Sentencia CP-333-13 — Registro 9156
Resumen
Se absuelve al imputado por el delito de usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."En el caso de autos se atribuye al imputado A. R. M., la comisión del delito de Usurpación, tipificado en el artículo 227 del Código Penal, al tenor del cual se establece que “quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años”. Ciertamente la descripción que nos ofrece el artículo antes citado en torno a la figura de la usurpación es bastante escueta, sin embargo la doctrina científica contribuye a dotar de contenido a la misma. En este sentido se afirma que la acción de usurpar comporta la del despojo. El concepto de despojo da la idea del hecho en relación con la persona a la que se desplaza. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes... se despoja penetrando y expulsando al sujeto pasivo o a sus representantes o impidiéndoles la entrada, si en el momento de la invasión estaban ausentes. También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en él o expulsa a sus ocupantes...[2] “Por su parte, el jurista C. C., explica que los preceptos relativos al delito de usurpación tienen por fin la protección de la propiedad inmueble y el disfrute de los derechos reales contra actos de violencia o intimidación o desprovistos de éste carácter. (vid. Cuello Calón, Eugenio, Derecho Penal, tomo II (Parte especial), volumen II, 14ª edición, revisada y puesta al día por C. C. H., Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, págs. 911 y ss). 4) En el caso de autos observa esta Sala de lo Penal, que el Tribunal sentenciador respetó las reglas de la sana crítica al momento de valorar las pruebas, por lo que, los señalamientos del censor son totalmente desacertados, pues precisamente por la correcta aplicación de las ya mencionadas normas, es que el juzgador concluyó en una sentencia absolutoria a favor del imputado A. R. M. El Juez A-quo al momento de emitir sus juicios de valor tomó en consideración que el imputado no se encontraba ocupando el terreno en disputa de forma clandestina, mediante violencia o intimidación, todo lo contrario, se comprobó con las declaraciones de la ofendida y su hijo, desde que los padres del encartado y la ofendida se encontraban vivos, el señor A. R. M. trabajó dicho predio con el permiso de sus progenitores, por tanto el elemento subjetivo necesario para la configuración del delito no se encuentra en la presente causa, es decir el ánimo o intención de querer cometer la acción ilícita. Otra circunstancia a meditar es que de las declaraciones de los testigos y del propio acusado se puede determinar que, si bien la ofendida R. R. M. presentó documento con lo que acreditó que el Instituto Nacional Agrario le otorgó el dominio pleno sobre dicha propiedad, la posesión de dicho terreno la tiene el señor A. R. M., que si bien no es un derecho, es un hecho jurídico amparado en la ley, recordemos que no basta con tener el dominio sobre una propiedad pues en materia civil existe una figura por la cual se puede acceder igualmente a ese derecho y es mediante la prescripción adquisitiva; en ese orden de ideas, este Tribunal de Casación considera que este es el caso típico en que la legislación penal no puede resolver dicha controversia, pues no nos encontramos ante acciones típicas que constituyan delitos, sino que son situaciones que compete exclusivamente a la jurisdicción civil. Todos estos razonamientos fueron tomados en cuenta por el Sentenciador, plasmándolo en sus juicios de valor y utilizando para la conformación de sus raciocinios las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación SP 333-2013 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor A. R. M., del delito de Usurpación, en perjuicio de R. R. M.; 2) No Condenó en costas procesales, personales y gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la abogada L. I. M., actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son Partes: El abogado S. C. A. en su condición de representante del Ministerio Público como recurrente y el abogado A. A. G. en su calidad de Defensor Público como recurrido. II. HECHOS PROBADOS “Primero: El quince de Noviembre de 1985 mediante documento privado de Donación entre vivos la Señora A. R. H., transfirió los derechos del lote de terreno de dos manzanas y media aproximadamente de extensión superficial, ubicada en la Aldea Km. 17, municipio de Esparta a la señora R. R. M.. Segundo: El 26 de agosto de 2008, el Instituto Nacional Agrario, extendió en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, Título de Propiedad en Dominio Pleno, a la señora R. R. M. predio rural con un área de Una Hectárea, dos décimas de hectárea (1.2 hectáreas) ubicado en Aldea Atenas de San Cristóbal o KM 17, Departamento de Atlántida, con las colindancias siguientes, al Norte A. R., al Sur J. M. A., al Este V. A., al Oeste con J. M. A., y el cual fue inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil bajo el No. 100, tomo 38 del Registro de Títulos Definitivos del INA en fecha 21 de diciembre de 2010. Tercero: El señor A. R. M. se dedica a actividades de agricultura en dicho predio, cultivando cacao y coco y sembrando árboles maderables.” III. RECURSO DE CASACIÓN “La recurrente Abogada L. I. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar el recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. “MOTIVO ÚNICO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de A. R. M., lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que la misma adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha diecinueve (19) de Agosto del 2013, lo hizo vulnerando la Regla Lógica de Derivación, en su apartado de Razón Suficiente en su característica de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: El Sentenciador establece en el apartado de fundamentación jurídica que: “En el caso de autos Adán R. M. no realiza la conducta típica de usurpar tomando en cuenta que su permanencia en el terreno ha sido antes que su hermana R. R. M., obtuviera dicho predio mediante documento privado de donación entre vivos, así como el dominio pleno otorgado por el INA. Asimismo no se acreditó que R. R. M. haya solicitado ante Juez Civil competente la restitución del predio y que a falta de tipificación legal de un delito, en un grado absoluto de certeza, si esto no se logra en sustanciación de prueba en el debate solamente cabe dictar sentencia absolutoria, ya sea porque no exista prueba de cargo para condenar o porque la valoración del conjunto de la prueba persista la duda del tribunal juzgador, de conformidad a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal”. De lo anterior cabe citar entonces, que la única razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado A. R. M., es porque considera que éste tiene un derecho en relación al predio en litigio, por su permanencia en el mismo antes que su hermana R. R. M. obtuviera documento privado de donación entre vivos y que no existe medio de prueba en relación a que la ofendida hubiere solicitado la restitución del predio ante Juzgado de Lo Civil competente. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en que el acusado tiene un derecho de posesión del terreno litigioso antes de que la ofendida haya adquirido por acto entre vivos y que ésta no solicitó la restitución del predio al tribunal competente; sin embargo, al Juzgador nuestra norma adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba de cargo la siguiente: PRUEBA TESTIFICAL: 1-) R. R. M.; en su condición de ofendida y hermana del acusado, quien declaró que ella se considera dueña de ese pedazo de tierra, porque su madre se lo dejó en vida con un documento privado hasta que le dieron un dominio pleno, que se lo mandaron de Tegucigalpa; ella es la dueña y quiere que le desocupen su propiedad; que es mujer sola y necesita venderla para cumplir con sus necesidades; A preguntas de la Fiscalía respondió: En el año 1985 ella heredó de su madre la propiedad que está ubicada en el Kilómetro 17, jurisdicción de Arizona, el título 26/08/2008 se lo entregaron; si se lo ha mostrado a su hermano, él(imputado) no tiene documento de ese terreno; él ya tiempo está en esa propiedad, ella nunca ha tomado posesión de esa tierra, ni sacar un palito de leña para su hogar. A preguntas de la Defensa respondió: Heredó ese terreno por su madre, le hizo traspaso a su nombre y vivió con ella, a todos les repartieron y ese poquito que quedó le dijo que se lo darían a ella; y fue donde una persona llamada P. F. a hacer el traspaso en el año 85; que en ese momento gracias a Dios estaba bien su mamá; el predio mide 2.5 manzanas; su madre no padecía de ninguna enfermedad. (Lo subrayado es nuestro). 2-) W. D. R.; relató que es sobrino del acusado e hijo de la ofendida; que es un problema en el que su abuelita le dio en herencia a su mamá un terreno y que su tío entró en el y dice que la tierra es de él; y su mamá tiene el documento que la acredita dueña; A preguntas de la Fiscalía respondió: El terreno está ubicado en el Km. 17, ese terreno se lo dio por medio de donación su abuela a su madre, el documento que tiene ella es un documento entre vivos y en el 2008 le dieron el dominio pleno; su tío está desde 1995 para acá, ahí no viven porque no hay casa, pero el acusado está trabajando la tierra en ese momento; A preguntas de la Defensa respondió: Su abuela estuvo sana al final de su vejez y cree que fue de un derrame que murió como de noventa y seis años de edad; el predio son como dos manzanas; declara para ayudar a su madre, pero no tiene interés; su tío vive en el kilómetro 17, en el terreno hay cacao y cocos; eso fue sembrado hace ocho o diez años por su tío. PRUEBA DOCUMENTAL: 1-) Fotocopia de documento privado de Donación entre Vivos, por la señora A. R. H. a la señora R. M. de un bien inmueble ubicado en Aldea Atenas de San Cristóbal o Km. 17, Arizona. 2-) Certificación íntegra del asiento número 100, extendida por el Instituto de la Propiedad de la ciudad de Tela, en relación al título de dominio pleno otorgado por el Instituto Nacional Agrario. 3-) Acta de Inspección Ocular con álbum fotográfico de propiedad de la ofendida, la cual fue ratificada. 4-) Constancia de fecha 16 de agosto del año dos mil seis, expedida por el Jefe de Catastro Municipal de la Alcaldía de Arizona, Atlántida, en el que se acredita que la señora R. R. M. es propietaria de un terreno de dos punto cinco manzanas, ubicado en el kilómetro 17. Por su parte el acusado A. R. M., declaró en el debate lo siguiente: Que él está en posesión de la propiedad en la cual tiene años de vivir ahí, ya que desde los quince años empezó a trabajar la tierra de esa propiedad; la finca de cacao tiene cincuenta años de estar sembrada y no sabe como percibió ese documento su hermana; él hizo trámites viniendo una comisión del INA; el predio que pelea la ofendida él se lo cedió a su hijo que está en los Estados Unidos; que con la abogada L. le agarraron con fuerza la mano a su mamá para que firmara tres hojas; A pregunta de la Fiscal respondió: Que no tiene documento que lo acredite como dueño del terreno; A preguntas de la Defensa respondió: Obtuvo el terreno por su padre y le dijo que lo dejó en posesión de ese terreno y estaba rodeado de más tierra y la ofendida la fue vendiendo y como está “hule” quiere vender la de él y le dijo que le pagara las mejoras y que vendiera; estuvo detenido, ella misma lo metió preso y le arrancó el “billetillo”; hace años le heredó su padre, él estaba cipote, desde los doce años empezó a trabajar esa tierra; la propiedad es de tres manzanas y media, ella pelea dos manzanas y hay 800 cacao, 20 palmas que él sembró; él le dio ese derecho a su hijo cuando el INA vino a formar lotes familiares, por eso ella agarró eso como su hijo J. R., quien no estaba, si lo hubiera puesto a su nombre no hubiera problemas; A preguntas de uno de los miembros del Tribunal respondió: A él le vino el título, pero a su hijo no, porque la ofendida lo canceló. Como se logra evidenciar, las declaraciones de la señora R. R. M. y su hijo W. D. R., son coincidentes y congruentes al manifestar la primera, que ella obtuvo un terreno ubicado en el kilómetro 17 del municipio de Esparta en el departamento de Atlántida, que fue su madre quien se lo cedió mediante un acto entre vivos a través de una donación, documento del que posteriormente obtuvo un título definitivo mediante un dominio pleno otorgado por el Instituto Nacional Agrario, tal como se acreditó con la documentación correspondiente, es decir con el documento privado de la cesión, la certificación de título en dominio pleno inscrito en el Registro de títulos definitivos del Instituto de La Propiedad, una constancia de la Unidad de Catastro de la Alcaldía Municipal de Arizona Atlántida que establece que la ofendida es propietaria de un terreno de dos punto cinco manzanas en el kilómetro 17, como también fue apreciado en el acta de inspección del mismo inmueble; declaró en debate el señor W. D., hijo de la ofendida quien ratificó lo dicho por su madre, señalando además que su tío que es el acusado, está en el terreno desde el año mil novecientos noventa y cinco y que el señor A. R. M. tiene sembrado cacao y coco en el terreno desde hace como ocho a diez años, circunstancia que es congruente con lo que dijo el imputado en su declaración, no así en cuanto al tiempo, ya que él dijo que tiene como cincuenta años de sembrar en el terreno y que desde los doce años lo hace; que su padre el señor C. R. le heredó el mismo; no sabe de qué forma obtuvo un documento su hermana, ya que él inició trámite también en el Instituto Nacional Agrario, porque le había cedido ese terreno a su hijo, pero que la señora R. R. M. le paró dicho trámite; que tuvo conocimiento que su hermana junto a una profesional del derecho habían forzado a su mamá, la señora A. M. a firmar tres hojas; sin embargo el documento definitivo que acredita la propiedad de la acusada del terreno objeto del proceso, no fue cuestionado de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 721 del Código Civil, para considerar que el mismo no es justo título; el acusado aceptó en su declaración no tener un documento que le acredite como dueño del inmueble y si bien señaló su permanencia en el mismo, lo cual fue corroborado por los testigos de cargo, ha tenido la posesión del terreno por haber sembrado varios años cacao y coco; considerando que el artículo 717 del Código Civil señala que “La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con ánimo de dueños…”; sin embargo no acreditó en el proceso que este derecho sea mejor que el de la acusada, ya que a pesar de ser poseedor irregular de buena fe, no realizó ningún trámite a fin de adquirir el terreno objeto del proceso por prescripción u otro medio lícito; tampoco certificó ser heredero de ese terreno, ni con testamento, ni ab intestato; contrario a lo que sucede con la ofendida, quien si allegó al juicio justo título que es traslaticio de dominio, el cual surte efectos como un derecho Erga Omnes. Tomando en consideración la prueba antes descrita, podemos concluir que no resulta congruente con la misma, la afirmación del Juzgador de que el presente proceso debe ser dilucidado por la vía civil, al considerar que el acusado ha adquirido un derecho que de acuerdo a su criterio es igual que el de la ofendida y que ésta no acreditó hacer ningún trámite en el Juzgado competente para restituir ese predio; pues como ya lo indicamos el derecho de la señora R. R. M. surte efectos frente a terceros, por haber adquirido la condición definitiva y ser inscrito en el Instituto de la Propiedad, de manera que no se trata de un problema de litigio de un inmueble, sino que se encuentra claramente determinado que la única dueña del mismo es la ofendida, por lo que al ocupar el predio el imputado, ejecuta la conducta delictiva de Usurpar. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Razón Suficiente, en su característica de Suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo in defectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el acusado A. R. M., no tiene un justo título que le acredite como propietario del terreno litigioso, como si lo tiene la ofendida; por lo cual se establece su responsabilidad en el delito de Usurpación, de conformidad a lo establecido en el artículos 227 del Código Penal. Por otra parte, si bien el artículo 54 del Código Procesal Penal que cita el Tribunal en su fundamentación jurídica establece, que los litigios atinentes al derecho de propiedad en caso de usurpación, sólo podrán ser resueltos por los tribunales civiles, tal precepto legal no tiene vigencia en el caso subjudice, en virtud que con la prueba de cargo allegada al juicio se demostró el derecho de propiedad de la ofendida, mismo que no fue contrarrestado por prueba de descargo, ya que como hemos venido refiriendo el encausado carece de documento alguno que lo acredite como dueño del terreno. El Tribunal cita en su fundamentación jurídica la Sentencia CP-283-2008, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para sustentar su posición absolutoria, sin embargo al examinar la misma, vemos que más bien su contenido logra enmarcar la conducta del procesado en el delito de Usurpación, en virtud que refiere, que la acción de usurpar comporta la del despojo. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación: en el caso subjudice la señora R. R. M. ha resultado desplazada de su derecho a ocupar el predio, a pesar de contar con el correspondiente Título de Dominio Pleno, de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en el o expulsando a sus ocupantes También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en el. En cuanto a este segundo aspecto también se cumple en el presente proceso, pues el imputado ha invadido el inmueble con los sembríos que ha colocado, ejerciendo por ende, ánimo de dueño y sobre todo se ha mantenido en él, a pesar de ser requerido para desocuparlo y no contar con una escritura de propiedad, como es el caso de la ofendida en cuestión; arguyendo el encausado aspectos carentes de sustento probatorio, que no permiten establecer su calidad de dueño. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) La recurrente denunció la violación de las reglas de la sana crítica por parte del Tribunal A-quo al momento de valorar la prueba, consignando como norma autorizante el artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. Consideró la censora que el Sentenciador en su fundamentación jurídica externó juicios de valor contrarios a las reglas del recto entendimiento humano, pues concluyó que en el presente caso el imputado A. R. M. no realizó la conducta típica de usurpar tomando en cuenta que su permanencia en el terreno ha sido antes de que su hermana R. R. M. haya solicitado ante Juez Civil competente la restitución del predio y que a falta de tipificación legal de un delito, en un grado de absoluta certeza, corresponde dictar una sentencia absolutoria; argumento que para la impetrante es contrario a la lógica de la derivación en su principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, pues si hubiese valorado toda la prueba en conjunto, su posición sería otra. Expresó además la reclamante, que en el juicio oral se evacuaron los siguientes medios probatorios: a) Declaración de la ofendida R. R. M., quien estableció que su madre le concedió en vida ese terreno que ocupa su hermano, que ella tramitó ante el INA sus papeles, que su hermano cultiva ese terreno desde hace años y que ella no puede venderlo porque él dice que le pertenece, que ella nunca ha tomado en posesión esa tierra, solo su hermano; b) Declaración de W. D. R., hijo de la ofendida y quien confirmó que ha sido su tío quien ha utilizado ese predio, pero que su mamá es quien tiene papeles porque su abuela se lo heredó en vida; c) Prueba documental consistente en fotocopia del documento privado de donación entre vivos, certificación del asiento 100 extendido por el INP de la ciudad de Tela en relación al título de dominio pleno otorgado por el INA; acta de inspección ocular con álbum fotográfico y la constancia de fecha 16 de agosto del 2006 expedida por el jefe de Catastro Municipal de la Alcaldía de Arizona, Atlántida. Para la reclamante con esta prueba el sentenciador no puede llegar a juicios errados como el considerar que el imputado no es responsable del delito de usurpación, pues del legajo probatorio se demuestra lo contrario, externando razonamientos violatorios y contrarios a las reglas de la sana crítica. 2) Esta Sala de lo Penal ha reiterado en varios fallos, que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal Hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Así la Motivación Lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación, juicios contrastantes que entre sí se anulen; c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) El artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el título VII del libro segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Usurpación, previsto en el artículo 227 del Código Penal cuya finalidad es la protección del derecho a la propiedad de los bienes inmuebles, entendiéndose como tales lo preceptuado en el artículo 602 del Código Civil y además la protección de la titularidad de los derechos reales enumerados en el artículo 610 del mismo texto normativo.- El tipo penal contempla que será sancionado de dos (2) a cuatro (4) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes quien usurpe un bien inmueble o derecho real, entendiéndose por usurpar cualquier conducta humana que implique disponer de un bien inmueble tal como lo haría su legitimo dueño o que implique el disfrute de un derecho real destinado a otra persona y por sobre de ésta, con indiferencia si se realiza con o sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas[1]. La Usurpación se diferencia de la mera detentación, debido a que requiere cierta permanencia en la conducta que revelen la intencionalidad. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo y con un propósito de lucro, el cual se pone en manifiesto cuando el sujeto activo mantiene su actuar aun cuando ha sido requerido fehacientemente para que cese en el apoderamiento del bien inmueble; por el contrario no da paso a la existencia del delito por ausencia de dolo en los casos que entre los colindantes surja conflicto por linderos dudosos o ignorados, cuando exista alteración de los linderos sin un apoderamiento lucrativo o cuando el sujeto activo se conduzca con la creencia de estar en el ejercicio de un derecho legitimo por ausencia de determinación de la titularidad del derecho de propiedad o del derecho real en cuestión o cuando dicha titularidad este siendo disputada en el fuero civil, siendo en éste último caso procedente diferir la causa al ámbito civil tal como lo ordena el artículo 54 del Código Procesal Penal.- 4) En el caso de autos se atribuye al imputado A. R. M., la comisión del delito de Usurpación, tipificado en el artículo 227 del Código Penal, al tenor del cual se establece que “quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años”. Ciertamente la descripción que nos ofrece el artículo antes citado en torno a la figura de la usurpación es bastante escueta, sin embargo la doctrina científica contribuye a dotar de contenido a la misma. En este sentido se afirma que la acción de usurpar comporta la del despojo. El concepto de despojo da la idea del hecho en relación con la persona a la que se desplaza. El despojo se caracteriza por una doble consecuencia: de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de permanecer en la ocupación. Las consecuencias señaladas puede lograrlas el autor invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes... se despoja penetrando y expulsando al sujeto pasivo o a sus representantes o impidiéndoles la entrada, si en el momento de la invasión estaban ausentes. También cumple la acción típica quien estando ya en el inmueble a un título que no le confiere su tenencia, se mantiene en él o expulsa a sus ocupantes...[2] “Por su parte, el jurista C. C., explica que los preceptos relativos al delito de usurpación tienen por fin la protección de la propiedad inmueble y el disfrute de los derechos reales contra actos de violencia o intimidación o desprovistos de éste carácter. (vid. Cuello Calón, Eugenio, Derecho Penal, tomo II (Parte especial), volumen II, 14ª edición, revisada y puesta al día por C. C. H., Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1982, págs. 911 y ss). 4) En el caso de autos observa esta Sala de lo Penal, que el Tribunal sentenciador respetó las reglas de la sana crítica al momento de valorar las pruebas, por lo que, los señalamientos del censor son totalmente desacertados, pues precisamente por la correcta aplicación de las ya mencionadas normas, es que el juzgador concluyó en una sentencia absolutoria a favor del imputado A. R. M. El Juez A-quo al momento de emitir sus juicios de valor tomó en consideración que el imputado no se encontraba ocupando el terreno en disputa de forma clandestina, mediante violencia o intimidación, todo lo contrario, se comprobó con las declaraciones de la ofendida y su hijo, desde que los padres del encartado y la ofendida se encontraban vivos, el señor A. R. M. trabajó dicho predio con el permiso de sus progenitores, por tanto el elemento subjetivo necesario para la configuración del delito no se encuentra en la presente causa, es decir el ánimo o intención de querer cometer la acción ilícita. Otra circunstancia a meditar es que de las declaraciones de los testigos y del propio acusado se puede determinar que, si bien la ofendida R. R. M. presentó documento con lo que acreditó que el Instituto Nacional Agrario le otorgó el dominio pleno sobre dicha propiedad, la posesión de dicho terreno la tiene el señor A. R. M., que si bien no es un derecho, es un hecho jurídico amparado en la ley, recordemos que no basta con tener el dominio sobre una propiedad pues en materia civil existe una figura por la cual se puede acceder igualmente a ese derecho y es mediante la prescripción adquisitiva; en ese orden de ideas, este Tribunal de Casación considera que este es el caso típico en que la legislación penal no puede resolver dicha controversia, pues no nos encontramos ante acciones típicas que constituyan delitos, sino que son situaciones que compete exclusivamente a la jurisdicción civil. Todos estos razonamientos fueron tomados en cuenta por el Sentenciador, plasmándolo en sus juicios de valor y utilizando para la conformación de sus raciocinios las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN Una vez efectuado el estudio respectivo, es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre de la República de Honduras y por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362.3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Único: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo interpuesto por la abogada L. I. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra el señor A. R. M. a quien se le absolvió del delito de Usurpación. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Bustillo Romero. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-333-2013.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL
[1] Al respecto ver Fallo de la Sala Penal de fecha 15 de abril del 2008 en expediente SP 098-2007
[2] vid. FONTÁN BALESTRA (C.), en "DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires. 8ª edición, 1978, páginas 396 y 397