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Sentencia CP-337-12 — Registro 6460

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de robo agravado, portación ilegal de armas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."El recurrente denunció que el Tribunal de Sentencia infringió un precepto penal, el artículo 218 del Código Penal en relación al 15 del mismo cuerpo legal. Explicó el censor que la sentencia no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas tanto por la defensa y el ente acusador, pues lo que procedía era la condena por el delito de robo pero en grado de ejecución de tentativa, pues tal como lo narran los hechos y las actas de decomiso, a los imputados no se les encuentra el cuerpo del delito. Consideró además el impetrante que el Ministerio Público no pudo acreditar la posesión real del objeto del delito de Portación Ilegal del Armas pues no puso a la vista la cadena de custodia de las presuntas armas encontradas a los acusados. Expresó además que ninguno de los testigos protegidos reconocen con claridad la participación de los encausados en los hechos; por esa razón es procedente la nulidad del juicio y que se lleve a cabo otro debate en otra sala y además que se designe otro fiscal para la causa. 2) La presente impugnación no solo es carente de las mínimas técnicas que exige el Recurso de Casación, sino que denota en el recurrente una ausencia total de conocimiento sobre cómo elaborar una impugnación, pues su recurso es carente de coherencia y logicidad al tratar de abarcar varios temas en un solo argumento, lo que sin duda vuelve su escrito confuso. La configuración de la casación en el actual proceso penal hondureño recoge la triple función parciaria, protectora y unificadora de la norma aplicada, propia de esta clase de recursos, en cuanto medio de impugnación destinado a proteger tanto el derecho subjetivo de las partes, como el objetivo emanado de la norma jurídica cuestionada y a procurar la uniformidad en la interpretación de la ley aplicada. También puede añadirse como una de las funciones del recurso de casación hondureño, la de garantizar los derechos constitucionales en el procedimiento y enjuiciamiento penal, dado que en el artículo 361 del código procesal penal se introduce como una modalidad autónoma el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria, puesto que sólo puede interponerse con arreglo a unos motivos tasados, no debe desconocerse que es el único medio de impugnación previsto en la ley para revisar las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales de Sentencia. El modelo hondureño, para la mayor parte de los delitos, es el de un proceso en única instancia seguido ante el Tribunal de Sentencia, sujeto a un medio de impugnación extraordinario y limitado a una serie de motivos tasados, como el recurso de casación[1]. Los motivos de casación se encuentran regulados en los artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal, de ahí que surjan tres especies de casación: infracción de ley o doctrina legal, infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma; cada uno de los artículos regula una serie de supuestos o yerros que posiblemente pueden concurrir en la sentencia impugnada o durante el debate o juicio oral y público, y ellos constituirán el punto central de la impugnación, es decir el censor deberá no solo señalar la especie de casación que alega, sino que además puntualizar concretamente el motivo invocado y explicar de qué manera el sentenciador incurrió en el yerro, tal como lo establece el artículo 363 del código procesal penal. Esta Sala de lo Penal constata que el censor no sólo no señala la especie de casación que presenta, sino que no explica en cual precepto autorizante en que se basa para fundar el presente motivo, es decir, no identifica de manera puntual y concreta alguna de las causales que la ley taxativamente establece para impetrar el recurso extraordinario de casación. 3) Ahora bien en aras del derecho a recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre derechos Humanos en su artículo 8.2.h, este Tribunal de Casación a revisado el fallo emitido por el A-quo y concluye que los hechos probados fueron redactados con claridad y terminancia, conformándose en ellos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo agravado por el cual se condenó a los acusados; además el Sentenciador realizó una valoración conjunta y armónica de toda la prueba aportada en el juicio, observándose en sus juicios de valor la aplicación de las reglas de la sana crítica; verificó también que a los acusados en todo momento se le respetaron sus derechos y garantías establecidas en nuestra Carta Magda y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que Honduras a firmado; por tanto no existe yerro del Juzgador que merezca el reproche casacional; en tal sentido es procedente desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA, En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el recurso de casación SP 337-2012 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de febrero del año dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó a los señores W. S. A. F., R. R. J.. y O. O.. L., como autores del delito de Robo agravado, en perjuicio de la propiedad del Testigo “A”, a la pena de nueve (09) años, seis (06) meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Declaró responsable civilmente a los señores W. S. A. F., R. R. J.. y O. O.. L., de la restitución de los objetos sustraídos e indemnización de perjuicios derivados de los hechos por los cuales son condenados; Tercero: Condenó a los acusados W. S. A. F., R. R. J.. y O. O.. L. como autores del delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de La seguridad del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión. Cuarto: Condenó a los imputados a la pena accesoria de ihnabilitacion especial. Quinto: Condenó a los señores W. S. A. F., R. R. J.. y O. O.. L., responsables civilmente por el delito de Portación Ilegal de Armas, debiendo indemnizar al Estado de Honduras de eventuales perjuicios ocasionados mediante la comisión de los hechos. Sexto: Ordenó la devolución de las armas de fuego a las personas que acrediten fehacientemente la legítima propiedad de las armas de fuego y en caso que se sean propiedad de los acusados, se declara el comiso de dichas armas de fuego. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, el abogado J. M. A. A., actuando en su condición de representante legal de los señores W. S. A. F., R. R. J.. y O. O.. L.. Son Partes: El abogada J. M. A. A. en su condición de Defensor Privado de los imputados como recurrente y la abogada K. M. en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrida. II.- HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El miércoles dieciocho de marzo de dos mil nueve aproximadamente a las nueve con cincuenta minutos de la mañana, tres personas identificadas como A,B,C, se encontraban en una casa de la colonia matamoros de esta ciudad, cuando se disponía a salir de dicha vivienda dentro de un vehículo. Al momento de abrir el portón para sacar el vehículo fueron interceptados por tres personas quienes los encañonaron con armas de fuego obligándolos a bajarse del vehículo y a cerrar el portón de acceso a la casa. Una vez que se bajaron del vehículo los obligaron a tirarse al suelo, procediendo los tres sujetos a tomar un maletín que contenía en su interior tanto objetos de uso personas del testigo A y una pistola Pietro Beretta serie No.25812Z asignada al testigo protegido A, mientras esto ocurría en las afueras de la casa les esperaba otra personas en un vehículo turismo color rojo marca Honda de cuatro puertas placa PAA5095 en el cual los acusados una vez hechas las acciones antes descritas se alejaron del lugar. SEGUNDO: La comisión de estos hechos fue inmediatamente informado a la policía mediante el número 199, siendo alertadas las patrullas que andaban en los alrededores de la ciudad de lo que había ocurrido. Como a eso de las diez y treinta de la mañana una RPM en la cual se conducían varios policías preventivos que se encontraban por el sector de la colonia La Esperanza de esta ciudad vieron pasar el vehículo Honda descrito en la denuncia por radio por el redondel aledaño a la empresa de telefonía “TIGO”, por lo que les dieron persecución sin perderlos de vista, y al llegar a la farmacia “Punto Farma” se estacionó el vehículo y los acusados O. O.. L., W. S. A. F., R. R. J.. y A. N. P. M. comenzaron a correr, dándoseles alcance a dos de ellos por la parte de atrás del parqueo de “Jetstereo” del Boulevard Morazán, y a los otros dos por el redondel ubicado frente a las oficinas de la empresa TIGO. TERCERO: Al momento de ser detenidos y de practicársele un registro personal a O. O.. L. se le encontró un arma de fuego tipo pistola serie TH02-06502796 quien no portaba autorización alguna para portarla. Al momento del registro el señor W. S. A. F. se encontró en posesión de un arma de fuego marca Taurus serie KW108809, el cual no tenía permiso de portarla, al señor R. R. J.. se le encontró un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, serie SRD93121 con un cargador de metal calibre 3.80 y al señor A. N. P. M. se le decomisó un arma de fuego tipo pistola marca Thunder serie 670077, todos ellos sin permiso respectivo para su portación y sin documentos de propiedad. Asimismo, se encontró en el baúl del carro en que se transportaban los acusados el maletín del testigo A con sus pertenencias personales y la pistola Pietro Beretta serie 25812Z.” III.- RECURSO DE CASACIÓN “El recurrente, Abogado J. M. A. A., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “HECHOS QUE MOTIVAN EL RECURSO DE CASACIÓN PRIMERO: Resulta Honorable Corte Suprema de Justicia que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 27 de septiembre del año 2011, se realizó el juicio Oral y Público en contra de los Señores de O.. L., W. S. A. F., y R. R. J.. por el delito de ROBO AGRAVADO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “A” Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Que en dicho Juicio Oral y Público tal como concluye el Ministerio Público y la Defensa no se ha acreditado la acción Ilícita de los encausados por el delito de ROBO AGRAVADO y por el delito de Portación Ilegal de Armas, efectivamente el día 18 de marzo del año 2009 aproximadamente a las 9:50 de la mañana tres personas identificadas como “A” “B” y “c” se encontraban en una casa de la Colonia Matamoros de esta ciudad, cuando se disponían a salir de dicha vivienda dentro de un vehículo al momento de abrir el portón para sacar el mismo fueron interceptados por tres personas que los encañonaron armas de fuego obligándolos a bajarse de dicho vehículo y al cerrar el portón de acceso a la casa una vez que bajaron del vehículo los obligaron a tirarse al suelo, procediendo los tres sujetos a tomar el maletín que contenía en el interior objetos personales del testigo “A” y una pistola Pietro Beretta serie 25812Z asignada al testigo Protegido “A” mientras esto ocurría en las afueras de la casa le esperaba otra persona en un vehículo marca honda, color rojo, placa PAA5095, en el cual los encausados una vez hechas las acciones se alejaron del lugar. TERCERO: La comisión de estos hechos fue informada a la policía mediante el 199, siendo alertados las patrullas que andaban en los alrededores de la ciudad de lo que había ocurrido, como a eso de las 10:30 de la mañana una RPM en la cual se conducían varios policías preventivos que se encontraba en el sector de la Col. La Esperanza de esta ciudad vieron pasar el vehículo descrito en la denuncia por el redondel aledaño a la empresa de celulares “Tigo”, por lo que les dieron persecución y al llegar a la farmacia Punto Farma se estacionó el vehículo y los encausados O. O.. L., W. S. A. F., N. P. M. y R. R. J.. comenzaron a correr dándoles alcance a dos de ellos por la parte de atrás de las tiendas Jetestereo del Bulevar Morazán y a los otros dos frente a las oficinas de tigo, al momento de ser detenidos y de practicárseles un registro personal a O. O.. L. se le encontró un arma de fuego tipo pistola serie TH0206502796 y quien no portaba autorización alguna al momento del registro del señor W. S. A. F. se le encontró un arma de fuego marca Taurus serie KW108809, el cual tampoco tenía permiso alguno y R. R. J.. se le encontró una arma tipo pistola, marca TAURUS serie SRD 93121 con un cargador de metal calibre 380 de igual manera al Señor A. N. P. M. se le encontró un arma tipo pistola marca THUNDER serie 670077 igual sin permiso de portación asimismo se encontró en el baúl del carro en el que se encontraban los encausados el maletín del testigo “A” y sus pertenencias personales y la pistola PRIETO BERETA serie 25812Z. CUARTO: Que se declare a favor el presente Recurso de Casación por Infracción de Ley ya que en los “hechos probados” últimos dos renglones de la Sentencia T.S.T. 294-2011 juez 3, Sala tercera con fecha 27 de febrero del año 2012 contempla se ha infringido un precepto penal artículo 218 del Código Penal Vigente hay una aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables al caso de mis representados ya que la Sentencia no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas tanto por la defensa y el ente acusador en la presente causa ya que lo que procedía era condenarlos por Robo en su Grado de Ejecución de Tentativa ya que como narra los hechos en la sentencia y las Actas de Decomiso a cada uno de ellos no se les encuentra el cuerpo del delito es decir que en base al artículo 15 del Código Penal hay tentativa cuando con la intención de cometer un delito determina, se realizan actos inequívocas de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente, y es el caso que nos ocupa en ningún momento del proceso el Ministerio Público pudo acreditar la posesión real del objeto del delito por parte de los encausados, por esta razón no se puede confiar esta acción como algo consumado únicamente se queda como tentativa y en cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas se debe absolver de toda responsabilidad penal a los encausados ya que en el momento del debate no se acreditó, es decir el Ministerio Público no puso a la vista la cadena de custodia las presuntas armas encontradas a mis representados y algo más grave todavía y que les favorece a mis representados es que los testigos protegidos llevados por el Ministerio Público en ningún momento reconocen con claridad la participación de los encausados y asimismo este fallo del Tribunal de sentencia violenta Constitución de la República donde establece que se prohíbe que en nuestra sociedad hondureña no existe clases privilegiadas por razón de religión credo u otras distinciones de tipo social y como en este caso es claro que la supuesta víctima fue un alto oficial del Ministerio de Seguridad que inclusive no se presentó al momento del debate y lo extraño es que los jueces de esta sala tomando una interpretación de tipo personal no jurídica y sin que el Ministerio Público Aportara agravantes en contra de mis representados han establecido una pena atentatoria, discriminativa y torturadora de tipo psicológico hasta llegar al extremo de que uno de los encausados A. N. P. no soportando la presión o el castigo por parte de los impartidores de justicia tomó la determinación de quererse fugar de la Penitenciaria Nacional y en donde fue abatido por los Policías Penitenciarios de ese Centro Penal. Es por esa razón es procedente la nulidad de ese juicio en otra sala con otros jueces y se ordene al Ministerio Público la designación de otro fiscal que tenga criterios objetivos jurídicos ya que desde el inicio del proceso el requerimiento fiscal tal vez porque se le olvido sumar, inventar o improvisar delitos atípicos, tal como se puede ver en el expediente de mérito estos encausados fueron objeto de improvisación de los supuestos delitos de asociación ilícita y atentado por lo que fueron encontrados inocentes pero sin embargo la sentencia de mérito fue realizada después de los dos años vencida la prisión preventiva. Y todo esto solo con artimaña de afectar a los encausados y algo más grave que sucedió en el transcurso del debate sería procedente que la Honorable Corte Suprema de Justicia constate sobre los derechos y garantías individuales es que el Código Procesal Penal establece que el Fiscal y la defensa debe dirigirse con términos no discriminativos en contra de los encausados y tal como lo puedo acreditar con el casset de grabación del debate donde se puede escuchar claramente que el fiscal R. B. del Ministerio Público, se pronunciaba en contra de mis representados con la siguiente expresión “ESTOS MAL VIVIENTES” y la presidenta de esta sala M. T. en ningún momento limitó mucho menos defendió las expresiones dadas por el Fiscal del Ministerio Público y con todo lo acontecido hasta este momento y más con los resultados obtenidos en el presente juicio es claro y preciso para presumir que hubo un juicio amañado y con el solo fin de causarles daños a estos encausados, según se desprende de informaciones fidedignas es que la presidenta de esta sala tiene un vínculo matrimonial con un oficial de la policía y que ya había una predisposición para condenar de cualquier manera a los encausados y mucho más la justificación de aplicarles una pena de nueve años con seis meses por una pena que a lo máximo era de 6 años con ocho meses que es la pena mínima que establece la ley y aún más si la ley es dura no deja de ser cierto que debe aplicarse de manera justa y equitativa dentro del marco y los parámetros establecidos en la ley procesal y los mismos principios establecen que ningún juez podrá inventar figuras delictivas a los encausados.” IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) El recurrente denunció que el Tribunal de Sentencia infringió un precepto penal, el artículo 218 del Código Penal en relación al 15 del mismo cuerpo legal. Explicó el censor que la sentencia no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas tanto por la defensa y el ente acusador, pues lo que procedía era la condena por el delito de robo pero en grado de ejecución de tentativa, pues tal como lo narran los hechos y las actas de decomiso, a los imputados no se les encuentra el cuerpo del delito. Consideró además el impetrante que el Ministerio Público no pudo acreditar la posesión real del objeto del delito de Portación Ilegal del Armas pues no puso a la vista la cadena de custodia de las presuntas armas encontradas a los acusados. Expresó además que ninguno de los testigos protegidos reconocen con claridad la participación de los encausados en los hechos; por esa razón es procedente la nulidad del juicio y que se lleve a cabo otro debate en otra sala y además que se designe otro fiscal para la causa. 2) La presente impugnación no solo es carente de las mínimas técnicas que exige el Recurso de Casación, sino que denota en el recurrente una ausencia total de conocimiento sobre cómo elaborar una impugnación, pues su recurso es carente de coherencia y logicidad al tratar de abarcar varios temas en un solo argumento, lo que sin duda vuelve su escrito confuso. La configuración de la casación en el actual proceso penal hondureño recoge la triple función parciaria, protectora y unificadora de la norma aplicada, propia de esta clase de recursos, en cuanto medio de impugnación destinado a proteger tanto el derecho subjetivo de las partes, como el objetivo emanado de la norma jurídica cuestionada y a procurar la uniformidad en la interpretación de la ley aplicada. También puede añadirse como una de las funciones del recurso de casación hondureño, la de garantizar los derechos constitucionales en el procedimiento y enjuiciamiento penal, dado que en el artículo 361 del código procesal penal se introduce como una modalidad autónoma el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria, puesto que sólo puede interponerse con arreglo a unos motivos tasados, no debe desconocerse que es el único medio de impugnación previsto en la ley para revisar las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales de Sentencia. El modelo hondureño, para la mayor parte de los delitos, es el de un proceso en única instancia seguido ante el Tribunal de Sentencia, sujeto a un medio de impugnación extraordinario y limitado a una serie de motivos tasados, como el recurso de casación[1]. Los motivos de casación se encuentran regulados en los artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal, de ahí que surjan tres especies de casación: infracción de ley o doctrina legal, infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma; cada uno de los artículos regula una serie de supuestos o yerros que posiblemente pueden concurrir en la sentencia impugnada o durante el debate o juicio oral y público, y ellos constituirán el punto central de la impugnación, es decir el censor deberá no solo señalar la especie de casación que alega, sino que además puntualizar concretamente el motivo invocado y explicar de qué manera el sentenciador incurrió en el yerro, tal como lo establece el artículo 363 del código procesal penal. Esta Sala de lo Penal constata que el censor no sólo no señala la especie de casación que presenta, sino que no explica en cual precepto autorizante en que se basa para fundar el presente motivo, es decir, no identifica de manera puntual y concreta alguna de las causales que la ley taxativamente establece para impetrar el recurso extraordinario de casación. 3) Ahora bien en aras del derecho a recurrir el fallo que establece la Convención Americana sobre derechos Humanos en su artículo 8.2.h, este Tribunal de Casación a revisado el fallo emitido por el A-quo y concluye que los hechos probados fueron redactados con claridad y terminancia, conformándose en ellos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo agravado por el cual se condenó a los acusados; además el Sentenciador realizó una valoración conjunta y armónica de toda la prueba aportada en el juicio, observándose en sus juicios de valor la aplicación de las reglas de la sana crítica; verificó también que a los acusados en todo momento se le respetaron sus derechos y garantías establecidas en nuestra Carta Magda y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que Honduras a firmado; por tanto no existe yerro del Juzgador que merezca el reproche casacional; en tal sentido es procedente desestimar el presente recurso de casación. V.- DECISIÓN Al plasmar amplios argumentos lo procedente es declarar sin lugar el presente recurso de casación interpuesto a favor de los acusados. VI.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: Único: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el abogado J. M. A. A. en su condición de Defensor Privado de los señores W. S. A. F., R. R. J.. y O. O.. L. a quienes se les condenó por el delito de Robo agravado en perjuicio de Testigo protegido “A” y por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de La seguridad interior del Estado de Honduras. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO PONENTE.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.-

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-337-2012.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Fernández de la Reguera, Ángel Llorente. Los Recursos. Cuadernos de estudios judiciales “Rafael Alvarado Manzano.” Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras, 2001. Página 99