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, interpuesto por la representante del Ministerio Público. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. 1) A la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por la recurrente, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva que ha efectuado el Tribunal de Sentencia. La Falta de Aplicación es una especie de casación por infracción de ley, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que corresponden o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión, de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. 2) Las normas estipuladas en los artículos 332- A y 332- B, desafortunadamente no han sido reguladas con la mejor técnica legislativa por el legislador, pero si es clara la categorización en dichas normas entre las referidas armas de guerra y las que no tienen esa categoría (comerciales). En el artículo 332-A, no dice cuales son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a incluir como tales las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas; por consiguiente y para efectos de establecer si las armas caseras (chimbas) pueden ser comprendidas en la categoría expresamente regulada en el artículo 332-A, resulta de utilidad remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Anexo I de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales: 1. Carros de combate. Vehículos de combate blindados, automotores de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros. 2. Vehículos blindados de combate. Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad para todo terreno: a) diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de cuatro infantes o más, o b) equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles. 3. Sistemas de artillería de gran calibre. Cañones, o buses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros o más. 4. Aviones de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término "aviones de combate" no quedan comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado del modo descrito. 5. Helicópteros de ataque. Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anticarros, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica. 6. Naves de guerra. Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante. 7. Misiles y lanzamisiles. Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías 1 a 4. Esta categoría: a) Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los misiles; b) No incluye los misiles de tierra a aire. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos: 1. Mina: toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo. 2. Mina Lanzada a Distancia: toda mina, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves. 3. Arma Trampa: todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno. 4. Otros Artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada. Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias: Arma Incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias. Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras. Armas láser Cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Protocolo sobre Fragmentos no Localizables. Arma de Fragmentos no Localizables: arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción. Armas Bacteriológicas: Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción. 1. Armas Químicas: Se entiende, conjunta o separadamente: a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b). 2. Agente de Represión de Disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. 3) A criterio de esta Sala de Casación, la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras, no permite poder considerar que las mismas están comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, como es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. Aunado a lo anterior, en los hechos probados del caso examine, no se establece que el arma decomisada es de un calibre de funcionamiento automático, que sea de las silenciadas o de alta precisión, y cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que se trata de un arma de fuego de fabricación casera conocida como chimba, formada por dos tubos, contendiendo un cartucho sin percutir, diseñada para disparar munición calibre 12-GA, con mecanismo de acción manual de impacto. Derivado de lo anterior la Sala de lo Penal, considera que los jueces no han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, justificando legalmente los hechos probados de la sentencia. En consecuencia, no es procedente declarar con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo interpuesto por la representante del Ministerio Público. V.- DECISIÓN Los motivos formulados por el representante del Ministerio Público deben ser desestimados. VI.- RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar SIN LUGAR el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por el representante del Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-409-2015.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] El principio de proporcionalidad establecido en el artículo 2-D del Código Penal, en sentido estricto implica que se debe ponderar la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia jurídica, las penas deben ser adecuadas con relación a la gravedad de la conducta que se tipifica, establece una prohibición en exceso, manteniendo un equilibrio entre la sanción penal y los derechos fundamentales. Además, sólo una pena proporcionada puede responder a los ideales de la prevención general y de la prevención especial.