Sentencia CP-395-15 — Registro 6469
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por homicidio simple.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del análisis del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, observa esta Sala de lo Penal, que ambos motivos de casación están íntimamente relacionados, pues el punto central de la impugnación redunda en el mismo hecho, por tanto, para mantener la unidad y logicidad de la sentencia se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. 1) Denunciaron los recurrentes la violación a los artículos 69, 82, 84 y 90 de la Constitución de la República, consignado como norma que le autoriza la interposición del recurso en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicaron que se han infringido derechos constitucionales del imputado como el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho a la libertad personal y el derecho a ser detenido por mandato de autoridad competente, mismos que también se encuentran regulados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Expresaron los impetrantes que el imputado A. A. C. S. al tener noticias que estaba siendo investigado por la muerte de la ofendida, se presentó voluntariamente con su abogado en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, pero dichos agentes trasgreden sus derechos y sin tener orden de captura ni investigaciones iniciadas detienen al encartado, a pesar que desde el momento en que se presenta voluntariamente desaparece todo indicio de evasión u obstrucción de las investigaciones, pues al haber transcurrido seis días de ocurrido el hecho, tampoco se encontraba en flagrancia como para detenerlo. Continuaron los censores estableciendo que dicha transgresión fue interpuesta mediante incidente en la etapa de saneamiento del debate o juicio oral, pero el tribunal sentenciador resolvió que las autoridades policiales si estaban facultados a detener al imputado conforme lo establece el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal, lo cual es incorrecto pues el juzgador validó una detención que no se encontraba en flagrancia el imputado; violentado de esa forma el debido proceso pues no se cumplió con el procedimiento establecido en la ley, su derecho a la libertadpersonal pues fue capturado sin contar con orden judicial y su derecho de defensa. 2) Esta sala ha reiterado en varios fallos, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías,principios constitucionales en el juicio penal, sabedores que por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al iuspuniendi. El Código Procesal Penal de Honduras señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo la señalización de la infracción. Lo anterior no debe significar que será suficiente únicamente la cita de la norma constitucional vulnerada, sino que el recurrente deberá sujetarse a las reglas básicas de preparación del recurso, citadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal hondureño, es decir señalar de forma concreta la norma constitucional violentada, la manera en que dicha infracción ocurrió, indicando como el vicio ha repercutido en su perjuicio. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que, si bien la normativa procesal penal establece la infracción de precepto constitucional como motivo de casación, las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectadas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta vía recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso por infracción de precepto constitucional, es velar por el cumplimiento del principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. 3) Ante los argumentos expresados, este Tribunal de Casación tiene a bien recordar lo que esta sala ha establecido en otros fallos respecto a los derechos constitucionales cuestionados por los recurrentes: a) El derecho al debido proceso supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales para el Estado mismo, con la finalidad de racionalizar el ejercicio punitivo dentro de un marco de respeto a la dignidad humana de quienes son enjuiciados. Así tenemos que la Constitución de la República, precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable; en ese sentido el Estado para quebrantar el estado de inocencia de un ciudadano llevado a juicio, deviene obligado a observar las formas de juzgamiento que él mismo se ha impuesto a efectos de salvaguardar dentro del proceso los derechos del enjuiciado.En ese orden de ideas y para efectos de valoración de la prueba se impone que estas han de valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y que las sentencias han de ser debidamente motivadas fáctica y jurídicamente, no contradictorias y al no observar estos requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, importaría una violación a las formalidades integrantes del proceso y consecuentemente al debido proceso como derecho del justiciable[1]. b) El derecho de defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses. El derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el principio de igualdad.[2] c) La libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República (artículos 69, 70 , 81 y 84), para la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.1), que en resumen reconocen la libertad como un derecho inherente de la persona humana, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas”; la libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, expresión, reunión, asociación, religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social. Particularmente la libertad ambulatoria implica la potestad de poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, no implique la trasgresión del derecho de otros[3]. 4) Este Tribunal de Casación considera que no existe trasgresión a ningún derecho o garantía constitucional de los denunciados por los recurrentes, pues tal como lo afirmó el Tribunal de Sentencia al momento de responder el incidente de nulidad planteado por la defensa en el debate, que el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal faculta a la policía para detener a cualquier persona aún sin orden judicial, en aquellos casos en que existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado enél la persona detenida y que ésta pueda ocultarse o darse a la fuga; esta prerrogativa de los entes de investigación permite que se detenga a aquellos ciudadanos aún y cuando no se cuente con una orden extendida por autoridad competente. En el caso de autos, si bien el imputado se presentó voluntariamente junto con su abogado ante los agentes policiales, esto no lo dispensaba de ser aprehendido por las autoridades de investigación, pues recordemos que el hecho por el cual estaba siendo investigado es grave, al tratarse de la vida de un ser humano y aunque los censores argumenten que tales investigaciones no habían iniciado, se presentó en el debate la copia de la denuncia respecto de los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2013 en el bar denominado PittsLagoon, lo que indica que si bien las diligencias investigativas tal vez no habían avanzado, ya se había presentado la denuncia respectiva. Es importante recordar que el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal, concede la potestad a los entes de investigación para aprehender a cualquier ciudadano sin contar con orden judicial, pero deben existir ciertos requisitos, es decir indicios razonables de la comisión de un ilícito y que esa persona haya participado en él. En el caso de autos los agentes policiales contaban con la denuncia y la propia presentación voluntaria del acusado, por tanto contaban con los requisitos necesarios para lograr su captura. El artículo 101 del Código Procesal Penal último párrafo establece: “La infracción a este artículo hará que la detención sea considerada ilegal, solamente para los efectos de la responsabilidad penal”, lo cual significa que, si existiera alguna transgresión a lo regulado en la precitada norma referente a los derechos del imputado o de la persona investigada, se podrá considerar como ilegal la detención, pero no para dejar en libertad al acusado o extinguirle su responsabilidad penal, sino que, para el solo efecto de que las personas que incurrieron en dicha violación se les inicie proceso penal para determinar su responsabilidad o no en los hechos, sin embargo, no es el caso del imputado A. A. C. S. quien fue detenido correctamente por las autoridades policiales conforme lo establece el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal, al existir indicios razonables para establecer su participación en un ilícito penal, lo cual fue confirmado mediante el debate o juicio oral que concluyó con el dictado de una sentencia condenatoria. Por todas las razones antes expuestas, este Sala de lo Penal considera que en el presente caso se respetaron al acusado A. A. C. S., todos los derechos y garantías que la Constitución de la República y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos conceden a aquellas personas sometidas a un proceso penal, por lo que ambos motivos de casación deben ser declarados sin lugar."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el recurso de casación SP 395-2015 por infracción de precepto constitucional,interpuesto contra el fallo de fecha veintidós de mayo del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual condenó al señor A. A. C. S. por el delito de Homicidio Simple ,en perjuicio de D. M. C. N., a la pena de quince años de reclusióncomo pena principal, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Se declaró la responsabilidad civildel condenado. No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. SON PARTES: los abogados H. J. .R y Ó. A. L. en su condición de defensores privados como recurrentes y la abogada Y. M. M. L. en calidad de representante del Ministerio Público como recurrida. II. HECHOS PROBADOS Primero: El trece de Octubre del año dos mil trece en horas de la noche, se celebraba una concurrida fiesta con aproximadamente entre 50 a 70 personas en el Bar denominado “PittsLagoon”, también conocido como “El Muro”, sita en la Aldea Lucy Point, del Municipio de José Santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía, lugar en dónde se encontraba el señor A. A. C. S., quien portando arma de fuego calibre .380 auto (9 mm corto) realizó siete disparos, cuatro dirigidos a unas cabañas aledañas y tres dirigidas al mar, retirándose del lugar conduciendo una lancha. Segundo: Momentos más tardes, regresó el señor A. C. a dicho bar, quien entre las 10:45 y 11:00 de la noche se encontraba sentado de espaldas a la barra del mencionado bar, y con el arma de fuego descrita realiza dos disparos hacia el suelo de dicho bar, en ese preciso momento D.M. C. .N., quien se encontraba de frente al señor A.C., se aparta en dirección al lado izquierdo de éste, acto seguido A. C. cerrajea su arma de fuego, para luego levantar su mano en dirección al lugar donde se encontraba D.M. C. N. y otras personas, disparando en dos ocasiones, impactando uno de los disparos en la humanidad de D.M.C. N., provocándole una herida con orificio de entrada en la región nasal derecha de la cara de 1x1 centímetros, con anillo de contusión de 0.3 centímetros de ancho, excéntrico hacia arriba y a la derecha de 150 centímetros de altura de los talones y a 0.8 centímetros a la derecha de la línea media anterior del cuerpo, con trayecto de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, ocasionándole herida en la piel, laceración del tejido subcutáneo, fractura de hueso de la nariz, de la cara, fractura de la base del cráneo, laceración de venas y arterias izquierdas del cuello, con abundante sangre dentro del tracto respiratorio y tejido pulmonar, que le produjo la muerte esa misma noche. III. RECURSO DE CASACIÓN “Los recurrentes abogados O. A. L. Z. y H. J. R., procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la siguiente manera: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA DEFENSA Y DEBIDO PROCESO. La Infracción denunciada por medio del presente recurso extraordinario se encuentran preceptuadas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en vista que es evidente que al momento de Pronunciar el Fallo condenatorio el Tribunal Sentenciador transgredió las Prerrogativas señaladas, ya que vulneró estos derechos al condenar a mi representado habiendo evidenciado Vicios que transfiguraban inicuo el proceso correlacionado a los artículos 1, 2, 14, 18, 19, 165, 166 # 5 y 7, 168, 169 primer parágrafo del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal “En todos los casos que, con arreglo a este código, pueda interponerse recurso de Casación contra una Resolución Judicial, será suficiente para fundamentarlo, la Infracción de precepto constitucional”. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN El Tribunal de Sentencia Declaró expresamente Probados los hechos siguientes: PRIMERO: El trece de Octubre del año dos mil trece en horas de la noche, se celebraba una concurrida fiesta con aproximadamente 50 a 70 personas en el bar denominado “PittsLagoon”, también conocido como el “Muro”, sita en la aldea de Lucy Point, del Municipio de José Santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía, lugar donde se encontraba el señor A. A. C. S, quien portando un arma de fuego calibre 3.80 auto (9 mm. corto) realizo siete disparos, cuatro dirigidos a unas cabañas y tres dirigidos al mar, retirándose del lugar conduciendo una lancha. SEGUNDO: Momentos más tarde, regreso el señor A. C. a dicho bar, quien entre las 10:45 y 11:00 de la noche se encontraba sentado de espaladas a la barra del mencionado bar, y con el arma de fuego descrita realiza dos disparos hacia el suelo de dicho bar, en ese preciso momento D.M. C. N., quien se encontraba de frente al señor A. C., se aparta en dirección al lado izquierdo de este, acto seguido A. C. cerrojea su arma de fuego, para luego levantar su mano en dirección al lugar donde se encontraba D.M. C. N. y otras personas, disparando en dos ocasiones, impactando uno de los disparos en la humanidad de D.M. C. N., provocándole una herida con orificio de entrada en la región nasal derecha de la cara de 1x1 centímetros, con anillo de contusión de 0.3 centímetros de ancho, excéntrico hacia arriba y a la derecha de 150 centímetros de altura de los talones y a 0.8 centímetros a la derecha de la línea media anterior del cuerpo, con trayecto de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, ocasionándole herida en la piel, laceración del tejido subcutáneo, fractura de hueso de la nariz, de la cara, fractura de la base del cráneo, laceración de venas y arterias del cuello, con abundante sangre dentro del tracto respiratorio y tejido produjo la muerte esa misma noche. PRIMERO: El derecho a la defensa y al debido Proceso son una prerrogativa inalienable, imprescriptible e irrenunciable que poseen los seres Humanos siendo universalmente reconocido por los ordenamiento jurídicos como tratados y convenios suscritos para la protección del citado derecho el cual se encuentra incluido en nuestras Constitución de la República en el artículo 82 “El derecho a la defensa es Inviolable…… y 90 “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las Formalidades, Derechos y Garantías que la ley establece “el primero de ellos no prescriben limitantes para su consecución y el segundo se encuentra Instaurado en las normas procedimentales que reglamenta el proceso, por tanto procuran contener o regular por medio de los Tribunales el derecho punitivo del estado contra las transgresiones de las cuales pueden ser victima los Individuos en sus derechos, materializándose con la protección que las normas jurídicas les garantizan a los ciudadanos por medio de estos principios de defensa y debido proceso como una prerrogativa y garantía constitucional fundamental encaminada a escudar la libertad del individuo ante la posibilidad de que se le instruya un procedimiento criminal o imponga consecuentemente de forma ilegítimamente una pena por lo que estos derechos no puede restringirse de forma alguna, sino más bien deben ser protegidos celosamente por el legislador y los aperadores de Justicia, articulado con plena libertad e igualdad de armas en los actos de prueba, postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad y estado de Inocencia que asiste a todo ciudadano, este derecho lo encontramos regulado no solamente en nuestra derecho positivo interno al igual se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de Diciembre de 1948 en los artículos 9: Nadie podrá ser Arbitrariamente Detenido, preso a desterrado, 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, Artículo 11: 1.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa...” y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos Artículo 9.1: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta, 9.4: Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal, artículo 14 # 1 que lo incluye entre las garantías Judiciales traducido en la Tutela Judicial Efectiva, El reconocimiento constitucional del derecho de defensa como derecho fundamental y por tanto su apropiada tutela mediante el procedimiento en razón de su aplicabilidad, exige que haya de ser respetado y promovido por todos los poderes públicos los precitados instrumentos que amparan al sujeto sometido a proceso penal, encaminado a obtener la adecuada tutela del derecho de defensa que se complementa con un catálogo de derechos instrumentales de rango constitucional, en el caso que nos incumbe el señor A. A. C. S. fue señalado el día de los hechos declarados probados en la sentencia que se recurre como supuesto responsable de la comisión del suceso por el cual fue encontrado culpable, No obstante valorando lo preceptuado en el artículo 276 de la Ley Penal Adjetiva al tener noticias de la Imputación que le estaba formulando por la muerte de la joven D.M. C. N. consiguientemente decide presentarse de forma Voluntaria (Folios 56 y 59) como determina el precitado articulo para efectos de la Investigación Pertinente y con ello iniciar su aporte con prueba de Descargo que desvirtuara o atenuara el delito imputado ya que como Derecho Fundamental la Defensa asiste al imputado y a su defensor para comparecer de forma inmediata en la Instrucción así como en todo el proceso a fin de contestar con eficacia la Acusación contra el justiciable, valorando que este derecho no es un conjunto de principios Axiomáticos ya que son circunstancias concretas que deben observarse siempre con especial interés cuando el sujeto es sometido a proceso criminal que pretenda la búsqueda de deducción de responsabilidad penal por un acto constitutivo de delito en consecuencia encaminando a sostener un equilibrio de fuerzas entre el Estado y el individuo por medio de los mecanismos que Franquean la Ley con la finalidad del buen proceder de los Operadores de justicia en especial de los Tribunales siendo este ultimo el más cauteloso correlativo a su protección producto de los sistemas democráticos que se complementa con el “Principio de Igualdad ante la Ley” estimando que los órganos del Estado bajo los cuales está la responsabilidad de la Investigación Criminal (Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación Criminal (D. N. 1. C.), Dirección de Medicina Forense, etc.) Poseen presunción de Veracidad de los actos que ejecuten acorde a sus funciones las cuales al ser contrapuestos a la ley general vicios que se traducen en Nulidades de las acciones que efectúen las cuales al ejecutarse en contraposición a la ley infringen los derechos citados como vulnerados en el presente motivo en virtud que la Defensa tiene íntima conexión con el debido proceso que se concreta en una serie de derechos que le corresponden a las partes procesales entre estos “El derecho de Impugnar las resoluciones judiciales” circunstancia que aconteció durante la evacuación del juicio Oral y Público que culminó en la Sentencia Declarativa de Culpabilidad cuando al tenor del artículo 320 se interpone en Juicio por el suscrito impetrante Incidente de nulidad de actuaciones en concordancia a los artículos 165, 166 # 5 y 7 de la Ley penal adjetiva los cuales se contraen a las causas que producen la nulidad en los procesos consecuentemente su alcance por la Inobservancia de las normas esenciales del procedimiento... y Violación de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución de la República, tratados y convenios...”, como oportunamente denunciamos por la vía predicha en distintos momentos procesales fue interpuesto el incidente predicho en los que el pronunciamiento del Tribunal Sentenciador se contrario ya que en la audiencia de Saneamiento Procesal se formulo Incidente de Nulidad por los hechos que denunciamos por esta vía los que dan inicio justamente cuando A. C. S. comparece Voluntariamente a la Policía donde marca el comienzo de la Trasgresión a sus derechos fundamentales ceñidos concretamente a la Defensa y el Debido Proceso por los elementos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (D. N. I. C.) quienes inmediatamente proceden a detenerlo sin orden de autoridad competente para trasladarlo ulteriormente al Ministerio Público, siendo posteriormente presentado a los Tribunales que contrario sensu a su labor de la Tutela Judicial Efectiva ponderando las circunstancias bajo las cuales fue detenido el señor A. C. S. guarda Silencio contraviniendo su Obligación de resguardo de los derechos y garantías judiciales, quien al momento de presentarse Voluntariamente ante la Autoridad Dirección Nacional de Investigación Criminal (D. N. I. C.) Institución que No contaba con investigación alguna proceden a fabricar un expediente Investigativo proviniendo con ello a detener al señor A. C. S. Sin orden de Autoridad Competente quien desde el momento que se sitúa en la oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de forma Voluntaria desaparece cualquier presupuesto que represente evasión u obstrucción en las Investigaciones que subrayamos no existían hasta ese entonces, siendo lo único tangible el acta de levantamiento de cadáver realizado seis (6) días antes a la Ofendida al momento de su fallecimiento (13/10/2013) siendo evidente al observar las actas las cuales corren agregadas a los folios 4, 5, 6 “donde se aprecia los motivos de su comparecencia, No obstante en el folio 7 obra una Acta de Diligencia Policial donde se establece que “El señor A. C. se presenta admitiendo ser el responsable de la muerte de D.M. C.” manifestación que estimamos imprudente, temeraria y contrapuesta al escrito que obra en el folio 6, 14 y 15 del expediente judicial acreditándose que justamente el día 19 de Octubre del 2013 que Comparece Voluntariamente el señor A. C. S. la D. N. 1. C. inician una serie de actos tendientes obviamente a lesionar el derecho a la Defensa y Debido Proceso que no solamente se circunscribe al proceso judicial propiamente sino que desde la etapa previa (Investigación)Desnaturalizando el Procedimiento en inicuo donde se le limito el derecho a defensa y debido proceso constituyendo un “Error in Judicando” perpetrado por el A-quo al inobservar estos señalamientos los cuales formulamos oportunamente por medio de la Impugnación que consta en el Acta de Debate a folio 216, reglón 31 de arriba hacia abajo por lo que la sentencia que hoy se recurre ha sido dictada Trasgrediendo su obligación de observancia o vela de protección de los derechos y garantías judiciales al Desechar lo expuestos por el Incidentista en ese momento procesal bajo un argumento Inadmisible cuya génesis es un proceso acéfalo de las Formalidades Procedimentales por parte del Tribunal sentenciador quien acepta que efectivamente “No había Orden para detener al señor A. C. aunado que no existía Flagrancia, (folio 217, Renglón 12, Acta de Debate)” NO obstante desestima el Incidente Interpuesto traduciendo en una Resolución perniciosa y total infracción a la Constitución, siendo ineludible Obligación del Tribunal Sentenciador proteger al sujeto Activo sometido a proceso garantizando sus derechos y Garantías. SEGUNDO: Considerando que desde un inicio el Ministerio Público propicia la vulneración de derechos fundamentales los cuales han sido Avalados por los Tribunales durante la prosecución de la causa hasta dictarse sentencia Condenatoria al señor A. C. S. quien en un tortuoso camino procesal fue objeto de violación de los elementos que estructuran al Debido Proceso como un tejido de garantías de las cuales dispone el justiciable cuando actúa como parte en un proceso, que le permiten la restitución de la situación infringida en su esfera de derechos. Por tanto a partir de lo anterior se asume aquí al proceso penal positivo acusatorio y garantista, siendo desde esa óptica que se admite la importancia cardinal del Derecho a la Defensa como máxima expresión del Debido Proceso y transversal a todas las actuaciones procesales de los diferentes sujetos (imputado) consecuentemente su importancia va más allá de la oportunidad recursiva y se asocia a un modelo garantista del proceso y al Estado democrático donde las partes pueden restablecer, a través de los medios determinados por la Ley penal adjetiva el orden transgredido, la defensa es un derecho inviolable en cualquier estado, grado de la investigación y del proceso ya que las personas tienen el derecho de procurarse los medios adecuados para ejercerla pero en el caso que nos Incumbe ese derecho se observo coartado ya que como indicábamos en el primer acápite las autoridades anulan ese derecho procediendo a una detención Arbitrada aun y cuando al presentarse mi representado ante las autoridades quienes hasta ese entonces solo poseían una denuncia que irrisoriamente según folio 9 del expediente Judicial se observa los siguiente: “el día 14 de Octubre del 2013 siendo las 7:20 am Comparece el señor (a) D. M. C. quien presenta formal denuncia……” no obstante la supuesta compareciente va había Fallecido siendo prueba de la manipulación que efectuaron las autoridades (Ministerio Público y Policía de Investigación) para buscar el mecanismo de Detener al señor A C S. en contraposición a lo reglado en la constitución y la ley penal adjetiva precisamente en los artículos 173 párrafo ultimo, 175 y 176 quienes procedieron arbitrariamente a detenerlo cuando este comparece sin coacción o por la ejecución de orden legitime de una Autoridad competente en concordancia como exteriorizamos anteriormente con el ordenamiento jurídico que se ha invocado (artículo 276 del Código Procesal Penal) A. C. S. quien efectúa tal acto con el propósito de someterse a una Investigación y no enfrentar un proceso criminal para el cual obviamente no se encontraba preparado ya que la finalidad era coadyuvar en el proceso investigativo conociendo los hechos por los cuales se le estaba señalando como posible Autor de la Comisión de un delito e iniciar a estructurar su defensa en el entendido que lograse aportar los elementos de Descargo necesarios para su Defensa para que a lo largo del proceso pueda lograr asegurar la Posibilidad que sus alegaciones sean Valoradas en la Sentencia traducido en un principio de Igualdad por consiguiente se debe considerar que toda actuación es nula en caso de existir desigualdad en el trato lo que ha sido Evidenciado en el presente proceso ya que como se observara oportunamente en el acta del Juicio Oral y Público se propuso prueba para los efectos del Incidente propuesto en aras de comprobar de forma que no diera lugar a dudas como se había transgredido los derechos Invocados transfigurando el Proceso en Nulo, dicha Circunstancia es admitida por el A-quo sin embargó se pronuncian desfavorablemente arguyendo un fundamento (Art. - 175 #4) que juicio del suscrito Recurrente es Invalido e improcedente por tanto idénticas condiciones su pronunciamiento que Condujo a una Sentencia Condenatoria en violación a los preceptos constitucionales citados como fundamento para el presente motivo que es impugnado por esta vía. APLICACIÓN PRETENDIDA: Del análisis de los hechos probados se deduce aunado los argumentos debatidos en el Juicio Oral y Público que se ha Incurrido en Violación del Derecho a la Defensa y Debido Proceso como actividad propia de la Tutela Judicial Efectiva que debía procurar el A-quo en su Sentencia en la cual los Vicios suscitados en el proceso por la inobservancia de los Fundamentos invocados en este primer Motivo de casación se constriñen a dictar Resolución donde se proceda Anular la Sentencia Recurrida ordenando consecuentemente que se Absuelva al señor A. C. S. en vista que desde el momento de su detención se vulneraron los predichos derechos de defensa y debido proceso bajo el contexto de una Sentencia Condenatoria que contraviene las disposiciones invocadas en este primer motivos. Los recurrentes abogados O A. L. Z. y H. J. R., siguen manifestando en su recurso de casación por infracción de precepto constitucional: SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ESTATUIDO EN EL ARTICULO 84 INTIMADO AL ARTICULO 69 QUE CONTIENE EL DERECHO A LA LIBERTAD. Las Infracciones denunciadas por medio del presente recurso extraordinario se encuentran preceptuadas en los Artículos 69 y 84 de la Constitución de la República en vista que es evidente que al momento de Pronunciar el Fallo condenatorio el Tribunal Sentenciador transgredió las Prerrogativas señaladas que conllevo a la violación de normas de carácter penal adjetivo en los Artículos 165, 166 # 5 y 7, 168, 169, 173 párrafo ultimo, 175, 176 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: EL PRESENTE MOTIVO DE CASACIÓN SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO UNICO: El precepto constitucional que se invoca como infringido se encuentra contenido en el articulo 84 el cual literalmente ordena que “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley” correlacionado al artículo 69 que expresa “La Libertad Personal es Inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”, las citadas disposiciones son un mandato expreso de respeto a los predichos derechos sobre todo a los Operadores de Justicia en razón que todas las actividades que efectúen sean con irrestricto sometimiento a la ley por consiguiente al principio de Legalidad para los efectos de validez o legitimidad de sus Decisiones, entiéndase que el artículo 321 de la Constitución ordena que todos los actos fuera del contexto jurídico serán Nulos, la presente causa tiene justamente como origen la Vulneración al derecho a la Libertad en vista que el señor A.C. S. fue detenido Arbitrariamente por elementos de la Policía de Investigación (O. N. 1. C.) justamente el día 19 de Octubre del 2013 habiendo Transcurridos seis (6) días de acontecida la muerte de la joven D.M. C. N., en el entendido que el delito no era a esa altura flagrante comprendiendo por este Término según Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental, Decimo Novena Edición, año 2008 como : “Hecho delictivo que se descubre en el momento mismo de su realización; Y cuya comisión en público, ante diversos testigo, facilita la prueba y permite abreviar el procedimiento” aunado no había avances en el proceso de Investigación como arguyo el A-quo en su perniciosa resolución (folio 217 del acta de debate) que pronuncia declarar sin Lugar el Remedio Procesal Interpuesto con fundamento en los artículos 165, 166 # 5 y 7 del Código Procesal Penal expresando que acorde al Articulo 175 # 4 del mismo cuerpo legal si estaba facultada los agentes de la policía para detener al señor A. C. S. según lo que prevé dicho numeral Cuarto que literalmente establece: “La Policía Nacional podrá Aprehender provisionalmente a cualquier persona sin orden judicial en los siguientes casos………… 4: Cuando Existan Indicios Muy Fundados de Haberse cometido un delito, de haber participado en el la persona aprehendida y que esta pueda tratar de ocultarse. fugarse o ausentarse del lugar” Desvalorando los argumentos del suscrito recurrente al estimar que “El señor A. C. no es Aprehendido, sino que este comparece Voluntariamente a la Policía, No habían Indicios que proyectara al imputado como Responsable, Mucho menos los presupuestos de fuga, ocultamiento o ausencia los cuales fueron desvanecidos a su presentación Voluntaria para conocer los hechos por los cuales se le había Interpuesto Denuncia, el A-quo temerariamente manifiesta lo contrario, Sin embargo al estudiar el expediente se observa que al comunicarle al señor A. C. que sería detenido inicia la Vulneración de su derecho a la Libertad la cual solo podía ser restringida por orden de Autoridad competente con las formalidades previamente consignadas en la Ley, se observa como así adicionan documentos a la supuesta Investigación Criminal donde por ejemplo no se consigna la Fecha en un Testimonio en una hoja pero en la siguiente silo hacen que corre a folios 10 y 11, posteriormente se agrega a folios 14 y 15 declaración Testifical de un familiar de la Víctima (Interesado Particular) la cual fue rendida justamente el día que comparece Voluntariamente el señor A. C. S. Apreciando con lo predicho la Manipulación del expediente desde un Inicio y que condujo a la sentencia condenatoria que se Impugna, el suscrito vislumbra el desacierto del A-quo (Tribunal Sentenciador) al fundamentarse en el articulo 175 # 4” por tanto no procedía invocar este presupuesto para tratar de Validar un acto nulo de pleno derecho y que era evidente que no se trataba de un delito en flagrancia como Pronuncio el A-quo ya que no fue objeto de discusión tal circunstancia, por tanto mi representado estaba amparado acorde al artículo 101 penúltimo párrafo y 276 del Código Procesal Penal como anteriormente expresamos con el propósito de someterse a la Investigación por consiguiente preparar su Defensa, que si bien es cierto la Ley prevé estos presupuestos los cuales serán Legítimos siempre que se ajusten al ordenamiento jurídico para considerar que no hay infracción a normas de rango constitucional como la impetrada ya que no solo el artículo 175 preceptúa estos escenarios que pueden presentarse, el artículo 176 del mismo cuerpo de leyes faculta al Ministerio Publico para ordenar la detención preventiva “Detención Preventiva: El Ministerio Publico podrá ordenar la detención preventiva de una persona cuándo: 1) Existan razones para creer que participo en la comisión de un delito y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse…… Toda detención será puesta sin tardanza en conocimiento del juez competente y en ningún caso podrá excederse de 24 horas” intimado al artículo 173 en su párrafo ultimo “Para los mismos fines previstos en este artículo, y para los efectos de la Investigación el ministerio Publico en caso de Urgente necesidad que impida recabar la autorización judicial, podrá adoptar una o más de las medidas cautelares previstas en los numerales 1, 2…… Inmediatamente lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional exponiendo las razones que impidieron obtener la autorización, El órgano Jurisdiccional, Oída la persona Imputada y su defensor, convalidara o dejara sin efecto lo dispuesto por el Ministerio Público”, por consiguiente las alternativas de ambas disposiciones jurídicas distintas a la Orden de un Tribunal dan Lugar a que un sujeto sea aprehendido por la Policía Nacional (El señor A. C. no fue aprehendido) u orden del Ministerio Público bajo las Hipótesis que contienen las citadas normas penales adjetivas, No obstante “Deben ser Convalidadas por los posean Validez, Circunstancia que nunca aconteció traduciéndose en un acto nulo” transformando la detención-en ilegitima ya que No constituyo una Orden procedida de Autoridad competente ni con las formalidades previstas en la ley implicando la transgresión de lo regulado en el artículo 84 constitucional para que surtiera el efecto jurídico relativo al caso concreto; Valorando estas circunstancias sé interpuso tanto en la audiencia de Saneamiento Procesal como en la Apertura del Juicio Oral y Público Incidente de Nulidad fundamentándonos en los artículos 165, 166 # 5 y 7, 320 del Código Procesal Penal, Artículos 7 y 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Artículos 1, 2, 3, 7, 9 “Nadie podrá ser Arbitrariamente Detenido”, 10, 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos intimados al artículo 15 Constitucional, Preceptos Jurídicos que de igual forman resguardan ese supremo derecho evitando en la medida posible que los seres humanos sean objeto de vulneración de los más fundamentales derechos en vista que las normas reguladoras de la conducta humana no se encuentran aisladas o en desorden, sino que se encuentran instauradas como conjuntos sistematizados de preceptos vinculados entre sí denominados Ordenamiento jurídico concordante con las normas de orden internacional que provienen de Tratados o convenios los cuales Interpretan los Derechos Fundamentales en dos grandes principios hermenéutico tales como Pro Homine y Pro Libertatis que procuran interpretar las normas jurídicas en el sentido más amplio cuando se trata de derechos que favorecen y restrictivo cuando desfavorezcan con ello regular las actuaciones Arbitrarias que puedan ejecutar los funcionarios como en el caso que nos incumbe la Policía o el Ministerio Público evitando con ello que los individuos se vean en una posición de desventaja ante el derecho punitivo del Estado. APLICACIÓN PRETENDIDA: Del análisis de los hechos probados se deduce aunado los argumentos debatidos en el Juicio Oral y Público que se ha Incurrido en Violación de Preceptos Constitucionales que debía resguardar el A-quo en su Sentencia en la cual los Vicios suscitados en el proceso por la inobservancia de los Fundamentos invocados en este Segundo Motivo de casación se constriñen a dictar Resolución donde se proceda Anular la Sentencia Recurrida ordenando consecuentemente que se Absuelva al señor A. C. S. en vista que desde el momento de su detención está viciado el proceso por las Infracciones Constitucionales denunciadas en consecuencia todo el curso del juicio ya que no se puede conceptuar la existencia de un fallo bajo el contexto de las circunstancias supra indicadas.” I. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del análisis del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, observa esta Sala de lo Penal, que ambos motivos de casación están íntimamente relacionados, pues el punto central de la impugnación redunda en el mismo hecho, por tanto, para mantener la unidad y logicidad de la sentencia se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. 1) Denunciaron los recurrentes la violación a los artículos 69, 82, 84 y 90 de la Constitución de la República, consignado como norma que le autoriza la interposición del recurso en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicaron que se han infringido derechos constitucionales del imputado como el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho a la libertad personal y el derecho a ser detenido por mandato de autoridad competente, mismos que también se encuentran regulados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Expresaron los impetrantes que el imputado A. A. C. S. al tener noticias que estaba siendo investigado por la muerte de la ofendida, se presentó voluntariamente con su abogado en las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, pero dichos agentes trasgreden sus derechos y sin tener orden de captura ni investigaciones iniciadas detienen al encartado, a pesar que desde el momento en que se presenta voluntariamente desaparece todo indicio de evasión u obstrucción de las investigaciones, pues al haber transcurrido seis días de ocurrido el hecho, tampoco se encontraba en flagrancia como para detenerlo. Continuaron los censores estableciendo que dicha transgresión fue interpuesta mediante incidente en la etapa de saneamiento del debate o juicio oral, pero el tribunal sentenciador resolvió que las autoridades policiales si estaban facultados a detener al imputado conforme lo establece el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal, lo cual es incorrecto pues el juzgador validó una detención que no se encontraba en flagrancia el imputado; violentado de esa forma el debido proceso pues no se cumplió con el procedimiento establecido en la ley, su derecho a la libertadpersonal pues fue capturado sin contar con orden judicial y su derecho de defensa. 2) Esta sala ha reiterado en varios fallos, que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías,principios constitucionales en el juicio penal, sabedores que por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al iuspuniendi. El Código Procesal Penal de Honduras señala en el artículo 361, que para interponer el recurso por infracción de precepto constitucional bastará para fundamentarlo la señalización de la infracción. Lo anterior no debe significar que será suficiente únicamente la cita de la norma constitucional vulnerada, sino que el recurrente deberá sujetarse a las reglas básicas de preparación del recurso, citadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal hondureño, es decir señalar de forma concreta la norma constitucional violentada, la manera en que dicha infracción ocurrió, indicando como el vicio ha repercutido en su perjuicio. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que, si bien la normativa procesal penal establece la infracción de precepto constitucional como motivo de casación, las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectadas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta vía recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso por infracción de precepto constitucional, es velar por el cumplimiento del principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. 3) Ante los argumentos expresados, este Tribunal de Casación tiene a bien recordar lo que esta sala ha establecido en otros fallos respecto a los derechos constitucionales cuestionados por los recurrentes: a) El derecho al debido proceso supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales para el Estado mismo, con la finalidad de racionalizar el ejercicio punitivo dentro de un marco de respeto a la dignidad humana de quienes son enjuiciados. Así tenemos que la Constitución de la República, precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable; en ese sentido el Estado para quebrantar el estado de inocencia de un ciudadano llevado a juicio, deviene obligado a observar las formas de juzgamiento que él mismo se ha impuesto a efectos de salvaguardar dentro del proceso los derechos del enjuiciado.En ese orden de ideas y para efectos de valoración de la prueba se impone que estas han de valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y que las sentencias han de ser debidamente motivadas fáctica y jurídicamente, no contradictorias y al no observar estos requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, importaría una violación a las formalidades integrantes del proceso y consecuentemente al debido proceso como derecho del justiciable[1]. b) El derecho de defensa está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses. El derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el principio de igualdad.[2] c) La libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República (artículos 69, 70 , 81 y 84), para la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.1), que en resumen reconocen la libertad como un derecho inherente de la persona humana, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas”; la libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, expresión, reunión, asociación, religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social. Particularmente la libertad ambulatoria implica la potestad de poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, no implique la trasgresión del derecho de otros[3]. 4) Este Tribunal de Casación considera que no existe trasgresión a ningún derecho o garantía constitucional de los denunciados por los recurrentes, pues tal como lo afirmó el Tribunal de Sentencia al momento de responder el incidente de nulidad planteado por la defensa en el debate, que el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal faculta a la policía para detener a cualquier persona aún sin orden judicial, en aquellos casos en que existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado enél la persona detenida y que ésta pueda ocultarse o darse a la fuga; esta prerrogativa de los entes de investigación permite que se detenga a aquellos ciudadanos aún y cuando no se cuente con una orden extendida por autoridad competente. En el caso de autos, si bien el imputado se presentó voluntariamente junto con su abogado ante los agentes policiales, esto no lo dispensaba de ser aprehendido por las autoridades de investigación, pues recordemos que el hecho por el cual estaba siendo investigado es grave, al tratarse de la vida de un ser humano y aunque los censores argumenten que tales investigaciones no habían iniciado, se presentó en el debate la copia de la denuncia respecto de los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2013 en el bar denominado PittsLagoon, lo que indica que si bien las diligencias investigativas tal vez no habían avanzado, ya se había presentado la denuncia respectiva. Es importante recordar que el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal, concede la potestad a los entes de investigación para aprehender a cualquier ciudadano sin contar con orden judicial, pero deben existir ciertos requisitos, es decir indicios razonables de la comisión de un ilícito y que esa persona haya participado en él. En el caso de autos los agentes policiales contaban con la denuncia y la propia presentación voluntaria del acusado, por tanto contaban con los requisitos necesarios para lograr su captura. El artículo 101 del Código Procesal Penal último párrafo establece: “La infracción a este artículo hará que la detención sea considerada ilegal, solamente para los efectos de la responsabilidad penal”, lo cual significa que, si existiera alguna transgresión a lo regulado en la precitada norma referente a los derechos del imputado o de la persona investigada, se podrá considerar como ilegal la detención, pero no para dejar en libertad al acusado o extinguirle su responsabilidad penal, sino que, para el solo efecto de que las personas que incurrieron en dicha violación se les inicie proceso penal para determinar su responsabilidad o no en los hechos, sin embargo, no es el caso del imputado A. A. C. S. quien fue detenido correctamente por las autoridades policiales conforme lo establece el artículo 175 numeral 4 del Código Procesal Penal, al existir indicios razonables para establecer su participación en un ilícito penal, lo cual fue confirmado mediante el debate o juicio oral que concluyó con el dictado de una sentencia condenatoria. Por todas las razones antes expuestas, este Sala de lo Penal considera que en el presente caso se respetaron al acusado A. A. C. S., todos los derechos y garantías que la Constitución de la República y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos conceden a aquellas personas sometidas a un proceso penal, por lo que ambos motivos de casación deben ser declarados sin lugar. II. DECISIÓN Declarar sin lugar ambos motivos de casación por infracción de precepto constitucional por los argumentos ampliamente vertidos. III. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación a los artículos 69, 82, 84, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316párrafo primero reformado de laConstitución de la República; 1 y 80 número 1)de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369del Código Procesal Penal.FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en susdos motivos interpuestos por los abogados Ó. A. L. Z. y H. J. R. en su condición de defensores privados del acusado A. A. C. S. a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de D. M. C. N..Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-395-2015.
LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1]Vid Sentencia de Casación Penal SP 20-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo de 2012.
[2]Vid Sentencia de Casación Penal SP 47-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio de 2013.
[3]Vid Sentencia de Casación Penal SP 455-2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 04 de marzo del 2013.