Sentencia CP-355-13 — Registro 6464
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de robo en el grado de ejecusion de tentativa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."IV. FUNDAMENTACION JURIDICA 1) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2) La misión de la Sala de lo Penal, en cuanto a la salvaguarda de los derechos individuales de estado de inocencia y debido proceso, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, sino que lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se apreció la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada tal probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgado de instancia. 3) El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona a quien se le imputa un dE.to, cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el juicio previo que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional; por ello se afirma que juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia. Al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese, dicho lo anterior, podemos ver en el caso examiné que, el tribunal sentenciador deduce de forma correcta, que “…en fecha veinte de agosto del dos mil doce, alrededor de las cinco y media de la tarde, en la colonia Las Colinas, específicamente enfrente del Liceo Franco Hondureño, Tegucigalpa, M.D.C., el señor E. E. R. F., quien se hacía acompañar de otras dos personas, una haciendo labores de vigilancia y el otro conduciendo un vehículo, le quitó un celular blackberry al Testigo Protegido “A”, y cuando pretendía huir fue capturado por miembros de la Policía Nacional Preventiva, que se encontraban patrullando dicho lugar, mientras sus dos acompañantes lograron escapar”. Conclusión que es producto de la prueba evacuada en el debate, consistente en la declaración testifical del agente policial N. A. P. L. (Folio 8), quien estableció, que observó cuando el procesado despojó de sus pertenencias a la víctima, intentó huir del lugar, dándole persecución en la patrulla en que se conducía en compañía de otro agente policial, capturándole y decomisándole el teléfono celular del que minutos antes había despojado a su víctima, quien reconoció dicho objeto como de su propiedad y al imputado como la persona que en compañía de dos sujetos desconocidos, le despojó del bien de su pertenencia. Versión que es sustentada con la prueba documental consistente en acta de registro personal (Folio 15) y acta de decomiso (Folio 16) del teléfono celular propiedad del ofendido, y que se encontró en posesión del procesado E. E. R. F.. Como se aprecia, el Juez A quo concluye de forma razonable, ya que funda la responsabilidad del procesado E. E. R. F. en prueba que conecta de forma directa al encausado con el hecho declarado probado. Evidenciándose que en la audiencia de juicio se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirvió para fundar una declaración de responsabilidad del sindicado y dichas pruebas son suficientes para vulnerar su estado de inocencia. Es por lo anterior que esta Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido no se ha violado el derecho individual del estado de inocencia, consagrado en la Constitución de la República, al estar probada la responsabilidad del procesado y no existir vacío probatorio que imposibilite sustentar una declaración de culpabilidad; no existiendo violación a la presunción de inocencia, al haber existido una suficiente actividad probatoria. En consecuencia de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintiocho días de julio del dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 355-2013 por el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de Junio de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al Señor E. E. R. F., por el delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “A”, a la pena de cuatro (04) años ocho (08) meses; mas las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil.- 2) Absolviendo al Señor E. E. R. F., por el delito de Robo, en perjuicio de Testigo Protegido “A”. - 3) No condenando al encausado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. - Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado W. O. D. F., actuando en su condición de Defensor Público del señor E. E. R. F.. Son partes: El Abogado W. O. D. F., actuando en su condición de defensor público del señor E. E. R. F. como recurrente. II. HECHOS PROBADOS “UNICO: En fecha veinte de agosto del dos mil doce, alrededor de las cinco y media de la tarde, en la Colonia Las Colinas, específicamente enfrente del Liceo Franco Hondureño, Tegucigalpa, M.D.C., el señor E. E. R. F., quien se hacía acompañar de otras dos personas, una haciendo labores de vigilancia y el otro conduciendo un vehículo, le quitó un celular blackberry al Testigo Protegido “A”, y cuando pretendía huir fue capturado por miembros de la Policía Nacional Preventiva, que se encontraban patrullando dicho lugar, mientras sus dos acompañantes lograron escapar”. III. RECURSO DE CASACIÓN RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. “ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 88, 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO), en relación con los Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio entre otras disposiciones señalan que: 1) Sólo hará prueba la declaración rendida ante juez competente; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del E. R. F. por el dE.to de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “A” infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia, el derecho a un juicio previo y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra del señor R. F., produjo un muy pobre aporte de pruebas. TERCERO: En la audiencia de juicio oral únicamente se evacuó como prueba de cargo la lectura de la declaración que rindió en audiencia inicial el policía preventivo N. A. P. L., el acta de registro personal y acta de secuestro con las que el Juzgador declaró terminantemente probado que el imputado E. E. R. F. el día 27 de agosto de 2012 le quitó un teléfono celular blackberry al Testigo Protegido “A”. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce porque los hechos antes referidos no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditarlos, ya que la prueba de cargo, como antes dijimos, está limitada especialmente a la declaración del policía preventivo N. A.P.L. y tal insuficiencia probatoria se agrava por el hecho de que tal declaración no fue rendida en el juicio oral y público sino que en la audiencia inicial e incorporada al debate mediante lectura, por lo que no fue posible realizarle un verdadero examen sobre los hechos que supuestamente conoce y lo que dijo en audiencia inicial no fue corroborado por ningún otro medio de prueba, por lo que consideramos que la misma es insuficiente para acreditar la participación del imputado en los hechos ilícitos que le atribuye el Ministerio Público. QUINTO: Entendidos estamos que es legalmente posible incorporar por lectura los testimonios practicados en la etapa preparatoria, sin embargo, ello debe ser excepcional y la prueba incorporada por lectura no debiera ser el único sustento de un fallo de condena, pues si bien es cierto una prueba testifical puede ser tanto una diligencia instructiva como un medio de prueba, pero entre ambos existen sustanciales desigualdades puesto que su naturaleza y finalidad son diferentes, ya que en la etapa preparatoria estarán orientadas a aportar indicios que habiliten al Ministerio Público a llevar adelante la acción penal y a servir de sustento para la adopción de medidas limitativas de derechos, mientras que en la fase de juicio su finalidad es resolver el fondo del asunto, aparte que en la etapa preparatoria la defensa del imputado no cuenta aún con toda la información que le permita realizar una adecuado contradictorio, pues el objeto de la causa no aparece definitivamente perfilado al inicio del proceso, sino que se va preparando progresivamente a lo largo de él hasta la fase decisiva del juicio oral y es hasta ese momento en el que idealmente la defensa cuenta con toda la información que le permite llevar a cabo, en lo referente a la prueba testifical de cargo, un verdadero contra interrogatorio, por lo que la prueba testifical rendida en audiencia inicial tendrá un limitado valor probatorio. SEXTO: En las condiciones antes referidas la decisión del juzgador quebranta los fundamentales derechos de presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso de los que goza el imputado, porque lo declarado probado en el fallo impugnado, carece de un adecuado respaldo probatorio, agravado por la circunstancia que en la evacuación de la prueba no fueron observados los principios de oralidad, inmediación y concentración, ya que como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba única en la que se sustenta el fallo es la declaración del policía preventivo N. A. P. L. y ella fue rendida en audiencia inicial, lo que implica un quebranto al debido proceso al no haberse observado, en su evacuación, el cumplimiento exacto de la inmediación y oralidad, principios rectores de una moderna y transparente administración de justicia como la prevista en el Código Procesal Penal, permitir que una sentencia condenatoria se sustente en prueba que no se produjo en el juicio bajo los principios de oralidad, inmediación y concentración, implicaría una reminiscencia del juicio inquisitivo y un grave retroceso hacia el procedimiento escrito, el que hoy por hoy se encuentra alejado de una idónea administración de justicia. PRETENSIÓN IMPUGNATIVA. Consientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso y sin necesidad de desarrollar una rigurosa valoración probatoria se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad del fallo impugnado y ordenar su reenvío para que el mismo sea sustanciado con absoluto respeto de los derechos fundamentales del señor E. E. R. F.”. IV. FUNDAMENTACION JURIDICA 1) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2) La misión de la Sala de lo Penal, en cuanto a la salvaguarda de los derechos individuales de estado de inocencia y debido proceso, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, sino que lo que corresponde es comprobar y verificar si en la audiencia de juicio en la que se apreció la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada tal probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgado de instancia. 3) El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona a quien se le imputa un dE.to, cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el juicio previo que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional; por ello se afirma que juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia. Al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese, dicho lo anterior, podemos ver en el caso examiné que, el tribunal sentenciador deduce de forma correcta, que “…en fecha veinte de agosto del dos mil doce, alrededor de las cinco y media de la tarde, en la colonia Las Colinas, específicamente enfrente del Liceo Franco Hondureño, dos personas, una haciendo labores de vigilancia y el otro conduciendo un vehículo, le quitó un celular blackberry al Testigo Protegido “A”, y cuando pretendía huir fue capturado por miembros de la Policía Nacional Preventiva, que se encontraban patrullando dicho lugar, mientras sus dos acompañantes lograron escapar”. Conclusión que es producto de la prueba evacuada en el debate, consistente en la declaración testifical del agente policial N. A. P. L. (Folio 8), quien estableció, que observó cuando el procesado despojó de sus pertenencias a la víctima, intentó huir del lugar, dándole persecución en la patrulla en que se conducía en compañía de otro agente policial, capturándole y decomisándole el teléfono celular del que minutos antes había despojado a su víctima, quien reconoció dicho objeto como de su propiedad y al imputado como la persona que en compañía de dos sujetos desconocidos, le despojó del bien de su pertenencia. Versión que es sustentada con la prueba documental consistente en acta de registro personal (Folio 15) y acta de decomiso (Folio 16) del teléfono celular propiedad del ofendido, y que se encontró en posesión del procesado E. E. R. F.. Como se aprecia, el Juez A quo concluye de forma razonable, ya que funda la responsabilidad del procesado E. E. R. F. en prueba que conecta de forma directa al encausado con el hecho declarado probado. Evidenciándose que en la audiencia de juicio se dispuso del mínimo de prueba legalmente evacuada, que sirvió para fundar una declaración de responsabilidad del sindicado y dichas pruebas son suficientes para vulnerar su estado de inocencia. Es por lo anterior que esta Sala de lo Penal, considera que en el fallo recurrido no se ha violado el derecho individual del estado de inocencia, consagrado en la Constitución de la República, al estar probada la responsabilidad del procesado y no existir vacío probatorio que imposibilite sustentar una declaración de culpabilidad; no existiendo violación a la presunción de inocencia, al haber existido una suficiente actividad probatoria. En consecuencia de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa en su único motivo. V. DECISIÓN El motivo formulado por el defensor público del señor E. E. R. F. debe ser desestimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el defensor público del señor E. E. R. F.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-355-2013.
LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL