Sentencia CP-371-11 — Registro 5777
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia al delito de asesinato en su grado de complicidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.." DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. C. I. O. EN SU CONDICION DE APODERADO DEFENSOR DEL SEÑOR J. S. F. A. M.. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. NORMAS INFRINGIDAS: ARTÍCULOS 82, 88, 89 y 94 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. I.- Establece el artículo 361 de Código Procesal Penal que en todos los casos en que, con arreglo a dicho Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. La interposición del recurso de casación por infracción de precepto constitucional procede, al tenor de lo que disponen los artículos 359 y 361 del Código Procesal Penal, cuando quien recurre observe en la resolución definitiva pronunciada por el Tribunal de Sentencia, alguna infracción de precepto constitucional y se funde en ella. Lo anterior implica que, el análisis que ha de realizar la Sala de lo Penal, ante el conocimiento del recurso de casación que invoque esta causal, ha de ejercer un control de constitucionalidad complementado con un control de convencionalidad, sobre los actos realizados por el tribunal sentenciador, configurándose así, el recurso de casación, como un medio idóneo para obtener una protección a transgresiones constitucionales. II.- En el caso examiné, las normas constitucionales que el censor considera infringidas, atienden al derecho de defensa, al derecho a no ser coaccionado a declarar en su contra, al estado de inocencia y al derecho a no ser impuesto de ninguna pena sin haber sido oído y vencido en juicio. Aduce el recurrente que a su representado se le aplicó una estricta conformidad, como medida alterna de solución al conflicto, a la cual accedió ante la sola pregunta de aceptación sin que se le tomara declaración, ni se celebrara el juicio, y tampoco se le explicara que era una sentencia condenatoria la que iba a sufrir, ya que, ni su apoderado defensor le explicó los alcances y contenidos de dicha medida, ni el tribunal fue específico con él. Estricta Conformidad que fue protestada mediante una manifestación que, el mismo Señor J. S. F. A. M., hiciere llegar al Tribunal, cuando fue enterado por sus propios compañeros de celda. III.- El Proceso Penal vigente establece a la estricta conformidad, como medida alterna de solución al conflicto, en la última fase del proceso. Se trata de un acto dispositivo que supone una declaración de voluntad de la parte pasiva, es decir, tanto del acusado como de su defensor técnico, por medio de la cual se produce una aceptación por el imputado de los hechos, de la calificación jurídica y en general de la responsabilidad penal exigida por la parte acusadora, con el objetivo primordial de poner fin al proceso penal, procediéndose a dictar sentencia inmediatamente, al hacerse innecesaria la vista, por razones de economía procesal[1]. IV.- La estricta conformidad constituye una forma de flexibilización del principio de legalidad, que impondría la celebración de la totalidad del debate o juicio oral y público, como previo para dictar una sentencia definitiva. Ante ello, la estricta conformidad se impone como una figura jurídica diseñada a través de una doble garantía expresa y voluntaria, al requerir que tanto el acusador y la defensa - profesionales del derecho en ejercicio de la acción penal y defensa técnica respectivamente- estén de acuerdo en el camino por esta vía alterna, y consecuentemente con el escrito de acusación inicial o con la modificación que se proponga, antes de la práctica de la prueba en el debate, así como con la pena a imponer; pero no bastando con su acuerdo, cuenten también con la aquiescencia del acusado, por ser la persona sobre quien recaerá la sentencia condenatoria que se dicte. V.- Dicho lo anterior, y al tenor de lo que dispone el artículo 322 del Código Procesal Penal, el Órgano Jurisdiccional se vincula al acuerdo y tendrá como papel fundamental el de garante de los derechos de las partes y del proceso; de tal forma, que ha de asegurarse (1) que efectivamente ese acuerdo entre el ente acusador y la defensa ha llegado de forma expresa y voluntaria; (2) que el acuerdo cuenta además con la aquiescencia de la persona imputada, proporcionándole la información necesaria para la formación de su voluntad; (3) que la pena no sea inferior al mínimo que señala el Código Penal para el delito o concurso de delitos de que se trate y la persona imputada conozca en qué consisten tanto la pena principal como las accesorias; y (4) que no entrañe fraude de ley sustantiva o procesal. VI.- En el caso examiné, del acta del juicio oral y público (f(43-44)) se desprenden dos circunstancias esenciales para la determinación de la procedencia del presente Recurso de Casación: (1) que el Tribunal de Sentencias obtuvo conocimiento sobre la aquiescencia del imputado, por lo manifestado por la defensa (técnica); y, (2) que fueron el Ministerio Público y la Acusación quienes explicaron al señor J. S. F. A. M., en qué consiste la estricta conformidad. Con ello, queda en evidencia, que el Tribunal de Sentencia faltó a su deber de garante, al no informar personalmente al imputado, sobre la significación y alcance de acogerse a una medida alterna de solución al conflicto, como la estricta conformidad, que lleva implícita la aceptación de responsabilidad penal, en virtud del hecho imputado; y, con ella, la obligatoriedad de cumplimiento de la pena restrictiva de su derecho a la libertad, así como las penas que le sean accesorias y la posibilidad de la deducción de responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. Omisión del Órgano Jurisdiccional, que además no permitió la formación de la voluntad del imputado de manera idónea y exacta, vulnerando con ello lo preceptuado en los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República, en relación con la garantía judicial mínima establecida en el artículo 8.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto, en virtud de que si bien, la estricta conformidad no requiere de la sustanciación del debate relativa a la evacuación de prueba, para que la resolución en la que se imponga una pena, en pos de dicha medida alterna de solución al conflicto, sea considerada, como una resolución ejecutoria, que legítimamente venza el estado de inocencia que constitucionalmente tiene garantizada toda persona sujeta a un proceso, a la misma ha de haberse llegado bajo el seguimiento irrestricto del procedimiento que procesalmente se ha diseñado, sin concesiones de ninguna naturaleza; por lo que, al haber olvidado el Tribunal de Sentencia, su importante papel de garante, comunicando previa y detalladamente al inculpado de la acusación formulada, por la que iba a ser condenado sin la evacuación de prueba y con su aceptación, procede decretar con lugar el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional invocado.
Habiendo prosperado en su totalidad, el Recurso que por Infracción de Precepto Constitucional interpusiera la Defensa del imputado J. S. F. A. M., y derivado de ello la nulidad de la sentencia y del debate en que se pronunció, esta Sala considera innecesario pronunciarse sobre los demás motivos que por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma ha planteado el recurrente.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 359 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el doce de enero del año dos mil dieciséis, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley o Doctrina Legal, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de diciembre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual CONDENÓ al señor J. S. F. A. M., a la pena de TRECE (13) AÑOS CON OCHO(8) MESES DE RECLUSIÓN, como autor del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE COMPLICIDAD en perjuicio del señor P. A. V. G., más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- Interpuso los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley o Doctrina Legal, el Abogado J. C. I. O., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor J. S. F. A. M..- SON PARTES: El Abogado J. C. I. O., en su condición de Apoderado Defensor del señor J. S. F. A. M., como parte recurrente y las Abogadas M. E. G. y L. Y. C. S., en su condición de Fiscales del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHO PROBADO PRIMERO: Que el día treinta de octubre del año dos mil ocho, siendo aproximadamente las ocho de la noche, llegan al Hotel Melissa ubicado en el barrio Buenos Aires de la Esperanza, Intibucá, en un vehículo tipo pick up cabina y media, conducido por el señor J. S. F. A. M., quien se parquea frente a dicho inmueble y en donde se baja otra persona que inmediatamente sube a la segunda planta del Hotel, quién al preguntarle al joven P. A. V. G. que atendía en ese instante, por una joven de nombre y., y quien se negó a darle información le infiere disparos que le causan su muerte, saliendo dicha persona que andaba con muletas hacia el vehículo antes descrito y en donde junto a su conductor huyen de la escena. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley o Doctrina Legal, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Recurrente, Abogado J. C. I. O., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley o Doctrina Legal, de la siguiente manera: “MOTIVO ÚNICO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: y que el mismo se encuentra ordenado como precepto autorizante en el artículo 361, del Código Procesal Penal, y que el precepto constitucional que fue infringido son los artículos 82, 88, párrafo primero 89, 94, 321, de la Constitución de la República y que señalo concretamente en que consiste la infracción de precepto constitucional violentada; en lo referente al artículo 82 constitucional a que literalmente dice así: el derecho de defensa es inviolable los habitantes de la República tiene libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes es decir que este precepto constitucional ha sido infringido por el tribunal sentenciador en virtud que mi defendido J. S. F. A. M., presentó ante el tribunal de sentencias una manifestación donde señala que su defensa no le explicó con exactitud el contenido de una Estricta Conformidad que se iba efectuar ante el tribunal de sentencias de la ciudad de Siguatepeque Departamento de Comayagua, en su falta de cultura y educación de él, pensó que lo estaban absolviendo, pero nunca pensó que era una condena y fue que hasta que al momento que llega el presidio que sus compañeros de celda le aclararon que se trataba de una condena, y que con el hecho de habérsele dictado una sentencia condenatoria mediante el proceso de una estricta conformidad sin haber comprendido el imputado sus alcances se ha violentado el artículo 82 constitucional en virtud que el código procesal penal señala lo que es y los requisitos que debe de contener la conformidad del imputada con la acusación como lo señala el artículo 322, del código procesal penal, tomando en consideración que el artículo 31, y 33 del Código Penal vigente señala los autores y cómplices y el artículo 33 del mismo ordenamiento jurídico señala la figura del cómplice son las personas que cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos, mi defendido no tuvo conocimientos sobre la persona que iba a quitarle la vida al señor P. A. V. G., en consecuencia lo que señala el artículo 33 párrafo 2° del Código Penal en cuanto a las circunstancias articuladas del proceso resultare que el acusado en complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, entonces la pena será aplicable a cómplice, solamente en razón del acto que pretendió ejecutar y los hechos que se dan en el juicio mi defendido no tuvo ni intención de cooperar a que se cometiera ningún hecho, en consecuencia considero que el tribunal sentenciador violentó este precepto constitucional en lo referente a lo que señala el artículo 88 párrafo primero de la Constitución de la República que señala que nadie puede ser coaccionado de ninguna clase para que esta persona declare en el presente juicio mi defendido no declaró y solo se le preguntó si aceptaba una estrictita conformidad, peor su defensa no le explicó los alcances y contenidos por tal razón también se violentó este precepto constitucional, el artículo 94 constitucional párrafo 1° que reza así, a nadie pondrán pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente en el presente juicio mi defendido no ha sido vencido en juicio porque consta que no se celebró un juicio oral y público violentando así este precepto constitucional y el artículo 321 constitucional que señala que los servidores del estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo y implica responsabilidad y en el presente caso fue infringido este precepto constitucional en virtud que mi defendido de manera violatoria se le sentenció bajo la figura de estricta conformidad sin habérsele explicado en cuanto a que era una sentencia condenatoria que el iba a sufrir o que iba apagar en un presidio del país, en consecuencia los juicios que deben celebrar un tribunal de sentencias de manera constitucionales oral y pública y excepcionalmente pueden aceptar un juicio de estricta conformidad de la pena pero cuando esta de manera especificado y clarificado la figura penal y que no quede duda alguna, siendo que el delito de complicidad es complejo y la pena aplicable es conforme al grado de participación del imputado y para saberlo tiene que serlo mediante un juicio oral y público y en el presente caso no tiene la prueba suficiente el tribunal sentenciador el grado de participación del imputado y los defensores a ellos solos les interesa salir del juicio sin tomar las consecuencias de que mi defendido ahora quedará condenado, y por eso ese acto conforme a los artículos constitucionales en mención debe de ser declarado nulo, y que los servidores públicos o del estado ya tienen señalado específicamente sus facultades y en este caso han violentado lo que es el artículo 33 párrafo 20 del Código Penal con relación al 321 constitucional tomando en consideración entonces que mi defendido explicó el tribunal sentenciador mediante una manifestación que no había entendido el contenido que es una estricta conformidad y que sus defensores no le explicaron ni el tribunal fue específico con el. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LOS ARTÍCULO 31, 32, 33 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE, PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, que lo explicó a continuación de la manera siguiente: resulta que el título V, del Código Penal referente al concurso de delincuentes y delitos capitulo I participación en el delito artículo 31, que son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices en el presente caso debemos entender entonces y conocer los elementos del delito y también de la pena, y en cuanto a la persona que debe de ser calificado como autor y como cómplice. Este artículo 31 del Código Penal que señala las personas que cometen un delito sean condenados como autores y como cómplices pero el artículo 32 del mismo ordenamiento jurídico, explica que son autores aquellas persona que toman parte directa en la ejecución del hecho los que fuerza o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiere ejecutado en este caso mi defendido no participo ni cooperó en la ejecución del hecho porque ni entró al hotel ni se enteró que su acompañante que era la intención de ir al hotel, porque en ningún momento él le manifestó que iba a cometer delito sino que iba con otras diligencias y el artículo 33 del mismo ordenamiento jurídico explica que son cómplices los que no hallándose comprendido en el artículo anterior cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos debernos de comprender la intención del legislador que significa cooperar a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos y en el presente caso mi defendido no cooperó en el hecho ni antes ni simultáneamente en virtud que el no se enteró de la intención de su acompañante, por tal razón el artículo 33 párrafo 2° del Código Penal vigente tipifica así: de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor penal será aplicable al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar con el hecho que mi defendido haya llevado en su vehículo a su amigo no quiere decir que él se enteró lo que su acompañante iba para el hotel a cometer algún delito prueba de ello que mi defendido no entró al hotel y para que el tribunal de sentencia se hubiera enterado de que estas circunstancias que se dieron y debieron de analizarse si hubo o no grado de complicidad de mi defendido hubiera sido una condena posiblemente por una figura penal distinta como encubrimiento pero nunca por cómplice en un delito de asesinato, por tal razón el tribunal sentenciador interpretó erróneamente los artículos 31, 32, 33, del código penal vigente y no debió de aceptar la solicitud de la estricta conformidad por el tipo de delito que no se sabía el grado de participación del imputado y es hasta un juicio oral y público que se debe de evacuar las pruebas para valorar el grado de participación del imputado”. III.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 33, DEL CÓDIGO PENAL; PRECEPTO AUTORIZANTE 360 DEL CÓDIGO PENAL que lo explicó a continuación de la manera siguiente: resulta que el Código Penal Vigente de Honduras señala lo que deben de ser condenados como autores y los cómplices en el presente juicio que se le condeno a mi defendido por el delito de asesinato en su grado de complicidad debemos entender al espíritu de la ley y lo que dio entender el legislador y para que no existieran injusticias lo explica en el artículo 33 párrafo 2° del código penal que el juez para aplicar al caso concreto esta figura penal debe tomar en cuenta las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor la pena será aplicable al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar y lo explicó de la manera concreta, mi defendido en ninguna manera se enteró que su amigo iba al hotel Melissa, de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá y que con el hecho de darle jalón en su vehículo al hotel Melissa, que es un edificio de mas de una planta y que mi defendido no se bajo de su carro, y espero a su acompañante sin saber lo que el iba a hacer en el hotel en consecuencia el no tuvo ninguna participación que debe de considerarse un acto grave sino que sería un acto menos grave que mi defendido cometió con darle un jalón al otro imputado, y llevarlo en su carro, vemos nosotros que lo aplicable en este precepto penal es que el tribunal sentenciador debió de observar si el acto de mi defendido fue menos grave pero para hacerlo debió de celebrar un juicio oral y público para valorar las pruebas y así constatar jurídicamente el grado de participación de mi defendido conforme a los artículos penal señalados el tribunal sentenciador aplicó indebidamente los artículos 31, 32, 33, del Código Penal Vigente”. IV.- Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de: MOTIVO UNICO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- Este motivo de casación esta ordenado en el artículo 362, párrafo 5, del código procesal penal, y que explicó la infracción de la manera siguiente: existe entonces quebrantamiento de forma en virtud que la sentencia recurrida en casación tiene como vicio lo señalado en el párrafo 5 del artículo 362 del Código Procesal Penal vigente, que reza así: la inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público y que en el presente juicio podemos constatar el artículo 1 del código procesal que señala un juicio previo y dice ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente después de haber sido probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y respeto estricto de los derechos del imputado, a mi defendido se le han violentado los derechos constitucionales los derechos consagrados en la convención americana sobre derechos humanos en sus artículos 7 y 8 tomando en consideración que Honduras es suscritora de los tratados internacionales, convenios y declaraciones y en este caso el tribunal sentenciador a emitir sentencias en un juicio no realizado tal como lo señala el artículo 1 del Código Procesal Penal se a violentado la ley y la Constitución de la República y que dicha sentencia entonces adolece de vicios procesales, ya es claro que no se le puede aplicar una sentencia o una pena aun imputado si haber existido un juicio previo y que termine mediante un juicio oral y público, también se ha violentado el principio de contradicción el que señala artículo 4 del código procesal penal que la defensa del imputado si ésta fue deficiente pero el imputado tuvo la oportunidad de manifestar al tribunal sentenciador que él no había entendido los alcances de un juicio simplificado de una estrictita conformidad y ese principio se ha violentado porque no fue tomada en cuenta la manifestación de mi defendido en consecuencia la convención americana sobre derechos humanos en su artículo 8, numeral 1, dice: Que toda persona tiene derecho hacer oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley también el principio de legalidad que esta tipificado en el artículo 9 de la misma convención que dice que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que al momento de cometerse no fuere delictivo en este caso el artículo 33 párrafo 2° del código penal señala que el tribunal sentenciador o juez debe de constatar el grado de participación del imputado y así será la aplicación de la pena al existir jurisprudencia que en un juicio oral y público el imputado es absuelto en virtud que el acusado de complicidad no tuvo ninguna participación en el hecho, es el caso del cual estoy interponiendo este recurso de casación tomando en cuenta que toda persona es igual ante la ley en consecuencia tiene derecho sin discriminación a igual protección de la ley, a mi defendido se le han violentado los derechos por el tribunal de sentencias, haber aceptado una solicitud de una estricta de conformidad en el juicio violentado así el artículo 1 del código penal por el tipo de delito señalado en contra de mi defendido que es el de cómplice y para determinar un grado de participación es necesario que se reciba el juicio a pruebas para valorar el grado de participación como puede ser el grado mínimo menos, o no tuvo ninguna participación y puede ser absuelto como hay a la fecha jurisprudencia y doctrina legal que muchos cómplices que han sido acusado han sido absuelto en base al artículo 33 del código penal”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. C. I. O. EN SU CONDICION DE APODERADO DEFENSOR DEL SEÑOR J. S. F. A. M.. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. NORMAS INFRINGIDAS: ARTÍCULOS 82, 88, 89 y 94 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. I.- Establece el artículo 361 de Código Procesal Penal que en todos los casos en que, con arreglo a dicho Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. La interposición del recurso de casación por infracción de precepto constitucional procede, al tenor de lo que disponen los artículos 359 y 361 del Código Procesal Penal, cuando quien recurre observe en la resolución definitiva pronunciada por el Tribunal de Sentencia, alguna infracción de precepto constitucional y se funde en ella. Lo anterior implica que, el análisis que ha de realizar la Sala de lo Penal, ante el conocimiento del recurso de casación que invoque esta causal, ha de ejercer un control de constitucionalidad complementado con un control de convencionalidad, sobre los actos realizados por el tribunal sentenciador, configurándose así, el recurso de casación, como un medio idóneo para obtener una protección a transgresiones constitucionales. II.- En el caso examiné, las normas constitucionales que el censor considera infringidas, atienden al derecho de defensa, al derecho a no ser coaccionado a declarar en su contra, al estado de inocencia y al derecho a no ser impuesto de ninguna pena sin haber sido oído y vencido en juicio. Aduce el recurrente que a su representado se le aplicó una estricta conformidad, como medida alterna de solución al conflicto, a la cual accedió ante la sola pregunta de aceptación sin que se le tomara declaración, ni se celebrara el juicio, y tampoco se le explicara que era una sentencia condenatoria la que iba a sufrir, ya que, ni su apoderado defensor le explicó los alcances y contenidos de dicha medida, ni el tribunal fue específico con él. Estricta Conformidad que fue protestada mediante una manifestación que, el mismo Señor J. S. F. A. M., hiciere llegar al Tribunal, cuando fue enterado por sus propios compañeros de celda. III.- El Proceso Penal vigente establece a la estricta conformidad, como medida alterna de solución al conflicto, en la última fase del proceso. Se trata de un acto dispositivo que supone una declaración de voluntad de la parte pasiva, es decir, tanto del acusado como de su defensor técnico, por medio de la cual se produce una aceptación por el imputado de los hechos, de la calificación jurídica y en general de la responsabilidad penal exigida por la parte acusadora, con el objetivo primordial de poner fin al proceso penal, procediéndose a dictar sentencia inmediatamente, al hacerse innecesaria la vista, por razones de economía procesal[1]. IV.- La estricta conformidad constituye una forma de flexibilización del principio de legalidad, que impondría la celebración de la totalidad del debate o juicio oral y público, como previo para dictar una sentencia definitiva. Ante ello, la estricta conformidad se impone como una figura jurídica diseñada a través de una doble garantía expresa y voluntaria, al requerir que tanto el acusador y la defensa - profesionales del derecho en ejercicio de la acción penal y defensa técnica respectivamente- estén de acuerdo en el camino por esta vía alterna, y consecuentemente con el escrito de acusación inicial o con la modificación que se proponga, antes de la práctica de la prueba en el debate, así como con la pena a imponer; pero no bastando con su acuerdo, cuenten también con la aquiescencia del acusado, por ser la persona sobre quien recaerá la sentencia condenatoria que se dicte. V.- Dicho lo anterior, y al tenor de lo que dispone el artículo 322 del Código Procesal Penal, el Órgano Jurisdiccional se vincula al acuerdo y tendrá como papel fundamental el de garante de los derechos de las partes y del proceso; de tal forma, que ha de asegurarse (1) que efectivamente ese acuerdo entre el ente acusador y la defensa ha llegado de forma expresa y voluntaria; (2) que el acuerdo cuenta además con la aquiescencia de la persona imputada, proporcionándole la información necesaria para la formación de su voluntad; (3) que la pena no sea inferior al mínimo que señala el Código Penal para el delito o concurso de delitos de que se trate y la persona imputada conozca en qué consisten tanto la pena principal como las accesorias; y (4) que no entrañe fraude de ley sustantiva o procesal. VI.- En el caso examiné, del acta del juicio oral y público (f(43-44)) se desprenden dos circunstancias esenciales para la determinación de la procedencia del presente Recurso de Casación: (1) que el Tribunal de Sentencias obtuvo conocimiento sobre la aquiescencia del imputado, por lo manifestado por la defensa (técnica); y, (2) que fueron el Ministerio Público y la Acusación quienes explicaron al señor J. S. F. A. M., en qué consiste la estricta conformidad. Con ello, queda en evidencia, que el Tribunal de Sentencia faltó a su deber de garante, al no informar personalmente al imputado, sobre la significación y alcance de acogerse a una medida alterna de solución al conflicto, como la estricta conformidad, que lleva implícita la aceptación de responsabilidad penal, en virtud del hecho imputado; y, con ella, la obligatoriedad de cumplimiento de la pena restrictiva de su derecho a la libertad, así como las penas que le sean accesorias y la posibilidad de la deducción de responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. Omisión del Órgano Jurisdiccional, que además no permitió la formación de la voluntad del imputado de manera idónea y exacta, vulnerando con ello lo preceptuado en los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República, en relación con la garantía judicial mínima establecida en el artículo 8.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto, en virtud de que si bien, la estricta conformidad no requiere de la sustanciación del debate relativa a la evacuación de prueba, para que la resolución en la que se imponga una pena, en pos de dicha medida alterna de solución al conflicto, sea considerada, como una resolución ejecutoria, que legítimamente venza el estado de inocencia que constitucionalmente tiene garantizada toda persona sujeta a un proceso, a la misma ha de haberse llegado bajo el seguimiento irrestricto del procedimiento que procesalmente se ha diseñado, sin concesiones de ninguna naturaleza; por lo que, al haber olvidado el Tribunal de Sentencia, su importante papel de garante, comunicando previa y detalladamente al inculpado de la acusación formulada, por la que iba a ser condenado sin la evacuación de prueba y con su aceptación, procede decretar con lugar el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional invocado.
Habiendo prosperado en su totalidad, el Recurso que por Infracción de Precepto Constitucional interpusiera la Defensa del imputado J. S. F. A. M., y derivado de ello la nulidad de la sentencia y del debate en que se pronunció, esta Sala considera innecesario pronunciarse sobre los demás motivos que por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma ha planteado el recurrente. POR TANTO.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los artículos 82 párrafo primero, 88, 89, 90 párrafo primero, 94, 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 322, 359 y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. C. I. O..- SEGUNDO: Declarando la nulidad absoluta de la sentencia definitiva por estricta conformidad, de fecha ocho de diciembre del año dos mil diez y de la audiencia en que se pronunció. Y MANDA: I. Que se celebre un nuevo juicio con Jueces distintos a los que participaron en el debate anulado, mismo que tendrá por objeto decidir en torno a la existencia de la responsabilidad criminal que se le atribuye al imputado J. S. F. A. M. por la presunta comisión del delito de ASESINATO en perjuicio del señor P. A. V. G..- II. Que con certificación de esta sentencia, la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho. Redactó: MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-371-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Véase. Cuellar Cruz, Rigoberto y Fernández Entralgo, Jesús. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico-Práctico. Tema 24 Sustanciación del Juicio. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Litocom. 2004. Página 429.