Sentencia CP-335-09 — Registro 5861
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de actos de lujuria agravados y se absolvió por el delito de violación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. 1) Expuso el Recurrente que el Tribunal Sentenciador infringió los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 2 del Código Procesal Penal y 8 numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; consignando como Precepto Autorizante los artículos 90 de la Constitución de la República; 360 y 361 del Código Procesal Penal y 8 numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Expresó el impetrante que se ataca el fallo del A-quo por considerar que violó preceptos constitucionales, al no hacer valer su posición y su investidura como Juez imparcial y garante en un juicio oral y público; pues de los hechos probados se puede establecer que los mismos son el resultado de apreciaciones falsas de lo acontecido, pues solo se basa en el dicho de la ofendida sin poder confrontar esta declaración con otras que arrojen certeza de la comisión del ilícito penal. También acotó el Censor que el dictamen psicológico practicado a la menor ofendida en el que se establece que no existe daño emocional porque la menor ha sabido asimilar lo sucedido, pero éstas aseveraciones son erróneas y mal intencionadas con el propósito de causarle un daño a nuestro representado. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de lo que regula la Ley Procesal y obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al Derecho a Recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una Norma Constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La finalidad esencial del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial[1].- El recurrente, aún cuando cita normas de la Constitución como violentadas por el Tribunal de Sentencia, no se ocupa de explicar cómo se da esta violación, es decir, cuáles fueron los actos u omisiones que realizó el Tribunal de Sentencia que significaron un perjuicio material y concreto para su representado, como consecuencia de la inobservancia de las normas constitucionales citadas o por la disminución indebida de las garantías que regulan. Contrario a lo anterior, sin hacer ningún puente con las normas constitucionales enunciadas y por tanto alejándose del sentido de la vía recursiva, el recurrente hace una relación de algunos de los medios de prueba desarrollados en el debate, indicando cual -a su parecer- es la valoración que debió habérsele asignado, para concluir que el Tribunal de Sentencia no valoró de manera conjunta y armónica toda la prueba señalada, de acuerdo a las Reglas de la Sana Crítica; lo cual denota una Inadecuada Técnica Recursiva, pues en una impugnación donde se denuncien violaciones a derechos constitucionales, no es propio de la destreza recursiva establecer criterios de valoración pues dichos argumentos son propios de otras especies de casación. La mera enumeración abstracta de preceptos constitucionales no permite a esta Sala de lo Penal examinar si los mismos fueron violentados, como asegura el Recurrente, volviendo ineficiente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en cuanto a la denuncia de transgresión de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en tal sentido es procedente desestimar el presente Recurso de Casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Jerarquía: Reiterativa
.."Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma. 1) Planteó la Reclamante que el Juez A-quo incurrió en vicios de valoración alejándose de las Reglas de la Sana Crítica, consignando como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la Censora que los vicios de valoración en los que incurrió el Sentenciador se dieron al estimar los siguientes medios probatorios: a) La declaración de la víctima R. A. R. P., quien fue categórica al establecer que el imputado la llevaba a una casa a Loarque y ahí le tocaba todo su cuerpo, que en una oportunidad le rozó la vulva con su pene y ella empezó a sangrar teniendo que llevarla a una clínica, en ese momento su madre le preguntó si el acusado la tocaba a lo que contestó que sí; b) Prueba Documental consistente en el expediente clínico original de la menor ofendida emitido por el Médico M. R. W., en el que se establece que la menor fue recibida como paciente el 11 de julio del 2006 con una herida en la región inguinal la cual se saturó, se establece además que no hay lesión de himen. Dictamen Médico Forense que comprende la evaluación física practicado a la ofendida el 12 de julio del 2007, en el que se afirma que a las 9 horas según manecillas del reloj presenta escotadura congénita y una ruptura de himen a las 6 horas. Para la Censora, el A-quo al realizar la valoración de la prueba testifical estableció que no se duda que la víctima habló con la verdad en cuanto a la existencia de tocamientos indebidos en su contra, pero el hecho de que el imputado haya penetrado carnalmente a la víctima, no está suficientemente acreditado por la prueba científica, pues la misma ha dejado un halo de confusión y de duda en cuanto a si en realidad existe o no una ruptura antigua de himen en la menor ofendida; refiere además la impetrante, que el Juzgador en sus consideraciones estableció que la menor no fue evaluada inmediatamente después de los hechos por un médico forense, de modo que no existe evidencia genital, extra o para-genital que así lo comprueben, por lo que considera el A-quo, que para arribar a un fallo condenatorio está obligado a llegar a conclusiones con grado de certeza positiva, pero al existir duda beneficia al imputado. La Recurrente considera que las valoraciones del A-quo son incorrectas, porque existe un dictamen médico forense que acredita que la menor tiene una ruptura de himen antigua, pericia que merece toda credibilidad; considera la reclamante que el sentenciador arribó a conclusiones erradas pues consideró la prueba de forma aislada, pues al confrontarla con la declaración de la ofendida mas los resultados de medicina forense se logra establecer sin lugar a dudas que existe coherencia entre dichas probanzas, por tanto para la Recurrente los razonamientos del Sentenciador vulneraron las reglas del recto entendimiento humano, específicamente la lógica de la derivación. 2) Al señalarse que se han violentando las Reglas de la Sana Crítica, es propio establecer que el Artículo 362 No. 3 del Código Procesal Penal, prevé que “el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto, se ha señalado que: “…La Sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como Fundamentación Fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo; este Cuadro Fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como Fundamentación Probatoria, dividida en Descriptiva e Intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el Debate para efectos de controlar el valor de la Prueba por las Reglas del Correcto Entendimiento Humano, describir su contenido, es decir, el Elemento Probatorio. Luego de esa Fundamentación Probatoria Descriptiva, el Tribunal debe decidir en Sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la Fundamentación Intelectiva…”[2]. En el apartado de la Valoración Intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la Ley Procesal Penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados); Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las Pruebas en que se apoyen. En este sistema, el Juzgador no tiene Reglas Legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada Prueba, pero esa Libertad tiene límites: las Normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica Racional, el Juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada Prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los Principios de la Recta Razón, es decir, las Normas de la Lógica, la Psicología y la Experiencia Común…[3]”. 3) Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal[4], componen la Sana Crítica: 1.- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto, no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la Valoración de la Prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las Reglas de la Experiencia Común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las Reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la Experiencia Común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2.- Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las Normas elaboradas por la ciencia conjetural de la Psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las Reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3.- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los Principios de Identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga[5]. 4) Ante los planteamientos expresados por la Recurrente, es necesario que este Tribunal de Casación proceda adentrarse a los juicios de valor que utilizó el Sentenciador para estimar las pruebas allegadas al juicio y determinar con ello si se aplicaron correctamente las Reglas de la Sana Crítica o por el contrario fueron vulneradas con raciocinios alejados de sus estamentos. Cuestiona la recurrente la valoración que realizó el Sentenciador a la declaración de la menor R. A. R. P., quien fue ampliamente razonada por el A-quo en el numeral Primero del Acápite Valoración Probatoria, y quien entre otros juicios de valor expresó: que por la naturaleza de los hechos acusados, por lo general la declaración de la víctima reviste de considerable importancia, dado que tales actos usualmente no ocurren ante la presencia de otros testigos, es por ello que la declaración de la víctima debe ser analizada en contraste con otros medios probatorios para verificar su versión; consideró que en cuanto al primer punto mencionado por la menor ofendida es corroborado por la madre de ésta, quien confirma que en efecto su esposo sacaba a pasear a sus hijas entre ellas a R., que indagó a la menor ofendida y le confirmó que el acusado las llevaba a una casa a Loarque y la tocaba sus partes intimas, sin embargo el Tribunal Sentenciador advierte que la ofendida en ciertos puntos es inespecífica, cuando dice que no recuerda la edad que tenía y cuantas veces ocurrió, pero afirma el A-quo que hay otros medios de prueba que permiten un límite aproximado de tiempo, por ejemplo su ingreso a un centro asistencial ofrece un parámetro, pues para entonces ya el acusado había realizado en varias ocasiones actos de tocamientos, por lo que al contrastarlo con la partida de nacimiento de la menor se puede colegir que contaba con 11 años de edad; respecto al segundo punto en el que la ofendida afirma que fue penetrada por el acusado y que requirió asistencia médica, este punto fue contrapuesto con la declaración del médico W. quien dijo haberla atendido y suturado un herida en el área inguinal, apoyando su versión también en el expediente clínico en el que se establece un sangrado transvaginal, la evaluación de una ruptura antigua del himen y la opinión de un Consultor Técnico calificado que consideró que no es posible la presencia de una escotadura congénita con una ruptura de himen en un himen infantil. Para el Sentenciador los resultados de ese contraste determinan que la información para establecer si objetivamente y a ciencia cierta existe o no una ruptura de himen resultan inconcluyentes, pues todos los aspectos científicos que fueron contrastados ofrecen no pocas dudas respecto a ello, por lo que consideró que no se probó que efectivamente hubo una penetración a través del himen de la menor. 5) Este Tribunal de Casación al analizar en primer término la posición de la Recurrente y posteriormente los argumentos del Tribunal Sentenciador, es posible concluir que el Juez A-quo no realizó una correcta valoración de todo el acervo probatorio, pues no contrastó de forma puntual la declaración de la víctima con el resto de pruebas, pues de la declaración de la menor ofendida se puede determinar que el acusado la penetró vaginalmente, no es válido el argumento del A-quo de que la prueba es inconclusa, pues si bien en el expediente clínico de la menor y la declaración del Médico W. quien atendió a la ofendida inmediatamente después del hecho, se establecen que el himen de la menor estaba intacto, en su comparecencia el referido galeno estableció que no podía asegurar si el himen estaba roto o no; el argumento del A-quo de que la señora R. A. madre de la menor, confirmó que el himen estaba intacto pues el doctor se lo mostró no es concluyente, pues la madre de la ofendida no cuenta con los conocimiento técnicos para llegar a esa conclusión. Si analizamos la declaración de la menor ofendida, podemos detectar que ésta refirió que el acusado la rosó con su pene y ella empezó a sangrar, lógicamente porque la penetró, debemos tomar en consideración que al momento del hecho la menor contaba con 11 años de edad y por tanto sus partes íntimas son más vulnerables y delicadas; al momento de declarar ante el Juicio Oral y Público la menor ya contaba con 14 años, es más madura y tiene la capacidad de entender bien lo que se estaba declarando en ese momento; por tanto la deposición de la víctima de abuso sexual debe ser analizada con suma cautela, pues generalmente éstos hechos son cometidos por los antisociales en la clandestinidad para evitar ser descubiertos, por tanto sus testimonios deben ser respaldados con pruebas corroborativas, que en el presente caso lo constituyen las pruebas psicológicas y psiquiátricas que establecen que la menor presenta daños por abuso sexual, así como el dictamen de medicina forense que claramente concluye que existe una rotura de himen antigua. Si bien la evaluación médica practicada a la menor ofendida por medicina forense se suscitó el 12 de julio del 2007, casi un año después de que la menor estuvo ingresada en el centro asistencial donde fue atendida por una herida en el área inguinal, no es desconocido que los peritos de Medicina Forense cuentan con una vasta experiencia en este tipo de dictámenes sobre delitos sexuales, que con su experticia pueden llegar a tratar cientos de casos al año y por tanto su credibilidad es mucho mayor que la opinión de un medico general que no está acostumbrado a tratar este tipo de situaciones. Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Casación considera que el Tribunal Sentenciador no razonó de forma adecuada toda la prueba aportada en el debate, realizando juicios de valor en quebranto a las Reglas de la Sana Critica, por tanto procede declarar con lugar el presente motivo de casación. V. DECISIÓN Después de las razones antes expuestas, es procedente desestimar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA DE LO PENAL
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 335-2009 por Infracción de Precepto Constitucional, y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la Sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1º CONDENANDO al Señor JUAN JOSÉ GARCÍA MORALES, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO, en perjuicio de la menor RAQUEL ALEJANDRA RODRÍGUEZ PINOTH.- 2º ABSOLVER al Señor JUAN JOSÉ GARCÍA MORALES, por el delito de VIOLACIÓN en perjuicio de la menor RAQUEL ALEJANDRA RODRÍGUEZ PINOTH.- 3º CONDENANDO al Señor JUAN JOSÉ GARCÍA MORALES a las Penas Accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL.- 4º DECLARÓ la Responsabilidad Civil del condenado JUAN JOSE GARCÍA MORALES.- 5º NO CONDENÓ al acusado en Costas Procesales, Personales, ni gastos ocasionados por dicho Juicio. Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional el Abogado MARCO TULIO AMAYA OVIEDO, en su condición de Apoderado Defensor del Señor JUAN JOSÉ GARCÍA MORALES, y la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, Fiscal del Ministerio Público. Son partes: El Abogado PERCY FERNANDO ELVIR en su condición de DEFENSOR PRIVADO del imputado, como Recurrente/Recurrido y la Abogada MIRIAM EMILDA GARCÍA en su calidad de Representante del MINISTERIO PÚBLICO como Recurrente y Recurrida. II. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: En el año dos mil seis, el señor Juan José García Morales solía sacar a comer a las dos hijas que había procreado con la señora Marbella Pinoth en compañía de dos hijas más de ésta producto de anteriores relaciones, una de las cuales era la menor Raquel Alejandra Rodríguez Pinoth, quien a esa fecha contaba con once años de edad. En esas ocasiones, el señor Juan José García solía estacionarse frente a una casa ubicada en Loarque, lugar donde llevaba únicamente a la menor Raquel Alejandra Rodríguez Pinoth a quien procedía a toar en sus pechos y sus zonas genitales, ocurriendo esto en varias ocasiones.”III. RECURSO DE CASACIÓN Recurrente N°1 EL ABOGADO MARCO TULIO AMAYA OVIEDO, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR PRIVADO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA MANERA SIGUIENTE:”EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Constitucional y Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 90 de la Constitución de la República; 360 y 361 del Código Procesal Penal; 8 numeral 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- EXPLICACIÓN DE MOTIVOS.- Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar la violación de precepto Constitucional y el error in procedendo en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia.- Para los efecto de este motivo se cita como infringido los artículos 89 de nuestra Constitución que dice: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”; el artículo 90 de la Constitución de la República párrafo primero que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; ellos en relación con el artículo 2 del Código Procesal Penal que dice: Todo imputado será considerado y tratado como inocente….- Como podemos ver es aquí donde el Estado se auto-limita Constitucionalmente para asegurarle a sus habitantes el ejercicio del ius puniendo dentro de marcos legales donde se respete la dignidad humana, el cual se logra con una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado; el articulo antes citado va íntimamente relacionado con el artículo 1 de nuestra Constitución de la República que dice: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.” Estos derechos, garantías y formalidades que menciona nuestra Carta magna, son propios de un sistema procesal Penal acusatorio adversarial como el nuestro, mediante el cual todos los habitantes que cometen un ilícito penal son sometidos a un juicio oral y público totalmente garantista tal como lo manifiesta el artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal que dice:“Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haber probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo con los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto a los derechos del imputado.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in procedendo y violación de precepto constitucional, al no hacer valer su posición y su investidura como juez imparcial y garante en un juicio oral y público tirando a la cesta de la basura las formalidades, derechos y garantías que señala nuestra Constitución, el Código Procesal Penal y la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25, en los que se plasma que todas las personas sometidas a un juicio penal tienen derechos a un juicio justo donde se respeten las formalidades, sus derechos, las garantías y su estado de inocencia sin excepción alguna. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por la Sala Cuarta del Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, declaro como hechos probados los siguientes: PRIMERO: Que en el año 2006, el señor JUAN JOSÉ GARCÍA MORALES, solía sacar a comer a sus dos hijas que había procreado con la señora MARBELLA PINOTH, en compañía de dos hijas mas de esta producto de anteriores relaciones, una de las cuales era la menor RAQUEL ALEJANDRA RODRIGUEZ PINOTH, quien a esa fecha contaba con once años de edad. En esas ocasiones el señor Juan José García solía estacionarse frente a una casa ubicada en loarque, lugar donde llevaba únicamente a la menor Raquel Alejandra Rodríguez Pinoth a quien procedía a tocar en sus pechos y sus zonas genitales, ocurriendo esto en varias ocasiones.- Al analizar el único hechos probado de la Sentencia nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido, en este sentido nos permitiremos analizar este hecho probado detenidamente. 1.- Analizando el único hecho probado concluimos que este únicamente se basa en el dicho de la ofendida, sin poder confrontar esta declaración con otras que por lo menos nos arrojen certeza de la comisión de un ilícito penal; si analizamos los dictámenes emitidos por la psiquiatra María Elena Solano Romero y la psicóloga Patricia Alvarado ambas pericias concluyen que no existe daño emocional porque la menor lo ha sabido asimilar. Estas aseveraciones de las peritos son erróneas y mal intencionadas y son vertidas con el único propósito de causarle daño a nuestro representado, porque para todos los abogados que hemos llevados juicios de delitos sexuales es de nuestro conocimiento que un evento de esta naturaleza causa trauma psicológicos y daños pos traumáticos, los cuales pueden verse después de haber pasado un evento de esta naturaleza; es totalmente falso honorables Magistrados que los daños psicológicos en una violación o abuso sexual aparezcan años después como lo ha manifestado la perito, los delitos sexuales tienen una particularidad y es el que la víctima se siente rechazado por la sociedad, se siente sucia y con un sentimiento de culpabilidad, lo que consecuentemente trae depresión; Situación que en este caso no ocurre, y no ocurre porque sencillamente la menor nunca sufrió de abusos sexuales. ERROR IN PROCEDENDO. Para demostrar el vicio o error en que incurrió el órgano Juzgador, procederé a realizar un análisis de la prueba testifical, pericial y documental ofertada y evacuada por el Ministerio Público, en el juicio oral a la cual el juzgador le otorga valor probatorio aun cuando se violenta el estado de inocencia de mi patrocinado el cual garantiza nuestra Constitución de la República.- PRUEBA DOCUMENTAL DE CARGO.- 1.- Acta de Nacimiento de la menor Raquel Alejandra Rodríguez.- 2.- Testifical de Raquel Alejandra Rodríguez.- 3.- Testifical de Marbella Pinoth Martínez.- 4.- Testifical del médico tratante Dr. Mario Roberto Waimin.- 5.- Dictamen Psiquiátrico Dra. María Elena Solano.- 6.- Dictamen Psicológico Licenciada Patricia Alvarado.- 7.- Dictamen Médico Forense Dr. Emilio Arturo Martínez.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO.- El Tribunal Sentenciador le otorga valor probatorio únicamente a la declaración testifical de la menor Raquel Alejandra Rodríguez, declaración que no pudo ser corroborada y contrastada con otras declaraciones, si tomamos como cierta esta declaración caemos en un error porque la victima nunca son objetivas, ella tienen un interés legitimo en la causa por ser parte en el proceso mismo, si analizamos la prueba psicológica nos damos cuenta que la menor no tiene daños o traumas causados por abusos sexuales, así mismo el dictamen Médico Legal no concuerda con lo manifestado por el Doctor Waimin médico que examino y suturo a la menor de una herida inguinal, así mismo el consultor técnico doctor Denis Castro dejó claramente establecido que no puede haber una escotadura y una ruptura de himen tal como lo aseveró el médico de medicina forense, esta situación hacen ver algunas incongruencias de la prueba científica y el dicho de la ofendida Raquel Alejandra Rodríguez; esta situación hace pensar a la defensa que obviamente la menor está mintiendo en su declaración para proteger al verdadero culpable de estos hechos que hoy enfrenta mi representado.- La valoración de la prueba, como dice RICARDO VACA ANDRADE "tiene por objeto establecer la utilidad y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal”. En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia".- JOSÉ GARCÍA FALCONÍ en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que "Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos…es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad". La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin.- Dice GERMAN PABÓN GÓMEZ en su obra de la Casación y Revisión Penal pág. 335: A efecto de comprender el principio de legalidad de la prueba, y por ende de los errores de derecho por falsos juicios de legalidad, es necesario al menos panorámicamente en los “elementos de los acto de prueba”, pues se torna indiscutible que el punto de legalidad de la prueba, esta debe recaer totalmente sobre: a) Los sujetos de la prueba; Estos son los titulares de los actos procesales a través de los cuales se incorpora la prueba al proceso, b) El objeto de prueba; estos son los hechos a que se refiere el acto procesal y que guardan relación con el delito que se investiga, c) Los medios de prueba; este es el acto formal por medio del cual el objeto de prueba se lleva al proceso o el vehículo para llevar al juez el conocimiento sobre el objeto de prueba, y, d) El procedimiento probatorio en sí; esto es la ritualidad de la prueba, ósea el conjunto de trámites previstos en la ley para incorporar al proceso el objeto de la prueba. De lo anterior se puede colegir que, en tratándose de errores de derechos por falsos juicios de legalidad, las ilegalidades pueden recaer en algunos de los elementos del acto de prueba anteriormente descritos.- La Sala Constitucional Costarricense ha considerado que si existen vicios o violaciones al estado de inocencia del procesado, es viable la lesión de principios fundamentales contenidos en la Constitución Política, como ser por ejemplo el Debido Proceso o violación al estado de inocencia.- Novoa Velásquez, considera que: “Debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a los sujetos que intervienen en el proceso penal, llámese sujeto activo, víctima o tercero, que aseguran una investigación conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y garantizar un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, en cuanto algunos sujetos del proceso, no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omitiendo), o ejecuta lo que esta ley le prohíbe (inejecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe; esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un “vicio de actividad” o un “defecto de construcción” y que la doctrina del derecho común llama un “error in procedendo”.- Para SERVIO TULIO RUIZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad… entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39).- Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo.(ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134).- SANTIAGO SENTÍS MELENDO, en su obra la prueba, Buenos Aires, 1978, Pág. 346, dice: El indicio no es una cantidad de prueba; tampoco es un medio de prueba en especial, ya que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio. Contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada; pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial.- Por todo lo antes descrito es que se considera que el Tribunal de Sentencia incurrió en un error in procedendo por violación de los artículos 1, 88, 89, 90, 321 de la Constitución de la República; 2, 202, 339 y 361 del Código Procesal Penal, ya que estos enunciados jurídicos le ordenan al A-quo, que él es garante y un tercero imparcial en un juicio, y como tal debe garantizar como mínimo las garantías, derechos y formalidades de un proceso penal y valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, situación que no sucedió en los autos de merito. Ahora bien, si bien es cierto el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe hacer una valoración arbitraria, sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir, ya que el Tribunal de Sentencia al darle todo el valor probatorio a la declaración de la ofendida violenta el estado de inocencia de mi representado, puesto que quedo claro que nunca hubo un delito de violación contra la menor, por lo tanto ella miente en su declaración al mencionar que el rose del pene le causo un sangrado en su vagina, el doctor Waimin médico que la atendió dijo que la menor había sido tratada de un sagrado inguinal, este hecho nos lleva a pensar que nunca la menor fue objeto de abusos sexuales de ningún tipo por mi representado, por lo tanto no debe dársele valor probatorio a esa declaración, misma que no puede ser corroborada con la de otro testigo presencial de los hechos.”Recurrente N°2 LA ABOGADA LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:” EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.- MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C .P .P.- Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: Declaración de testigo Víctima: RAQUEL ALEJANDRA RODRIGUEZ PINOTH, quién declaró: “Que cuando el acusado la sacaba le decía a su madre que no quería ir pero no le decía por qué, él tocaba, explica que este la llevaba a comer junto con sus hermanas al Metro Mall y la llevaba a la casa de Loarque donde no había gente y una vez allí dejaba a sus hermanitas en el carro diciéndoles que ella regresaría, mientras con ella entraba a la casa, donde procedía a tocar su cuerpo entre ello, las chiches, la vulva y todo, diciéndole el acusado que no le fuera a decir a nadie, indicó la menor, que ella se dejaba porque él la obligaba y le decía que no le fuera a contar a nadie; recuerda que en una ocasión la llevó nuevamente a la casa de Loarque, esa vez sus hermanitas se encontraban en casa, pero que el acusado la llevó a un cuarto donde el procedió a cerrar la puerta y volvió a tocarla nuevamente al grado que su pene le rozó la vulva y ella empezó a sangrar diciéndole el acusado que se había caído, entonces la llevó a una clínica donde primeramente fue atendida por una enfermera que le preguntó si le había venido la regla a lo cual ella respondió que no, posteriormente fue atendida por un médico y no recuerda que haya tenido una herida en otra parte del cuerpo. Aduce que su madre llegó a la clínica pero que no le dijo nada porque se encontraba nerviosa y con miedo, le pusieron anestesia y al día siguiente fue normal porque ya no sangraba. Informó que ella no le había dicho a nadie de lo que ocurría pero un día, su hermanita pequeña le comentó a su madre que el acusado la llevaba a la casa de Loarque y que entonces su madre le preguntó si el acusado la tocaba, a lo que le contestó que si, por lo que entonces su madre habló con él. Fue categórica al afirmar que no recuerda la edad en que la empezó a tocar, tampoco recuerda cuantas veces la llevó a la casa de Loarque, ni qué edad tenía cuando fue llevada a la clínica, actualmente (20 mayo 2009) está en segundo curso, que se lleva bien con sus hermanas y su madre y que no le ha afectado la situación.- Prueba Documental: Consistente en expediente clínico original de la menor Raquel Pinoth, emitido por el médico Mario Roberto Waimin; en el mismo se consigna que el once de julio del año 2006, a las 6:30 P.M., se recibió paciente de once años de edad, que sufre caída provocándole herida en región inguinal la cual se sutura en sedación y todo bien, en las indicaciones médicas se ordena vigilar por sangrado y que al día siguiente se daría el alta; no hay lesión de himen, se revisó en presencia de la mamá. En las notas de enfermería se consigna que el día once de julio de 2006, se ingresa paciente femenina de once años de edad, con historia de una caída, el Dr. Waimin la revisa, luego al quirófano para anestesiarla se canaliza, en cuanto a la operación practicada dice, exploración y sutura del área inguinal.- Dictamen Médico Forense: El Ministerio Público allegó al proceso como prueba científica, el dictamen pericial forense que comprende la evaluación física practicada a la ofendida, ratificado por el Doctor Emilio Arturo Martínez, el cual declaró: “haber evaluado a la menor el día 12 de julio de 2007, a esa fecha tenía doce años de edad, y que ella le relata que su padrastro desde la edad de ocho años le manipulaba sus genitales, se acostaba sobre ella sin ropa y que luego a los once años de edad, sintió que la penetró vía vaginal con su pene en varias ocasiones siendo la última vez el nueve de mayo de 2007, presentando en esos momentos un sangrado transvaginal y que una vez la castigó con una faja hace un año, atrás en los glúteos, dijo la evaluada haber requerido asistencia médica el nueve de mayo de dos mil siete en una clínica privada; se establece que en su área genital, la vulva no tiene evidencia externa de lesiones, en el periné tampoco. Se afirma que a las nueve horas según manecillas del reloj, presenta una escotadura congénita y una ruptura antigua de himen a las seis horas; tiene además lesiones extragenitales como cicatrices; asimismo se consigna que del examen laboratorial no se detectó la presencia de semen ni de espermatozoides en el hisopado vaginal.- De igual manera durante el interrogatorio este experto forense expresó: “que la ruptura de himen puede deberse a la introducción de un objeto romo y que de haber una caída, se espera que exista daño en la parte externa como labios mayores y menores; estas lesiones pueden producirse cuando cae a horcajadas piernas abiertas y caer sobre algo, agregó también, que si no está descrita ninguna cicatriz al nivel de la ingle, es porque no la encontró”. El a quo, en el apartado de valoración de la prueba, respecto al análisis de la prueba testifical expone que a los mismos les otorgan toda credibilidad porque se enlazan y complementan con otros medios de prueba, el Juzgador establece que no se duda que la victima afirma la verdad, en cuanto a la existencia de tocamientos indebidos en su contra, pero el hecho que el imputado haya penetrado carnalmente a la víctima, no está suficientemente acreditado por la prueba científica, pues la misma ha dejado un enorme halo de confusión y de duda en cuanto a si en realidad existe o no una ruptura antigua de himen en la menor Raquel Alejandra, ya que según el Juzgador hay múltiples incongruencias, por ende estas pruebas, en lugar de estar dotadas de suficiente seguridad y de objetividad fundan dudas.- Refiere también el juzgador en sus consideraciones, que la víctima no fue evaluada inmediatamente después de los hechos por un Médico Forense, de modo que no existe según el Tribunal evidencia genital, extra o paragenital que así lo comprueben, por lo que consideran que para arribar a un fallo de condena, está obligado a llegar a conclusiones con grado de certeza positiva, existiendo duda razonable que indudablemente beneficia al imputado y resta credibilidad en esta parte de la declaración de Raquel en cuanto a si hubo o no penetración en su cavidad vaginal, pues este punto fue contrastado con otros medios de prueba, como la declaración del médico Waimin que manifestó y consignó en el expediente clínico que su himen estaba normal; por tanto resulta insuficiente la versión de la menor para poder vincular a Juan José García Morales, en el hecho objeto de procesamiento como autor del delito de Violación Especial.- Al igual que el Tribunal Sentenciador, el Ministerio Público, se encuentra convencido que la menor víctima dice la verdad, en torno a los abusos sexuales de que ha sido objeto por parte del imputado, extremos que se encuentran acreditados a través de las pericias realizadas por parte de psiquiatría, que concluye que la menor presenta problemas relacionados con el hecho denunciado y no existe daño psíquico y la psicóloga forense que establece en su opinión que ”para la edad de catorce años que tiene no hay posibilidad de inventar, porque eso conlleva un patrón de trastorno que en la evaluada no se observa a dicha menor”; sin embargo, disentimos con el juzgador, en cuanto a que no ha podido acreditarse científicamente la circunstancia del acceso carnal que denuncia la víctima por parte de su padrastro, pues en el dictamen médico del Forense, se establece una ruptura antigua de himen, pericia que merece mayor credibilidad, en la medida que representa al Estado y actúa bajo el Principio de Objetividad, sin embargo para el Juzgador existe una duda que favorece al imputado, lo cual sirvió para dictar un fallo absolutorio.- Estima esta representante de la sociedad, que el sentenciador arriba a esta conclusión errada, al considerar la prueba de manera aislada, ya que al confrontar la declaración de la ofendida, con los resultados de la evaluación forense, se logra establecer sin lugar a dudas, que existe coherencia entre dichas probanzas, ya que la joven Raquel Alejandra Rodríguez, manifiesta, al rendir su declaración entre otras cosas que “un día la tocó e introdujo el pene en su vulva, fueron a una clínica porque estaba sangrando de la vulva y le dolía la vulva”, de manera que resulta lógico, que el perito forense establezca en su dictamen que, la menor presenta ruptura antigua de himen (mayor a diez días), y que sino describió lesiones en la ingle es porque no encontró, elementos probatorios que no fueron correctamente valorados por el juzgador al momento de proferir el fallo, pues de los mismos no podía derivarse otra conclusión que no fuera la responsabilidad del procesado en el delito de Violación Especial. Vale resaltar también, que las máximas de la experiencia, nos inducen a pensar que si esta vez el encausado se encerró en el cuarto, a solas con la víctima sin la presión de que ahora sus otras hijas estuvieran fuera de la casa en el vehículo esperándoles, su pretensión ya no era sólo tocar a la menor, ya que nada lo obstaculizaba en su afán de complacerse, procediendo a penetrar a la menor, ocasionándole de esa manera el dolor y el consecuente sangrado, que provoca su internamiento en un centro asistencia y que además genera en el procesado, temor de informar a su pareja, madre de la ofendida, de una simple caída. Por otra parte, se evidencia de la fundamentación probatoria que el juzgador ha basado prácticamente su fallo absolutorio, en la opinión del consultor Doctor Dennis Castro, que afirma, que no puede coexistir una ruptura y una escotadura congénita (debilidad en la pared del himen) apoyándose en este criterio, no obstante advertir, que no constituye prueba y que por tanto no debe valorarla.- Asimismo, atendiendo lo manifestado por este propio Tribunal, en el numeral cuatro del apartado de valoración probatoria, la opinión ofrecida por el Doctor Mario Roberto Waimin, quien atendió a la menor al momento del sangrado no merece credibilidad, por carecer de suficiente profesionalismo para ofrecer seguridad y objetividad, y esto es así a criterio de este ente fiscal, precisamente, porque el mismo ni siquiera está seguro si al momento de atender a la menor, el himen estaba roto o no, pues afirma al rendir su declaración “que no puede asegurar si había lesión o no del himen”. Entonces partiendo de estos aspectos, cuales son las contradicciones que encuentra el sentenciador, si la única opinión valida es la emitida por el médico forense, que como ya se ha indicado, es coincidente con los hechos narrados por la ofendida. Aunado a lo anterior, se debe tomar en consideración, la actitud de la madre de la víctima al dar su testimonio, quien como bien lo señala el Tribunal, se encontraba renuente a declarar, pues es el imputado es el padre de sus hijas, le paga alquiler de su casa y le ayuda económicamente, los que nos lleva a pensar, que trata de ocultar sus actos ilícitos; igualmente, aún cuando el juzgador no le otorga relevancia, llama poderosamente la atención, como es posible que una madre no indague o pida explicación suficiente, de cómo su hija se cae produciéndose una herida a nivel del área inguinal, zona que es de difícil exposición a un golpe por caída, lo que hubiere generado una contusión con los consecuentes efectos moretes, pero que extrañamente ha producido únicamente una herida que ha debido ser suturada dado el profundo sangrado ocasionado (ver numeral tercero, sección de valoración probatoria).- En el numeral tercero, último párrafo del acápite de valoración probatoria del fallo que se recurre, el sentenciador tiene como una probanza notable, la aseveración efectuada por la señora Marbella Pinoth, “Que el doctor Waimin, le mostró el himen integro de la menor”, como si dicha declarante pudiera determinar tal aspecto a simple vista, pues no es una profesional médica, sobre todo tomando en consideración, que ni el propio doctor Waimin, está seguro si el himen estaba roto o no (ver acta de debate), lo que le resto valía frente al sentenciador.- Esta Fiscalía estima, que de la probanza antes descrita y que ha sido incorporada legalmente al proceso se desprende, que el Imputado es responsable del delito que se le imputa, por lo que el haber arribado a una conclusión diferente, no hace más que evidenciar, que la valoración de la prueba efectuada por el a-quo vulnera la regla lógica de la derivación que impone que los razonamientos utilizados por el Juzgador para brindar valor a las probanzas no sean suficientes y debidamente fundados, pues en el juicio de mérito se acreditó, que la víctima incriminó al acusado como el responsable de haberla conducido a la vivienda en la colonia Loarque, y seguidamente a un cuarto donde se encerró con ella, la desvistió y luego se desvistió él y una vez desnudos ambos la penetró, ocasionándole el sangrado por el que fue atendida por el Doctor Waimin, quién era responsable de informar a las autoridades y a sabiendas no lo hizo.- Por lo que consideramos, que en total despego a lo dispuesto en el artículo 362.3 del CPP, el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la sana crítica específicamente la lógica de derivación de razón suficiente y las normas del correcto entendimiento humano, pues como hemos dicho anteriormente, es obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia de las regla antes señaladas. En el caso subjudice, a pesar de la coherencia de las declaraciones de las testigos de cargo con fundamento en la prueba científica, el Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas d la sana crítica, faltando así al postulado en referencia y resultando en una sentencia Absolutoria en cuanto al delito de Violación Especial, diferente a las pretensiones del Agente Fiscal, de lo que se desprende que el razonamiento intelectivo del juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho.- Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba.- La motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella conclusión. El Tribunal, no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de cargo testifical y pericial, ultrajando la regla de la derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional.- Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la Absolución del imputado por el delito de Violación Especial, siendo violatorios del sistema de la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma.- Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA IV. A) Recurrente N°1. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. 1) Expuso el Recurrente que el Tribunal Sentenciador infringió los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 2 del Código Procesal Penal y 8 numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; consignando como Precepto Autorizante los artículos 90 de la Constitución de la República; 360 y 361 del Código Procesal Penal y 8 numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Expresó el impetrante que se ataca el fallo del A-quo por considerar que violó preceptos constitucionales, al no hacer valer su posición y su investidura como Juez imparcial y garante en un juicio oral y público; pues de los hechos probados se puede establecer que los mismos son el resultado de apreciaciones falsas de lo acontecido, pues solo se basa en el dicho de la ofendida sin poder confrontar esta declaración con otras que arrojen certeza de la comisión del ilícito penal. También acotó el Censor que el dictamen psicológico practicado a la menor ofendida en el que se establece que no existe daño emocional porque la menor ha sabido asimilar lo sucedido, pero éstas aseveraciones son erróneas y mal intencionadas con el propósito de causarle un daño a nuestro representado. 2) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de lo que regula la Ley Procesal y obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al Derecho a Recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una Norma Constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro. La finalidad esencial del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial[1].- El recurrente, aún cuando cita normas de la Constitución como violentadas por el Tribunal de Sentencia, no se ocupa de explicar cómo se da esta violación, es decir, cuáles fueron los actos u omisiones que realizó el Tribunal de Sentencia que significaron un perjuicio material y concreto para su representado, como consecuencia de la inobservancia de las normas constitucionales citadas o por la disminución indebida de las garantías que regulan. Contrario a lo anterior, sin hacer ningún puente con las normas constitucionales enunciadas y por tanto alejándose del sentido de la vía recursiva, el recurrente hace una relación de algunos de los medios de prueba desarrollados en el debate, indicando cual -a su parecer- es la valoración que debió habérsele asignado, para concluir que el Tribunal de Sentencia no valoró de manera conjunta y armónica toda la prueba señalada, de acuerdo a las Reglas de la Sana Crítica; lo cual denota una Inadecuada Técnica Recursiva, pues en una impugnación donde se denuncien violaciones a derechos constitucionales, no es propio de la destreza recursiva establecer criterios de valoración pues dichos argumentos son propios de otras especies de casación. La mera enumeración abstracta de preceptos constitucionales no permite a esta Sala de lo Penal examinar si los mismos fueron violentados, como asegura el Recurrente, volviendo ineficiente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en cuanto a la denuncia de transgresión de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en tal sentido es procedente desestimar el presente Recurso de Casación. IV.B) Recurrente N°2. Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma. 1) Planteó la Reclamante que el Juez A-quo incurrió en vicios de valoración alejándose de las Reglas de la Sana Crítica, consignando como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicó la Censora que los vicios de valoración en los que incurrió el Sentenciador se dieron al estimar los siguientes medios probatorios: a) La declaración de la víctima Raquel Alejandra Rodríguez Pinoth, quien fue categórica al establecer que el imputado la llevaba a una casa a Loarque y ahí le tocaba todo su cuerpo, que en una oportunidad le rozó la vulva con su pene y ella empezó a sangrar teniendo que llevarla a una clínica, en ese momento su madre le preguntó si el acusado la tocaba a lo que contestó que sí; b) Prueba Documental consistente en el expediente clínico original de la menor ofendida emitido por el Médico Mario Roberto Waimin, en el que se establece que la menor fue recibida como paciente el 11 de julio del 2006 con una herida en la región inguinal la cual se saturó, se establece además que no hay lesión de himen. Dictamen Médico Forense que comprende la evaluación física practicado a la ofendida el 12 de julio del 2007, en el que se afirma que a las 9 horas según manecillas del reloj presenta escotadura congénita y una ruptura de himen a las 6 horas. Para la Censora, el A-quo al realizar la valoración de la prueba testifical estableció que no se duda que la víctima habló con la verdad en cuanto a la existencia de tocamientos indebidos en su contra, pero el hecho de que el imputado haya penetrado carnalmente a la víctima, no está suficientemente acreditado por la prueba científica, pues la misma ha dejado un halo de confusión y de duda en cuanto a si en realidad existe o no una ruptura antigua de himen en la menor ofendida; refiere además la impetrante, que el Juzgador en sus consideraciones estableció que la menor no fue evaluada inmediatamente después de los hechos por un médico forense, de modo que no existe evidencia genital, extra o para-genital que así lo comprueben, por lo que considera el A-quo, que para arribar a un fallo condenatorio está obligado a llegar a conclusiones con grado de certeza positiva, pero al existir duda beneficia al imputado. La Recurrente considera que las valoraciones del A-quo son incorrectas, porque existe un dictamen médico forense que acredita que la menor tiene una ruptura de himen antigua, pericia que merece toda credibilidad; considera la reclamante que el sentenciador arribó a conclusiones erradas pues consideró la prueba de forma aislada, pues al confrontarla con la declaración de la ofendida mas los resultados de medicina forense se logra establecer sin lugar a dudas que existe coherencia entre dichas probanzas, por tanto para la Recurrente los razonamientos del Sentenciador vulneraron las reglas del recto entendimiento humano, específicamente la lógica de la derivación. 2) Al señalarse que se han violentando las Reglas de la Sana Crítica, es propio establecer que el Artículo 362 No. 3 del Código Procesal Penal, prevé que “el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto, se ha señalado que: “…La Sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como Fundamentación Fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo; este Cuadro Fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como Fundamentación Probatoria, dividida en Descriptiva e Intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el Debate para efectos de controlar el valor de la Prueba por las Reglas del Correcto Entendimiento Humano, describir su contenido, es decir, el Elemento Probatorio. Luego de esa Fundamentación Probatoria Descriptiva, el Tribunal debe decidir en Sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la Fundamentación Intelectiva…”[2]. En el apartado de la Valoración Intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la Ley Procesal Penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados); Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las Pruebas en que se apoyen. En este sistema, el Juzgador no tiene Reglas Legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada Prueba, pero esa Libertad tiene límites: las Normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica Racional, el Juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada Prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los Principios de la Recta Razón, es decir, las Normas de la Lógica, la Psicología y la Experiencia Común…[3]”. 3) Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal[4], componen la Sana Crítica: 1.- Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto, no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la Valoración de la Prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las Reglas de la Experiencia Común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las Reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la Experiencia Común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2.- Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las Normas elaboradas por la ciencia conjetural de la Psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las Reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3.- Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los Principios de Identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga[5]. 4) Ante los planteamientos expresados por la Recurrente, es necesario que este Tribunal de Casación proceda adentrarse a los juicios de valor que utilizó el Sentenciador para estimar las pruebas allegadas al juicio y determinar con ello si se aplicaron correctamente las Reglas de la Sana Crítica o por el contrario fueron vulneradas con raciocinios alejados de sus estamentos. Cuestiona la recurrente la valoración que realizó el Sentenciador a la declaración de la menor Raquel Alejandra Rodríguez Pinoth, quien fue ampliamente razonada por el A-quo en el numeral Primero del Acápite Valoración Probatoria, y quien entre otros juicios de valor expresó: que por la naturaleza de los hechos acusados, por lo general la declaración de la víctima reviste de considerable importancia, dado que tales actos usualmente no ocurren ante la presencia de otros testigos, es por ello que la declaración de la víctima debe ser analizada en contraste con otros medios probatorios para verificar su versión; consideró que en cuanto al primer punto mencionado por la menor ofendida es corroborado por la madre de ésta, quien confirma que en efecto su esposo sacaba a pasear a sus hijas entre ellas a Raquel, que indagó a la menor ofendida y le confirmó que el acusado las llevaba a una casa a Loarque y la tocaba sus partes intimas, sin embargo el Tribunal Sentenciador advierte que la ofendida en ciertos puntos es inespecífica, cuando dice que no recuerda la edad que tenía y cuantas veces ocurrió, pero afirma el A-quo que hay otros medios de prueba que permiten un límite aproximado de tiempo, por ejemplo su ingreso a un centro asistencial ofrece un parámetro, pues para entonces ya el acusado había realizado en varias ocasiones actos de tocamientos, por lo que al contrastarlo con la partida de nacimiento de la menor se puede colegir que contaba con 11 años de edad; respecto al segundo punto en el que la ofendida afirma que fue penetrada por el acusado y que requirió asistencia médica, este punto fue contrapuesto con la declaración del médico Waimin quien dijo haberla atendido y suturado un herida en el área inguinal, apoyando su versión también en el expediente clínico en el que se establece un sangrado transvaginal, la evaluación de una ruptura antigua del himen y la opinión de un Consultor Técnico calificado que consideró que no es posible la presencia de una escotadura congénita con una ruptura de himen en un himen infantil. Para el Sentenciador los resultados de ese contraste determinan que la información para establecer si objetivamente y a ciencia cierta existe o no una ruptura de himen resultan inconcluyentes, pues todos los aspectos científicos que fueron contrastados ofrecen no pocas dudas respecto a ello, por lo que consideró que no se probó que efectivamente hubo una penetración a través del himen de la menor. 5) Este Tribunal de Casación al analizar en primer término la posición de la Recurrente y posteriormente los argumentos del Tribunal Sentenciador, es posible concluir que el Juez A-quo no realizó una correcta valoración de todo el acervo probatorio, pues no contrastó de forma puntual la declaración de la víctima con el resto de pruebas, pues de la declaración de la menor ofendida se puede determinar que el acusado la penetró vaginalmente, no es válido el argumento del A-quo de que la prueba es inconclusa, pues si bien en el expediente clínico de la menor y la declaración del Médico Waimin quien atendió a la ofendida inmediatamente después del hecho, se establecen que el himen de la menor estaba intacto, en su comparecencia el referido galeno estableció que no podía asegurar si el himen estaba roto o no; el argumento del A-quo de que la señora Raquel Alejandra madre de la menor, confirmó que el himen estaba intacto pues el doctor se lo mostró no es concluyente, pues la madre de la ofendida no cuenta con los conocimiento técnicos para llegar a esa conclusión. Si analizamos la declaración de la menor ofendida, podemos detectar que ésta refirió que el acusado la rosó con su pene y ella empezó a sangrar, lógicamente porque la penetró, debemos tomar en consideración que al momento del hecho la menor contaba con 11 años de edad y por tanto sus partes íntimas son más vulnerables y delicadas; al momento de declarar ante el Juicio Oral y Público la menor ya contaba con 14 años, es más madura y tiene la capacidad de entender bien lo que se estaba declarando en ese momento; por tanto la deposición de la víctima de abuso sexual debe ser analizada con suma cautela, pues generalmente éstos hechos son cometidos por los antisociales en la clandestinidad para evitar ser descubiertos, por tanto sus testimonios deben ser respaldados con pruebas corroborativas, que en el presente caso lo constituyen las pruebas psicológicas y psiquiátricas que establecen que la menor presenta daños por abuso sexual, así como el dictamen de medicina forense que claramente concluye que existe una rotura de himen antigua. Si bien la evaluación médica practicada a la menor ofendida por medicina forense se suscitó el 12 de julio del 2007, casi un año después de que la menor estuvo ingresada en el centro asistencial donde fue atendida por una herida en el área inguinal, no es desconocido que los peritos de Medicina Forense cuentan con una vasta experiencia en este tipo de dictámenes sobre delitos sexuales, que con su experticia pueden llegar a tratar cientos de casos al año y por tanto su credibilidad es mucho mayor que la opinión de un medico general que no está acostumbrado a tratar este tipo de situaciones. Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Casación considera que el Tribunal Sentenciador no razonó de forma adecuada toda la prueba aportada en el debate, realizando juicios de valor en quebranto a las Reglas de la Sana Critica, por tanto procede declarar con lugar el presente motivo de casación. V. DECISIÓN Después de las razones antes expuestas, es procedente desestimar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado todos de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 339, 359, 360, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo interpuesto por el Abogado Marco Tulio Amaya Oviedo en su condición de Defensor Privado del señor JUAN JOSE GARCÍA MORALES a quien se le condenó por el delito ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de la menor RAQUEL ALEJANDRA RODRÍGUEZ PINOTH. SEGUNDO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su Único Motivo interpuesto por la Abogada Lourdes Yamileth Centeno Sierra en su condición de Representante del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor JUAN JOSÉ GARCÍA MORALES. TERCERO: CASA la Sentencia y Declara la Nulidad del Debate y de la Sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: I.- Que se repita el Debate con un Tribunal integrado por Jueces distintos a los que conocieron el Juicio Anulado. II.- Que con Certificación del presente Fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a Derecho.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de Marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-335-2009.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 27-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio del 2013.
[2] Vid Fallos de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia números: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 360-2009 de fecha 20 de octubre del 2011; SP 385-2009 de fecha 05 de Abril del 2011.
[3] Vid Fallos de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia números: SP 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 88-2009 de fecha 20 de octubre del 2011.
[4] Vid Fallos de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia números: SP 194-2009 de fecha 30 de noviembre del 2001; SP 297-2009 de fecha 30 de noviembre del 2011; SP 242-2009 de fecha 02 de noviembre del 2011 y sp 125-2010 de fecha 30 de noviembre del 2011.
[5] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 189-2010 de fecha 19 de septiembre del 2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.