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Sentencia CP-326-13 — Registro 6436

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de hurto de vehículo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal prevé que el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 1) … 2) … 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Al respecto la Sala ha señalado que “la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[1]. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: íntima convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; Es este último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado anteriormente que “…en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. 2) En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[2]. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[3]. Partiendo de la doctrina legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre de 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre de 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre de 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre de 2011, se ha indicado que componen la sana crítica: A) Reglas de la experiencia común: se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. B) Las reglas de la psicología: están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C) Las reglas de la lógica: la lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; de la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B” y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La derivación: de ésta se extrae el principio de razón suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. 3) El Tribunal de Casación al término de la lectura de la sentencia objeto de impugnación, en especial lo referente a la valoración descriptiva e intelectiva de los medios de prueba, determina que no es de recibo la denuncia hecha por el censor ya que el A quo, al momento de desarrollar la valoración intelectiva, lo hace de una forma coherente, armónica y en observancia a los principios de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia, ya que en relación a la participación del procesado J. B. A. V., la prueba evacuada únicamente acreditó que el acusado fue detenido por la policía, apreciando que los testimonios y la prueba documental se contradicen entre sí, no pudiendo afirmar o negar con certeza la sustracción del automotor y por ende que el acusado J. B. A. V. tenga participación alguna. Este Tribunal de Casación sin ánimo de realizar una revaloración de la prueba, advierte contradicciones en la prueba testimonial y documental, que restan credibilidad a la prueba evacuada, como ser: a) El testigo V. M. B. M. manifestó “…no vio al acusado llevarse la moto del lugar donde la dejó, tampoco lo vio en algún momento en poder de la motocicleta, misma que encontraron a las tres de la tarde, siendo luego detenido el acusado…”; mientras el testigo, agente policial E. A. A. O. (folio 110 vuelto), dijo “…como a las 9 o 10 de la mañana detuvieron al encausado”. b) El testigo J. E. M. A. (folio 110 vuelto) dijo “…el imputado a las 1:00 de la tarde, le vendió una llanta…”; sin embargo, como se dijo antes, el testigo E. A. A. O. (folio 110 frente) estableció que “… capturaron al imputado entre 9 o 10 de la mañana…”, derivado de lo cual, a la hora referida por el testigo M. A., el imputado ya se encontraba detenido. Asimismo, con la prueba evacuada tampoco quedó acreditado que la persona que supuestamente le vendió la llanta fuese la misma persona que la sustrajo. Ni que efectivamente la llanta decomisada al testigo, fuese de la moto objeto de este proceso. Por lo que, de los testimonios relacionados se infieren dos versiones en el sentido de que el hallazgo de la motocicleta y la detención del acusado, fueron por la mañana y por la tarde del mismo día. c) También se aprecian inconsistencias en el contenido de la prueba documental, como ser: el acta de decomiso establece que la motocicleta no le fue decomisada al acusado, sino al testigo V. M.. Acta de decomiso (folio 96) que fue realizada a las 5:30 de la tarde y el acta de inspección (folio 97) fue realizada a las 2:00 de la tarde, lo que resulta contradictorio porque siguiendo un orden lógico de eventos, primero se decomisa el objeto y luego se realiza una inspección o se hacen en forma simultanea, pero en este caso existe una diferencia de tres hora y media entre una diligencia y otra; cabe mencionar que el testigo V. M. señaló que “…encontró la moto a las tres de la tarde…”, manifestación que relacionada con la prueba documental consistente en inspección ocular, indica que dicha diligencia fue realizada antes del hallazgo de la motocicleta, evidenciándose otra contradicción, que resta credibilidad a la prueba de cargo. Esta sala considera que la desición emitida por el tribunal de instancia es producto de la valoración que realizó de la prueba legalmente admitida y válida, de la que se aprecia que las conclusiones a que llegó el sentenciador, responden a las reglas de la logicidad. No encontrando esta sala que el razonamiento que hace el A quo viole las reglas de la lógica, en consecuencia de lo anterior, no existe quebranto en la aplicación de las reglas de la sana crítica..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis. El Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ en su condición de coordinador, RAFAEL BUSTILLO ROMERO y ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS la siguiente sentencia en el recurso de casación SP 326-2013 por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la representante del Ministerio Público, contra la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual absolvió al señor J. B. A. V. del delito de Hurto de Vehículo, en perjuicio de la señora K. Y. B. M.. Son partes: la abogada V. O. B. actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público y recurrente. II. HECHO PROBADO “Primero: El día domingo seis de febrero del dos mil once, se le decomisó al señor V. M. B. M. una motocicleta: marca Yamaha, modelo YBR-125ED, color negro y dorado, año 2008, placa MPH5334 sin la llanta trasera, propiedad de la señora K. J. B. M., en Coxen Hole, Roatán, departamento de Islas de la Bahía.-Segundo: Ese mismo día en el Barrio Los Fuertes de Roatán, Islas de la Bahía fue detenido el señor J. B. A. V. en hora no determinada.”. III. RECURSO DE CASACIÓN “Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO UNICO MOTIVO: El Juzgador al haber dictado un fallo absolutorio, arribó al mismo inobservando en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador de la valoración de los medios de prueba concluyó que “la prueba no permitió establecer que se produjo un desapoderamiento por una parte y apoderamiento por otro, de un bien de ajena pertenencia, porque la prueba resultó contradictoria e insuficiente para acreditar la existencia del delito, así como la participación del acusado, por las inconsistencias ya analizadas respecto de la prueba “. Dicha posición no es compartida por este ente acusador, ya que estimamos que la misma es equivoca como resultado de la inobservancia por parte del Sentenciador de las reglas de la Sana Crítica, conforme lo establecen los artículos 202 y 338 regla cuarta de Nuestra Norma Penal Adjetiva al momento de valorar la prueba, lo cual indudablemente genera en la sentencia un vicio por quebrantamiento de forma meritorio de ser recurrido por la vía casacional, en virtud de las razones que se desarrollan a continuación: En primer lugar, este ente acusador comparte y asume la posición del Juzgador en cuanto a que la prueba testifical (V. M. B., E. A. A., J. E. M. A. y K. J. S. P.) y documental (acta de decomiso de la motocicleta y de inspección en dicho automotor) se contradicen; no obstante cabe enfatizar que dicha contradicción consiste en las horas que describe cada una de la prueba, es decir de las declaraciones de los testigos no se logra inferir a la perfección la hora cronológica en que cada uno de ellos tuvo conocimiento de los hechos o bien tuvieron alguna participación en el esclarecimiento del mismo; y por otro lado, la prueba documental también resulta con el mismo vicio. Sin embargo, pese a dichos errores en la prueba, no menos cierto es, que del contenido de fondo de cada una de la probanzas, específicamente la testifical, por así haberlo referido los declarantes en Estrado, se logra extraer que: Entre las 9 y 10 de la noche del día sábado 05 de febrero del 2011, el señor V. M. B. M., dejó estacionada la motocicleta, marca Yamaha, modelo YBR-125ED, color negro dorado, motor E3A7-E003739, chasis LBPKE 104170041559, año 2008, placas MPH 5334 (propiedad de la señora K. J. B. M.), en el corredor que conduce a su apartamento, y que de dicho lugar fue sustraída la motocicleta por una persona hasta ese momento desconocida; pero que posteriormente, es decir el día domingo 06 de febrero de ese mismo año, el señor J. B. A. V. (ahora acusado), anduvo ofreciendo en venta ya sea entera o en piezas dicha motocicleta al señor K. J. S. P. y al s. J. E. M. A., comprándole éste último únicamente la llanta trasera del indicado automotor; extremo éste, que se acredita con el acta de decomiso que se aportó al debate. Partiendo de esta probanza, no se puede arribar a otra conclusión, que no sea que el señor J. B. A. V. tuvo la posesión (apoderamiento) del vehículo hurtado al denunciante, con lo cual se desacredita lo estimado por el A quo en cuanto a que no se demostró el apoderamiento de parte del acusado de un bien ajeno. Por otra parte, si bien es cierto que al acusado no se le decomisó de manera personal el bien hurtado, tal circunstancia no desvirtúa la responsabilidad del mismo en el ilícito que se le atribuye, pues para arribar a una conclusión acertada y apegada a las reglas de la sana crítica se debe considerar toda la prueba en su conjunto y no de manera aislada como pretende el Tribunal, pues de las declaraciones testificales allegadas legalmente al juicio, se logra establecer que el procesado tuvo en posesión el automotor hurtado con ánimo de dueño, ya que el mismo denunciante fue claro al manifestar que al no encontrar su motocicleta en el lugar en donde él la había dejado estacionada, salió en su búsqueda junto con su hermano y que la encontraron sin la llanta trasera y arrimada en un cerco ubicado en el Barrio Los Fuertes por la subida vieja de la antigua escuela Welcome, (dirección ésta que coincide con la dirección de la casa del testigo K. J. S. P., tal como lo afirmó en el debate), por lo que llamaron a la policía hasta donde llegó el agente E. A. A. O. y por la información y ayuda de los ciudadanos K. J. S. P. y J. E. M. A. se le da captura al ahora imputado, quien fue detenido precisamente en el mismo lugar donde fue encontrada la motocicleta, cuando éste llegaba al lugar. Partiendo de todo lo anterior, y al confrontar lo apreciado por el Juzgador con la prueba de cargo de la manera en que lo hemos señalado, advertimos que el fallo emitido vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, dado que la declaración del ofendido .V.. M. B. M., del policía E. A. A. O. y de los testigos K. J. S. P. y J. E. M. .A. todas ellas resultan idóneas y suficientes para acreditar la comisión del delito de Hurto de Vehículo Automotor y de la participación en el mismo del acusado J. B. A. V.. Es así que aunque hipotéticamente suprimiésemos la prueba documental consistente en las actas de decomiso y de inspección respectivamente, que según el Aquo resultan contradictorias con la prueba testifical, los extremos señalados en el acápite anterior habían logrado quedar acreditados con la prueba testifical. En consecuencia, del fallo que se cuestiona a través de esta vía impugnativa, se refleja que el Juzgador únicamente apreció parcialmente el contenido de la probanza antes descrita, dejando de lado el verdadero sentido de su contenido, por ende el resultado al cual arribó como se ha venido señalando, no pudo ser otro más que erróneo en su apreciación, la cual es aislada de la prueba evacuada y en consecuencia en total desapego a lo preceptuado en la normativa procesal penal, que exige al ente jurisdiccional “formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por ende, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que obvió valorar la prueba de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal prevé que el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes: 1) … 2) … 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Al respecto la Sala ha señalado que “la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”[1]. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: íntima convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; Es este último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Además se ha indicado anteriormente que “…en el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. 2) En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…”[2]. De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…”[3]. Partiendo de la doctrina legal sentada por esta Sala de lo Penal en los fallos 194-2009 de fecha 30 de noviembre de 2001, 297-09 de fecha 30 de noviembre de 2011, 242-09 de fecha 02 de noviembre de 2011 y 125-2010 de fecha 30 de noviembre de 2011, se ha indicado que componen la sana crítica: A) Reglas de la experiencia común: se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. B) Las reglas de la psicología: están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. C) Las reglas de la lógica: la lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; de la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B” y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto sólo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La derivación: de ésta se extrae el principio de razón suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. 3) El Tribunal de Casación al término de la lectura de la sentencia objeto de impugnación, en especial lo referente a la valoración descriptiva e intelectiva de los medios de prueba, determina que no es de recibo la denuncia hecha por el censor ya que el A quo, al momento de desarrollar la valoración intelectiva, lo hace de una forma coherente, armónica y en observancia a los principios de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia, ya que en relación a la participación del procesado J. B. A. V., la prueba evacuada únicamente acreditó que el acusado fue detenido por la policía, apreciando que los testimonios y la prueba documental se contradicen entre sí, no pudiendo afirmar o negar con certeza la sustracción del automotor y por ende que el acusado J. B. A. V. tenga participación alguna. Este Tribunal de Casación sin ánimo de realizar una revaloración de la prueba, advierte contradicciones en la prueba testimonial y documental, que restan credibilidad a la prueba evacuada, como ser: a) El testigo V. M. B. M. manifestó “…no vio al acusado llevarse la moto del lugar donde la dejó, tampoco lo vio en algún momento en poder de la motocicleta, misma que encontraron a las tres de la tarde, siendo luego detenido el acusado…”; mientras el testigo, agente policial E. A. A. O. (folio 110 vuelto), dijo “…como a las 9 o 10 de la mañana detuvieron al encausado”. b) El testigo J. E. M. A. (folio 110 vuelto) dijo “…el imputado a las 1:00 de la tarde, le vendió una llanta…”; sin embargo, como se dijo antes, el testigo E. A. A. O. (folio 110 frente) estableció que “… capturaron al imputado entre 9 o 10 de la mañana…”, derivado de lo cual, a la hora referida por el testigo M. A., el imputado ya se encontraba detenido. Asimismo, con la prueba evacuada tampoco quedó acreditado que la persona que supuestamente le vendió la llanta fuese la misma persona que la sustrajo. Ni que efectivamente la llanta decomisada al testigo, fuese de la moto objeto de este proceso. Por lo que, de los testimonios relacionados se infieren dos versiones en el sentido de que el hallazgo de la motocicleta y la detención del acusado, fueron por la mañana y por la tarde del mismo día. c) También se aprecian inconsistencias en el contenido de la prueba documental, como ser: el acta de decomiso establece que la motocicleta no le fue decomisada al acusado, sino al testigo V. M.. Acta de decomiso (folio 96) que fue realizada a las 5:30 de la tarde y el acta de inspección (folio 97) fue realizada a las 2:00 de la tarde, lo que resulta contradictorio porque siguiendo un orden lógico de eventos, primero se decomisa el objeto y luego se realiza una inspección o se hacen en forma simultanea, pero en este caso existe una diferencia de tres hora y media entre una diligencia y otra; cabe mencionar que el testigo V. M. señaló que “…encontró la moto a las tres de la tarde…”, manifestación que relacionada con la prueba documental consistente en inspección ocular, indica que dicha diligencia fue realizada antes del hallazgo de la motocicleta, evidenciándose otra contradicción, que resta credibilidad a la prueba de cargo. Esta sala considera que la desición emitida por el tribunal de instancia es producto de la valoración que realizó de la prueba legalmente admitida y válida, de la que se aprecia que las conclusiones a que llegó el sentenciador, responden a las reglas de la logicidad. No encontrando esta sala que el razonamiento que hace el A quo viole las reglas de la lógica, en consecuencia de lo anterior, no existe quebranto en la aplicación de las reglas de la sana crítica. V. DECISIÓN El recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la representante del Ministerio Público debe ser desestimado. VI. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362. 3) del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO, declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la representante del Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. – FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-326-2013.

LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Fallo 194-2009 de fecha 30 de Noviembre del 2001 y 297-09 de fecha 30 de noviembre del 2011, también en ese sentido el fallo 360-09 de fecha 20 de octubre del 2011 y 385-09 de fecha 05 de abril del 2011.

[2] Fallo 125-2010, de fecha 30 de noviembre del 2011.

[3] Fallo 88-09 de fecha 20 de Octubre del 2011.