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Sentencia CP-332-14 — Registro 6441

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de portacion ilegal de armas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."FUNDAMENTACION JURIDICA I. A la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por la recurrente, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva que ha efectuado el tribunal de sentencia. La falta de aplicación es una especie de casación por Infracción de Ley, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que corresponden o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión, de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. II. Las normas estipuladas en los artículos 332- A y 332- B del Código Penal, desafortunadamente no han sido reguladas con la mejor técnica legislativa, pero si es clara la categorización en dichas normas entre las referidas armas de guerra y las que no tienen esa categoría (comerciales). En el artículo 332-A, no dice cuales son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a “incluir” como tales las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas. III. A criterio de este tribunal de casación, la naturaleza de elaboración “artesanal” de las armas caseras, no permite poder considerar que las mismas están comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, como lo es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. La Sala de lo Penal, aprecia que en el hecho probado del caso examiné, no concurre el elemento objetivo ni subjetivo del tipo penal que considera infringido el recurrente, al no establecer que el arma decomisada es de un calibre de funcionamiento automático, que sea de las silenciadas o de alta precisión, y cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que se trata de un arma de fuego de fabricación casera conocida como “Chimba”, conteniendo un cartucho sin percutir, diseñada para disparar munición calibre .22LR, con mecanismo de acción manual de impacto. Aunado a considerar que del hecho probado no se logra determinar con certeza, el lugar, forma, ni nombre de la persona a quien le fue decomisada dicha arma de fuego de fabricación casera. Derivado de lo anterior, este tribunal de casación, considera que los jueces no han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, justificando legalmente los hechos probados de la sentencia. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la representante del Ministerio Público.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiocho de julio de dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, en su condición de Coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 332-2014 por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto contra la Sentencia de fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual absolvió al señor J. A. B. M., del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. No condenó a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Son partes: La Abogada G. P., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público como Recurrente. I. HECHOS PROBADOS “UNICO: Que el 04 de enero del presente año una patrulla policial de esta ciudad, en donde se transportaba D. I. T., fueron informados de la presencia de dos sujetos en la aldea de Zoilabé, comunidad a la que se hicieron presentes donde encontraron a J. A. T. C. y otro sujeto más que no son objeto de este proceso. Además decomisaron un arma de fuego de fabricación artesanal calibre .22LR, con ánima de cañón lisa, armazón y empuñadura de madera color café, con sistema percutor y cañón metálico con pavón color cromo el cual procedieron a decomisar y trasladar al imputado hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal”. II. RECURSO DE CASACIÓN “Recurso de casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, estableciendo en el numeral primero del acápite de la fundamentación jurídica: “El delito de Portación Ilegal de Armas esta tipificado en el párrafo segundo del artículo 332 del Código Penal vigente ubicado bajo la rubrica de delitos contra la Seguridad Interior del Estado. El bien jurídico específicamente protegido es sin embargo la seguridad ciudadana la cual se coloca en una situación de riesgo ante el uso no controlado por el Estado de las armas de fuego que tienen una notable incidencia en la procuración de múltiples delitos contra la vida y la integridad corporal. El Tribunal considera infructuoso profundizar en la descripción de este tipo penal por cuanto en la presente causa, ha quedado de manifiesto que no existen pruebas que señalen al acusado como autor del delito.” Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los que a continuación se transcriben: “UNICO: Que el 04 de enero del presente año una patrulla policial de esta ciudad, en donde se trasportaba D, I, T., fueron informados de la presencia de dos sujetos en la aldea de Zoilabe, comunidad a la que se hicieron presentes donde encontraron a J. A. T. C. y otro sujeto mas que no son objeto de este proceso. Además decomisaron un arma de fuego de fabricación artesanal calibre .22LR, con anima de cañón lisa, armazón de empuñadura de madera color café, con sistema percutor y cañón metálico con pavón color cromo el cual procedieron a decomisar y trasladar al imputado hasta las oficinas de la dirección Nacional de Investigación Criminal., “quedó plenamente acreditado que el hoy imputado, fue detenido por las autoridades competentes y que a éste se le decomiso un arma de fabricación casera, por tanto queda demostrado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado J. A. B. M., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 del 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada”. FUNDAMENTACION JURIDICA I. A la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por la recurrente, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva que ha efectuado el tribunal de sentencia. La falta de aplicación es una especie de casación por Infracción de Ley, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que corresponden o se ajustan a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión, de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. II. Las normas estipuladas en los artículos 332- A y 332- B del Código Penal, desafortunadamente no han sido reguladas con la mejor técnica legislativa, pero si es clara la categorización en dichas normas entre las referidas armas de guerra y las que no tienen esa categoría (comerciales). En el artículo 332-A, no dice cuales son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a “incluir” como tales las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas. III. A criterio de este tribunal de casación, la naturaleza de elaboración “artesanal” de las armas caseras, no permite poder considerar que las mismas están comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, como lo es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. La Sala de lo Penal, aprecia que en el hecho probado del caso examiné, no concurre el elemento objetivo ni subjetivo del tipo penal que considera infringido el recurrente, al no establecer que el arma decomisada es de un calibre de funcionamiento automático, que sea de las silenciadas o de alta precisión, y cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que se trata de un arma de fuego de fabricación casera conocida como “Chimba”, conteniendo un cartucho sin percutir, diseñada para disparar munición calibre .22LR, con mecanismo de acción manual de impacto. Aunado a considerar que del hecho probado no se logra determinar con certeza, el lugar, forma, ni nombre de la persona a quien le fue decomisada dicha arma de fuego de fabricación casera. Derivado de lo anterior, este tribunal de casación, considera que los jueces no han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, justificando legalmente los hechos probados de la sentencia. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la representante del Ministerio Público. IV. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-332-2014.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] El principio de proporcionalidad establecido en el artículo 2-D del Código Penal, en sentido estricto implica que se debe ponderar la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia jurídica, las penas deben ser adecuadas con relación a la gravedad de la conducta que se tipifica, establece una prohibición en exceso, manteniendo un equilibrio entre la sanción penal y los derechos fundamentales. Además, sólo una pena proporcionada puede responder a los ideales de la prevención general y de la prevención especial.