Sentencia CP-370-14 — Registro 9169
Resumen
Se condena al imputado por el delito de Portación Ilegal de armas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"La prueba de cargo aportada resulta insuficiente para probar la tenencia del arma por parte del acusado R. J. M. F., por lo que se le ha violado el estado de inocencia, consagrado en el art. 89 de la Constitución de la República. Del análisis probatorio del A Quo se dio por cierto que R. M. fue quien arrojó de la ventana de un vehículo un arma de fuego, al otorgarle plena credibilidad a un Acta de Decomiso, levantada por un policía, dato que no resulta corroborado por ningún otro medio de prueba. Aprecia que el Acta de Decomiso no fue corroborada en juicio en virtud que el policía que participó en el operativo de detención del acusado, testigo J. E., manifestó que miró que el “co piloto” del vehículo lanzó el arma por la ventana, pero que no alcanzó a ver al copiloto, por tanto no percibió los rasgos físicos de éste que le permitieran una descripción o reconocimiento. No existió otro testigo o prueba que haya ordenado la posición en que se transportaron los tripulantes del vehículo, para completar la información ofrecida por el testigo J. E.. El imputado niega ser quien arrojó el arma. Habiendo tres tripulantes en el vehículo del cual se arrojó el arma, cualquiera de ellos pudo haber sido quien la arrojó, por lo que no resulta suficiente para individualizar la tenencia del arma. Concluye que por lo anterior, se produce Infracción de Precepto Constitucional por violación del Estado de inocencia"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de noviembre de dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, quien actúa como Coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMER y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-370-2014 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de marzo del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor R. J. M. F., como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión.- SEGUNDO: Condenó al señor R. J. M. F., como autor responsable del delito de Encubrimiento en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de tres (3) años de reclusión.- TERCERO: Se condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- CUARTO: Se declaró la responsabilidad civil del condenado R. J. M. F..- CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- QUINTO: Procedió el comiso de un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, modelo desconocido, calibre 38 SPL, Corto, serie 36911, cacha de madera color plateado.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, el Abogado R. E. M. C., actuando en su condición de Defensor Privado del señor R. J. M. F..- SON PARTES: Los Abogados N. E. F. Q. y R. E. M. C., en su condición de Defensores Privados del acusado señor R. J. M. F., como parte recurrente; y la Abogada Y. M. M. L., Fiscal en Representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha tres de mayo del año dos mil ocho, en horas de la madrugada, agentes de la Policía Preventiva del Sector de La Lima, Departamento de Cortés recibieron una llamada anónima donde les informaban que a la altura de la Colonia La Paz, calle principal de la misma ciudad de La Lima, Cortés, frente al carwash circulaba un vehículo sospechoso. Se trasladaron al lugar antes mencionado y constataron la presencia de un vehículo marca tipo pick up, color azul, donde iban tres personas en el asiento del copiloto venía el imputado R. J. M. F. quien al percatarse de la presencia de la patrulla, arrojó por la ventana del automóvil un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, niquelada con cacha de madera, calibre 38 especial, serie 36911, de la cual no contaba con permiso de portación ni documentación del arma. Una vez que la policía registró las inmediaciones del lugar encontraron el arma descrita, misma que tenía reporte de robo, siendo su propietario el señor J. A. A., quien en fecha cinco de mayo del dos mil cinco había sido despojado de la misma”. III. ADMISIBILIDAD El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV. RECURSO DE CASACIÓN Los recurrentes, Abogados N. E. F. Q. Y R. E. M. C., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: EJERCICIO PROBATORIO INSUFICIENTE PARA ENERVAR EL, ESTADO DE INOCENCIA. EN SU POSTULADO DE LA RAZON SUFICIENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 361 DEL CÓDIGO PROCE SAL PENAL y Art. 89 de la Constitución de la República. Plantea al Tribunal que la prueba de cargo aportada, resulta insuficiente para otorgar a mi representado al responsabilidad de los delitos condenados, portación ¡legal de armas y encubrimiento. Ello en tanto ambas condenas se apoyan en la tenencia del arma por mi representado, cuestión que no hubo sido acreditada, más allá de toda duda, en el proceso. Por tanto, han violado el estado de inocencia de mi representado, consagrado en el art. 89 de la Constitución de la República. El análisis probatorio del tribunal dio por acreditado y cierto que R. M. fue quien arrojó de la ventana de un vehículo un arma de fuego, que luego fue decomisada. Ello al otorgarle plena credibilidad a un acta de decomiso, levantada por una policía, en el que le sindica a mi representado la posesión del arma. Sin embargo, tal dato no resulta corroborado por ningún otro medio de prueba. Acta no fue corroborada en juicio por su autora. En tal sentido, la prueba que pudo haber cerciorado el contenido del acta de decomiso, resulta entonces los dos testigos presenciales de los hechos, uno pasajero del vehículo del cual se arrojó el arma (L. M.) y otro policía preventivo (J. A. E.) que participó en la detención. En tal sentido, L. M.. declara que el conducía el vehículo, y que se acompañaba de dos muchachos más, sin recordar que uno portara o lanzara armas. Y por su parte, el policía que participó en el operativo del cual resultó la detención de mi representado, J. E., explica que miró que el “co piloto” del vehículo lanzó el arma por la ventana, sin embargo no alcanzó a ver a tal copiloto, por tanto tampoco percibió los rasgos físicos de éste que le permitieran ofrecer una descripción o reconocimiento. No existió otro testigo, o distinta prueba, que haya ordenado la posición en que se transportaron los tripulantes del vehículo, para completar la información que hubo ofrecido J. E. La demás prueba es documental, constancia de armería, y el peritaje del arma hallada, y el arma misma, todas que resultan inútiles para identificar a la persona que hubo lanzado el arma del vehículo. El imputado por su parte, niega ser quien arrojó el arma. De lo anterior queda latente que habiendo tres tripulantes en el vehículo del cual se arrojó el arma, cualquier de los ellos pudo haber sido quien la arrojó. Y el único dato que señala cuál de los tres arrojó el arma, mi representado, es una acta de decomiso sin corroboración. Ello no resulta suficiente para individualizar la tenencia del arma, ya que el acta policial no es un documento levantado por ministro con fe pública, cuestión que le otorgaría una presunción de veracidad iuris tantum. El acta de decomiso es un documento privado simple, y su peso depende que se vea corroborada por otra prueba refrende su contenido. En tal sentido, el medio más práctico es la corroboración oral en juicio, por parte del autor del documento, quien refrenda y esclarece las circunstancias del decomiso. A la vez, si existen otros testigos, como ser otros policías que hayan participado en el decomiso, que puedan cerciorar lo inscrito en el acta, también sirve para abonar credibilidad. Sin embargo, en el presente juicio el acta de decomiso queda ayuna de todo apoyo probatorio, en cuanto señalar a mi representado como la persona que arrojó un arma por la ventana de un vehículo (la conducta reprochada). Por tanto, lo escrito en un papel simple titulado “acta de decomiso” no basta para llegar a una convicción, sin lugar a duda, que mi representado haya cometido el delito imputado, es decir portaba un arma y luego la arrojó por la ventana de un vehículo. Es por ello que hay virtud en el reproche que se ha sindicado a mi representado la acción de arrojar un arma de la ventana de un vehículo, sin haber suficiente prueba de cargo para tal conclusión. Y tal conclusión infundada, resulta el asidero fáctico para la condena de (os delitos de portación ilícita de arma y encubrimiento. Por tanto, se ha enervado el estado de inocencia de mi representado sin prueba de cargo suficiente, y por tanto queda patentada La infracción de precepto constitucional impetrado, que es la violación del Estado de Inocencia”. IV.- “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO ÚNICO: INFRACCIÓN O FALTA DE APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 18412014 PUBLICADO EN LA GACETA DEI 5 DE OCTUBRE DEL 2013. PRECE PTO AUTORIZANTE: ART. 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.- La conducta declarada probada según la sentencia, debió subsumirse al artículo 2 del Decreto Legislativo 184-2014, publicado en la Gaceta Oficial el 5 de Octubre del dos mil trece. Según el hecho probado, queda establecido que mi representado se halló en posesión de un arma de fuego comercial el día 3 de Mayo del año dos mil ocho. En ese momento, está en vigencia el art. 332 a del Código Penal, sin embargo a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 184-2013 (Que inicia en el 5 de octubre del 2013), tal norma se deroga de manera tácita, y aplica en su lugar el art. 2 del mismo, que en su Lugar dicta: “Artículo 2.- Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por un término de un año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los tramites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante éste termino de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado de despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la secretaria de la institución.” Por tanto, al momento de dictarse sentencia, 4 de marzo del dos mil catorce, existe una amnistía, por el cual (a portación de arma irregular se exigía únicamente su registro de inmediato, y en caso de ser de carácter ilícito, entonces su entrega a la secretaria de seguridad. Por tanto, se deroga de manera tácita el art. 332, en tanto condena la misma acción, la tenencia de un arma irregular, con una pena de 3 a 6 años. Ello al tenor de los precedentes de vuestra misma ilustre Corte Suprema de Justiciar que a través de la Sala Penal, a dictado a razón de otra norma símil, en tanto otorgaba plazo para inscribir armas irregulares en el registro de armería, lo próximo “Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma, pues si entendíamos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 b del Código Penal, al regir el artículo 2 del Decreto 69-200 7, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo de seis meses otorgado por la disposición[1].” Al tenor de lo esclarecido, el decreto legislativo 184-2013, que al igual que el decreto mencionado en el precedente citado constituye una amnistía otorgada para inscribir las armas irregulares en el registro correspondiente, deroga tácitamente el 332 del código penal. Ya que en caso contrarío, aún los que acuden a la inscripción o entrega de armas, están cometiendo el delito contenido en tal figura penal. Y asentado ello, al existir una nueva norma penal sobrevenida, que favorece al reo, debe aplicarse ésta en lugar de la que regía al momento de la comisión de la conducta reprochada. Ello en virtud el artículo 96 de la Constitución, en relación con el artículo 9 del Código Penal, que dieta: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuento favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquéllas hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.” Ello además en base al concepto también desarrollado por vuestra Sala Penal, en tanto a la doctrina de la ley intermedia: “Siempre en ese mismo sentido M. C. acota atinadamente con respecto a las dudas que plantea la aplicación de una ley intermedia que provienen del hecho de que la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco lo es en el momento en que ésta se enjuicia, pese a ello, concluye, “Si la ley intermedia resulta mas beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que éste pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica (STS 27.12.82)”3.[2] Al tenor de la cita, si se debe aplicar la ley más beneficiosa al reo, cuando esta entra en vigencia luego del hecho, aún cuando ésta ley ya no siga en vigencia al momento de la sentencia, bajo la premisa que el imputado pudo haber sido juzgado dentro de la vigencia de tal, con mayor razón debe aplicarse la norma mas favorable, cuando esta sí esté en vigencia al momento de la sentencia. Tal como ocurre en el caso presente, en el cual la norma que rige para la portación de armas sin el registro de armería, es el artículo 2 del decreto legislativo 84-2013. Por tanto, el tribunal sentenciador debió aplicar tal artículo para resolver el asunto, y no el 332 A, por tanto en efecto hubo un quebrantamiento de ley que se aduce. Aplicación pretendida: Que se aplique el artículo 2 del decreto legislativo 84-2013, mediante el cual no existe responsabilidad penal, sino meramente un deber administrativo de inscribir en el registro de armería las armas en estado irregular. Ante ello, importa una sentencia absolutoria, dado que dicha circunstancia es meramente administrativa, sin incidencia en materia penal”. V. FUNDAMENTACION JURIDICA RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EJERCICIO PROBATORIO INSUFICIENTE PARA ENERVAR EL, ESTADO DE INOCENCIA. ART. 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, pero si puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "A Quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos, los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al Tribunal de Casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, misma que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías- practicada en el juicio para hacer posible la contradicción y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. FALTA DE APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 184-2013 PUBLICADO EN LA GACETA DEI 5 DE OCTUBRE DEL 2013. La letra y espíritu del Decreto 184-2013 y de su prórroga es que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Secretaría de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Durante la vigencia del Decreto 184-2013, se establece un período de veda por el término de un año para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Todo ello para que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios. Por tanto el decreto de veda aludido, no deroga la vigencia del delito de Portación ilegal de armas de tipo comerciales, tipificada en el Art. 332 B del Código Penal, sino que tácitamente lo declara en suspenso, solo para poseedores de buena fe, para que estos procedan a registrarla legalmente, en los casos en que el arma de fuego comercial no haya sido adquirida en La Armería, de la Fuerzas Armadas, sino por compra realizada en forma privada a otro particular. No tiene eficacia legal alguna dicho Decreto de Veda para lo casos de posesión de armas comerciales de mala fe o de armas que tengan reporte de robo. Lo anterior, en virtud que el tenedor del arma de fuego con reporte de robo carece de un título legitimo de posesión, no solo de factura de la Armería, tampoco cuenta con el documento de traspaso de dominio respectivo, por lo que a falta de todo ello, no podría registrar dicha arma bajo ninguna circunstancia. VI. RESUMEN RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EJERCICIO PROBATORIO INSUFICIENTE PARA ENERVAR EL, ESTADO DE INOCENCIA. ART. 89 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. La prueba de cargo aportada resulta insuficiente para probar la tenencia del arma por parte del acusado R. J. M. F., por lo que se le ha violado el estado de inocencia, consagrado en el art. 89 de la Constitución de la República. Del análisis probatorio del A Quo se dio por cierto que R. M. fue quien arrojó de la ventana de un vehículo un arma de fuego, al otorgarle plena credibilidad a un Acta de Decomiso, levantada por un policía, dato que no resulta corroborado por ningún otro medio de prueba. Aprecia que el Acta de Decomiso no fue corroborada en juicio en virtud que el policía que participó en el operativo de detención del acusado, testigo J. E., manifestó que miró que el “co piloto” del vehículo lanzó el arma por la ventana, pero que no alcanzó a ver al copiloto, por tanto no percibió los rasgos físicos de éste que le permitieran una descripción o reconocimiento. No existió otro testigo o prueba que haya ordenado la posición en que se transportaron los tripulantes del vehículo, para completar la información ofrecida por el testigo J. E.. El imputado niega ser quien arrojó el arma. Habiendo tres tripulantes en el vehículo del cual se arrojó el arma, cualquiera de ellos pudo haber sido quien la arrojó, por lo que no resulta suficiente para individualizar la tenencia del arma. Concluye que por lo anterior, se produce Infracción de Precepto Constitucional por violación del Estado de inocencia. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. FALTA DE APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 184-2013 PUBLICADO EN LA GACETA DEL 5 DE OCTUBRE DE 2013. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 184-2013, que inicia en el 5 de octubre de 2013, se deroga de manera tácita, el Artículo 332 del Código Penal y aplica en su lugar el art. 2 del mismo, que dice: “Artículo 2.- Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por un término de un año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los tramites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante éste termino de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado de despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la secretaria de la institución.” Concluye, “Si la ley intermedia resulta mas beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que éste pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica (STS 27.12.82)” [3] Por tanto, el tribunal sentenciador debió aplicar el artículo 2 del DECRETO LEGISLATIVO NO. 184-2013 para resolver el asunto y no el 332 A del Código Penal, por tanto en efecto hubo un quebrantamiento de ley. VII. DECISIÓN A. Esta Sala de lo Penal considera que con la prueba de cargo legalmente incorporada al juicio resulta suficientemente probada la tenencia del arma por parte del acusado R. J. M. F., esto es a consecuencia del análisis de la Prueba donde el A Quo dio por acreditado que el acusado fue la persona que arrojó por la ventana del vehículo el arma de fuego objeto del presente juicio, todo lo cual se deriva del ACTA DE DECOMISO, levantada por el Policía J. E., por ser la persona que elaboró dicho medio de prueba. En el presente caso, el testigo J. E. m. que el “co-piloto” del vehículo lanzó el arma por la ventana, asiento que iba ocupado por el acusado R. J. M. F.. Es decir que la prueba de acta de decomiso ha sido ratificada por la persona que la elaboró en este caso el Policía E. Al A Quo no le quedó ninguna duda que el imputado fue la persona que arrojó fuera del carro el arma con reporte de robo, lo que excluye a los otros dos ocupantes de mencionado vehículo. Por lo anterior, esta sala considera que los medios de prueba incorporados al juicio son suficientes para identificar al acusado como el poseedor del arma con reporte de robo. Por todo lo anterior, esta sala concluye que en el presente caso no se produce la infracción de Precepto Constitucional por violación del estado de inocencia, por lo que es procedente declarar sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. B. Esta Sala considera que a pesar de estar vigente el Decreto Legislativo 184-2013 desde el 5 de octubre del 2013, al momento de los hechos objeto del presente ajuicio, el mismo no deroga de manera tácita el Artículo 332 B del Código Penal, a pesar que en el art. 2 del mismo decreto, en su establece un periodo de veda de un año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los tramites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Esta Sala considera que en el presente caso, por estar debidamente probado que el acusado R. J. M. F. fue la persona que arrojó por la ventana del vehículo el arma de fuego objeto del presente juicio, derivado del contenido del Acta de Decomiso, ratificada en juicio por el Policía J. E., persona quien elaboró dicha prueba y a su vez haber sido probado que dicha arma tenía reporte de robo interpuesta por su legítimo propietario, aunque pretendiera registrar dicha arma a su nombre ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin responsabilidad producto de su tenencia, no podría hacerlo, aún durante la vigencia del decreto de veda, en virtud no ser su poseedor legal y carecer no solo de factura de compra en la Armería, sino de los demás documentos que lo acreditan como un tenedor de buena fe. Por lo anterior esta sala considera que por tener reporte de robo el arma objeto del presente juicio, el acusado no podría haberla registrado ni legalizado bajo ninguna circunstancia, por lo que es procedente declarar sin lugar el motivo de casación de Infracción de Ley Sustantiva, invocado por el recurrente. VIII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, y de Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por los Abogados N. E. F. Q. y R. E. M. C., en su condición de defensores privados del acusado señor R. J. M. F..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales. REDACTO LA MAGISTRADA GUZMAN GARCIA.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- Magistrado Coordinador.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- Magistrada.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-370-2014.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 48=2009
[2] Sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 48=2009
[3] Sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 48=2009