Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-336-12 — Registro 6458

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por asociacion ilicita.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció la recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en quebranto a las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba, consignando como precepto autorizante el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el Juzgador incurrió en trasgresión a las normas señaladas al momento de valorar la declaración del testigo protegido “A” agente de investigación y quien declaró: “… que se tenía un operativo de búsqueda e identificación de personas señaladas como miembros de mara, en ese operativo se capturó al imputado N. de J. S., expresó este testigo que en la investigación realizada se puede confirmar que es miembro de la mara o pandilla “18” que se dedican al robo de vehículo y ya había sido capturado por asociación ilícita y tráfico de drogas. Afirmó además el deponente que dentro de los actos de investigación se realizaron verificación de los antecedentes, acta de registro y matriz de asociación, muchos de los datos son proporcionados por los vecinos del lugar e informantes anónimos”. Para el reclamante esta declaración es suficiente para acreditar que el acusado es miembro de una asociación ilícita, pero el sentenciador razonó diciendo que todas son meras especulaciones pues su testimonio no tiene respaldo, por tanto sus dichos carecen de fuerza probatoria ya que no se ha presentado ninguna evidencia que respalde sus aseveraciones, de lo que se deduce que la captura del acusado se debió a los tatuajes que tiene en su cuerpo; argumentos que para el impetrante quebrantan las máximas de la experiencia y el sentido común. 2) La Constitución de la República en su artículo 78 garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otros, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no cause perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo cuerpo legal. El legislador hondureño ha determinado que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello a tipificado el delito de asociación ilícita en el artículo 332 del Código Penal que establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L.100,000.00) a trescientos mil (L.300,000.00) lempiras, a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior, rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”. Por lo que corresponde su análisis: A) Naturaleza[2]: El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos, si bien, el tipo penal califica como asociaciones ilícitas a las maras o pandillas, su aplicación no es exclusiva a dichos grupos, ya que por configuración puede ser base para declarar ilícito cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. B) Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico protegido es la seguridad interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional. C) Elementos Objetivos del Tipo: Sujetos Activos: El tipo penal no señala cuantas personas deberán de estar integradas en la asociación, por lo que siguiendo el artículo 2.a de la Convención de Palermo, deberá de entenderse que como mínimo tres personas[3]. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El sujeto activo no necesariamente tendrá conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer en donde solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la membrecía. La membrecía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerara parte de la asociación ilícita, por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente, con el fin de ejecutar delitos aún cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo un visión consensuada de cometer delitos; Conducta Criminosa: Teniendo como verbo rector el “asociarse”, el acto penalmente relevante lo constituirá cuando el grupo de personas concierte la ejecución de actos delictivos. Implica entonces, que el grupo parte del acuerdo de voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, por cuanto no es necesario que de manera posterior los miembros del grupo tenga que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo este conformado como tal. El conjunto de personas pueden constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. No constituye asociación ilícita el grupo de persona que se proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos constitutivos de delitos; Requisito de Tiempo: El tipo penal exige que el grupo sea permanente, es decir, que no sea una reunión accidental de personas para cometer un delito determinado, sino que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es cometer[4]; Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos; Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como persona jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir, a todos los que conforman la sociedad hondureña. D) Elementos Subjetivos del Tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, la cual es la de cometer delitos de manera permanente[5]. E) Grados de Participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de co-autor, ya sea como jefe o cabecillas, y miembros del grupo. Son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo con concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o jefes del grupo. No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia. Ahora bien, si se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (Eje: robo, asesinato, tráfico de drogas), más no como cómplice del delito de asociación ilícita. F) Punibilidad: La pena abstracta a imponer a los miembros de grupos delictivos será de 13 años con 04 meses a 20 años de reclusión. El tipo penal no señala pena de multa para este tipo de participante. La pena abstracta a imponer a los jefes o cabecillas de los grupos delictivos será de 20 a 30 años de reclusión y multa de L.100,000.00 a L.300,000.00 lempiras. 3) Analiza esta Sala de lo Penal que el recurrente ha incurrido en inadecuada técnica recursiva, pues si bien señala como motivo de casación el quebranto a las Reglas de la Sana Crítica y menciona de manera general las máximas de la experiencia y el sentido común, no fue capaz de puntualizar de manera detallada cuál regla de la sana crítica fue la que el Juzgador quebrantó con sus valoraciones probatorias; lo que sí realiza el censor es una revaloración del material probatorio allegado al juicio, expresando criterios subjetivos de cómo se debió razonar la prueba, ejercicio mental que está vedado en esta etapa de casación y que sólo le corresponde realizar al Juez A-quo debido a la inmediación, es decir tiene contacto directo con la prueba y su desarrollo. Ahora bien en aras del Derecho a Recurrir que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos en su Artículo 8.2.h, además del Derecho de Defensa que regula nuestra Constitución de la República, este Tribunal de Casación analizó los razonamientos utilizados por él A-quo y concluye que sus juicios de valor son congruentes y racionales en los cuales se ha observado la aplicación de las reglas del recto entendimiento humano. Comparte este Supremo Tribunal la valoración que hiciera el Juez A-quo de la declaración del testigo protegido A, en el sentido de que no es posible colegir de su deposición que el procesado pertenezca a una mara o pandilla, pues su testimonio no cuenta con pruebas corroborativas, por lo que todo lo manifestado por el referido testigo únicamente alcanzan a ser meras sospechas que no pueden enervar el Estado de Inocencia del acusado. Así mismo observa este Supremo Tribunal, que el Sentenciador no solo tomó en consideración la prueba testifical para absolver al acusado, sino que además consideró la prueba pericial de examen físico practicado al encartado, la perito forense que practicó el examen fue categórica al establecer que los tatuajes que presenta el imputado son decorativos; asimismo se presentó como prueba documental una constancia extendida por la Empresa Nacional de Arte Gráficas, la que establece que el imputado labora para esa institución. En ese sentido se observa que el Tribunal Sentenciador aplicó de forma correcta y adecuada las reglas de la sana crítica, por lo que debe desestimarse la presente impugnación. V. DECISIÓN Por todos los argumentos vertidos es procedente desestimar el presente recurso de casación en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el recurso de casación SP 336-2012 por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor N. DE J. S. M., por el supuesto delito de Asociación Ilícita en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: No condenó en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho juicio al Ministerio Público.- Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la abogada L. C. R. G., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- Es Parte: El abogado S. C. A. en su condición de representante del Ministerio Público como recurrente. II. HECHOS PROBADOS UNO: En fecha veinte de mayo 2009, en un operativo policial realizado en la colonia San José de el pedregal en Tegucigalpa, MDC, fue detenido el joven N. de J. S. M., quien presentaba varios tatuajes decorativos en diferentes partes de su cuerpo.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada L. C. R. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACION. ÚNICO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del CPP. Previo a explicar nuestro motivo, conviene aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, veamos: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el CPP, es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo. Debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las concusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. En el caso de autos el Juzgador estableció como hechos probados lo siguiente: “UNO; En fecha veinte de mayo 2009, en un operativo policial realizado en la colonia San Jose de el pedregal en Tegucigalpa, MDC, fue detenido el joven N. de J. J. M., quien presentaba varios tatuajes decorativos en diferentes partes de su cuerpo. Al examinar tanto los hechos probados ya transcritos, como la valoración de prueba y la fundamentación jurídica, bases del fallo, nos encontramos con que el Sentenciador afirma lo siguiente: que con las declaraciones del testigo protegido no es posible dar por acreditado que el señor N. de J. S. sea miembro de un grupo que actúa al margen de la ley, dado que las mismas solamente refieren desde el punto de vista de la prueba mera especulaciones, a que su testimonio no tiene más respaldo que sus propios dichos, por lo que carecen de fuerza probatoria. El testigo afirma que el acusado ha sido detenido por pertenecer a una mara, y participar en el tráfico de drogas en la zona donde fue detenido, pero en el juicio no se ha presentado ninguna evidencia que respalde esta aseveración, por lo que se deduce que su detención se produce solamente por tener tatuajes en su cuerpo, asimismo afirma que existe en contra del encausado, información proporcionada por denunciantes anónimos que colaboran con la policía, pero tampoco se presentó prueba sobre éste particular, por lo que sus afirmaciones se quedan en el vacío al carecer de otra fuente confiable de respaldo a sus declaraciones, de lo que se desprende necesariamente el análisis de esas deposiciones, así como de la prueba pericial evacuada, que entre otros aspectos refieren lo siguiente: Declaración del testigo protegido A: Esta deponente, quien es Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, manifestó que el día miércoles 20 de mayo del año 2009, junto a un grupo de compañeros de la DNIC, se trasladó a la colonia Oscar A. Flores y al Pedregal, en un operativo de búsqueda e identificación de personas señaladas como miembros de la mara 18, se localizó un grupo de unos cinco individuos que se trataron de darse a la fuga, por el campo y atrás del colegio, uno de ellos desenfundó una arma de fuego, se les dio persecución a dos y se detuvo a N. de J. S., siguió narrando el testigo que el objetivo perseguido era de realizar localizaciones y detenciones de miembros de maras, los cuales ya estaban bien identificados en el departamento de Maras y pandillas de la DGIC, quienes varias veces habían sido detenidos por Asociación Ilícita y Tráfico de Drogas, entre ellos el encausado; explicó el agente que toda la Investigación realizada les permite afirmar que son miembros de la mara o pandilla 18, que se dedican al robo de vehículos y tráfico de drogas. Y que N. de J. es colaborador de la pandilla, entre las acciones investigativas están: la verificación de antecedentes, se hizo acta de registro y la matriz de la asociación, también explicó que éstos datos se obtienen de los vecinos que viven en el lugar y le comunican a la policía, informantes que son vecinos del lugar, son anónimos. Con este testimonio, queda más que acreditado la participación del imputado N. de J. S. M., ya que el policía es claro, en manifestar que puede confirmar que el señor S. es miembro activo de la mara 18, y para ratificar esta circunstancia existe documentación que lo acredita; como ser, la búsqueda de antecedentes, donde en varias ocasiones ha sido detenido precisamente por actos ilícitos, dentro de los archivos que lleva el departamento de Anti maras, el señor S. figura como miembro activo, asimismo ellos elaboraron una matriz donde detallan el grado de participación del mismo dentro de la mara, y por último, las entrevistas que realizan con testigos de la colonia, quienes tal como lo expresa el policía son anónimos, ya que como es de lógica en este tipo de delitos, los vecinos del lugar por temor a represarías, siempre solicitan mantener su anonimato. Otro hecho importante a exponer que acredita el porqué no estamos de acuerdo con lo resuelto por el tribunal es en cuanto a lo expresado en la valoración del testimonio, cuando expresan: “que a pesar que el testigo afirma que el encausado ha sido detenido por pertenecer a una mara, y participar en el tráfico de drogas en la zona, pero en juicio no se ha presentado ninguna evidencia” en cuanto a esto es necesario hacer la siguiente aclaración; En el momento de proponer pruebas el Ministerio Público, nomina como medios de pruebas documentales entre otros:

  1. constancia extendida por el Jefe del departamento de Anti maras de la Dirección Nacional de Investigación criminal, donde se hace constar que dentro de los archivos que maneja ese departamento el hoy imputado se encuentra plenamente identificado como miembro activo, todo en atención a las investigaciones realizadas. 2) Asimismo se propuso una matriz, igualmente realizada por los agentes, donde una vez más acreditan el grado de participación que ostenta el Imputado dentro de la organización de la mara; documentos que no fueron aceptados por el tribunal, argumentando que si, se estaba nominado al agente investigador, no tenía sentido la documentación ya que la finalidad de la deposición era para acreditar las diligencias investigativas realizadas, y que era en el momento de la declaración donde el agente, podía explicar el grado de participación, así como los registros policiales; contradiciéndose totalmente con la valoración efectuada al momento del juicio; al no valorar la deposición del policía, quien acredita que efectivamente el imputado es miembro activo de un organización que se actúa la margen de la ley, y el día de la captura era específicamente para identificarlos y proceder a su detención. Porque ya los tenían plenamente identificados. Por lo antes expresado y utilizando las máximas de experiencia y el sentido común, para este ente fiscal resulta ajeno al sistema de valoración probatoria de sana crítica que la juez, arribara a conclusiones totalmente ajenas de lo que el cuadro probatorio nos refleja, ya que si bien la defensa del señor N. de J. S., intento desvirtuar los hechos al presentar como testigo a la madre del imputado, quien por lógica, por tratársele sus hijo, su testimonio esta parcializado, ya que por el parentesco, siempre buscara favorecerlo, por lo que esa prueba no resulta creíble. Sobre este aspecto se estima de relevancia tomar en consideración las pautas que según el autor José Cafferata Nores en su libro “La Prueba en el Proceso Penal” deben de tomarse en cuenta para distinguir entre una declaración verdadera y una errónea o mendaz y que son : 1) La presunción de que los sentidos no han engañado al testigo y 2) la presunción de que el testigo no quiere engañar y en lo relativo a ésta última resultan de significativa importancia los parámetros siguientes: a) determinación si el testigo tiene algún interés que pueda influir sobre la voluntad del deponente (ej. odio, soborno) b) control interno al momento de rendir la declaración , de tal manera que el mismo no sea dubitativo, contradictorio o discurso predeterminado c) Finalmente luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria[1]. En el caso en estudio se aprecia que el testigo de cargo e incluso la de descargo han comparecido a rendir su testimonio de manera espontánea, donde el primero por su función de investigar resultó ser claro y congruente en cuanto a acreditar la responsabilidad del imputado, no si la de la madre del imputado ya que como se reitera por su parentesco su testimonio tiende a ser parcializado. Pese a ello el sentenciador concluye que el delito de asociación ilícita es de impacto social, que es complejo y que el tipo penal existe el requisito de permanencia y que hay tatuajes que demuestran la permanencia, pero que el tatuaje por sí solo no delinque y que se necesita otra serie de actividades conexas, para que se pueda dar este tipo penal, por lo que a criterio de este ente fiscal, el fallo ahora impugnado presenta serias contradicciones e inconsistencias en la valoración de la prueba, que vulneran por un lado el principio de coherencia que contiene dentro de sí la característica de congruencia que impone la existencia de un fallo con un todo armónico; y por otro lado, el principio de derivación, en su apartado de razón suficiente y en éste, valga la renuncia el de suficiencia. Por lo que al realizar un análisis de la prueba en conjunto podemos apreciar que el sentenciador de manera errónea ha realizado una valoración arbitraria y parcial de la prueba de forma individual, arribando a la conclusión de que no se pudo demostrar que el imputado se dedica a tal actividad ilícita y por lo tanto lo absuelven de responsabilidad, conclusiones que el Ministerio Público no comparte, ya que las razones que ha establecido el tribunal sentenciador para restarle validez a la prueba de cargo son infundadas, ya que existe prueba testifical, sustentada en documentos que constituyen elementos suficientes para destruir la presunción de inocencia del encausado. Por lo que haciendo uso de las reglas de la sana crítica, al analizar la circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, así de la Investigación policial; necesariamente se debe de concluir que N. DE J. S. M. es responsable de la comisión del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA cometido en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, existiendo sobradas razones como las ya expuestas, para concluir que el Tribunal de sentencia ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las prueba y, como consecuencia de ello, ha absuelto al procesado en la parte dispositiva de la sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
  2. Denunció la recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en quebranto a las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba, consignando como precepto autorizante el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el Juzgador incurrió en trasgresión a las normas señaladas al momento de valorar la declaración del testigo protegido “A” agente de investigación y quien declaró: “… que se tenía un operativo de búsqueda e identificación de personas señaladas como miembros de mara, en ese operativo se capturó al imputado N. de J. S., expresó este testigo que en la investigación realizada se puede confirmar que es miembro de la mara o pandilla “18” que se dedican al robo de vehículo y ya había sido capturado por asociación ilícita y tráfico de drogas. Afirmó además el deponente que dentro de los actos de investigación se realizaron verificación de los antecedentes, acta de registro y matriz de asociación, muchos de los datos son proporcionados por los vecinos del lugar e informantes anónimos”. Para el reclamante esta declaración es suficiente para acreditar que el acusado es miembro de una asociación ilícita, pero el sentenciador razonó diciendo que todas son meras especulaciones pues su testimonio no tiene respaldo, por tanto sus dichos carecen de fuerza probatoria ya que no se ha presentado ninguna evidencia que respalde sus aseveraciones, de lo que se deduce que la captura del acusado se debió a los tatuajes que tiene en su cuerpo; argumentos que para el impetrante quebrantan las máximas de la experiencia y el sentido común. 2) La Constitución de la República en su artículo 78 garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otros, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no cause perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo cuerpo legal. El legislador hondureño ha determinado que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello a tipificado el delito de asociación ilícita en el artículo 332 del Código Penal que establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L.100,000.00) a trescientos mil (L.300,000.00) lempiras, a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior, rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”. Por lo que corresponde su análisis: A) Naturaleza[2]: El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos, si bien, el tipo penal califica como asociaciones ilícitas a las maras o pandillas, su aplicación no es exclusiva a dichos grupos, ya que por configuración puede ser base para declarar ilícito cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. B) Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico protegido es la seguridad interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional. C) Elementos Objetivos del Tipo: Sujetos Activos: El tipo penal no señala cuantas personas deberán de estar integradas en la asociación, por lo que siguiendo el artículo 2.a de la Convención de Palermo, deberá de entenderse que como mínimo tres personas[3]. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El sujeto activo no necesariamente tendrá conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer en donde solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la membrecía. La membrecía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerara parte de la asociación ilícita, por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente, con el fin de ejecutar delitos aún cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo un visión consensuada de cometer delitos; Conducta Criminosa: Teniendo como verbo rector el “asociarse”, el acto penalmente relevante lo constituirá cuando el grupo de personas concierte la ejecución de actos delictivos. Implica entonces, que el grupo parte del acuerdo de voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, por cuanto no es necesario que de manera posterior los miembros del grupo tenga que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo este conformado como tal. El conjunto de personas pueden constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. No constituye asociación ilícita el grupo de persona que se proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos constitutivos de delitos; Requisito de Tiempo: El tipo penal exige que el grupo sea permanente, es decir, que no sea una reunión accidental de personas para cometer un delito determinado, sino que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es cometer[4]; Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos; Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como persona jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir, a todos los que conforman la sociedad hondureña. D) Elementos Subjetivos del Tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, la cual es la de cometer delitos de manera permanente[5]. E) Grados de Participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de co-autor, ya sea como jefe o cabecillas, y miembros del grupo. Son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo con concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o jefes del grupo. No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia. Ahora bien, si se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (Eje: robo, asesinato, tráfico de drogas), más no como cómplice del delito de asociación ilícita. F) Punibilidad: La pena abstracta a imponer a los miembros de grupos delictivos será de 13 años con 04 meses a 20 años de reclusión. El tipo penal no señala pena de multa para este tipo de participante. La pena abstracta a imponer a los jefes o cabecillas de los grupos delictivos será de 20 a 30 años de reclusión y multa de L.100,000.00 a L.300,000.00 lempiras. 3) Analiza esta Sala de lo Penal que el recurrente ha incurrido en inadecuada técnica recursiva, pues si bien señala como motivo de casación el quebranto a las Reglas de la Sana Crítica y menciona de manera general las máximas de la experiencia y el sentido común, no fue capaz de puntualizar de manera detallada cuál regla de la sana crítica fue la que el Juzgador quebrantó con sus valoraciones probatorias; lo que sí realiza el censor es una revaloración del material probatorio allegado al juicio, expresando criterios subjetivos de cómo se debió razonar la prueba, ejercicio mental que está vedado en esta etapa de casación y que sólo le corresponde realizar al Juez A-quo debido a la inmediación, es decir tiene contacto directo con la prueba y su desarrollo. Ahora bien en aras del Derecho a Recurrir que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos en su Artículo 8.2.h, además del Derecho de Defensa que regula nuestra Constitución de la República, este Tribunal de Casación analizó los razonamientos utilizados por él A-quo y concluye que sus juicios de valor son congruentes y racionales en los cuales se ha observado la aplicación de las reglas del recto entendimiento humano. Comparte este Supremo Tribunal la valoración que hiciera el Juez A-quo de la declaración del testigo protegido A, en el sentido de que no es posible colegir de su deposición que el procesado pertenezca a una mara o pandilla, pues su testimonio no cuenta con pruebas corroborativas, por lo que todo lo manifestado por el referido testigo únicamente alcanzan a ser meras sospechas que no pueden enervar el Estado de Inocencia del acusado. Así mismo observa este Supremo Tribunal, que el Sentenciador no solo tomó en consideración la prueba testifical para absolver al acusado, sino que además consideró la prueba pericial de examen físico practicado al encartado, la perito forense que practicó el examen fue categórica al establecer que los tatuajes que presenta el imputado son decorativos; asimismo se presentó como prueba documental una constancia extendida por la Empresa Nacional de Arte Gráficas, la que establece que el imputado labora para esa institución. En ese sentido se observa que el Tribunal Sentenciador aplicó de forma correcta y adecuada las reglas de la sana crítica, por lo que debe desestimarse la presente impugnación. V. DECISIÓN Por todos los argumentos vertidos es procedente desestimar el presente recurso de casación en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 200, 202, 339, 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: ÚNICO: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la abogada L. C. R. G. en su condición de representante del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor N. DE J. S. M. a quien se le absolvió por el delito de ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO PONENTE.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-336-2012.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Cafferata Nores, José, “La prueba en el proceso penal” páginas 122 y 123, tercera edición, Editorial De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1998.

[2] Vid Sentencia de Casación Penal N° SP 449-2011 en relación al análisis y desarrollo del Tipo Penal de Asociación Ilícita.

[3] Vid Sentencia de Casación Penal N° SP 325-2004 de fecha 22, de enero del 2007, en SP 2325-2004, dictada por esta Sala de lo Penal

[4] Vid Sentencias de Casación Penal N° SP 058-2006 de fecha 24 de noviembre del 2005 y SP 079-2006 de fecha 23 de marzo del 2007.

[5] Vid Sentencias de Casación Penal N° SP 058-2006 de fecha 24 de noviembre del 2005