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Sentencia CP-328-12 — Registro 6437

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Penal ha realizado una confrontación de los hechos declarados probados por el Tribunal de Instancia y las normas penales que se han denunciado infringidas, concluyendo que del factum no se identifica la antijuridicidad material de los hechos, dado que del cuadro fáctico se puede determinar que el imputado R. S..L. no actuó amparado en una causa de justificación, pues según se desprende de los hechos, antes de ir a votar a su perra existió un intercambio de palabras que el sentenciador determina como: “propuesta del ofendido a que mejor enterrar al can”, por lo que se deduce de los sucesos que el imputado al ir a votar al animal ya portaba el machete, por tanto no puede existir legítima defensa si el sujeto activo va preparado con anticipación, pues la agresión ya no sería actual. Así mismo los acontecimientos refieren a que el ofendido A. U. al sentirse molesto por la acción del imputado, salió a su encuentro con un garrote y luego de una discusión o riña entre ambos, es el imputado R. S. L. quien agrede primero al ofendido con el machete que portaba, lo que es lógico, pues los hechos no refieren a que el ofendido haya golpeado con el garrote al acusado o que éste haya salido herido de alguna forma; por lo que se concluye que no existe proporcionalidad del medio empleado, es racional y lógico pensar que un machete resulta mucho mas letal que un garrote, si bien un garrote puede quitarle la vida a alguien, la rapidez y la letalidad del machete es mucho mayor, por tanto el segundo elemento de la legitima defensa no se cumple en los hechos narrados por el Juez A-quo como probados. En tal sentido el relato histórico declarado como probado revela claramente los elementos objetivos y subjetivos del delito de homicidio tal como lo observó el Sentenciador, es decir que el acusado R. S. L. ocasionó el deceso del ofendido A. U. sin poder ampararse en la causa de justificación de la legítima defensa pues la agresión no era actual y los medios empleados no fueron proporcionales, por tanto no ha existido infracción alguna de normas penales que merezcan el reproche casacional y por ende debe desestimarse la presente impugnación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el recurso de casación SP 328-2012 por infracción de ley, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de junio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor R. S. L., a la pena de quince (15) años de reclusión como responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor A. U., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, la abogada R. B. .L. M. actuando en su condición de Defensora Pública del señor R. S. L., sustituyendo el poder con que actúa en el también Defensor Público abogado M. R. A.. Son partes: El abogado M. R. A. en su condición de Defensor Público del imputado como recurrente, y la abogada E. P. BM en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrido. I HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Que el 14 de agosto de 2011 como a eso de las 18:00 horas en la Aldea Puerto A., R. S., de 70 años de edad regresaba a su casa después de arrojar en la quebrada el cadáver de una perra suya que un vehículo había atropellado aproximadamente una hora antes, haciendo caso omiso de la propuesta de su vecino A. U. de cavar un hoyo en la tierra para enterrar al animal. Esta acción de R. provocó la reacción airada de A. quien salió de su casa con un garrote a reclamarle produciéndose entre ellos un intercambio de insultos seguido de una riña en la que R. agredió a A. con un machete que portaba provocándole un total de doce heridas en diferentes partes del cuerpo, seis se localizaban en la cabeza y detuvo la agresión ante las voces de M. M. F. M.. SEGUNDO: Aún con vida A. fue trasladado por sus familiares al Hospital Tela integrado y de ahí fue referido al Hospital Mario Catarino Rivas donde falleció 14 días después a consecuencia de la heridas sufridas en la cabeza.” III. RECURSO DE CASACIÓN “La recurrente abogada R. B. L. M., en su condición de Defensora Publica del señor R. S. L., procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la siguiente manera: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: “Infracción de ley por falta de aplicación del numeral 1 del Artículo 24 del Código Penal y aplicación indebida del Artículo 116 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE.-El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. PRIMERO: La norma penal que se acusa de infringida por falta de aplicación, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 24 del Código Penal, la que dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 24.- Se haya exento de responsabilidad penal: 1) Quien obre en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y, c) Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Se entenderá que concurren las tres circunstancias respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…y 6)…” SEGUNDO: El Tribunal de juicio una vez evacuada la prueba declaró terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: Que el 14 de agosto de 2011 como a eso de las 18:00 horas en la Aldea Puerto A., R. S., de 70 años de edad regresaba a su casa después de arrojar en la quebrada el cadáver de una perra suya que un vehículo había atropellado aproximadamente una hora antes, haciendo caso omiso de la propuesta de su vecino A. U. de cavar un hoyo en la tierra para enterrar al animal. Esta acción de R. provocó la reacción airada de A. quien salió de su casa con un garrote a reclamarle produciéndose entre ellos un intercambio de insultos seguido de una riña en la que R. agredió a A. con un machete que portaba provocándole un total de doce heridas en diferentes partes del cuerpo, seis se localizaban en la cabeza y detuvo la agresión ante las voces de M. M. F. M.. SEGUNDO: Aún con vida A. fue trasladado por sus familiares al Hospital Tela integrado y de ahí fue referido al Hospital Mario Catarino Rivas donde falleció 14 días después a consecuencia de la heridas sufridas en la cabeza.” TERCERO: En la declaración de hechos probados antes transcrita, se describe que el ofendido señor A. U., molesto con el imputado, de manera airada y portando un garrote en sus manos, sale de su casa a reclamarle al imputado, quien en ese momento iba pasando frente a la casa del ofendido, una vez en la calle; el ofendido, de modo iracundo, le reclama al imputado, ello provoca la reacción defensiva por parte del señor R. S. L. iniciándose con un intercambio de insultos, desencadenando finalmente una riña entre ambos, en la que el ofendido con el garrote de madera que portaba amenaza la vida del imputado quien llevando consigo un machete y sin otras posibilidades para defender su vida, obligado por las circunstancias, hace uso de dicho instrumento para repeler la acción en su contra y sin otras opciones menos dañinas hiere al señor A. U. lo que desgraciadamente le produjo la muerte. CUARTO: De lo anterior se hace evidente que el señor R. S. L. sufrió un ataque por parte del señor A. U. en el que se vio comprometida su integridad física y su vida; concurriendo en tales hechos todas las circunstancias que legalmente justificaban el actuar del imputado al amparo de una legítima defensa de sus derechos; pues en dicha acción concurren todos los elementos legalmente previstos como ser: 1.- El señor R. S. L. fue víctima de una agresión ilegítima por parte del señor A. U., cuando éste con un garrote en la mano la arremete en contra del imputado, comportamiento que es descrito por los juzgadores en la narración de hechos probados del fallo impugnado; 2.- El medio que el imputado empleó para defenderse fue razonable, pues, si bien cierto, no son idénticos, sin embargo, el juicio de valor sobre la proporcionalidad entre los instrumentos, obliga a tomar en cuenta no tanto la identidad o semejanza de los medios agresivos y defensivos, sino el comportamiento adoptado con el empleo de tales medios, dadas las circunstancias del caso, por lo que más que la semejanza material de los instrumentos o armas empleados debe ponderarse la efectiva situación de peligro en que se encuentra el agredido para juzgar la necesidad racional del medio empleado en la defensa, por lo que no sólo debe tenerse en cuenta la naturaleza del medio en sí, sino también el uso que de él se hace y la existencia o no de otras alternativas de defensa menos gravosas en función de las circunstancias concretas del hecho, como en el presente caso en el que el señor U. estaba provisto de un objeto (garrote) con una capacidad letal indiscutible y el imputado no tenía otra forma menos apropiada para defenderse, por lo que el medio empleado para defenderse resulta proporcional al usado en su contra. 3.- No hubo provocación previa por parte del imputado, pues, resultó probado que fue el ofendido quien de manera airada salió de su casa hacia la calle para agredir al imputado y si le molestaba el hecho de que el imputado hubiera arrojado a la quebrada el cadáver de un animal muerto, debió de denunciarlo ante la autoridad competente y no pretender hacerse justicia por su propia cuenta. QUINTO: Por lo anteriormente expuesto consideramos que el actuar del imputado estuvo siempre amparado por la causa de justificación de legítima defensa de su persona; contrario a lo afirmado por el Juzgador, quien al analizar si el imputado actuó o no al amparo de una legítima defensa, en el numeral Segundo del apartado. FUNDAMENTOS JURIDICOS del fallo recurrido, manifiesta que: El Tribunal entiende que de las pruebas practicadas no logró establecerse la legítima defensa, porque no concurre el primer requisito y que, a su entender, tampoco existió proporcionalidad en la reacción defensiva puesto que A. tenía un palo mientras R. un machete; criterio que no comparte la defensa del imputado, porque como antes lo señalamos, más que la semejanza material de los instrumentos o armas empleados en el ataque y defensa debe ponderarse la efectiva situación de peligro en que se encuentra el agredido para juzgar la necesidad racional del medio empleado en su defensa, racionalidad que se presenta en el caso de mérito, porque con un garrote utilizado como arma en contra de una persona indudablemente se le puede quitar la vida, por lo que no resulta desproporcionada la defensa llevada a cabo por el imputado. SEXTO: El Juzgador, a pesar de que en los hechos probados se describen las circunstancias que habilitaban al señor R. S. L. para actuar en legítima defensa frente al ataque, del que fue víctima, por parte del señor A. U., al no reconocer que la actuación del imputado estaba amparada en dicha causa de justificación, infringe doblemente la ley, primero por falta de aplicación del numeral 1 del Artículo 24 del Código Penal, y segundo por aplicación indebida del Artículo 116 del mismo cuerpo legal. APLICACIÓN PRETENDIDA Dado que en los hechos declarados probados, en la sentencia recurrida, concurren todas las circunstancias legales, que habilitaban al señor R. S. L. para defender legítimante su persona, por ello pretendemos que tales hechos probados sean calificados apropiadamente, declarando que el accionar del imputado estuvo amparado en la causa de justificación de legítima defensa, debiendo en consecuencia absolverlo de toda responsabilidad criminal”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Denunció el recurrente que el Juez A-quo infringió por falta de aplicación el artículo 24 numeral 1 del Código Penal y por aplicación indebida el artículo 116 del mismo cuerpo legal. Explicó el censor que conforme a la redacción de hechos probados se puede apreciar el yerro del Juzgador, pues en ellos claramente encontramos los elementos necesarios para conformar una causa de justificación como ser la legítima defensa, por tanto se ha aplicado incorrectamente el precepto penal del artículo 116 que regula al delito de Homicidio por el cual fue condenado el señor R. S. L.. Expresó el denunciante que según la dinámica de los hechos declarados probados por el Sentenciador, el accionar del acusado se encuentra amparada por una causa de justificación, por tal razón lo procedente es el dictado de una sentencia absolutoria. 2) Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un recurso de casación por infracción de ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la Sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) Para dar una respuesta adecuada a los argumentos del recurrente, es necesario que se analice la declaración de hechos probados, para luego confrontarlos con la norma penal que utilizó el Sentenciador y determinar con ello si los elementos del tipo penal de homicidio se encuentran insertados en el cuadro fáctico, o por el contrario encontramos los componentes legales para determinar una legítima defensa. La fundamentación fáctica que fue declarada como probada por el Sentenciador refiere a que, el día de los hechos el imputado R. S. regresaba a su casa después de arrojar en la quebrada el cadáver de un can de su propiedad, haciendo caso omiso de la propuesta de su vecino el ofendido A. U. de cavar un hoyo en la tierra para enterrar al animal. Esta acción de R. provocó la reacción airada de A. quien salió de su casa con un garrote a reclamarle, produciéndose entre ellos un intercambio de insultos seguido de una riña en la que R. agredió a A. con un machete que portaba provocándole un total de doce heridas en diferentes partes del cuerpo, seis se localizaban en la cabeza y detuvo la agresión ante las voces de M. M. F. M.. Aún con vida A. fue trasladado por sus familiares al hospital de la ciudad de Tela y de ahí fue referido al Hospital Mario Catarino Rivas donde falleció 14 días después a consecuencia de la heridas sufridas en la cabeza. Una vez que conocemos el cuadro fáctico declarado probado, corresponde encuadrar estos hechos con el tipo penal utilizado por el Juzgador, tratando de identificar los elementos que lo integran. El delito de Homicidio Simple resguarda la vida independiente como bien jurídico protegido, está tipificado en el artículo 116 que indica: “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. Son los elementos objetivos del tipo penal: a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b) Sujeto Pasivo: podrá ser cualquier persona diferente; c) Objeto material del delito es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe de ser un ser humano ya nacido y que además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector que en este es caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; d) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de Asesinato; e) La Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, misma que se cualifica cuando al momento del delito el sujeto pasivo estuviese realizando sus funciones como autoridad judicial, policial, miembro del Ministerio Público o funcionario o empleado de un establecimiento penal. Como elemento subjetivo el tipo penal de homicidio simple es el dolo específico de matar (animus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada[1]. En cuanto a la legítima defensa los requisitos que deben concurrir para ampararse en esta causal son: a) Agresión ilegítima, la cual debe ser, *Antijurídica, no debe ser puramente formal sino material, es decir, debe haber una efectiva posición en peligro de bienes jurídicos defendibles; *Típica, es decir, que constituya el tipo de injusto de un delito; *Real, es decir, no basta que quien se defienda crea que lo hace ante una agresión que sólo exista en su imaginación; y *Actual, no cabe pues apreciar legítima defensa cuando la agresión ha cesado. b) Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, aquí supone la concurrencia de dos extremos distintos, i) La necesidad de defensa, que sólo se da cuando es contemporánea a la agresión y que persiste mientras la agresión dura, siempre que sea, además, la única vía posible para repelerla o impedirla. ii) La racionalidad del medio que exige la proporcionalidad, tanto en la especie como en la medida, de los medios empleados para repeler la agresión. c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor, solo cuando la agresión es la reacción normal a la provocación de que fue objeto el agresor se podrá denegar la legítima defensa[2]. 4) La Sala de lo Penal ha realizado una confrontación de los hechos declarados probados por el Tribunal de Instancia y las normas penales que se han denunciado infringidas, concluyendo que del factum no se identifica la antijuridicidad material de los hechos, dado que del cuadro fáctico se puede determinar que el imputado R. S..L. no actuó amparado en una causa de justificación, pues según se desprende de los hechos, antes de ir a votar a su perra existió un intercambio de palabras que el sentenciador determina como: “propuesta del ofendido a que mejor enterrar al can”, por lo que se deduce de los sucesos que el imputado al ir a votar al animal ya portaba el machete, por tanto no puede existir legítima defensa si el sujeto activo va preparado con anticipación, pues la agresión ya no sería actual. Así mismo los acontecimientos refieren a que el ofendido A. U. al sentirse molesto por la acción del imputado, salió a su encuentro con un garrote y luego de una discusión o riña entre ambos, es el imputado R. S. L. quien agrede primero al ofendido con el machete que portaba, lo que es lógico, pues los hechos no refieren a que el ofendido haya golpeado con el garrote al acusado o que éste haya salido herido de alguna forma; por lo que se concluye que no existe proporcionalidad del medio empleado, es racional y lógico pensar que un machete resulta mucho mas letal que un garrote, si bien un garrote puede quitarle la vida a alguien, la rapidez y la letalidad del machete es mucho mayor, por tanto el segundo elemento de la legitima defensa no se cumple en los hechos narrados por el Juez A-quo como probados. En tal sentido el relato histórico declarado como probado revela claramente los elementos objetivos y subjetivos del delito de homicidio tal como lo observó el Sentenciador, es decir que el acusado R. S. L. ocasionó el deceso del ofendido A. U. sin poder ampararse en la causa de justificación de la legítima defensa pues la agresión no era actual y los medios empleados no fueron proporcionales, por tanto no ha existido infracción alguna de normas penales que merezcan el reproche casacional y por ende debe desestimarse la presente impugnación. V. DECISIÓN En base a los argumentos ampliamente vertidos es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. VI. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 95, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 24.1 y 116 del Código Penal.- FALLA: Único: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la abogada R. B. L. M., en su condición de Defensora Pública del imputado R. S. L. en la causa criminal seguida en su contra por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de A. U.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO PONENTE.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-328-2012.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal N° 187-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril del

[2] Muñoz Conde Francisco, Garcia Aran Mercedes. Derecho Penal, Parte General. 2da Edición. Valencia España 1996. Páginas 335 al 341.