Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-331-13 — Registro 6439

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por dos delitos de actos de lujuria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I. La normativa procesal penal establece la infracción de precepto constitucional como motivo de casación, las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación: son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc., o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal. II. Uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, en tal sentido se aprecia que los hechos declarados probados, fueron suficientemente debatitos en igualdad de condiciones por las partes legalmente constituidas en el juicio, teniendo oportunidad la defensa de instar todo cuanto estimó necesario en provecho de su representado, no obstante tales esfuerzos de la defensa resultó una condena por un delito de actos de lujuria y un delito de actos de lujuria agravados que este tribunal estima procedente. Entiéndase pues en el caso del imputado, el derecho de defensa como la potestad por sí y por medio de su abogado de intervenir en todas las incidencias procesales respetando las normas del debido proceso previamente establecidas, porque ello contempla garantizar la igualdad de las partes involucradas en el proceso. III. De la revisión del expediente judicial se desprende que desde fecha 09 de marzo del 2012 (folio No. 87, nombramiento de oficio de la defensa técnica) hasta el 25 de febrero del 2013 (folio No. 100), el procesado fue representado por la misma profesional del derecho, desarrollándose durante ese tiempo en presencia de las partes procesales y del tribunal de sentencia, diferentes actos procesales como ser: autorización de copias de expediente (folio No. 90), audiencia de proposición de medios de prueba(folio No. 93) y finalmente el debate o juicio oral y público (folio No. 100). A criterio de este tribunal de casación, la abogada defensora venía ostentando el poder de representación desde aproximadamente 9 meses, sin plantear ante el tribunal, durante los precitados actos procesales previos al juicio oral y público, la circunstancia alegada durante el debate, resultando el término relacionado razonable para preparar una adecuada defensa. No apreciando este tribunal de casación la imposibilidad o las limitaciones en el derecho a defenderse personalmente o a través de su defensora que impidieran que el imputado contara con el tiempo y los medios para preparar su defensa, por lo que, este tribunal de casación no aprecia que la resolución judicial venida en casación, en que el A quo declaró sin lugar la solicitud de reprogramación del debate peticionada por la defensa del procesado, violente el derecho de defensa y debido proceso del imputado, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.- SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Salade lo Penal integrado por los magistrados JOSÉ OLIVIO R. VÁSQUEZen su condición de coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el recurso de casación SP 331-2013 por infracción de precepto constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor G. F. M. por el delito de ACTOS DE LUJURIA y ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de S. A. Z. C., a la pena de TRES (3) AÑOS CON TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN por el primero y SIETE (7)AÑOS CON NUEVE (9) MESES por el segundo; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL. 2)NO CONDENÓal encausadoen costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Son partes: el abogado M. R. A. actuando en su condición de defensor público del señor G. F. M., como recurrente; y la abogada Y. .M .en su calidad de representante del Ministerio Público y recurrido. II.- HECHOS PROBADOS “PRIMERO.- En fecha no determinada del año dos mil cuatro (2004), la menor S.. A. Z. C., de nueve (9) años de edad, vivía en la aldea El Carmen, municipio de San Pedro Sula, Cortés, en una casa de habitación junto a sus madre S.. I. C. R. y su padrastro G. F. M., quien en horas de la noche se acercó a la cama donde dormía S.. S.. Z. I., desnudándola y procedió a rozarle el pene por encima de la vulva, amenazándola con matar a su madre si relataba lo sucedido. SEGUNDO.- El treinta de abril del año dos mil siete (2007), en horas no determinadas cuando la menor S.. S.. Z. I. contaba con la edad de doce (12) años y residía en el mismo lugar, G.F. M. procedió a tocarle sus partes íntimas y a rozarle el pene en su vulva”. III.- RECURSO DE CASACIÓN “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA MANERA SIGUIENTE: INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. “MOTIVO ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales y de convenios internacionales de los que Honduras forma parte contenidos en los Artículos 1, 16, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República; 8 numeral 2, literales c), e) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. PRIMERO: Las normas constitucionales y de Derecho Internacional que se denuncian como infringidas, en lo conducente disponen lo siguiente: Honduras es un Estado de derecho; los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; el derecho de defensa es inviolable, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa; derecho irrenunciable de ser asistido por un defensorproporcionado por el Estado, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. SEGUNDO: Los derechos de defensa y debido proceso constituyen los principales resguardos judiciales e implican la oportunidad de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable que le permitan hacer valer sus razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar la prueba contraria, solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables. Con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar condenas injustas. TERCERO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor G. F. M., por los delitos de ACTOS DE LUJURIA y ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de S. .S.. Z. I., viola gravemente los fundamentales derechos de defensa en juicio y del debido proceso que le asisten a dicho imputado. CUARTO: La violación al fundamental derecho de defensa se produce desde que el Juzgador, por mayoría de votos, negó la solicitud oportunamente presentada por la defensa del imputado consistente en que se aplazara el inicio del juicio oral y público, por un tiempo prudencial, para permitirle preparar una adecuada defensa a favor del señor G. F. M. en vista que la primera comunicación entre el imputado y su defensa se producía precisamente hasta ese momento de inicio del juicio oral y público y ello era así, porque en etapas previas a favor del imputado se decretó un sobreseimiento y por ello en aquel momento fue puesto en libertad, resolución judicial que posteriormente es revocada sin que el imputado tuviera noticia de ello, como tampoco conocía que el tribunal, de oficio, le nombró una defensora pública, quien a pesar de las diligencias realizadas para comunicarnos con el imputado ello no fue posible antes del momento de iniciarse la audiencia de juicio oral y público, siendo hasta ese instante en donde el imputado nos comunicó la posibilidad de aportar pruebas para sustentar su defensa, razón por la cual solicitamos al Tribunal prorrogar el inicio del juicio oral y público a fin de preparar una adecuada defensa a favor del referido imputado, solicitud que el Juzgador, por mayoría de votos, nos negó, violando con ello los derechos de defensa y del debido proceso en perjuicio del señor G. F. M.. QUINTO: El anterior motivo de impugnación es compartido por la Juez disidente, quien en su voto particular se refiere a la negativa de la mayoría del Tribunal a concederle, al imputado, un tiempo adecuado para replantear su defensa, con cuya decisión dijo que al imputado se le coartó la única y última posibilidad de que en la etapa incidental la defensa pudiera proponer prueba de descargo de su patrocinado, vulnerando con ello el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República y el derecho a gozar de tiempo y de los medios para preparar su defensa contenido en el artículo 8.2.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quebranto que deberá ser enmendado por esa Sala Penal, mediante la sentencia que resuelva el presente recurso de casación. SEXTO: En el fallo impugnado el Juzgador, por mayoría de votos, también vulneró la presunción de inocencia, el debido proceso y consecuentemente el derecho de defensa de G. F. M. ya que el Código Procesal Penal dispone que el debate estará regido por los principio de oralidad, inmediación y concentración, mismos que no fueron observados por el Tribunal al evacuar prueba de valor decisivo como lo es la declaración de la supuesta ofendida. SÉPTIMO: Para Chiovenda “la inmediación constituye la esencia del proceso oral”[1] y ello es así especialmente en la evacuación de aquellas pruebas llamadas personales, como la prueba testifical en la que si el Juez no oye directamente a declaración del testigo sino que la lee de una acta, objetivamente no estará en condiciones de realizar un juicio de credibilidad respecto de lo que el testigo ha dicho, además tal declaración no puede ser sometida al test de contrariedad, como sucede en el presente caso en el que la ofendida no compareció al juicio y en su lugar se incorporó por lectura la declaración rendida en la etapa preparatoria, cuya finalidad probatoria era diferente a la del juicio oral, pues en aquella lo que se perseguía con la prueba era acreditar la existencia del delito e indicios de la posible participación del acusado, mientras que en el juicio oral la prueba que se aporta tiene como propósito decidir el fondo del asunto y si bien es cierto el Código Procesal Penal permite la incorporación por lectura autorizada de pruebas que hayan sido evacuadas en la etapa preparatoria, pero ningún fallo de condena debiera sustentarse, decisivamente, en una prueba incorporada al juicio por lectura y que muestra inconsistencias que no sean desvanecidas por otras pruebas, pues ello afecta gravemente los principios que rectoran el proceso penal como ser los de oralidad, concentración e inmediación y consecuentemente un quebranto a los fundamentales derechos de presunción de inocencia, defensa y del debido proceso, como en el presente caso en el que el fallo impugnado se sustenta en la declaración de la supuesta ofendida rendida en audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura autorizada, pero que la misma muestra insalvables inconsistencia al narrar unos hechos que resultan inverosímiles, como bien lo aprecia la Juez disidente quien en su voto particular acertadamente sostiene que el documento que registra la declaración de la supuesta ofendida, no es suficiente para declarar la culpabilidad del señor M., pues la misma es parca, imprecisa y limitada y su relato resulta inverosímil internamente, ya que el escenario en el que describe se realizaban los hechos resulta inverosímil que nadie más que ella se enterara de su ocurrencia aun cuando estos se habrían desarrollado en un prolongado periodo de tiempo, muy cerca de su madre y cuya ejecución, por sentido común, no se concibe que puedan realizarse en absoluto silencio, por lo que en tales condiciones y siendo que el ente acusador no aportó otro medio de prueba que, de manera contundente, fortaleciera el dicho de la supuesta ofendida, porque el dictamen médico ofrecido tampoco aportó elementos que corroboraran su dicho; por lo que la mayoría del Tribunal al arribar a un fallo de condena en contra del señor G. F. M. con tan endeble prueba lo hace quebrantando los derechos fundamentales de presunción de inocencia, defensa y del debido proceso en perjuicio de dicho imputado. PRETENSIÓN IMPUGNATIVA. Consientes estamos que el Tribunal de casación no puede desarrollar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso es evidente la vulneración a los principios rectores que deben observarse en el desarrollo del juicio oral y público, como ser los de oralidad, concentración e inmediación dando como consecuencia el quebranto a los derechos fundamentales de presunción de inocencia, defensa y del debido proceso en perjuicio del señor G. F. M., por lo que tal quebranto debe ser enmendado mediante el reenvío de la causa para que el señor M. sea juzgado en un nuevo juicio en el que se le respeten todos sus derechos fundamentales”. IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I. La normativa procesal penal establece la infracción de precepto constitucional como motivo de casación, las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación: son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el derecho penal y las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso etc., o bien aquellas vinculadas con principios del derecho penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad en materia penal. II. Uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, en tal sentido se aprecia que los hechos declarados probados, fueron suficientemente debatitos en igualdad de condiciones por las partes legalmente constituidas en el juicio, teniendo oportunidad la defensa de instar todo cuanto estimó necesario en provecho de su representado, no obstante tales esfuerzos de la defensa resultó una condena por un delito de actos de lujuria y un delito de actos de lujuria agravados que este tribunal estima procedente. Entiéndase pues en el caso del imputado, el derecho de defensa como la potestad por sí y por medio de su abogado de intervenir en todas las incidencias procesales respetando las normas del debido proceso previamente establecidas, porque ello contempla garantizar la igualdad de las partes involucradas en el proceso. III. De la revisión del expediente judicial se desprende que desde fecha 09 de marzo del 2012 (folio No. 87, nombramiento de oficio de la defensa técnica) hasta el 25 de febrero del 2013 (folio No. 100), el procesado fue representado por la misma profesional del derecho, desarrollándose durante ese tiempo en presencia de las partes procesales y del tribunal de sentencia, diferentes actos procesales como ser: autorización de copias de expediente (folio No. 90), audiencia de proposición de medios de prueba(folio No. 93) y finalmente el debate o juicio oral y público (folio No. 100). A criterio de este tribunal de casación, la abogada defensora venía ostentando el poder de representación desde aproximadamente 9 meses, sin plantear ante el tribunal, durante los precitados actos procesales previos al juicio oral y público, la circunstancia alegada durante el debate, resultando el término relacionado razonable para preparar una adecuada defensa. No apreciando este tribunal de casación la imposibilidad o las limitaciones en el derecho a defenderse personalmente o a través de su defensora que impidieran que el imputado contara con el tiempo y los medios para preparar su defensa, por lo que, este tribunal de casación no aprecia que la resolución judicial venida en casación, en que el A quo declaró sin lugar la solicitud de reprogramación del debate peticionada por la defensa del procesado, violente el derecho de defensa y debido proceso del imputado, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado. V.- DECISIÓN El motivo formulado por la defensa del señor G. F. M. debe ser desestimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos303, 304, 313 atribución 5; 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;361 del Código Procesal Penal. FALLA:ÚNICO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la defensa del señor G. F. M ..Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO R. VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.-

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP 331-2013.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1]Chiovenda, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Madrid 1940, Tomo III, pp 162