Sentencia CP-401-14 — Registro 5778
Resumen
En primera instancia se condenó a la imputada del delito de Estafa Continuada, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...EXPOSICION DEL MOTIVO. 34. La Constitución de la República proclama y garantiza el derecho de defensa en su artículo 82 al decir que: El derecho de defensa es inviolable. (…). La expresiva fórmula de la norma constitucional antes citada, proclama el derecho a no sufrir indefensión, caracterizando el derecho de defensa como un Derecho Humano, esencial para hacer viable otros derechos y garantías procesales. El texto constitucional lo que establece, en principio, es toda prohibición a sufrir indefensión en cualquier tipo de procedimiento. Siguiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional español, por indefensión debemos entender toda aquella situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, los órganos jurisdiccionales en el curso del proceso impiden a las partes el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando su capacidad de ejercitar, bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, siempre que dicha indefensión tenga un carácter material, es decir, que produzca un efectivo y real menoscabo del derecho de defenderse. 35. La indefensión pues, con relevancia constitucional, queda circunscrita a los casos en que la misma sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales eventos, es decir, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia [5], ha entendido, igualmente, que la indefensión debe tener el carácter de material, es decir, cuando la parte que la alega ha tenido todas las oportunidades de proponer medios de prueba, contradecir la prueba contraria, no se puede hablar de vulneración al derecho de defensa. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el derecho de defensa en varios casos. Entre otras, la sentencia de 11 de agosto de 2009, recurso de casación CP-32207, inter alia dijo lo siguiente. Esta Sala de lo Penal estima que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa Material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios, que sirvan de base no solo a la acusación, sino a la sentencia que resolverá definitivamente la situación; 2) Derecho de Petición, o derecho del acusado de formular a la autoridad judicial todas aquellas observaciones o peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; y 3) Derecho al conocimiento, o derecho del acusado de conocer inmediatamente y de forma comprensible cuáles son sus derechos como acusado. 36. En el mismo sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que la indefensión se produce, no cuando la resolución proferida por el órgano competente es contraria a las pretensiones del litigante, sino cuando aquel órgano lo ha privado de todo derecho a hacer alegaciones, proponer y evacuar pruebas, poniéndolo en una situación de desigualdad implicando que las posibilidades de defensa resultan absolutamente nulas. En la sentencia de 16 de septiembre de 2009, del amparo número 465-P192-09, la Sala de lo Constitucional puntualiza los requisitos que deben concurrir en cada caso, para que se pueda alegar indefensión. Para mejor ilustración se transcribe lo esencial de esta sentencia, en la cual, inter alia, se dijo lo siguiente: Que el derecho de defensa se considera infringido cuando a los litigantes se les limita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional de los órganos judiciales el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. 37. Honorable Sala Suprema, habiendo expuesto la connotación del derecho de defensa en el proceso penal y las implicaciones que la indefensión supone para la persona imputada, expondré cómo es que se produce la violación al derecho de defensa de la señora N. E. R. S., al momento del dictado de la sentencia que le condena como autora de un delito de estafa. 38. Primero que todo, es importante señalar a la honorable Corte, que la indefensión que sufrió la señora imputada, ha tenido sus efectos inmediatos y directos en el momento del dictado de la sentencia, al no haber observado el tribunal sentenciador el principio de congruencia, establecido en el artículo 337 del Código Procesal Penal, mismo que supone la correlación entre acusación y sentencia, impidiendo a los órganos jurisdiccionales dictar un fallo condenatorio fuera del marco de los hechos que son objeto de acusación. 39. El artículo 337 del Código Procesal Penal, en la redacción original antes de la reforma introducida por Decreto 74-2013 de 8 de mayo, por ende vigente a la fecha de los hechos que se enjuician, establecía lo siguiente: La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. La prescripción legal viene a suponer la observancia del principio de legalidad al momento del dictado de la sentencia por el órgano jurisdiccional, impidiendo todo tipo de sorpresas que limiten los derechos de la persona imputada. 40. El principio de congruencia, o lo que es lo mismo, correlación entre acusación y sentencia tiene su génesis inmediata en el principio acusatorio, según el cual, el juez se encuentra estrictamente limitado al momento de resolver el caso, a transitar únicamente en los espacios delimitados por el órgano acusador, en relación a la caso a enjuiciar. Pero también, el principio de congruencia viene a significar una proyección del derecho fundamental a la defensa, por cuanto supone que el justiciable debe defenderse única y exclusivamente de aquello de que se le acusa; a la vez que, el órgano acusador debe circunscribir su pretensión acusatoria sobre los aspectos por él únicamente acusados; y finalmente, y más importante aún, el órgano jurisdiccional solamente puede condenarle por lo que se le acusa, impidiendo dicha garantía que se haga una calificación distinta de los hechos, obviamente más grave, a aquella que de los mismos se hizo en los momentos procesales de la acusación en la audiencia preliminar, o en las ampliaciones, que en su caso, se hubiesen formulado en el momento de la apertura del juicio. Por lo demás, un proceso justo llevado a cabo con todas las garantías, como lo demanda el artículo 90 de la Constitución de la República, y el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, demanda que se observe a profundidad el principio acusatorio, en el sentido de que el principio de congruencia entre acusación y sentencia, no ha de quedar restringido solamente al factum, sino a la misma calificación jurídica que de los hechos enjuiciados deba hacerse, al momento del dictado de la sentencia. 41. La Sala de lo Penal de nuestro Tribunal Supremo se ha referido al tema de la correlación entre acusación y sentencia, sosteniendo que la misma supone un principio importante para el sustento del derecho de defensa del imputado en el proceso. Ya esta Sala, desde hace bastante tiempo reconoce que los tribunales violentan el derecho de defensa del acusado, cuando al momento del dictado de la sentencia, el tribunal califica los hechos de manera diferente a la introducida por l acusación. Esa Sala de lo Penal, en la sentencia de 17 de noviembre de 2010, Recurso de Casación Penal N° 280-2009, estableció, inter alia, que, el artículo 337 del Código Procesal Penal, sobre la congruencia entre la sentencia y la acusación, en su parte conducente dispone que: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas…”. Todas estas actuaciones a que se refiere el artículo antes trascrito, más que fijar elementos meramente descriptivos de la naturaleza de cada acto, “existe ante todo por un principio garantizador, íntimamente ligado al principio de defensa, según el cual la sentencia que se dicte luego del juicio solo podrá versar sobre los hechos por los cuales el juicio fue abierto. La delimitación del hecho que será objeto del juicio pues, cumple una función garantizadora porque evita acusaciones sorpresivas y permite una defensa adecuada, hablamos del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia”. 42. Por su parte, el Tribunal Constitucional Español, mismo que proyecta su doctrina más del continente europeo, ha dicho que existe una íntima relación entre el principio acusatorio y el derecho de defensa, insistiendo en que de los citados principios se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica [6]. Agrega dicha doctrina constitucional que: “nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia”. 43. Pues bien, respecto al caso que nos ocupa, el Ministerio Público y la acusación privada formularon su acusación en la etapa preparatoria del procedimiento como un delito de apropiación indebida del artículo 242 numeral 8) del Código Penal, en concurso de delito continuado. De la misma forma lo hicieron las partes acusadoras el momento de la formalización de la acusación en la audiencia preliminar, quedando fijado el debate en relación a la acusación por esa entidad delictiva, por la que se propuso pruebas para la defensa de la imputada en el acto del juicio oral. En relación al acto del juicio oral y público, las partes acusadoras, en el momento de la formalización de la acusación en la apertura del debate, lo hicieron calificando los hechos como un delito de apropiación indebido continuada, establecido en el artículo 242 inciso 8) del Código Penal, relacionado con el artículo 37 del mismo texto. Finalmente, en la fase de conclusiones definitivas, ambas partes acusadoras insistieron que los hechos, que a su juicio habían sido probados, eran constitutivos del delito de apropiación indebida del antes citado artículo 242.8 del Código Penal, habiendo pedido que a mi defendida se le condenara por esa infracción penal. 44. Como consecuencia de la acusación interesada por las partes acusadoras desde los primeros momentos del procedimiento, la defensa de la señora N. E. R. S. estableció su estrategia en el sentido de demostrar que la acusada en cuestión, no tenía ninguna participación en los hechos por lo que se acusó. Lógicamente, que al haber conocido los hechos de la acusación, la defensa tuvo que dirigir su estrategia defensiva a establecer que los elementos objetivos y subjetivos del delito de apropiación indebida no se encontraban presentes en la hipótesis acusatoria presentada por el fiscal del Ministerio Público y ratificada por la acusación particular. Como bien lo entenderá la honorable Sala de Casación Penal, es aquí en donde se explica la violación al derecho de defensa de la acusada N. E. R., pues habiendo sido acusada por un delito de apropiación indebida, defendiéndose de esa infracción penal, no de otra, pero al ser condenada al final del juicio por otro delito distinto al acusado, cuya calificación la introduce el tribunal sentenciador, al no poder encontrar probados los elementos objetivos del delito por el que se acusó, implicando que todo el esfuerzo de la defensa letrada en querer sustraer a la imputada de la realización de los históricos por lo que se acusaba, se vio anulado por la actuación incorrecta del órgano jurisdiccional que le sorprende condenándole por algo de lo que se le acusó. 45. Pues bien, retomando el tema de la falta de congruencia entre sentencia y acusación, que viene a implicar un quebranto con relevancia constitucional al derecho de defensa, se señala que, como bien lo ha entendido esa Sala de lo Penal, los delitos de apropiación indebida del artículo 242.8 del Código Penal, y la estafa del artículo 240 del mismo texto punitivo, no son homogéneos, es decir, no todos sus elementos son comunes, por ende, son heterogéneos, por lo que, tanto para su comprobación fáctica, como para su exclusión del supuesto hipotético acusatorio, deben emprenderse estrategias distintas. En cuanto al ejercicio de la defensa se refiere, una apropiación indebida supone la existencia de elementos objetivos como el apoderamiento de bienes o efectos que hayan sido entregados mediante un título legítimo, sin existir la concurrencia de elementos como el engaño, la producción del error en otra persona, como los requiere el delito de estafa del artículo 240 del Código Penal. En ese orden de ideas, cuando el tribunal sentenciador condena a la señora N. E. R. S., por un delito de Estafa del artículo 240 del Código Penal, habiéndose defendido ésta, no de ese delito, sino de un delito de apropiación indebida del artículo 242 numeral 8) del mismo texto punitivo, no solamente violentó el principio acusatorio, asumiendo el rol de parte acusadora, sustituyendo la función del Ministerio Público y de la acusación particular, sino el derecho de defensa, pues se impidió en el desarrollo del debate ejercer a plenitud aquel derecho. 46. Honorable Sala Suprema, la infracción que ahora se denuncia por esta vía casacional ha sido ya reconocida en otros casos vistos por esa honorable Corporación, por lo que la queja debe ser estimada. Efectivamente, en la resolución del Recurso de Casación Penal N° 12-2009, esa Sala, en sentencia de fecha 11 de mayo de 2011, sostuvo, inter alia, lo siguiente: De este modo, el precepto legal antes mencionado establece una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En el presente caso, se observa que el órgano acusador público, en distintas etapas del proceso, esto es, en la interposición del requerimiento fiscal (vid. Folio No. 5 del Tomo I), la formalización de la acusación en la audiencia preliminar (vid. Folio No. 949 del Tomo III), en las conclusiones finales formuladas en el debate (vid. Folio 1429 del Tomo IV), ha venido calificando los hechos atribuidos al acusado señor J. E. F. L. como un delito de Fraude Continuado, (conocido doctrinariamente y en otras legislaciones como Apropiación Indebida) tipificado en el artículo 242 No. 8) del Código Penal en relación al 36 del mismo texto punitivo y Falsificación de Documentos Privados en perjuicio de varias personas, calificación que ha sido compartida por las Acusaciones Particulares personadas en el proceso, y no como un delito de Estafa Continuada, tipificada en el artículo 240 del Código Penal en relación al 36 del mismo texto legal cuya aplicación pretende ahora la Representación del Ministerio Público mediante la interposición del presente recurso. La calificación jurídica de los hechos es una potestad exclusiva del órgano jurisdiccional, por lo que podría modificar la imputación por otro delito homogéneo distinto del invocado por el órgano acusador, pero siempre y cuando no se alteren los hechos de la acusación y la pena aplicable al delito homogéneo por el que se condena sea igual o inferior al pedido por el Fiscal, y que no agrave la condición jurídica del acusado. En el presente caso, aunque al tenor de lo prescrito por el artículo 241 del Código Penal, las penas abstractas que deben imponerse al autor del delito de Estafa, son aplicables al autor del delito de Fraude o de Apropiación Indebida, en cualquiera de sus modalidades, conforme al artículo 242 del Código Penal, esta Sala estima que aunque ambas son infracciones contra el patrimonio y están comprendidas dentro del mismo Capítulo del Código Penal (“De las Estafas y otros Fraudes”), las mismas para los efectos antes apuntados son heterogéneos en cuanto a que diferentes son los requisitos subjetivos que uno y otro requieren para su comisión. Mientras en el tipo penal de Estafa el ardid, la astucia o el engaño, es elemento esencial de su configuración legal, para inducir a la víctima en error para llevar a cabo en una relación causa-efecto a realizar una disposición patrimonial injusta a favor del acusado, el delito de fraude en su modalidad de apropiación indebida, tipo penal por el que en este caso se ha condenado al acusado respecto a determinado número de víctimas, el sujeto activo se apropia de lo que le fue entregado sin engaño, aprovechándose de la confianza en se basó la entrega lícita de la cosa, para posteriormente y mediante abuso apropiársela o distraerla [7].(Lo resaltado en cursiva es de mi redacción).47. La interdicción al ejercicio de la defensa material y técnica que se produjo durante el proceso de juzgamiento de mi defendida, tiene relevancia constitucional. Efectivamente, congruente con la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, proyectada por esa Sala y la Sala de lo Constitucional. a) la indefensión producida es de contenido material, no se trata de una simple violación de normas procesales, que puede ser subsanada. b) Se trata de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. La acusada no pudo defenderse del delito por el que se le condenó, todo su esfuerzo defensivo se volcó sobre un delito por el que no fue acusada. En ese sentido, durante todo el proceso del debate, no pudo formular argumentaciones sobre los elementos del delito por el que finalmente fue condenada. c) La indefensión, tienen carácter total y absoluta, pues se redujo a cero la posibilidad de defensa en cuanto al delito por el que fue condenada. d) Tiene carácter de definitiva en vista que la decisión le cayó por sorpresa no siendo posible oponerse a dicha indefensión, pues se ha producido en la sentencia; y e) Finalmente es imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional que ha dictado sentencia violentado los principios esenciales del proceso penal. 48. Constatándose una grave violación al derecho de defensa, con relevancia constitucional, dicha infracción no puede ser subsanada, pues de lo que se trata es que el tribunal que conoció del juicio, al haber constatado, como efecto así ocurre, que las acusaciones no pudieron probar los elementos fácticos del delito por el que acusaron a la señora N. E. R. S., y no pudiendo, en lo absoluto, introducir de oficio una modificación o calificación de los hechos, lo procedente es que se hubiera dictado una sentencia absolutoria. Por esta razón, en sede casación, esa honorable Sala, estimando este motivo del recurso, debe dictar una sentencia absolutoria a favor de mi defendida.”.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: No expresar la sentencia impugnada, de manera clara y terminante los hechos que se consideran probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO 49. Conforme a lo que dispone el artículo 362 en su numeral primero, que sirve de cauce procesal, en relación al 338 regla cuarta numeral 1, del Código procesal penal, la sentencia deberá contener una declaración de hechos probados, en los cuáles se exprese la participación que la persona del acusado ha tenido en los hechos que han sido objeto de juzgamiento. Concretamente, el antes citado precepto dispone: "Las sentencias se redactarán por escrito con sujeción a las reglas siguientes:...CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo en la forma siguiente: 1) En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia,...". Ello tiene que ser así, pues se trata de un acto mediante el cual se está haciendo una recreación de un evento histórico, acaecido con anterioridad. Pero es el caso, que los hechos que se estimen probados, deben estar ayunos de toda incoherencia, falta de claridad y terminancia, sin quede ninguna duda de lo que ocurrió en un evento histórico ocurrido anteriormente, a afecto de que, los mismos no induzcan a la equivocación, sino que, por el contrario, aparezca de manera palmaria e inequívoca la participación del justiciable en la escena de los hechos reconstruidos.50. Conforme a la doctrina jurisprudencial de esa Sala de lo Penal, de la cual es exponente, entre muchas, la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2011, recurso de casación SP-218-2010, el vicio procesal de falta de claridad y terminancia de los hechos probados, se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, a consecuencia de la ambigüedad del relato. Conforme a la misma doctrina de esa Sala, la falta de claridad puede venir determinada por haberse empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos. 51. Pues bien, a continuación expondré por qué la declaración de hechos probados de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, adolece del vicio que da lugar a la casación. En la sentencia impugnada, el tribunal sentenciador declaró como probados, entre otros, los hechos siguientes:(…) de la auditoría realizada por la institución Bancaria se pudo determinar que la imputada N. E. R. S. defraudó a la Institución Bancaria referida, utilizando los datos personales de la señora B. E. M. G., concediendo un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de dieciocho mil lempiras (18,000.00) y utilizando también los datos personales de la señora R. E. C. M., autorizando un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de doce mil lempiras (12,000.00), realizando la suma de estas cantidad nos da un total de treinta mil lempiras (30,000.00) cantidad que se pudo acreditar con la auditoría y con la prueba que fue evacuada en juicio; ya que la imputada al momento de los hechos era la gerente de la sucursal de Banco Azteca en La Entrada Copán, y dentro de sus obligaciones laborales era la encargada de realizar el mantenimiento de huella y de aprobar los créditos en dicha sucursal Bancaria. 52. Como se podrá apreciar en esta parte de la declaración de hechos probados, el tribunal sentenciador no está siendo lo suficientemente claro y terminante, pues la conclusión a la que arriba no parece ser suya, sino del resultado una auditoría contable. Es que la declaración de los hechos probados en la sentencia penal debe ser el resultado de lo que el tribunal estima se probó, indiscutiblemente en el debate, expresándolo como obra suya, sin introducir expresiones que lleven a la confusión de si es el tribunal quien está hablando o si el tribunal hace suyas expresiones de otro. En otras palabras, cuando el tribunal declara los hechos probados en una sentencia, está reconstruyéndolos de manera que el relato debe ser propio, no asumiendo lo que otro ha dicho o afirmado. 53. En el presente caso, la falta de claridad y terminancia de la declaración de hechos probados de la sentencia. Si el Tribunal de Sentencia que conoció del caso, concluyó en el fallo que la imputada N. E., cometió un delito de Estafa previsto en el artículo 240 del Código Penal, de la declaración de hechos probados debe extractarse tal conclusión, en la cual, sin la menor duda, debió decirse que la señora N. E. R. S., en una fecha o fechas precisas llevó a cabo una serie de acciones encaminadas con contenido engañoso o artificioso a modo de que las mismas tuvieran la virtualidad de inducir a otro en error, posibilitando el desplazamiento de bienes, créditos o cualquier otro efecto a favor de la acusada. 54. Pero es el caso, que el Tribunal no es nada claro y terminante, pues dice apenas que la señora N. E. R. S. defraudó a la Institución Bancaria referida (Banco Azteca) utilizando los datos personales de la señora B. E. M. G., concediendo un crédito a nombre de esta señora…. Concluye esa declaración, diciendo que: cantidad que se pudo acreditar con la auditoría y con la prueba que fue evacuada en el juicio. Conforme a los hechos probados, la acción de defraudar es un elemento objetivo del tipo de estafa. En principio esta expresión no debería in incluida dentro de una declaración de hechos probados en virtud que la misma predetermina el fallo que el tribunal está dando. Pero lo más importante de todo ello, es que la expresión defraudó no tiene ningún enlace natural con las otras acciones que se expresan en el fáctum, para de esta manera armonizarlas a modo de que no quede ninguna duda de lo que se está declarando probado. 55. Por otra parte, la declaración de hechos probados no es terminante. La construcción fáctica del delito de estafa supone la constatación de una serie de acciones encaminadas a engañar a otro, y la demostración del error en que éste incurre, para que luego quede plasmado en el mismo relato fáctico, los bienes de contenido patrimonial que el sujeto pasivo desplazo a favor del sujeto activo. En el relato de la sentencia lo que se expresa es que a dos señoras, clientas de una institución bancaria, se les concedió dos créditos, mismos que suman la cantidad de treinta mil lempiras (L. 30,000.00), no pudiéndose determinar de dicha declaración, cómo es que, conforme a esos hechos, la institución bancaria resultó defraudada en su patrimonio; peor aún no se declara probado de manera terminante, cómo es que la acusada pasó a su propia esfera de disposición esos bienes de contenido patrimonial, implicando un enriquecimiento ilícito. 56. Lo anterior es sumamente relevante, pues el tribunal al haber, supuestamente, reconstruido los hechos, tuvo la suficiente claridad para plasmarlos y atribuirlos a una persona cierta con la suficiente coherencia y terminancia. Pero ello no termina aquí, el tribunal no dice que la señora N. E. R. cometió las conductas, concretas y bien definidas, encaminadas a defraudar al banco, sino que, por el contrario, sostiene que es la auditoría del Banco Azteca quien lo afirma. Esto es de mucha importancia, pues al quedar así dicho, se deja a la imaginación de si en alguna ocasión, mi defendida cometió esas conductas. El vicio detectado en la sentencia es de trascendental importancia, pues produce una incertidumbre en el fallo, lo cual ocasiona indefensión, al no haberse juzgado a la señora N. E. R. S. con las debidas formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. 57. Este vicio de la declaración de los hechos probados, supone una causa que da lugar a la nulidad absoluta de la sentencia, por lo que, estimando este motivo del recurso, la Sala de lo Penal, debe casar la sentencia recurrida, mandando que sin nueva sustanciación se dicte nueva sentencia corriendo el error señalado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil dieciséis, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de abril de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a la señora N. E. R. S. del delito de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA en perjuicio de BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.; 2) CONDENANDO a la señora N. E. R. S. a la pena de SEIS (06) AÑOS, OCHO (08) MESES DE RECLUSION más una multa de diez por ciento (10%) de lo defraudado por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A. DE C.V..3) CONDENANDO a dicha imputada a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena. 4) DECLARO la responsabilidad civil de la imputada N. E. R. S.. 5) NO CONDENO en costas a dicha imputada. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional el Abogado F. A. A. O., en su condición de Apoderado Defensor de la acusada N. E. R. S.. INTERVIENEN: El Abogado F. A. A. O., actuando en su condición de Apoderado Defensor de la imputada N. E. R. S. y parte recurrente, y el Abogado J. S. P.DEL C. en su calidad de representante del Ministerio Público y el Abogado J. C. B. A. como Apoderado Judicial de la Acusación Particular. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal declara, expresa y terminantemente probado el hecho siguiente”: ÚNICO: La señora B. E. M. G., en el mes de octubre del año dos mil diez, se presentó a las oficinas de Elecktra de la Ciudad de Santa Bárbara, a sacar una estufa al crédito ya que tenía un dinero en una tarjeta, en ese momento la atendió un empleado de la comercial, quien corroboró en el sistema si la señora B. E. M. tenía algún préstamo pendiente con la institución de Banco Azteca, minutos después el mismo empleado le manifestó que tenía una deuda de dieciocho mil (L.18,000.00) lempiras, en la sucursal de Banco Azteca de la ciudad de La Entrada Copan, respondiéndole la señora B. E. M. que no tenía ningún préstamo en dicha Institución Bancaria, es por tal razón que el Banco Azteca realiza una investigación por medio de una auditoria en la sucursal de La Entrada, Copan; logrando detectar que habían créditos y préstamos irregulares por medio de mantenimiento de huellas, tomaban fotografías de personas desconocidas o de revistas, que luego las hacían pasar por clientes de Banco Azteca que les habían negado el crédito o que ya habían cancelado algún préstamo con el banco; de la auditoria realizada por la institución Bancaria se pudo determinar que la imputada N. E. R. S., defraudó a la Institución Bancaria referida, utilizando los datos personales de la señora B. E. M. G., concediendo un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de dieciocho mil lempiras (L.18,000.00) y utilizando también los datos personales de la señora R. E. C. M., autorizando un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de doce mil lempiras (L.12,000.00), realizando la suma de estas cantidad nos da un total de treinta mil lempiras (L.30,000.00) cantidad que se pudo acreditar con la auditoria y con la prueba que fue evacuada en juicio; ya que la imputada al momento de los hechos era la gerente de la sucursal de Banco Azteca en La Entrada Copan, y dentro de sus obligaciones laborales era la encargada de realizar el mantenimiento de huella y de aprobar los créditos en dicha sucursal bancaria.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado F. A. A. O., en su carácter de Apoderado Defensor de la imputada N. E. R. S. es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-EL ABOGADO RECURRENTE F. A. A. O., ACTUANDO EN SU CONDICION DE APODERADO DEFENSOR DE LA SEÑORA N. E. R. S., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. UNICO MOTIVO. Infracción por violación o aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO.1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del Código Procesal Penal, que sirve de cauce procesal para este motivo, habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un Precepto Penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Pues bien Honorable Sala de Casación Penal, la sentencia que ahora impugno, por esta vía, es violatoria por Infracción por Violación o aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal, norma esta que describe el delito de Estafa, en vista que de la declaración de hechos probados que contiene el fallo impugnado, no se aprecia ninguno de los elementos objetivos del delito de Estafa del artículo 240 del texto penal invocado; en consecuencia no se desprende que la señora N. E. R. S. haya cometido la infracción por la cual se le condenó. 2. Efectivamente, al realizar el proceso de subsunción, esto es, el análisis jurídico para encuadrar la conducta estimada como probada en una norma penal de carácter sustantivo, nos damos cuenta, y así lo comprobará la Honorable Sala de Casación, que no aparecen descritas en el fáctum los elementos del delito por el cual se condenó a mi cliente. Para comprobar lo anterior, empezaremos con transcribir aquí la declaración de hechos probados del tribunal sentenciador. UNICO: La señora B. E. M. G., en el mes de octubre del año dos mil diez, se presentó a las oficinas de Elecktra de la ciudad de Santa Bárbara, a sacar una estufa al crédito ya que tenía un dinero en una tarjeta, en ese momento la atendió un empleado de la comercial, quien corroboró en el sistema que la señora B. E. M. tenía algún préstamo pendiente con la institución de Banco Azteca, minutos después el mismo empleado le manifestó que tenía una deuda de dieciocho mil (18,000.00) lempiras, en la sucursal de Banco Azteca de la ciudad de la Entrada Copán, respondiéndole la señora B. E. M. que no tenía ningún préstamo en dicha Institución Bancaria, es por tal razón que el Banco Azteca realiza una investigación por medio de una auditoría en la sucursal de la Entrada, Copán; logrando detectar que habían créditos y préstamos irregulares por medio de mantenimiento de huellas, tomaban fotografías de personas desconocidas o de revistas, que luego las hacían pasar por clientes de Banco Azteca que les habían negado el crédito o que ya habían cancelado algún préstamo con el Banco; de la auditoría realizada por la institución Bancaria se pudo determinar que la imputada N. E. R. S. defraudó a la Institución Bancaria referida, utilizando los datos personales de la señora B. E. M. G., concediendo un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de dieciocho mil lempiras (18,000.00) y utilizando también los datos personales de la señora R. E. C. M., autorizando un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de doce mil lempiras (12,000.00), realizando la suma de estas cantidad nos da un total de treinta mil lempiras (30,000.00) cantidad que se pudo acreditar con la auditoría y con la prueba que fue evacuada en juicio; ya que la imputada al momento de los hechos era la gerente de la sucursal de Banco Azteca en La Entrada Copán, y dentro de sus obligaciones laborales era la encargada de realizar el mantenimiento de huella y de aprobar los créditos en dicha sucursal bancaria. 3. La declaración de hechos probados constituye el cimiento o piedra angular de toda sentencia penal, en ellos, el Tribunal juzgador redefine un hecho histórico que es el objeto del juicio penal. En dicho cuadro fáctico, el Tribunal de Sentencia describe una verdad real e histórica, estimando de manera clara y terminante aquellos que estimó probados, conforme a los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. De esa verdad incuestionable, se derivarán las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de la ley penal sustantiva. 4. Pues bien, la anterior es la reconstrucción histórica de los hechos llevados a juicio y por lo que se acusó a mi defendida, y lo que el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, estimó se había demostrado. Este relato fáctico, para los efectos de este Recurso de Casación, respetaremos en virtud de considerarse el mismo como intangible, según la reiterada doctrina de esa Sala. Efectivamente, como lo tiene reafirmado la Sala de Casación, el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad revisar, por parte del Tribunal de Casación, la interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia que se impugna y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En ese orden de ideas, a la Sala de lo Penal, tratándose del recurso de casación por infracción de ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia[1]. 5. Dicho lo anterior, partiré de la descripción típica del delito de Estafa, previsto en el artículo 240 del Código Penal, según el cual, comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. 6. Honorable Corporación, de acuerdo a la descripción típica del antes citado artículo 240 del Código Penal, nuestro delito de estafa constituye una defraudación mediante engaño, que no ataca simplemente a la tenencia de las cosas, sino la complejidad del patrimonio. La estafa, como delito, puede describirse entonces, como todo hecho por medio del cual una persona toma, a raíz de un error provocado por la acción del agente, una disposición patrimonial perjudicial, que dicho agente pretende convertir en beneficio propio o ajeno. El agente activo despliega una acción engañosa que induce en error a una persona (sujeto pasivo), quien, en virtud del mismo, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. La conducta punible será pues, defraudar por medio de ardid o engaño. 7. Pero para el debido encuadramiento de las acciones enjuiciadas en un caso particular, es necesario determinar ciertos aspectos, que se constituyen como los elementos objetivos del delito. Apoyado en alguna doctrina[2], elementos esenciales del delito son los siguientes. El detrimento patrimonial. La defraudación constituye un ataque a la propiedad o patrimonio que se configura en detrimento patrimonial, en detrimento patrimonial, que puede abarcar cualquiera de los elementos que integran el concepto de propiedad en el Derecho Penal; puede ser la tenencia o posesión valiosa, el domino, o el lucro que se espera de una actividad propia. Los objetos del delito de estafa son pues múltiples, pero todos ellos están referidos a valores que conforman la completividad del patrimonio atacado en el momento de la conducta estafatoria El ardid y el engaño. El medio para lograr la disposición patrimonial perjudicial es el fraude, el cual está integrado por las acciones tendientes a simular hechos falsos, disimular los verdaderos o falsear de cualquier modo la verdad, dirigidas al sujeto a quien se pretende engañar con ellas. El fraude puede, estar integrado por ardides o por engaños, en el sentido de la Ley. La diferencia entre ambos conceptos atiende a la forma de perpetrar la acción engañosa que constituye el fraude. El ardid indica la utlización de maniobras o artificios destinados a engañar. Para el engaño basta la afirmación o la negación contraria a la verdad. Sobre la naturaleza del engaño, capaz para inducir a otro a error, la doctrina y la jurisprudencia establecen que éste debe tener el carácter de bastante, es decir, debe tener la virtualidad suficiente para que un ciudadano medio, puede verse inducido en error. 8. La doctrina de esa honorable Sala de lo Penal[3], respecto al engaño, ha dicho que, El “engaño” debe consistir en una situación capaz de inducir a error a otra persona, puede darse a través de palabras o maquinaciones insidiosas que lleguen a constituir engaño suficiente. La exigencia de que el engaño sea bastante implica que no cualquier engaño resultara típico, sino tiene cierto grado de “idoneidad”, excluyéndose el engaño burdo que no tenga verosimilitud suficiente para afirmar que la víctima fue inducida al error, aspectos que deberá analizarse en cada caso concreto para determinar la concurrencia de la acción engañosa.8. También la jurisprudencial del Tribunal Supremo de España, desde hace mucho tiempo viene sosteniendo la idoneidad del engaño, este tiene que ser bastante, ha dicho[4]. Pues bien para determinar esa idoneidad, debe valorarse “intuitu persona”, teniendo en cuenta la personalidad del sujeto pasivo, en cuanto puede ser más sugestionable por su incultura, edad, déficit intelectual, etc. En resumen, la idoneidad del engaño a los efectos de determinar la necesidad de protección penal debe efectuarse atendiendo tanto a módulos objetivos como a las condiciones personales del sujeto afectado. Como consecuencia de lo antes dicho, no merece protección penal la víctima que no se ha comportado de modo responsable en el cuidado de los bienes jurídicos de los que es titular (deber de autoprotección). La inducción a error del sujeto pasivo. Las acciones engañosas del sujeto activo tienen que haber causado un error en el sujeto pasivo a quien se dirige la acción. El error en el sujeto pasivo es de suma importancia, pues éste es que le lleva a disponer de la totalidad o parte de su patrimonio a favor del sujeto pasivo. El error es consecuencia del engaño bastante desplegado por el sujeto activo. La disposición patrimonial. La persona engañada a consecuencia del error en que incurre, debe realizar una disposición patrimonial perjudicial para él. En otras palabras, creyendo que está haciendo lo correcto entrega una cosa o la prestación de un servicio a favor del sujeto engañador. Pero es importante tener en cuenta que la estafa no es un delito típico de apoderamiento como el hurto o el robo, entre otros, en la estafa el sujeto pasivo, a consecuencia del error al que es inducido, realiza voluntariamente, aunque con la voluntad viciada, la disposición patrimonial, perjudicial para él. En otras palabras, como se ha dicho, el sujeto pasivo realiza parte del tipo. La relación de causalidad entre el error y la disposición patrimonial. Para que el delito de estafa pueda configurarse, es necesario que entre el error producido en el sujeto pasivo y la disposición patrimonial perjudicial, se de una relación de causalidad, es decir, tiene que ser el error en que incurre la víctima a raíz de la conducta del agente, el que tienda a determinar la disposición patrimonial de aquella (la víctima). 9. Pues bien, siguiendo una consolidada doctrina del Tribunal Supremo de España, y nuestra propia jurisprudencia penal, siendo exponentes, entre otras, la sentencias citadas, se puede concluir entonces que la estafa del artículo 240 de nuestro Código Penal, exige: a) Que haya una verdadera acción engañosa precedente o concurrente, que viene a constituir su “ratio essendi”, realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero (ánimo de lucro). b) Que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo. c) Que en virtud de dicho error ese sujeto realice un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que cause un perjuicio a él mismo o a un tercero. d) Que exista una relación de causalidad entre el engaño de una parte y el acto dispositivo y correlativo perjuicio de otro. 10. Honorable Sala, respetando la declaración hechos probados precedentes, se puede afirmar, con contundencia, que de los mismos no se pueden extractar los elementos objetivos del delito de estafa por el cual fue condenada la señora N. E. R. S., es decir, los hechos probados no los podemos subsumir a adecuar a lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal. No se aprecia de los hechos probados que la acusada haya engañado al Banco Azteca de Honduras, para que luego éste, inducido en error, realizara la disposición patrimonial a favor de la acusada. Pues bien, la parte del factum en donde se mencionada a la acusada, no describe la acción engañosa desplegada por la supuesta autora del delito, pues lo que da como verdaderamente probado es que N. E. R. S. defraudó a la institución bancaria referida. 11. Por otra parte, se identifica el sujeto pasivo de la supuesta acción como una persona jurídica, en este caso Banco Azteca de Honduras, S.A de C.V. El banco Azteca de Honduras es una entidad jurídica, que si bien tiene una representación legal para actuar jurídicamente, para lograr los fines y objetivos de su pacto social cuenta con una serie de representantes en las diferentes agencia o sucursales, que son los gerentes. Estos Ejecutivos Bancarios representan al Banco en todo aquella en que la entidad tenga interés. Para poner como ejemplo, los gerentes son las personas que disponen por el Banco, aprueban o imprueban los préstamos o créditos solicitados por los clientes. Es el caso que la señora N. E. R. S., fungía en dicha entidad como Gerente de la Agencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán. Pues bien, como Gerente que era de la agencia en cuestión, representaba al Banco Azteca en toda aquella actividad de tipo crediticio o cambiario, entre otras. En otras palabras, N. E. R. S. cuando actuaba a favor del Banco, aprobando o desaprobando créditos, o realizando cualquiera otra actividad bancaria, era el Banco Azteca. En esa virtud, el problema es determinar quién engañó a quien en este caso. Quién fue la persona inducida a error, si la persona que supuestamente debe serlo está representada por la acusada. Consecuencia de lo anterior, el elemento objetivo del delito de estafa, es decir, la inducción del sujeto pasivo a error, por acción del sujeto activo no aparece determinado en el fáctum del fallo impugnado. 11. En cuanto a la disposición patrimonial como otro elemento objetivo del tipo penal de estafa, no aparece del cuadro fáctico de la sentencia que se impugna por esta vía. Como ya se dejó dicho antes, es necesario para la configuración del delito de estafa, que como consecuencia del error a que es inducido el agente pasivo, éste realice una prestación de naturaleza económica, la cual es realizada por él mismo. De los hechos probados de la sentencia no se hace ninguna referencia clara y contundente a que el Banco Azteca de Honduras, haya realizado dicha prestación económica a favor de la señora N. R. S.. Lo que aparece descrito como una verdad incuestionable, es que el Banco Azteca de Honduras concedió a dos señoras determinadas dos créditos: uno por la suma de doce mil (L. 12,000.00) lempiras y otro por dieciocho mil (L. 18,000.00) lempiras. Esa disposición patrimonial, necesaria para la existencia del delito, debe implicar un detrimento económico para el sujeto pasivo y un incremento en el del sujeto activo. Pues bien, no aparece del cuadro fáctico que la señora N. E. R. S. haya recibido del Banco Azteca, esas sumas de dinero para que hubiesen implicado, en su momento, un incremento en su patrimonio, por ende, un detrimento para el patrimonio del Banco Azteca, como supuesta víctima. 12. En Conclusión, honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el delito de Estafa, previsto por el artículo 240 del Código Penal, no se encuentra descrito en la declaración de hechos probados, que en este caso son una verdad incuestionable. Los elementos objetivos del tipo, en la forma como los he definido no se encuentran cometidos, por ende, el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, al haber condenado a la señora N. E. R. S. como autora responsable de un delito de Estafa continuada, aplicó indebidamente el artículo 240 antes citado, produciendo de esta manera una infracción o violación a una ley penal de carácter sustantivo, misma que sirvió para resolver el caso, en la forma ya dicha. APLICACION PRETENDIDA. Al no haberse determinado, de manera palmaria, los elementos objetivos del tipo, previstos en el artículo 240 del Código Penal, no puede hablarse entonces de un delito de Estafa continuada, y al haberse condenado a la señora N. E. R. S. por este delito, es evidente que el tribunal ha infringido, por aplicación indebida, las normas que contienen las infracciones penales, es decir, el artículo 240 del Código Penal, pues de acuerdo a los hechos probados no se configura dicho delito. Procede en consecuencia, con la estimación de este motivo de casación, que la Sala de lo Penal declare la inexistencia de dicha infracción penal, en consecuencia, absuelva libremente de toda responsabilidad a mi defendida.” III.-EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República que proclama y garantiza el derecho al estado de inocencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. 13. Reconocido como un derecho fundamental por nuestra Constitución de la República, el derecho al estado de inocencia, es proclamado en el artículo 89 de la siguiente manera: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Este derecho fundamental, trasladado al ámbito penal ha de entenderse en el sentido de no ser autor de un delito, no haber producido de un daño o no haber participado en él. Así pues, en virtud de este principio, una persona acusada de la comisión de un hecho penalmente relevante, no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en una sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso penal justo, en el que se haya producido, al menos, una mínima actividad probatoria considerada de cargo y valorada libremente por un tribunal independiente e imparcial. 14. Por todo lo anterior, se ha dicho que la llamada presunción de inocencia o estado de inocencia como lo reconoce nuestra Constitución, es una presunción iuris tantum, puesto que puede ser desvirtuada con una mínima actividad probatoria que pueda entenderse de cargo, producida con todas las garantías, de la que pueda deducirse la culpabilidad del acusado. Según lo dicho anteriormente, al acusado no se le puede imponer el deber de probar su inocencia, pues ésta es un estado del que se goza por mandato constitucional, de ahí que, a lo que se le denomina presunción de inocencia, sea más bien una afirmación interina del estado de inocencia. Pues bien, el derecho al estado de inocencia, en el contexto de un proceso penal, puede verse lesionado de diferentes maneras. 15. Una de esas vulneraciones se produce cuando se dicta una sentencia condenatoria, sin que se haya producido, al menos, una mínima actividad probatoria considerada de cargo, con la cual no quede ninguna duda que la persona imputada es partícipe en un hecho delictivo y, además, culpable en el mismo. Siendo así, se pueda decir que aquel estado (de inocencia) ha cedido para dar paso al de culpabilidad. Una mínima actividad probatoria de cargo deber ser la necesaria para que de ella se pueda deducir la responsabilidad del imputado. Ahora bien, la carga probatoria puede ser cualquiera, lo importante es que de los elementos probatorios se pueda deducir el estado de certidumbre, indispensable para adquirir la convicción judicial. Es aquí donde el Juzgador debe desarrollar su función de análisis de los medios de prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica a efecto de determinar si se ha producido prueba apta para enervar el estado de inocencia del justiciable.16. Es que el estado de inocencia al haber sido proclamado como uno de los principios básicos y fundamentales del proceso penal hondureño, supone una regla del juicio, según la cual se le recuerda a los jueces y magistrados juzgadores, que solamente podrán dictar una sentencia condenatoria contra la persona imputada (inocente hasta entonces) cuando aparezca del acervo probatorio, al menos una mínima actividad probatoria de cargo, introducida legalmente al debate y valorada conforme a las reglas de la sana crítica por el tribunal sentenciador. El Tribunal Constitucional Español, exponente desde hace décadas de valiosísima doctrina jurisprudencial, misma que se deriva, en parte, de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo), con frecuencia recuerda la doctrina elaborada al efecto. En la sentencia 126/2011, de 18 de julio de 2011, ese ilustrado Tribunal expone, inter alia, lo siguiente: Venimos afirmando desde la STC 31/1981, de 28 de julio, que el derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. De modo que, como se declara en la STC 189/1998, de 28 de septiembre, «sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado» (FJ 2). 17. También esa Honorable Sala de lo Penal, respecto a este modo impugnativo de las sentencias penales, ha tenido ocasión de pronunciarse respecto del derecho fundamental al estado de inocencia, en relación al control casacional por infracción de precepto constitucional. Entre otras, la Sentencia de 8 de noviembre de 2012; Recurso de Casación Penal No. S.P.142-2011, inter alia, establece. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principioderecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el Tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. 18. Conforme a lo hasta ahora dicho, el estado de inocencia, como derecho fundamental, protege al justiciable frente al vacío de prueba de cargo, impidiendo que se le condene bajo esas circunstancias. 19. Después de haber realizado esta proyección del estado de inocencia, como derecho del justiciable a ser observado en todo el proceso, cuya vulneración se produce con el dictado de una sentencia sin sustento de prueba de cargo, procederé a continuación a explicar a esa Honorable Corte Suprema de Justicia, cómo el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, violentó el derecho fundamental de mi representada, declarándola culpable sin que procedía hacerlo así. 20. Pues bien, el tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, en la sentencia que ahora se recurre, concluye declarando como verdades, lo que estimó se reconstruyó o redefinió en el debate oral y público, de acuerdo a una valoración de las pruebas practicadas en dicho acto. Según ese Tribunal sentenciador, los hechos que se probaron son los siguientes. UNICO: La señora B. E. M. G., en el mes de octubre del año dos mil diez, se presentó a las oficinas de Elecktra de la ciudad de Santa Bárbara, a sacar una estufa al crédito ya que tenía un dinero en una tarjeta, en ese momento la atendió un empleado de la comercial, quien corroboró en el sistema que la señora B. E. M. tenía algún préstamo pendiente con la institución de Banco Azteca, minutos después el mismo empleado le manifestó que tenía una deuda de dieciocho mil (18,000.00) lempiras, en la sucursal de Banco Azteca de la ciudad de la Entrada Copán, respondiéndole la señora B. E. M. que no tenía ningún préstamo en dicha institución bancaria, es por tal razón que el banco azteca realiza una investigación por medio de una auditoría en la sucursal de la Entrada, Copán; logrando detectar que habían créditos y préstamos irregulares por medio de mantenimiento de huellas, tomaban fotografías de personas desconocidas o de revistas, que luego las hacían pasar por clientes de Banco Azteca que les habían negado el crédito o que ya habían cancelado algún préstamo con el Banco; de la auditoría realizada por la institución Bancaria se pudo determinar que la imputada N. E. R. S. defraudó a la institución Bancaria referida, utilizando los datos personales de la señora B. E. M. G., concediendo un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de dieciocho mil lempiras (18,000.00) y utilizando también los datos personales de la señora R. E. C. M., autorizando un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de doce mil lempiras (12,000.00), realizando la suma de estas cantidad nos da un total de treinta mil lempiras (30,000.00) cantidad que se pudo acreditar con la auditoría y con la prueba que fue evacuada en juicio; ya que la imputada al momento de los hechos era la gerente de la sucursal de Banco Azteca en La Entrada Copán, y dentro de sus obligaciones laborales era la encargada de realizar el mantenimiento de huella y de aprobar los créditos en dicha sucursal bancaria. 21. El Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia (Copán), en la fundamentación jurídica del fallo, como es su obligación, no justificó el por qué tuvo como probados esos hechos, es decir, no motivó en lo absoluto, cómo, de donde y de qué manera, es que llegó a esas conclusiones; no obstante en el apartado correspondiente a la valoración de las pruebas practicadas en el debate, ofrece las explicaciones sobre dichos extremos. Justamente, las valoraciones ofrecidas por el Tribunal de sentencia, es lo que lleva a la configuración de la vulneración del estado de inocencia de mi defendida en esta etapa del juicio. 22. Honorable Sala de Casación Penal, nótese que del relato fáctico supra descrito, la ubicación de la señora N. E. R. S. aparece en la parte final del mismo, cuando dice: de la auditoría realizada por la institución Bancaria se pudo determinar que la imputada N. E. R. S. defraudó a la institución bancaria referida, utilizando los datos personales de la señora B. E. M. G., concediendo un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de dieciocho mil lempiras (18,000.00) y utilizando también los datos personales de la señora R. E. C. M. (…). Como bien lo afirma el Tribunal sentenciador, ese relato de hechos probados, ha sido estructurado a partir de la apreciación de la declaración testifical del señor R. F. G. G., y del informe pericial escrito, elaborado y explicado por el mismo testigo en el acto de la vista pública. 23. Pues bien, como ya se ha dicho, los hechos probados de la sentencia supone la reconstrucción histórica de un hecho acontecido, a partir de la valoración de las pruebas practicadas ante el tribunal de juicio. Pero para efectuar la valoración de las pruebas, el tribunal sentenciador debe partir de la legalidad de las mismas en relación a su obtención, de su legítima introducción al debate y de la observación de las reglas de la sana crítica para su apreciación. Entonces, de las pruebas practicadas en el debate en que se concluyó sobre la culpabilidad de mi defendida, la declaración testifical del antedicho testigo, y su informe pericial que fue evacuado en el debate mediante lectura, son las únicas de las que se derivan los hechos probados, referentes a la participación de la justiciable, según se desprende de la valoración efectuada. 24. Siguiendo la doctrina de la Sala, la vulneración al derecho estado de inocencia de mi representada se produce cuando el Tribunal de sentencia efectúa una valoración irracional de los medios de prueba evacuados por el Ministerio Público, y la prueba de descargo de la defensa. Pues bien, el Código Procesal Penal en su artículo 202 dispone que las pruebas sean valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Luego, más adelante, en el artículo 336, referente a las normas para la deliberación, dispone que el tribunal para resolver, sólo tenga en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Por último, el artículo 338, respecto a la redacción de la sentencia, regla cuarta, valoración de la prueba, dispone: Seguidamente se expresarán las pruebas tendidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio (…). 25. Como se puede apreciar, la normativa insiste en que el razonamiento utilizado por el juzgador no sea arbitrario, sino, por el contrario, sometido a una serie de reglas de interpretación o de apreciación, reglas de la sana crítica. Entonces, no existe una libertad absoluta en la valoración probatoria, lo cual supone un freno o control de la arbitrariedad, a la vez una garantía para las partes en el procedimiento. La sana crítica se caracteriza porque el juez debe, además de valorar las pruebas, explicar el método y las reglas que tuvo en cuenta para arribar a la convicción. Dentro de las reglas de la sana crítica se encuentran, entre otras, las de la lógica. En ese orden de ideas, la lógica formal supone un razonamiento que nos debe llevar a una conclusión, también lógica. Se presenta ese razonamiento en la forma de un silogismo, compuesto de tres términos o conceptos básicos, articulados para formar dos proposiciones de las que necesariamente se debe derivar una nueva proposición que es la conclusión. Esta última no está comprendida en las anteriores pues se trata de un conocimiento nuevo. En el silogismo se articulan como proposiciones, una premisa mayor (general), una premisa menor (particular), y una conclusión. Como regla de valoración, la lógica se encuentra sometida al cumplimiento de ciertas reglas, mismas que deben ser observadas por el juzgador. Estas leyes o reglas están constituidas, a la vez, por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. De la ley fundamental de la coherencia se derivan los siguientes principios formales del pensamiento, a saber: de identidad; de contradicción; y de tercero excluido. 26. En el presente caso, el Tribunal de Sentencia de La Entrada, al realizar la valoración de los medios de prueba no lo hizo racionalmente como lo demanda la normativa ya expuesta. En especial, al valorar los medios de prueba a que he hecho referencia, no lo hizo con la debida coherencia, violentando los principios o leyes de contradicción y de tercero excluido. Conforme a la ley de contradicción, dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente, no pueden ser ambos verdaderos. De acuerdo a esta ley fundamental, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, de manera que no pueden ser válidos dos juicios de valor excluyentes. Así, si un testigo expresa que ocurrió un determinado hecho o evento, pero al mismo tiempo lo niega o lo afirma de otra manera, no podrá valorarse positivamente su testimonio, ya que se aprecia en el mismo, contradicción entre lo manifestado. 27. Al valorar el testimonio de R. F. G. G., los juzgadores expresan que le dan credibilidad por ser la persona que realizó la auditoría respecto de toda la cartera crediticia relacionada a los expedientes de los clientes de Banco Azteca en la Entrada. Agregan los juzgadores, que el testigo es coherente y congruente respecto de las funciones que realizaba cada uno de los empleados de la sucursal bancaria, por tanto le conde[n] credibilidad. Pero es el caso que mismos juzgadores valoran, como prueba documental, un documento denominado auditoría, elaborado y ratificado por el mismo testigo R. F. G. G., que aparece agregado en autos. Este medio de prueba es al que se refirió al brindar su declaración como testigo. Respecto a este medio de prueba documental-pericial, los jueces sostienen: (…) este Tribunal le otorga credibilidad parcialmente, no obstante de haber sido elaborado por una persona que conoce sobre la realización de auditoría, cuenta con la experiencia para realizar la misma, pero considera el este tribunal que dicha auditoría está incompleta, ya que como lo dicho el mismo auditor en contestación al interrogatorio de la defensa, que únicamente se presentó ante una sola persona siendo la señora R. E. C., para entrevistarse con ella en relación a si ella había realizado algún préstamo en la institución bancaria referida, asimismo el auditor obvió terminar de investigar y entrevistar a todas las personas que estaban en los expedientes de la cartera crediticia, ya que según manifestaciones del auditor la señora N., B., D. y R., le proporcionaron una lista de los créditos ficticios que habían concedido, (…). Concluyen diciendo los juzgadores; Es por esta razón que estos juzgadores consideran incompleta dicha auditoría y no puede ser tomada todas la cantidades de dinero establecida en la misma, siendo que no fueron verificados y constatados todos los datos de los expedientes de créditos. Solo se tiene por acreditado lo referente a R. E. y el procedimiento en el otorgamiento de créditos. 28. Como se puede apreciar, el testigo R. F. es la misma persona que elaboró el documento denominado auditoría. El tribunal sentenciador ha valorado su testimonio de manera positiva otorgándole credibilidad, pero al mismo tiempo al valorar la documental de auditoría le da credibilidad de manera parcial. Explica el tribunal, por qué no le concede toda credibilidad a la auditoria; especialmente sostiene que el señor R. al desarrollar su trabajo no se entrevistó con todas las personas relacionadas en la cartera de créditos de la agencia del Banco Azteca. Agregan los juzgadores que la auditoría es incompleta, por ende, sólo le conceden credibilidad en una parte, o sea parcialmente. En ese orden de ideas, la valoración probatoria realizada por el tribunal sentenciador viola el principio o ley de coherencia, por concurrir en la prueba valorada evidentes contradicciones. Por una parte, al testigo en referencia se le concede credibilidad en todo, generando un estado de certidumbre en el tribunal; pero por otra, al medio de prueba documental, realizado y explicado por el mismo testigo, sólo le conceden credibilidad parcialmente, por entender que la auditoría es incompleta y porque el perito no realizó su trabajo de manera completa. 29. En el presente caso, habiendo valorado el Tribunal de Sentencia las pruebas en la forma ya dicha, se aprecian evidentes contradicciones tanto en el testimonio como en la pericia realizada por el mismo testigo. En ese orden de ideas, conforme a la regla lógica de coherencia, lo dicho por el testigo no puede ser y ser al mismo tiempo. Entonces, habiéndose valorado la prueba siguiendo las reglas o leyes de la coherencia, la conclusión lógica a que hubiese llegado el tribunal, debió ser no concederle credibilidad al testigo ni a la pericia realizada y explicada por el mismo testigo. 30. Honorable Tribunal de Casación, el Tribunal sentenciador violó la ley o principio de tercero excluido. Esta ley fundamental viene a complementar el principio de contradicción. La misma se explica así: de dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente, no pueden ser ambos falsos, es decir, uno de ellos es verdadero y ninguno otro es posible. Conforme a esta ley, si una sentencia condenatoria se fundamenta en el testimonio de una persona que afirma y niega a la vez que el imputado ha cometido el hecho, se estaría violentando dicha ley fundamental, pues una versión de las aportadas por el testigo debe ser cierta, pero la otra será falsa, pero se ignora cuál debe ser una o la otra. De acuerdo a la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, el testigo R. F. ha dicho la verdad, por lo que le conceden credibilidad generando el estado de certidumbre. Pero a juicio del mismo Tribunal, el mismo testigo en la pericia que elaboró y explicó en el debate, no tiene plena credibilidad por no haber concluido la pericia. Si el Tribunal de Sentencia hubiera aplicado la regla o ley de tercero excluido, no le hubiera dado credibilidad a ninguna de las versiones ofrecidas por el testigo, pues una de ellas tiene que ser falsa y una puede ser verdadera, pero no las dos a la vez. 31. Honorable Sala de Casación, la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia que juzgó el caso carece de racionalidad. Ello se puede comprobar al constatar las apreciaciones ofrecidas en el apartado en donde se refiere a la totalidad de las pruebas. Dice el Tribunal que ha analizado y valorado toda la prueba en su conjunto, haciéndose valer de las reglas de la sana crítica como ser la psicología y las máximas de la experiencia. Conforme a este razonamiento, la prueba evacuada en el juicio no es suficiente para acreditar que la señora N. E. R. S. haya cometido el delito de apropiación indebida, dado que, según sostienen, la prueba en la cual el Ministerio Público fundó su acusación, para es[os] juzgadores esa auditoría quedó inconclusa, además fue realizada en completo desconocimiento de varias personas que han sido sindicadas como acusadas. Termina arribando al tribunal a conclusiones contradictorias e irracionales, pues aseguran no haber prueba suficiente para sostener una condena por el delito de apropiación indebida por el que se acusó a la imputada, pero si encuentran pruebas para condenar a la misma imputada por el delito de estafa. 32. El momento de la motivación analítica o intelectiva de la sentencia penal es uno de los más importantes. Aquí no sólo se trata de apreciar cada elemento de prueba individualmente, sino de extrapolar esa apreciación en el conjunto de la prueba. No es válido decir en este momento que el testimonio es coherente o incoherente, contradictorio a falso. En este caso, si no se quiere caminar en el valle de las frases vacías, hay que dejar constancia de esas circunstancias, es decir, en qué consiste la coherencia o incoherencia, la falsedad, etc. El tribunal sentenciador ha dicho en su fallo que existe prueba suficiente para condenar a la acusada, pero sus explicaciones al respecto violan las reglas de la lógica como ha quedado dicho. En ese orden de ideas, la prueba de cargo evacuada en el juicio, habiendo hecho una valoración prudente y responsable, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, conllevaría, sin lugar a dudas, a que no es apta para enervar el estado de inocencia de mi defendida, ya que, adicionalmente, habría que anteponer la prueba de descargo, misma que el Tribunal no valoró como apta para excluir a la acusada de la autoría de los hechos. 33. Se puede concluir con propiedad, que en este caso el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, ha vulnerado el estado de inocencia de la acusada N. E. R. S., pues le ha condenado sin que exista la prueba suficiente para ello. En todo caso, siguiendo la doctrina jurisprudencial de esa Sala, la prueba no es suficiente, es decir, no se cumple al menos con una mínima actividad probatoria de cargo, capaz de enervar el estado de inocencia; y lo más importante, no ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador, reafirmando nuestra conclusión de que la prueba de cargo no es suficiente. Por ende, la honorable Sala de Casación Penal, debe dictar una sentencia absolutoria a favor de mi defendida. SEGUNDO MOTIVO: Infracción del artículo 82 de la Constitución de la República, en relación directa con el artículo 14 del Código Procesal Penal, que proclaman y garantizan el derecho de defensa, proscribiendo todo tipo de indefensión; y en relación con el artículo 337 del Código Procesal Penal que establece el principio de congruencia entre acusación y sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. 34. La Constitución de la República proclama y garantiza el derecho de defensa en su artículo 82 al decir que: El derecho de defensa es inviolable. (…). La expresiva fórmula de la norma constitucional antes citada, proclama el derecho a no sufrir indefensión, caracterizando el derecho de defensa como un Derecho Humano, esencial para hacer viable otros derechos y garantías procesales. El texto constitucional lo que establece, en principio, es toda prohibición a sufrir indefensión en cualquier tipo de procedimiento. Siguiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional español, por indefensión debemos entender toda aquella situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, los órganos jurisdiccionales en el curso del proceso impiden a las partes el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando su capacidad de ejercitar, bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, siempre que dicha indefensión tenga un carácter material, es decir, que produzca un efectivo y real menoscabo del derecho de defenderse. 35. La indefensión pues, con relevancia constitucional, queda circunscrita a los casos en que la misma sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales eventos, es decir, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia[5], ha entendido, igualmente, que la indefensión debe tener el carácter de material, es decir, cuando la parte que la alega ha tenido todas las oportunidades de proponer medios de prueba, contradecir la prueba contraria, no se puede hablar de vulneración al derecho de defensa. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el derecho de defensa en varios casos. Entre otras, la sentencia de 11 de agosto de 2009, recurso de casación CP-32207, inter alia dijo lo siguiente. Esta Sala de lo Penal estima que el derecho de defensa se divide en defensa material y defensa técnica. La defensa Material se desarrolla a través de tres garantías: 1) Derecho a la participación, o derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, sobre todo en aquellas en las que se produce elementos probatorios, que sirvan de base no solo a la acusación, sino a la sentencia que resolverá definitivamente la situación; 2) Derecho de Petición, o derecho del acusado de formular a la autoridad judicial todas aquellas observaciones o peticiones que considere oportunas a efecto de hacer valer su defensa; y 3) Derecho al conocimiento, o derecho del acusado de conocer inmediatamente y de forma comprensible cuáles son sus derechos como acusado. 36. En el mismo sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que la indefensión se produce, no cuando la resolución proferida por el órgano competente es contraria a las pretensiones del litigante, sino cuando aquel órgano lo ha privado de todo derecho a hacer alegaciones, proponer y evacuar pruebas, poniéndolo en una situación de desigualdad implicando que las posibilidades de defensa resultan absolutamente nulas. En la sentencia de 16 de septiembre de 2009, del amparo número 465-P192-09, la Sala de lo Constitucional puntualiza los requisitos que deben concurrir en cada caso, para que se pueda alegar indefensión. Para mejor ilustración se transcribe lo esencial de esta sentencia, en la cual, inter alia, se dijo lo siguiente: Que el derecho de defensa se considera infringido cuando a los litigantes se les limita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional de los órganos judiciales el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o intereses legítimos. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. 37. Honorable Sala Suprema, habiendo expuesto la connotación del derecho de defensa en el proceso penal y las implicaciones que la indefensión supone para la persona imputada, expondré cómo es que se produce la violación al derecho de defensa de la señora N. E. R. S., al momento del dictado de la sentencia que le condena como autora de un delito de estafa. 38. Primero que todo, es importante señalar a la honorable Corte, que la indefensión que sufrió la señora imputada, ha tenido sus efectos inmediatos y directos en el momento del dictado de la sentencia, al no haber observado el tribunal sentenciador el principio de congruencia, establecido en el artículo 337 del Código Procesal Penal, mismo que supone la correlación entre acusación y sentencia, impidiendo a los órganos jurisdiccionales dictar un fallo condenatorio fuera del marco de los hechos que son objeto de acusación. 39. El artículo 337 del Código Procesal Penal, en la redacción original antes de la reforma introducida por Decreto 74-2013 de 8 de mayo, por ende vigente a la fecha de los hechos que se enjuician, establecía lo siguiente: La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. La prescripción legal viene a suponer la observancia del principio de legalidad al momento del dictado de la sentencia por el órgano jurisdiccional, impidiendo todo tipo de sorpresas que limiten los derechos de la persona imputada. 40. El principio de congruencia, o lo que es lo mismo, correlación entre acusación y sentencia tiene su génesis inmediata en el principio acusatorio, según el cual, el juez se encuentra estrictamente limitado al momento de resolver el caso, a transitar únicamente en los espacios delimitados por el órgano acusador, en relación a la caso a enjuiciar. Pero también, el principio de congruencia viene a significar una proyección del derecho fundamental a la defensa, por cuanto supone que el justiciable debe defenderse única y exclusivamente de aquello de que se le acusa; a la vez que, el órgano acusador debe circunscribir su pretensión acusatoria sobre los aspectos por él únicamente acusados; y finalmente, y más importante aún, el órgano jurisdiccional solamente puede condenarle por lo que se le acusa, impidiendo dicha garantía que se haga una calificación distinta de los hechos, obviamente más grave, a aquella que de los mismos se hizo en los momentos procesales de la acusación en la audiencia preliminar, o en las ampliaciones, que en su caso, se hubiesen formulado en el momento de la apertura del juicio. Por lo demás, un proceso justo llevado a cabo con todas las garantías, como lo demanda el artículo 90 de la Constitución de la República, y el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, demanda que se observe a profundidad el principio acusatorio, en el sentido de que el principio de congruencia entre acusación y sentencia, no ha de quedar restringido solamente al factum, sino a la misma calificación jurídica que de los hechos enjuiciados deba hacerse, al momento del dictado de la sentencia. 41. La Sala de lo Penal de nuestro Tribunal Supremo se ha referido al tema de la correlación entre acusación y sentencia, sosteniendo que la misma supone un principio importante para el sustento del derecho de defensa del imputado en el proceso. Ya esta Sala, desde hace bastante tiempo reconoce que los tribunales violentan el derecho de defensa del acusado, cuando al momento del dictado de la sentencia, el tribunal califica los hechos de manera diferente a la introducida por l acusación. Esa Sala de lo Penal, en la sentencia de 17 de noviembre de 2010, Recurso de Casación Penal N° 280-2009, estableció, inter alia, que, el artículo 337 del Código Procesal Penal, sobre la congruencia entre la sentencia y la acusación, en su parte conducente dispone que: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas…”. Todas estas actuaciones a que se refiere el artículo antes trascrito, más que fijar elementos meramente descriptivos de la naturaleza de cada acto, “existe ante todo por un principio garantizador, íntimamente ligado al principio de defensa, según el cual la sentencia que se dicte luego del juicio solo podrá versar sobre los hechos por los cuales el juicio fue abierto. La delimitación del hecho que será objeto del juicio pues, cumple una función garantizadora porque evita acusaciones sorpresivas y permite una defensa adecuada, hablamos del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia”. 42. Por su parte, el Tribunal Constitucional Español, mismo que proyecta su doctrina más del continente europeo, ha dicho que existe una íntima relación entre el principio acusatorio y el derecho de defensa, insistiendo en que de los citados principios se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica[6]. Agrega dicha doctrina constitucional que: “nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia”. 43. Pues bien, respecto al caso que nos ocupa, el Ministerio Público y la acusación privada formularon su acusación en la etapa preparatoria del procedimiento como un delito de apropiación indebida del artículo 242 numeral 8) del Código Penal, en concurso de delito continuado. De la misma forma lo hicieron las partes acusadoras el momento de la formalización de la acusación en la audiencia preliminar, quedando fijado el debate en relación a la acusación por esa entidad delictiva, por la que se propuso pruebas para la defensa de la imputada en el acto del juicio oral. En relación al acto del juicio oral y público, las partes acusadoras, en el momento de la formalización de la acusación en la apertura del debate, lo hicieron calificando los hechos como un delito de apropiación indebido continuada, establecido en el artículo 242 inciso 8) del Código Penal, relacionado con el artículo 37 del mismo texto. Finalmente, en la fase de conclusiones definitivas, ambas partes acusadoras insistieron que los hechos, que a su juicio habían sido probados, eran constitutivos del delito de apropiación indebida del antes citado artículo 242.8 del Código Penal, habiendo pedido que a mi defendida se le condenara por esa infracción penal. 44. Como consecuencia de la acusación interesada por las partes acusadoras desde los primeros momentos del procedimiento, la defensa de la señora N. E. R. S. estableció su estrategia en el sentido de demostrar que la acusada en cuestión, no tenía ninguna participación en los hechos por lo que se acusó. Lógicamente, que al haber conocido los hechos de la acusación, la defensa tuvo que dirigir su estrategia defensiva a establecer que los elementos objetivos y subjetivos del delito de apropiación indebida no se encontraban presentes en la hipótesis acusatoria presentada por el fiscal del Ministerio Público y ratificada por la acusación particular. Como bien lo entenderá la honorable Sala de Casación Penal, es aquí en donde se explica la violación al derecho de defensa de la acusada N. E. R., pues habiendo sido acusada por un delito de apropiación indebida, defendiéndose de esa infracción penal, no de otra, pero al ser condenada al final del juicio por otro delito distinto al acusado, cuya calificación la introduce el tribunal sentenciador, al no poder encontrar probados los elementos objetivos del delito por el que se acusó, implicando que todo el esfuerzo de la defensa letrada en querer sustraer a la imputada de la realización de los históricos por lo que se acusaba, se vio anulado por la actuación incorrecta del órgano jurisdiccional que le sorprende condenándole por algo de lo que se le acusó. 45. Pues bien, retomando el tema de la falta de congruencia entre sentencia y acusación, que viene a implicar un quebranto con relevancia constitucional al derecho de defensa, se señala que, como bien lo ha entendido esa Sala de lo Penal, los delitos de apropiación indebida del artículo 242.8 del Código Penal, y la estafa del artículo 240 del mismo texto punitivo, no son homogéneos, es decir, no todos sus elementos son comunes, por ende, son heterogéneos, por lo que, tanto para su comprobación fáctica, como para su exclusión del supuesto hipotético acusatorio, deben emprenderse estrategias distintas. En cuanto al ejercicio de la defensa se refiere, una apropiación indebida supone la existencia de elementos objetivos como el apoderamiento de bienes o efectos que hayan sido entregados mediante un título legítimo, sin existir la concurrencia de elementos como el engaño, la producción del error en otra persona, como los requiere el delito de estafa del artículo 240 del Código Penal. En ese orden de ideas, cuando el tribunal sentenciador condena a la señora N. E. R. S., por un delito de Estafa del artículo 240 del Código Penal, habiéndose defendido ésta, no de ese delito, sino de un delito de apropiación indebida del artículo 242 numeral 8) del mismo texto punitivo, no solamente violentó el principio acusatorio, asumiendo el rol de parte acusadora, sustituyendo la función del Ministerio Público y de la acusación particular, sino el derecho de defensa, pues se impidió en el desarrollo del debate ejercer a plenitud aquel derecho. 46. Honorable Sala Suprema, la infracción que ahora se denuncia por esta vía casacional ha sido ya reconocida en otros casos vistos por esa honorable Corporación, por lo que la queja debe ser estimada. Efectivamente, en la resolución del Recurso de Casación Penal N° 12-2009, esa Sala, en sentencia de fecha 11 de mayo de 2011, sostuvo, inter alia, lo siguiente: De este modo, el precepto legal antes mencionado establece una obligación de correlación entre acusación y sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por las partes. En el presente caso, se observa que el órgano acusador público, en distintas etapas del proceso, esto es, en la interposición del requerimiento fiscal (vid. Folio No. 5 del Tomo I), la formalización de la acusación en la audiencia preliminar (vid. Folio No. 949 del Tomo III), en las conclusiones finales formuladas en el debate (vid. Folio 1429 del Tomo IV), ha venido calificando los hechos atribuidos al acusado señor J. E. F. L. como un delito de Fraude Continuado, (conocido doctrinariamente y en otras legislaciones como Apropiación Indebida) tipificado en el artículo 242 No. 8) del Código Penal en relación al 36 del mismo texto punitivo y Falsificación de Documentos Privados en perjuicio de varias personas, calificación que ha sido compartida por las Acusaciones Particulares personadas en el proceso, y no como un delito de Estafa Continuada, tipificada en el artículo 240 del Código Penal en relación al 36 del mismo texto legal cuya aplicación pretende ahora la Representación del Ministerio Público mediante la interposición del presente recurso. La calificación jurídica de los hechos es una potestad exclusiva del órgano jurisdiccional, por lo que podría modificar la imputación por otro delito homogéneo distinto del invocado por el órgano acusador, pero siempre y cuando no se alteren los hechos de la acusación y la pena aplicable al delito homogéneo por el que se condena sea igual o inferior al pedido por el Fiscal, y que no agrave la condición jurídica del acusado. En el presente caso, aunque al tenor de lo prescrito por el artículo 241 del Código Penal, las penas abstractas que deben imponerse al autor del delito de Estafa, son aplicables al autor del delito de Fraude o de Apropiación Indebida, en cualquiera de sus modalidades, conforme al artículo 242 del Código Penal, esta Sala estima que aunque ambas son infracciones contra el patrimonio y están comprendidas dentro del mismo Capítulo del Código Penal (“De las Estafas y otros Fraudes”), las mismas para los efectos antes apuntados son heterogéneos en cuanto a que diferentes son los requisitos subjetivos que uno y otro requieren para su comisión. Mientras en el tipo penal de Estafa el ardid, la astucia o el engaño, es elemento esencial de su configuración legal, para inducir a la víctima en error para llevar a cabo en una relación causa-efecto a realizar una disposición patrimonial injusta a favor del acusado, el delito de fraude en su modalidad de apropiación indebida, tipo penal por el que en este caso se ha condenado al acusado respecto a determinado número de víctimas, el sujeto activo se apropia de lo que le fue entregado sin engaño, aprovechándose de la confianza en se basó la entrega lícita de la cosa, para posteriormente y mediante abuso apropiársela o distraerla[7].(Lo resaltado en cursiva es de mi redacción).47. La interdicción al ejercicio de la defensa material y técnica que se produjo durante el proceso de juzgamiento de mi defendida, tiene relevancia constitucional. Efectivamente, congruente con la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, proyectada por esa Sala y la Sala de lo Constitucional. a) la indefensión producida es de contenido material, no se trata de una simple violación de normas procesales, que puede ser subsanada. b) Se trata de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. La acusada no pudo defenderse del delito por el que se le condenó, todo su esfuerzo defensivo se volcó sobre un delito por el que no fue acusada. En ese sentido, durante todo el proceso del debate, no pudo formular argumentaciones sobre los elementos del delito por el que finalmente fue condenada. c) La indefensión, tienen carácter total y absoluta, pues se redujo a cero la posibilidad de defensa en cuanto al delito por el que fue condenada. d) Tiene carácter de definitiva en vista que la decisión le cayó por sorpresa no siendo posible oponerse a dicha indefensión, pues se ha producido en la sentencia; y e) Finalmente es imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional que ha dictado sentencia violentado los principios esenciales del proceso penal. 48. Constatándose una grave violación al derecho de defensa, con relevancia constitucional, dicha infracción no puede ser subsanada, pues de lo que se trata es que el tribunal que conoció del juicio, al haber constatado, como efecto así ocurre, que las acusaciones no pudieron probar los elementos fácticos del delito por el que acusaron a la señora N. E. R. S., y no pudiendo, en lo absoluto, introducir de oficio una modificación o calificación de los hechos, lo procedente es que se hubiera dictado una sentencia absolutoria. Por esta razón, en sede casación, esa honorable Sala, estimando este motivo del recurso, debe dictar una sentencia absolutoria a favor de mi defendida.” IV.- EL ABOGADO RECURRENTE MANIFIESTA EN SU “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: No expresar la sentencia impugnada, de manera clara y terminante los hechos que se consideran probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO 49. Conforme a lo que dispone el artículo 362 en su numeral primero, que sirve de cauce procesal, en relación al 338 regla cuarta numeral 1, del Código procesal penal, la sentencia deberá contener una declaración de hechos probados, en los cuáles se exprese la participación que la persona del acusado ha tenido en los hechos que han sido objeto de juzgamiento. Concretamente, el antes citado precepto dispone: "Las sentencias se redactarán por escrito con sujeción a las reglas siguientes:...CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo en la forma siguiente: 1) En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia,...". Ello tiene que ser así, pues se trata de un acto mediante el cual se está haciendo una recreación de un evento histórico, acaecido con anterioridad. Pero es el caso, que los hechos que se estimen probados, deben estar ayunos de toda incoherencia, falta de claridad y terminancia, sin quede ninguna duda de lo que ocurrió en un evento histórico ocurrido anteriormente, a afecto de que, los mismos no induzcan a la equivocación, sino que, por el contrario, aparezca de manera palmaria e inequívoca la participación del justiciable en la escena de los hechos reconstruidos.50. Conforme a la doctrina jurisprudencial de esa Sala de lo Penal, de la cual es exponente, entre muchas, la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2011, recurso de casación SP-218-2010, el vicio procesal de falta de claridad y terminancia de los hechos probados, se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, a consecuencia de la ambigüedad del relato. Conforme a la misma doctrina de esa Sala, la falta de claridad puede venir determinada por haberse empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos. 51. Pues bien, a continuación expondré por qué la declaración de hechos probados de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, adolece del vicio que da lugar a la casación. En la sentencia impugnada, el tribunal sentenciador declaró como probados, entre otros, los hechos siguientes:(…) de la auditoría realizada por la institución Bancaria se pudo determinar que la imputada N. E. R. S. defraudó a la Institución Bancaria referida, utilizando los datos personales de la señora B. E. M. G., concediendo un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de dieciocho mil lempiras (18,000.00) y utilizando también los datos personales de la señora R. E. C. M., autorizando un crédito a nombre de esta señora por la cantidad de doce mil lempiras (12,000.00), realizando la suma de estas cantidad nos da un total de treinta mil lempiras (30,000.00) cantidad que se pudo acreditar con la auditoría y con la prueba que fue evacuada en juicio; ya que la imputada al momento de los hechos era la gerente de la sucursal de Banco Azteca en La Entrada Copán, y dentro de sus obligaciones laborales era la encargada de realizar el mantenimiento de huella y de aprobar los créditos en dicha sucursal Bancaria. 52. Como se podrá apreciar en esta parte de la declaración de hechos probados, el tribunal sentenciador no está siendo lo suficientemente claro y terminante, pues la conclusión a la que arriba no parece ser suya, sino del resultado una auditoría contable. Es que la declaración de los hechos probados en la sentencia penal debe ser el resultado de lo que el tribunal estima se probó, indiscutiblemente en el debate, expresándolo como obra suya, sin introducir expresiones que lleven a la confusión de si es el tribunal quien está hablando o si el tribunal hace suyas expresiones de otro. En otras palabras, cuando el tribunal declara los hechos probados en una sentencia, está reconstruyéndolos de manera que el relato debe ser propio, no asumiendo lo que otro ha dicho o afirmado. 53. En el presente caso, la falta de claridad y terminancia de la declaración de hechos probados de la sentencia. Si el Tribunal de Sentencia que conoció del caso, concluyó en el fallo que la imputada N. E., cometió un delito de Estafa previsto en el artículo 240 del Código Penal, de la declaración de hechos probados debe extractarse tal conclusión, en la cual, sin la menor duda, debió decirse que la señora N. E. R. S., en una fecha o fechas precisas llevó a cabo una serie de acciones encaminadas con contenido engañoso o artificioso a modo de que las mismas tuvieran la virtualidad de inducir a otro en error, posibilitando el desplazamiento de bienes, créditos o cualquier otro efecto a favor de la acusada. 54. Pero es el caso, que el Tribunal no es nada claro y terminante, pues dice apenas que la señora N. E. R. S. defraudó a la Institución Bancaria referida (Banco Azteca) utilizando los datos personales de la señora B. E. M. G., concediendo un crédito a nombre de esta señora…. Concluye esa declaración, diciendo que: cantidad que se pudo acreditar con la auditoría y con la prueba que fue evacuada en el juicio. Conforme a los hechos probados, la acción de defraudar es un elemento objetivo del tipo de estafa. En principio esta expresión no debería in incluida dentro de una declaración de hechos probados en virtud que la misma predetermina el fallo que el tribunal está dando. Pero lo más importante de todo ello, es que la expresión defraudó no tiene ningún enlace natural con las otras acciones que se expresan en el fáctum, para de esta manera armonizarlas a modo de que no quede ninguna duda de lo que se está declarando probado. 55. Por otra parte, la declaración de hechos probados no es terminante. La construcción fáctica del delito de estafa supone la constatación de una serie de acciones encaminadas a engañar a otro, y la demostración del error en que éste incurre, para que luego quede plasmado en el mismo relato fáctico, los bienes de contenido patrimonial que el sujeto pasivo desplazo a favor del sujeto activo. En el relato de la sentencia lo que se expresa es que a dos señoras, clientas de una institución bancaria, se les concedió dos créditos, mismos que suman la cantidad de treinta mil lempiras (L. 30,000.00), no pudiéndose determinar de dicha declaración, cómo es que, conforme a esos hechos, la institución bancaria resultó defraudada en su patrimonio; peor aún no se declara probado de manera terminante, cómo es que la acusada pasó a su propia esfera de disposición esos bienes de contenido patrimonial, implicando un enriquecimiento ilícito. 56. Lo anterior es sumamente relevante, pues el tribunal al haber, supuestamente, reconstruido los hechos, tuvo la suficiente claridad para plasmarlos y atribuirlos a una persona cierta con la suficiente coherencia y terminancia. Pero ello no termina aquí, el tribunal no dice que la señora N. E. R. cometió las conductas, concretas y bien definidas, encaminadas a defraudar al banco, sino que, por el contrario, sostiene que es la auditoría del Banco Azteca quien lo afirma. Esto es de mucha importancia, pues al quedar así dicho, se deja a la imaginación de si en alguna ocasión, mi defendida cometió esas conductas. El vicio detectado en la sentencia es de trascendental importancia, pues produce una incertidumbre en el fallo, lo cual ocasiona indefensión, al no haberse juzgado a la señora N. E. R. S. con las debidas formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. 57. Este vicio de la declaración de los hechos probados, supone una causa que da lugar a la nulidad absoluta de la sentencia, por lo que, estimando este motivo del recurso, la Sala de lo Penal, debe casar la sentencia recurrida, mandando que sin nueva sustanciación se dicte nueva sentencia corriendo el error señalado. SEGUNDO MOTIVO: Carecer la sentencia recurrida de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes (…). PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. 58. Conforme a lo que dispone el inciso 2) de la regla cuarta del artículo 338 del Código procesal penal, al momento de redactar la sentencia penal, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. El artículo 362 del Código Procesal Penal, establece que podrá interponerse recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes (…).59.La Fundamentación analítica o intelectiva, sin lugar a dudas, es una cuestión sumamente importante en el razonamiento judicial al momento de la estructuración de la sentencia. Se trata de un procedimiento de valoración de las pruebas que se han practicado en el debate oral. Por medio de ese razonamiento se trata de responder por qué? de la decisión adoptada por el tribunal sentenciador. Por qué? se toman como válidos determinados elementos de prueba o, por qué se desechan otros. La fundamentación analítica o intelectiva se refiere específicamente a la valoración de las pruebas a que se refiere el artículo 338 del Código Procesal Penal. 60. El fallo dictado por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, adolece del vicio de falta de fundamentación analí tica o intelectiva en relación a la valoración de las pruebas. Como se podrá apreciar, la sentencia contiene una descripción de las pruebas al consignar en la misma las que se practicaron en el debate, pero no se hace valoración suficiente de las mismas, y cuando se pretende hacerlo, se incurre en el vicio de incoherencia y falta de racionalidad. Como ya lo he dicho antes, y lo repito ahora, el momento de la motivación analítica o intelectiva de la sentencia penal es uno de los más importantes. No sólo se trata de apreciar cada elemento de prueba individualmente, sino de extrapolar esa apreciación en el conjunto de la prueba. No es válido decir en este momento que el testimonio es coherente o incoherente, contradictorio o falso. En este caso, si no se quiere caminar en el valle de las frases vacías, hay que dejar constancia de esas circunstancias, es decir, en qué consiste la coherencia o incoherencia, la falsedad, etc. 61. Honorable Sala de Casación, la valoración probatoria del Tribunal de sentencia que juzgó el caso carece de racionalidad. Ello se puede comprobar al constatar las apreciaciones ofrecidas en el apartado en donde se refiere a la totalidad de las pruebas. Dice el tribunal que ha analizado y valorado toda la prueba en su conjunto, haciéndose valer de las reglas de la sana crítica como ser la psicología y las máximas de la experiencia. Conforme a este razonamiento, la prueba evacuada en el juicio no es suficiente para acreditar que la señora N. E. R. S. haya cometido el delito de apropiación indebida, dado que, según sostienen, la prueba en la cual el Ministerio Público fundó su acusación, para es[os] juzgadores esa auditoría quedó inconclusa, además fue realizada en completo desconocimiento de varias personas que han sido sindicadas como acusadas. Termina arribando al tribunal a conclusiones contradictorias e irracionales, pues asegura no haber prueba suficiente para sostener una condena por el delito de apropiación indebida por el que se acusó a la imputada, pero si encuentran pruebas para condenar a la misma imputada por el delito de estafa. 62. El vicio de falta de motivación analítica o intelectiva, trae como consecuencia la nulidad del fallo, pues la declaración de hechos probados debe tener como sustento la valoración que de las pruebas se haya efectuado por el sentenciador. La sentencia penal, es un todo armónico, los hechos probados son el producto de lo alegado y probado, pero el sentenciador debe explicar de manera razonada y razonable, cuáles han sido aquellas pruebas que le han convencido para declarar los hechos probados. Tal como está redactado el fallo que se impugna, se desconoce por qué al Tribunal le ha parecido confiable el testigo R. F. G. G., pero al mismo tiempo no confía en la pericia por el mismo testigo realizada y explicada en la vista pública. No ha sido coherente en cuanto a la valoración de la prueba aportada por la defensa en esta causa, pues respecto a la pericia realizada por el perito M. A. C. G., en la valoración, le da credibilidad demostrándose con dicha pericia, que la pericia ofrecida por la acusación pública está incompleta, pero al final concluye que los juzgadores tienen la convicción que la pericia no aporta hechos nuevos a la auditoría presentada por el Ministerio Público y no modifica los hechos declarados probados en sentencia. 63. Igual que el anterior, este vicio de la sentencia supone una causa que da lugar a la nulidad de absoluta de la misma, por lo que, estimando este motivo del recurso, la Sala de lo Penal debe casar la sentencia recurrida, sin nueva sustanciación del debate se dicte nueva sentencia en la que se corrija el error señalado. RECLAMO INTENTADO PARA LA SUBSANACION DE LOS VICIOS DE LA SENTENCIA. Como los vicios señalados anteriormente, y que han dado lugar a interponer recurso de casación en la forma, se han producido en el mismo momento del dictado de la sentencia, es decir, este acto procesal que se impugna, no ha sido posible su reclamación más que por este medio de impugnación.” V. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA PROCESADA N. E. R. S. ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA APLICO INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 240 DEL CODIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE ESTAFA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. I. El recurrente invoca como infringido por aplicación indebida el artículo 240 del Código Penal. Alega que de la declaración de hechos probados no se desprenden los elementos objetivos del delito de estafa por el cual ha resultado condenada la imputada N. E. R. S., es decir, de los hechos probados no es posible subsumir o adecuar su conducta a lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal. A criterio del recurrente del factum no se infiere que la acusada haya engañado al Banco Azteca de Honduras, para que luego éste, inducido en error, realizara la disposición patrimonial a su favor, de tal manera que en la parte del factum donde se menciona a la acusada, no se escribe la acción engañosa desplegada por la supuesta autora del delito, de ahí que lo que entiende como verdaderamente probado es que N. E. R. S. defraudó a la institución bancaria referida. En otras palabras, N. E. R. S. cuando actuaba a favor del Banco, aprobando o desaprobando créditos, o realizando cualquiera otra actividad bancaria, era el Banco Azteca. En esa virtud, el problema es determinar quién engañó a quien en este caso. Quién fue la persona inducida a error, si la persona que supuestamente debe serlo está representada por la acusada. A consecuencia de lo anterior, el elemento objetivo del delito de estafa, es decir, la inducción del sujeto pasivo a error, por acción del sujeto activo no aparece descrito en el factum del fallo impugnado. 11. En cuanto a la disposición patrimonial como otro elemento objetivo del tipo penal de estafa, no aparece del cuadro fáctico de la sentencia que se impugna por esta vía. Como ya se dejó dicho antes, es necesario para la configuración del delito de estafa, que como consecuencia del error a que es inducido el agente pasivo, éste realice una prestación de naturaleza económica, la cual es realizada por él mismo. De los hechos probados de la sentencia no se hace ninguna referencia clara y contundente a que el Banco Azteca de Honduras, haya realizado dicha prestación económica a favor de la encartada N. R. S.. Lo que aparece descrito como una verdad incuestionable es que el Banco Azteca de Honduras concedió a dos señoras determinadas dos créditos: uno por la suma de doce mil (L. 12,000.00) lempiras y otro por dieciocho mil (L. 18,000.00) lempiras. Esa disposición patrimonial, necesaria para la existencia del delito, debe implicar un detrimento económico para el sujeto pasivo y un incremento en el del sujeto activo. Pues bien, no aparece del cuadro fáctico que la señora N. E.. S. haya recibido del Banco Azteca, esas sumas de dinero para que hubiesen implicado, en su momento, un incremento en su patrimonio, por ende, un detrimento para el patrimonio del Banco Azteca, como supuesta víctima, por lo que de acuerdo a los hechos probados no se configura dicho delito. Procede en consecuencia, absolver de toda responsabilidad a su defendida. II. Esta Sala considera pertinente recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El artículo 240 del Código Penal que tipifica el delito de estafa exige para su consumación la concurrencia de varios elementos objetivos, es decir, que el autor realice una acción engañosa valiéndose de “nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociaciones o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño”.., se trata de una conducta desplegada para convencer sobre algo contrario a la verdad utilizando para ello cualquier ardid, engaño o artificio, acción que debe inducir a la víctima en un error que genera en una relación causa-efecto una disposición patrimonial, en provecho propio o ajeno (vid. en este sentido la sentencia de la Sala de lo Penal del 19 de mayo de 2015: Expediente de Casación Penal No. 177.-2012) El elemento objetivo del “engaño”, debe consistir en una situación capaz de inducir a error a otra persona, puede darse a través de palabras o maquinaciones insidiosas que lleguen a constituir engaño bastante. “El engaño es cualquier maquinación suficiente para producir un error en la persona de quien dependa la disposición patrimonial y, por tanto, puede referirse tanto al objeto motivo de la transacción como a cualidades del sujeto activo………debe ser bastante y debe atemperarse a las circunstancias del caso según parámetros objetivos y subjetivos” (Véase: Queralt Jiménez, Joan, Derecho Penal Español, Parte Especial, 4° Edición, Atelier, Barcelona, 2002, Pág. 311). El “error” debe surgir necesariamente de la actuación engañosa del sujeto activo, algunas veces puede ser exclusivo creador mediante la conducta exteriorizada o bien puede mantener y acrecentar el error que ya tenía la víctima, de tal manera que ésta incurre debido al error en que se encuentra en el acto de entrega patrimonial que produce el provecho del autor propio o ajeno. Un examen detenido de los antecedentes revela que el Tribunal de instancia exoneró de responsabilidad criminal a la imputada N. E. R. S. por el delito de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA que se le atribuía, así como también que dicho veredicto absolutorio no fue impugnada por la Representación del Ministerio Púbico como tampoco por la Acusación Particular y por lo tanto consintiendo el mismo, de ahí que siendo el nuestro un proceso penal acusatorio y que por ende el Tribunal de Casación solamente ha de pronunciarse sobre los cuestiones objeto de impugnación por el único recurrente, es decir por la Defensa de la encausada que a través del presente motivo cuestiona la sentencia impuesta a su patrocinada por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio del BANCO AZTECA S.A. Esta Sala tras la lectura detenida del factum considera que su redacción ha podido ser mejor. El Tribunal de instancia de manera expresa que la acusada “defraudó” a la institución bancaria perjudicada, pero al margen de esto no se desprende que habiendo realizado una acción engañosa en una relación causa-efecto haya inducido a otra persona para que esta última realizara una disposición patrimonial en su favor o de un tercero. La víctima en este caso es una persona jurídica, es decir una sociedad mercantil denominada BANCO AZTECA S.A., que actúa a través de personas físicas o naturales, de ahí que no se infiere del de hechos probados que una o varias personas naturales hubiesen sido engañadas y con ello hubieren realizado una disposición patrimonial a favor de la imputada o de un tercero, esta conclusión resulta evidente cuando del mismo factum se desprende que la encartada era Gerente de la sucursal del Banco donde según la acusación esta habría realizado el delito por el cual ha resultado condenada, estando a cargo precisamente del mantenimiento de huella y aprobación de créditos cuya concesión irregular se le atribuye. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo formulado por la Defensa de la encartada debe ser estimado, procediendo la absolución por el delito de ESTAFA CONTINUADA impuesta por el Tribunal de instancia. VI.RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA IMPUTADA N. E. R. S., DENUNCIANDO LA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA CONSAGRADO EN EL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo en razón de haber prosperado el que fundado en la infracción de ley sustantiva formulara la Defensa. VII.RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU SEGUNDO MOTIVO, DENUNCIANDO LA VIOLACION DEL DERECHO DE DEFENSA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 14 Y 337 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo en razón de haber prosperado el que fundado en la infracción de ley sustantiva planteara la Defensa. VIII. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA IMPUTADA N. E. R. S. ARGUYENDO QUE LA DECLARACION DE HECHOS PROBADOS NO ES CLARA NI TEERMINANTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo en razón de haber prosperado el que fundado en la infracción de ley sustantiva desarrollara la Defensa. IX. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MOTIVO, INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA PROCESADA N. E. R. S. ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA CONTIENE MOTIVACIONES FACTICAS Y JURIDICAS INSUFICIENTES- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL. Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo en razón de haber prosperado el que fundado en la infracción de ley sustantiva planteara la Defensa. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 361, 362 preámbulo y numerales 1), 3) y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Defensa de la procesada N. E. R. S. contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Nueva Arcadia Copán, en fecha 12 de abril de dos mil trece y cuya nulidad se declara. SEGUNDO: ABSOLVIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD CRIMINAL a la encausada N. E. R. S. por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio del BANCO AZTECA S.A. REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-401-2014.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Sentencia de 3 de diciembre de 2020, Recurso de Casación No.336-08. Sentencia de 17 de mayo de 2012, Recurso de Casación No .SP-131-2009. Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Base de Datos de Jurisprudencia Penal .DVD.
[2] Véanse entre otros: CREUS, Carlos; Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1991; MUÑOS CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Undécima edición. Tirand lo Blanch. Valencia 1996.
3 Véanse, entre otras, Sentencia de 3 de noviembre de 2011. Casación Penal S.P. No.90-2009. Base de Datos de Jurisprudencia Penal 2009-2013, formato DVD.
4 Pueden verse, entre otras, la sentencia número 410/2014 de 21 de mayo de 2014, Base de Datos de Jurisprudencia, CENDOJ.www.poderjudicial.es.
[5] Sentencia de 6 de febrero de 2007, Recurso de Casación No.118-2006, Base de Datos de Jurisprudencia Penal. Formato DVD.
[6] Sentencias del Tribunal Constitucional Español números, STC 53/1987, de 7 de mayo, F. 2, y 4/2002, de 14 de enero, F. 3.
[7] Recurso de Casación Penal n° 12-2009. Sentencia de 11 de mayo de 2011. Base de Datos de Jurisprudencia Penal. Formato DVD.