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Sentencia CP-33-13 — Registro 6115

Resumen

En primera instancia los imputados fueron codenados por el delito de homicidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."FUNDAMENTACION JURÍDICA Esta Sala de lo Penal observa que los recursos de casación interpuestos por los abogados M. A. C. R. y O. A. C. R., Defensores Privados de los imputados, se basan en el mismo motivo de casación, tienen idénticos argumentos y conjeturas, en tal sentido es procedente resolver ambas impugnaciones en un mismo apartado. 1) Exponen los recurrentes que el Juez A-quo incurrió en violación a las reglas de la sana crítica consignando como precepto autorizante el artículo 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal. Explicaron los censores que el ente fiscal con la finalidad de acreditar los hechos contra los imputados, presentaron pruebas tales como: Declaración de testigos protegidos P1 y P2, declaración del agente de policía J. A. R. A.; dictámenes balísticos, autopsia, acta de defunción y croquis de la escena del crimen. Expusieron además que el Tribunal de Sentencias en el apartado valoración probatoria párrafo segundo (numerado como primero), estableció que los Testigos Protegidos P1 y P2 fueron testigos directos de los hechos, afirmó el Juzgador que la credibilidad que les otorga proviene de la objetividad que pudo percibirse al momento de rendir declaración, además de las coincidencias que de dichas declaraciones pueden observarse y de la identidad de sus manifestaciones; según los recurrentes con dichas aseveraciones el Tribunal Sentenciador ha infringido el principio de derivación y razón suficiente, pues al confrontar las declaraciones de estos testigos se puede apreciar las inconsistencias en sus dichos. Afirmaron los impetrantes que entre ambos testigos existen muchas diferencias, por ejemplo el testigo P1 no hace indicación a que uno de los supuestos hechores andaba en muletas tal como lo afirmó el testigo P2, un hecho que resulta notorio y que ambos tuvieron que observarlo; la testigo P1 afirmó que al ver a los sospechosos y escuchar el disparo ella se quedó parada, lo que no es conforme al sentido común pues otra persona saldría corriendo; así mismo esta testigo hace referencia que luego ella caminó hacia una curva y ahí observó que los imputados se fueron en un taxi, lo que acarrea dudas pues si iba en la curva era imposible visualizar a los supuestos delincuentes; el testigo P2 sostiene que se encontraba 15 metros del lugar del hecho y que él esperaba un bus, al momento de los disparos el bus ya estaba ahí, lo que no parece lógico si ya estaba el bus ahí porque no lo abordó sino que se dedicó a observar los hechos; por último afirmó este testigo que uno de los imputados se trasladaba en muletas cuando esto no fue advertido por el testigo P1. En relación a las pruebas documentales, específicamente a la constancia de la armería que establece que unos días antes de los hechos uno de los imputados compró un arma del mismo calibre con la que se dio muerte al ofendido, lo cual no significa nada pues hay muchas armas con esas mismas características y no se acreditó que las balas encontradas en el cuerpo de la víctima coincidan con las de ese artefacto. 2) El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del Juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- En reiterados fallos ha establecido esta Sala de lo Penal, que el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del examen casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño, se custodia la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración deber ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la motivación lógica deberá responder a las características de: 1) COHERENCIA: Es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre si se anulen. c) Inequívoca: Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. 2) DERIVACIÓN: El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando. 3) Analiza esta Sala de lo Penal, que los recurrentes no han cumplido con el requisito de señalar de forma específica y puntual en qué parte de la sentencia se incurre en el yerro denunciado y de qué forma se violentaron las reglas del correcto entendimiento humano, si bien hace referencia al apartado segundo de la valoración probatoria, no establece de qué manera el sentenciador infringió las ya mencionadas normas, sino que realiza una valoración subjetiva de cómo debió valorar el Juez A-quo dichos medios probatorios, ejercicio mental que no le corresponde al recurrente, ni a este Supremo Tribunal realizar, con lo cual se denota la inadecuada técnica recursiva en la que incurren los censores. Ahora bien en virtud que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las Garantías Judiciales exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante Juez o Tribunal Superior,” así como nuestra Constitución de la República regula el Derecho de Defensa en su artículo 82; esta Sala de Casación ha procedido a realizar un análisis de los razonamientos utilizados por el A-quo y puede concluir que sus juicios de valor fueron adecuados, valoró cada medio de prueba tanto individual como en su conjunto, derivó de ellos conjeturas lógicas y coherentes, de forma tal que concatenó sus argumentaciones con el resultado probatorio, aplicando en cada momento las reglas de la sana crítica. Por todas las razones expuestas, considera este Supremo Tribunal que el motivo invocado por los recurrentes es infundado, pues el Sentenciados a aplicado de manera correcta las reglas del recto entendimiento humanos, por lo que ambos recursos deben ser desestimados..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: “El Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes septiembre del año dos mil dieciséis. La Sala de lo Civil, integrada por los ilustres Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: El señor MARVIN RODRIGO PAREDES GOMEZ, heredero ab- intestato de la señora OLGA ESPERANZA GOMEZ PEÑA también conocida como OLGA ESPERANZA GOMEZ, representado en juicio por la abogada ERICKA YOSELY CORRALES CRUZ, en su condición de recurrente; siendo recurridos la señora ALEJANDRINA CORRALES CABRERA y sus hijos WALTER DARIO y RUDY ALEJANDRO ambos de apellidos PAREDES CORRALES, representados en juicio por el abogado JORGE BELARMINO REYES. OBJETO DEL PROCESO: OPOSICION A UNA SOLICITUD DE POSESION EFECTIVA DE HERENCIA TESTAMENTARIA, EN VIRTUD DE EXISTIR UNA ASIGNACION FORZOSA DE PORCION CONYUGAL, promovida por la abogada ERICKA YOSELY CORRALES CRUZ, en su condición de representante procesal de la señora OLGA ESPERANZA GOMEZ PEÑA también conocida como OLGA ESPERANZA GOMEZ, en contra de la SOLICITUD DE POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA TESTAMENTARIA Y DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA, promovida por la señora ALEJANDRINA CORRALES CABRERA, y sus hijos WALTER DARIO y RUDY ALEJANDRO ambos de apellidos PAREDES CORRALES, ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, oposición presentada en fecha treinta de septiembre de dos mil once. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en el juicio de merito, misma que en su parte dispositiva señala lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: DESESTIMANDO la EXCEPCIÓN interpuesta al momento contestación la demanda. SEGUNDO: ESTIMANDO la OPOSICION presentada contra la declaratoria de heredero promovida por ALEJANDRINA CORRALES CABRERA, WALTER DARIO y RUDY ALEJANDRO, ambos de apellidos PAREDES CORRALES por convidar que la parte activa se encuentra legitimada como asignataria forzosa de la cuarta parte de los bienes del causante por ser su legitima esposa y tener razones para solicitarla, derecho que recae únicamente sobre los bienes acreditados como propiedad del causante y que se han determinado en la presente sentencia. TERCERO: La presente resolución es susceptible al recurso de apelación. SIN COSTAS tratarse de mero derecho. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO: Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, la Corte Primera Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva que se deja relacionada en el acápite anterior; dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: 1): DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación de que se ha se ha hecho merito.- II) CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil doce, proferida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, pero determinando el monto de la cuarta conyugal en la cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L. 27, 430.15).- III) CONDENA EN COSTAS a la parte recurrente.- Y MANDA: Que se notifique este fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al juzgado de su procedencia, con la certificación de estilo para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE”. TERCERO: Que en fecha once de diciembre de dos mil catorce, la abogada ERICKA YOSELY CORRALES CRUZ, actuando en su condición de representante procesal del señor MARVIN RODRIGO PAREDES GOMEZ, quien es heredero ab Intestato de su madre la señora OLGA ESPERANZA GOMEZ PEÑA, también conocida como OLGA ESPERANZA GOMEZ, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintinueve de mayo del año dos mil trece, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Mediante auto de fecha cinco de enero del año dos mil quince, el tribunal ad-quem resolvió tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente y acordó conceder a la parte contraria el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO: Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, el abogado JORGE BELARMINO REYES, en su condición de representante procesal de la señora ALEJANDRINA CORRALES CABRERA y sus hijos WALTER DARIO y RUDY ALEJANDRO ambos de apellidos PAREDES CORRALES, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tenerlo por pronunciado en tiempo y forma, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO: Que en fecha cuatro de marzo del año dos mil quince, una vez que se tuvo por recibidas las actuaciones en éste Alto Tribunal, los abogados ERICKA YOSELY CORRALES CRUZ y JORGE BELARMINO REYES, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento resolviendo este tribunal, mediante proveído de fecha diecinueve de marzo del año dos mil quince, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: (Sic.) “1. MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción por falta de aplicación del artículo 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la congruencia, en relación con los artículos 10 numeral 1 y 2, y 701 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza la interposición del motivo el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil. DISPOSICIÓN CUYA INFRACCIÓN SUSTENTA EL MOTIVO: La disposición cuya infracción sustenta el motivo la constituye el artículo 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la congruencia de la sentencia, en relación con los artículos 10 numeral 1 y 2, y 701 numeral 1 del Código Procesal Civil. PARTE DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el apartado denominado PARTE DISPOSITIVA en su segundo pronunciamiento, concretamente en su parte final, misma que reza: “POR TANTO: Esta Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán,... FALLA: I)... II) CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA..., pero determinando el monto de la cuarta conyugal en la cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.27,430.15).- “FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO: Desarrollamos la fundamentación del motivo de la siguiente forma: El artículo 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, reza: “Artículo 208.- CONGRUENCIA.- 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” A efectos ilustrativos, nos permitimos citar lo expuesto por la doctrina española sobre el particular: “la congruencia es la correlación que debe existir entre la sentencia y el objeto del pleito, y conlleva que la sentencia deba resolver, todas y sólo, las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, de manera que no puede otorgar más ni cosa distinta de lo pedido.”1 Por ello, el Tribunal deviene obligado a resolver únicamente las cuestiones planteadas oportunamente. La congruencia se constituye como un requisito de obligatoria observancia, no sólo en la primera instancia de los procesos, sino también en los recursos devolutivos. En relación, el jurista Martín Alejandro Hurtado señala: “Para entender la incongruencia en la teoría de la impugnación, debemos referirnos primeramente al llamado principio de limitación, en el cual podemos encontrar además dos importantes instituciones como son el principio tantum devolutum quantum apellatum y la reformatio in pius... El principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional del órgano revisor de la resolución impugnada y responde a la necesidad de que éste no pueda ir más allá (limite) de los temas propuestos por el impugnante, es decir, el órgano revisor tiene una limitación formal que implica avocarse sólo a resolver las cuestiones propuestas por quien impugna... En la práctica muchas veces los jueces de grado no respetan el principio de limitación y absuelven el grado argumentando situaciones no propuestas por el impugnante o resuelven la controversia con hechos que no integraron el proceso, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo principal de la impugnación, sino que afecta el debido 1.GUTIÉRREZ BARRENENGOA,Ainhoa y otros, El proceso civil,Ed. Dykinson,Madrid, 2008, págs. 276 y 277. proceso.”2 En el caso que nos ocupa, el reproche se contrae a la infracción de la congruencia (requisito interno de la sentencia), al vulnerarse el principio tantum devolutum quantum apellatum, instituido por el artículo 701 numeral 1 del Código Procesal Civil, disposición que establece: “Artículo 701.- EFECTO DEVOLUTIVO. ÁMBITO DEL RECURSO.- 1. El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación.” Sobre el tema, el tratadista Hugo Alsina, establece que el Tribunal de alzada “sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum apellatum, o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso.” Al respecto, Martín Alejandro Hurtado señala: “Este principio pone la limitación al órgano revisor para que se pronuncie sobre el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no pedido por el recurrente. Sólo lo que cuestiona el apelante (principio dispositivo) del acto procesal impugnado es materia de conocimiento del tribunal superior, lo que dejó consentido o lo que no atacó ya no debe ser materia de pronunciamiento por el revisor.”4 En este orden de ideas, Karla Patricia Vilela expresa: La regla appellatum quantum devolutum, significa que el superior conoce de todo aquello que ha sido objeto de la litis, y que las partes han vertido en sus respectivos escritos de alegaciones, en la medida en que sometan al juez ad quem todos los extremos de la sentencia de instancia que les sean gravosos o perjudiciales. Y al referirnos a todos los puntos objeto de la impugnación, no se indica que la sentencia del ad quem deba pronunciarse necesariamente sobre todos los puntos de la resolución de primera instancia, sino que solo deberá hacerlo respecto de aquellos que tácitamente o 2 HURTADO REYES, Martín Alejandro, “Cómo se puede manifestar la incongruencia en el proceso civil”, en AA. VV., Diálogo con la jurisprudencia, t. 133, octubre 2009, año 15, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, págs. 171 y ss. ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Ed. Editar, Buenos Aires, 1961, pág. 416. 4 HURTADO REYES, Martín Alejandro, Ídem; expresamente hayan solicitado los apelantes. Es así que la congruencia de la sentencia de apelación viene determinada por los límites del efecto devolutivo.5 Cabe agregar que el principio tantum devolutum quantum apellatum, comprendido en el artículo 701 numeral 1 del Código Procesal Civil, no se traduce en la limitación de valorar la prueba y emitir un fallo sin encontrarse sometido a la valoración de la prueba realizada por el A quo, ya que en la segunda instancia, la Corte de Apelaciones tiene libertad para realizar el reexamen de lo actuado en primera instancia, siempre y cuando la cuestión haya sido integrado en el Recurso de Apelación. Es decir, la segunda instancia presupone la facultad de volver a valorar los elementos fácticos y jurídicos de la primera instancia, no obstante, dicha facultad se ve limitada por el propio recurrente, debiendo la alzada supeditarse en primer lugar a lo discutido en primera instancia, y en segundo lugar, a lo planteado en el Recurso de Apelación. En síntesis, el artículo 208 numerales 1 y 2, en relación con el artículo 701 numeral 1 del Código Procesal Civil, establecen que el Ad quem debe dictar su fallo respetando los límites impuestos por el recurrente en el Recurso de Apelación, lo que asimismo guarda consonancia con lo dispuesto por el artículo 10 en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que se refiere al principio dispositivo. Siendo así, examinado el Recurso de Apelación presentado por el Abogado JORGE BERLAMINO REYES, en su condición de representante procesal de los señores ALEJANDRINA CORRALES CABRERA, WALTER DARIO y RUDY ALEJANDRO, ambos de apellidos PAREDES CORRALES, se evidencia que el recurrente en ningún momento solicita la estimación del valor catastral de los bienes para deducir lo que corresponde por la porción conyugal. Si bien dicho elemento fue introducido como alegato en primera instancia, el mismo no fue alegado ni mencionado en el Recurso de Apelación, por tanto, el Tribunal de alzada se encontraba limitado para resolver únicamente en torno a los alegatos planteados en el Recurso, no obstante en flagrante inobservancia de lo anterior, la Corte de Apelaciones decide sobre elementos no comprendidos en los agravios del Recurso, y reforma la sentencia en el sentido de fijar el monto de la porción VILELA CARBAJAL, Karla Patricia, “Revisión en casación de vicios de nulidad procesal por incongruencia extra petita”, en AA.VV., Jus jurisprudencia, No.08, agosto de 2008, pág. 93 y ss. conyugal. Asimismo resulta primordial señalar que dicho elemento no deriva expresa ni tácitamente del Recurso, por cuanto su objeto se contrae a la desestimación de la oposición, no impugnado parcialmente el fallo en sentido de valorar los bienes conforme al precio catastral. Lo anterior se evidencia con claridad al observar que en la sentencia objeto de impugnación, el Ad quem, en el apartado Antecedentes de Hecho, párrafo cuarto, resalta los argumentos de la contestación que se refieren a la solicitud de valorar los bienes conforme al precio catastral, no obstante, al referirse a los argumentos de la expresión de agravios del Recurso de Apelación (párrafo séptimo del apartado Antecedentes de Hecho), no se aprecia que el recurrente haya reproducido tal pretensión ante la alzada. En este sentido, es notorio que la Corte de Apelaciones, teniendo claro los agravios expresados en el Recurso de Apelación, tomó un argumento que no integró el mismo para determinar el valor de la porción conyugal, no encontrándose facultado para hacerlo, al no haber sido alegado por el recurrente. De esta manera se configura la falta de aplicación del 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, que regula los requisitos internos de la sentencia en relación a su contenido, en cuanto a la congruencia, en relación con los artículos 10 numeral 1 y 2, y 701 numeral 1 del Código Procesal Civil, debido a que, el pronunciamiento impugnado de la sentencia de fecha 29 de mayo de 2013, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, no resulta congruente en relación a los agravios expresados por la parte recurrente, siendo procedente casar la resolución impugnada. El agravio sufrido por esta parte se refiere a que la Corte de Apelaciones, sin encontrarse facultado por ello, determina el valor que le corresponde a mi representada en concepto de porción conyugal, resultando una sentencia desfavorable para los intereses de la señora OLGA ESPERANZA GOMEZ PEÑA, al haberse otorgado una cantidad menor a la que corresponde. De lo anterior, se evidencia que el vicio en el que incurre la sentencia de fecha 29 de mayo de 2013, es la falta de congruencia o incongruencia, por infracción al principio tanturn devoluturn quanturn apellatum, al haberse resuelto un asunto no comprendido en el Recurso de Apelación. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La infracción incide de manera directa en el fallo, en el sentido que se determina el valor que corresponde en concepto de porción conyugal a OLGA ESPERANZA GOMEZ PEÑA, conocida también como OLGA ESPERANZA GOMEZ, variando notablemente el alcance de lo resuelto en primera instancia. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el defecto de falta de aplicación de la norma procesal invocada se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía, y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. II. SE SOLICITA SE DECRETE NULIDAD DE ACTUACIONES El artículo 212 en su preámbulo y numeral 4 del Código Procesal Civil prescribe que los actos procesales serán nulos “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión”. En el presente caso, se prescinde de las normas procedimentales atinentes al alcance de la decisión de la apelación. En este sentido, el artículo 715 establece: “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN.- 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó.- 2. Si se tratara de infracciones de otra clase anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente.- 3. Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo. 4. Si se apreciara alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo, el tribunal revocará la sentencia apelada y dictará la que estime procedente.” De la norma citada se infiere que la Corte de Apelaciones, en caso que apreciara la infracción de alguna norma, sea procesal o material, únicamente se encuentra facultado para anular o revocar la sentencia de primera instancia. En el caso tratado, pese a que el Ad quem no lo establece expresamente en su sentencia de fecha 29 de mayo de 2013, el Tribunal reforma la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, debido a que desestima el Recurso, confirma la sentencia dictada en primera instancia, pero modifica la misma, no encontrándose dicha facultad comprendida en el artículo 715 del Código Procesal Civil. Asimismo cabe observar que dicho pronunciamiento provoca indefensión, debido a que fue emitido sin contradicción de la parte contraria (artículo 4 del Código Procesal Civil), es decir, limitando todo pronunciamiento de esta parte. Dicho de otro modo, ante el Tribunal de Alzada, esta parte no pudo alegar lo conveniente a su derecho en cuanto a la determinación del valor catastral de los bienes, en vista que el pronunciamiento emitido por esta parte fue conforme a la expresión de agravios argumentados por el recurrente, atendiendo al principio tantum devolutum quantum apellatum. Por tanto, la infracción de las normas procedimentales atinentes al alcance de la decisión de la apelación y la limitación al derecho de defensa, conduce a la infracción de normas esenciales del procedimiento, provocando indefensión, siendo procedente decretar la nulidad de actuaciones, hasta antes de dictar la sentencia por parte del Ad quem. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DEL VICIO PROCESAL: En virtud que el yerro que provoca la nulidad se produce en el fallo mismo, solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex –ante. III. SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA La suscrita no estima necesaria la celebración de la audiencia, por cuanto los vicios señalados son de mero derecho.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Que del estudio de lo planteado por la recurrente, así como de la sentencia que se profirió en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte dispositiva señala: “FALLA: 1): DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación de que se ha se ha hecho merito.- II) CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil doce, proferida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, pero determinando el monto de la cuarta conyugal en la cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L. 27, 430.15).- III) CONDENA EN COSTAS a la parte recurrente.- Y MANDA: Que se notifique este fallo y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes al juzgado de su procedencia, con la certificación de estilo para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE. De lo anterior cual la Sala observa que la sentencia referida pone en evidencia que el iudex ad-quem se ha pronunciado sobre cuestiones que no fueron planteadas en el recurso de apelación, y ello se colige así puesto que el abogado don Jorge Belarmino Reyes, en el escrito de presentación de Recurso de Apelación contra la sentencia proferida en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, por el Juzgado de Letras del departamento de Francisco Morazán (Vid. folios 160 al 162 de la primera pieza), deja expuestos los agravios que la sentencia de primera instancia le ocasiona a sus representados; argumentos que básicamente tienen que ver con lo siguiente: a) Que a favor de sus representados se acredito ante el a-quo, que el causante junto con su compañera de hogar, la señora Alejandrina Corrales Cabrera, convivieron maritalmente durante treinta y tres años, lapso durante el cual adquirieron los bienes que el causante ha testado a favor de su compañera de hogar, hecho este que dice no fue objetado por la parte demandante, misma que se limito alegar que por cuestiones de humanidad su representada la señora Olga Esperanza Gómez Peña, conocida también como Olga Esperanza Gómez, tiene derecho como esposa del fallecido a la cuarta conyugal; b) Que el juez a-quo al estimar que la esposa del difunto tiene derecho a la cuarta conyugal no ha hecho aprecio de la normativa positiva vigente del Código Civil en los artículos 1152 numerales 1 y 2; c) Que la parte demandante actúa de mala fe al pretender la cuarta conyugal; ello porque estuvo separada durante treinta y tres años de su esposo, que nunca hubo entre ambos ningún acercamiento y que los demandados asumieron todos los gastos que se ocasionaron con motivo de la enfermedad del causante así como los gastos fúnebres provocados con su fallecimiento, hechos que la parte demandante no ha objetado en el proceso y que el a-quo en el fallo proferido no ha considerado, al estimar a favor de la demandante la cuarta conyugal; d) Que ha quedado plenamente probado en el juicio, mediante prueba documental respectiva, que la demandante goza de una pensión por parte del Instituto de Previsión del Magisterio de más de Nueve Mil Lempiras, situación aceptada por la parte demandante, pero que el juez a-quo no lo considera como elemento del proceso y lo ha desconocido en su totalidad; y, e) Que al hacer la fundamentación jurídica de su fallo el a-quo ha citado artículos del Código Civil de forma general, sin considerar que los artículos invocados tienen numerales y que cada uno de ellos conlleva a una acción diferente, producto de lo cual ha dictado una sentencia contraria a derecho, todo ello porque con los medios de prueba aportados ha quedado demostrado que si bien es cierto que el causante estaba casado, también lo es que el mismo estuvo separado de su esposa por un periodo de treinta y tres años, y el hecho de que la misma no asistió a su esposo enfermo por lo menos treinta días antes de su deceso, provocan que la misma sea indigna de recibir la cuarta conyugal de unos bienes que el difunto instituyó como heredera testamentaria a su compañera de hogar. 2.-Que señalado lo anterior la Sala estima dejar sentado que la sentencia que se dicta por el Tribunal de Alzada en un recurso de apelación tiene que alcanzar las exigencias de exhaustividad y congruencia, ello en razón de que en la segunda instancia rige el principio dispositivo; así tenemos que, entre otros, uno de sus efectos del recurso de apelación es el de que limita el ámbito de conocimiento del órgano que resuelva el recurso, y por el cual entendemos que la sentencia de apelación deberá pronunciarse únicamente sobre las cuestiones planteadas en el recurso, en ese sentido el tribunal competente en la resolución que profiera deberá hacer pronunciamiento sobre lo planteado por el impetrante, esto es con lo que no está de acuerdo, o las cuestiones jurídicas que se lleven a debate por parte del recurrente y, en su caso, por lo planteado en los escritos de oposición e impugnación de la parte apelada. No encuentra la Sala que el abogado don Jorge Belarmino Reyes, en el escrito mediante el cual interpone Recurso de Apelación contra la sentencia proferida en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil doce, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, haya expresado o insinuado como agravios cuestiones que tengan que ver con la determinación del monto de la cuarta conyugal; más bien los agravios formulados por el referido profesional del derecho versan sobre la oposición que concita en la parte demandada, el fallo proferido por el a-quo; al estimar el apelante que al existir una causal de indignidad de la parte demandante, la misma no puede pretender la asignación de la cuarta conyugal; en ese sentido la Sala no encuentra que la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, externada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, cumpla con las exigencias de exhaustividad y congruencia, que obligatoriamente devenía en observar, y ello se estila así, puesto que si bien es cierto, que la referida sentencia confirma lo resuelto por el iudex a-quo, también lo es que hace un agregado a lo fallado en primera instancia, esto es reforma la sentencia de primera instancia al hacer la determinación monetaria de lo que le corresponde a la parte demandante en concepto de cuarta conyugal, sin que tal situación se hubiese planteado en el recurso de apelación, y si bien el Tribunal de Alzada pretende razonar sobre tal situación, específicamente en el primero de los dos acápites denominados SEXTO de la Fundamentación Jurídica, en el cual hace referencia al escrito de Contestación a la Oposición a la Solicitud de Posesión Efectiva de una Herencia Testamentaria (vid. folios 84 al 89 de la primera pieza), libelo en el cual la parte demandada en el acápite denominado PETICION, entre otros expresa: “….pero en el caso de que la impugnante siga con su petición, pedimos que se valore a precio catastral los bienes dejados por el causante y que de los mismos se deduzca lo establecido en el artículo 938 como ser…..”; manifestación que ha sido más que suficiente para el iudex ad-quem para determinar en el fallo proferido el monto que le corresponde a la esposa del causante en concepto de cuarta conyugal; razonamiento éste sobre el cual, como ya se dejo señalado en el iter de este auto, en ningún momento se ha planteado en los agravios externados por la parte apelante demandada. 3.- El artículo 7.1 y 2 del Código Procesal Civil, establece que: 1. “El Proceso civil se desarrollará según las disposiciones de este Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Las formalidades previstas en él, son imperativas”. 2. “Las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. El órgano jurisdiccional adecuará la exigencia de las normas al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas”. 4.- El artículo 206 del Código Procesal Civil manda que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. Cuando los puntos objeto del litigió hayan sido varios, el Tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 5.- El Artículo 211 del Código Procesal Civil manda que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a la nulidad o anulabilidad de acuerdo con lo establecido en el citado Código. 6.- El artículo 215 del Código Procesal Civil, establece los supuestos de la nulidad de actuaciones, estableciendo en el numeral cinco que: “Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. …”. 7.- El artículo 701.1 del Código Procesal Civil, establece que: “El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por las cuestiones de derecho a que se refiera la impugnación”. 8.- El recurso de apelación al tenor de lo establecido en el artículo 705 del Código Procesal Civil, tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba, según lo establece. 9.- Por las razones expuestas es procedente invalidar de oficio la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el veintinueve de mayo de dos mil trece, de que se ha hecho mérito. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193. 2, literal b), 197, 199, 206, 211, 212.4, 215.5 del Código Procesal Civil; profiere el presente auto irrecurrible; mediante el cual: FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, de que se ha hecho mérito. SEGUNDO: Que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, proceda a proferir una nueva sentencia con absoluta claridad, precisión y congruencia, respecto a las pretensiones deducidas en el juicio, que son las formalidades legalmente establecidas.- Y MANDA: I.- Certificar el presente fallo y remitir los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para sus efectos legales consecuentes. II.- Hacerle la observación a la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que en lo sucesivo los fallos que profiera deben observar las normas procesales atinentes a la forma y contenido de la sentencia.- Redactó el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ. COORDINADOR. WILFREDO MÉNDEZ ROMERO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O’CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Ocho días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Catorce de Septiembre de Dos Mil Dieciséis, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 61=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA