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Sentencia CP-336-15 — Registro 6459

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de portación ilegal de arma comercial.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

..."Esta Sala de lo Penal reitera que en los casos de portación de armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como chimbas, deben enmarcarse en el artículo 332-B del Código Penal. Lo anterior debido a que en la reforma por adición (artículo 332-A) el legislador sanciona la fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, de conformidad a la descripción de la norma. Y en la reforma por adición del Artículo 332-B distingue la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Que si bien las referidas normas, se encuentran con una redacción defectuosa, si son claras en cuanto a la categorización de armas de guerra y de las armas comerciales. Y no obstante que el artículo 332-A del Código Penal, no determina cuales son las armas de guerra, salvo las AK-47 en cualquiera de sus modelos, ya la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 proporciona un catálogo de armas comerciales y prohibidas. Esta Sala considera que por la naturaleza “artesanal” de las armas caseras, ello no permite considerar que están comprendidas o puedan equipararse a “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, no es similar. En la realidad nuestra las armas caseras (chimbas) no se igualan en su fabricación, ni al potencial destructivo de las armas de guerra pues usualmente se construyen de manera rudimentaria, para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[2], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra por lo que no es posible subsumir la conducta del acusado en el artículo 332-A del Código Penal. En consecuencia, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente.."

Legislación citada

  • Código Penal, art. 332, inciso A (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal, art. 332, inciso B (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de control de armas municiones, explosivos y otros similares, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de control de armas municiones, explosivos y otros similares, art. 27 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de julio del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ quien actúa como coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS la siguiente sentencia en el recurso de casación SP-336-2015 por infracción de ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de abril del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor J. M. M. R. como autor del delito de Portación ilegal de arma comercial, en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras a la pena de TRES AÑOS de reclusión. - SEGUNDO: condenó al señor J. M. M. R. a las penas accesorias Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. TERCERO: Declaró el comiso de un arma de fabricación casera o artesanal. CUARTO: Se decretó la suspensión de la ejecución de la pena, por un período de prueba de cinco años, haciéndole la advertencia del beneficio otorgado y los motivos que pueden producir la cesación. QUINTO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, el abogado J. A. C. M. actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: el abogado J. A. C. M. fiscal en representación del Ministerio Público, como recurrente. II.- HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: El día 22 de septiembre del año 2012, en el Barrio La Merced, de la Ciudad de La Paz, departamento de La Paz, agentes de la Policía Preventiva practican un registro personal al señor J. M. M. R., encontrándole un arma de fuego de fabricación casera (chimba) por lo que le dieron detención. III.- ADMISIÓN: El recurso de casación por infracción de ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV.- RECURSO DE CASACIÓN El recurrente, Abogado J. A. C. M., formalizo su recurso de casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el hecho siguiente: ÚNICO: “El día veintidós (22) de septiembre del año 2012, en el barrio la Merced, de la ciudad de La Paz, Departamento de la Paz, Agentes de la Policía Preventiva practican un registro personal al señor J. M. M. R., encontrándole un arma de fuego de fabricación cacera (chimba) por lo que le dieron detención”. Para el Tribunal Sentenciador, el cuadro fáctico descrito se subsume en el artículo 332- B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, motivo por el cual emite sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión; sin embargo, la citada conclusión por parte del ente jurisdiccional hace evidente el error in iudicando en que ha incurrido, pues al analizar la declaración de hechos probados, no se logra visualizar del mismo que se ha incurrido en la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, lo cual se determina al tenor de las circunstancias establecidas en el Artículo 332 B: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”... De la norma supraindicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica (45) pulgadas u once punto cinco milímetros (11.5). 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas”. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto denominado comúnmente como “chimba”, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia; circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el numeral primero del apartado de fundamentación jurídica cuando indica: Los hechos que este Tribunal estima probados y en los cuales el procesado ha tenido participación, sin lugar a dudas son constitutivos de un delito de Portación de Arma no comercial....el cual se encuentra contemplado en el artículo 332-A del Código Penal que contempla: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o combate incluida estas últimas las AK-47, en cualquier de sus modelos, será sancionado con la pena de 8 a diez años de reclusión y una multa de 5,000.00 a 10,000.00 lempiras por cada arma incautada”. Sin embargo, apartándose del cuadro fáctico que el mismo ha establecido, decide calificar la conducta como Portación de Arma Comercial (Artículo 332-B); pues aduce que la chimba es considerada un arma de fabricación cacera o artesanal, la cual está diseñada para disparar munición de calibre: 22LR, que constituye una munición permitida por la ley, conforme lo establece el artículo 7, numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros. Precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa, ya que el fàctum establecido no corresponde a la calificación jurídica.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps.1O,000..00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su Motivación Jurídica orientada a sustentar la parte concluyente de su fallo, procurando explicar el porqué el tipo que se adecùa al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, es así que en el numeral segundo, párrafo primero de dicho apartado establece “Esta tenencia de un arma de fabricación Cacera considerada no convencional, cuya munición es la permitida por la Ley conforme lo establece artículo 7 numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, se enmarca perfectamente en el artículo 332 B”; es así, que el Juzgador considera que la acción enjuiciada se subsume en el tipo penal de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, configurándose lo regulado en la precitada norma, al tratarse de un arma artesanal por su calibre es considerada comercial. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza, que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) que utiliza munición calibre 22, debe ser considerado comercial, pues refiere, que para su tenencia es necesario la obtención del correspondiente permiso, lo cual resulta absolutamente imposible, al no encontrarse incluidas dentro del catálogo establecido en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, que ha sido citado en el motivo anterior. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado J. M. M. R., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, el Ministerio Público solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” V.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1. Planteamiento del Problema A partir de la derogatoria del Decreto No. 101-2003, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 30,133 de fecha 11 de julio de 2003, cada vez más se ha presentado la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues en algunos tribunales de la república han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el artículo 332-B. Aun a pesar de la diversidad de criterios, a la fecha no ha existido una sentencia definitoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que si bien han sido muchos los casos resueltos vía recurso de casación sobre la base de los artículos 332-A y 332-B, el Thema Decidendum han sido otros diferentes a tal punto. Es por ello, en aras de aportar elementos a tan importante discusión, se presenta el siguiente ensaño, donde se adopta una postura al respecto. 2. Las Armas de Fabricación Casera o Artesanal La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados partes se comprometen a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador. También señala que las armas destinadas para uso oficial deberán de contener el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus piezas, componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como fabricación ilícita de armas, la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no ello permite la producción, tenencia y comercialización de éste tipo de armas sin el control del Estado; Es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego. Municiones. Explosivos y Otros Similares, en adelante Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. 3. Armas de Lícito e Ilícito Comercio Los diversos criterios sobre la tipificación como delito de las conductas producidas con armas de fabricación casera o artesanal deriva, en parte, de la diversidad de calificativos que proporciona las leyes en relación a las armas de fuego, así pues habla de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra; por ello es necesario hacer la distinción de dichos conceptos. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de armas permitidas por la ley, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley permite su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran prohibidas, es decir aquellos cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferente naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; Y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. 4. Armas de Uso Personal, de Defensa, Deportivas y Armas de Guerra Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; Igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.- Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley. 4.1. Artículo 332-A del Código Penal El artículo 332-A, tipifica el delito el de Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones, así: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5, 000.00) a diez mil (Lps. 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Anexo I de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones De Armas Convencionales 1. Carros de combate Vehículos de combate blindados, automotores, de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros. 2. Vehículos blindados de combate Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad para todo terreno: a. diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de cuatro infantes o más, o. b. equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles. 3. Sistemas de artillería de gran calibre, Cañones, obuses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros o más. 4. Aviones de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término "aviones de combate" no quedan comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado del modo descrito. 5. Helicópteros de ataque. Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anticarros, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica. 6. Naves de guerra Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante. 7. Misiles y lanzamisiles. Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías 1 a 4. Esta categoría: a. Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los misiles; b.No incluye los misiles de tierra a aire. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos 1. Mina: toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo; 2. Mina lanzada a distancia: toda mina, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves; 3. Arma Trampa : todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno; 4. Otros Artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias Arma Incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias. Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras Armas láser Cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Protocolo sobre Fragmentos no Localizables Arma de Fragmentos no Localizables: arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción Armas Bacteriológicas: Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción 1. Armas Químicas: Se entiende, conjunta o separadamente: a. Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen afines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b. Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c. Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b). 2. Agente de Represión de Disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. Código Penal El Arma Avtomat Kaláshnikova modelo 1947 conocido por su acrónimo, AK- 47, y sus modelos y variaciones: a. AK-12, b. AK-47 1948–51, 7,62 x 39; c. AK-47 1952, 7,62 x 39; d. AK-47S, versión con culata plegable; e. AK-47-U Versión con más cadencia de fuego; f. AK-74, 5,45 x 39; g. AK-101, 5,56 x 45 con culata plegada; h. AK-102, 5,56 x 45; i. AK-103, 7,62 x 39; j. AK-104, 7,62 x 39: k. AK-105, 5,45 x 39; l. AK-107/108, 5,45 x 39; m. AKM, 7,62 x 39; n.AKMS, 7,62 x 39, versión del AKM con culata plegable; o.AKMSU, 7,62 x 39 - Versión acortada del AKM; p. Fusil R4, 5,56 x 45 OTAN - Versión sudafricana con culata plegable, similar al Galil; q. IMI Galil, 5,56 x 45 OTAN; r. INSAS, 5,56 x 45 OTAN - Versión india; s. Pistol Mitralieră model 1965, 7,62 x 39 - Versión rumana de culata plegable; t. Puşcă Automată model 1986, 5,45 x 39 - Versión rumana de culata plegable; u. RK 62, 7,62 x 39 - Versión finlandesa, con culata tubular, guardamano de plástico con hoyos y versión con culata plegable esquelética; v. RPK, 7,62 x 39, Ametralladora ligera; w.RPK-74 5,45 x 39 - Versión ametralladora ligera; x. Tipo 56, 7,62 x 39 - Versión china del AKM, con bayoneta plegable; y. Tipo 58, 7,62 x 39 - Versión norcoreana; z. Zastava M70, Versión con culata en forma de tubo o tronco con una terminal de empuñadera en forma de borrador de pizarrón. Conforme al artículo 332-a del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5, 000.00) a diez mil (Lps. 10,000.00) lempiras. Particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 4.2. Artículo 332-B del Código Penal El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador. Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; el problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior.- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: a.Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; b. Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; c. Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a. no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; b. Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. 5. Proyecto del Código Penal En el Proyecto del Código Penal de Honduras, actualmente en construcción, se propone una mejor redacción del delito que sanciona las conductas relacionadas con las armas de fuego, siendo ésta la propuesta: ARTÍCULO XXX.- Fabricación, tenencia y tráfico de material de guerra, armas y municiones. 1. Quién, sin estar autorizado por autoridad competente, fabrique, almacene, posea, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas de fuego, municiones o explosivos, cuyo comercio está permitido por la ley para el público en general, será sancionado con la pena de tres (3) a seis (6) años de prisión y XXX multa. 2. Quién fabrique, almacene, posea, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas de fuego, municiones o explosivos, cuyo comercio no está permitido por la ley o que estén destinadas para el uso exclusivo de las Instituciones Armadas de Honduras, será sancionado con la pena de seis (6) a diez (10) años de prisión y XXX multa. 3. Quien fabrique, almacene, posea, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas de fuego fabricadas artesanalmente (Chimbas), será castigado con la pena señalada en el numeral 1) cuando la munición para la cual éste apta sea de aquella que puede adquirirse legalmente en el comercio, o con la pena señalada en el numeral 2) cuando no lo sea. 6.- Conclusiones 1. Entretanto es aprobada y entra en vigencia la nueva Ley de Armas y el nuevo Código Penal, es importante hacer un análisis exhaustivo de la normativa vigente, siendo el presente documento a penas una propuesta de interpretación de dichas normas; 2. No existe coherencia interna en la redacción del artículo 332-B del Código Penal, al titular que se tipifica los delitos relacionados con armas comerciales, pero en cuya descripción del supuesto habla de armas de uso personal y deportivas; 3. Las armas de fabricación casera, contrario a la opinión externa por la Sección de Asesoría Técnico Jurídica de la Fiscalía General del Ministerio Público, en su dictamen FGR-ATJN.2, del 05 de noviembre de 2013, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, sino armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación , adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas.”[1] VI.- RESUMEN DEL RECURSO DE CASACION DE INFRACCIÓN DE LEY POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 332-B DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 7 Y 27 DE LA LEY DE CONTROL DE ARMAS MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS SIMILARES. Argumenta el recurrente que la sentencia que se impugna incurre en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Refiere que el A Quo incurre en error in iudicando por estimar que los hechos declarados probados, se subsumen en un delito de portación ilegal de arma comercial, al tenor del artículo 332 B. Aprecia que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que considera está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, que describe las armas permitidas. Aprecia que un arma de fabricación casera (chimba) no se considera de uso personal defensivo, ni deportivo, ni comercial, debido a que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Considera que el A Quo incurre en error por entender que la chimba, arma de fabricación casera o artesanal, es arma comercial, por estar en este caso, diseñada para disparar munición de calibre 22 LR, y por ser esta munición permitida por la ley, conforme lo establece el artículo 7, numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros. Por lo que concluye que los hechos declarados probados en que el procesado ha tenido participación, son constitutivos de un delito de portación de arma no comercial, contemplado en el artículo 332-A del Código Penal. VII.- RESUMEN DEL RECURSO DE CASACION DE INFRACCIÓN DE LEY POR INFRACCIÓN DE LEY, POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 332-A DEL CÓDIGO PENAL. Argumenta el recurrente que la sentencia impugnada ha incurrido en infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal. Aprecia que la motivación jurídica del fallo, al explicar porqué el hecho único declarado probado, esta contenido en el artículo 332-B del Código Penal, establece que “la tenencia de un arma de fabricación casera considerada no convencional, cuya munición es la permitida por la ley conforme lo establece artículo 7 numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, se enmarca perfectamente en el artículo 332 B”, por lo que concluye que la acción del acusado se subsume en el tipo penal de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, por entender que el arma artesanal tiene calibre comercial. Aprecia que el razonamiento del A Quo carece de soporte legal para establecer que el arma de fuego artesanal (chimba) al utilizar munición de calibre 22, debe ser considerada como arma comercial, al apreciar que para la tenencia de un arma de fuego es necesaria la obtención de un permiso, el cual resulta ser imposible, al no estar incluida la chimba dentro del catálogo establecido en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Considera que de los hechos probados quedó acreditada la existencia de un hecho típico donde el imputado J. M. M. R., tomó parte directa en su ejecución, al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, por lo que el hecho probado debió ser subsumido en el artículo 332 A del Código Penal, al tratarse de un arma que el Estado no prevé ninguna posibilidad de registrarla o legalizarla y que por ser prohibida, el juzgador debió considerarla un arma de guerra. DECISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 332-B DEL CÓDIGO PENAL, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 7 Y 27 DE LA LEY DE CONTROL DE ARMAS MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS SIMILARES. Esta Sala de lo Penal considera que la conducta del acusado en el presente caso, en que se le atribuye la portación de un arma de fabricación casera, se adecua más a la prohibición establecida en el artículo 332-B del Código Penal, en tanto que esta se refiere a la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan un arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de una arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Por lo anterior, esta Sala concluye que al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las “chimbas” y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Por lo antes expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. VIII.- DECISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 332-A DEL CÓDIGO PENAL Esta Sala de lo Penal reitera que en los casos de portación de armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como chimbas, deben enmarcarse en el artículo 332-B del Código Penal. Lo anterior debido a que en la reforma por adición (artículo 332-A) el legislador sanciona la fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, de conformidad a la descripción de la norma. Y en la reforma por adición del Artículo 332-B distingue la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Que si bien las referidas normas, se encuentran con una redacción defectuosa, si son claras en cuanto a la categorización de armas de guerra y de las armas comerciales. Y no obstante que el artículo 332-A del Código Penal, no determina cuales son las armas de guerra, salvo las AK-47 en cualquiera de sus modelos, ya la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 proporciona un catálogo de armas comerciales y prohibidas. Esta Sala considera que por la naturaleza “artesanal” de las armas caseras, ello no permite considerar que están comprendidas o puedan equipararse a “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, no es similar. En la realidad nuestra las armas caseras (chimbas) no se igualan en su fabricación, ni al potencial destructivo de las armas de guerra pues usualmente se construyen de manera rudimentaria, para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[2], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra por lo que no es posible subsumir la conducta del acusado en el artículo 332-A del Código Penal. En consecuencia, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. IX.- RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en sus dos motivos, interpuesto por el abogado J. A. C. M., en su condición de fiscal en representación del Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.-

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP 336-2015.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Dictamen: “armas de fabricación casera o artesanal (tipificación)”. Por: abogado m. e. g. v.. Magistrado Corte de Apelaciones La Ceiba, Atlántida. Máster en Administración de Justicia Penal. Especialista en Derecho Penal. Notario Público.

[2] El principio de proporcionalidad establecido en el artículo 2-D del Código Penal, en sentido estricto implica que se debe ponderar la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia jurídica, las penas deben ser adecuadas con relación a la gravedad de la conducta que se tipifica, establece una prohibición en exceso, manteniendo un equilibrio entre la sanción penal y los derechos fundamentales. Además, sólo una pena proporcionada puede responder a los ideales de la prevención general y de la prevención especial.